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La pandemia femicida y la perspectiva de sobrevivientes: entrevista a Virginia Créimer

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¿Qué nos dice la mirada forense sobre la sociedad actual? Virginia Créimer es una de las mayores expertas de una cuestión en la cual el Estado suele vulnerar a las familias. Considera que el poder judicial y las fuerzas de seguridad «han hecho un desastre con la subjetividad de las personas», y que «la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada». Por eso mismo se prepara actualmente para realizar un nuevo peritaje sobre el cuerpo de Lucía Pérez. Habla sobre las amenazas que recibió y recibe, el Estado cuando funciona como obstáculo, y la nueva noticia que la tiene al frente de un área especializada en la provincia de Buenos Aires. Lo que nos dicen los cuerpos sobre el presente. Por Inés Hayes y Melissa Zenobi.

Los antecedentes de la magíster Emma Virginia Créimer son tantos que ocuparían el largo de esta nota. En resumen, abarcan distintas especialidades de la educación, la medicina legal, la bioética, la psicología jurídica y las ciencias forenses: todo con perspectiva de derechos humanos, delitos contra las infancias y contra las mujeres.

Otras formaciones no académicas revelan también su crianza en un matriarcado compuesto por dos grandes mujeres: su abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primera abogada mujer de la Universidad Nacional de La Plata y candidata al premio Nobel de Literatura; y su madre Diana Créimer, primera mujer a cargo de la Subsecretaría del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, perseguida en la época de la dictadura.

Se puede decir que Emma Virginia recogió aquellos guantes. Y que además de su recorrido académico, su larga experiencia laboral en el Estado la llevó a crear un espacio de formación de investigación criminal y ciencias forenses, con una perspectiva que hace pie en las víctimas y autocrítica desde el Estado. “La Consultora Pericial de Ciencias Forenses se inició cuando decidí irme de ese Estado revulnerante”, revela. “Primero empezamos a hacer los cursos de capacitación con la convicción de que hacía falta un nuevo paradigma de profesionales que se dedicaran a las ciencias forenses y la investigación criminal. De esa manera se formaron grandes grupos de gente maravillosa que mostraba su sensibilidad, su interés y su compromiso con les otres. La consultora crecía mes a mes, curso a curso y cada vez más gente se acercaba en busca de ayuda. Entonces decidí conformar una pasantía en investigación criminal y ciencias forenses, donde se formara no solo desde lo teórico sino desde lo práctico a estudiantes de los últimos anos de todas las carreras y profesionales que, ya recibides, aún no se encontraban sesgades por la hegemonía del sistema”.

Numerosas instituciones apoyaron a uno de los pocos espacios de capacitación integral, teórico práctico, interdisciplinario y atravesado por la perspectiva de género y de derechos humanos del país. Hoy la consultora tiene más de treinta personas que, según sus competencias, analizan causas, realizan entrevistas a sujetes vulnerades, van a los lugares de los hechos y a las reconstrucciones, participan de autopsias, juicios orales, rotaciones por instituciones como la Comisión Provincial por la Memoria, diseñan cursos, congresos y producciones científicas.

¿Cómo es el trabajo desde que convocan al equipo, hasta que termina?

Cuando las personas llegan a la Consultora Pericial de Ciencias Forenses se les solicita que por mail nos envíen un relato de todo lo ocurrido. Eso les permite ordenarse y nos permite seleccionar dentro del equipo, quiénes van a ser las personas que van a intervenir en el caso. A veces es más importante que predomine el equipo psicológico, el médico, el de museo y ciencias naturales, el jurídico o el criminalístico. Pero siempre las entrevistas son interdisciplinarias. En ese momento se pone en marcha un acompañamiento terapéutico de les sujetes vulnerades.

Una vez seleccionado el equipo se realiza una primera entrevista. Se realiza una escucha atenta y empática de la situación. Luego se le hace una devolución preliminar a la persona de lo que observamos y cuáles son los caminos a seguir. A esa instancia le sucede un ateneo con todo el equipo para realizar una tormenta de ideas, se protocolizan los pasos a seguir y se realiza una segunda entrevista. A partir de allí se solicita una copia completa de todo lo instruido en ese momento y se asigna su estudio minucioso a uno de los equipos y se ponen en marchas las medidas correspondientes. El problema:

El poder judicial y las fuerzas de seguridad en general ya han hecho un desastre con la subjetividad de las personas, han arrasado con ellas para el momento en el cual nos contactan. Más allá de eso, existe muchísima desidia y falta de compromiso en las investigaciones en general y, en algunas en particular, un juego de encubrimiento y corrupción que resulta muy difícil de atravesar…

… se dedican a rechazar las medidas sugeridas para llegar a buen puerto, obstaculizan nuestra participación e incluso violan la ley descaradamente para que no podamos realizar una investigación completa, metódica, sistemática y contextualizada.

