Nota
La cultura está de pie

¿Por qué está en peligro la cultura? De ser aprobada, la Ley Ómnibus pasará por encima muchas de las conquistas que el sector cultural ha luchado por conseguir en las últimas décadas. Desapacerían el Instituto Nacional de Teatro (INT), el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y se desfinanciaría al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y al Instituto Nacional de la Música (INAMU). El teatro, el cine, las bibliotecas, la música, toda la cultura sufriría un golpe demoledor. Para exigir que no se apruebe la Ley presentada en el Congreso el 26 de diciembre por el Poder Ejecutivo, hoy de 19 a 22 hs en numerosos puntos de encuentro a lo largo de todo el país, habrá Cacerolazo Cultural Nacional, con intervenciones artísticas un estreno: el “Candombe de Milei”. El próximo sábado 13 de enero a las 17 hs se realizará un Abrazo al Instituto Nacional de Teatro.
Por María del Carmen Varela para lavaca
El sector de la cultura independiente experimenta una situación de incertidumbre que no es nueva. Hace años que viene dando distintas batallas para asegurar las condiciones mínimas que le permitan desarrollar su labor. Hubo conquistas y todavía queda mucho por conseguir, pero si la Ley Ómnibus presentada por el Poder Ejecutivo en la Cámara de Diputados en los últimos días de diciembre de 2023 se aprobara, el golpe a la comunidad cultural sería demoledor. El objetivo de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos es básicamente desregular la actividad económica y esto involucra a la mayoría de las áreas. En lo que atañe a la cultura, la propuesta del Ejecutivo consiste en derogar las leyes de creación del Instituto Nacional del Teatro y el Fondo Nacional de las Artes, organismos que ya tenían designados, aunque sin publicación en el Boletín Oficial, a sus nuevos directores —el actor, director de teatro, docente y director del teatro El Extranjero Mariano Stolkiner y el director, productor y guionista cinematográfico Javier Torre— hasta que se dio marcha atrás con su continuidad.
El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y el Instituto Nacional de la Música (INAMU), el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación (FOMECA) sufrirán cambios en su estructura, es decir, desfinanciamiento, por lo que la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) dependiente del INCAA, estaría en riesgo de poder seguir en funcionamiento.
La Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional emitió un comunicado en el que rechaza el DNU “por antidemocrático y anticonstitucional”. Integrada por el Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID), el Sindicato de la Industria Cinematográfica Argentina (SICA), el Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP), la Asociación Argentina de Actores, la Asociación Argentina de Intérpretes, la Sociedad General de Autores de la Argentina (ARGENTORES), el Sindicato Argentino de Autores (SADA), la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI), entre otros, informa que la Ley presentada “en el artículo 53 deroga o sustituye cláusulas laborales cuya desregulación tornará más difícil la contratación de servicios para producciones audiovisuales por parte de empresas locales. Esto beneficia indirectamente a grandes productoras extranjeras, que sin duda lograrán oligopolizar la contratación de servicios”. También advierte que el artículo 97 amplía las actividades consideradas “esenciales” y restringe la posibilidad de tomar medidas de fuerza impidiendo el derecho a huelga a los gremios SATSAID, FOETRA, SUTEP y FATPREN entre otros.
Las librerías también se verían afectadas por la Ley que Milei define como esencial para “la libertad de los argentinos”, ya que se derogaría la Ley de Defensa de la Actividad Librera, es decir, dejarían de implementarse los precios fijos de venta de libros (PVP: precio de venta al público), que podrían venderse en cualquier espacio comercial y difícilmente una pequeña librería sobreviviría si las cadenas de supermercados pueden vender el mismo libro con un valor menor. Autores, editores y librerías agrupados en distintas entidades del sector del Libro también exigen que la Ley se sostenga y asegura que “el precio fijo favorece el fortalecimiento de una industria editorial nacional sustentable y diversa”. TyPEO, colectivo editorial formado por Editorial Muchas Nueces, UBU ediciones, Astier Libros, Ediciones Hasta Trilce, Editorial El Colectivo, Ediciones del Signo, Ediciones Cúlmine y Rara Avis Editorial alerta sobre “la intención de exterminar la industria nacional del libro en su riqueza material y simbólica” y afirma que “la derogación de la Ley del Libro defiende intereses de monopolios, supermercados y grandes cadenas de librerías. ¡Peligran nuestras fuentes de trabajo!”.
