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La pandemia femicida y la perspectiva de sobrevivientes: entrevista a Virginia Créimer

¿Qué nos dice la mirada forense sobre la sociedad actual? Virginia Créimer es una de las mayores expertas de una cuestión en la cual el Estado suele vulnerar a las familias. Considera que el poder judicial y las fuerzas de seguridad «han hecho un desastre con la subjetividad de las personas», y que «la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada». Por eso mismo se prepara actualmente para realizar un nuevo peritaje sobre el cuerpo de Lucía Pérez. Habla sobre las amenazas que recibió y recibe, el Estado cuando funciona como obstáculo, y la nueva noticia que la tiene al frente de un área especializada en la provincia de Buenos Aires. Lo que nos dicen los cuerpos sobre el presente. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.
Los antecedentes de la magíster Emma Virginia Créimer son tantos que ocuparían el largo de esta nota. En resumen, abarcan distintas especialidades de la educación, la medicina legal, la bioética, la psicología jurídica y las ciencias forenses: todo con perspectiva de derechos humanos, delitos contra las infancias y contra las mujeres.
Otras formaciones no académicas revelan también su crianza en un matriarcado compuesto por dos grandes mujeres: su abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primera abogada mujer de la Universidad Nacional de La Plata y candidata al premio Nobel de Literatura; y su madre Diana Créimer, primera mujer a cargo de la Subsecretaría del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, perseguida en la época de la dictadura.
Se puede decir que Emma Virginia recogió aquellos guantes. Y que además de su recorrido académico, su larga experiencia laboral en el Estado la llevó a crear un espacio de formación de investigación criminal y ciencias forenses, con una perspectiva que hace pie en las víctimas y autocrítica desde el Estado. “La Consultora Pericial de Ciencias Forenses se inició cuando decidí irme de ese Estado revulnerante”, revela. “Primero empezamos a hacer los cursos de capacitación con la convicción de que hacía falta un nuevo paradigma de profesionales que se dedicaran a las ciencias forenses y la investigación criminal. De esa manera se formaron grandes grupos de gente maravillosa que mostraba su sensibilidad, su interés y su compromiso con les otres. La consultora crecía mes a mes, curso a curso y cada vez más gente se acercaba en busca de ayuda. Entonces decidí conformar una pasantía en investigación criminal y ciencias forenses, donde se formara no solo desde lo teórico sino desde lo práctico a estudiantes de los últimos anos de todas las carreras y profesionales que, ya recibides, aún no se encontraban sesgades por la hegemonía del sistema”.
Numerosas instituciones apoyaron a uno de los pocos espacios de capacitación integral, teórico práctico, interdisciplinario y atravesado por la perspectiva de género y de derechos humanos del país. Hoy la consultora tiene más de treinta personas que, según sus competencias, analizan causas, realizan entrevistas a sujetes vulnerades, van a los lugares de los hechos y a las reconstrucciones, participan de autopsias, juicios orales, rotaciones por instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria, diseñan cursos, congresos y producciones científicas.
¿Cómo es el trabajo desde que convocan al equipo, hasta que termina?
Cuando las personas llegan a la Consultora Pericial de Ciencias Forenses se les solicita que por mail nos envíen un relato de todo lo ocurrido. Eso les permite ordenarse y nos permite seleccionar dentro del equipo, quiénes van a ser las personas que van a intervenir en el caso. A veces es más importante que predomine el equipo psicológico, el médico, el de museo y ciencias naturales, el jurídico o el criminalístico. Pero siempre las entrevistas son interdisciplinarias. En ese momento se pone en marcha un acompañamiento terapéutico de les sujetes vulnerades.
