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Justicia y dictadura: Los jueces al banquillo

Publicada

hace 14 años

29/09/2010

El pasado jueves 23 de septiembre se impulsó un nuevo episodio para intentar desactivar la impunidad. Sobre la avenida Libertador, en el gigantesco predio antes conocido como ESMA y que es ahora el Espacio Cultural Nuestros Hijos, se realizó el Juicio Ético y Político a los Jueces cómplices de la dictadura. Como se demostró luego, no sólo fueron cómplices, sino partícipes necesarios para la suspensión de derechos y la primacía del estado de sitio.

Justicia y dictadura: Los jueces al banquillo

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Hace unos meses fue el turno de los periodistas (ver: Periodismo y dictadura: juicio ético) y más adelante se seguirán juzgando a los sindicalistas y los miembros de la iglesia católica. Lo que parece tratar de demostrar la Asociación Madres de Plaza de Mayo con estos juicios es anunciarnos que una dictadura requiere de un aval civil expreso en el lenguaje y también en el accionar; que no son monstruos sólo los que perpetran los crímenes, sino también quienes los silencian, los apañan o los incitan.
Unos minutos antes de que comience el juicio, se podía ver a Hebe de Bonafini, que está cerca de cumplir ochenta y tres años, contando anécdotas de la época y con toda la energía para desempeñar su papel, el de miembro del tribunal, que no eran tres, sino dos: Hebe y Eduardo Barcesat. Los fiscales fueron Mariana Seró, estudiante de Derecho en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo; y los doctores Hugo Gallardo y Antonio Rojas Salinas. El auditorio estaba lleno; sólo quedaban algunos espacios vacíos en la tribuna del fondo. Todas esas personas sentadas eran el jurado y llevaban un brazalete azul que marcaba a cada uno como “juez”.
La lista de imputados

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Al comienzo del juicio, las luces se apagaron y el ambiente se volvió un poco más pesado: sobre una pantalla gigante se proyectaron, una por una, fotos de los acusados. Debajo se narraban sus historias profesionales a modo de prueba para la posterior condena. La presentación incluía ruidos de golpes metálicos, sonidos de bebés gimiendo y de aviones que parecían sobrevolar la sala. La larga lista de imputados mencionó, entre otros:
Eduardo Rafael Riggi: Fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para “juzgar la actividad subversiva”. En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, Riggi fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperaría posiciones a medida que se acercaba el golpe de Estado. Luego, Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación. Riggi fue acusado de tener buenas relaciones con los militares y ser del Opus Dei. Lo desmintió en estos términos: “No tengo el honor de ser del Opus Dei”.
Luis Francisco Miret: La semana pasada fue suspendido en Mendoza por omisiones en las investigaciones de denuncias. “En su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad” desde “los años previos al golpe de Estado instaurado en el año 1976”. La afirmación es parte del dictamen que votó la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. El documento muestra que conocía los lugares de detención y que incluso se entrevistó con un preso después de la sesión de torturas. También se lo acusa de la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, y se le cuestiona el archivo de la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido.

Otilio Romano: Fiscal de Mendoza. Organismos de derechos humanos y sobrevivientes del mayor centro clandestino de esa provincia, que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía, lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones, cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la última dictadura. El escrito destaca el “compromiso ideológico” de Romano “con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar”

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Wagner Gustavo Mitchell: La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, presentó una denuncia contra el actual miembro de Cámara Nacional de Casación. En 1976 era titular del Juzgado Nacional de Instrucción Número 16 y firmó la entrega definitiva del bebé al policía, un mes después del secuestro y desaparición de la madre. Fue también quien ordenó suspender las pruebas de ADN para los supuestos hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble.