¿Qué patrones se pueden identificar en esos cuerpos vulnerados? ¿Hay marcas que pueden decirse son típicas de femicidios y hablan, más allá de cada caso, de cómo actúa la máquina femicida?

Existen lesiones propias de la mano femicida que deben ser analizadas de manera inmediata con protocolos acordes y con perspectiva de género. De lo contrario las investigaciones caen por ignorancia o corrupción, perdiéndose evidencias fundamentales para su resolución y para la reparación de les sujetes vulnerades. El ejemplo más claro es el ocurrido en Ciudad Juárez, México, en la llamada sentencia de “Campo algodonero”. Allí el Estado fue condenado por no cumplir con la debida diligencia no solo jurídica sino pericial para resolver los casos de femicidios. Teniendo en cuenta la sentencia de González y Otras vs México “Campo Algodonero” (sentencia del 16/11/2009), retomé los estándares internacionales de derechos humanos (DDHH) que surgen de esta sentencia:

A) Prevención

B) Investigación

C) Sanción y Reparación

Desde mi lugar de investigadora forense, me adentré en el análisis del segundo punto (B), teniendo en cuenta que las falencias relevadas en la investigación criminal en el caso de los femicidios-feminicidios de Ciudad Juárez, que constituyeron una obstrucción y dilación al esclarecimiento de las desapariciones y muertes de las mujeres, y lo adapté a nuestra realidad.

Por ello, construí un nuevo protocolo de autopsia para los casos de femicidio-feminicidio, aplicable a la compleja realidad de estos asesinatos, cubriendo la mayor cantidad de datos relacionados con la muerte, disminuyendo el sesgo de les operadores y otorgando a les operadores forenses una línea de registro e investigación que agote los recursos científicos disponibles y que se aplique con perspectiva de género.

En sintonía con lo expresado en la sentencia de “Campo Algodonero” cuando establece que “no se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado  en las costumbres y mentalidades”, estimo necesario remarcar el hecho de que la violencia de género se ha convertido en una pandemia y que la estructura patriarcal de les investigadores criminales conspira contra la comprensión de la temática de forma integrada.

No resulta posible aplicar las ciencias forenses aisladas de la realidad de las sujetas vulneradas:

Si bien los feminicidios en Ciudad Juárez fueron reveladores de la violencia de género en México, en mi experiencia de más de 20 años en la temática desde la observación forense, esta realidad no escapa al resto de Latinoamérica y El Caribe.

De hecho, protocolos internacionales como el Protocolo de Minnesota para la evaluación de casos de muertes en custodia, establecen la necesidad de conocer los antecedentes del caso: la escena del crimen, la existencia de torturas (Protocolo de Estambul), uso de medios de sujeción física y farmacológica, así como el análisis de la victimología. Estimo fundamental, en estos casos de femicidios/feminicidios, remarcar la influencia de la violencia de género como práctica naturalizada y a deconstruir.

¿Creés que identificando esos elementos en común, desde las ciencias forenses se pueden aportar miradas que favorezcan una solución o una respuesta para que el Estado tome medidas urgentes y concretas contra los femicidios?

Por supuesto, pero para ello hace falta una conciencia de género, más que una perspectiva de género, y formar talentos humanos capaces de contribuir desde la ciencia sin olvidar los contextos en los cuales se producen los femicidios/feminicidios, para llegar a la verdad real.

Uno de los reclamos de los familiares es que no pueden pagar las pericias, ¿cómo se puede trabajar para que lo garantice el Estado?

