El pasado jueves 23 de septiembre se impulsó un nuevo episodio para intentar desactivar la impunidad. Sobre la avenida Libertador, en el gigantesco predio antes conocido como ESMA y que es ahora el Espacio Cultural Nuestros Hijos, se realizó el Juicio Ético y Político a los Jueces cómplices de la dictadura. Como se demostró luego, no sólo fueron cómplices, sino partícipes necesarios para la suspensión de derechos y la primacía del estado de sitio.

Hace unos meses fue el turno de los periodistas (ver: Periodismo y dictadura: juicio ético) y más adelante se seguirán juzgando a los sindicalistas y los miembros de la iglesia católica. Lo que parece tratar de demostrar la Asociación Madres de Plaza de Mayo con estos juicios es anunciarnos que una dictadura requiere de un aval civil expreso en el lenguaje y también en el accionar; que no son monstruos sólo los que perpetran los crímenes, sino también quienes los silencian, los apañan o los incitan.
Unos minutos antes de que comience el juicio, se podía ver a Hebe de Bonafini, que está cerca de cumplir ochenta y tres años, contando anécdotas de la época y con toda la energía para desempeñar su papel, el de miembro del tribunal, que no eran tres, sino dos: Hebe y Eduardo Barcesat. Los fiscales fueron Mariana Seró, estudiante de Derecho en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo; y los doctores Hugo Gallardo y Antonio Rojas Salinas. El auditorio estaba lleno; sólo quedaban algunos espacios vacíos en la tribuna del fondo. Todas esas personas sentadas eran el jurado y llevaban un brazalete azul que marcaba a cada uno como «juez».
La lista de imputados

Al comienzo del juicio, las luces se apagaron y el ambiente se volvió un poco más pesado: sobre una pantalla gigante se proyectaron, una por una, fotos de los acusados. Debajo se narraban sus historias profesionales a modo de prueba para la posterior condena. La presentación incluía ruidos de golpes metálicos, sonidos de bebés gimiendo y de aviones que parecían sobrevolar la sala. La larga lista de imputados mencionó, entre otros:
Eduardo Rafael Riggi: Fue nombrado juez en 1978, durante el gobierno de Jorge Rafael Videla. Había llegado a los tribunales siete años antes, con un cargo en el Camarón, la Cámara Federal en lo Penal creada por el gobierno del general Alejandro Agustín Lanusse para «juzgar la actividad subversiva». En 1973, cuando Héctor Cámpora asumió la presidencia, Riggi fue cesanteado. Volvió al poco tiempo, tras ser rebajado al último puesto del escalafón, pero recuperaría posiciones a medida que se acercaba el golpe de Estado. Luego, Menem impulsó personalmente su nombramiento en Casación. Riggi fue acusado de tener buenas relaciones con los militares y ser del Opus Dei. Lo desmintió en estos términos: «No tengo el honor de ser del Opus Dei».
Luis Francisco Miret: La semana pasada fue suspendido en Mendoza por omisiones en las investigaciones de denuncias. «En su condición de juez federal de Mendoza, aseguró la impunidad de los secuestros, torturas, violaciones y otros vejámenes cometidos por las Fuerzas Armadas y de seguridad» desde «los años previos al golpe de Estado instaurado en el año 1976». La afirmación es parte del dictamen que votó la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura. El documento muestra que conocía los lugares de detención y que incluso se entrevistó con un preso después de la sesión de torturas. También se lo acusa de la detención ilegal de una menor, Luz Faingold, y se le cuestiona el archivo de la causa sobre la apropiación de la hija de un matrimonio desaparecido.

Otilio Romano: Fiscal de Mendoza. Organismos de derechos humanos y sobrevivientes del mayor centro clandestino de esa provincia, que funcionó en el Departamento de Informaciones (D2) de la policía, lo denunciaron ante el Consejo de la Magistratura por no investigar denuncias de secuestros, torturas y violaciones, cometidas por miembros de fuerzas de seguridad antes y durante la última dictadura. El escrito destaca el «compromiso ideológico» de Romano «con la persecución sistemática de población civil emprendida por el régimen militar»



Wagner Gustavo Mitchell: La fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, presentó una denuncia contra el actual miembro de Cámara Nacional de Casación. En 1976 era titular del Juzgado Nacional de Instrucción Número 16  y firmó la entrega definitiva del bebé al policía, un mes después del secuestro y desaparición de la madre. Fue también quien ordenó suspender las pruebas de ADN para los supuestos hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble.

