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La ley y la trampa: el caso Antena Negra

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Cómo se privatizaron las frecuencias. Los alcances de la Ley de Medios. La empresa privada que utiliza una señal de radiodifusión. El canal que reclama por un lugar en el espectro. La causa penal clave para el futuro de los medios comunitarios.

La ley y la trampa: el caso Antena Negra
La mesa se mueve cuando Martín Sande apoya un cuaderno anillado. Al abrirlo se lee: Antena Negra TV – Interferencia Señal 20 de Televisión Digital Abierta. Es la causa penal que lleva, hasta el lunes 7 de septiembre en que tomó la copia, 550 fojas. Dentro contiene un derrotero de órdenes dictadas desde la Secretaría n° 5 del Juzgado Nacional en lo Correcional Federal n° 8, que señalan a Sande como imputado por infringir un delito penal federal grave: interferir las comunicaciones de un organismo de seguridad. En verdad, Martín es sólo el representante de una Cooperativa de Trabajo que conforma el canal de televisión comunitario Antena Negra TV desde 2009. La primera foja de la causa está fechada en el mes de abril; la última acción consignada es la orden de allanamiento e incautación de equipos que la División de Delitos Federales de la Policía Federal concretó apenas cinco meses después, el viernes 4 de septiembre.
Pasada la tormenta, Antena Negra TV se convirtió en un grupo más unido de jóvenes que comparten mates y estrategias de defensa, bizcochitos y preocupaciones, que lograron reactivar la programación y la pusieron en piloto automático, mientras atienden funcionarios judiciales y medios de comunicación.

El espectro privatizado

Antena Negra venía saliendo desde marzo por la frecuencia de la señal 20 de televisión digital abierta en una maniobra que debe entenderse a la luz de la historia de los medios comunitarios de comunicación:
Las señales de televisión abierta se diferenciaron de los servicios de radiodifusión (FM/AM) a partir de la argentinización de Convenio Internacional de Nairobi (1982), un acuerdo mundial que hace referencia a los mecanismos de distribución del espectro para los servicios de telecomunicaciones. En 1986, bajo la forma de la Ley 23.478 se blanqueó en el país como el primer criterio de distribución del espectro en Argentina.
El espíritu del convenio y de la ley era que la potestad de dicha distribución quedaba en manos del Estado nacional, para garantizar el acceso democrático.
Se organizó así el uso de 69 canales libres y gratuitos, según rangos de frecuencias, y se sentaron los criterios para que personas físicas o jurídicas puedan acceder al uso de estos soportes de telecomunicaciones. Para garantizar el cumplimiento de la Ley, se acordó, era necesario reordenar el espectro radioeléctrico y para ello se debía elaborar un Plan Técnico.
Ese Plan Técnico, desde entonces, se iría pateando hacia adelante mientras otras medidas resolvieron los presentes. Por ejemplo: suspender la aplicación de Plan Nacional de Radiodifusión, que llamaba a concursos públicos para acceder a licencias de radio y televisión.
El golpe de gracia fue, en 1989, la Ley Dromi de Reforma del Estado, que modificó el inciso “C” del artículo 43 de la Ley de Radiodifusión, que ponía límites a la cantidad de licencias por radiodifusor: nacían los multimedios. Esta Ley también permitió la entrada de capitales extranjeros como licenciatarios de radiodifusión.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

El canal 20

La periodista Analía Martín desarrolló dos didácticos artículos para entender cómo repercutieron las medidas en la práctica: “La Televisión Abierta posee los canales del 2 al 69. De los cuales del 13 al 69 (salvo canal 26 de Pierri, 21 de la Iglesia y 60 de la Universidad de Lomas de Zamora) fueron entregados durante los años ’90s como servicios complementarios (empresas de cable) y sistema de comunicación privada (radio taxis, ambulancias, etc.). Los canales del 14 al 20 fueron entregados a servicios de telecomunicaciones del Estado como policías y ambulancias. Esto permitió la total ocupación de la banda destinada a la TV abierta”.
Dice Martín Sande: “Esto quiere decir que aquellas empresas favorecidas por el menemismo que presionaron para impedir la aplicación de un nuevo plan técnico son las que hoy negocian una licencia de televisión a cambio de dejarle espacio para la televisión estatal. Por eso la disputa por poder hacer televisión abierta no es por la falta de espacio, como en radios en zona de conflictos, sino por el uso inconstitucional del espectro ocupado por Telefonía, Cableras, y sistemas de telecomunicaciones cerrados”.
En este punto se encuentra el meollo del litigio penal que hoy enfrenta el canal Antena Negra: la señal 20 entró en aquél generoso reparto del Estado a telecomunicaciones privadas. Primero la Policía Federal Argentina, y ahora la empresa de seguridad privada GIASA-Prosegur, pagando todos los meses a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para hacer uso de la señal.
Ley de Medios mediante, la señal en cuestión fue catalogada como frecuencia de radiodifusión, lo cual significa que se debe organizar en función de garantizar la participación de los actores de la sociedad, como garantía de libertad de expresión, y no bajo reglas mercantiles.
Por esto es que en diciembre del 2014 el Ejecutivo Nacional emitió un decreto como Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales en el que instruye a la Secretaría de Comunicaciones de Ministerio de Planificación Federal “a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas 470-512 MHz (canales 14 al 20 de la banda UHF) exclusivamente al Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta”.
El canal 20 en cuestión fue el que obtuvo mayor prioridad. La letra del Decreto 2456/2014 dice: “Las atribuciones mencionadas deben efectuarse dentro de los siguientes plazos: 1) canal 20, al momento de entrar en vigencia el presente decreto”. Para las señales 18 y 19 otorga plazos de 90 días, y para los canales restantes, 2 años.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

