Nota
Recuperadas en peligro: desalojo a Acoplados del Oeste y la amenaza al BAUEN
Los trabajadores de Acoplados del Oeste fueron desalojados con un megaoperativo policial que combinó más de 600 efectivos de Infantería, Policía Bonaerense y Policía local. La medida cayó a semanas del vencimiento de la quiebra de los ex dueños, y en sintonía con la orden de desalojo al Hotel BAUEN. Las historias de estas recuperadas distan de años, pero su historia reciente es similar: lograron poner en funcionamiento los proyectos y hasta conquistaron leyes de expropiación que el Presidente y la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal vetaron. El BAUEN se prepara para resistir una nueva orden de desalojo, y los trabajadores de Acoplados del Oeste volvieron a la calle: “Vamos a resistir acá afuera, como en los comienzos”.
Las narices de pasajeras y pasajeros se pegan a las ventanas del colectivo 506 en Merlo cuando el vehículo se interna en la ruta 200 camino hacia Marcos Paz: una hilera de camiones de Infantería y Policía Bonaenerense cercan las 15 hectáreas de la metalúrgica Acoplados del Oeste (ADO) – ex Petinari-, fábrica recuperada por más de 100 trabajadores en 2015. Dentro del predio se observan efectivos de la Policía local y hasta policía montada.
Una orden de desalojo del Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de Morón, a cargo del juez Ricardo Fraga, se desplegó con un megaoperativo durante la madrugada del viernes para restituir la posesión de la empresa a la firma Pedro Petinari e Hijos S.A, a quien los trabajadores vienen denunciando desde hace dos años por el vaciamiento de la fábrica, los despidos y salarios impagos. El inusitado despliegue policial (en total, desde las 5 de la madrugada, desfilaron allí más de 600 efectivos) se produjo entre las 5 y las 6 de la mañana y no dejó ingresar a los obreros a sus fuentes de trabajo. “Llama la atención la cantidad de policías: es algo nunca visto. Pareciera que acá hubo una decisión política”, dijo a lavaca Luis Becerra, uno de los trabajadores de ADO.
La cooperativa, que ya había sufrido otros desalojos, había puesto la empresa en funcionamiento y había conquistado una ley de expropiación votada hasta por funcionarios de la alianza Cambiemos en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense, pero la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó. La amenaza de desalojo no tardó en caer, pero la cooperativa logró frenarla por 90 días que luego se prorrogaron. Una vez caída, la orden de desalojo (“orden de lanzamiento”, según el amigable léxico judicial bonaerense) que databa del 5 de mayo de 2016, se concretó este viernes.
“Ni en un Boca-River se ve semejante operativo”, dice Luis Coronado, uno de los abogados de los trabajadores. “Claro que vamos a apelar y posiblemente la Cámara de Apelaciones dé marcha atrás con esta orden, pero lo que me preocupa es quién está mandando semejante mensaje con este ejército en la calle. Que no nos deje llamar la atención: esto es un megamensaje. La primera pregunta es si esto es para el movimiento de fábricas recuperadas. Que yo recuerde nunca se vio un operativo de estas características en una fábrica recuperada. Recordemos que esta semana se conoció la fecha del desalojo del Bauen para el 14 de abril. ¿Qué quiere decir esto?”.
De Merlo a Capital
El desalojo motivó una fuerte repercusión en redes sociales que expresó el arco social y territorial en el que se sustenta Acoplados del Oeste: vecinos, partidos políticos, movimientos sociales y sindicatos como Curtidores, ATILRA (lecheros), SATSAID (televisión y comunicaciones), ATE y CTA, entre otros, se movilizaron en apoyo hasta la planta, ubicada en Ricardo Balbín 2951. También estaba Francisco Manteca Martínez, trabajador de la recuperada Textiles Pigüé. Desde la ruta, colectiveros, camioneros y automovilistas hacían sonar sus bocinas y pedían a gritos:
-¡No aflojen!
Ese grito se expresa en la historia de los trabajadores: les adeudaron salarios, les incumplieron aguinaldos, los echaron, los dejaron en la ruta, tomaron, pusieron la fábrica a producir, los desalojaron, volvieron a tomar y formaron una cooperativa para mantener las fuentes de trabajo.
Desde ese abrazo y esa historia, Fabián Malacalza, obrero, detalla qué ocurrió: “Nos enteramos ayer que podría haber un desalojo ya que hubo una movida extraña. Cerca de las 15 cayó un móvil de Infantería con dos oficiales, uno de civil y otro sacando fotos. Le preguntamos qué estaba haciendo y nos dijeron que los habían mandado de La Plata porque había un conflicto con la empresa. Empezamos a sospechar. Llamamos a diputados y nos dijeron que no había ninguna orden, que nos quedemos tranquilos. Nosotros teníamos, además, un lugar en la planta para la Municipalidad de Merlo porque ellos tenían una delegación rota. A las 11 de la noche vinieron a sacar todas sus pertenencias. No nos dijeron por qué. Más sospechas: nos quedamos en la fábrica unos 50 compañeros hasta las 4 de la mañana. Ahí pensamos finalmente que no iba a haber desalojo y nos fuimos. Minutos después cayeron todos. Había mil policías, la fábrica totalmente tomada y luego nos noticiamos que los exdueños cayeron y habían entrado a la planta”.
