Nota
La conexión Odebrecht
Para entender el escándalo de sobornos y lavado de dinero que atraviesa a 12 países de América Latina, entre ellos Argentina. Por Pablo Pozzolo para Brecha.
El símbolo fue una rata con una banda presidencial cruzándole el pecho. El bicho (un muñeco gigante) saltaba mientras la gente lo golpeaba. “A la cárcel los presidentes corruptos”, gritaban los manifestantes reunidos en Lima el sábado 18. Eran miles y miles, convocados por organizaciones de izquierda, movimientos sociales, sindicatos, grupos estudiantiles. El motivo de la Marcha Anticorrupción, que recorrió el centro de la capital peruana y culminó en el Palacio de Justicia, fue el “megaescándalo Odebrecht”. Perú es –después de Brasil, de donde todo partió, además de Venezuela y Dominicana– uno de los países latinoamericanos donde más lejos llegó la constructora brasileña en el pago de sobornos a dirigentes políticos de distinto pelo con el fin de obtener contratos de obra pública. Y el país en que el escándalo ha tenido más consecuencias políticas.
No se sabe con exactitud cuántas decenas de millones de dólares destinó a ese fin la translatina brasileña en el país andino, pero sí se sabe que bajo la administración de Alejandro Toledo fueron al menos 20. Y también pagó sus buenos sobornos durante el gobierno de Ollanta Humala, y tal vez en el de Alan García. La Fiscalía General de Perú emitió una orden internacional de detención contra Toledo. Se supone que está en San Francisco, Estados Unidos, donde tiene residencia. El actual presidente, Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Economía y presidía el Consejo de Ministros cuando Toledo gobernaba, dijo que nada sabía de los sobornos, pero en la marcha del sábado pasado la rata era golpeada por manifestantes que coreaban su nombre entre los de otros políticos corruptos a los que había que mandar a la cárcel. Manifestantes interrogados por la prensa peruana recordaron que el Consejo de Ministros presidido por el actual jefe de Estado fue el que aprobó conceder a Odebrecht la construcción de una carretera a pesar de la opinión contraria de los organismos estatales de contralor.
En la manifestación, uno de los ex presidentes más aludidos era Alan García. El ex dirigente del Apra regresó a Perú la semana pasada para declarar como testigo en el proceso Odebrecht. Uno de sus viceministros está acusado de recibir sobornos de la compañía brasileña para la construcción de una línea del metro capitalino, y se investiga la concesión de un gasoducto a la misma empresa, una obra iniciada durante su gestión y culminada bajo la de Ollanta Humala. También García dice que él nada tuvo que ver, pero la fiscalía no le cree. Humala es otro que niega tener algo que ver con las coimas que pagó Odebrecht por el gasoducto (declaró un día después que García), pero su esposa, Nadine Heredia, es investigada por la fiscalía por ese caso y hay indicios de que Odebrecht entregó 3 millones de dólares a la campaña de este ex presidente que comenzó coqueteando con la izquierda y terminó su gestión gobernando con y para los empresarios.
El viernes 17 la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria decidió embargar en unos 80 millones de dólares a Odebrecht y a otras siete empresas brasileñas (entre ellas las constructoras Camargo Corrêa y Oas). Se les congelaron las cuentas bancarias, sus bienes inmuebles y vehículos.
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Además de Perú, figuran en la conexión Odebrecht Antigua y Barbuda, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Portugal, República Dominicana y Venezuela. Y por supuesto Brasil, donde el escándalo comenzó a ser destapado en 2014 con la Operación Lava Jato, que puso al descubierto una gigantesca trama de lavado de dinero en la que aparecen implicadas la estatal Petrobras y las principales empresas contratistas de obras del país, entre ellas Odebrecht.
Delegados de las fiscalías de los 15 países involucrados se reu-nieron la semana pasada a puertas cerradas en Brasilia para “poner a punto una investigación regional sobre el caso”. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Odebrecht habría pagado en esos 15 países al menos 788 millones de dólares en sobornos entre 2002 y 2016. En diciembre pasado la fiscalía estadounidense le abrió una investigación a la brasileña en aplicación del Acta de Prácticas Corruptas en el Extranjero, que permite sancionar a empresas que operan en el país y hayan cometido delitos fuera de fronteras. Odebrecht admitió los hechos y fue condenada a desembolsar 3.500 millones de dólares en Estados Unidos.