Juan Martín Romero Victorica: El fiscal que suele jactarse de sus «cuarenta y siete años en la Justicia» fue denunciado ante la Procuración por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y el abogado Alejo Ramos Padilla por su «parcialidad», que lo lleva a obstaculizar causas que investigan delitos de lesa humanidad. Para defenderse, reiteró que en los ’70, en Argentina, «hubo una guerra», por la que responsabilizó a «marxistas fascistas», algunos de los cuales «están hoy en el poder», y defendió a Jaime Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la dictadura.
Víctor Hermes Brusa: Fue secretario del juez Fernando Mántaras en la provincia de Santa Fe durante la dictadura. Presenció sesiones de tortura, tomó declaraciones en centros clandestinos de detención (Comisaría 4ª de Santa Fe y en la Guardia de Infantería Reforzada (GIR)) y obligó a los detenidos-desaparecidos a firmar testimonios obtenidos en la tortura, amenazándolos.
Pedro Cornelio Federico Hooft: «Actuó en evidente complicidad con el aparato represivo que tenía como epicentro al GADA 601; como principal referente al Coronel Barda y como identificación a la subzona 15»,  consigna la denuncia presentada por organismos de derechos humanos contra este juez marplatense que en marzo de 2009 se resolvió llevar a juicio político.

Norberto Giletta: En tiempos de la dictadura su juzgado fue conocido por el record de rechazo de habeas corpus que presentaban los familiares de desaparecidos.  «Hubo «una guerra subversiva», en la que se cometieron «errores y excesos». El actual proceso de justicia es sólo el producto «del descomunal esfuerzo desarrollado por la izquierda nacional e internacional». «Es la ley del Talión a través de la Justicia». Las afirmaciones pertenecen Giletta, quien así pidió en septiembre de 2009 la absolución de su cliente, el general retirado Jorge Olivera Róvere, imputado por un centenar de privaciones ilegales de la libertad y cuatro homicidios en 1976, cuando era jefe de la subzona militar Capital Federal.

Guillermo Rivarola: Fue el juez que tendría que haberse encargado de investigar la masacre de los sacerdotes palotinos, masacrados en 1976. Cuando el periodista Eduardo Kimel investigó el caso, lo querelló porque afirmó en el artículo la siguiente conclusión sobre su actuación: «La evidencia de que la orden del crimen había partido de la entraña del poder militar paralizó la pesquisa, llevándola a un punto muerto». Kimel fue condenado y su caso fue llevado ante la Comisión de Libertad de Expresión de la OEA. Fue el caso Kimel el que inspiró la derogación de los delitos de calumnias e injurias en el ámbito penal
Luis María Fernández: La abogada del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, denunció que «fue asesor del Ejército durante la dictadura militar del año 1977 a 1992«. En junio, este magistrado querelló a integrantes de organizaciones de derechos humanos que lo cuestionaron durante la lectura de fallo por torturas en la U11. El camarista realizó personalmente la denuncia penal, causa que tramita ante la Fiscalía Nº 3 de Neuquén.  Acusa a Oscar Ragni, integrante de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos de Neuquén y padre de Oscar Ragni, desaparecido en la dictadura; a Héctor Ramírez, padre de Pablo Ramírez, fusilado por la policía neuquina; a Mónica Damicelli, secretaria general de Aten y a Ivana Dal Bianco, abogada del Ceprodh, querellante en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad de la zona.

Guillermo Gordo: Miembro del TOF º5, fue el único juez que absolvió a militares el año pasado, por la causa «Jefes de área».

Luis María Vera Candiotti: El magistrado está imputado en una causa en la que se investiga la supresión de identidad de María Carolina Guallane, que sobrevivió al asesinato de sus padres biológicos a manos de la dictadura, cuando ella era sólo una beba.