Juan Martín Romero Victorica: El fiscal que suele jactarse de sus “cuarenta y siete años en la Justicia” fue denunciado ante la Procuración por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla por su “parcialidad”, que lo lleva a obstaculizar causas que investigan delitos de lesa humanidad. Para defenderse, reiteró que en los ’70, en Argentina, “hubo una guerra”, por la que responsabilizó a “marxistas fascistas”, algunos de los cuales “están hoy en el poder”, y defendió a Jaime Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura.
Víctor Hermes Brusa: Fue secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fe durante la dictadura. Presenció sesiones de tortura, tomó declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR)) y obligó a los detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura, amenazándolos.
Pedro Cornelio Federico Hooft: “Actuó en evidente complicidad con el aparato represivo que tenía como epicentro al GADA 601; como principal referente al Coronel Barda y como identificación a la subzona 15”, consigna la denuncia presentada por organismos de derechos humanos contra este juez marplatense que en marzo de 2009 se resolvió llevar a juicio político.

Norberto Giletta: En tiempos de la dictadura su juzgado fue conocido por el record de rechazo de habeas corpus que presentaban los familiares de desaparecidos. “Hubo “una guerra subversiva”, en la que se cometieron “errores y excesos”. El actual proceso de justicia es sólo el producto “del descomunal esfuerzo desarrollado por la izquierda nacional e internacional”. “Es la ley del Talión a través de la Justicia”. Las afirmaciones pertenecen Giletta, quien así pidió en septiembre de 2009 la absolución de su cliente, el general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por un centenar de privaciones ilegales de la libertad y cuatro homicidios en 1976, cuando era jefe de la subzona militar Capital Federal.

Guillermo Rivarola: Fue el juez que tendría que haberse encargado de investigar la masacre de los sacerdotes palotinos, masacrados en 1976. Cuando el periodista Eduardo Kimel investigó el caso, lo querelló porque afirmó en el artículo la siguiente conclusión sobre su actuación: “La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto”. Kimel fue condenado y su caso fue llevado ante la Comisión de Libertad de Expresión de la OEA. Fue el caso Kimel el que inspiró la derogación de los delitos de calumnias e injurias en el ámbito penal
Luis María Fernández: La abogada del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, denunció que “fue asesor del Ejército durante la dictadura militar del año 1977 a 1992“. En junio, este magistrado querelló a integrantes de organizaciones de derechos humanos que lo cuestionaron durante la lectura de fallo por torturas en la U11. El camarista realizó personalmente la denuncia penal, causa que tramita ante la Fiscalía Nº 3 de Neuquén. Acusa a Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Ragni, desaparecido en la dictadura; a Héctor Ramírez, padre de Pablo Ramírez, fusilado por la policía neuquina; a Mónica Damicelli, secretaria general de Aten y a Ivana Dal Bianco, abogada del Ceprodh, querellante en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad de la zona.

Guillermo Gordo: Miembro del TOF º5, fue el único juez que absolvió a militares el año pasado, por la causa “Jefes de área”.

Luis María Vera Candiotti: El magistrado está imputado en una causa en la que se investiga la supresión de identidad de María Carolina Guallane, que sobrevivió al asesinato de sus padres biológicos a manos de la dictadura, cuando ella era sólo una beba.

Juan Carlos Marchetti: “Muerto el perro se acabo la rabia”, le gritó en 1977 el juez de Menores Juan Carlos Marchetti a una pareja de San Nicolás que insistía en preguntar por el destino de Manuel. El niño de seis meses era el único sobreviviente de una masacre perpetrada por militares y policías en la que murieron su madre y la familia Amestoy, incluidas dos criaturas de tres y cinco años, y el magistrado ya lo había encomendado a personas de su confianza. Manuel Gonçalves Granada se crió con un nombre falso, recuperó su identidad en 1995, logró el procesamiento de varios de los asesinos de sus padres y exigió en 2009 que los funcionarios judiciales que consintieron la supresión de su identidad y nada hicieron por devolverlo a su familia rindan cuentas como imputados.