Una vez seleccionado el equipo se realiza una primera entrevista. Se realiza una escucha atenta y empática de la situación. Luego se le hace una devolución preliminar a la persona de lo que observamos y cuáles son los caminos a seguir. A esa instancia le sucede un ateneo con todo el equipo para realizar una tormenta de ideas, se protocolizan los pasos a seguir y se realiza una segunda entrevista. A partir de allí se solicita una copia completa de todo lo instruido en ese momento y se asigna su estudio minucioso a uno de los equipos y se ponen en marchas las medidas correspondientes. El problema:
El poder judicial y las fuerzas de seguridad en general ya han hecho un desastre con la subjetividad de las personas, han arrasado con ellas para el momento en el cual nos contactan. Más allá de eso, existe muchísima desidia y falta de compromiso en las investigaciones en general y, en algunas en particular, un juego de encubrimiento y corrupción que resulta muy difícil de atravesar…
… se dedican a rechazar las medidas sugeridas para llegar a buen puerto, obstaculizan nuestra participación e incluso violan la ley descaradamente para que no podamos realizar una investigación completa, metódica, sistemática y contextualizada.
¿Qué patrones se pueden identificar en esos cuerpos vulnerados? ¿Hay marcas que pueden decirse son típicas de femicidios y hablan, más allá de cada caso, de cómo actúa la máquina femicida?
Existen lesiones propias de la mano femicida que deben ser analizadas de manera inmediata con protocolos acordes y con perspectiva de género. De lo contrario las investigaciones caen por ignorancia o corrupción, perdiéndose evidencias fundamentales para su resolución y para la reparación de les sujetes vulnerades. El ejemplo más claro es el ocurrido en Ciudad Juárez, México, en la llamada sentencia de “Campo algodonero”. Allí el Estado fue condenado por no cumplir con la debida diligencia no solo jurídica sino pericial para resolver los casos de femicidios. Teniendo en cuenta la sentencia de González y Otras vs México “Campo Algodonero” (sentencia del 16/11/2009), retomé los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH) que surgen de esta sentencia:
A) Prevención
B) Investigación
C) Sanción y Reparación
Desde mi lugar de investigadora forense, me adentré en el análisis del segundo punto (B), teniendo en cuenta que las falencias relevadas en la investigación criminal en el caso de los femicidios-feminicidios de Ciudad Juárez, que constituyeron una obstrucción y dilación al esclarecimiento de las desapariciones y muertes de las mujeres, y lo adapté a nuestra realidad.
Por ello, construí un nuevo protocolo de autopsia para los casos de femicidio-feminicidio, aplicable a la compleja realidad de estos asesinatos, cubriendo la mayor cantidad de datos relacionados con la muerte, disminuyendo el sesgo de les operadores y otorgando a les operadores forenses una línea de registro e investigación que agote los recursos científicos disponibles y que se aplique con perspectiva de género.
En sintonía con lo expresado en la sentencia de “Campo Algodonero” cuando establece que “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades”, estimo necesario remarcar el hecho de que la violencia de género se ha convertido en una pandemia y que la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada.
No resulta posible aplicar las ciencias forenses aisladas de la realidad de las sujetas vulneradas:
Si bien los feminicidios en Ciudad Juárez fueron reveladores de la violencia de género en México, en mi experiencia de más de 20 años en la temática desde la observación forense, esta realidad no escapa al resto de Latinoamérica y El Caribe.
De hecho, protocolos internacionales como el Protocolo de Minnesota para la evaluación de casos de muertes en custodia, establecen la necesidad de conocer los antecedentes del caso: la escena del crimen, la existencia de torturas (Protocolo de Estambul), uso de medios de sujeción física y farmacológica, así como el análisis de la victimología. Estimo fundamental, en estos casos de femicidios/feminicidios, remarcar la influencia de la violencia de género como práctica naturalizada y a deconstruir.
¿Creés que identificando esos elementos en común, desde las ciencias forenses se pueden aportar miradas que favorezcan una solución o una respuesta para que el Estado tome medidas urgentes y concretas contra los femicidios?
Por supuesto, pero para ello hace falta una conciencia de género, más que una perspectiva de género, y formar talentos humanos capaces de contribuir desde la ciencia sin olvidar los contextos en los cuales se producen los femicidios/feminicidios, para llegar a la verdad real.
Uno de los reclamos de los familiares es que no pueden pagar las pericias, ¿cómo se puede trabajar para que lo garantice el Estado?