El flamante Secretario de Cultura de la Nación dependiente del Ministerio de Capital Humano, el productor teatral Leonardo Cifelli -quien trabaja hace tres décadas en el sector privado y fue Jefe de Gabinete del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de su socio el compositor y director musical Angel Mahler como Ministro de Cultura entre 2016 y 2017- comentó en una entrevista radial, pocos días antes de la asunción de Javier Milei, que el Presidente es “cultísimo” y agregó: “Es un tipo que le gusta la ópera, le gusta el teatro, le gusta el cine. A mí me cae muy bien”. Cifelli anunció una reunión con los organismos afectados y en su cuenta de la red social X expresó hace pocos días: “Hablo permanentemente con todos los sectores de la industria, sé cuáles son los problemas y las preocupaciones. Voy a trabajar con todos ellos para encontrar las soluciones”. Hasta el momento no hubo reunión y menos, búsqueda de soluciones.
Asambleas y movilizaciones en agenda
El ámbito de la cultura es uno de los más afectados por la Ley Ómnibus. Por eso, lxs trabajadorxs de la cultura ya comenzaron a organizar asambleas y movilizaciones para decir basta a las políticas que propician el debilitamiento y la desaparición de gran parte del sector. Desde la agrupación Unidxs por la Cultura —espacio de articulación de más de 200 organizaciones del país— el sábado 30 de diciembre hicieron un masivo abrazo a las sedes del Instituto Nacional del Teatro y del Fondo Nacional de las Artes y en una asamblea multitudinaria organizaron un plan de lucha. Hoy miércoles 10 de enero el sector convoca al Cacerolazo Cultural Nacional de 19 a 22 hs para exigirle a diputados y senadores que “legislen a favor del pueblo. Abajo el DNU y la Ley Ómnibus”. Ya hay más de 70 puntos de encuentro a lo largo del país donde se reunirán con la consigna “Encendamos la lucha para que no apaguen la cultura” e invitan a cantar el “Candombe para Milei”, con la música del “Candombe para José” y cambio de letra, con vistas a sumar fuerzas para el paro nacional anunciado por la CGT para el próximo 24 de enero a partir del mediodía. Este sábado 13 de enero a las 17 hs la propuesta es realizar un Abrazo al Instituto Nacional del Teatro y se espera que la concurrencia sea masiva, en defensa de nuestra cultura.
Desde la web del Instituto Nacional de Teatro, sus trabajadorxs piden que no se apruebe la Ley Ómnibus, se declaran en estado de alerta y movilización y afirman: “El teatro es trabajo y, como tal, generador de miles de fuentes de empleo. Con la derogación de la Ley Nacional del Teatro no solo están en riesgo los puestos de quienes formamos parte del Instituto Nacional del Teatro, sino de todas aquellas fuentes laborales que dependen de la puesta en escena de obras y ciclos de teatro independiente: rubros técnicos, actorales, dramatúrgicos y de dirección, salas y espacios de todo el país, medios especializados e infinidad de actividades conexas a la producción de las artes escénicas”. La Ley Nacional del Teatro 24.800 se creó en 1997, determina que el INT es un organismo federal con representación en cada provincia y se financia con el 10% de los ingresos recaudados por el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). A fines de diciembre, el ideólogo de la Ley Ómnibus el economista Federico Sturzenegger objetó la transparencia del INT, instalando de esta manera un manto de sospecha en el reparto de recursos económicos y preparando el terreno a lo que se supo días más tarde: la intención de que se cierre. Sus declaraciones en Radio Mitre despertaron el repudio de la comunidad artística. Desde el INT, respondieron: “Todas las convocatorias del INT son de carácter público y son evaluadas por un jurado nacional de calificación de proyectos, el cual es seleccionado por concurso público y se renueva cada dos años. Todos los resultados de las convocatorias son publicados de manera transparente en las actas del Consejo de Dirección”.