Julio Demetrio Petra: Camarista mendocino que fue recusado de causa que investigan delitos de lesa humanidad por “parcialidad”. En su momento, Ángela Urondo, hija del asesinado poeta y periodista Paco Urondo, denunció en una carta pública que ese camarista que debía actuar en la investigación de la desaparición de su madre, “dejó en libertad a todos los represores imputados, otorgándoles el beneficio de prisión domiciliaria (con la amenaza que esto significa para los sobrevivientes) y sus resoluciones, inclusive le permitieron a uno de ellos irse de vacaciones a Mar del Plata, sin importarles que están acusados de delitos gravísimos como: la desaparición de personas, secuestros, torturas y homicidios”.

Carlos Pereyra González El abogado puntano José Samper, ante los miembros del Tribunal Oral, aseguró haber escuchado de boca de Pereyra González que “había presenciado una sesión de tortura practicada a Graciela Fiochetti”, joven que apareció muerta en las Salinas del Bebedero un par de días después de haber sido secuestrada por efectivos militares de su domicilio en la localidad de La Toma.

Alicia María Di Donato y Alberto Durán: El Espacio Justicia Ya recusó a estos dos miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata, quienes debían resolver una presentación realizada por los querellantes del caso López mediante la cual exigen que la causa sea recaratulada como desaparición forzada de persona. El pedido de recusación se funda en la estrecha relación que existe entre los magistrados y la Policía Bonaerense, sospechosa de la desaparición del testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al represor Miguel Etchecolatz.
Nicasio Dibur: Fue juez federal de la última dictadura, luego defensor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y con el menemismo se convirtió, desde 1992, en un hombre influyente dentro del Ministerio de Justicia, tanto que su palabra fue determinante en el nombramiento de los jueces de los noventa. Dibur permaneció en ese ministerio durante todos los gobiernos que siguieron, incluso el de Néstor Kirchner. Su extensa supervivencia como funcionario público terminó recién en 2008.

Abel Bonorino Peró: Durante la dictadura, tenía a su cargo el Juzgado de Sentencia N°2, desde donde rechazaba los hábeas corpus que presentaban familiares de desaparecidos. Fue uno de los jueces que en 2003 ordenó el desalojo de la fábrica recuperada Brukman.
Horacio Enrique Prack: Fue fiscal durante la dictadura militar y hoy es uno de los miembros de la Cámara de San Martín, increpada por los abogados de Justicia Ya por paralizar el “caso Febres”. El 10 de diciembre de 2007, cuando estaba por declarar, el represor Héctor Febres apareció muerto en su celda con una gran dosis de cianuro en su cuerpo. De acuerdo con la querella, la investigación se estancó cuando la causa pasó de San Isidro a San Martín: “allí les dictaron falta de mérito a todos los imputados y los acusaron de delitos menores a los prefectos que estaban en la lista de homicidas. De esta manera, esgrimen los querellantes, mataron dos pájaros de un tiro. Dejaron en libertad a los principales acusados y evitaron seguir investigando”hacia arriba en las responsabilidades institucionales”.
Néstor Luis Montezanti: Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino, Humberto Adalberti. Tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason
Justo Rovira: Es titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal Nº 7. Su nombre, número de documento y fecha de nacimiento figuran en las listas de agentes del Batallón 601, recientemente desclasificadas.

Alfredo Bisordi: Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal. En sus fallos se ha referido a la ex detenida – desaparecida Graciela Daleo como “delincuente terrorista”, y se ha excusado de intervenir en causas de lesa humanidad “dado que se consideraba enemigo manifiesto de los querellantes, varios de ellos representantes de autodenominados organismos defensores de algunos derechos humanos”.

Alejandro Máximo Sánchez Freytes Es titular del juzgado Federal N° 2 de Córdoba Capital. Ordenó que se proceda a destruir documentación y expedientes acumulados en su juzgado que comprenden los años que van entre 1968 y 1978.

Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia y Abelardo Rossi, Alejandro Caride, Federico Videla Escalada, Emilio Miguel Daireaux y Elías Guastavino: Integrantes de la Corte Suprema de la dictadura.

Jorge Gabriel García Collins: En febrero de 1986 emitió una orden de prisión preventiva contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini por “resistencia a la autoridad y desacato”. Fue cuando Hebe reclamó, en el momento de la exhumación, que se investigue a los asesinos de Liliana Pereyra y Alberto Fonseca, desaparecidos en Mar del Plata.
Eduardo Vocos Conesa: Era titular de la Sala II de Apelaciones. Renunció en enero de este año. Se encontraba desde fines de 2009 bajo licencia psiquiátrica por lo que evitó un eventual juicio político. Fue acusado por levantarse contra la democracia luego de reivindicar a través de un obituario publicado en uno de los principales matutinos porteños al ex carapintada Mohamed Alí Seineldín citando frases de Primo Rivera, creador de la Falange Española (organización política que precedió a la dictadura franquista). Mientras era camarista, insultó públicamente a un grupo de familiares de desaparecidos
Guillermo Federico Madueño: Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército “para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión”, según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. Fue miembro del Tribunal Oral Federal 5 hasta 2004, cuando se reveló su historia negra y se pidió su juicio político.

Leopoldo José Russo: Fue juez federal de la Plata en tiempos de la dictadura. En los Juicios por la Verdad, un familiar que buscaba a su esposo secuestrado contó que fue a verlo y el magistrado le espetó. “”No siga con las gestiones porque en lugar de uno van a ser dos”.

Eduardo Marquardt y Ángel Martínez: La Cámara Federal platense, cuando confirmó los procesamientos a los imputados por los crímenes de la Unidad 9, ordenó desglosar la pesquisa e iniciar una investigación penal contra estos dos jueces federales por serias irregularidades en la muerte de Alberto Pinto.

Martín Anzoátegui: Juez federal durante la dictadura. En 1981 ordenó la detención de las autoridades del Cels. Fue en represalia por la presentación que hizo Augusto Conte en París de un documento que describía detalladamente el funcionamiento del terrorismo de Estado. Allanaron la sede del Cels y se llevaron dos cajas con documentación, una estufa, dos teléfonos, tres máquinas de escribir y un ventilador. “Nos llevaron a Coordinación Federal -recordó en una nota periodística la madre de Plaza de Mayo Carmen Lapacó-. Los que manejaban dijeron: ‘¿A dónde vamos? ¿A la caja o a dónde?’. Nos llevaron a Coordinación Federal. Por suerte, a la semana, nos soltaron.” El mismo día detuvieron en su casa a Emilio Mignone.

Amelia Lidia Berraz de Vidal: Fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado, por obstaculizar las causas sobre los crímenes dictatoriales. Se excusó en las megacausas de derechos humanos por su amistad con uno de los militares imputados

Oscar Hermelo: Fiscal. Trabajó en la ESMA durante la dictadura militar en la dirección de talleres automotores. El represor Alfredo Scilingo lo condecoró por su colaboración con la Marina y denunció en democracia que era un hombre de confianza de la patota y que estaba al tanto de todo lo que pasaba en la ESMA.

Norberto Quantín: Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede “inmiscuirse en la esfera política” si la patria sufre una “guerra revolucionaria”. La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de “posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad”. En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida

Rafael Sarmiento: Fue juez federal de Capital Federal hasta 1979 y, como tal, rechazó sistemáticamente los recursos de hábeas corpus presentados por las familias de los desaparecidos.