Este año, con la Consultoría, pudimos hacer realidad lo que para mí era un sueño profesional. Era una asignatura pendiente. Pusimos en marcha áreas especializadas en la temática, con profesionales formades en la consultora, en el territorio. Esto implica un enorme desafío y avance de las ciencias forenses y la investigación criminal con perspectiva de género y de derechos humanos en lugares de fácil acceso a las personas que nos necesitan, generando una base operativa en instituciones clave. Para ello, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra del Ministerio de las Mujeres, Estela Díaz, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, permitieron la creación de tres áreas especializadas en investigación criminal, ciencias forenses y medicina legal, a fin de que las puertas de entrada al sistema tengan un asesoramiento con estos equipos especializados de la consultora para dar respuesta a las situaciones de violencia.
En lo personal es ver hecha realidad la construcción del legado. Considero que esta forma de trabajo debe perpetuarse por encima de una persona e incluso de muchas.
No podemos dar batalla en función de encontrar profesionales aislades nadando contra la corriente. La incorporación y formación de nuevos talentos humanos atravesades por el sufrimiento ajeno y comprometides con la memoria, la verdad y la justicia deben ser una realidad hoy y siempre.
Logramos el espacio, pusimos los equipos: ahora esperamos que nadie nos obstruya.
Cuando lo político es personal
Como parte de un extenso y generoso intercambio, la perito Créimer ahonda algunos aspectos de su trayectoria personal que reproducimos a continuación para seguir reflexionando sobre lo que se puede hacer y lo que no más acá de las instituciones.
¿Por qué te dedicás a esta rama de la medicina?
Hubo un momento de mi vida en el cual una nena de cinco años con sus enormes ojos verdes me contó que había sido abusada por su hermanastro y su papa biológico no le creía a ella sino al abusador. Ese día mi vida se quebró.
Entendí que la cirugía que tanto amaba y en la que tanto me había costado posicionarme por ser mujer no era suficiente, que la medicina tenía que dar otras respuestas. Ese día entendí que la medicina legal era el medio para defender a esa nena y todas las nenas y nenes que estuvieran pasando por lo mismo y a quienes los poderes judiciales no les creían. No pude evitar que esa nena fuera abusada, quizás pude y puedo evitar que otres siguieran sufriendo esas torturas que dinamitan las infancias.
¿Qué otras cosas te ayudaron a no caer en la desidia de las instituciones?
Durante los últimos treinta años me dediqué a formarme y capacitarme profesionalmente para buscar las respuestas y los caminos posibles (e imposibles) en la pelea contra la injusticia. Pero en realidad la construcción de esta respuesta viene desde mucho antes. Mi abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primer abogada mujer de la UNLP y candidata al premio Nobel de Literatura, surgió de la más extrema pobreza. Uno de sus poemas que más me conmovió de niña fue “Pobreza a los diez años”, donde cuenta la vergüenza que le daba tener que ir al colegio con los zapatos rotos. Ella se levantó de su pobreza económica con una enorme riqueza moral y compromiso social por les niñes y “los locos”, poniendo al Poder Judicial y a los gobiernos de turno de cabeza para asegurar su bienestar. Mi mamá, Diana Créimer, también fue abogada y siguió el camino de mi abuela siendo la primera Subsecretaria del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires después de haber sido echada y perseguida en la época de la dictadura.
Pero fue el nacimiento de mis hijes lo que realmente me enseñó a dar estas peleas. El matriarcado Créimer pesa en mi espalda pero mis hijes le dan sentido. Sus risas, sus llantos, sus palabras y sus silencios.
El Estado me castigó periódicamente por ir contra la corriente. Me suspendieron contratos, me inventaron sumarios, me persiguieron por hacer lo que la letra de la ley decía que tenía que hacer, me soltaron la mano cuando dije que mi vida y la de mi familia estaban en peligro por hacer ese trabajo para el que se suponía que me pagaban…
Cuando dejaron el cuchillo ensangrentado en la cerradura de mi casa en pleno mediodía por sostener científicamente que Etchecolatz debía permanecer en la cárcel de Ezeiza y no obtener el beneficio de la domiciliaria, con mi hija adolescente durmiendo adentro, sin saber si esa sangre era la de ella, temiendo que mi trabajo por les otres me hubiera arrancado lo que más amo en la vida; fueron mis hijes quienes me dijeron que siguiera adelante, aunque el Estado me había dejado sola.
