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Andalgalá: el referéndum de la desconfianza

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El Concejo Deliberante de Andalgalá, Catamarca, aprobó el jueves 11 de marzo el llamado a referéndum por la instalación en el departamento de la empresa minera Agua Rica. La votación por sí o por no aún no tiene fecha, pero las posiciones entre los asambleístas de El Algarrobo oscilan entre quienes quieren dejar pasar la oportunidad de manifestarse electoralmente, como vienen pidiendo hace tiempo; y quienes se aferran al proyecto de ordenanza ya presentado ante la Intendencia para prohibir la minería a cielo abierto, ya que dudan de la transparencia que pueda llegar a tener la votación. Martín Musarra, miembro de la asamblea, explica el dilema: “Cuando presentamos el proyecto de ordenanza se incorporó el tema del referéndum por una cuestión burocrática: si pateaban la ordenanza había que esperar hasta el año siguiente. Pero ahora, que no se resolvió lo de la ordenanza pero sí lo del referéndum, cambió el panorama. Muchos no queremos dar ni margen al error”.
RepresiónLa decisión del Concejo se dio tras la negativa pacífica de los vecinos autoconvocados, instalados en la asamblea El Algarrobo, de permitir el paso de vehículos hacia Agua Rica, lo cual desencadenó el 15 de febrero una feroz represión policial con cientos de heridos y más de 40 detenidos, y una posterior pueblada que provocó el incendio de buena parte de la intendencia y la rotura de vidrios en el frente de las oficinas de la propietaria de la mina, la canadiense Yamana Gold.
Frente a los incidentes, el gobierno ordenó detener las obras hasta que vuelva la “paz social” (ver Mu de marzo). Un informe de la secretaría de Mineria de la provincia (más exactamente su Oficina de Catastro minero) colmó todas las paciencias al anunciar el proyecto Pilciao 16, de exploración y futura explotación minera, concedido a otra empresa supuestamente canadiense, Billinton, que abarca nada menos que al subsuelo de la propia Andalgalá, donde los vecinos comprendieron velozmente que no saben dónde están parados.
Miedos
A pesar de las discusiones, los asambleístas no dudan en hacerse cargo de buscar el triunfo en el referéndum si este se efectiviza, para garantizar un resultado contrario a la instalación de Agua Rica, emulando aquello que logró Esquel hace exactamente 7 años: el no a lamina, con el 81 por ciento de los votos “Aquí es todavía mayor el porcentaje” dice Urbano Cardozo, aunque él también es de los que sospecha que en una consulta popular puede esconderse algún grado de trampa oficial.
Martín: “En Andalgalá ya lo hemos vivido en la reelección del intendente José Perea: se han visto camionetas repartiendo colchones y frezeers hasta las 6 de la mañana”. Perea, actual intendente de Andalgalá y hombre de los freezers, aún tiene la última palabra sobre el referéndum. Perea acusó por los incidentes del 15 de febrero no al grupo especial de represión Kuntur (que hirió a mujeres y hasta agujereó de un balazo la imagen de la Virgen del Valle en el lugar de la asamblea El Algarrobo) sino a “hippies” y a “docentes”, tema que causó cierta perplejidad andalgalense.
“Lo que se habló en asamblea es que si sale el referéndum, hay que ponerle el pecho y trabajar en eso. Sobre todo para que los vecinos denuncien algún tipo de corrupción o fraude”, explica Musarra. La transparencia en el territorio catamarqueño es un tema difícil desde los hoy prehistóricos tiempos de Vicente Saadi y, luego, de su hijo Ramón.
Por otra parte, el intendente Perea aún puede vetar el referéndum. Explica Martín: “En Tinogasta se hizo una consulta y no se la tomó como vinculante. Fue a votar más gente de la que va a las elecciones, y un 80% se pronunció por el No. Pero después todo quedó en la nada. ¿Por qué? El gobierno provincial defiende la minería, y plantea que los departamentos no pueden disponer de lo que le pertenece a la provincia. Entonces hay algunas vueltas del tema que todavía estamos estudiando”.
