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La pandemia femicida y la perspectiva de sobrevivientes: entrevista a Virginia Créimer

Publicada

hace 4 años

25/08/2021

¿Qué nos dice la mirada forense sobre la sociedad actual? Virginia Créimer es una de las mayores expertas de una cuestión en la cual el Estado suele vulnerar a las familias. Considera que el poder judicial y las fuerzas de seguridad «han hecho un desastre con la subjetividad de las personas», y que «la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada». Por eso mismo se prepara actualmente para realizar un nuevo peritaje sobre el cuerpo de Lucía Pérez. Habla sobre las amenazas que recibió y recibe, el Estado cuando funciona como obstáculo, y la nueva noticia que la tiene al frente de un área especializada en la provincia de Buenos Aires. Lo que nos dicen los cuerpos sobre el presente. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Los antecedentes de la magíster Emma Virginia Créimer son tantos que ocuparían el largo de esta nota. En resumen, abarcan distintas especialidades de la educación, la medicina legal, la bioética, la psicología jurídica y las ciencias forenses: todo con perspectiva de derechos humanos, delitos contra las infancias y contra las mujeres.

Otras formaciones no académicas revelan también su crianza en un matriarcado compuesto por dos grandes mujeres: su abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primera abogada mujer de la Universidad Nacional de La Plata y candidata al premio Nobel de Literatura; y su madre Diana Créimer, primera mujer a cargo de la Subsecretaría del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, perseguida en la época de la dictadura.

Se puede decir que Emma Virginia recogió aquellos guantes. Y que además de su recorrido académico, su larga experiencia laboral en el Estado la llevó a crear un espacio de formación de investigación criminal y ciencias forenses, con una perspectiva que hace pie en las víctimas y autocrítica desde el Estado. “La Consultora Pericial de Ciencias Forenses se inició cuando decidí irme de ese Estado revulnerante”, revela. “Primero empezamos a hacer los cursos de capacitación con la convicción de que hacía falta un nuevo paradigma de profesionales que se dedicaran a las ciencias forenses y la investigación criminal. De esa manera se formaron grandes grupos de gente maravillosa que mostraba su sensibilidad, su interés y su compromiso con les otres. La consultora crecía mes a mes, curso a curso y cada vez más gente se acercaba en busca de ayuda. Entonces decidí conformar una pasantía en investigación criminal y ciencias forenses, donde se formara no solo desde lo teórico sino desde lo práctico a estudiantes de los últimos anos de todas las carreras y profesionales que, ya recibides, aún no se encontraban sesgades por la hegemonía del sistema”.

Numerosas instituciones apoyaron a uno de los pocos espacios de capacitación integral, teórico práctico, interdisciplinario y atravesado por la perspectiva de género y de derechos humanos del país. Hoy la consultora tiene más de treinta personas que, según sus competencias, analizan causas, realizan entrevistas a sujetes vulnerades, van a los lugares de los hechos y a las reconstrucciones, participan de autopsias, juicios orales, rotaciones por instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria, diseñan cursos, congresos y producciones científicas.

¿Cómo es el trabajo desde que convocan al equipo, hasta que termina?

Cuando las personas llegan a la Consultora Pericial de Ciencias Forenses se les solicita que por mail nos envíen un relato de todo lo ocurrido. Eso les permite ordenarse y nos permite seleccionar dentro del equipo, quiénes van a ser las personas que van a intervenir en el caso. A veces es más importante que predomine el equipo psicológico, el médico, el de museo y ciencias naturales, el jurídico o el criminalístico. Pero siempre las entrevistas son interdisciplinarias. En ese momento se pone en marcha un acompañamiento terapéutico de les sujetes vulnerades.

Una vez seleccionado el equipo se realiza una primera entrevista. Se realiza una escucha atenta y empática de la situación. Luego se le hace una devolución preliminar a la persona de lo que observamos y cuáles son los caminos a seguir. A esa instancia le sucede un ateneo con todo el equipo para realizar una tormenta de ideas, se protocolizan los pasos a seguir y se realiza una segunda entrevista. A partir de allí se solicita una copia completa de todo lo instruido en ese momento y se asigna su estudio minucioso a uno de los equipos y se ponen en marchas las medidas correspondientes. El problema:

El poder judicial y las fuerzas de seguridad en general ya han hecho un desastre con la subjetividad de las personas, han arrasado con ellas para el momento en el cual nos contactan. Más allá de eso, existe muchísima desidia y falta de compromiso en las investigaciones en general y, en algunas en particular, un juego de encubrimiento y corrupción que resulta muy difícil de atravesar…

… se dedican a rechazar las medidas sugeridas para llegar a buen puerto, obstaculizan nuestra participación e incluso violan la ley descaradamente para que no podamos realizar una investigación completa, metódica, sistemática y contextualizada.

