El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 condenó a 16 años de prisión al oficial de la Policía Metropolitana Ricardo Ayala que en 2015 fusiló y dejó cuadripléjico a Lucas Cabello, en La Boca. Su caso fue la antesala de la Doctrina Bullrich con Luis Chocobar como estandarte. Por eso, la familia de Lucas y las organizaciones destacaron la importancia de un veredicto que confirmó que el joven fue víctima de gatillo fácil y que tuvo en cuenta la precariedad habitacional del barrio. Los jueces también intimaron a investigar el posible encubrimiento de las fuerzas por parte de los funcionarios del Gobierno de la Ciudad.

Por Lucrecia Raimondi

La formalidad del Palacio de Tribunales se ve distorsionada cuando los barrios del sur irrumpen a reclamar justicia. A las 11.30 llegaron en micros desde La Boca. Alrededor de 100 personas entre vecinos, vecinas y organizaciones sociales se acercaron al centro de la Ciudad para hacer el aguante a Lucas Cabello. El 5 de diciembre de 2019 fue la última audiencia del juicio contra el policía que lo dejó cuadripléjico. El fusilador Ricardo Ayala fue condenado a 16 años de prisión.

Las últimas palabras del acusado fueron: “Le agradezco a mi familia y amigos por acompañarme. Que se haga justicia”. Los presentes en la sala de la Corte Suprema de Justicia entraron en un silencio inquietante. El TOC 1 anunció un cuarto intermedio hasta las 14 que dio a conocer el veredicto.

Adentro aumentaba la ansiedad de Lucas y sus familiares. Afuera, se repartía una olla popular de almuerzo. Una bandera con la cara del joven y otra con la consigna «Justicia para Lucas Cabello» fueron pintadas a mano. De fondo, redoblantes y cantos contra el gatillo fácil. Lucas sobrevivió, denunció a su verdugo y logró justicia. La resolución de este juicio demoró cuatro años y tres suspensiones. El policía Ricardo Ayala fue excarcelado en 2017. Llegó al debate en libertad pero la Justicia lo condenó a prisión.

“El tribunal logró entender que era un crimen que no podía quedar impune. Entendió que no era una pelea de Lucas contra el policía Ayala sino que era contra un juzgado de instrucción que impidió que él ejerza su derecho como víctima, contra la policía institucionalmente, e incluso contra la jefatura de gobierno de ese momento”, analizó Ataliva Dinani, querellante en representación de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.“Y tuvo en cuenta que sucedió todo en un marco de precariedad habitacional de las personas de la Ciudad de Buenos Aires que es una situación muy común y que los gobiernos que tenemos en la Ciudad nunca se han ocupado. Este fallo pone a la Justicia en el lugar en el que debe estar: imponer justicia y establecer la protección para aquellas personas mas débiles y vulnerables socialmente”.

El veredicto

Los alegatos de las querellas y la Fiscalía fueron tan contundentes que el TOC 1 sostuvo la calificación que pidieron las partes acusadoras. El juicio demostró que el oficial Ricardo Ayala era “autor del delito de tentativa de homicidio agravado por el abuso en su función policial y por el uso de arma de fuego”. El Tribunal lo condenó a 16 años de prisión y a 10 años de inhabilitación para tener o portar armas de fuego. Un grito generalizado de alivio, emoción y justicia interrumpió la lectura del fallo unánime: los jueces Pérez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas votaron por rechazar el pedido de absolución de la defensa.

El oficial Ayala tampoco podrá “desempeñarse en la labor de prevención y/o seguridad en el ámbito público o privado” hasta dentro de 19 años, cuando termine su condena. Y ordenó la restricción de acercamiento a menos de 500 metros de Lucas Cabello y su grupo familiar.

El Tribunal solicitó informar el fallo al Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA para que inicie “las medidas administrativas correspondientes en relación a las funciones y condiciones de servicio que desempeña (actualmente) Ricardo Ayala” en la Policía de la Ciudad. Y extraer testimonios para que la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad “impulse una investigación orientada a determinar la responsabilidad en que pudieron haber incurrido los miembros de las fuerzas de seguridad que intervinieron o los superiores que dieron órdenes y la presunta comisión del delito de encubrimiento cumpliendo los deberes de funcionario público”.

Además, comunicar la sentencia al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) y al titular del Ministerio Público Fiscal de la CABA para que “evalúen las medidas que puedan adoptarse frente a los hecho comprobados en este caso”.

El 7 de febrero de 2020 el TOC 1 dará su fundamento.

La prisión de Ayala será efectiva cuando la sentencia quede firme.

“Estoy acá por todos los pibes”

La abogada particular del joven Cabello, Gabriela Carpineti, no pudo asistir a la audiencia pero dejó por escrito: “Gracias Lucas. Por ganarle a la impunidad. Esta querella logró convencer al Tribunal no solo de la responsabilidad penal del agente Ayala sino también del conjunto de responsabilidades políticas y civiles que deben ser investigadas judicialmente. Una causa que arrancó amarilla en noviembre de 2015 y se va con una condena popular, como sus posibles encubridores, en diciembre de 2019”.

