Nota
Julián Antillanca: cuando la justicia no falla
Este lunes se conocerá la sentencia por el crimen de Julián Antillanca asesinado el 6 de setiembre de 2010 en Trelew. El juicio ya marca una epopeya: logró que se anule uno anterior que consagró la impunidad de los imputados.
Este lunes se conocerá la sentencia por el crimen de Julián Antillanca asesinado el 6 de setiembre de 2010 en Trelew. El juicio ya marca una epopeya: logró que se anule uno anterior que consagró la impunidad de los imputados. Ahora, la querella y la fiscalía pidieron prisión perpetua para los cuatro policías acusados de asesinar a Julián. Verónica Heredia, la abogada querellante, resaltó que hay que enmarcar este crimen dentro del contexto de violencia institucional que representa la policía y la justicia en esa provincia y, en particular, la criminalización institucional de los jóvenes pobres.
El 5 de septiembre de 2010 Julián Antillanca fue a bailar a un boliche de Trelew y apareció a la mañana siguiente tirado en la calle, brutalmente golpeado. Tenía 19 años. El asesinato se produjo luego de una escalada de violencia policial de la seccional Cuarta de Trelew, que arrancó a las 4 de la mañana del 6 de septiembre con la golpiza a los hermanos Sergio y Denis Aballay y concluyó con el asesinato de Julián unas horas después.
Este fue el segundo juicio que se realizó en Trelew por el crimen de Julián. El primero concluyó en marzo de 2012 con la absolución de los nueve policías imputados. La fiscalía, la defensa privada y la defensa pública apelaron, y la causa llegó hasta el Superior Tribunal de la Provincia, que en julio de 2013 revocó el fallo absolutorio y obligó a la realización de un nuevo proceso. La Corte Suprema confirmó la decisión.
Llegaron así a esta instancia que se define hoy, con la lectura del fallo:
Cuatro policías acusados de homicidio agravado: Martín Solís, Jorge Abraham, Laura Córdoba y Pablo Morales.
Cuatro policías acusados por encubrimiento: Carlos Sandoval, Analía Di Gregorio, Mario Bascuñán y Valeria Zabala.
Un policía acusado por privación ilegítima de la libertad: Diego Rey.
Una mujer acusada por intentar desviar la investigación: Gabriela Bidera, hija de un comisario, que fue beneficiada con una probation.
El viernes fueron los alegatos. La querella acusó a Solís, Abraham, Morales y Córdoba por el delito de “homicidio agravado por ser cometido por policías en abuso de sus funciones”. También acusó a Sandoval por “encubrimiento agravado en concurso real con incumplimiento de funciones públicas”. Lo más destacado, por su implicancia política e institucional, fue la contextualización que la abogada querellante, Verónica Heredia, realizó sobre el crimen de un joven.
Cómo funciona la violencia institucional
La doctora Verónica Heredia subrayó que el crimen de Julián Antillanca no fue parte de una “noche de excesivo abuso” policial, sino que dejó en claro el carácter sistémico de esa violencia. “Estos hechos cometidos lo han sido en el marco de una violencia sistemática por parte de policías de la Provincia de Chubut contra jóvenes de escasos recursos y la impunidad garantizada por el Poder Judicial”, resumió.
La apreciación no es caprichosa. Lo sistémico aborda un tipo de violencia determinada ejercida por un sector específico (la policía) contra una población específica (pibes pobres). Heredia precisó que ese contexto está descripto en la sentencia que la Corte Interamericana por los Derechos Humanos (CIDH) promulgó en 2011 contra el Estado argentino por la desaparición forzada de Iván Torres. La Corte observó el “hostigamiento permanente” que la antropóloga Sofía Tiscornia describió como una práctica que puede concluir en muertes, torturas y desapariciones: “Se trata de un fenómeno particular: una legislación y prácticas policiales violatorias de los derechos humanos y tribunales que -alejados de que los conflictos sociales de quienes más lo necesitan- no investigan o son cómplices de esos crímenes”, afirmó Tiscornia ante la CIDH.
La doctora Heredia aplica este contexto al caso Antillanca: “Lo que hizo Julián es haber pertenecido a ese sector más desprotegido, a ese sector de jóvenes de escasos recursos a los que la policía debe controlar”.
Las pruebas y el contexto
La doctora Heredia enfatizó en que es dentro del contexto descripto por la CIDH en el que los jueces Adrián Barrios, Darío Arguiano y Marcelo Nieto de Biase deben valorar la prueba analizada durante el juicio. Estas pruebas, sostiene, prueban que Julián Antillanca fue golpeado salvajemente por policías, subido a un patrullero y abandonado en la calle. Así lo confirmó el perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) de Chubut, Herminio González, quien precisó que el Julián murió producto de los múltiples golpes recibidos. También el director del Servicio de Huellas Digitales Genéticas (SHGD) de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Corach, quien especificó que la sangre encontrada en el móvil policial N° 234 era del “linaje Antillanca”. Pero fueron las jóvenes Daiana Monsalvez y Jorgelina Domínguez quienes narraron cómo tres policías golpeaban a Antillanca mientras una mujer oficial los cubría, y cómo el oficial Solís sacó al muchacho del patrullero y lo tiró a la calle.
La doctora Heredia resaltó que es “en esa violación de derechos humanos” la que, luego se pretendió dejar impune con el juicio anulado, lo cual demuestra la función que cumple la justicia en la cadena de violencia institucional: consagrar la impunidad.
Clases sociales y control
Puntualiza la doctora Heredia: “’No me acuerdo’ fue la respuesta recurrente de los oficiales. Ninguno sabía a qué hora ingresó a trabajar, ni qué hizo, ni quién era su superior, ni quién controlaba sus tareas, ni quién eran sus compañeros ese día. Por ejemplo, el oficial Gustavo Briceño respondió 38 veces “no me acuerdo”. Su colega Hugo Orlando Crespo lo hizo en 24 oportunidades. Néstor Ángel Vargas, quien se presentó como “nacido y criado en Trelew”, no pudo responder ni una vez sobre las distancias que separan las calles donde se crió. Párrafo aparte se merece la sargento Elviera Antonia Caroprese, que no sabía siquiera si trabajaba hacía “5 ó 6, 8 ó 9” años en el Comando Radioeléctrico. Tampoco sabía a qué hora ingresó, ni qué hizo, ni mucho menos por qué. Cuando le preguntaron cuáles eran sus funcionales y quién se las asignaba, contestó: “No, porque me… Yo llegaba y… O sea… Eh… Bueno, el encargado de turno me toma la guardia y eh… cómo se llama… y en ese caso, pero como yo ya sabía que tenía que tomar la guardia, el día anterior, llegaba agarraba el parte diario y empezaba…”.
La abogada destaca especialmente las respuesta del oficial Adolfo Elvio Carballo: “Su testimonio debería recorrer hoy las clases de sociología política e incorporarse en los estudios sobre marxismo como una versión del siglo XXI y chubutense de la lucha de clases”, expresó en su alegato. Carballo declaró que la policía debía hacer “adicionales” a la salida de los boliches “por la pelea entre las diversas clases sociales”. La abogada Heredia le pidió que explique cuál era esa división de clases. La respuesta del policía: “Están los negros que escuchan cumbia y los chetos que escuchan electrónica”. La doctora Heredia concluye: “Lejos de resultar ésta una versión ´grotesca´ esconde en ella la razón de la violencia policial: la discriminación, la desigualdad, el control policial de las clases sociales”.
Aquí el alegato completo de la doctora Verónica Heredia, en formato .doc
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Campaña: Encontremos a las/los nietos de Oesterheld
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Cien

