#NiUnaMás
La pandemia femicida y la perspectiva de sobrevivientes: entrevista a Virginia Créimer

¿Qué nos dice la mirada forense sobre la sociedad actual? Virginia Créimer es una de las mayores expertas de una cuestión en la cual el Estado suele vulnerar a las familias. Considera que el poder judicial y las fuerzas de seguridad «han hecho un desastre con la subjetividad de las personas», y que «la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada». Por eso mismo se prepara actualmente para realizar un nuevo peritaje sobre el cuerpo de Lucía Pérez. Habla sobre las amenazas que recibió y recibe, el Estado cuando funciona como obstáculo, y la nueva noticia que la tiene al frente de un área especializada en la provincia de Buenos Aires. Lo que nos dicen los cuerpos sobre el presente. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.
Los antecedentes de la magíster Emma Virginia Créimer son tantos que ocuparían el largo de esta nota. En resumen, abarcan distintas especialidades de la educación, la medicina legal, la bioética, la psicología jurídica y las ciencias forenses: todo con perspectiva de derechos humanos, delitos contra las infancias y contra las mujeres.
Otras formaciones no académicas revelan también su crianza en un matriarcado compuesto por dos grandes mujeres: su abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primera abogada mujer de la Universidad Nacional de La Plata y candidata al premio Nobel de Literatura; y su madre Diana Créimer, primera mujer a cargo de la Subsecretaría del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, perseguida en la época de la dictadura.
Se puede decir que Emma Virginia recogió aquellos guantes. Y que además de su recorrido académico, su larga experiencia laboral en el Estado la llevó a crear un espacio de formación de investigación criminal y ciencias forenses, con una perspectiva que hace pie en las víctimas y autocrítica desde el Estado. “La Consultora Pericial de Ciencias Forenses se inició cuando decidí irme de ese Estado revulnerante”, revela. “Primero empezamos a hacer los cursos de capacitación con la convicción de que hacía falta un nuevo paradigma de profesionales que se dedicaran a las ciencias forenses y la investigación criminal. De esa manera se formaron grandes grupos de gente maravillosa que mostraba su sensibilidad, su interés y su compromiso con les otres. La consultora crecía mes a mes, curso a curso y cada vez más gente se acercaba en busca de ayuda. Entonces decidí conformar una pasantía en investigación criminal y ciencias forenses, donde se formara no solo desde lo teórico sino desde lo práctico a estudiantes de los últimos anos de todas las carreras y profesionales que, ya recibides, aún no se encontraban sesgades por la hegemonía del sistema”.
Numerosas instituciones apoyaron a uno de los pocos espacios de capacitación integral, teórico práctico, interdisciplinario y atravesado por la perspectiva de género y de derechos humanos del país. Hoy la consultora tiene más de treinta personas que, según sus competencias, analizan causas, realizan entrevistas a sujetes vulnerades, van a los lugares de los hechos y a las reconstrucciones, participan de autopsias, juicios orales, rotaciones por instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria, diseñan cursos, congresos y producciones científicas.
¿Cómo es el trabajo desde que convocan al equipo, hasta que termina?
Cuando las personas llegan a la Consultora Pericial de Ciencias Forenses se les solicita que por mail nos envíen un relato de todo lo ocurrido. Eso les permite ordenarse y nos permite seleccionar dentro del equipo, quiénes van a ser las personas que van a intervenir en el caso. A veces es más importante que predomine el equipo psicológico, el médico, el de museo y ciencias naturales, el jurídico o el criminalístico. Pero siempre las entrevistas son interdisciplinarias. En ese momento se pone en marcha un acompañamiento terapéutico de les sujetes vulnerades.