Dormí una semana con la remera de mi hija del medio por la culpa que sentía. Hubiera necesitado hacerme su piel para sentir que la protegía. Aunque ella parece blindada, camina silenciosa como un gato sobre los problemas y cuando menos lo imaginás te da un zarpazo a la mente y te la ordena con una inteligencia y racionalidad que te deja boquiabierta.
Eso fue hace seis años. Sin embargo, hace seis días yo me encontraba agobiada, sin poder parar de llorar. Si, lloro. Me despierto de noche con terribles pesadillas por la impotencia. Me doy por vencida hasta que junto en carne viva las fuerzas para volver a empezar. No soy inteligente, soy tenaz. No soy dura, siento a les otres y eso me motoriza. No soy excepcional, soy una mujer común que se esfuerza para hacer las cosas lo mejor que puede. Nunca nada me resultó fácil.
Pero hace seis días había tenido un revés laboral que no me dejaba pensar con claridad. Y mi hijo menor con increíble sutileza me preguntó qué me pasaba y concluyó; “mamá, por culpa de una persona no podés dejar a todas las otras sin ayuda. Tu trabajo vale, es bueno, le sirve a la gente. No lo dejes”.
La respuesta es clara. Mis hijes fueron, son y serán el motor para pelear contra un Estado violento e hipócrita. Son mis maestros y maestras. Son quienes me permiten aprender cómo luchar contra los malos elementos que se afincan en las instituciones. No hay una fórmula mágica: hay un aprendizaje constante.
¿Volviste a recibir amenazas?
Las amenazas las recibimos todos los días. A veces de manera mas subliminal, a veces de forma más grotesca. Todes quienes estamos en la vereda de les sujetes vulnerades como perites sufrimos persecuciones, agresiones, aprietes. Es el mentado “backlash”. Pero aquí estamos, a veces no nos une el amor sino el espanto, por eso seguimos en pie.
¿Por qué es necesaria una justicia con perspectiva de sobrevivientes? ¿Cuánto falta para que eso suceda?
Acordemos que la perspectiva de género debe estar presente en la vida. En cada acto. Pero es sano preguntarnos qué pasa en las investigaciones criminales al respecto. La triste realidad es que
no existe perspectiva de género ni de derechos humanos en la justicia ni en la ciencia, espacios que construyen los relatos de las vidas arrancadas de sus hogares y sus familias.
La Ley Micaela ha tenido una buena intención, pero la perspectiva de género no se obtiene con un curso y un certificado. El Poder Judicial es profundamente patriarcal, machista y misógino.
Sus operadores y operadoras se molestan frente a las mujeres que denuncian violencia de género porque parten de la premisa ignorante y desaprensiva: “Si tanto le molesta que le peguen, ¿por qué no se va?”.
Se indignan cuando llegan las madres desesperadas a denunciar los abusos sexuales a sus hijes “porque son locas que quieren obtener atención o algún rédito económico”.
Es más fácil mirar para el costado y seguir la corriente sin pensar y sin oír, porque eso les blinda, impide que sientan el dolor desgarrador de quien viene a tratar de denunciar.
Eso sí, más mundanes, en el seno de sus hogares y espasmódicamente, dirán que es un horror que aparezca una piba muerta, pero nunca se harán cargo de la responsabilidad que les cabe por no haber actuado de una manera profesional y humanamente irreprochable.
Sin duda no es un trabajo para cualquiera.
Cuánto falta, no lo sé.
Todos los días pueden transformarse en una buena oportunidad para que se revise quién ocupa cada espacio tanto en justicia, seguridad y en las ciencias, para establecer qué individues tienen el compromiso requerido, además del conocimiento, y quiénes no.
Lo que espera la familia
“La doctora Créimer va a recrear todo lo que no quisieron ver los otros peritos para que Lucía tenga justicia”, dice Guillermo, el papá de Lucía Pérez desde la muestra El Cuarto de Lucía que se expone en La manzana de las Luces. “Virginia está llevando la causa de una mujer de 16 años, para que se muestre lo que le hicieron estos tres varones tan sádicos y salvajes. Va a poner en palabras lo que el cuerpo de Lucía dijo y no se quiso escuchar”, agrega Marta, acompañada por la mirada su hija desde el mural.