Este año, con la Consultoría, pudimos hacer realidad lo que para mí era un sueño profesional. Era una asignatura pendiente. Pusimos en marcha áreas especializadas en la temática, con profesionales formades en la consultora, en el territorio. Esto implica un enorme desafío y avance de las ciencias forenses y la investigación criminal con perspectiva de género y de derechos humanos en lugares de fácil acceso a las personas que nos necesitan, generando una base operativa en instituciones clave. Para ello, el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, la ministra del Ministerio de las Mujeres, Estela Díaz, y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, permitieron la creación de tres áreas especializadas en investigación criminal, ciencias forenses y medicina legal, a fin de que las puertas de entrada al sistema tengan un asesoramiento con estos equipos especializados de la consultora para dar respuesta a las situaciones de violencia.

En lo personal es ver hecha realidad la construcción del legado. Considero que esta forma de trabajo debe perpetuarse por encima de una persona e incluso de muchas.

No podemos dar batalla en función de encontrar profesionales aislades nadando contra la corriente. La incorporación y formación de nuevos talentos humanos atravesades por el sufrimiento ajeno y comprometides con la memoria, la verdad y la justicia deben ser una realidad hoy y siempre.

Logramos el espacio, pusimos los equipos: ahora esperamos que nadie nos obstruya.

Cuando lo político es personal

Como parte de un extenso y generoso intercambio, la perito Créimer ahonda algunos aspectos de su trayectoria personal que reproducimos a continuación para seguir reflexionando sobre lo que se puede hacer y lo que no más acá de las instituciones.

¿Por qué te dedicás a esta rama de la medicina?

Hubo un momento de mi vida en el cual una nena de cinco años con sus enormes ojos verdes me contó que había sido abusada por su hermanastro y su papa biológico no le creía a ella sino al abusador. Ese día mi vida se quebró.

Entendí que la cirugía que tanto amaba y en la que tanto me había costado posicionarme por ser mujer no era suficiente, que la medicina tenía que dar otras respuestas. Ese día entendí que la medicina legal era el medio para defender a esa nena y todas las nenas y nenes que estuvieran pasando por lo mismo y a quienes los poderes judiciales no les creían. No pude evitar que esa nena fuera abusada, quizás pude y puedo evitar que otres siguieran sufriendo esas torturas que dinamitan las infancias.

¿Qué otras cosas te ayudaron a no caer en la desidia de las instituciones?

Durante los últimos treinta años me dediqué a formarme y capacitarme profesionalmente para buscar las respuestas y los caminos posibles (e imposibles) en la pelea contra la injusticia. Pero en realidad la construcción de esta respuesta viene desde mucho antes. Mi abuela Matilde Kirilovsky de Créimer, primer abogada mujer de la UNLP y candidata al premio Nobel de Literatura, surgió de la más extrema pobreza. Uno de sus poemas que más me conmovió de niña fue “Pobreza a los diez años”, donde cuenta la vergüenza que le daba tener que ir al colegio con los zapatos rotos. Ella se levantó de su pobreza económica con una enorme riqueza moral y compromiso social por les niñes y “los locos”, poniendo al Poder Judicial y a los gobiernos de turno de cabeza para asegurar su bienestar. Mi mamá, Diana Créimer, también fue abogada y siguió el camino de mi abuela siendo la primera Subsecretaria del Patronato del Menor en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires después de haber sido echada y perseguida en la época de la dictadura.

Pero fue el nacimiento de mis hijes lo que realmente me enseñó a dar estas peleas. El matriarcado Créimer pesa en mi espalda pero mis hijes le dan sentido. Sus risas, sus llantos, sus palabras y sus silencios.

El Estado me castigó periódicamente por ir contra la corriente. Me suspendieron contratos, me inventaron sumarios, me persiguieron por hacer lo que la letra de la ley decía que tenía que hacer, me soltaron la mano cuando dije que mi vida y la de mi familia estaban en peligro por hacer ese trabajo para el que se suponía que me pagaban…

Cuando dejaron el cuchillo ensangrentado en la cerradura de mi casa en pleno mediodía por sostener científicamente que Etchecolatz debía permanecer en la cárcel de Ezeiza y no obtener el beneficio de la domiciliaria, con mi hija adolescente durmiendo adentro, sin saber si esa sangre era la de ella, temiendo que mi trabajo por les otres me hubiera arrancado lo que más amo en la vida; fueron mis hijes quienes me dijeron que siguiera adelante, aunque el Estado me había dejado sola.

Dormí una semana con la remera de mi hija del medio por la culpa que sentía. Hubiera necesitado hacerme su piel para sentir que la protegía. Aunque ella parece blindada, camina silenciosa como un gato sobre los problemas y cuando menos lo imaginás te da un zarpazo a la mente y te la ordena con una inteligencia y racionalidad que te deja boquiabierta.