Barby Guamán es actriz, dramaturga y directora de teatro, oriunda de Tucumán. Es la primera directora trans contratada por el Teatro Nacional Cervantes, donde dirigió a la artista Susy Shock en la obra Chica King Kong en marzo de 2022. Gracias a la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, Barby trabaja en la Región NOA del Instituto Nacional del Teatro como asistente administrativa. “Nuestra posición es muy crítica ante las decisiones que se quieren tomar. Esta crisis atraviesa no solo a la comunidad artística, sino a la comunidad en general al diezmar una Ley que propicia una alternativa de opinión, una diversidad y una propuesta comunitaria.Es grave pensarnos en esa situación. El INT es una entidad transparente, la información es pública. Es un ente de fomento, fue un eje fundamental durante la pandemia, ya que articuló para poder colaborar con el arte”. Ante el peligro de perder un organismo clave para la actividad teatral, Barby destaca la importancia de que siga en pie: “Pedimos que no se apruebe la Ley Ómnibus. Expreso lo que para mí significa estar en el Estado, ser trabajadora travesti, tener la oportunidad de trabajar con un grupo de trabajadores fantásticos. Estoy agradecida infinitamente”.
El Fondo del fondo
Por su parte el Fondo Nacional de las Artes nació en 1958 por el decreto n° 1224/58 como organismo autárquico de la Administración Pública. En su web, este ente descentralizado informa que gracias a su gestión artistas como Antonio Berni, Jorge Luis Borges, Sara Facio, Leonardo Favio, Julio Le Parc, Ricardo Piglia, Alejandra Pizarnik y Leopoldo Torre Nilson pudieron llevar adelante sus proyectos artísticos. La autora y directora teatral Ana Alvarado —quien formó parte en la creación del mítico grupo artístico El Periférico de Objetos— dijo a lavaca: “Entre los puntos de la ley hay algunos que atacan fuertemente a la actividad artística de todo el país. El intento de cierre del FNA es simbólico porque es una entidad muy valorada dentro y fuera de Argentina. Es un ente autárquico y ha sido dirigido históricamente por personas de distintas posturas en términos políticos, además de que su Gran Premio FNA lo ganaron personalidades como Borges, Libero Badii, Discépolo, María Elena Walsh, Tita Merello y Griselda Gambaro”. En el caso del Instituto Nacional del Teatro, Ana asegura que “es muy sensible para quienes formamos la comunidad teatral porque acompaña la Ley Nacional del Teatro, nacida de la lucha de muchos años y que fue llevada adelante, fundamentalmente, por representantes del teatro independiente de todo el país”.
La artista plástica Marta Minujin subió un video a sus redes donde expresa: “Me parece terrible cerrar el Fondo Nacional de las Artes. ¿Qué hubiese hecho yo en mis comienzos si no hubiese tenido esos préstamos que me ayudaron a ir a París y mirar todos los grandes museos y aprender mirando? Es tremendo que lo cierren. Es serruchar la cultura y este país tiene que vivir de la cultura”. Desde el FNA aclaran que otorgan becas, subsidios, préstamos y organizan concursos para alentar la actividad artística local con “recursos financieros propios dispuestos en nuestra Carta Orgánica y estamos habilitados por ley para recaudar un gravamen denominado dominio público pagante, que se cobra por las obras una vez vencido el plazo de protección del derecho de autor (en la mayoría de los casos a los 70 años de la muerte del autor). También tenemos ingresos obtenidos por las tasas y multas de la Ley de Propiedad Intelectual Nº 11.723 e intereses de préstamos, aportes extraordinarios y títulos”.

