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Juicio a los fumigadores

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Comenzó el juicio a dos productores y un aeroaplicador por violar las distancias restrictivas al fumigar con agroquímicos en el barrio Ituzaingó Anexo, al sudeste de Córdoba, en dos causas que se investigan de manera unificada. Es uno de los resultados de una lucha de más de una década de las Madres de Ituzaingó, que se manifiestan en la calle durante todo el desarrollo de las audiencias. Desde el 11 de junio tuvieron lugar las primeras jornadas en los Tribunales II de la capital cordobesa, con acusaciones cruzadas entre la defensa, los testigos y los representantes de la querella. El tribunal escuchó las declaraciones del ex subsecretario de Salud, el doctor Merardo Ávila Vázquez, denunciante en una de las causas, de Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingó, de médicos y vecinos del barrio. “Lo importante es que el juicio se está realizando, y que no solamente está sirviendo para mostrar a parte de los responsables, sino que además se va haciendo cada vez más notable los que no están, quiénes faltan sentarse en el banquillo de los acusados”, analiza para lavaca Raúl Montenegro, biólogo y denunciante en la “causa madre” que engloba las dos denuncias que se investigan en este juicio.
Los acusados son los productores Francisco Parra, Jorge Gabrielli, y el aereoaplicador Edgardo Pancello, por fumigaciones sucedidas en 2004 y 2008.