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Un mes sin Brenda, Lara y Morena: lo que se sabe de la trama narcofemicida

Este lunes se está cumpliendo un mes del triple narcofemicidio. La causa que investiga el asesinato de Brenda (20), Morena (20) y Lara (15) tiene nueve personas detenidas y tres prófugas. Una de ellas es Alex Ydone Castillo, acusado de ser el dueño de los 30 kilos de cocaína que habrían sido robados, posible móvil de los brutales asesinatos.
Lo increíble: Castillo estaba preso pero fue excarcelado “por razones humanitarias” durante la pandemia del coronavirus, según lo reveló el periodista de Infobae Federico Fahsbender. En su artículo se detalla que Ydone Castillo había sido detenido en Argentina por una circular roja de Interpol –emitida desde Perú, su país de origen– por “un movimiento de 51 kilos de cocaína”. Fue la Sala II de Casación la que lo excarceló. Desde que quedó en libertad, el gobierno peruano tampoco envió en los plazos pertinentes el pedido formal de extradición. Y siguió libre.
Los otros dos prófugos de la causa del triple narcofemicidio son David González Huamani (“El loco David” o “El Tarta”, por tartamudo) y Manuel Valverde, tío de Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, que está detenido en Perú a la espera de un juicio de extradición.
Los narcos robados
A Huamani, Celeste Magalí Guerrero (una de las detenidas que mayor información aportó) lo reconoció dentro de su casa del barrio Villa Vatteone. Fue una de las personas reconocida por tener guantes de látex. Huamani también aparece en la declaración de Víctor Sotacuro, detenido en Villazón, frontera con Bolivia, acusado de manejar el auto de apoyo a la Chevrolet Tracker blanca que levantó a las chicas en las calles de Ciudad Evita el 19 de septiembre. Sotacuro dijo que fue Huamani quien lo contrató para hacer los viajes de esa noche y que le pidió que le llevara ropa para cambiarse. Sotacuro declaró que lo fue a buscar a Varela y lo llevó hasta la 1-11-14, en el Bajo Flores, y dijo que Huamani estaba sucio de barro, al igual que otros dos hombres que se subieron a su auto. La mamá de Morena lo señaló como el que maneja la droga en Las Antenas, un barrio de Lomas del Mirador, y en la Palito, en San Justo, dos localidades de La Matanza.
Según una de las hipótesis de la investigación, los prófugos Castillo, Huamani y Valverde integran la organización cuya droga había sido robada. Sobre ellos pesan órdenes de captura internacional. Esa línea también busca a otros tres sospechosos, todavía no identificados, pero que en el expediente aparecen como “NN Paco”, “NN Nero”, y el “canoso de la Glock”, en referencia al arma que llevaba un hombre que Guerrero ubicó en su casa, bajándose de la camioneta con Pequeño J, en las calles Río Samborombón y Chañar.
Quiénes están en prisión
Hasta el momento las nueve personas detenidas son:
- Daniela Ibarra (19) y Maximiliano Parra (18), quienes encontraron limpiando con lavandina la casa de Varela.
- Celeste Magalí Guerrero (28) que alquilaba la casa. Su declaración aportó múltiples detalles que la justicia debe corroborar. Por un lado, explicó la estructura del clan, con jerarquías divididas en “Abuelos”, “Papás”, “Tíos”, “Pequeños” y “Mulos”, según el orden de importancia en la organización. Según su declaración, Pequeño J, que era presentado como el líder de una banda narco transnacional, en realidad tenía un rol menor, aunque lo ubicó en la escena del crimen. También declaró cómo esa noche fueron a comprar artículos de limpieza y bidones de nafta.
- Miguel Villanueva Silva (25), pareja de Guerrero. A ambos los detuvieron en un hotel alojamiento. Ella declaró que, al llegar a la casa de madrugada, lo vio con la mano ensangrentada y, según dijo, le confesó que había matado a una de las chicas al intentar escaparse. Un kiosquero del barrio de Florencio Varela dijo que Silva había ido a comprar con otro chico y que le dejó una mancha de sangre en la reja del comercio, que su mujer terminó limpiando.
- Ariel Giménez (29), uno de los acusados de cavar la fosa en la casa.