Eso fue hace seis años. Sin embargo, hace seis días yo me encontraba agobiada, sin poder parar de llorar. Si, lloro. Me despierto de noche con terribles pesadillas por la impotencia. Me doy por vencida hasta que junto en carne viva las fuerzas para volver a empezar. No soy inteligente, soy tenaz. No soy dura, siento a les otres y eso me motoriza. No soy excepcional, soy una mujer común que se esfuerza para hacer las cosas lo mejor que puede. Nunca nada me resultó fácil.

Pero hace seis días había tenido un revés laboral que no me dejaba pensar con claridad. Y mi hijo menor con increíble sutileza me preguntó qué me pasaba y concluyó; “mamá, por culpa de una persona no podés dejar a todas las otras sin ayuda. Tu trabajo vale, es bueno, le sirve a la gente. No lo dejes”.

La respuesta es clara. Mis hijes fueron, son y serán el motor para pelear contra un Estado violento e hipócrita. Son mis maestros y maestras. Son quienes me permiten aprender cómo luchar contra los malos elementos que se afincan en las instituciones. No hay una fórmula mágica: hay un aprendizaje constante.

¿Volviste a recibir amenazas?

Las amenazas las recibimos todos los días. A veces de manera mas subliminal, a veces de forma más grotesca. Todes quienes estamos en la vereda de les sujetes vulnerades como perites sufrimos persecuciones, agresiones, aprietes. Es el mentado “backlash”. Pero aquí estamos, a veces no nos une el amor sino el espanto, por eso seguimos en pie.

¿Por qué es necesaria una justicia con perspectiva de sobrevivientes? ¿Cuánto falta para que eso suceda?

Acordemos que la perspectiva de género debe estar presente en la vida. En cada acto. Pero es sano preguntarnos qué pasa en las investigaciones criminales al respecto. La triste realidad es que

no existe perspectiva de género ni de derechos humanos en la justicia ni en la ciencia, espacios que construyen los relatos de las vidas arrancadas de sus hogares y sus familias.

La Ley Micaela ha tenido una buena intención, pero la perspectiva de género no se obtiene con un curso y un certificado. El Poder Judicial es profundamente patriarcal, machista y misógino.

Sus operadores y operadoras se molestan frente a las mujeres que denuncian violencia de género porque parten de la premisa ignorante y desaprensiva: “Si tanto le molesta que le peguen, ¿por qué no se va?”.

Se indignan cuando llegan las madres desesperadas a denunciar los abusos sexuales a sus hijes “porque son locas que quieren obtener atención o algún rédito económico”.

Es más fácil mirar para el costado y seguir la corriente sin pensar y sin oír, porque eso les blinda, impide que sientan el dolor desgarrador de quien viene a tratar de denunciar.

Eso sí, más mundanes, en el seno de sus hogares y espasmódicamente, dirán que es un horror que aparezca una piba muerta, pero nunca se harán cargo de la responsabilidad que les cabe por no haber actuado de una manera profesional y humanamente irreprochable.

Sin duda no es un trabajo para cualquiera.

Cuánto falta, no lo sé.

Todos los días pueden transformarse en una buena oportunidad para que se revise quién ocupa cada espacio tanto en justicia, seguridad y en las ciencias, para establecer qué individues tienen el compromiso requerido, además del conocimiento, y quiénes no.


Lo que espera la familia

“La doctora Créimer va a recrear todo lo que no quisieron ver los otros peritos para que Lucía tenga justicia”, dice Guillermo, el papá de Lucía Pérez desde la muestra El Cuarto de Lucía que se expone en La manzana de las Luces. “Virginia está llevando la causa de una mujer de 16 años, para que se muestre lo que le hicieron estos tres varones tan sádicos y salvajes. Va a poner en palabras lo que el cuerpo de Lucía dijo y no se quiso escuchar”, agrega Marta, acompañada por la mirada su hija desde el mural.