Gol en contra de la defensa
La primera sesión tuvo como protagonista al doctor Merardo Ávila Vázquez, ex subsecretario de salud de la Municipalidad de Córdoba, responsable de denunciar una de los hechos y además querellante en la otra causa iniciada por Sofía Gatica, una de las Madres de Ituzaingó. En la jornada del lunes 11 el defensor de uno de los acusados (el productor agropecuario Parra) planteó recusar a Ávila Vázquez porque ya no es  secretario de Salud de la Municipalidad. Los defensores de los otros acusados adhirieron, pero el tribunal rechazó el intento.  
Merardo Ávila Vázquez pintó un panorama de la situación epidemiológica del barrio Ituzaingó Anexo; resaltó la infracción a la ley provincial de agroquímicos 9.164 que prohíbe la aplicación aérea de endosulfán o glifosato en cultivos ubicados en proximidades de zonas pobladas.  El intento por recusarlo acaso haya aumentado la legitimidad de su intervención.
Cáncer: 193 casos
El martes 12, declaró una de las afectadas, Sofía Gatica, durante casi dos horas. También mencionó los distintos relevamientos que registraron enfermedades en el barrio desde fines de 2001: “Hasta el año 2010 encontramos 193casos de cáncer entre los vecinos, además de malformaciones como púrpura o labio leporino”, dijo y recordó un estudio realizado por la Municipalidad en noviembre de 2011 que detectó 140 casos de cáncer en el barrio.
Gatica se refirió a la denuncia que radicó en 2004 y por la cual está imputado el productor Franciso Parra por “contaminación dolosa”. La defensa del productor le pidió a Gatica que ubique en un mapa los campos donde se habrían violado las distancias restrictivas en la aplicación de agroquímicos; la mujer tuvo algunas dificultades para hacerlo debido “a un loteo reciente en la zona”, según explicó. Por eso el tribunal ordenó una inspección ocular en la zona el próximo lunes 18.
Leer avionetas
Luego Gatica relató el suceso del 11 de febrero de 2004 que investiga el juicio: ratificó que vio junto a un grupo de vecinos una avioneta “tipo mosquito” fumigando el campo del acusado Parra. Tras la denuncia, la policía allanó los galpones del productor y encontró bidones con restos de pesticidas. “Aunque ese día no le tomé los datos de la avioneta, ya en dos o tres ocasiones había registrado las letras LV-AXC. Era la misma avioneta, de color amarillo o anaranjado, según la influencia del sol”, aseguró.
Y terminó su exposición con un mensaje al juez que conduce la audencia, Lorenzo Rodríguez: “Espero que piensen que somos seres humanos y que velen por nosotros».
¿Faltan pruebas?
Los argumentos de la defensa se basan en la supuesta “falta de pruebas” para incriminar a los productores y el aplicador. En instancias anteriores, los tres acusados se habían negado a declarar como parte de su estrategia defensiva: nadie está obligado a declarar en su contra. En las sesiones próximas se espera que brinden su versión de los hechos que han derivado en cientos de muertes y enfermedades.
Veneno, pero de noche
El miércoles 13 declaró otra de las Madres de Ituzaingo y médicos que avalan técnicamente el testimonio de los afectados. Eulalia “Vita” Ayllón relató lo mismo que dijo a la Revista Mu de junio: primero, la felicidad que a los vecinos les traía ver el verde campo de soja, y cómo los chicos corrían detrás del avión fumigador como un entretenimiento; luego, las reacciones que a esos chicos les traía la estela de agroquímicos: “Se les irritaban los ojos y se les secaba la garganta”, por señalar las causas más directas; también se dieron cuenta que los plaguicidas arrojados mataban las plantas de sus jardines.
Vita puntualizó fechas las fumigaciones en “mosquito” o avioneta. Y contó cómo, debido a las ordenanzas municipales que forzaron las Madres, las fumigaciones comenzaron a hacerse de noche “para que los vecinos no pudieran tomar la matrícula de la aeronave”.
“Nunca vi tanta diabetes”
Declaró también el médico clínico de la Municipalidad de Córdoba Eduardo Alberto Molina: “Nunca vi tantos pacientes con diabetes e hipotiroidismo como en el barrio”. Frente al cáncer, estas enfermedades quedan relegadas periodísticmente, pero forman parte del paisaje de envenenamiento físico y social de Ituzaingó. La médica pediatra Inés Flamini: “En 2005 se hizo un estudio de traza de contaminantes en niños. Dio positivo para agroquímicos».
El jueves 14 de Junio desfilaron ante la Cámara 1° los vecinos Eliana Quinteros, quien dijo sentirse mal y pidió no declarar, y Víctor Hugo Castaño, quien ratificó haber visto “varias veces” la máquina fumigando.
Cuidado con el emblema
El biólogo Raúl Montenegro sigue de cerca los episodios del juicio, como querellante de la “causa madre” pero también como apoyo técnico de las Madres desde el comienzo de su lucha, allá por 2001. Desde la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente (FUNAM) que preside es responsable de denunciar la relación de distintos contaminantes (no sólo plaguicidas nuevos sino también antiguos y otros contaminantes como el PCB) con la situación de salud en el barrio Ituzaingó, en hechos que van del 2002 al 2004. Se considera que esa es la “causa madre” de las dos que se están desarrollando. “Daría la impresión de que una vez que haya una condena, ya está. En el caso de Ituzaingó Anexo hay que tener mucho cuidado de no olvidar al barrio real y a los contaminantes de los que se está hablando en este juicio. Está casi como emblematizado el barrio, pero nosotros marcamos que no es un emblema, que es real, y que sigue teniendo estos problemas al momento en que se hace el juicio”, asegura.
El barrio contaminado
Lo actual es el loteo y construcción de un barrio pegado a Ituzaingo Anexo, en las mismas tierras contaminadas donde se echaban los plaguicidas (los mismos que se están investigando en el juicio). Mu recorrió el barrio hace dos semanas y charló con los primeros inquilinos del predio: los terrenos se ofrecían con comodidades inusuales, cuotas, etcétera. A simple vista, además, se notaba en la tierra removida un coctel de residuos (hasta electrdomésticos) de lo que supo ser, antes de las fumigaciones, un basural. Se detectó en esos suelos la presencia de plaguicidas como Malation, Endosulfán, Isómeros de DDT y otros, ya en 2003. Los primeros pobladores de este nuevo loteo hecho sobre semejantes tierras– parejas jóvenes, su primera casa- no sabían de estos detalles pero sí de los “rumores” de contaminación. Y conocían a las Madres de Ituzaingó. La empresa a cargo del loteo, Tierras del Sur, salió a desmentir públicamente las denuncias sobre el estado de esos suelos.
Se frenó la construcción
La FUNAM presentó una denuncia que aportaba estos y otros datos; días después la Municipalidad ordenó clausurar el barrio, también tras la nota publicada en Mu. ¿Por dónde se moverá esta causa? Dice Montenegro: “Además de toda el tema químico de los suelos, el loteo no tenía autorización. Por eso es que el juez dispone la clausura. Estamos estudiando la posibilidad de una acción contra la gente de la empresa”.
Lo que falta juzgar
En total, cuatro son las denuncias que involucran al barrio Ituzaingó Anexo, dos de ellas unificadas en el juicio que empezó el lunes 11, otra considerada “causa madre” (que apunta a las responsabilidades políticas y empersarias del sistema de fumigaciones) y una última que involucra a la empresa que loteaba hasta hace semanas sobre las tierras contaminadas. Las Madres de Ituzaingó y otros vecinos están involucrados ya sea como testigos, querellantes o desde fuera de los tribunales, donde en cada jornada se realizan actividades de apoyo. Su futuro se resolverá en este pasado que se investiga, donde además de los hechos puntuales de las violaciones en el uso de plaguicidas, coinciden Montenegro, Gatica y “Vita” Ayllón, sigue pendiente la responsabilidad de funcionarios y agentes del Estado.

