Por primera vez en su historia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable a un Estado por la violación a las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias. Es por el caso de Victorio Spoltore, un italiano radicado en Argentina que sufrió dos infartos cuando era empleado de una empresa textil que se negó a pagarle la indemnización. La lucha de Victorio lo llevó por la desidia de la justicia laboral argentina durante 12 años hasta que decidió accionar en tribunales internacionales: la sentencia conocida en junio tardó otros 20 años.  Spoltore murió en 2012, sin conocer este fallo que sienta precedente en toda la región. Qué dice el abogado que acompañó el proceso. Y el recuerdo de su hija, en diálogo con la Agencia lavaca: “Se hizo justicia”. El fallo completo de la Corte.

La historia dice que Victorio Spoltore llegó al país de Italia a los 8 años, fue lustrabotas, luego sastre, formó y crió su familia en Munro, y en 1963 empezó a trabajar en la fábrica de carpas y camperas Cacique Camping S.A, donde llegó a ocupar el cargo de capataz, y la convirtió –como solía suceder– en casi una extensión más de su casa.

Pero el 17 de mayo de 1984, Victorio sufrió un infarto de miocardio mientras trabajaba y perdió el 40% de su capacidad laboral, según la constatación médica. Aún en fase de rehabilitación, fue presionado para volver al trabajo con las mismas responsabilidades. Victorio llevaba 24 años en esa empresa y lo estaban obligando a renunciar para evitar tener que pagarle la indemnización.

Victorio siguió trabajando.

Seis meses después, sufrió un segundo infarto durante el trabajo, y su incapacidad aumentó al 70%. En 1987 dejó de trabajar, a sus 50 años, y empezó a percibir una pensión. Un año después presentó una demanda laboral “por indemnización emergente de enfermedad profesional”, que tuvo sentencia recién nueve años después, en 1997: el tribunal rechazó su petición.

Victorio apeló a la Suprema Corte bonaerense por la “demora y negligencia” en el proceso por parte de los jueces. La Suprema Corte las constató, pero concluyó planteando que por el “cúmulo de tareas imperantes en el Tribunal” solo cabía un llamado de atención a la secretaria por la demora en los trámites.

El Estado condenado

Victorio no se dio por vencido, y tras los sucesivos rechazos, inició una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La respuesta que no encontraba en el poder judicial argentino, la buscó en el sistema interamericano.

En ese ámbito continuó la peripecia que no está escrita en ningún libro de ficción, sino en un histórico fallo que la Corte IDH dictó el 9 de junio de este año, y condenó al Estado argentino por:

• la violación de los derechos a las garantías judiciales,
• a la protección judicial,
• y al derecho a las condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador, en relación al acceso a la justicia.

Es la primera vez en la historia que la Corte declara “internacionalmente responsable” a un Estado por la violación de estos derechos.

“Se hizo justicia”, dice a lavaca Liliana Spoltore, hija de Victorio, que continuó el proceso en los últimos años. “Llegar a este punto fue como un sueño. Se hizo realidad toda la lucha de todos estos años. Y va más allá de lo económico, porque es este fallo fue como decirle: ‘Viejo, vos tenías razón’”.

Victorio Spoltore no llegó a ver el fruto de esa lucha: murió el 29 de enero de 2012.

La injusticia

La familia Spoltore continuó la petición ante la CIDH junto al Colectivo de Derechos Humanos Yopoi. Uno de sus integrantes es el abogado Marcos Filardi, especializado en derechos humanos y soberanía alimentaria. “La petición ante la Comisión demandó 20 años en resolver el caso”, cuenta a lavaca. “Por un lado, Victorio acusa al Estado argentino en demorar 12 años un juicio interno, y se encuentra con que el órgano internacional que debe dar protección tarda 20 años. Él lleva todo el proceso solo. Hizo 12 presentaciones a lo largo de todo este tiempo, escritas a máquina por su hija Liliana, porque él no sabía escribir. Victorio muere en 2012, y el informe de fondo llega en 2017”.

Ese trayecto quedó plasmado en la Corte IDH, que estableció:

• El derecho a condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que aseguren la salud del trabajador es un derecho protegido por el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entre ellas, se encuentra “la prevención de accidentes y enfermedades profesionales” como medio para garantizar la salud del trabajador.
• Los Estados, entre otras obligaciones, deben asegurar que los trabajadores afectados por un accidente o enfermedad profesional prevenible tengan acceso a mecanismos adecuados de reclamo, como los tribunales, para solicitar una reparación o indemnización.
• El Estado reconoció que la duración excesiva implicó una violación a la garantía del plazo razonable y el derecho a la protección judicial.

Por ese motivo, la Corte ordenó pagar las cantidades fijadas en la sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, que superan los 30.000 dólares.

Filardi subraya la importancia histórica de la sentencia: “Los fallos de la Corte son obligatorios para el Estado y en este caso se sienta una jurisprudencia para el resto de los Estados parte de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, tiene proyecciones que van más allá de la Argentina. Presentamos un caso testigo de una situación estructural en una cantidad muy importante de países, señalando que el transcurso del tiempo perjudica al trabajador. Hay un diseño: cuanto más se prolongue el proceso más pierde el trabajador, porque es la parte más débil. Allí el Estado debería imprimir celeridad”.

El abogado resalta qué ocurre cuando capital y trabajo se encuentran en los tribunales: “Esa justicia debiera ser rápida para tutelar a la parte más débil. Pero estos plazos, lo que hacen, es perjudicarlo estructuralmente, lo cual hace que prefiera arreglar antes porque los juicios son muy largos. Este fallo también es un homenaje para Victorio, ese trabajador textil que por su perseverancia hizo justicia por todos y no solo por él”.

Filardi también lo proyecta a escala de salud y cuestiones socioambientales: “Es absolutamente importante el fallo para reclamar el derecho a la salud. Pensemos en Fabián Tomassi (trabajador agrícola, cuyo cuerpo fue testimonio de lo que provocan los agrotóxicos en la salud) o en los docentes de las escuelas rurales en Entre Ríos, que fruto de sus trabajos ven menoscabada su salud. Esta sentencia revela que pueden hacer valer sus derechos en el sistema interamericano de protección de derechos humanos”.

Tiempos fatales

Liliana Spoltore trabaja hoy en una inmobiliria, y recuerda los años en los que su papá empezó la lucha. “Fueron tiempos fatales. Muchas irregularidades hubo en todo el juicio. Por eso demoró tanto tiempo. Y la indignación que le agarró cuando en la Suprema Corte le dijeron que tenía razón, pero ya estaba. Y no: el fallo demuestra que era así. Además, no fueron buenos esos años. Mi papá cambió mucho”.

Liliana recuerda que el segundo infarto lo tuvo a los seis meses del primero. “Tenía un año de licencia, pero retomó a los seis meses presionado para que volviera a trabajar”. Cuenta que de chica iba a jugar a la empresa, de donde entraba y salía como si fuera su casa. Las amigas de la mamá, que también trabajaba en Cacique, la conocen desde el embarazo. Por eso, el sufrimiento de su papá después de tantos años de trabajo no reconocido. “La lucha ya no era sólo económica. Era por otra cosa”.

-¿Por qué era?

-Por la injusticia. Ese fue el motor. Por eso, más que los 32 años que pasaron, se pudo lograr lo que era su bandera de batalla. Y es histórico. Se hizo justicia para que no le pase lo mismo a otras personas.  

El fallo completo