- Víctor Lázaro Sotacuro (41). Al principio se creía que solo era remisero pero, según Guerrero, tiene un lugar importante en la estructura. El hombre declaró que nunca estuvo en la escena, que no era el dueño de la droga robada, que tampoco era el jefe de la banda y que su apodo no era “El Duro”, como había dicho Guerrero. De todas formas, según La Nación, Sotacuro pagaba las cocheras en las que se estacionaban los cuatro vehículos de la banda: la Chevrolet Tracker blanca (que fue incendiada), el Volkswagen Fox blanco que manejó, un Renault 19 gris y un Chevrolet Cruze negro. Sus abogados pidieron un careo con Guerrero por supuestas “contradicciones”.
- Florencia Ibáñez (30), sobrina de Sotacuro, acompañante en el Volkswagen Fox, fue detenida luego de salir de los estudios de A24, donde defendió a su tío y dijo que habían pasado por el recorrido de la Tracker de casualidad. El fiscal Arribas dijo que Ibáñez reconoció que el móvil de los femicidios había sido un robo de un cargamento de droga que pertenecía a su pareja, el prófugo Alex Ydone Castillo.
- Tony Janzen Valverde, alias “Pequeño J”, 20 años. Guerrero lo ubicó en su casa con Sotacuro y el “canoso de la Glock”. También dijo que Pequeño J había llamado a Villanueva para pedirle la casa para una fiesta. Está detenido en el penal de Cañete, en Perú, a la espera de la extradición. La declaración de Guerrero lo rebajó en la estructura: hoy está acusado de organizar dealers. Según la investigación, el abuelo y el papá de Valverde también se dedicaban al negocio narco. Su padre fue asesinado. Una cámara de seguridad ubicó a “Pequeño J” el 6 de septiembre a la salida de un pool de Flores con Lara y otra joven.
- Matías Ozorio (28), ladero de Pequeño J. Su historia es increíble y grafica una época: el periodista Carlos Burgueño contó que el joven tenía un trabajo en relación de dependencia en el Hospital Italiano –obra social, aportes, vacaciones, aguinaldo–, lugar del que se hizo echar, según sus familiares, para cobrar una indemnización que invirtió en el mundo cripto. Entre sus apuestas estuvo $Libra, bendecida por el presidente Javier Milei, cuyo desplome hizo a Ozorio perder todo y pedir un préstamo a un transa. Ya no se despegó de lo narco. Según Guerrero, fue una de las tres personas que cavó los pozos en la casa de Varela. Como Pequeño J, fue detenido en Perú. Guerrero también declaró que Ozorio le traía cocaína en 100 o 120 envoltorios que ella vendía a un valor de $10.000 cada uno.
Vínculo de confianza
Según publicó La Nación, el fiscal Carlos Arribas describió: “Tras producirse la referida sustracción cuyos autores fueran presumiblemente allegados o conocidos las víctimas, fue que mediante maniobras de engaño, y ardides y aprovechándose de su especial condición de vulnerabilidad, integrantes de la organización mencionada precedentemente, en su mayoría de sexo masculino, lograron establecer un vínculo de confianza con las tres jóvenes, por lo que el 19 de septiembre de 2025, a las 21.29, consiguieron las jóvenes abordaran una Chevrolet Tracker blanca con dominio que había sido robado, en la que viajaban al menos tres personas. El vehículo contaba con el apoyo de un Volkswagen Fox blanco en el que circulaban al menos otras dos personas de la organización y de Chevrolet Cruze negro”.
Según las publicaciones, todavía no está claro quiénes integran el grupo que habría robado el cargamento de cocaína. Pero la descripción de la estructura hace presumir que la causa está próxima a pasar a la órbita de la Justicia Federal.
Ya pasó un mes.
Las familias de Brenda, Lara y Morena siguen exigiendo justicia.