Juan Carlos Marchetti: «Muerto el perro se acabo la rabia», le gritó en 1977 el juez de Menores Juan Carlos Marchetti a una pareja de San Nicolás que insistía en preguntar por el destino de Manuel. El niño de seis meses era el único sobreviviente de una masacre perpetrada por militares y policías en la que murieron su madre y la familia Amestoy, incluidas dos criaturas de tres y cinco años, y el magistrado ya lo había encomendado a personas de su confianza. Manuel Gonçalves Granada se crió con un nombre falso, recuperó su identidad en 1995, logró el procesamiento de varios de los asesinos de sus padres y exigió en 2009 que los funcionarios judiciales que consintieron la supresión de su identidad y nada hicieron por devolverlo a su familia rindan cuentas como imputados.

Julio Demetrio Petra: Camarista mendocino que fue recusado de causa que investigan delitos de lesa humanidad por «parcialidad». En su momento, Ángela Urondo, hija del asesinado poeta y periodista Paco Urondo, denunció en una carta pública que ese camarista que debía actuar en la investigación de la desaparición de su madre, «dejó en libertad a todos los represores imputados, otorgándoles el beneficio de prisión domiciliaria (con la amenaza que esto significa para los sobrevivientes) y sus resoluciones, inclusive le permitieron a uno de ellos irse de vacaciones a Mar del Plata, sin importarles que están acusados de delitos gravísimos como: la desaparición de personas, secuestros, torturas y homicidios».

Carlos Pereyra González El abogado puntano José Samper, ante los miembros del Tribunal Oral, aseguró haber escuchado de boca de Pereyra González que «había presenciado una sesión de tortura practicada a Graciela Fiochetti», joven que apareció muerta en las Salinas del Bebedero un par de días después de haber sido secuestrada por efectivos militares de su domicilio en la localidad de La Toma.

Alicia María Di Donato y Alberto Durán: El Espacio Justicia Ya recusó a estos dos miembros de la Sala I de la Cámara de Apelaciones de La Plata, quienes debían resolver una presentación realizada por los querellantes del caso López mediante la cual exigen que la causa sea recaratulada como desaparición forzada de persona. El pedido de recusación se funda en la estrecha relación que existe entre los magistrados y la Policía Bonaerense, sospechosa de la desaparición del testigo clave en el juicio que condenó a cadena perpetua al represor Miguel Etchecolatz.
Nicasio Dibur: Fue juez federal de la última dictadura, luego defensor de militares acusados de crímenes de lesa humanidad y con el menemismo se convirtió, desde 1992, en un hombre influyente dentro del Ministerio de Justicia, tanto que su palabra fue determinante en el nombramiento de los jueces de los noventa. Dibur permaneció en ese ministerio durante todos los gobiernos que siguieron, incluso el de Néstor Kirchner. Su extensa supervivencia como funcionario público terminó recién en 2008.

Abel Bonorino Peró: Durante la dictadura, tenía a su cargo el Juzgado de Sentencia N°2, desde donde rechazaba los hábeas corpus que presentaban familiares de desaparecidos. Fue uno de los jueces que en 2003 ordenó el desalojo de la fábrica recuperada Brukman.
Horacio Enrique Prack: Fue fiscal durante la dictadura militar y hoy es uno de los miembros de la Cámara de San Martín, increpada por los abogados de Justicia Ya por paralizar el «caso Febres». El 10 de diciembre de 2007, cuando estaba por declarar, el represor Héctor Febres apareció muerto en su celda con una gran dosis de cianuro en su cuerpo. De acuerdo con la querella, la investigación se estancó cuando la causa pasó de San Isidro a San Martín: «allí les dictaron falta de mérito a todos los imputados y los acusaron de delitos menores a los prefectos que estaban en la lista de homicidas. De esta manera, esgrimen los querellantes, mataron dos pájaros de un tiro. Dejaron en libertad a los principales acusados y evitaron seguir investigando»hacia arriba en las responsabilidades institucionales».
Néstor Luis Montezanti: Apoderado de la Unión Obrera Metalúrgica desde la década del ’60 y profesor de la UNS desde 1971, a lo largo de su carrera Montezanti defendió y/o asesoró al militante de la Concentración Nacionalista Universitaria Néstor Beroch, al fascista interventor de la UNS Remus Tetu, al dueño de la vida y la muerte de La Escuelita general Adel Vilas y al médico acusado de prestar servicios en ese centro clandestino, Humberto Adalberti. Tiene una nota de agradecimiento del ex general Guillermo Suárez Mason
Justo Rovira: Es titular de la Fiscalía de Instrucción en lo Criminal Nº 7. Su nombre, número de documento y fecha de nacimiento figuran en las listas de agentes del Batallón 601, recientemente desclasificadas.