Desde que se inició este año desde el Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez registramos 100 femicidios, casi 1 por día.
La víctimas fueron desde mujeres de 83 años, como Ana Angélica Gareri, en Córdoba, a una adolescente como Pamela Romero, de 16, en Chaco; y una bebé de 3 años en González Catán.
En este 2025 ya registramos 85 tentativas de femicidio.
En el 2025 registramos en todo el país 77 marchas y movilizaciones que se organizaron para exigir justicia por crímenes femicidas.

En nuestro padrón de funcionarios denunciados por violencia de género, podés encontrar el registro clasificado por institución estatal y provincia. Hasta la fecha, tenemos contabilizados 161 funcionarios del Poder Ejecutivo, 120 del Poder Judicial, 72 del Poder Legislativo, 71 de las fuerzas de seguridad y 71 de la Iglesia Católica.

En el padrón que compila datos oficiales sobre denuncias de violencia de género, podés encontrar datos sobre cantidad de denuncias por localidad y la frecuencia con que la recibimos. Un ejemplo: este mes la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación informó que durante el primer trimestre de este año recibió un promedio de 11 denuncias por día de violencia contra las infancias.

Otro: el Ministerio Público Fiscal de Salta informó que no alcanzan al 1% las denuncias por violencia de género que son falsas.
En nuestro padrón de desaparecidas ya registramos 49 denuncias.

