¿Usted es la maestra que hace lío? , pregunta, jocosa, la abogada Mara Puntano. – Sí. ¿Y usted es la abogada de estos revoltosos?, responde la maestra Marina Schifrin, la primera argentina condenada por cortar una ruta, mientras señala a los hermanos Hippie y Pepino Fernández, miembros de la Unión de Trabajadores Desocupados (UTD) de Mosconi y dos de los 600 procesados por ejercer su derecho a la protesta en la provincia de Salta. La docente había viajado 18 horas desde Bariloche, Río Negro; los otros tres, 27 horas desde General Mosconi, Salta, para participar de la Semana contra la Criminalización de la Protesta que organiza el colectivo Alerta Salta, en Buenos Aires. Los cuatro se reunieron por primera vez el sábado al mediodía en un bar de Monserrat en lo que podría haberse denominado «La mesa de los procesados». Porque, como si fuera poco, se sumó María José Castells, la estudiante de Ciencias Económicas que tiene una causa en la justicia por haber ido a conocer in situ la actividad la UTD. Son apenas un puñado de los más de 3.000 encausados por pedir trabajo, salud y educación en la República Argentina de la última década. Pero no son casos cualquiera. · Schifrin cortó la ruta en 1997 -apenas un año después de la pueblada de Cutral-Có y cuando los piquetes todavía no habían llegado al Conurbano- para reclamar por el reintegro de un descuento salarial. Fue denunciada por la C´smara de Turismo y resultó condenada a tres meses de prisión en suspenso y a dos años de inhibición de participar en cualquier manifestación pública tanto en primera como en segunda instancia. Su caso es el primero de este tipo en la Corte Suprema de Justicia y puede transformarse en un leading case: cómo falle el Tribunal depender -en buena medida- la suerte del resto de los procesados. · Pepino Fernández es el recordman argentino de los procesados, con 76 causas sobre sus espaldas. «No hay artículo del Código Penal que no me hayan querido endilgar», señala con más humor que fastidio. Estuvo casi dos meses preso y salió en libertad bajo caución. El juez pretendía que pague 10.000 pesos en concepto de fianza. «Una burla para un desocupado», subraya su abogada Puntano, quien logró cambiar ese monto por el compromiso del ex trabajador de YPF de presentarse todos los meses en el juzgado para estampar su firma. «Paso por lo menos tres días por semanas en juzgados y comisarías. Declarando o tocando el pianito», describe el miembro UTD. El acoso judicial se convirtió en una verdadera condena: cuanto más tiempo tenga que pasar por tribunales, menos tiempo le queda para el trabajo social. Un teléfono celular interrumpe las presentaciones de rigor. Una radio quiere hacerle una nota a Puntano, defensora de 600 desocupados salteños, entre ellos Pepino Fernández y su hermano. «Yo ya perdí la cuenta de cuántas causas tengo», aclara Hippie. Hay una tercera Fernández procesada: Eva, hermana de los otros dos y acusada -aunque no haya ninguna evidencia que lo compruebe- de instigar el incendio de las oficinas de Tecpetrol. «Esta gente no sale a la ruta a cometer un delito, sino a exigir al gobierno que los escuche. Exige que se cumpla su derecho constitucional a un trabajo digno. Por eso pedimos que se apruebe una ley de amnistía para todos los procesados por la lucha social y la reforma del Código Penal, para que no se pueda criminalizar más la protesta». Mientras Puntano concede la entrevista, los demás siguen charlando: -¿Vos pudiste seguir trabajando a pesar de la condena? , pregunta Pepino a Schifrin, que comenta lo que le costó conseguir la licencia gremial para participar de estas jornadas. -Sí. Vamos a ver qué pasa después de que el fallo esté firme, contesta la maestra. -Allá, en Mosconi, tenemos una maestra, Titi Guerrero, que cuando la procesaron por un corte de ruta, enseguida la sumariaron y no la dejaron dar más clase. En Salta están procesados hasta los gendarmes que no tienen trabajo, dicen que son los maestros de los piqueteros , resume el hombre de la UTD. La situación en la Patagonia no es mejor. El 9 de junio -informa Schifrin- comenzará el juicio oral y público a otros cuatro docentes por un corte de ruta en el puente que une a las ciudades de Neuquén y Cipoletti. También se trataba de un reclamo salarial. «Yo vengo con la idea de formar un comité de solidaridad a nivel nacional con los procesados por la protesta social. Tendría la misión de generar una base de datos en internet con todas las causas y de darle difusión al tema. El gobierno dijo que no quería judicializar la protesta y también habló en un momento de la amnistía. Hay que presionarlo para que lo cumpla. Pero este comité tendría que estar formado por los procesados, no por sus abogados. Porque se trata más de una cuestión política que legal».