“Lucas, Lucas, Lucas”, alentaban sus vecinos cuando lo vieron llegar a la entrada principal del Palacio, en Talcahuano 550, acompañado por su familia. Tenía los ojos llorosos de emoción. De a uno se le acercaron para abrazarlo, felicitarlo por la valentía de denunciar, por la entereza para sostener el largo proceso del juicio.

“Gracias a todos los que vinieron, adentro se sintió el apoyo, me voy a acordar de sus caras toda mi vida. Esta no es solo mi lucha, hay muchas personas que no pudieron llegar a un juicio y la gente se olvida. Estoy acá por todos esos pibes también”, dijo Lucas animado por recibir tanto amor. En su proyecto de futuro espera seguir la rehabilitación, terminar de estudiar y tendrá una columna deportiva en FM Riachuelo.

Carolina Vila, su mamá, expresó conmovida que está contenta con el fallo aunque siente que “no es un festejo del todo por las secuelas que le quedan a mi hijo pero si es un gran logro que hayamos podido conseguir esta condena de 16 años y la inhabilitación”.

Respecto de los casos de gatillo fácil, Carolina entiende que el caso de su hijo es un ejemplo para todas las familias víctimas de violencia institucional: “Este logro va por todos, muchos casos no nos enteramos o no llegan a Tribunales. Hay que unirse y no abandonar la lucha porque al final del camino lo logramos. Hay que seguir insistiendo y luchando por nuestros pibes para que esto no vuelva a pasar”.

Mentiras y encubrimiento

El lunes 9 de noviembre de 2015, Ricardo Ayala cumplía servicio en una consigna policial por un conflicto entre vecinas en el PH contiguo a la casa de Lucas Cabello. El oficial le disparó tres veces al joven de 20 años por una discusión verbal. Eran las tres de la tarde. Estaba Lucas con su bebé de dos años, su pareja y su hermana. Una trabajadora de la cooperativa Eloísa Cartonera vio todo. La Comisaría 24 de la Policía Federal no quiso tomar la denuncia.

Al día siguiente de que Ayala acribilló a Lucas dentro de su casa, la entonces gobernadora electa de la Provincia de Buenos Aires y ex vicegobernadora de la Ciudad, María Eugenia Vidal, declaró a los medios de comunicación: “El origen es un caso de violencia de género. Se le había dado un botón antipánico a la pareja de esta persona. Además se agregó una consigna policial para la protección de esta mujer. Ya había denunciado que la había amenazado de muerte. Y cuando esta mujer salió de su casa gritando, el policía de la Metropolitana le da la voz en alto a la persona herida. No atiende y es ahí que se da la reacción de la policía”.

La Federal no quiso hacerse cargo del caso. La Metropolitana creó una versión falsa de los hechos. Los altos funcionarios políticos de la Ciudad reprodujeron ese discurso para justificar el accionar de la fuerza. La defensa de Ayala, puesta por la Policía, sostuvo hasta el final este argumento de una supuesta situación de violencia de género.

Pero los hechos y las pruebas dicen más que una pantalla. La Justicia pudo comprobar que no había tal contexto de agresión y que Lucas Cabello fue víctima de gatillo fácil. También tuvo en cuenta la precaria situación habitacional impuesta por el IVC que derivó en el conflicto vecinal por el que estaba la consigna policial. E intimó a que se investigue el posible encubrimiento de las fuerzas de seguridad y los funcionarios públicos para desviar la atención del accionar criminal del oficial Ricardo Ayala.

Desde el Gobierno de la Ciudad nunca más hablaron oficialmente del caso. Y la realidad mostró cuál es la política de seguridad de la gestión de Cambiemos. El caso de Lucas Cabello en el barrio porteño de La Boca fue precursor de la “doctrina Chocobar”. La Correpi pudo registrar que en la Ciudad, “un total de 1.303 personas fueron asesinadas por el aparato represivo estatal entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019. La Policía de la Ciudad (ex Metropolitana) mató 43 personas en los últimos 26 meses. Más de dos personas por mes”.

Uno de los abogados querellantes, representante de la Asociación Contra la Violencia Institucional (ACVI), Matías Busso, analizó que este fallo “asienta un precedente muy importante porque no solo asume la responsabilidad de Ayala sino que marca un quiebre respecto del intento de impunidad que se pretendía con la doctrina Chocobar. Esto es fundamental porque no es solamente el agente que comete el delito sino la corporación policial y los funcionarios políticos son parte esencial para garantizar la impunidad y que los casos no lleguen a juicio. Este fallo lo que marca es que no fuimos solo contra Ayala sino contra toda la institución”.