Lo que revela toda esta información sistematizada y actualizada es el resultado que hoy se hace notorio con una cifra: 100.
Más información en www.observatorioluciaperez.org
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5 años sin Cecilia Gisela Basaldúa: crónica desde Cruz del Eje
Pasaron cinco años del femicidio de Cecilia Basaldúa en Capilla del Monte. Tres años de un juicio que absolvió a un imputado sin pruebas. Cuatro fiscales, cuatro policías presos y numerosas movilizaciones, desde Buenos hasta Córdoba, para exigir la verdad, ese compromiso que aún es la certeza que falta.
Fotos y crónica de María Eugenia Morengo para cdmnoticias.com.ar
25 de abril. Cruz del Eje. El GPS calcula unos 2 kilómetros. La entrada a la ciudad está envuelta de un aire viscoso. Una avenida se extiende en silencio y después de atravesarla, la llegada a los Tribunales se convierte en un ritual: una reminiscencia de lo que fue, una promesa de lo que debe ser. El pedido por Verdad y Justicia, es una demanda que crece. Cada letra se ubica en el mismo lugar que ocuparon tres años atrás. Las escaleras de la justicia cruzdelejeña son de un cemento gastado. Raspan, duelen.

¿Qué pasó en Capilla del Monte? El papá y la mamá de Cecilia, Daniel Basaldúa y Susana Reyes, están cargados de bolsas, llenas de carteles con el rostro de su hija, multiplicado. Son como una red que se estira a lo largo de esos 868 kilómetros que conectan a Buenos Aires con el noroeste de Córdoba. El camino recurrente que transitan para llegar a la verdad..
Sin previo aviso, adentro del edificio de Tribunales Daniel y Susana se anuncian. Quieren ver al todavía fiscal Nelson Lingua, quien aún está a cargo de la investigación de la causa, antes de que asuma como nueva fiscal, Sabrina Ardiles. Afuera todavía se respira la niebla. La espera alerta a los policías. Quieren saber si van a venir más personas.
– Lo hacemos para cuidarlos –dice la mujer de uniforme.
Piden datos, intentan tomar nota de lo que es una rutina inventada.
–La policía a nosotros no nos cuida –reacciona Susana y en un intercambio sin sentido, se alejan.
Silvia Rivero es la prosecretaria de la fiscalía, se acerca afuera y los llama. El fiscal se hizo un lugar en la agenda del día viernes. Adentro, el reflejo del piso de tribunales es como un espejo que se extiende, entre mocasines, tacos, alpargatas y zapatillas.
La preocupación de la familia es evidente. El recibimiento del fiscal es cordial. Se explica ante los recientes cambios que pronostican para el mes de mayo a Sabrina Ardiles, como la persona que estará sentada en el mismo sillón inmenso de cuerina, desde donde ahora, les habla Lingua. La dra. Rivero, también explica, y confirma que nunca se dejó de investigar. La necesidad de la confianza es una tregua durante esa hora de reunión, los tecnicismos se suspenden y las palabras se abren en una cronología de datos, guardados en la memoria indeleble de Daniel Basaldúa.

La medida del tiempo de la causa, son las fojas de expedientes que se acumulan. La inspección judicial realizada en el mes de agosto del año 2024, por los posibles lugares donde Cecilia pudo haber estado en Capilla del Monte antes de su muerte, dejó en evidencia la dudosa hipótesis de la anterior fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, quien había asegurado que Cecilia había llegado por sus propios medios al lugar donde apareció sin vida. Mientras que en el transcurso de estos años, cada vez son más los policías que estuvieron en la búsqueda e investigación, presos por violencia de género:
Adrián Luquez, ex sub comisario, detenido por amenazas con armas de fuego a su pareja. Hoy en libertad, se fue a vivir a San Luis. Ariel Zárate, ex sub comisario de la Brigada de Investigaciones de la Departamental Punilla Norte –preso por violencia de género. Diego Concha, ex director de Defensa Civil, encargado de la búsqueda –condenado a prisión perpetua por el crimen de Luana Ludueña y por la causa de violencia de género hacia su ex mujer, y Diego Bracamonte, ex comisario departamental, a cargo del operativo de la búsqueda –preso por violencia de género.
El tiempo de la justicia es una curva enredada, en apariencia, inofensiva. El tiempo de la justicia es el de las burocracias que definen su forma de proceder. El tiempo, es de una lentitud que lastima. Las letras se vuelven a guardar.
Son las cuatro de la tarde y el sol avanza en la siesta de Capilla del Monte. En la plaza San Martín, alrededor del Jardín de la Memoria, se arman los gacebos, se pone un aguayo, se llena de flores. Rojas, amarillas, lilas, celestes, el monte aún está florecido. Contrayerba, lavanda, romero, palo amarillo, incayuyo, ruda, los sahúmos se arman. Una compañera comienza a preparar el fuego.
Más lejos, sobre la calle Pueyrredón, en la puerta de la Secretaría de Turismo, la concentración crece. Llegan de todas las direcciones. Con tambores y repiques, con banderas y ofrendas. Una combi estaciona, descienden vecinos y vecinas que subieron en Córdoba y en distintas partes del Valle de Punilla.