Primera escala: Ciencias de la Comunicación

Terminado el almuerzo, los cuatro marcharon a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, en Parque Centenario, para participar de uno de los talleres del Foro de Economía Social y Solidaria. Allí los esperaban varias decenas de personas interesadas en escuchar sus casos. Mara Puntano abrió el encuentro dándole un contexto a lo que sucede en Salta. Recordó que en la zona petrolífera de la provincia, el 80 por ciento de la población quedó desocupada cuando se privatizó YPF y que los despedidos de entonces, llevan doce años reclamando que se les pague lo que les corresponde por el Programa de Propiedad Participada. «Hay una ley y una sentencia judicial que reconoce esa deuda, pero todavía nadie vio ni un peso”. Y agregó: «Como son desocupados, no tienen un sindicato que los defienda, están excluidos de la sociedad, no tienen medios para ser escuchados y están cansados de elevar notas al gobierno nacional, al provincial, a los diputados y senadores. En esa zona sería muy fácil dedicarse al contrabando o al tráfico de drogas, pero ellos prefieren cortar rutas para exigir trabajo digno. Ni siquiera quieren planes o bolsones: quieren trabajo. La ruta es el único escenario que les queda. No puede ser que tengan que pagar 45 pesos una garrafa de gas mientras están parados sobre oro negro: es la segunda zona productora de petróleo del país.» A Hippie Fernández le toca explicar cómo se hace para subsistir doce años sin trabajar. «Nosotros siempre decimos que detrás de la protesta viene la propuesta. Y como el trabajo, la educación, la salud no son temas que ocupen a nuestros ministros, intendentes, o diputados; en la UTD asumimos esos roles para que nuestros hijos tengan un futuro.»

Hippie comenzó entonces a desplegar carpetas y planos para mostrar la cantidad de proyectos autogestionados que realizó la UTD: aulas, huertas, las de primeros auxilios, viveros. También mostró una hoja llena de sellos y dijo con bronca: «Acá están todas las firmas de las instituciones que nos manifestaron sus apoyos. Para muchos somos vagos, una lacra, o simples piqueteros, pero les dimos a la comunidad lo que no le dieron los políticos». En General Mosconi, la UTD se convirtió en una especie de municipalidad paralela: los habitantes les piden a los piqueteros lo que la burocracia estatal les niega. Luego, Hippie habló de los problemas de salud de los habitantes de Mosconi. Del elevado número de muertes por cáncer, de las enfermedades renales y de la diabetes, padecida por el 60 por ciento de la población. «Las empresas no sólo nos saquean, sino que también nos contaminan». El miembro de la UTD sigue mostrando carpetas con proyectos: un basurero ecológico, el horno de ladrillos para las comunidades aborígenes, una universidad, el emprendimiento de 400 hectáreas donde se siembran porotos, maíz, mandioca, soja. Pepino suma: «Toda la producción es orgánica porque genera más fuentes de trabajo. Y se hace todo a pulmón, con un tractor de 1956, con caballos prestados”. Las preguntas: por qué no llegan estas noticias a Buenos Aires, por qué los movimientos sociales no unifican sus reclamos. Schifrin responde: «No llega la información a la Capital porque no hay un federalismo real y también por los propios intereses de los medios. En el interior, por ejemplo, está lleno de maestros procesados por querer construir un país mejor. Pero también tenemos que hacernos cargo que en el campo popular hay una gran fragmentación: muchos primero te hacen un análisis de sangre y de saliva y después ven si te ayudan. Mientras tanto se mueren compañeros». El tema de la muerte se instaló en la charla. La UTD tiene cinco militantes asesinados sin que haya prosperado ninguna investigación judicial al respecto. Entre ellos, el asesinato de Aníbal Verón, el nombre que le dio nombre a más de una organización piquetera. «Lo mataron porque le debían nueve meses de sueldo», recordó Pepino «Nosotros queremos salvar vidas, pero dicen que somos delincuentes. Nosotros tenemos causas por cortar una ruta para reclamar que arreglen tres puentes donde murieron más de cuarenta personas. Cuando lo arreglaron, no se murió nadie más. Así que salvamos vidas»..

El taller terminó, pero los procesados no paraban de contestar preguntas en los pasillos de la facultad. Tardaron una eternidad en llegar al bar de la planta baja para tomar el café que se debían del almuerzo. Y seguían contestando preguntas: «¿Cómo se hace para defender a 600 procesados?», le preguntaron a Mara Puntano. «Con ganas», contestó y completó: «Hay un montón de comisiones de derechos humanos, en sindicatos, facultades que tienen fondos y no hacen nada o destinan todo a defender a una sola persona. En Salta, los desocupados tienen que juntar plata para pagarse los estampillados de los trámites».

A Hippie Fernández le preguntaron por la crisis energética: «Es un verso. En la Argentina, el metro cúbico de salida de pozo cuesta 45 centavos de dólar. Pero las empresas no exploran acá para que el país le compre a Bolivia, donde las mismas empresas venden el gas a 1,38». A su lado, su hermano daba cuenta de las paradojas de su infierno grande: «Los mismos empleados judiciales que nos toman declaración a nosotros nos piden que la UTD los apoye en las movilizaciones por aumento salarial»: Los preguntones seguían haciendo cola, querían conocer la historia de voz de sus protagonistas. Tienen tiempo hasta el viernes a las 11, cuando la última actividad de la Semana contra la Criminalización de la Protesta se haga en las escalinatas de Tribunales.