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Transfemicidio en Neuquén: reclaman justicia por Azul, la trabajadora estatal por la que se declararon dos días de duelo

Por Evangelina Bucari
Fotos: Carlos Luna @un_chino.of
Azul Mía Natasha Semeñenko soñaba con “ser Azul del todo”. Había iniciado su hormonización, esperaba turno para realizarse una cirugía de modificación corporal y, como escribió su compañera de trabajo y amiga Ivana Meske, “buscó amor en todas sus formas”. “No tuvo una ley de identidad de género que la protegiera en su infancia –recordó–; fue excluida, juzgada, maltratada. Aun así, siempre tejió redes: trabajamos con ella el cambio de DNI, buscó apoyo en el sistema de salud y batalló por operarse. ‘Voy a ser Azul cuando me operen’, solía decir”. No logró cumplir ese sueño porque fue asesinada. A dos días del hallazgo de su cuerpo, la lloran y despiden en el Cementerio Central de la ciudad de Neuquén.

El 25 de septiembre, día de su cumpleaños 49, Azul dejó de responder mensajes. Sus compañeras de trabajo se preocuparon y la buscaron; el Estado no lo hizo tan rápido. Si bien les tomaron la denuncia, la Policía recién publicó la búsqueda el 30, cinco días después. Tras marchas y movilizaciones junto al movimiento trans y feminista para visibilizar su desaparición, tres semanas más tarde, el 15 de octubre a la noche, el Ministerio Público Fiscal neuquino informó la identificación de un cuerpo hallado en un canal de Valentina Norte: era ella, había sido víctima de un transfemicidio. De acuerdo con la autopsia preliminar, sufrió heridas punzocortantes en tórax y brazos y fracturas en la cara. La investigación está ahora a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi.
La vida de Azul no había sido fácil. Como muchas otras chicas trans, su camino estuvo atravesado por diferentes formas de discriminación, violencias y vulneraciones: estaba alejada de su entorno familiar, con quienes no tenía contacto; tiempo atrás había tenido que ejercer el trabajo sexual como forma de subsistencia y, en algún momento, había caído en consumos problemáticos. Por eso, cuando en 2017 entró a trabajar en la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia como maestranza, ese espacio y sus compañeras se transformaron en su familia elegida junto a sus amigas trans que la acompañaban en su proceso. Con el cambio de gobierno en 2023, había sido trasladada de área y actualmente trabajaba como auxiliar en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia de Género.

La bandera en la marcha.
Apenas conocida la noticia del transfemicidio, el 16 de octubre hubo una gran marcha y abrazo colectivo. Durante la manifestación, se sumó Marcos, el hermano de Azul, que compartió el dolor de la familia pese a estar distanciados y su pedido de que el caso no quede impune.
En ese encuentro llegó el desahogo y se multiplicaron los recuerdos de quienes compartían los días con ella y la describieron: atenta con todos, llevando siempre “un matecito o café caliente”, preguntando todo el tiempo si alguien necesitaba algo o haciéndose cargo de cubrir tareas si alguien faltaba; una mujer tímida pero alegre, que personalizó su rinconcito en la oficina y que ahora nadie se anima a tocar. “Escuchar los relatos muestra cómo para Azul el trabajo fue un lugar de pertenencia. Fueron las compañeras quienes tomaron la búsqueda desde el primer día”, destacó Mariana Sarin, secretaria de Género de la CTA Autónoma provincial y delegada de ATE.

La presencia mapuche en el acto por Azul.
Cecilia Vacarezza era compañera de Azul desde sus inicios y se habían reencontrado este año en la Dirección Provincial de Protección Integral de las Violencias. La recuerda llegando en bicicleta y siendo de las últimas en irse: “Era querida por todas y todos. Luchó por su identidad, estaba feliz porque podía ser ella misma. Nos arrebataron su vida de una forma brutal”, contó entre sollozos por mensajes de WhatsApp. Muchas no podían ni hablar.
“El primer día que llegó estaba tímida. Le pregunté cómo quería que la llamara y me dijo ‘Azul’. Desde entonces se fue ganando su lugar, con su libertad, su alegría y su forma única de ser”, escribió en redes Rosana Arévalo, otra compañera de trabajo. “Voy a extrañar que camine por los pasillos cantando en inglés –continúo–, que me diga ‘Amore, ¿te traigo algo?’, que me escriba para pedirme ayuda o que me cuente que ya atendió a todos. Voy a extrañar sus stickers, sus audios, su risa pilla, sus mensajes”.