La compañía teatral TransHumans Theatre es oriunda de Alto Valle de Neuquén y vienen produciendo obras teatrales desde 2015. En junio del 2023 presentaron Siete Perros en la ciudad de Buenos Aires. En realidad Siete Perros abarca siete obras dirigidas por siete directorxs diferentes y actuadas magistralmente por la actriz Sofy Avila. Esta impresionante puesta en CABA, en el Teatro Cooperativa Perra en el barrio de Chacarita, pudieron realizarla gracias al INT. Sofy, Agus Downes, Marina Gala di Giovanni y Cata Fanello sostienen: “Si bien, gran parte de nuestros trabajos fueron financiados de forma autogestiva por parte de las personas que integramos el elenco, en ocasiones hemos contado con el apoyo del INT para la producción de obras, realización de giras y la adquisición de equipamiento. Evaluando en retrospectiva, damos cuenta que estos financiamientos resultaron cruciales para el crecimiento y sostenimiento de nuestra práctica”. Desde TransHumans Theatre destacan la vital importancia de los financiamientos que el INT otorga a artistas y elencos y “no benefician exclusivamente a quienes los perciben, sino que genera un efecto rebote, alcanzando a otras instituciones, espacios y personas como por ejemplo escuelas, comisiones barriales, teatros, infancias, adolescencias, etc.; ya que permite la realización de funciones, capacitaciones, festivales y eventos escénicos pudiendo llegar a lugares remotos de cada provincia, la posibilidad de realizar funciones en espacios no convencionales gracias al financiamiento de equipamiento, sostener talleres y espacios de formación tornándolos accesibles para gran parte de la población”. El INT organiza anualmente la Fiesta Nacional del Teatro donde convergen obras de todo el país y que en su última edición en septiembre de 2023 en La Rioja y Catamarca reunió 50 obras en ocho días, vistas por más de 32.000 personas.
Las actrices Nara Carreira y Mirta Israel, integrantes del colectivo Actrices Argentinas y de Unidxs por la Cultura son precisas para subrayar las verdaderas intenciones detrás de este atropello: “El gobierno es el gobierno de las empresas que se beneficiaron durante la dictadura. Son las mismas. Ellos consideran a la cultura como a la educación o la salud una mercancía. Y si esa mercancía no le da ganancias no la quieren. Sin embargo eso también es falso ya que por ejemplo en el caso del cine genera dólares para el país. Quieren borrar del mapa a cualquier espacio que genere diversidad de miradas y otras subjetividades”. Con respecto al INCAA advierten que “genera trabajo directo para 650 mil personas entre artistas y técnicos y más de 1 millón de manera indirecta. El dinero del INCAA no sale del bolsillo de la gente. Son asignaciones específicas que salen de las entradas de cine o como en el caso de las bibliotecas populares sale de los premios de la lotería”.
La escena en acción
La cultura está en jaque. Asi lo señala Eduardo Perez Winter, integrante de la cooperativa que lleva adelante el espacio teatral Silencio de Negras desde hace más de 15 años en el barrio de Montserrat y forma parte de Espacios Escénicos Autónomos (ESCENA), que nuclea a distintos espacios culturales, gestores y artistas. “El INT y el FNA no generan ningún gasto al bolsillo de los contribuyentes, como quieren hacer creer. El consumo cultural es el que realiza el aporte, nadie paga un impuesto para que existan. Quieren destruirlos porque tienen un encono particular contra la diversidad, la posibilidad de multiplicar ideas, que es lo que estos institutos generan”. Eduardo agrega números: “La cultura es un sector productivo, que aporta el 3% del PBI, genera puestos de trabajo, ingresos, divisas, si es que tenemos que hablar en las lógicas de estas personas. Este sector aporta capital simbólico, el teatro, el cine, las artes en general generan identidad, nuestra imagen, cómo somos, cómo podríamos ser y generar la ilusión de cómo vamos a ser”. ¿Por qué tienen que seguir activos el INT y el FNA? “Ambos institutos permiten el desarrollo, la distinción y la profesionalización del sector artístico, hay todo un circuito a nivel nacional que va desde las manifestaciones independientes hasta las comerciales, hay vasos comunicantes entre ellas y es por eso que las asociaciones comerciales se ven preocupadas ante esta situación porque todo este sistema se nutre del trabajo de los artistas independientes”.
