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La discriminación en colectivo

Publicada

hace 13 años

17/03/2010

Una pareja de haitianos, Noe y Muranor, viajan junto a su hijo Marc, de un año rumbo a casa en el barrio de Flores, Buenos Aires, en un el colectivo 7. Es 10 de febrero, pasada la medianoche. Noe recién terminaba su jornada laboral, Muranor la había pasado a buscar. Conversan en creole, su lengua natal, que mezcla el francés con dialectos africanos. Ríen, juegan con el pequeño. El chofer lleva a su lado a un amigo, que los increpa: «¿Por qué hablan tan alto?». Muranor se disculpa. Pero el chofer le responde: «Hace 14 horas que estoy trabajando, estoy harto de escucharte la voz». Muranor le pide respeto y le recuerda que viaja todos los días en esa misma línea. El 7 llega a Belgrano y Urquiza, en Once. El chofer grita: «Hijo de mil puta, bajá». Muranor se niega; el niño llora. El chofer estaciona frente a la Comisaría 8°, en Urquiza al 500. Saluda al policía de la puerta y le dice: «¿Podés bajarme a esta basura?». El policía sólo les pide los boletos, y se retira luego de que Noe se los mostrara. Más adelante el colectivero volvió a la carga con dos clásicos: «Negros de mierda» y «vuélvanse a su país». Marc lo miraba.
¿Cómo se responde a un insulto?
La denuncia fue registrada en el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) al día siguiente, jueves 11. El 25 se presentó también en la Comisaría 1° (Lavalle 451) y la causa se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía número 5 de la Justicia Contravencional de Buenos Aires.
Asesorando a la familia pero sin patrocinio oficial está un cuerpo de abogados de la Clínica de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, que articula el trabajo de profesionales del CELS, la Comisión de Apoyo al Refugiado (CAREF) y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. El coordinador es el abogado del CELS Pablo Asa. El martes 16 de marzo, la familia se reunió además con el abogado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
¿Qué dejó la charla? Si se certifican testigos de lo ocurrido, la CNRT se compromete a sancionar severamente a la línea de colectivos. Evaluarán también un pedido público de disculpas. El abogado Pablo Asa describe: «Hay algo perverso en el sistema de protección del transporte, que habla de sus falencias. La CNRT no sanciona personas, sino empresas. Y eso no tiene demasiado sentido, al menos en este caso. Lo caratulan entonces como ‘sanción por mal servicio’, pero ni se habla de la discriminación». Además, explica, la empresa no colaborará con la búsqueda de testigos para evitar ser sancionada. En la reunión también se cruzó el tema del despido del chofer por parte de la empresa. Según Pablo, la propia Noe intervino, dando una muestra de cómo ponerse en el lugar del otro, pese a haber sido atacada a insultos: «No, no queremos despidos, el chofer debe tener una familia para mantener». La imbecilidad racista sería incapaz de semejante gesto.
Que pidan disculpas
¿En qué se diferencia este caso de un simple incidente en un colectivo, y lo transforma en un tema de derechos humanos? Pablo Asa: «La causa es parte de un grupo de casos que tienen que ver con personas en una especial situación de vulnerabilidad. Muranor, por ejemplo, es migrante y refugiado. Pocas víctimas de este tipo de hechos hacen la denuncia. Por eso nos interesó el caso». Ahora se está buscando al propio policía que hizo caso omiso al reclamo del colectivero de bajar a Noe, Muranor y su hijo. En la Comisaría parecería que tal persona no existió: «Dicen que no había oficial de servicio en el momento del hecho, lo que es mentira», dice el doctor Asa. Un joven que viajaba esa noche y muchas otras junto a Noe ya anticipó que tiene pocas ganas de prestar declaración.
En tanto, el INADI elabora un informe técnico que buscará testigos, pruebas y la reconstrucción de la secuencia. Sin poder resolutivo, el documento servirá en la instancia judicial a modo de prueba para la defensa.
El mismo 25 de febrero de la denuncia, a cargo de la Asociación Civil África y su Diáspora, y de la Organización de Haitianos en la Argentina, se realizó un acto en Maipú 88 en repudio y denuncia ante la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT) a raíz del caso de los haitianos. Los manifestantes se plantaron frente a los colectivos, mostrando sus sonrisas y sus pequeñas pancartas: «Basta de racismo».
Hace 16 años que Noe reside en el país y 13 que sube a la línea de colectivos 7 todas las madrugadas. Noe: «Queremos que el chofer pida personalmente perdón a todos nosotros. Y cuando digo a todos nosotros, no es a mí que soy morocha. Hay un montón de extranjeros negros que estamos hartos de la discriminación». Pablo afirma: «Noe y Muranor quieren hacer algo por su hijo de un año, que es argentino. No quieren que el día de mañana vaya al colegio y lo discriminen».
Noe, Rose y un desconocido
La historia tiene paralelos inesperados. En 1955 Rosa Parks fue condenada por sentarse en un asiento de colectivo en Alabama, Estados Unidos. Según la entonces vigente ley de segregación, los asientos de las primeras cuatro hileras del transporte estaban «reservadas» para las personas blancas. No para gente como Rose Parks. Se negó a ceder su asiento porque «sintió que no podía seguir siendo maltratada de esa manera», según declararía más tarde (y tan parecido a lo que plantean hoy Noe y tantos otros discriminados en la Argentina). Su juicio duraría menos de 30 minutos; tuvo que pagar 14 dólares por «violar el orden público». Con el caso Parks como estandarte, miles de personas acompañando a un todavía desconocido Martin Luther King, organizaron un boicot al transporte público que duró más de un año. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en 1966 la inconstitucionalidad de la ley de segregación.
Rose Parks fue condecorada con la medalla de oro del Congreso norteamericano 44 años más tarde. Noe no busca nada de eso. Sólo vivir en paz, trabajar, viajar en colectivo, y que su hijo no pase por situaciones similares. Nadie sabe si logrará que le pidan disculpas al menos en los próximos 44 años.

Temas:derechos humanos discriminación racismo

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

Publicada

hace 2 horas

03/02/2023

La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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hace 23 horas

02/02/2023

El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo.

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata. Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.

Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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