Nota
Juicio y castigo
La gente contra el Estado Nacional, Monsanto y las corporaciones agrotóxicas.
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Los abogados y Salaberry
La justicia admitió una demanda colectiva contra los responsables del modelo agrotóxico. Se trata de un proceso inédito que demanda justicia para toda la sociedad argentina que padece los efectos de la contaminación sin control, además problemas sociales, económicos, culturales y territoriales. ¿Será justicia?
“Iniciamos proceso colectivo urgente, autónomo y definitivo por daño ambiental, daño moral y punitivo”. Así comienzan las 101 páginas de una demanda inédita para la historia judicial argentina. Un grupo de víctimas y familiares de víctimas de los efectos de la aplicación de agrotóxicos inició un juicio contra el Estado Nacional y once corporaciones productoras de transgénicos, que se está ampliando al sumar demandantes con el correr de las semanas.
El proceso colectivo en la causa caratulada «Giménez Alicia Fany y otros» fue declarado admisible el 17 de junio por la titular del Juzgado Nacional nº 3 en lo Contencioso Administrativo Federal, Claudia Rodríguez Vidal, quien lo había recibido de la Corte Suprema de Justicia.
La demanda no busca el beneficio particular de las personas que la iniciaron, sino que el daño es considerado “común a todos los habitantes del territorio argentino”. Daniel Sallaberry, uno de los abogados que promueve la causa, explica a Mu: “En términos jurídicos esto se llama una acción de clase, que habilita a juicios masivos. La clase, en este caso, es toda la comunidad. La resolución reconoce entonces a los demandantes idoneidad y representación para actuar en nombre de la totalidad de la población argentina como afectados por las fumigaciones, pero también en su carácter de consumidores de alimentos transgénicos, por ejemplo, entre otros derechos humanos básicos que resultan afectados por este modelo”.
Los demandados:
- El Estado Nacional (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo).
Provincias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos y el COFEMA. (Consejo Federal del Medio Ambiente). - Todas las empresas biotecnológicas, semilleras y compañías químicas productoras y comercializadoras de OGM (Organismos Genéticamente Modificados), según una lista que abarca a once corporaciones instaladas en el país: Monsanto Argentina, Dow AgroSciences, Nidera, Ciba Geigy, Novartis Agrosem, Agrevo, Syngenta Seeds, Syngenta Agro, Pioneer Argentina y Bayer.
- Y todos los que sean considerados “responsables por acción u omisión, conforme resulte la prueba por producir”.
Quiénes demandan
Los demandantes son Alicia Fany Giménez (su hija Julieta Sandoval falleció a los 7 meses de edad, en 2010, en Santiago del Estero “producto de sus múltiples malformaciones a causa de los agroquímicos”); Viviana Gauna (su hija Selena de seis meses recibió diagnóstico presuntivo de epilepsia, anemia hipocrónica y pelvis renal derecha bífida según la historia clínica del Hospital Garrahan); José Milesi y Silvina Picchioni (su hijo menor Juan Estanislao sufrió “leucemia linfoblástica aguda luego de ser bañado por la fumigación de una avioneta en Mercedes, provincia de Buenos Aires, cuando tenía 2 años”); Fabián Tomasi (aplicador de agrotóxicos con múltiples secuelas en su físico y su salud), Roberto Oscar Lescano y Julia Villarreal.
“Los daños individuales de los que son víctimas se tramitan en otras causas” explica el abogado Santiago Kaplun: “Pero en este juicio ellos están representando a toda la ciudadanía, y todo el que se considere con interés legítimo para sumarse a la demanda puede hacerlo. Todos los demandantes integran lo que se llama un frente activo, que lo que busca es un beneficio para toda la comunidad”.
¿Quiénes se puede sumar a ese frente activo? “Fundamentalmente organizaciones o instituciones. Sería inmanejable si fuesen personas individualmente, a las que además se considera representadas por el grupo demandante. Pero pueden agregarse al frente activo oenegés, asociaciones civiles, comunidades originarias, grupos de defensa del consumidor, gremios, y toda organización que se considere afectada por esta situación”.