¿Qué patrones se pueden identificar en esos cuerpos vulnerados? ¿Hay marcas que pueden decirse son típicas de femicidios y hablan, más allá de cada caso, de cómo actúa la máquina femicida?

Existen lesiones propias de la mano femicida que deben ser analizadas de manera inmediata con protocolos acordes y con perspectiva de género. De lo contrario las investigaciones caen por ignorancia o corrupción, perdiéndose evidencias fundamentales para su resolución y para la reparación de les sujetes vulnerades. El ejemplo más claro es el ocurrido en Ciudad Juárez, México, en la llamada sentencia de “Campo algodonero”. Allí el Estado fue condenado por no cumplir con la debida diligencia no solo jurídica sino pericial para resolver los casos de femicidios. Teniendo en cuenta la sentencia de González y Otras vs México “Campo Algodonero” (sentencia del 16/11/2009), retomé los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH) que surgen de esta sentencia:

A) Prevención

B) Investigación

C) Sanción y Reparación

Desde mi lugar de investigadora forense, me adentré en el análisis del segundo punto (B), teniendo en cuenta que las falencias relevadas en la investigación criminal en el caso de los femicidios-feminicidios de Ciudad Juárez, que constituyeron una obstrucción y dilación al esclarecimiento de las desapariciones y muertes de las mujeres, y lo adapté a nuestra realidad.

Por ello, construí un nuevo protocolo de autopsia para los casos de femicidio-feminicidio, aplicable a la compleja realidad de estos asesinatos, cubriendo la mayor cantidad de datos relacionados con la muerte, disminuyendo el sesgo de les operadores y otorgando a les operadores forenses una línea de registro e investigación que agote los recursos científicos disponibles y que se aplique con perspectiva de género.

En sintonía con lo expresado en la sentencia de “Campo Algodonero” cuando establece que “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”, estimo necesario remarcar el hecho de que la violencia de género se ha convertido en una pandemia y que la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada.

No resulta posible aplicar las ciencias forenses aisladas de la realidad de las sujetas vulneradas:

Si bien los feminicidios en Ciudad Juárez fueron reveladores de la violencia de género en México, en mi experiencia de más de 20 años en la temática desde la observación forense, esta realidad no escapa al resto de Latinoamérica y El Caribe.

De hecho, protocolos internacionales como el Protocolo de Minnesota para la evaluación de casos de muertes en custodia, establecen la necesidad de conocer los antecedentes del caso: la escena del crimen, la existencia de torturas (Protocolo de Estambul), uso de medios de sujeción física y farmacológica, así como el análisis de la victimología. Estimo fundamental, en estos casos de femicidios/feminicidios, remarcar la influencia de la violencia de género como práctica naturalizada y a deconstruir.

¿Creés que identificando esos elementos en común, desde las ciencias forenses se pueden aportar miradas que favorezcan una solución o una respuesta para que el Estado tome medidas urgentes y concretas contra los femicidios?

Por supuesto, pero para ello hace falta una conciencia de género, más que una perspectiva de género, y formar talentos humanos capaces de contribuir desde la ciencia sin olvidar los contextos en los cuales se producen los femicidios/feminicidios, para llegar a la verdad real.

Uno de los reclamos de los familiares es que no pueden pagar las pericias, ¿cómo se puede trabajar para que lo garantice el Estado?