Alfredo Bisordi: Presidente de la Cámara Nacional de Casación Penal. En sus fallos se ha referido a la ex detenida – desaparecida Graciela Daleo como «delincuente terrorista», y se ha excusado de intervenir en causas de lesa humanidad «dado que se consideraba enemigo manifiesto de los querellantes, varios de ellos representantes de autodenominados organismos defensores de algunos derechos humanos».

Alejandro Máximo Sánchez Freytes Es titular del juzgado Federal N° 2 de Córdoba Capital. Ordenó que se proceda a destruir documentación y expedientes acumulados en su juzgado que comprenden los años que van entre 1968 y 1978.

Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia y Abelardo Rossi, Alejandro Caride, Federico Videla Escalada, Emilio Miguel Daireaux y Elías Guastavino: Integrantes de la Corte Suprema de la dictadura.

Jorge Gabriel García Collins: En febrero de 1986 emitió una orden de prisión preventiva contra la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini por «resistencia a la autoridad y desacato». Fue cuando Hebe reclamó, en el momento de la exhumación, que se investigue a los asesinos de Liliana Pereyra y Alberto Fonseca, desaparecidos en Mar del Plata.
Eduardo Vocos Conesa: Era titular de la Sala II de Apelaciones. Renunció en enero de este año. Se encontraba desde fines de 2009 bajo licencia psiquiátrica por lo que evitó un eventual juicio político. Fue acusado por levantarse contra la democracia luego de reivindicar a través de un obituario publicado en uno de los principales matutinos porteños al ex carapintada Mohamed Alí Seineldín citando frases de Primo Rivera, creador de la Falange Española (organización política que precedió a la dictadura franquista). Mientras era camarista, insultó públicamente a un grupo de familiares de desaparecidos
Guillermo Federico Madueño: Entre 1975 y 1978 fue la pata judicial del terrorismo de Estado en Bahía Blanca. Por las noches visitaba a los jefes del Cuerpo V de Ejército «para hablar secretamente de todo lo que ocurría contra la subversión», según contó el general Adel Vilas. De día, como juez federal, rechazaba los hábeas corpus a favor de desaparecidos y archivaba sin investigar los fusilamientos que los comunicados oficiales publicitaban como enfrentamientos. Fue miembro del Tribunal Oral Federal 5 hasta 2004, cuando se reveló su historia negra y se pidió su juicio político.

Leopoldo José Russo: Fue juez federal de la Plata en tiempos de la dictadura. En los Juicios por la Verdad, un familiar que buscaba a su esposo secuestrado contó que fue a verlo y el magistrado le espetó. «»No siga con las gestiones porque en lugar de uno van a ser dos».

Eduardo Marquardt y Ángel Martínez: La Cámara Federal platense, cuando confirmó los procesamientos a los imputados por los crímenes de la Unidad 9, ordenó desglosar la pesquisa e iniciar una investigación penal contra estos dos jueces federales por serias irregularidades en la muerte de Alberto Pinto.

Martín Anzoátegui: Juez federal durante la dictadura. En 1981 ordenó la detención de las autoridades del Cels. Fue en represalia por la presentación que hizo Augusto Conte en París de un documento que describía detalladamente el funcionamiento del terrorismo de Estado. Allanaron la sede del Cels y se llevaron dos cajas con documentación, una estufa, dos teléfonos, tres máquinas de escribir y un ventilador. «Nos llevaron a Coordinación Federal -recordó en una nota periodística la madre de Plaza de Mayo Carmen Lapacó-. Los que manejaban dijeron: ‘¿A dónde vamos? ¿A la caja o a dónde?’. Nos llevaron a Coordinación Federal. Por suerte, a la semana, nos soltaron.» El mismo día detuvieron en su casa a Emilio Mignone.