Además de Sallabery y Kaplun integran el grupo de abogados Jorge Mosset Iturraspe, Graciela Vizcay Gómez, Horacio Belosi y Miguel Araya quienes plantean en la presentación que “tanto el Estado como las empresas demandadas, conocedoras de la realidad y del imperio de la relación costo-beneficio, idearon un sistema perverso que posibilitó externalizar el costo de la degradación y contaminación ambiental”, combinando la ineficiencia de los controles públicos, la conveniencia fiscal, y la falta de información pública y de recursos “que por lo general aqueja a los afectados (víctimas y consumidores) para acudir a la Justicia para hacer valer sus derechos”.
Las condenas
La demanda busca condenar al Ejecutivo Nacional, en particular a la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria, CONABIA, y al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, SENASA, por incumplimiento del deber de control, y al grupo de empresas multinacionales por su acción contaminante.
¿Qué busca la demanda?
- Que se ordene al PEN suspender provisionalmente la liberación incontrolada a campo abierto de OGM, y la comercialización de la soja RR2PRO (Monsanto) y la Liberty (Bayer, Syngenta, Agro, Pioneer y Dow) por cuyas patentes se pretende cobrar regalías a los productores agropecuarios, “en franca violación a la Ley de Semillas vigente”.
- Que se suspenda la resolución 167/96 que autorizó la introducción de los transgénicos en el país y todas las posteriores “que impliquen autorizaciones de eventos transgénicos (OGM) en vegetales y animales”.
- Como medida precautoria, que se suspendan provisionalmente las autorizaciones de eventos transgénicos hasta tanto exista una determinación científica sobre la inocuidad de los OGM y los paquetes químicos agrícolas y ganaderos.
- Que se disponga el etiquetado obligatorio “perfectamente visible y destacable al ojo humano” de los productos que contengan derivados de OGM o transgénicos.
- Otra medida precautoria: que se suspenda en todo el país la aplicación de los agrotóxicos utilizados para el cultivo de transgénicos hasta tanto se determine científicamente la inocuidad de los mismos para el ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y la salud de los seres vivos, el patrimonio cultural y la sostenibilidad de dicho modelo de producción, “en mira a las generaciones futuras”.
- Que se exhorte al Poder Legislativo a dictar una leyes de Bioseguridad y de Presupuestos Mínimos “para el uso y manejo sostenible del recurso suelo”. La elaboración de esas leyes debe incluir a especialistas (biólogos, médicos, genetistas) junto a expertos en medio ambiente, ecólogos, científicos sociales, juristas, representantes de actores sociales, organizaciones involucradas en esta temática, y especialistas en ética aplicada.
Sallaberry: “El objeto procesal no es solamente el tema de las fumigaciones, la contaminación y la salud, sino cómo se afecta todo el medio ambiente, los ecosisistemas, la pérdida de biodiversidad, el desplazamiento de la población rural a los centros urbanos y el vaciamiento de los campos, el daño al patrimonio cultural cuando las comunidades pierden el modo de vida, y el tema alimentario que, si no me quedo corto, abarca al 90% de lo que comemos”.
¿Y las empresas?
Los demandantes piden que se condene a las once multinacionales biotecnológicas, semilleras y químicas, productoras y comercializadora de OGM.
- A la recomposición “de la totalidad de hectáreas sembradas con OGM” (…) mediante la contratación de personas o instituciones especializadas para que diseñen y pongan en marcha un plan de recuperación y regeneración”.
- En los casos en que no sea posible la recomposición de bienes dañados (suelo, agua, fauna, flora), se las obliga a contribuir monetariamente a un fondo de compensación ambiental o fideicomiso, que se podrá calcular de acuerdo a los sistemas de monetarización internacionales del daño ambiental para compensar las pérdidas por un período mínimo de 50 años. La demanda propone destinar el fideicomiso a poner en marcha Planes Agrarios Integrales del INTA, como el de 2001/2003, que no se llevaron a cabo y que contemplan la “sostenibilidad ecológica y social”.