A Malacalza le llama la atención la actitud municipal. “Estábamos trabajando para ellos, construyendo refugios y paradas de colectivos. ¿Y no nos dicen nada?”. Jorge Gutiérrez, presidente de la cooperativa, cuenta luego de una reunión con el secretario de Gobierno del Municipio, Gustavo Soos. “Nos dijeron que ellos pensaron que nosotros sabíamos”.
Alejandro Vallejos, 56 años, que trabaja en seguridad los fines de semana y feriados, se enteró porque le avisó su sobrino al ver el despliegue policial: “Fue todo sorpresivo, pero es lo que está pasando en el país: fijate los despidos, las suspensiones y la amenaza de desalojo en el Bauen. Es una incertidumbre. Mi familia hace años que me está bancando pero muchos compañeros se separaron. Los dueños ofrecieron indemnizarnos. Yo no quiero nada. Además, no me sirve: trabajé 13 años y, con la edad que tengo, ya no me toma nadie”.
La referencia al Hotel Bauen, símbolo de las empresas recuperadas en Argentina, se replicó desde la calle en cada uno de los trabajadores. La cooperativa sufrió el veto del Presidente Mauricio Macri a la ley de expropiación que habían conseguido en el Congreso nacional. Ahora la jueza Paula Hualde, al frente del Juzgado Comercial N°9, Secretaría 18, dispuso la restitución del inmueble de la Avenida Callao 360 a la empresa Mercoteles, con un plazo tope “el día 14/4”.
Federico Tonarelli, vicepresidente de la cooperativa y presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (FACTA), dice a lavaca: “Lo de Acoplados es como el ensayo de lo que puede suceder acá. Estamos intentando acelerar los trámites en el Congreso para ver si llegamos a votar de vuelta la ley. También estamos pensando algunas acciones. Por eso, convocamos a todas las organizaciones el jueves 9 de marzo a las 18 en el hotel para pensar juntos cómo seguir”.
Seguir de pie
Un dato: el desalojo de Acoplados del Oeste llega a dos semanas del vencimiento de la quiebra de los exdueños de Pedro Petinari e Hijos. Gutiérrez: “Creo que nos favorece porque estamos a 14 días de la resolución del juez de concurso. Hoy lo que se ve es que la empresa no tiene la intención de pagar”. Coronado: “Por más que en un concurso llegues a un acuerdo con los acreedores comunes, si no llegás a uno con los trabajadores tu empresa va a la quiebra. Por eso lo que ocurrió es un sinsentido: echás a los que legalmente tienen la chance de la tenencia”.
Gutiérrez: “Volveremos a resistir acá afuera, como en los principios. No nos vamos a mover. Además estamos tratando de hablar con los ministros de Trabajo (Marcelo Villegas) y de Seguridad (Cristian Ritondo), ya que incumplieron su promesa: ellos se habían comprometido a que no nos iban a desalojar. Queremos una explicación: qué pasó”. Malacalza: “Es muy duro lo que están haciendo. Estábamos trabajando, generando confianza en los clientes. ADO es una cooperativa legitimada, legalmente constituida. Es el último manotazo de ahogado que pueden hacer”.
José Luis Miño, 50 años, casado, cuatro hijos: “La realidad es que somos 70 trabajadores. Eso quiere decir que somos 70 tipos que queremos trabajar. Y hay que mantener este monstruo: Petinari estuvo en los mejores puestos del ranking nacional en su momento. Y ellos tienen una deuda muy grande con nosotros. Son dos años de pelea, de aguante. Sólo estamos reclamando lo que es nuestro. Nosotros armamos de cero carrocerías, acoplados, conteiners. Los tenemos en la cabeza porque nosotros somos los planos. Yo hace 11 años que estoy. Hay gente que más. Imaginate que si nos vamos, ¿cómo van a hacer para poner esto a trabajar? El eje del equipo somos nosotros”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
Nota
Comenzó un vergonzoso juicio a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: “La condena está escrita de antemano”
El gobierno nacional – con Patricia Bullrich como figura estelar de la persecución mapuche- vuelve a la caza de la comunidad que supo iniciar un proceso de recuperación de tierras en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Barrido un acuerdo preexistente entre el Estado y la Lafken Winkul Mapu, que había sido homologado por la justicia, impulsa un juicio que comenzó hoy para condenar por “usurpación” a siete mujeres. Increíblemente, o no, el proceso ocurre dentro de un cuartel de Gendarmería, fuerza que hoy montó un show para amedrentar a las mujeres, sin lograrlo: en esta nota, las imágenes del vergonzoso operativo, y de la dignidad mapuche. “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano”, asegura a lavaca uno de los defensores de la comunidad . “Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. El recuerdo de Rafael Nahuel, y el genocidio que continúa.