El club de amigos

Replay: una empresa privada está usando, desde los ’90s, una frecuencia destinada a la radiodifusión. ¿Y la Ley de Medios? Según cuenta Martín, presidente de la Cooperativa Antena Negra, la señal 20 fue cedida por la AFSCA al Gobierno de la Ciudad hace 4 años, pero el municipio jamás la usó. “Ahora entendemos por qué”, razona Martín, que sigue leyendo la causa y encuentra, entre las fojas, la lista de clientes de GIASA-Prosegur que se dicen perjudicados por la interferencia de Antena Negra:

  • Aeropuertos Argentina
  • Banco COMAFI
  • Banco San Juan
  • Banco Galicia
  • Banco HSBC
  • Banco ICBC
  • Banco Macro
  • Banco Nación
  • Banco Santander
  • Banco Río
  • Banco Supervielle
  • Banco Francés
  • Banco Patagonia
  • Caja de valores
  • Citibank
  • Concejo Federal de Inversiones
  • Dirección General de Fabricaciones Militares
  • Embajada de Israel
  • Itaú Buen Ayre
  • Policía Federal Argentina Tesorería Central
  • Residencia del Embajador de Arabia Saudita
  • Secretaría de Inteligencia del Estado.

A este club de amigos se le suma que el estudio de abogados que patrocina a la empresa Prosegur es el de Oscar Salvi, quien defendió al ex presidente Menem en la causa en la que se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, entre otras actuaciones turbias durante la dictadura militar como juez federal.
Antena Negra, sin conocer a los rivales, salió a jugar el partido: “Nosotros compramos la antena, hicimos la prueba, esperamos al 24 de marzo y lo largamos. En el contexto que estamos haciendo la prueba el AFSCA le entrega la señal a Canal 9, en un reordenamiento. A nosotros ni pelota. Y le dan 180 días a Canal 9, que nunca se movió”.
Los residuos de los ’90s, otorgamientos fallidos y un canal comunitario con ganas de aire: ¿Por qué Antena Negra no puede ser licenciatario de esa señal? “Nunca abrieron el concurso que nos corresponde a nosotros, que es la de operador licenciatario sin fines de lucro en Capital”.
Sande extiende otro documento: es una carta remitida a la AFSCA el día 16 de junio de 2015 en el que le solicitan que abra dicho concurso y refiere, punto por punto, cómo Antena Negra TV cumple los requerimientos previstos en el pliego de bases y condiciones. Culmina la carta: “Es por ello que ANTV solicita mediante esta presentación el llamado a concurso de las Frecuencias 16, 17 o 18, previstas expresamente en la Resolución N° 24/2015 para las categorías B, C, D, E, F como licenciatario operador”.
Sande: “En cambio, lo que abrió el AFSCA hasta ahora fueron 3 frecuencias enteras para gestión privada con fines de lucro”.
La discriminación se hace carne cada vez que hablan con un funcionario: “Nos dicen: ‘ustedes son de la Red Nacional de Medios Alternativos, no les vamos a dar nada’. Así, de cara a cara. ‘Con ustedes, nada’”.
Por lo menos que los dejen vivir tranquilos: “Eso es lo que te contestaban: ‘igual, no los vamos a joder’. Claro, cuando ellos manejan todo. Pero cuando por otro lado hay alguien que sí puede manejar la justicia, esa chicana que hacen empieza a tener sus consecuencias. Y ahora no saben cómo emparcharlo”.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