Este año, con la Consultoría, pudimos hacer realidad lo que para mí era un sueño profesional. Era una asignatura pendiente. Pusimos en marcha áreas especializadas en la temática, con profesionales formades en la consultora, en el territorio. Esto implica un enorme desafío y avance de las ciencias forenses y la investigación criminal con perspectiva de género y de derechos humanos en lugares de fácil acceso a las personas que nos necesitan, generando una base operativa en instituciones clave. Para ello, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra del Ministerio de las Mujeres, Estela Díaz, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, permitieron la creación de tres áreas especializadas en investigación criminal, ciencias forenses y medicina legal, a fin de que las puertas de entrada al sistema tengan un asesoramiento con estos equipos especializados de la consultora para dar respuesta a las situaciones de violencia.

En lo personal es ver hecha realidad la construcción del legado. Considero que esta forma de trabajo debe perpetuarse por encima de una persona e incluso de muchas.

No podemos dar batalla en función de encontrar profesionales aislades nadando contra la corriente. La incorporación y formación de nuevos talentos humanos atravesades por el sufrimiento ajeno y comprometides con la memoria, la verdad y la justicia deben ser una realidad hoy y siempre.

Logramos el espacio, pusimos los equipos: ahora esperamos que nadie nos obstruya.

Cuando lo político es personal

Como parte de un extenso y generoso intercambio, la perito Créimer ahonda algunos aspectos de su trayectoria personal que reproducimos a continuación para seguir reflexionando sobre lo que se puede hacer y lo que no más acá de las instituciones.

¿Por qué te dedicás a esta rama de la medicina?

Hubo un momento de mi vida en el cual una nena de cinco años con sus enormes ojos verdes me contó que había sido abusada por su hermanastro y su papa biológico no le creía a ella sino al abusador. Ese día mi vida se quebró.

Entendí que la cirugía que tanto amaba y en la que tanto me había costado posicionarme por ser mujer no era suficiente, que la medicina tenía que dar otras respuestas. Ese día entendí que la medicina legal era el medio para defender a esa nena y todas las nenas y nenes que estuvieran pasando por lo mismo y a quienes los poderes judiciales no les creían. No pude evitar que esa nena fuera abusada, quizás pude y puedo evitar que otres siguieran sufriendo esas torturas que dinamitan las infancias.

¿Qué otras cosas te ayudaron a no caer en la desidia de las instituciones?

Durante los últimos treinta años me dediqué a formarme y capacitarme profesionalmente para buscar las respuestas y los caminos posibles (e imposibles) en la pelea contra la injusticia. Pero en realidad la construcción de esta respuesta viene desde mucho antes. Mi abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primer abogada mujer de la UNLP y candidata al premio Nobel de Literatura, surgió de la más extrema pobreza. Uno de sus poemas que más me conmovió de niña fue “Pobreza a los diez años”, donde cuenta la vergüenza que le daba tener que ir al colegio con los zapatos rotos. Ella se levantó de su pobreza económica con una enorme riqueza moral y compromiso social por les niñes y “los locos”, poniendo al Poder Judicial y a los gobiernos de turno de cabeza para asegurar su bienestar. Mi mamá, Diana Créimer, también fue abogada y siguió el camino de mi abuela siendo la primera Subsecretaria del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires después de haber sido echada y perseguida en la época de la dictadura.

Pero fue el nacimiento de mis hijes lo que realmente me enseñó a dar estas peleas. El matriarcado Créimer pesa en mi espalda pero mis hijes le dan sentido. Sus risas, sus llantos, sus palabras y sus silencios.

El Estado me castigó periódicamente por ir contra la corriente. Me suspendieron contratos, me inventaron sumarios, me persiguieron por hacer lo que la letra de la ley decía que tenía que hacer, me soltaron la mano cuando dije que mi vida y la de mi familia estaban en peligro por hacer ese trabajo para el que se suponía que me pagaban…

Cuando dejaron el cuchillo ensangrentado en la cerradura de mi casa en pleno mediodía por sostener científicamente que Etchecolatz debía permanecer en la cárcel de Ezeiza y no obtener el beneficio de la domiciliaria, con mi hija adolescente durmiendo adentro, sin saber si esa sangre era la de ella, temiendo que mi trabajo por les otres me hubiera arrancado lo que más amo en la vida; fueron mis hijes quienes me dijeron que siguiera adelante, aunque el Estado me había dejado sola.

Dormí una semana con la remera de mi hija del medio por la culpa que sentía. Hubiera necesitado hacerme su piel para sentir que la protegía. Aunque ella parece blindada, camina silenciosa como un gato sobre los problemas y cuando menos lo imaginás te da un zarpazo a la mente y te la ordena con una inteligencia y racionalidad que te deja boquiabierta.