- Frente al daño moral colectivo se propone un resarcimiento mediante una obra directamente relacionada con el patrimonio social-cultural colectivo, para lo que se propone un Plan Maestro Ferroviario que reconstruya toda la red ferroviaria nacional, renovar sus edificios, estaciones, vías y trenes. Beneficios: miles de empleos; incorporación y creación de nuevas áreas productivas alejadas de los centros de consumo; mejora con respecto al sistema de transporte terrestre anacrónico, riesgoso y altamente contaminante; integración efectiva del territorio nacional; generación de una elevada rentabilidad social al reducir los accidentes mortales, disminuir los costos de fletes un 20% y acortar un 30% los tiempos de viaje.
- Se propone también una condena en concepto de “daño punitivo” equivalente en monto al daño moral, una especie de multa o indemnización que “transmita un mensaje de reprobación a las violaciones de derechos humanos y a evitar que estos hechos se repitan” dice Sallaberry.
¿De cuánto dinero se está hablando? “Nosotros no hacemos el cálculo. Ya nos pasó en la causa Riachuelo (en la que intervinieron los cinco abogados varones que promueven ésta) que la Corte nos pidió no una cantidad de dinero sino una equivalencia, y nosotros propusimos crear un corredor verde desde el Riachuelo a Ezeiza. En este caso, para cuantificar, cuando se largó el proyecto del Tren Bala, se calculaba que su construcción era equivalente a la reinstalación de toda la red ferroviaria argentina: 4.000 millones de dólares”.
Si la condena acepta este criterio, el cálculo sería de 8.000 millones por daño moral sumado al daño punitivo, más lo que signifique la recomposición de hectáreas sembradas con OGM, más el fideicomiso para, por ejemplo, planes agrarios.
“O sea, es incalculable, no en el sentido de que sea mucho” explica Kaplun “sino que entran muchas variables de acuerdo a lo que surja del juicio y de la sentencia, incluso sobre qué mecanismos utilizar para recaudar los fondos para esos resarcimientos”.
Hay antecedentes en Costa Rica, en Bolivia, y un caso notorio ocurrió en Ecuador, donde se condenó a la petrolera Chevron al pago de 9.000 millones de dólares por daño ambiental y moral y otro tanto por daños punitivos: 18.000 millones de dólares.
Se viene el juicio
Casi ningún medio se ha ocupado por esta demanda inédita: “Claro, La Nación, Página 12 y Clarín no van a publicar nada porque promueven el modelo” describe Sallaberry. Hacia fines de septiembre la resolución judicial quedará publicada no sólo en el Boletín Oficial sino también en el diario La Nación. “A partir de eso, pasan 10 días en los que las organizaciones interesadas pueden presentarse a formar parte de la causa. Y después se notificará a los demandados y comenzará el juicio que, como es inédito, todavía no sabemos qué características tendrá, cuándo, tipo de audiencias. todo lo definirá el juzgado”. Las organizaciones que deseen sumarse pueden presentarse en el juzgado o consultar al mail daniel@sallaberry.com.ar
¿Cuánto ganan los abogados? Kaplun: “Hasta sólo pusimos, y ya nos ocurrió en la causa Riachuelo donde la Corte planteó que las costas tendrían que pagarlas las víctimas. Por supuesto que entonces no cobramos. Es algo totalmente incomprensible, así como los 7 años de indefiniciones que te muestran que la Corte innovadora y moderna entró en la misma burocracia que prometió doblegar. Para nosotros se trata de mostrar la función social de esta profesión, movilizar herramientas y acciones que pueden beneficiar a la comunidad”.