“Tristeza, temor e indignación” es lo que expresa el dramaturgo y director teatral Mariano Tenconi Blanco acerca de las medidas incluidas en la Ley. “Me preocupa no solo lo del INT y el FNA sino que no haya un diálogo donde ellos comprendan que son medidas perjudiciales para el sector cultural. Juntarse, manifestar, es lo que podemos hacer para estar activos”. Suma Ana Alvarado: “Siempre es importante recordar que, en este país, como en otros, se han prohibido y quemado libros, perseguido y asesinado artistas por expresarse y mostrar las contradicciones de un sistema dominante y eso tiene que ponernos en alerta”. Así está la comunidad cultural, juntxs y en alerta. Al son de las cacerolas, hoy la calle será testigo de una lucha y de encender la mecha para que la cultura no se apague.
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57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.
El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».
Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.
A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.
Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.
Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:





Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.
Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.
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Trabajadores de Morvillo toman la fábrica tras el anuncio del cierre de la planta, que implica 200 despidos

Una histórica empresa gráfica de Avellaneda -donde se imprimen títulos de la editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias– anunció su cierre dejando a 200 trabajadores en la calle. Se enteraron por un comunicado pasadas las once de la noche del martes y la respuesta fue unánime: ingresaron a la imprenta e iniciaron una permanencia pacífica en defensa de los puestos de trabajo. El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la firma faltó a la audiencia. Los argumentos empresariales de caída de la producción y los argumentos obreros: “Somos las principales víctimas de esta situación”.
Por Lucas Pedulla
El obrero gráfico Enrique Andina terminó su jornada de trabajo en Anselmo Morvillo SRL a las 22 horas y se marchó a su casa, como todos sus compañeros, como todos los días. Muchos estaban llegando a sus hogares cuando pasadas las 23 horas les llegó un comunicado de la histórica imprenta, que terminaba de la siguiente manera:
“Con una tristeza difícil de describir tenemos que contarles que ya no podemos seguir adelante. Sabemos acerca del impacto, no sólo económico, sino emocional que tiene para cada uno dejar parte de nuestra historia en el recuerdo, y los relatos que hemos compartido siempre con nuestras familias. Le dejamos a cada uno de ustedes, nuestra gratitud por su invaluable esfuerzo y el deseo de que todos puedan superar este trago amargo con la capacidad de levantarse que los caracteriza”.
El texto cerraba con esta firma: “La Dirección”.
Así como llegaron a sus casas, los obreros volvieron a la gráfica, ubicada en Avellaneda, municipio al sur del conurbano bonaerense. Andina contextualiza: “Somos 200 compañeros; yo tengo 17 años de trabajo y muchos tienen más de 30 y 40 años de antigüedad. En la pandemia vivimos una situación similar pero logramos mantener nuestras conquistas. Somos la gráfica que más cobraba dentro del gremio, pero esto fue imprevisto”.
La respuesta fue unánime: los trabajadores votaron la permanencia.
Avon, papel & toma
Anselmo Morvillo SRL inició sus actividades en 1974 desarrollando folletos cosméticos. En su página web cuentan que en 1988 incorporó la primera rotativa de tecnología de punta, “única en el país en esa época”, y sumó la segunda tres años después. Cuentan que crecieron más del 70% en la segunda década de los noventa y que hoy, en su planta de 13500 metros cuadrados de Avellaneda, los folletos comerciales representan un 70% de la producción, mientras que los trabajos editoriales significan el 30% restante. Andina cuenta que, entre las publicaciones, se encuentran títulos de la Editorial Perfil como las revistas Caras y Noticias.