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Comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles: amenazas, un nuevo detenido y la esperanza de justicia

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Comienza a juzgarse el femicidio de la joven de 22 años asesinada en 2017. Mientras los cinco principales imputados llegan al juicio en libertad, un hombre fue apresado el domingo, cuando fue a votar, por amenazar a la familia a través de un video con una ametralladora. La relación de los sospechosos con la policía, y la muerte con tintes mafiosos del principal acusado, en 2019. Cómo fue la primera audiencia de un caso que devela la trama de impunidad de los femicidios territoriales, y el pedido y la lucha de Mónica, la madre de Araceli: «Yo quiero que toda la verdad salga a la luz”.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

4 años y 5 meses después, este lunes a las 9:30 finalmente comenzó el juicio por el femicidio de Araceli Fulles, la joven de 22 años asesinada en abril de 2017. A cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°5 de San Martín, integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martínez y Aníbal Bellagio, la primera jornada se extendió hasta las 18 horas. La causa está caratulada como “homicidio doblemente agravado por haber sido cometido por una o más personas y femicidio”.

Un solo imputado llegó detenido: Carlos Cassalz fue apresado el domingo en la escuela donde votaba, por amenazar a Mónica, mamá de Araceli Fulles. Los demás imputados que llegan a juicio son Hernán Rodrigo Badaracco, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Emanuel Ávalos. Todos se encuentran en libertad gracias a un fallo de la Cámara de Apelaciones de San Martín que consideró, en septiembre del 2017, que por la “ineficiencia del sistema investigativo” no pudieron se obtenerse las pruebas necesarias para probar inculparlos, en un caso envuelto en sospechas de complicidad policial para garantizar el encubrimiento.

Hasta ayer el único detenido había sido Darío Badaracco, quien murió el 13 de abril de 2019 tras ser atacado a golpes y quemado con agua caliente por dos compañeros de celda en el penal de Sierra Chica, en otro claro hecho de tinte mafioso.

Los aprietes

Días atrás, a las 4 de la madrugada, Mónica recibió un mensaje con una amenaza: “Hay balas en el pecho para toda la familia de Araceli”; el mensaje incluía un video de 9 segundos en donde se veía a Carlos Cassalz con una ametralladora. Por estas amenazas, y no por el femicidio, fue detenido ayer cuando fue a votar a una escuela de San Martín.

“La verdad es que me sorprendió. -dice a esta agencia Mónica-. Yo había hecho una denuncia por un llamado y una grabación  que me habían mandado a las 4 de la madrugada, unificaron la denuncia mía con la de un testigo, y la DDI se encargó de encerrarlo. Hoy vino al juicio esposado”, se sorprende por la rapidez de la detención que, en el centro de votación, estuvo a cargo de la Gendarmería: acaso otro de los indicios que sugieren la participación policial como parte de la trama de impunidad.

En la primera y extensa jornada se leyeron las imputaciones y las declaraciones de cada imputado. Luego, fue el turno de Mónica Ferreyra, mamá de Araceli: “Tuvieron que hacer un receso de 5 minutos porque me afectó mucho dar declaración, me agarró como una crisis: recordar todo es muy triste”, sintetiza a lavaca.

Y sigue, sobre el tiempo transcurrido desde el hallazgo del cuerpo de su hija – 27 días desaparecida- hasta hoy: “Se pierden muchas cosas, mucho tiempo”. En parte culpa de ese tiempo, uno de los contrapuntos de la jornada fue el de los detalles temporales en el que se desencadenaron los hechos. Mónica: “En el momento de declarar no te da tiempo ni a pensar. Mi defensa le dijo al juez que no me podía apretar sobre esos detalles, que recuerde que soy la damnificada, que me mataron a la hija. ¿Se puede acordar de todo, fecha y hora tan detalladamente como está pidiendo usted? No es así, le dijo”.

En la jornada de hoy se esperaba que declararon once personas, pero solo lo hicieron tres. Estas dilaciones la familia proyecta que el juicio podría durar más de un mes.

La pista policial

Araceli Fulles desapareció el 2 de abril del 2017 –a los 22 años-, cuando iba de regreso a su casa. Muy temprano, Mónica había recibido un mensaje “Vieja, prepara unos mates que voy para casa”, pero nunca llegó. Tras 27 días de búsqueda incansable, su cuerpo fue encontrado gracias a la familia violado, asfixiado, destrozado, enterrado y cubierto de cal.