El denunciante ilegal

La denuncia que inicia la causa penal que lleva al allanamiento de Antena Negra es radicada por Prosegur, que se declara perjudicada, junto a su club de amigos, por la interferencia del canal comunitario en sus comunicaciones del monitoreo de bancos de la zona, material sensible de ser protegido.
Lo increíble de la causa es que el denunciante es un infractor de la Ley en los términos del decreto 2456/2014, que intima a dejar la señal 20 inmediatamente como frecuencia de radiodifusión. Es como que un ocupante de una vivienda denuncie a alguien que se metió por la ventana.
Martín Sande, causa en mano, sigue estudiando cómo es que Prosegur sale ileso de todo este litigio: “El juzgado lo que hace es pedirle un informe al AFSCA y otro al AFTIC. Y dice: están diciendo cosas opuestas. Entonces los llama a declarar a todos”.
Qué contestan:
-AFSCA: “Responde básicamente que Antena Negra no es ilegal, pero no tiene ningún derecho. Y el juez le pregunta: ¿no se censaron? Sí, se censaron, acá están los papeles. ¿Ustedes conocían antena negra? Sí, sí, dice el AFSCA, pero no tiene derechos porque ni el censo ni ninguno de todos los trámites da derecho salvo la licencia. Entonces no tienen que estar ahí, dice el juez. AFSCA: no”.
-AFTIC: “¿Conocen a antena? Sí. ¿Están interfiriendo? Sí, están interfiriendo la señal de Prosegur”.
Martín repone lo que aquí se omite: “Nadie les pregunta si Prosegur es legal o no”.
Según los funcionarios de la AFSCA consultados por lavaca, ellos se desayunaron con la noticia de la causa penal el mismo día del allanamiento a Antena Negra. En la causa figura, en cambio, que tres de sus más altos funcionarios declararon en la causa en el mes de agosto.
La AFTIC, por su parte, representada por una camioneta de la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones el día del allanamiento, se definió como “operador técnico” en este litigio y respondió: “Hay una resolución interna que les da una prórroga (a Prosegur) de 2 años para poder migrar de tecnología”.
Martín se pregunta: “¿Qué jerarquía tiene una prórroga de un organismo de comunicación frente a un decreto presidencial?”.
El juez no preguntó más. Orden de allanamiento.
La ley y la trampa: el caso Antena Negra

Los atrevidos

Martín hojea el cuadernillo y se ríe. Leer una causa judicial puede ser un ejercicio tedioso pero a la vez sorprendente al notar cómo el Estado despliega sus recursos, su personal y su tiempo
Le pregunto qué es lo que más le llamó la atención. Dos cosas:
-“Mandaron policías de civil al canal, que se presentaron como para pedir trabajo”. Martín mira a Leila, que se ríe con él porque se acuerda de estas personas y su ilógico pedido. Muestra la foja: “Solícitese mediante oficio tareas de inteligencia en el término de 5 días corridos de forma discreta sobre el domicilio Ángel Gallardo 752”.
-“Lo otro que me llamo la atención es que a los funcionarios que nombran los conocemos y nos reunimos por esa época incluso. Les dijimos que queríamos legalizar Antena negra. Tenemos mails. Por más que ellos no hubieran declarado, su inacción política dice mucho. Este canal está desde antes de la Ley y ellos lo saben”.
Sigue: “Que no tengamos licencia nosotros es un problema, como que somos unos atrevidos, cuando el 80% de las estaciones de radiodifusión no poseen licencia efectiva alguna ¿Quién tiene la falta? Su único rol es reglamentar el uso del espectro”.
Más acá de la pelea política, la causa penal que pesa sobre Martín y que retiene los equipos de Antena Negra puede ser crucial para el futuro de los medios comunitarios no regularizados. “De acuerdo a lo que resuelva el juez va a sentar jurisprudencia. Y esa jurisprudencia va a abrir la puerta a que el 80% de las estaciones de radiodifusión, ante un conflicto, puedan ser procesadas por la justicia penal”.
O que no.

Este viernes convocan a concentrarse a las 16hs en Peru y Av. de Mayo – sede de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Telecomuniaciones (AFTIC)- en reclamo de los equipos y el cierre de la causa penal abierta contra el canal.

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“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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La comunidad mapuche lof Paillako realizó una recuperación territorial en 2020, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en lo que históricamente fue hábitat mapuche tehuelche. Días después de iniciarse el fuego, Ignacio Torres apuntó como responsables a la comunidad y puntualmente a uno de sus integrantes, Cruz Cardenas, con pruebas inexistentes. El “mapuchómetro” y los incendios que vienen desde 2008. Las no respuestas del gobernador y del presidente interino del Parque. El comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo que dice la Constitución y la respuesta de toda una comunidad que cuenta cómo, desde su cosmovisión, la vida se vive de otra manera.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Fotos Nicolás Palacios

desde Esquel

El jueves 25 de enero por la noche comenzó el incendio en el Parque Nacional Los Alerces que, dentro de su jurisdicción y fuera de sus límites ya en tierras provinciales, quemó alrededor de 8 mil hectáreas. Cinco días después del primer foco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó lo siguiente sobre las responsabilidades del fuego:

“Una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras en Neuquén, en Río Negro, en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.