Otra idea del gobierno catamarqueño es que, de hacerse, el referéndum, sea a nivel provincial. “Eso no nos sirve porque en la provincia hay departamentos que pueden votar a favor de la minería, porque están lejos”. Los andalgalenses creen que la publicidad y el dinero oficial pueden volcar una votación en zonas supuestamente ajenas a la minera, aunque se trataría de otro error. Las denuncias por contaminación de Bajo Alumbrera, que hace 13 años está trabajando en Catamarca, también cerca de Andalgalá, abarcan a Catamarca, pero también a Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero. Las filtraciones de las sopas ácidas y metales pesados contaminan las napas y los cursos de los ríos que bajan de las montañas hacia las zonas llanas, lo mismo que el drenaje de las propias rocas producido por las explosiones. En Bajo Alumbrera se utilizan 100 millones de litros de agua por día, en el proceso de lixiviación (separación de los metales y minerales de la tierra que queda como “material estéril”). Agua Rica triplicará el tamaño de Alumbrera. Todo agrava la aridez de la región, y la posibilidad de los tradicionales desarrollos frutihortícolas y ganaderos de la zona, además de poner en riesgo la propia salud de la sociedad.
Otro dato valioso sobre el tipo de desarrollo que promueven las mineras: Alumbrera es la mayor inversión minera de las últimas décadas, pero Catamarca sigue siendo una de las dos provincias más pobres del país, y Andalgalá es el departamento con mayor desocupación de Catamarca.
Pronósticos
Martín considera que el 15 de febrero, esa pueblada rechazando la represión a la que eran sometidos los vecinos autoconvocados, “permitió ver que se manifestó todo el mundo. En las marchas actualmente se movilizan 4 o 5 mil personas” (sobre 17.000 habitantes, como si en Buenos Aires salieran a la calle un millón de personas).
Lo que Andalgalá muestra, en paralelo, es el crecimiento de la desconfianza hacia los políticos, y hacia la relación que estos mantienen con las empresas mineras. “Hace dos semanas conocimos fotos que tomaron de policías dentro de las camionetas de Agua Rica” explica Martín. “Entonces uno se encuentra que la empresa debería estar sin trabajar, pero se siguen viendo movimientos, y para colmo se descubre que la policía, después de la represión a la gente, anda en las camionetas de la minera, y el intendente sigue sin importarle lo que opine la población”.
El resultado, según el asambleísta: “Con tanta desconfianza, la gente ya ni cree en las herramientas supuestamente democráticas o electorales”. Por lo tanto, Andalgalá sigue apostando a la prohibición de la minería (como ya rige en siete provincias argentinas). Y espera ver qué termina ocurriendo con la cuestión de la consulta popular.
Sin paz social
Los Vecinos Autoconvocados por la Vida y la Asamblea El Algarrobo han pedido además la destitución del intendente de Andalgalá, José Perea, por amenazas a los ciudadanos (está complicado además por el misterioso uso de unos 60 millones de dólares en los últimos años provenientes de supuestas regalías mineras, que no es muy claro a dónde han ido a parar).
Reclaman también la remoción del juez de Control de Garantías Rodolfo Cecenarro, y de la fiscal Marta Nieva, responsables de las órdenes que desencadenaron la represión en Andalgalá. Proponen también un juicio político al Ministro de Gobierno y Justicia de la provincia de Catamarca, Luis Oscar Javier Silva, a cargo de la policía provincial. Andalgalá es una muestra del perfil del proyecto minero en la Argentina. Los vecinos lograron detener Agua Rica. Saben que es sólo por ahora. Y que de lo que sean capaces de hacer, depende cómo continuará esta historia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1, 2 y 3.

Capítulo 3

Desde su eclosión en 2001, que sigue replicándose, las fábricas recuperadas tienen un marco jurídico precario. El proyecto de ley de Recuperación de Unidades Productivas es un mecanismo que los trabajadores presentaron por segunda vez en el Congreso, luego de que perdiera estado parlamentario en 2020. Las palabras de diputados y diputadas que expresan discursivamente la importancia de la ley. Una de ellas es Victoria Tolosa Paz, actual ministra de Desarrollo Social. Sin embargo, al día de la fecha, la ley no fue sancionada. Otro diputado, Leonardo Grosso, y la teoría de la “ceguera epistémica”.

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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