Luis Rueda. Actual presidente de la Cámara Federal de Córdoba. El ex policía del Departamento de Informaciones (D2) Carlos Yanicelli lo acusó en julio de este año de trabajar “para los servicios de inteligencia” durante la dictadura. El ex policía dijo que Rueda, trabajó “como pinche para los servicios de inteligencia” militar cuando ocupaba el cargo de escribiente (auxiliar) de la justicia cordobesa. Además, mostró una foto en la que supuestamente aparece el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en una reunión con autoridades del Servicio Inteligencia de la Aeronáutica (SIA) en la dictadura.
Cuando terminó la presentación el ruido de los aviones continuaba.
Los testigos

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Fueron seis los testigos que subieron al estrado a dar testimonio. El primero fue Roberto Bergalli, quien vino especialmente de Europa para declarar. Había sido encarcelado durante el año 76′ y todavía no sabe por qué. En la facultad había compartido las clases con Julio Strassera -quien fuera luego fiscal en el Juicio a las Juntas- y también con Andrés D’Allesio, secretario de la Corte de Videla, quien recibía las peticiones para aceptar o rechazar los habeas corpus. Cuando estuvo preso, su ex -compañero propuso que su habeas corpus fuera desestimado. Bergalli dirá luego: “No se puede denunciar nada con un Poder Judicial cómplice”, y “la prisión es un hierro candente sobre la carne y la memoria de cada uno”.
El testimonio de Bergalli se robó los últimos momentos de la tarde, y cuando Enrique Arias Gibert, Juez Nacional del Trabajo, subió los escalones que lo separaban del escenario, ya era de noche. Dijo: “Este proceso de genocidio tuvo un objetivo racional: destruir el movimiento popular.”
Y también: “Los criminales que recorrían las cámaras empresarias y los despachos, que sabían perfectamente que derogar el derecho de huelga o derogar los convenios colectivos de trabajo, no era una medida necesaria frente a un estado de cosas, sino el objetivo real que se buscaba mediante este estado de cosas. Esto es el avasallamiento de los derechos de los trabajadores para que los dueños del país sigan siendo los dueños del país”.
Alicia Oliveira, abogada, mencionó a Mario Penna, quien siendo Presidente de la Cámara del Crimen, avalaba que algunas patotas entren a los juzgados para detener investigaciones, aniquilando gente y llevándola luego a la morgue de su propia Cámara. Lo más notable fue su comentario sobre las Madres: ella las veía caminar llorando porque no sabían cómo hacer los habeas corpus, y los abogados se quitaban el peso de encima queriéndolos cobrar muy caros; tanto, que una madre no lo podía pagar para saber dónde estaba su hijo.
Carlos Zamorano fue quizás el testigo más lúcido, mezclando humor con frases terribles. Contaba, riéndose, que él pasó seis años preso a causa de un decreto, y que en ese momento lo único que él sabía era que la duración de su arresto dependía de la perpetuación del Estado de Sitio. Pasó por ocho cárceles, recorrió 8.000 kilómetros por el aire sin saber a dónde lo llevaban. Fue rehén de una de las prisiones de Córdoba y recordó cómo a uno de sus compañeros, que pertenecía al ERP, lo ejecutaron. En el 80′ a Zamorano – que es ahora abogado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre- lo liberaron. Ahora dice: “Esos ministros de la Corte establecieron una doctrina reaccionaria”. Mientras habla y recuerda, en la sala hay un buen clima. Con sus palabras logró que el síntoma de la risa le gane a la indignación moral.
La quinta en subir al estrado fue Mirta Mántaras, abogada especialista en derechos humanos. Sus comentarios refirieron sobre una “familia judicial”: esto significa que hay, a lo largo de todo el país, apellidos que se repiten y se renuevan mientras pasan los años, que forman un estamento mafioso, el judicial, que se pretende noble y está corrupto. En su seno hay un juego de acomodamientos y favores, toda una serie de condescendencias que perpetúan el poder en relación a una familia. Dijo: “Anteriormente – a la dictadura- no eran un Poder muy respetable, pero los jueces conservaban cierta vergüenza.”
Julio Piumato fue el último testigo. Abogado y Secretario de Derechos Humanos de la CGT. Un fragmento de sus palabras: “Uno puede ver la forma en que han trabajado analizando toda la jurisprudencia de la época de la dictadura: en el fuero del trabajo, cómo avanzaron sobre las conquistas obreras. Sí hubo, a mi juicio, una complicidad sistemática”. “La preocupación nuestra no es solamente historiar lo que pasó en la dictadura, si no cuánto de eso hoy sigue vigente en el Poder Judicial. Nosotros vemos que la ideología de la dictadura militar, sigue estando representada por los sectores más retrógrados. Los jueces fueron cómplices históricamente de esos sectores que siempre detentaron el poder económico en Argentina.”
La conclusión