Las voces de ternura y afecto se replican. Carolina Guajardo, exsubsecretaria de Niñez y Adolescencia, fue su jefa: “En su aspecto se notaban las marcas de una vida dura, pero en su actitud siempre fue amorosa y muy atenta”, recuerda. Rememora las charlas que tenían, los consejos que pedía, su deseo de ser “realmente Azul” y lo leal que era. Repite la anécdota del cafecito, y cree que era así porque estaba muy agradecida después de una “vida que le había sido vulnerada millones de veces”.
La violencia avanza
El asesinato de Azul se inscribe en una violencia persistente: desde enero, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 213 femicidios y transfemicidios. La estadística no alcanza para decir quién era, pero explica el miedo y la bronca que se tradujeron en calle. “Somos parte de una marea que dice basta. El Estado es responsable de garantizar la vida y la seguridad de todas”, dice Vacarezza con angustia.
Para quienes reclaman justicia y piden que haya más prevención, la decisión del Gobierno provincial de declarar dos días de duelo en memoria de Azul y disponer banderas a media asta en edificios públicos “no reemplaza la política pública”. “El Gobierno provincial decretó dos días de duelo, pero nadie se comunicó con la familia durante la búsqueda: es un parche en medio de la campaña”, cuestionó Guajardo, que además es parte de la colectiva feminista La Revuelta.

Por su parte, Sarin apuntó al sistema judicial “machista y patriarcal” y a la necesidad de “exigir justicia en la calle”. “Desde las organizaciones denunciamos que la política de odio hacia mujeres y diversidades del gobierno de Milei mata; el desmantelamiento de los servicios de asistencia también mata”, afirmó la referente de la CTA y detalló que Azul es la tercera víctima reconocida de asesinato por violencia de género en la provincia, pero que “hay otras muertes violentas catalogadas como suicidios” y que siguen reclamando por Luciana Muñoz, desaparecida hace 15 meses.

Para la secretaria de Género de la CTA Autónoma neuquina, el transfemicidio de Azul ocurre en una provincia donde a igual que a nivel nacional “las políticas de género fueron vaciadas y el clima de odio se traduce en retrocesos concretos”.
Sarin también advirtió sobre el avance de grupos conservadores evangelistas en Neuquén. Uno de los ejemplos que dio es el de la candidata que encabeza la lista de senadores libertarios por la provincia, Nadia Márquez, hoy diputada nacional con protagonismo en la Cámara Baja. Su padre, un pastor evangélico, fue uno de los pocos que recibió fondos de ayuda alimentaria desde el Ministerio de Capital Humano nacional. «Ellos hacen política para volver a encerrar a las mujeres en la casa, para volver a meter a niñas y niños bajo la égida de la familia y que no tengan derechos garantizados por el Estado. Entendieron que el movimiento de mujeres y diversidades, con su cuestionamiento al orden patriarcal, era un riesgo para su poder político y económico, y decidieron ir contra nosotras”, aseguró la dirigenta.

También alertó sobre otros grupos antifemnistas como la organización Padres de Río Negro y Neuquén, “que obtuvo declaración de interés legislativo”. Explicó que son padres que promueve la idea de que los niños son ‘rehenes’ de sus madres» y detalló que «instalaron un tráiler frente al Juzgado de Familia, justo donde las mujeres deben presentarse a denunciar. Lo llenaron de carteles y banderas: para ir a denunciar, hay que pasar por el medio de eso”.
“Trabajo en la 148 y veo a diario casos que no encuentran respuesta; a veces el botón antipánico no funciona o no hay. Decimos ‘riesgo de femicidio’, pero ¿qué significa si no se actúa?”, interpeló Guajardo.
Hasta ahora no se sabe qué pasó. La última conexión del celular de Azul se ubicó en la zona del río Neuquén; su cuerpo fue hallado envuelto y atado, en avanzado estado de descomposición. El paso de los días borra pruebas. Por eso, queda una certeza entre quienes la quisieron: la pelea es por memoria y justicia y se convocó para una gran movilización para el 21 de octubre para pedir por el esclarecimiento del crimen. “Vamos a seguir, ya tenemos comprada la vereda de la Ciudad Judicial”, concluyó Sarin.

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Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org

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