En el comunicado que “la Dirección” les mandó a los obreros, a quienes se refirió como “queridos compañeros de tantos años”, la empresa expresó su posición:
- “Hemos atravesado las reiteradas crisis económicas de nuestro país, los cambios en el mercado gráfico con la marcada implosión por el avance tecnológico y el comportamiento poco ético de algunos de nuestros colegas competidores”.
- “Fuimos golpeados por la Presentación en Concurso de algunos de nuestros clientes y por la Quiebra de nuestro cliente número dos, ARCA Distribuidores. Luego, a la escalada de precios internacionales de la mayoría de los insumos y repuestos, se le sumó la exigencia de pago anticipado del papel y la desaparición del crédito internacional. Todas situaciones que enfrentamos con mejor éxito que muchos de nuestros colegas”.
- “En el año 2014 RR Donelley cerró su planta de Argentina, en enero de 2016 AGR también cerró sus puertas, y en enero de 2020 IPESA cerró la mayor parte de su operación”. Una aclaración: tras el abandono empresarial, Donelley fue recuperada por sus trabajadores y trabajadoras y, hoy, es una cooperativa gestionada sin patrón.
La empresa describe un contexto “tan negativo” en el que inscribió la caída del 63% del volúmen de producción: “Avon, que como bien saben representa más de la mitad de nuestro trabajo, dejó de imprimir catálogos y mudó su comercialización a internet. Esto nos dejó en una situación económica y financiera terminal”.
Los trabajadores respondieron con la permanencia pacífica y otro comunicado que respondía los argumentos de la empresa: “Todos factores ajenos a la responsabilidad de los trabajadores, que somos las principales víctimas de esta situación”.
Gris de espera
Enrique Andina integra la Comisión Interna y explica: “Estamos en permanencia pacífica para preservar las fuentes de laburo. A lo largo del día se hizo presente el sindicato. Exigimos una presentación en el Ministerio de Trabajo y también hicimos un pedido de plenario de delegados para discutir con todos los delegados los pasos a seguir”.
El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó la conciliación obligatoria pero la empresa no se presentó a la audiencia. “Está incumpliendo -dice Andina-. Mientras tanto, nosotros seguimos sin tener comunicación de la empresa. Tampoco atienden los teléfonos. La última comunicación oficial fue el comunicado de anoche. Eso deja un gris, porque estamos en la calle sin un mango, pero no hay un telegrama de despido ni nada”.
Los trabajadores tienen sólo rumores, desde un cierre definitivo hasta la posibilidad de la llegada de inversionistas “que reclaman despidos masivos”, según denuncian. “Se olfateaba que la situación venía rara, pero nadie pensó que todo fuera de esta manera -dice-. La convocatoria acá fue masiva, y agradecemos también que se acercaron de otras ramas, como médicos del Garrahan. La intención es difundir el conflicto y rodearlo de solidaridad para lograr lo que necesitamos, que es que la patronal se siente a discutir”.
Mientras esperan, en las próximas asambleas decidirán los pasos a seguir: “Es un golpe fuerte, pero uno tiene que estar fuerte, también, por la familia. La mayoría de los compañeros son sostén de hogar. Estamos dispuestas a lucharla hasta el final y no aflojarle hasta encontrar una solución, que es sostener las fuentes de trabajo con las mismas condiciones que teníamos hasta ayer antes de recibir el comunicado”.
Nota
Juicio a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu: absurdos sin pruebas

Empezó el segundo proceso judicial a integrantes de la lof mapuche, a quienes se les endilga el delito de usurpación en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche, Río Negro.