foto: Prensa Madres / Seba Romero

Luego de escuchar a los testigos, la Fiscalía tomó la voz. Estos son algunas de las frases más contundentes:
“Se los acusa de seguir siendo cómplices, generando impunidad en los procesos que se siguen por los crímenes de lesa humanidad. Y por ello de ser partícipes necesarios del delito de genocidio.”
“No fueron simplemente partícipes secundarios en el avasallamiento de los derechos de la población argentina, en la desaparición de los compañeros sino que fueron un engranaje concreto y directo y fueron la dictadura misma. Ellos fueron, al igual que los militares, la dictadura.”
“Consideraron razonable la vigencia del estado de sitio por casi nueve años; se aceptó la validez de actas de defunción emitidos por médicos policiales que hablaban de muertos en enfrentamientos evitando las autopsias que revelaban que habían sido fusilados; aceptaron la vigencia de normas dictadas por un engendro del Poder Legislativo como fue la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo que además derogó leyes de orden público que tienen a resguardar los derechos del trabajador.
Han violentado el principio constitucional de conocer para decidir y el principio que los obliga a afianzar la Justicia. Fueron partícipes del Estado terrorista porque fueron un engranaje necesario para la impunidad.”
Después de semejante acusación, con dos horas y media de alegatos interminables sobre la negligencia, la complicidad, y las muestras de cooperación, el llamado para la defensa fue un paso simbólico.
Quizás acá, en el invisible banquillo acusatorio, falten muchos nombres, y esto sólo sea una pequeña muestra de lo que hay que mirar, como claves que revelan una época. Personas que por omisión o por accionar ilícito prefirieron olvidar aquello por lo que habían jurado, demostraron que pueden ser vasallos de un régimen que quiso desarticular todo mecanismo de justicia, y que quiso adormecer todo aquello que estos hombres y mujeres, hoy imputados simbólicamente, habían estudiado.
Traicioneros del común acuerdo de su oficio, conspiradores de sí mismos, hoy encuentran una justicia que no olvida y que por un grito unánime los convirtió en culpables

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Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

Publicada

hace 3 días

05/10/2024

De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.

En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.

El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.

Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:

Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo

La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.

La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.

¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.

Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.

¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.

Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.

El desmantelamiento como política

La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.

El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.

El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.

Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.

Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.

Cómo trabaja el Bonaparte

Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.

El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.

Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.

El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.

Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.

¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.

La fortaleza de la lucha

Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.

Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.

Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.

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Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”

Publicada

hace 7 días

01/10/2024

El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.

Por Bernardina Rosini

Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.

El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.

Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.

Periodismo en el banquillo

Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.

“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.

En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?

“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.

La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.

“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.

La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión

Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.

Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.

Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.

La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.

La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.

Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.

Gracias.

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Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche

Publicada

hace 1 semana

30/09/2024

Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.

Por Francisco Pandolfi

Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.

“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.

Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.

Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.

La causa (armada)

Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.

En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.

Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

El fallo

En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.

Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.

Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche — *El juicio se desarrolló dentro de un escuadrón de la Gendarmería Nacional.* Foto Alejandra Bartoliche

La farsa actual

Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.

Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.

En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.

Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.

Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.