Eso fue hace seis años. Sin embargo, hace seis días yo me encontraba agobiada, sin poder parar de llorar. Si, lloro. Me despierto de noche con terribles pesadillas por la impotencia. Me doy por vencida hasta que junto en carne viva las fuerzas para volver a empezar. No soy inteligente, soy tenaz. No soy dura, siento a les otres y eso me motoriza. No soy excepcional, soy una mujer común que se esfuerza para hacer las cosas lo mejor que puede. Nunca nada me resultó fácil.

Pero hace seis días había tenido un revés laboral que no me dejaba pensar con claridad. Y mi hijo menor con increíble sutileza me preguntó qué me pasaba y concluyó; “mamá, por culpa de una persona no podés dejar a todas las otras sin ayuda. Tu trabajo vale, es bueno, le sirve a la gente. No lo dejes”.

La respuesta es clara. Mis hijes fueron, son y serán el motor para pelear contra un Estado violento e hipócrita. Son mis maestros y maestras. Son quienes me permiten aprender cómo luchar contra los malos elementos que se afincan en las instituciones. No hay una fórmula mágica: hay un aprendizaje constante.

¿Volviste a recibir amenazas?

Las amenazas las recibimos todos los días. A veces de manera mas subliminal, a veces de forma más grotesca. Todes quienes estamos en la vereda de les sujetes vulnerades como perites sufrimos persecuciones, agresiones, aprietes. Es el mentado “backlash”. Pero aquí estamos, a veces no nos une el amor sino el espanto, por eso seguimos en pie.

¿Por qué es necesaria una justicia con perspectiva de sobrevivientes? ¿Cuánto falta para que eso suceda?

Acordemos que la perspectiva de género debe estar presente en la vida. En cada acto. Pero es sano preguntarnos qué pasa en las investigaciones criminales al respecto. La triste realidad es que

no existe perspectiva de género ni de derechos humanos en la justicia ni en la ciencia, espacios que construyen los relatos de las vidas arrancadas de sus hogares y sus familias.

La Ley Micaela ha tenido una buena intención, pero la perspectiva de género no se obtiene con un curso y un certificado. El Poder Judicial es profundamente patriarcal, machista y misógino.

Sus operadores y operadoras se molestan frente a las mujeres que denuncian violencia de género porque parten de la premisa ignorante y desaprensiva: “Si tanto le molesta que le peguen, ¿por qué no se va?”.

Se indignan cuando llegan las madres desesperadas a denunciar los abusos sexuales a sus hijes “porque son locas que quieren obtener atención o algún rédito económico”.

Es más fácil mirar para el costado y seguir la corriente sin pensar y sin oír, porque eso les blinda, impide que sientan el dolor desgarrador de quien viene a tratar de denunciar.

Eso sí, más mundanes, en el seno de sus hogares y espasmódicamente, dirán que es un horror que aparezca una piba muerta, pero nunca se harán cargo de la responsabilidad que les cabe por no haber actuado de una manera profesional y humanamente irreprochable.

Sin duda no es un trabajo para cualquiera.

Cuánto falta, no lo sé.

Todos los días pueden transformarse en una buena oportunidad para que se revise quién ocupa cada espacio tanto en justicia, seguridad y en las ciencias, para establecer qué individues tienen el compromiso requerido, además del conocimiento, y quiénes no.

Lo que espera la familia

“La doctora Créimer va a recrear todo lo que no quisieron ver los otros peritos para que Lucía tenga justicia”, dice Guillermo, el papá de Lucía Pérez desde la muestra El Cuarto de Lucía que se expone en La manzana de las Luces. “Virginia está llevando la causa de una mujer de 16 años, para que se muestre lo que le hicieron estos tres varones tan sádicos y salvajes. Va a poner en palabras lo que el cuerpo de Lucía dijo y no se quiso escuchar”, agrega Marta, acompañada por la mirada su hija desde el mural.

Vacío de justicia. La muestra El cuarto de Lucía

«Estamos sanando las heridas, juntas»: las visitas que recorren El cuarto de Lucía y ayudan a construir justicia

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 3 semanas

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 2 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 2 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.