El sistema de delaciones premiadas instaurado por la justicia brasileña, por el cual quienes colaboran en el esclarecimiento de delitos de este tipo ven reducidas sus penas, hizo que 77 ejecutivos de Odebrecht (comenzando por su ex presidente y propietario, Marcelo Odebrecht, condenado en principio a 19 años de prisión) –y de otras empresas– hablaran a troche y moche. En Brasil fueron salpicados políticos y gobernantes de casi todos los partidos, sobre todo del Partido Progresista, pero también del PT, el Psdb y del Pmdb.
En Colombia aparecen manchados tanto el actual presidente, Juan Manuel Santos, como el anterior, el ultraderechista Álvaro Uribe. Odebrecht habría contribuido con un millón de dólares a la campaña del primero, y un viceministro de Uribe está preso acusado de haber recibido coimas de la constructora brasileña. Óscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático (de Uribe) en las últimas presidenciales, también habría sido mencionado por Marcelo Odebrecht entre los políticos de rango alto e intermedio que recibieron dinero de su empresa a cambio de favores.
En Panamá el gobierno presentó el lunes 20 una querella criminal contra la firma para recuperar el dinero que ésta pagó en sobornos, que habría totalizado unos 59 millones de dólares en el período 2009-2014, coincidente con la presidencia de Ricardo Martinelli. La justicia suiza congeló las cuentas (22 millones de dólares) de dos de los hijos del ex presidente. También se investiga a un hermano de Martinelli, a un ex ministro, y a casi una veintena de políticos, funcionarios y empresarios. Odebrecht es la principal constructora establecida en Panamá (se hizo cargo de una línea del metro, de la autopista Ciudad de Panamá-Colón, de la remodelación urbanística de Colón, de un paseo marítimo). En enero hubo en el país una gigantesca marcha anticorrupción que algunos analistas llamaron “marcha anti Odebrecht”. Los manifestantes pidieron que se expulse a la empresa brasileña, y que se investigue también al actual gobierno del empresario Juan Carlos Varela. Varela fue vice de Martinelli durante todo su período de gestión y su canciller hasta 2011, cuando rompieron relaciones.
En Guatemala los sobornos pagados por Odebrecht entre 2012 y 2015 llegarían a 18 millones de dólares. La red de corrupción está siendo investigada por la fiscalía y la Comisión Internacional contra la Corrupción, dependiente de las Naciones Unidas.
En República Dominicana, a fines de enero más de 20 organizaciones sociales organizaron una marcha que reunió a decenas de miles de personas. Los manifestantes pedían “el fin de la impunidad en el caso Odebrecht” y estaban vestidos de verde, un color que no identifica a ningún partido político nacional. La empresa brasileña admitió haber repartido unos 92 millones de dólares en coimas a funcionarios dominicanos de distinto rango entre 2000 y 2012, y se comprometió a pagar al fisco unos 182 millones. Pero los partidos de oposición piden que sean encarcelados sus representantes y los gobernantes y políticos que recibieron las coimas.
Venezuela compite con Dominicana por el segundo puesto en montos de sobornos pagados por Odebrecht: entre 90 y 98 millones de dólares por 32 obras que costaron unos 11.000 millones de dólares, según la Ong Transparencia Venezuela. La primera orden de detención en el país se emitió a fines de enero, contra una persona no identificada. Un fiscal venezolano podría interrogar a Marcelo Odebrecht en la cárcel, si la justicia brasileña lo acepta.
En Ecuador, los sobornos pagados habrían alcanzado alrededor de 33 millones de dólares. Un ex ministro de Rafael Correa cayó por este asunto, y los analistas coinciden en que el caso Odebrecht, y los de corrupción en general, jugaron un papel no desdeñable en la elección del domingo pasado.
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Según el fiscal del área internacional de la Operación Lava Jato, Vladimir Aras, las investigaciones van a durar “uno o dos años más”. “Si contamos con la independencia y la autonomía de los ministerios públicos de la región es posible esperar que revelen otros esquemas corruptos paralelos a aquellos actos ilícitos que habrían sido practicados por empresas brasileñas, sobre todo constructoras, en otros países”, dijo Aras el lunes 20 a la agencia Afp. El fiscal admitió que políticos y gobernantes intentarán protegerse, como ya se vio en el propio Brasil, donde el Congreso aprobó una ley de autoamnistía antes de que los “delatores premiados” de Odebrecht se sentaran a hablar. “En otros países es posible que haya reac-ciones semejantes, y sabemos que en Angola ya se aprobó una legislación que en cierto modo amnistía conductas ilícitas que fueron practicadas”, apuntó.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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