Una vez seleccionado el equipo se realiza una primera entrevista. Se realiza una escucha atenta y empática de la situación. Luego se le hace una devolución preliminar a la persona de lo que observamos y cuáles son los caminos a seguir. A esa instancia le sucede un ateneo con todo el equipo para realizar una tormenta de ideas, se protocolizan los pasos a seguir y se realiza una segunda entrevista. A partir de allí se solicita una copia completa de todo lo instruido en ese momento y se asigna su estudio minucioso a uno de los equipos y se ponen en marchas las medidas correspondientes. El problema:
El poder judicial y las fuerzas de seguridad en general ya han hecho un desastre con la subjetividad de las personas, han arrasado con ellas para el momento en el cual nos contactan. Más allá de eso, existe muchísima desidia y falta de compromiso en las investigaciones en general y, en algunas en particular, un juego de encubrimiento y corrupción que resulta muy difícil de atravesar…
… se dedican a rechazar las medidas sugeridas para llegar a buen puerto, obstaculizan nuestra participación e incluso violan la ley descaradamente para que no podamos realizar una investigación completa, metódica, sistemática y contextualizada.
¿Qué patrones se pueden identificar en esos cuerpos vulnerados? ¿Hay marcas que pueden decirse son típicas de femicidios y hablan, más allá de cada caso, de cómo actúa la máquina femicida?
Existen lesiones propias de la mano femicida que deben ser analizadas de manera inmediata con protocolos acordes y con perspectiva de género. De lo contrario las investigaciones caen por ignorancia o corrupción, perdiéndose evidencias fundamentales para su resolución y para la reparación de les sujetes vulnerades. El ejemplo más claro es el ocurrido en Ciudad Juárez, México, en la llamada sentencia de “Campo algodonero”. Allí el Estado fue condenado por no cumplir con la debida diligencia no solo jurídica sino pericial para resolver los casos de femicidios. Teniendo en cuenta la sentencia de González y Otras vs México “Campo Algodonero” (sentencia del 16/11/2009), retomé los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH) que surgen de esta sentencia:
A) Prevención
B) Investigación
C) Sanción y Reparación
Desde mi lugar de investigadora forense, me adentré en el análisis del segundo punto (B), teniendo en cuenta que las falencias relevadas en la investigación criminal en el caso de los femicidios-feminicidios de Ciudad Juárez, que constituyeron una obstrucción y dilación al esclarecimiento de las desapariciones y muertes de las mujeres, y lo adapté a nuestra realidad.
Por ello, construí un nuevo protocolo de autopsia para los casos de femicidio-feminicidio, aplicable a la compleja realidad de estos asesinatos, cubriendo la mayor cantidad de datos relacionados con la muerte, disminuyendo el sesgo de les operadores y otorgando a les operadores forenses una línea de registro e investigación que agote los recursos científicos disponibles y que se aplique con perspectiva de género.
En sintonía con lo expresado en la sentencia de “Campo Algodonero” cuando establece que “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”, estimo necesario remarcar el hecho de que la violencia de género se ha convertido en una pandemia y que la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada.
No resulta posible aplicar las ciencias forenses aisladas de la realidad de las sujetas vulneradas:
Si bien los feminicidios en Ciudad Juárez fueron reveladores de la violencia de género en México, en mi experiencia de más de 20 años en la temática desde la observación forense, esta realidad no escapa al resto de Latinoamérica y El Caribe.
De hecho, protocolos internacionales como el Protocolo de Minnesota para la evaluación de casos de muertes en custodia, establecen la necesidad de conocer los antecedentes del caso: la escena del crimen, la existencia de torturas (Protocolo de Estambul), uso de medios de sujeción física y farmacológica, así como el análisis de la victimología. Estimo fundamental, en estos casos de femicidios/feminicidios, remarcar la influencia de la violencia de género como práctica naturalizada y a deconstruir.
¿Creés que identificando esos elementos en común, desde las ciencias forenses se pueden aportar miradas que favorezcan una solución o una respuesta para que el Estado tome medidas urgentes y concretas contra los femicidios?
Por supuesto, pero para ello hace falta una conciencia de género, más que una perspectiva de género, y formar talentos humanos capaces de contribuir desde la ciencia sin olvidar los contextos en los cuales se producen los femicidios/feminicidios, para llegar a la verdad real.
Uno de los reclamos de los familiares es que no pueden pagar las pericias, ¿cómo se puede trabajar para que lo garantice el Estado?