Su cuerpo estaba enterrado en la casa de la madre de Darío Badaracco, un hombre del barrio vinculado a la policía. La orden de requisar esa casa la había dado el juzgado al comienzo de la búsqueda, pero la policía dijo no haber encontrado nada. Badaracco declaró tres veces ante la fiscal Graciela López Pereyra, la última en la misma mañana del hallazgo del cuerpo, y a pesar de que resultó sospechoso, no fue detenido. Escapó y fue apresado por una mujer embarazada que lo reconoció, lo corrió y alertó a las fuerzas de seguridad.

Al día siguiente del hallazgo del cuerpo de Araceli la división de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense separó de sus cargos al subcomisario Hernán Humbert, el oficial principal José Gabriel Herlein y el numerario Elián Ávalos, hermano de uno de los implicados en el femicidio. Todos pertenecían a la Comisaría 5ª de San Martín, la misma en la que la familia de Araceli presentó la denuncia de su desaparición.

“Yo espero que los condenen a todos, que no salgan nunca más”, reclama Mónica. “Yo solo pido que el juicio tenga perspectiva de género, que salga todo a la luz y que los jueces se pongan la mano en el corazón y piensen en sus hijas. Que se compruebe que son culpables y vayan presos. Yo quiero que toda la verdad salga a la luz, que se sepa lo que pasó. Pero cuesta que salga todo a la luz cuando hay manos negras metidas en el medio”.

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12avo Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Necesitamos hechos”

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El grupo que reúne a madres y padres que perdieron a sus hijas por la violencia patriarcal reclamó una audiencia al Presidente y entregó en una carta medidas concretas para exigir justicia y prevenir los femicidios. Ya van 200 en lo que va del 2021. «¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas«, dice el texto, que aquí reproducimos de manera completa. Crónica y fotos del doceavo encuentro del grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios, en medio de la lluvia.

Pasado el mediodía de un miércoles de lluvia copiosa y como cada segundo miércoles de mes, el grupo de  Familiares Sobrevivientes  de Femicidios llevó a cabo su encuentro y por décima segunda vez, entregó una carta en la Casa Rosada para solicitar una audiencia con el Presidente Alberto Fernández. El pedido de justicia por los femicidios de sus hijas —en un país donde al día de hoy hay 200 femicidios, travestidicios, transfemicidios y Tehuel no  aparece desde hace casi seis meses—el reclamo se impone en un contexto que invisibiliza estas urgencias.

La mamá de Camila Flores, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa, Alfredo, el papá de Carla Soggiu, y la cantante Amalia Etchesuri.

En esta oportunidad no hubo sillas ni micrófonos para que contaran el estado de las causas de sus hijas debido a la lluvia sostenida. Participaron la mamá de Camila Flores —de 20 años, asesinada hace nueve meses  en Santa Fe—, Susana y Daniel, la mamá y el papá de Cecilia Basaldúa —la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte, Córdoba, cuyo cuerpo apareció el 25 de abril de 2020— y Alfredo, el papá de Carla Soggiu, quien apareció flotando en el Riachuelo, cuatro días después de que activara dos veces el  botón antipánico que tenía porque su ex marido la había golpeado y violado. 

Con sus paraguas, bajo la lluvia, sostienen carteles  con los rostros de sus hijas. La mamá de Camila  no puede contener el llanto. Hay dolor en sus miradas, pero también hay determinación para mantenerse firmes contra la impunidad.

La cantante Amalia Etchesuri lee en voz alta la carta que minutos más tarde irán a entregar a la Casa Rosada:

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desder que comenzó este año hemos sufrido 200 femicidios y travesticidios  y 166 infancias han quedado huérfanas. Sufrimos también 333 intentos de femicidios y realizamos 274 movilizaciones y marchas para exigir que paren de matarnos. Seguimos además reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza, hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba, las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial, como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos, exigimos acciones concretas, reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta n° 12 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso, es suyo, le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que nunca más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano ni hermana, deba soportarlo, ninguna familia puede cargar sola ese peso. Es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Finalizada la lectura, se encaminan hacia la entrada de la Casa Rosada, donde como cada segundo miércoles de mes les preguntan quiénes son y qué quieren. Daniel Basaldúa explica: “Somos Familiares Sobrevivientes de Femicidios. Nos mataron a nuestras hijas, queremos dejar una carta dirigida al Presidente para que nos reciba”. 

Doce veces el mismo ritual, el paso firme de quienes no se cansan de exigir justicia, las lágrimas por lo que pasó y el grito impostergable y la lucha incansable para exigir justicia y que no vuelva a pasar.