Amelia Lidia Berraz de Vidal: Fue denunciada ante el Consejo de la Magistratura por familiares y sobrevivientes del terrorismo de Estado, por obstaculizar las causas sobre los crímenes dictatoriales. Se excusó en las megacausas de derechos humanos por su amistad con uno de los militares imputados

Oscar Hermelo: Fiscal. Trabajó en la ESMA durante la dictadura militar en la dirección de talleres automotores. El represor Alfredo Scilingo lo condecoró por su colaboración con la Marina y denunció en democracia que era un hombre de confianza de la patota y que estaba al tanto de todo lo que pasaba en la ESMA.

Norberto Quantín: Durante la dictadura, el juez Raúl Zaffaroni ordenó la libertad de un detenido a disposición del Poder Ejecutivo. El fiscal Quantín apeló porque el Poder Judicial no puede «inmiscuirse en la esfera política» si la patria sufre una «guerra revolucionaria». La Cámara del Crimen confirmó el fallo de Zaffaroni. Quantín recurrió a la Corte Suprema alegando que el detenido carecía de «posibilidades ciertas y positivas de recuperación para acceder a su reinserción en la sociedad». En 1990 y 2003 aceptó dictaminar en el fuero federal, que no es el suyo, en favor del indulto para procesados y en defensa de las leyes de punto final y de obediencia debida

Rafael Sarmiento: Fue juez federal de Capital Federal hasta 1979 y, como tal, rechazó sistemáticamente los recursos de hábeas corpus presentados por las familias de los desaparecidos.

Luis Rueda. Actual presidente de la Cámara Federal de Córdoba. El ex policía del Departamento de Informaciones (D2) Carlos Yanicelli lo acusó en julio de este año de trabajar «para los servicios de inteligencia» durante la dictadura. El ex policía dijo que Rueda, trabajó «como pinche para los servicios de inteligencia» militar cuando ocupaba el cargo de escribiente (auxiliar) de la justicia cordobesa. Además, mostró una foto en la que supuestamente aparece el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones en una reunión con autoridades del Servicio Inteligencia de la Aeronáutica (SIA) en la dictadura.
Cuando terminó la presentación el ruido de los aviones continuaba.
Los testigos