El juicio, a cargo del Tribunal Oral Federal de General Roca y que se realizará de manera virtual, tendrá 132 testigos que serán llamados a declarar y como mínimo, se espera que dure hasta abril. Expresan desde la comunidad: “Somos sometidos injustamente, acusados de usurpar nuestro propio territorio, el mismo que libremente caminaron nuestros kuifikecheiem (antepasados) cuando aún no existían alambrados, ni parques nacionales, ni ningún winka que con su ambición destructora mirara nuestra tierra”.
Para entender el conflicto hay que retroceder a 2017, cuando la lof inició la recuperación de su territorio a partir del levantamiento de una machi –guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche–, y la construcción del rewe –un sitio sagrado de conexión con otras energías del espacio en donde la machi atendía a quien fuera a curarse–. La respuesta del Estado fue de terror: un operativo de desalojo comandado por la vigente ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que terminó con el asesinato de Rafael Nahuel, a manos del grupo Albatros de Prefectura, el 25 de noviembre de aquel 2017. Todo ese proceso derivó en el primer juicio contra la comunidad, donde fueron condenados siete mapuche.
Tiempo después del crimen de Rafita, la comunidad volvió al territorio hasta que en 2022, ya en el gobierno de Alberto Fernández, se ejecutó otro desalojo represivo.
En el juicio que arrancó hoy y continúa mañana, se juzga de la usurpación de distintos terrenos a Luciana Jaramillo, Yéssica Bonnefoi, Romina Rosas, Betiana Colhuan, Celeste Ardaiz Guenumil y Matías Santana. Se defienden desde la comunidad: “Nos encontramos frente a un contexto muy difícil alimentado por un sistema político y judicial perverso, que agudizó la persecución hacia el Mapuche con más violencia y encarcelamientos, con el fin de debilitarnos y quitarnos nuestro territorio”.
El juez a cargo se llama Alejandro Silva y es el mismo que presidió el proceso por el fusilamiento de Rafael Nahuel y que condenó a sus responsables con penas ínfimas.
Ataques
El contexto al que hacen referencia refiere a un gobierno que agudizó el hostigamiento preexistente hacia el pueblo mapuche, además de un avasallamiento de derechos a las 40 naciones originarias que habitan lo que hoy es Argentina. Algunos ejes de esa persecución: el desguace del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI); el decreto que barrió a la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) que mantenía la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios y que allanó el terreno para el desarraigo de la comunidad Paillako a principio de este año; y el señalamiento sin pruebas como causantes de los incendios en la Patagonia. Por citar un caso, Victoria Heredia Núñez, integrante de Lof Pillan Mahuiza, cumple arresto domiciliario desde el 12 de febrero acusada del incendio en la Estancia Amancay, en la localidad chubutense de Trevelin, pese a demostrar mediante georreferenciación que al iniciarse el fuego estaba a más de 90 kilómetros.

La gente de la comunidad frente a la policía durante una inspección ocular en octubre de 2023. Fotos: Jaime Carriqueo
Absurdos
La defensa de la comunidad está a cargo de la Gremial de Abogadas y Abogados. Uno de ellos, Gustavo Franquet, le dice a lavaca ni bien concluida la primera audiencia: “Esto comenzó en 2017 y estamos en 2025; llevamos más de 7 años donde se supone que juzgados de instrucción federal, fiscalías federales, fuerzas federales de investigación como Gendarmería, la Policía Federal y Prefectura investigaron a la comunidad y no pudieron conseguir elementos para acusarlos de otra cosa que no fuera usurpación, motivo por el que ni tendrían que estar en el banquillo. El Estado argentino, desde la Constitución de 1994, reconoce los derechos preexistentes de los pueblos originarios, por lo que no puede ni debe criminalizar el conflicto territorial; en una recuperación, no hay delito. Si esto fuera juzgado como corresponde, no pueden de ninguna manera condenar a nadie”.