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Búsqueda de justicia: comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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(Desde Mar del Plata) La familia de la adolescente asesinada en 2016 logró que se concrete este nuevo y acaso histórico juicio que tratará de responder aquello que no indagó ni respondió el proceso realizado en 2018, que fue anulado por su parcialidad y prejuicios: ¿Quiénes mataron a Lucía Pérez? En la foto, Matías (hermano) junto a Marta y Guillermo, los padres de la niña asesinada cuando tenía 16 años. La primera jornada será acompañada por una movilización en las calles marplatenses, donde se proyectarán las imágenes de la apertura en directo desde la sala de audiencias. Detalles y datos sobre lo que se viene.   

A 2.313 jornadas del crimen, llegó el día.

El nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, la adolescente marplatense de 16 años asesinada el 8 de octubre de 2016, comenzará este martes 7 a las 9 de la mañana y continuará al menos durante todo el mes de febrero, de 9 a 14 horas, los días hábiles. Se espera que finalice el 1º de marzo aunque todo, tanto los horarios como las jornadas, pueden demorarse. Lo crucial es otra cosa: la búsqueda de justicia.

La causa está caratulada como abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio y tiene como imputados a Matías Gabriel Farías (29 años actualmente) y Juan Pablo Offidani (47). La Unidad Fiscal que lleva adelante el proceso es la N° 7 de Mar del Plata.

Aspecto hoy, desde la puerta, de la sala de audiencias. Al fondo se sentarán los jueces, en el sillón del medio cada persona que testifique. De un lado, fiscal y abogados de la familia. Del otro, abogados de los acusados. La carátula de la causa: abuso sexual agravado seguido de muerte en concurso ideal con femicidio (fotos: Lina Etchesuri).
La vista de la sala desde el otro lado: en ese espacio se desarrollarán las audiencias encabezadas por los jueces Fissore, Falcone y Simaz (Fotos: Lina Etchesuri).

Las audiencias transcurrirán en el 6º piso de los Tribunales marplatenses. Allí se sentarán los jueces Gustavo Raúl Fissore (presidente del tribunal), Roberto Falcone, y Alexis Simaz. La querella estará representada por el fiscal Leandro Arévalo y por Florencia Piermarini y Verónica Heredia, abogadas de la familia. El Tribunal autorizó el pedido de los imputados Farías y Offidiani de no estar presentes. Asistirán al proceso vía Zoom desde el penal donde cumplen condena a 8 años de prisión por tenencia de drogas con intención de venta, cargo que se les imputó en el anterior juicio (celebrado hace 4 años y 2 meses) en el que el femicidio de Lucía quedó impune. La anulación de ese fallo fue dispuesta por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos. El juez Carlos Natiello planteó por ejemplo que aquella sentencia se había fundado “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género” y que contenía “concepciones sexistas inocultables”, por lo que califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”. (Por ese fallo los anteriores jueces serán sometidos por el parlamento bonaerense a otro proceso, un juicio político o jury, durante el mes de marzo).

Lo que pasará

En el inicio del este nuevo juicio estarán presentes en la sala del tribunal el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra de la Mujer bonaerense, Estela Díaz, Flavia Delmas, del mismo organismo, y Carolina Varsky por parte del Ministerio de Mujeres de la Nación.

El Tribunal autorizó que se transmitan por el canal de Youtube de la Corte Suprema bonaerense (https://www.youtube.com/c/SupremaCortedeJusticiaProvinciadeBuenosAires?app=desktop) las jornadas de inicio del debate, los lineamientos de acusación de la defensa, los alegatos de clausura y la lectura del veredicto. Pero no las jornadas de declaración de testigos.

Mientras en el 6º piso de Tribunales se desarrollen las audiencias, en el 2º se dispuso una sala donde se emitirá por videoconferencia el juicio completo para un grupo compuesto por: los amicus curiae de la acusación, dos familiares de cada uno de los acusados y cinco de la familia de Lucía (padres y madres de otras víctimas de femicidios), y tan solo seis periodistas de medios gráficos. Al inicio camarógrafos y fotógrafos podrán tomar imágenes en la sala del 6° piso.

Matías, Marta y Guillermo: hermano, madre y padre de Lucía Pérez, que intervendrán este martes en la primera jornada del nuevo juicio. (Fotos: Lina Etchesuri).

En la calle

Durante la jornada de mañana, desde las 9:30, declarará la familia de Lucía Pérez: Marta Montero, Guillermo y Matías Pérez, madre, padre y hermano respectivamente. Hasta el 14 de febrero se presentarán los testigos de la acusación y luego los de la defensa. Se espera que brinden su testimonio, en total, 49 personas.