Fueron seis los testigos que subieron al estrado a dar testimonio. El primero fue Roberto Bergalli, quien vino especialmente de Europa para declarar. Había sido encarcelado durante el año 76′ y todavía no sabe por qué. En la facultad había compartido las clases con Julio Strassera -quien fuera luego fiscal en el Juicio a las Juntas- y también con Andrés D’Allesio, secretario de la Corte de Videla, quien recibía las peticiones para aceptar o rechazar los habeas corpus. Cuando estuvo preso, su ex -compañero propuso que su habeas corpus fuera desestimado. Bergalli dirá luego: «No se puede denunciar nada con un Poder Judicial cómplice», y «la prisión es un hierro candente sobre la carne y la memoria de cada uno».
El testimonio de Bergalli se robó los últimos momentos de la tarde, y cuando Enrique Arias Gibert, Juez Nacional del Trabajo, subió los escalones que lo separaban del escenario, ya era de noche.  Dijo: «Este proceso de genocidio tuvo un objetivo racional: destruir el movimiento popular.»
Y también: «Los criminales que recorrían las cámaras empresarias y los despachos, que sabían perfectamente que derogar el derecho de huelga o derogar los convenios colectivos de trabajo, no era una medida necesaria frente a un estado de cosas, sino el objetivo real que se buscaba mediante este estado de cosas. Esto es el avasallamiento de los derechos de los trabajadores para que los dueños del país sigan siendo los dueños del país».
Alicia Oliveira, abogada, mencionó a Mario Penna, quien siendo Presidente de la Cámara del Crimen, avalaba que algunas patotas entren a los juzgados para detener investigaciones, aniquilando gente y llevándola luego a la morgue de su propia Cámara. Lo más notable fue su comentario sobre las Madres: ella las veía caminar llorando porque no sabían cómo hacer los habeas corpus, y los abogados se quitaban el peso de encima queriéndolos cobrar muy caros; tanto, que una madre no lo podía pagar para saber dónde estaba su hijo.
Carlos Zamorano fue quizás el testigo más lúcido, mezclando humor con frases terribles. Contaba, riéndose, que él pasó seis años preso a causa de un decreto, y que en ese momento lo único que él sabía era que la duración de su arresto dependía de la perpetuación del Estado de Sitio. Pasó por ocho cárceles, recorrió 8.000 kilómetros por el aire sin saber a dónde lo llevaban. Fue rehén de una de las prisiones de Córdoba y recordó cómo a uno de sus compañeros, que pertenecía al ERP, lo ejecutaron. En el 80′ a Zamorano – que es ahora abogado de la Liga Argentina de los Derechos del Hombre- lo liberaron. Ahora dice: «Esos ministros de la Corte establecieron una doctrina reaccionaria». Mientras habla y recuerda, en la sala hay un buen clima. Con sus palabras logró que el síntoma de la risa le gane a la indignación moral.
La quinta en subir al estrado fue Mirta Mántaras, abogada especialista en derechos humanos. Sus comentarios refirieron sobre una «familia judicial»: esto significa que hay, a lo largo de todo el país, apellidos que se repiten y se renuevan mientras pasan los años, que forman un estamento mafioso, el judicial, que se pretende noble y está corrupto. En su seno hay un juego de acomodamientos y favores, toda una serie de condescendencias que perpetúan el poder en relación a una familia. Dijo: «Anteriormente – a la dictadura- no eran un Poder muy respetable, pero los jueces conservaban cierta vergüenza.»
Julio Piumato fue el último testigo. Abogado y Secretario de Derechos Humanos de la CGT. Un fragmento de sus palabras: «Uno puede ver la forma en que han trabajado analizando toda la jurisprudencia de la época de la dictadura: en el fuero del trabajo, cómo avanzaron sobre las conquistas obreras. Sí hubo, a mi juicio, una complicidad sistemática». «La preocupación nuestra no es solamente historiar lo que pasó en la dictadura, si no cuánto de eso hoy sigue vigente en el Poder Judicial. Nosotros vemos que la ideología de la dictadura militar, sigue estando representada por los sectores más retrógrados. Los jueces fueron cómplices históricamente de esos sectores que siempre detentaron el poder económico en Argentina.»
La conclusión

Luego de escuchar a los testigos, la Fiscalía tomó la voz. Estos son algunas de las frases más contundentes:
«Se los acusa de seguir siendo cómplices, generando impunidad en los procesos que se siguen por los crímenes de lesa humanidad. Y por ello de ser partícipes necesarios del delito de genocidio.»
«No fueron simplemente partícipes secundarios en el avasallamiento de los derechos de la población argentina, en la desaparición de los compañeros sino que fueron un engranaje concreto y directo y fueron la dictadura misma. Ellos fueron, al igual que los militares, la dictadura.»
«Consideraron razonable la vigencia del estado de sitio por casi nueve años; se aceptó la validez de actas de defunción emitidos por médicos policiales que hablaban de muertos en enfrentamientos evitando las autopsias que revelaban que habían sido fusilados; aceptaron la vigencia de normas dictadas por un engendro del Poder Legislativo como fue la CAL, la Comisión de Asesoramiento Legislativo que además derogó leyes de orden público que tienen a resguardar los derechos del trabajador.
Han violentado el principio constitucional de conocer para decidir y el principio que los obliga a afianzar la Justicia. Fueron partícipes del Estado terrorista porque fueron un engranaje necesario para la impunidad.»
Después de semejante acusación, con dos horas y media de alegatos interminables sobre la negligencia, la complicidad, y las muestras de cooperación, el llamado para la defensa fue un paso simbólico.
Quizás acá, en el invisible banquillo acusatorio, falten muchos nombres, y esto sólo sea una pequeña muestra de lo que hay que mirar, como claves que revelan una época. Personas que por omisión o por accionar ilícito prefirieron olvidar aquello por lo que habían jurado, demostraron que pueden ser vasallos de un régimen que quiso desarticular todo mecanismo de justicia, y que quiso adormecer todo aquello que estos hombres y mujeres, hoy imputados simbólicamente, habían estudiado.
Traicioneros del común acuerdo de su oficio, conspiradores de sí mismos, hoy encuentran una justicia que no olvida y que por un grito unánime los convirtió en culpables