Sallaberry: “Vivimos de nuestro trabajo privado, pero esta causa implica un desafío profesional, ni qué hablar al hacerlo como una figura importantísima del Derecho como es Mosset Iturraspe. El trabajo de ingeniería de la causa fue de investigación y de creatividad para lograr que no tenga fisuras, que no la puedan rechazar. La Corte de hecho se desembarazó y la mandó al juzgado. Pero en un documental llamado Desierto Verde, sobre las Madres de Ituzaingo, Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte) dice que hay dos maneras de encarar la cuestión de las enfermedades y la contaminación. Una es reactiva, cuando ya se produjo el daño. Y la otra, la que él dice que apoya, es proactiva: sirve para anticiparnos al daño y prevenir. Pero él ya tenía esta causa, y sin embargo la mandó al juzgado, lo que hace perder una enorme cantidad de tiempo y multiplica el peligro para mucha gente: eso no es muy proactivo”.
Entre las investigaciones locales que menciona la demanda se citan trabajos de médicos y científicos como Jorge Kaczewer, Andrés Carrasco, Argelia Lenardón, Alejandro Oliva, Darío Gianfelici, Rodolfo Páramo, Hugo Gómez De Maio, Horacio Lucero y organizaciones como el Grupo de Reflexión Rural.
Sallaberry: “Toda esa gente y las comunidades están hace años denunciando lo que ocurre. Este año la Organización Mundial de la Salud reconoció como cancerígeno al glifosato. Mientras tanto la gente se enferma o se muere sin saber por qué. Creyendo que es una fatalidad. Es la naturalización de un genocidio, no puedo llamarlo de otro modo. Se está enfermando gente a sabiendas, innecesariamente. El silencio frente a estos temas es difícil de calificar. Creo que lo único que no se puede hacer, es no hacer nada”.
Hacia adelante: “Lo que estamos cuestionando es la matriz productiva de los agronegocios y todos sus efectos. En el transcurso de 15 años, de seguir así, vamos a haber malgastado todo el dinero ingresado pero el monocultivo va a dejar un desierto y un enorme problema para recuperar eso” dice Sallaberry. “El derecho es una herramienta importante, que está disponible. Pero no es un maná que nos llega. Desde que nacemos tenemos reconocidos una cantidad de derechos. Pero si no lo ejercés, el derecho no existe. Es un papel”.
¿No es desproporcionado el elenco a enfrentar? “Hay una desigualdad, estamos hablando del Estado y de corporaciones poderosas, que manejan el mundo económico y financiero. Pero cuando uno presenta pruebas irrefutables, la razón y la verdad pueden equilibrar las cosas. La Secretaría de Medio Ambiente dijo que el monocultivo transgénico de soja es perjudicial para el ambiente, produce deforestación, desertificación, despoblamiento. El propio Estado lo reconoce, y todos lo sabemos. A partir del momento en que nos contactamos con la gente afectada, no podemos dejar de actuar, porque tienen la razón. Tenemos el derecho a un ambiente sano, y el deber de defenderlo: en ese sentido, la Constitución no puede ser letra muerta”.
Nota
La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares
En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.
Jonathan Raed en Tiempo Argentino
Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.
Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.
Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.
Los números de la estafa
Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.
Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.
En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.
Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.
En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.
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La gran estafa presidencial
Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.
El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».
Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.
«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.
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Las consecuencias para la Argentina
El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».
«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.
Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».
Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA
La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.
KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.
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Nota
“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional
Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»
La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.
Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:
- El estado del cupo laboral travesti trans.
- Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución.
- La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género.
“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista.
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Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans.
Estas son algunas de las voces que se escucharon.
Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”
“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros.
La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU 62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha.
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Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”.
“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”.
La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”.
También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”.
Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.
La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo.
Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”
Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”
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Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”.
Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”.
Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones.
Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?
Nota
Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina
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La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.
Por Francisco Pandolfi
Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).
La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.
Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.
Miente, que algo quedará
Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi.
“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.
Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas.
La patota
Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.
Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.
El relato
Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”.
Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.
Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.
El Estado de las cosas
“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”.
Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.
Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.
El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”.
Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.
La autodefensa de la autogestión
Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.
Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.
Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.
Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.
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