Este año, con la Consultoría, pudimos hacer realidad lo que para mí era un sueño profesional. Era una asignatura pendiente. Pusimos en marcha áreas especializadas en la temática, con profesionales formades en la consultora, en el territorio. Esto implica un enorme desafío y avance de las ciencias forenses y la investigación criminal con perspectiva de género y de derechos humanos en lugares de fácil acceso a las personas que nos necesitan, generando una base operativa en instituciones clave. Para ello, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra del Ministerio de las Mujeres, Estela Díaz, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, permitieron la creación de tres áreas especializadas en investigación criminal, ciencias forenses y medicina legal, a fin de que las puertas de entrada al sistema tengan un asesoramiento con estos equipos especializados de la consultora para dar respuesta a las situaciones de violencia.
En lo personal es ver hecha realidad la construcción del legado. Considero que esta forma de trabajo debe perpetuarse por encima de una persona e incluso de muchas.
No podemos dar batalla en función de encontrar profesionales aislades nadando contra la corriente. La incorporación y formación de nuevos talentos humanos atravesades por el sufrimiento ajeno y comprometides con la memoria, la verdad y la justicia deben ser una realidad hoy y siempre.
Logramos el espacio, pusimos los equipos: ahora esperamos que nadie nos obstruya.
Cuando lo político es personal
Como parte de un extenso y generoso intercambio, la perito Créimer ahonda algunos aspectos de su trayectoria personal que reproducimos a continuación para seguir reflexionando sobre lo que se puede hacer y lo que no más acá de las instituciones.
¿Por qué te dedicás a esta rama de la medicina?
Hubo un momento de mi vida en el cual una nena de cinco años con sus enormes ojos verdes me contó que había sido abusada por su hermanastro y su papa biológico no le creía a ella sino al abusador. Ese día mi vida se quebró.
Entendí que la cirugía que tanto amaba y en la que tanto me había costado posicionarme por ser mujer no era suficiente, que la medicina tenía que dar otras respuestas. Ese día entendí que la medicina legal era el medio para defender a esa nena y todas las nenas y nenes que estuvieran pasando por lo mismo y a quienes los poderes judiciales no les creían. No pude evitar que esa nena fuera abusada, quizás pude y puedo evitar que otres siguieran sufriendo esas torturas que dinamitan las infancias.
¿Qué otras cosas te ayudaron a no caer en la desidia de las instituciones?
Durante los últimos treinta años me dediqué a formarme y capacitarme profesionalmente para buscar las respuestas y los caminos posibles (e imposibles) en la pelea contra la injusticia. Pero en realidad la construcción de esta respuesta viene desde mucho antes. Mi abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primer abogada mujer de la UNLP y candidata al premio Nobel de Literatura, surgió de la más extrema pobreza. Uno de sus poemas que más me conmovió de niña fue “Pobreza a los diez años”, donde cuenta la vergüenza que le daba tener que ir al colegio con los zapatos rotos. Ella se levantó de su pobreza económica con una enorme riqueza moral y compromiso social por les niñes y “los locos”, poniendo al Poder Judicial y a los gobiernos de turno de cabeza para asegurar su bienestar. Mi mamá, Diana Créimer, también fue abogada y siguió el camino de mi abuela siendo la primera Subsecretaria del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires después de haber sido echada y perseguida en la época de la dictadura.
Pero fue el nacimiento de mis hijes lo que realmente me enseñó a dar estas peleas. El matriarcado Créimer pesa en mi espalda pero mis hijes le dan sentido. Sus risas, sus llantos, sus palabras y sus silencios.
El Estado me castigó periódicamente por ir contra la corriente. Me suspendieron contratos, me inventaron sumarios, me persiguieron por hacer lo que la letra de la ley decía que tenía que hacer, me soltaron la mano cuando dije que mi vida y la de mi familia estaban en peligro por hacer ese trabajo para el que se suponía que me pagaban…
Cuando dejaron el cuchillo ensangrentado en la cerradura de mi casa en pleno mediodía por sostener científicamente que Etchecolatz debía permanecer en la cárcel de Ezeiza y no obtener el beneficio de la domiciliaria, con mi hija adolescente durmiendo adentro, sin saber si esa sangre era la de ella, temiendo que mi trabajo por les otres me hubiera arrancado lo que más amo en la vida; fueron mis hijes quienes me dijeron que siguiera adelante, aunque el Estado me había dejado sola.