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Aborto legal en Salta: hostigan y detienen a una médica por garantizar derechos

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La médica ya salió en libertad tras movilizaciones a la clínica y el Ministerio Público Fiscal, que avaló el procedimiento. Un peligroso caso de disciplinamiento social y hacia los médicos en particular, en una provincia testigo de cómo los antiderechos se encuentran en instituciones estatales, obstaculizando la ley. La palabra de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que hizo público el caso y sigue luchando para hacer valer los derechos ganados.

Por Inés Hayes y Melissa Zenobi

La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta dio a conocer el hostigamiento a una médica de la localidad de Tartagal, que fue detenida por pedido del fiscal Gonzalo Ariel Vega y bajo la orden del Juez Mariscal Astigueta por garantizar el acceso a una Interrupción Legal del Embarazo. Según la Red, la médica actuó «desde las leyes vigentes, y respaldada por un Equipo Interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en el marco de la Ley 27610”. Sin embargo, lo que parece jugarse en esa provincia es un método de disciplinamiento social que viene desde el alto poder político.

En diálogo con lavaca, Macarena Villena, integrante de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, explica: “Nuestra colega garantizó una interrupción voluntaria de un embarazo de 22 semanas con causales, decidido en el marco de un Equipo Interdisciplinario y con consentimiento informado por la persona solicitante, quien ejerció su autonomía, siendo mayor de edad y en el marco de la ley”.

Según declaró el fiscal Vega, una tía de la joven habría hecho la denuncia. Villena lo confirma: “El problema surge a raíz de los familiares de esta persona, quienes no querían que se practique la interrupción del embarazo, e intentaron poner muchos obstáculos para que la práctica no se lleve a cabo. Como la practica se realizó igual, ahora están denunciando con argumentos totalmente falaces”.

Según informa la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir de Salta, el abogado patrocinante de los denunciantes es Andrés Rambert Ríos, quien también defiende al médico Marcelo Cornejo, en una causa en la que está imputado por abuso de una menor en el marco de su trabajo como ginecólogo. “Este médico sigue ejerciendo pese a su imputación”, denuncian. Rambert se encuentra diciendo a los medios público que el ejercicio de la ILE debe estar autorizado por un juez de garantías, desconociendo las reglamentaciones vigentes.

La Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito emitió un comunicado exigiendo la liberación de la médica, donde afirma: “Su criminalización busca amedrentar a quienes respetan los derechos fundamentales de las personas gestantes”.

“Exigimos la urgente liberación de nuestra compañera y demandamos una vez más al Estado que cese en avalar la persecución de quienes cumplen con la ley y que se aboque a garantizar el pleno ejercicio de nuestros derechos a la salud y a la autonomía”, indica el texto de la Campaña que a su vez sentencia: “Lanzamos una alerta feminista en todo el país hasta lograr la liberación de esta médica. Seguimos en pie de lucha para que la ley que conquistamos sea una realidad efectiva en cada lugar de Argentina”.

En torno a cómo se está aplicando la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Salta, Villena informa que “viene siendo bastante a pulmón”. “Si bien tenemos medicación, todavía no está el acompañamiento institucional y político que necesitamos los y las profesionales”, dice.

Este caso puntual en Salta se enmarca dentro de una puja que excede a la provincia y conecta a los poderes antiderechos que siguen poniendo trabas al acceso legal del aborto. Un reciente informe de Amnistía Internacional, por ejemplo, releva serios problemas en la implementación de la ILE en esa provincia: «Falta de disponibilidad de servicios suficientes para garantizar el acceso al aborto legal, ausencia de información en centros de salud y en el espacio público sobre dónde y cómo acceder a la práctica, violaciones sistemáticas a la confidencialidad médica y desconocimiento sobre el alcance legal de la objeción de conciencia».

En Salta esto toma una nueva connotación tanto por la institucionalidad que gozan los antiderechos, como por la lucha de las organizaciones por hacer cumplir la ley por la que tanto lucharon. “Esta situación de hostigamiento y persecución de la justicia y de los medios de comunicación a nuestros colegas es bastante común en esta provincia, y en las localidades del interior, como es el caso de Tartagal, es mucho más difícil. Tenemos hospitales que se declaran objetores de consciencia, lo cual está en contra de la ley”.

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La última Mu: La lista que falta

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