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La discriminación en colectivo
Una pareja de haitianos, Noe y Muranor, viajan junto a su hijo Marc, de un año rumbo a casa en el barrio de Flores, Buenos Aires, en un el colectivo 7. Es 10 de febrero, pasada la medianoche. Noe recién terminaba su jornada laboral, Muranor la había pasado a buscar. Conversan en creole, su lengua natal, que mezcla el francés con dialectos africanos. Ríen, juegan con el pequeño. El chofer lleva a su lado a un amigo, que los increpa: «¿Por qué hablan tan alto?». Muranor se disculpa. Pero el chofer le responde: «Hace 14 horas que estoy trabajando, estoy harto de escucharte la voz». Muranor le pide respeto y le recuerda que viaja todos los días en esa misma línea. El 7 llega a Belgrano y Urquiza, en Once. El chofer grita: «Hijo de mil puta, bajá». Muranor se niega; el niño llora. El chofer estaciona frente a la Comisaría 8°, en Urquiza al 500. Saluda al policía de la puerta y le dice: «¿Podés bajarme a esta basura?». El policía sólo les pide los boletos, y se retira luego de que Noe se los mostrara. Más adelante el colectivero volvió a la carga con dos clásicos: «Negros de mierda» y «vuélvanse a su país». Marc lo miraba.
¿Cómo se responde a un insulto?
La denuncia fue registrada en el INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) al día siguiente, jueves 11. El 25 se presentó también en la Comisaría 1° (Lavalle 451) y la causa se encuentra actualmente a cargo de la Fiscalía número 5 de la Justicia Contravencional de Buenos Aires.
Asesorando a la familia pero sin patrocinio oficial está un cuerpo de abogados de la Clínica de Derechos de Inmigrantes y Refugiados, que articula el trabajo de profesionales del CELS, la Comisión de Apoyo al Refugiado (CAREF) y estudiantes de la Universidad de Buenos Aires. El coordinador es el abogado del CELS Pablo Asa. El martes 16 de marzo, la familia se reunió además con el abogado de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
¿Qué dejó la charla? Si se certifican testigos de lo ocurrido, la CNRT se compromete a sancionar severamente a la línea de colectivos. Evaluarán también un pedido público de disculpas. El abogado Pablo Asa describe: «Hay algo perverso en el sistema de protección del transporte, que habla de sus falencias. La CNRT no sanciona personas, sino empresas. Y eso no tiene demasiado sentido, al menos en este caso. Lo caratulan entonces como ‘sanción por mal servicio’, pero ni se habla de la discriminación». Además, explica, la empresa no colaborará con la búsqueda de testigos para evitar ser sancionada. En la reunión también se cruzó el tema del despido del chofer por parte de la empresa. Según Pablo, la propia Noe intervino, dando una muestra de cómo ponerse en el lugar del otro, pese a haber sido atacada a insultos: «No, no queremos despidos, el chofer debe tener una familia para mantener». La imbecilidad racista sería incapaz de semejante gesto.
Que pidan disculpas
¿En qué se diferencia este caso de un simple incidente en un colectivo, y lo transforma en un tema de derechos humanos? Pablo Asa: «La causa es parte de un grupo de casos que tienen que ver con personas en una especial situación de vulnerabilidad. Muranor, por ejemplo, es migrante y refugiado. Pocas víctimas de este tipo de hechos hacen la denuncia. Por eso nos interesó el caso». Ahora se está buscando al propio policía que hizo caso omiso al reclamo del colectivero de bajar a Noe, Muranor y su hijo. En la Comisaría parecería que tal persona no existió: «Dicen que no había oficial de servicio en el momento del hecho, lo que es mentira», dice el doctor Asa. Un joven que viajaba esa noche y muchas otras junto a Noe ya anticipó que tiene pocas ganas de prestar declaración.
En tanto, el INADI elabora un informe técnico que buscará testigos, pruebas y la reconstrucción de la secuencia. Sin poder resolutivo, el documento servirá en la instancia judicial a modo de prueba para la defensa.
El mismo 25 de febrero de la denuncia, a cargo de la Asociación Civil África y su Diáspora, y de la Organización de Haitianos en la Argentina, se realizó un acto en Maipú 88 en repudio y denuncia ante la Comisión Reguladora del Transporte (CNRT) a raíz del caso de los haitianos. Los manifestantes se plantaron frente a los colectivos, mostrando sus sonrisas y sus pequeñas pancartas: «Basta de racismo».
Hace 16 años que Noe reside en el país y 13 que sube a la línea de colectivos 7 todas las madrugadas. Noe: «Queremos que el chofer pida personalmente perdón a todos nosotros. Y cuando digo a todos nosotros, no es a mí que soy morocha. Hay un montón de extranjeros negros que estamos hartos de la discriminación». Pablo afirma: «Noe y Muranor quieren hacer algo por su hijo de un año, que es argentino. No quieren que el día de mañana vaya al colegio y lo discriminen».
Noe, Rose y un desconocido
La historia tiene paralelos inesperados. En 1955 Rosa Parks fue condenada por sentarse en un asiento de colectivo en Alabama, Estados Unidos. Según la entonces vigente ley de segregación, los asientos de las primeras cuatro hileras del transporte estaban «reservadas» para las personas blancas. No para gente como Rose Parks. Se negó a ceder su asiento porque «sintió que no podía seguir siendo maltratada de esa manera», según declararía más tarde (y tan parecido a lo que plantean hoy Noe y tantos otros discriminados en la Argentina). Su juicio duraría menos de 30 minutos; tuvo que pagar 14 dólares por «violar el orden público». Con el caso Parks como estandarte, miles de personas acompañando a un todavía desconocido Martin Luther King, organizaron un boicot al transporte público que duró más de un año. La Corte Suprema de los Estados Unidos decidió en 1966 la inconstitucionalidad de la ley de segregación.
Rose Parks fue condecorada con la medalla de oro del Congreso norteamericano 44 años más tarde. Noe no busca nada de eso. Sólo vivir en paz, trabajar, viajar en colectivo, y que su hijo no pase por situaciones similares. Nadie sabe si logrará que le pidan disculpas al menos en los próximos 44 años.
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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)
Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.
Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.
Darío Santillán.
Maximiliano Kosteki
Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.
El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.
Siguen faltando los responsables políticos.
Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.
Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.
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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva
83 días.
Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.
83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.
83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.
83 días y seis intervenciones quirúrgicas.
83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo.
83 días hasta hoy.
Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro.
Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”.
Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).
Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca.
El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”.
La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».
La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería.
Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.
Esta es parte de la vida que no pudieron matar:
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