Dormí una semana con la remera de mi hija del medio por la culpa que sentía. Hubiera necesitado hacerme su piel para sentir que la protegía. Aunque ella parece blindada, camina silenciosa como un gato sobre los problemas y cuando menos lo imaginás te da un zarpazo a la mente y te la ordena con una inteligencia y racionalidad que te deja boquiabierta.
Eso fue hace seis años. Sin embargo, hace seis días yo me encontraba agobiada, sin poder parar de llorar. Si, lloro. Me despierto de noche con terribles pesadillas por la impotencia. Me doy por vencida hasta que junto en carne viva las fuerzas para volver a empezar. No soy inteligente, soy tenaz. No soy dura, siento a les otres y eso me motoriza. No soy excepcional, soy una mujer común que se esfuerza para hacer las cosas lo mejor que puede. Nunca nada me resultó fácil.
Pero hace seis días había tenido un revés laboral que no me dejaba pensar con claridad. Y mi hijo menor con increíble sutileza me preguntó qué me pasaba y concluyó; “mamá, por culpa de una persona no podés dejar a todas las otras sin ayuda. Tu trabajo vale, es bueno, le sirve a la gente. No lo dejes”.
La respuesta es clara. Mis hijes fueron, son y serán el motor para pelear contra un Estado violento e hipócrita. Son mis maestros y maestras. Son quienes me permiten aprender cómo luchar contra los malos elementos que se afincan en las instituciones. No hay una fórmula mágica: hay un aprendizaje constante.
¿Volviste a recibir amenazas?
Las amenazas las recibimos todos los días. A veces de manera mas subliminal, a veces de forma más grotesca. Todes quienes estamos en la vereda de les sujetes vulnerades como perites sufrimos persecuciones, agresiones, aprietes. Es el mentado “backlash”. Pero aquí estamos, a veces no nos une el amor sino el espanto, por eso seguimos en pie.
¿Por qué es necesaria una justicia con perspectiva de sobrevivientes? ¿Cuánto falta para que eso suceda?
Acordemos que la perspectiva de género debe estar presente en la vida. En cada acto. Pero es sano preguntarnos qué pasa en las investigaciones criminales al respecto. La triste realidad es que
no existe perspectiva de género ni de derechos humanos en la justicia ni en la ciencia, espacios que construyen los relatos de las vidas arrancadas de sus hogares y sus familias.
La Ley Micaela ha tenido una buena intención, pero la perspectiva de género no se obtiene con un curso y un certificado. El Poder Judicial es profundamente patriarcal, machista y misógino.
Sus operadores y operadoras se molestan frente a las mujeres que denuncian violencia de género porque parten de la premisa ignorante y desaprensiva: “Si tanto le molesta que le peguen, ¿por qué no se va?”.
Se indignan cuando llegan las madres desesperadas a denunciar los abusos sexuales a sus hijes “porque son locas que quieren obtener atención o algún rédito económico”.
Es más fácil mirar para el costado y seguir la corriente sin pensar y sin oír, porque eso les blinda, impide que sientan el dolor desgarrador de quien viene a tratar de denunciar.
Eso sí, más mundanes, en el seno de sus hogares y espasmódicamente, dirán que es un horror que aparezca una piba muerta, pero nunca se harán cargo de la responsabilidad que les cabe por no haber actuado de una manera profesional y humanamente irreprochable.
Sin duda no es un trabajo para cualquiera.
Cuánto falta, no lo sé.
Todos los días pueden transformarse en una buena oportunidad para que se revise quién ocupa cada espacio tanto en justicia, seguridad y en las ciencias, para establecer qué individues tienen el compromiso requerido, además del conocimiento, y quiénes no.
Lo que espera la familia
“La doctora Créimer va a recrear todo lo que no quisieron ver los otros peritos para que Lucía tenga justicia”, dice Guillermo, el papá de Lucía Pérez desde la muestra El Cuarto de Lucía que se expone en La manzana de las Luces. “Virginia está llevando la causa de una mujer de 16 años, para que se muestre lo que le hicieron estos tres varones tan sádicos y salvajes. Va a poner en palabras lo que el cuerpo de Lucía dijo y no se quiso escuchar”, agrega Marta, acompañada por la mirada su hija desde el mural.
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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
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La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
Es urgente: enfrente está la muerte.
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