En cuanto a cómo abrió el juicio, cuenta: “Sólo en un par de horas que duró, ya se cometieron varios despropósitos jurídicos, aunque estamos seguros que lo más horroroso de este juicio está por venir; vamos a escuchar cosas muchísimos más jodidas, hoy fue un precalentamiento”.
¿Qué despropósitos?
Entre las barbaridades que dijeron, hubo tres que no se pueden creer.
A una de las mujeres, Yéssica Bonefoi, la quisieron acusar de la usurpación de una cabaña, que cuando la fiscalía pidió la elevación a juicio, ni se mencionó. Fue algo insólito, porque no pueden inventar elementos nuevos. Pidieron un cuarto intermedio y cuando volvimos retiraron ese planteo porque obviamente estaba fuera de lugar. Es tanta la voluntad de persecución, de acusación gratuita, que ni se fijaron en eso.
Un segundo despropósito es que cuando se produce lo que llaman la usurpación del ex Hotel Mascardi, una de las acusadas (la machi Betiana) seguía siendo menor. Por ley de minoridad, hay todo un proceso que en este caso no se cumplió cuando se acusa a menores de entre 16 y 18 años y que ahora imposibilita al juez a dictar sentencia contra ella. Como una cuestión lógica le exigimos al juez que no la someta al juicio, y en vez de aceptarlo, dijo que lo va a decidir al final del proceso. Algo totalmente absurdo y re victimizante para la machi.
Y un tercer punto que es la pretensión de la fiscalía y de las querellas de que consideren a la usurpación como un delito continuado. Se denomina con esta tipificación a delitos como la desaparición forzada, o un secuestro, pero no a una usurpación, que es un tipo específico de hurto o de robo, en este caso de un inmueble. Si alguien comete un robo, el delito es en ese momento, no continúa en el tiempo. Ahí hay otro absurdo.
Truchos
En 2022, antes del segundo desalojo a la comunidad Lafken Winkul Mapu, se incendió un trailer y un remolque de Gendarmería. Desde los gobiernos provinciales y nacionales se acusó al pueblo mapuche, al igual que de usurpar una cabaña. Recuerda Gustavo: “Ahí empezó toda esta farsa. Esa zona está protegida por fuerzas federales, pero señalaron a la lof y así allanaron el camino para desalojarlos”.
Ese desalojo fue brutal, con más de 250 efectivos del Comando Unificado que irrumpieron en el territorio. Romina Rosas, una de las mapuche detenidas, estaba embarazada de ocho meses y fue golpeada y arrastrada por el piso; días después, parió a su bebé rodeada de policías. Celeste, decía esto de aquel 4 de octubre de 2022: “Me tiraron al suelo, a mí y a mi nena de 5 años. Nos apuntaron con el arma en la cabeza. Fue una cacería”.
Retoma Gustavo Franquet: “A las seis personas que están enfrentando el juicio jueces federales les dictaron su falta de mérito, porque no hay ningún elemento que los ligue a lo que se los acusa. Toda esta causa es trucha porque fue creada para criminalizar, para desalojar y para allanar a la comunidad. Y por ende, todo este juicio es trucho”.
Lafken, en mapudungún, significa espejo de agua. Winkul, espíritu guardián de la montaña. Y Mapu, tierra. Desde la lof Lafken Winkul Mapu, concluyen: “Seguimos llamando a la unión, a mantenernos fortalecidos en nuestro feientun (creencia) y esencia mapuche. A enfrentar al winka con nuestra verdad, por más que el aparato estatal utilice todos los medios a su alcance para difamarnos pretendiendo poner a la opinión pública en nuestra contra, con falsas acusaciones. Pero tenemos total confianza en la fortaleza de nuestro pueblo milenario que ha resistido y preservado el territorio a pesar de los atropellos”.

Matías Santana, la Machi Betiana, Luciana Jaramillo y Romina Rosas son cuatro de los seis acusados, durante la primera audiencia del juicio en su contra.
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