Por Francisco Pandolfi. Foto de portada: Eugenia Neme. Fotos de la audiencia de hoy: Alejandra Bartoliche
Foto: Alejandra Bartoliche
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado.
Los efectivos de Gendarmería empiezan a llegar a raudales, por dos motivos concretos.
1-El lugar: el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
2-El contexto: hoy comenzó el juicio oral contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la usurpación de un predio en Villa Mascardi.
La conexión entre el punto 1 y el 2, aunque sorprenda, es que efectivamente el juicio se desarrolla dentro del cuartel de Gendarmería.
El por qué de la decisión se impone como pregunta.
La respuesta de las autoridades: “Por seguridad”.
No hay que ser muy observador para notar la desproporción de las fuerzas esta mañana, en la antesala del inicio de la primera audiencia: decenas de gendarmes, por un lado. Por el otro, las siete mujeres acusadas de la comunidad.
Antes de comenzar el juicio, Gustavo Franquet, de la Gremial de Abogados y Abogadas que defienden a las personas imputadas, le dice a lavaca: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”.
Las otras dos audiencias que conforman al Juicio Oral serán mañana viernes y el lunes 30. No serán en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, como dice la transmisión online por donde se puede ver lo que pasa en la sala.
Serán, también, en el Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional.
Foto: Alejandra Bartoliche
El contexto
Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan, Gonzalo Coña y Betiana Colhuan son integrantes de de la Lof Lafken Winkul Mapu y están acusadas de usurpar un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi en septiembre de 2017. En ese proceso fue asesinado Rafael Nahuel, uno de los integrantes de la comunidad: el 25 de noviembre tras un disparo por la espalda de un efectivo del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión (https://lavaca.org/notas/crimen-de-rafael-nahuel-condenan-a-los-prefectos-a-4-y-5-anos-de-prision-pero-la-familia-apelara/).
La comunidad mapuche no la llama usurpación, sino recuperación. Y plantea que aquella recuperación “fue parte de una reivindicación ancestral”.
Lavaca viajó al lugar y entrevistó a estas mujeres, quienes narraron largamente cómo este proceso es una reivindicación ancestral basada en el reconocimiento del Rewe.
El Rewe es un altar, un sitio sagrado de conexión con otras energías en donde la Machi, guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche, se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu. La Machi se llama Betiana Colhuan Nahuel y desde su Rewe atendía a quien fuera a curarse. Ella era una de las acusadas, pero hoy fue absuelta porque era menor (16 años) al momento del hecho.
La causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional, que barrió un acuerdo preexistente que sí reconocía el Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Foto: Alejandra Bartoliche
El comienzo del juicio oral
En la puerta del Escuadrón 34 de Gendarmería, a la salida de la primera audiencia –que se extendió hasta pasadas las seis de la tarde–, el abogado defensor Gustavo Franquet le cuenta a lavaca: “Lo fundamental de hoy fue, que en el momento de las excepciones, de la parte preliminar al juicio, la defensora de la Niñez que intervino de oficio pidió que se sacara a la Machi Betiana de la causa por haber sido menor de edad”. La fiscalía y el juez Hugo Greca estuvieron de acuerdo.
La mayoría de las declaraciones de hoy fueron de policías federales que intervinieron en el operativo de desalojo. “Y al final estuvo el plato fuerte –dice Franquet–, porque declaró el que era intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Damián Mujica, quien hizo la denuncia contra la comunidad. En la audiencia de hoy quedó claro que desde el primer momento la intencionalidad del Parque fue criminalizar a la comunidad, porque en vez de dialogar con ella como plantea su reglamento interno, hicieron la denuncia penal y la fiscalía ordenó el desalojo violento, que luego terminó con el asesinato de Rafael Nahuel”.
Franquet hace un silencio y cuenta: “Hoy Mujica dijo dos o tres veces que Rafael Nahuel falleció y no: a Rafael Nahuel lo asesinaron”.
¿Cómo sigue el juicio? Mañana, en la segunda audiencia, seguirán declarando los testigos y si hay tiempo empezarán los testimonios de las personas imputadas. Para el lunes están previstas las últimas testificaciones, los alegatos y, tras un cuarto intermedio, el juez dará la sentencia.
Cierra Franquet: “Más allá de lo que dictaminen, de ninguna manera ocurrió una usurpación y hay pruebas de esto. No fue una usurpación: fue una recuperación ancestral”.
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