En la puerta de los Tribunales habrá una movilización de organizaciones sociales, sindicales y políticas acompañando a la familia. La Campaña Nacional Somos Lucía, a su vez, llevará adelante una serie de actividades frente al Tribunal durante todo el mes, que abrirán mañana con el siguiente programa:

·         8:45: saludo de la familia de Lucía Pérez

·         9:00 apertura del acto.

·         9:15 canto colectivo.

·         9:30 proyección del inicio de la audiencia.

·         12:15 habla nuevamente la familia.

·         Talleres de serigrafía y estampado

·         Radio abierta con organizaciones sociales y personalidades.

Marta Montero, preparando stencils: los ojos de Lucía como símbolo del reclamo de justicia.

Más info:

¿Por qué se celebra un nuevo juicio? ¿A quién se juzga?

El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿Qué son los femicidios territoriales?

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El contexto del juicio por Lucía Pérez: ¿qué son los femicidios territoriales?

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Este martes 7 de febrero comienza un proceso inédito: se realizará en Mar del Plata el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, tras la anulación del fallo original que la Cámara de Casación bonaerense consideró “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio” por su falta de «perspectiva de género».

Estas son las hipótesis publicadas en la revista MU por el Observatorio Lucía Pérez (que ha creado el primer padrón autogestionado y público de violencia patriarcal). El trabajo explica el contexto de crímenes como el de Lucía, ocurrido en octubre de 2016, que provocó el primer Paro de Mujeres en el país. Los femicidios territoriales como tramas barriales que degradan el valor de la vida, mucho más allá de los vínculos de pareja y la intimidad. Fuerzas de seguridad, fiscales y jueces implicados en esos delitos y su impunidad, no solo como cómplices. Un cambio de paradigma a la hora de pensar la violencia machista: el rol de lo narco, la conexión con el extractivismo y la pobreza. Y las familias luchando contra la máquina de muerte.

Por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta.

Desde el Observatorio Lucía Pérez venimos registrando e interrogando las cifras de la violencia patriarcal. Propusimos entonces la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles. Femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con  participación de agentes estatales tales como policías, penitenciarios y fiscales. 

Cifras que lo dicen todo: 328 femicidios registrados en 2022 y 25 en el primer mes de 2023. El Observatorio Lucía Pérez es el primer padrón público y autogestionado de violencia patriarcal.

Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”; nosotres sumamos la referencia al territorio que quizá nos permita enfocar los factores que lo producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos.

En primer lugar, es necesario definir que llamamos “narco” a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado” (Javier Auyero, Katherine Sobering, Entre narcos y policías). Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos (Rossana Reguillo, Necromáquina).

Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato mediático”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.

Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener las consecuencias. Esas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las 50 mujeres masacradas este año en balaceras. Pero son sólo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro los que nos han obligado a fijar la mirada en esos territorios.

Qué vimos

En San Martín, por ejemplo, vimos que Araceli Fulles estuvo 22 días desparecida, sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado, finalmente, por su hermano, enterrado debajo de la cama del sospechoso que justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, quien lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia, dos días después y gracias a que  una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio para “custodiarlo”. Tiempo después, ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión en la que el Servicio Penitenciario estaba a cargo de su seguridad. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua. Sin embargo, no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas  a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. La última fue en septiembre de este año, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín.

Territorios, cuerpos y violencias

Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido en estos de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad. 

Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados; el territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio. Pero acá aparece otra vez la alteridad. Porque no todos los cuerpos aparecen como territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas. 

Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género sin duda se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.

¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.

Patriarcado, extractivismo y terricidio

Hace ya décadas que, desde el feminismo, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos, esencial para el “crecimiento”, crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida. 

Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias. El extractivismo configura no solo territorios, sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social. 

Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.

En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de este año, en un taller sobre “Pueblos fumigados”, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que no son solo las mujeres las afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas. 

En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad porque es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro”  es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla ante la impotencia del  “Estado en Blanco”.

Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.

Territorios en disputa

Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas. 

Desde esta óptica, pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.

Lo que la violencia hace emerger sin pudor son territorios en disputa, sí, todavía. 

Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia. 

La sociedad mexicana y en especial, las mujeres de Ciudad de Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la UNaM, la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco 

Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.

Epílogo

Los femicidios abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos desiguales, estructuralmente, de ser y estar en el mundo. 

Un femicidio es un cimbronazo, y ya son 300 las muertas por violencia patriarcal en este 2022. 

Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies. 

Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor, para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.  

Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan. 

Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva. 

En tiempos de análisis políticos, encuestas y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos 300 femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época? 

Es urgente. Porque enfrente está la muerte.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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