La batucada suena, es un comienzo en cuenta regresiva. La marcha avanza a contramano. Hay una indignación que toma el ritmo de los tambores, trepa en el repique y todo se hace canción. La calle techada de Capilla del Monte es un anfiteatro de barricadas. Los sonidos viajan a través de la mejor acústica para el reclamo: ¡Vecino, vecina, no sea indiferente nos matan a Cecilia en la cara de la gente. Cecilia presente!

“Este es un día especial y este lugar es especial porque tiene mucho que ver con lo que le pasó a Cecilia”, comienza Daniel en la puerta de la comisaría de Capilla del Monte, “hay muchos policías involucrados en el caso. Ya lo hemos denunciado muchas veces, pero parece que no alcanza”, dice mirando a los uniformados que permanecen parados como granaderos.

Daniel les recuerda que durante el año pasado, la policía de Capilla debió haber realizado notificaciones a tres personas para declarar en los Tribunales de Cruz del Eje, pero no lo hicieron. Las testimoniales pudieron efectivizarse, porque intervinieron los abogados de la querella, Daniela Pavón y Gerardo Battistón. En ese mismo reclamo, la abogada Pavón se acerca y también hace pública la falta de atención institucional que hay para las víctimas de violencia de género en la localidad.

La familia de Ezequiel Castro, asesinado por la policía de Córdoba, se adelante y los abraza. Alguien grita que ahí mismo, en la comisaría, apareció ahorcado Jorgito Reyna, hace 12 años, atado con la manga de su campera a la reja de una ventana, pocos centímetros más alta que él. Que su causa, también sigue impune y que los golpes que tenía no fueron suficientes para demostrar que lo habían torturado. Que a pesar de no bajar los brazos, las familias sienten que el duelo es un proceso tan profundo, como inacabado.

Susana y Daniel permanecen frente a una multitud, observan hacia adelante y hacia atrás. Saben que la comisaría es señalar lo que siempre llega al mismo lugar: complicidad. “A las chicas les pedimos que no tengan miedo, que denuncien -acentúa Susana- que no se dejen asustar con los policías ni con nadie, nadie tiene derecho a venir a violentarnos”.
El espacio público es un canal clave para recordar que los asesinos de Cecilia están libres, “y que muchos andan dando vueltas por acá”, dice Daniel y remarca que no dejarán de venir a Capilla del Monte, hasta que los responsables del femicidio de su hija, estén presos.
La llegada a la plaza San Martín es un círculo de candombe que la nombra. Hace cinco años que se insiste en las mismas palabras, como un tajo que se abre en el cemento, una cicatriz que se agranda en medio de la incertidumbre: ¿Qué pasó con Cecilia?
Tal es el encubrimiento que las responsabilidades se hacen obvias.
La ronda se acerca al altar. Es un asedio a la justicia que falta. Desde el micrófono se invita a dejar una ofrenda en memoria de Cecilia, a conjurar entre todas y todos ese momento, esa memoria. En el centro de una plaza que se anochece, resuena una voz grabada -desde algún punto del Abya Yala- Lolita Chávez, lideresa maya de los pueblos K’iche de Guatemala, habla entre los yuyos que comienzan a perfumar lo que no se puede detener. Cada rama seca que se enciende se hace una intención, un pájaro que se dispara, restos del día que se van:
“Hoy 25 de abril levantamos nuestra fuerza sagrada, y nuestro poder popular feminista. Reconociendo la memoria, la historia, el vientre en la sangre, de Cecilia Basaldúa. Ese femicidio no debe quedar en la impunidad (…). Con la fuerza de nuestras ancestras, con los fuegos sagrados que encendemos, levantamos nuestra expresión de indignación y lo comunicamos a los cuatro puntos cardinales. Para que nunca más haya este tipo de violencias contra nuestras vidas”.
Las copleras y la poesía toman el escenario. Las y los músicos hacen de Cecilia esa canción y en el centro del caldero caliente, el humo abre el cielo: hay una memoria que se desprende y una vida que cambió de idioma.

En medio del algarrobo que sostiene los carteles de Memoria, Verdad y Justicia, una placa de cerámica con el rostro de Cecilia, también observa. El día queda atrás y en el fondo de la noche, las palabras todavía están en suspenso, son un silencio que pronto dirá.
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