“Hay que separar los pueblos originarios de los delincuentes que no están legalmente constituidos, como es el caso de la toma en el Parque Nacional Los Alerces, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. El delito es del exbrigadista Cruz Cardenas que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Apuntados por el gobernador

Al escuchar estas declaraciones en Radio Rivadavia –luego replicadas por una tropa de medios de comunicación– se podría presumir que absolutamente todas las pruebas existentes en la causa judicial por el incendio, que lo lleva el Tribunal Federal de Esquel, condenan como autor a Cruz Cardenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako.

Sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente ningún indicio que culpe a Cruz Cardenas ni a nadie de la lof.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con Ignacio Torres para preguntarle qué pruebas ostenta para asegurar lo que dijo tres semanas atrás, el domingo 28 de enero. Hasta el cierre de la edición de esta nota, no había respondido al pedido de entrevista.

La comunidad mapuche Paillako (“tranquilo”, en mapuzungun) recibe a este medio para charlar, como una especie de derecho a réplica, sobre el señalamiento del máximo mandatario provincial. El encuentro se da en ronda dentro de la comunidad, que está dentro de los límites del Parque Nacional Los Alerces, que a su vez está dentro de lo que históricamente fue territorio habitado por el pueblo mapuche-tehuelche.

Hace cuatro años que la lof Paillako inició la recuperación de su territorio en ese lugar, donde hace más de cien años vivieron sus ancestros. “Mis abuelos paternos se instalaron un tiempo antes de la creación de Parques Nacionales (1937), que cuando llegó empezó con los desalojos y sometimientos hacia las poblaciones. Antes acá era todo abierto y Parques achicó y cerró espacios, hasta llegar al día de hoy que para hacer cualquier cosa debés pedirle permiso, ya sea para hacer un baño o poner una chapa”, cuenta Cruz Cardenas, el apuntado por Torres y compañía.

Tiene 35 años, le dicen “Lemu” y trabajó varios años como brigadista. Aunque no está acostumbrado a dar notas, consensuaron colectivamente salir a hablar. “Necesitamos que se difunda lo que está pasando acá. Esto es día a día y están avanzando contra nosotros; acaban de arrestar a un peñi de otra comunidad (Matías Santana, testigo en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado), están cazando mapuche por todos lados”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Cruz Cárdenas Foto Nicolás Palacios para lavaca

Mapuchómetro

El gobernador se refirió a Cardenas como quien se “autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido”.

Reflexiona Cruz: “El ser mapuche siempre lo sentí, aunque mis padres no se reconocían así; me decían que mi apellido era español, no mapuche. Junto a una machi (líder espiritual) fui haciendo mi propio camino de reconocimiento y comprendí la importancia de reivindicar y recuperar el territorio. Acá se dio la resistencia de las poblaciones preexistentes y las masacres winkas; estuvieron los invasores, con sus armas poderosas. Eso generó nuestra recuperación del territorio hace cuatro años”. Va más allá: “Cada familia tiene un proceso de reconstrucción, en lo espiritual, en la lengua”.

Maru, a su lado, también conforma la comunidad. Su compañero es mapuche y ella pertenece al pueblo charrúa. Tiene a su pichi (pequeño) en brazos. “Uno de los motivos para preservar el territorio es el acompañar a las crianzas, que tengan una alimentación real, que no se críen pensando que la comida crece en una góndola, sino que sepan que viene de la tierra, cómo cultivarla; que entiendan cómo criar, cuidar y respetar a un animal, incluso si lo van a comer; que puedan crecer más sanos y que si se enferman, conozcan la medicina que también crece en la tierra”.

A la izquierda está Lliuto, lamien (hermana) de la lof: “El ser mapuche no tiene que ver con lo externo, sino por lo que uno siente, la conexión con el lugar. Es un bajón que el gobernador utilice un mapuchómetro cuando habla. Es difícil conectarse con el entorno rodeados de cemento, de ruido, del estrés que nos provoca la rutina. Cuando uno quiere volver al territorio siempre está latente la pregunta, ¿cuál es el mío? Ahí caemos en la realidad de que somos un pueblo que quisieron exterminar, que sufrió un genocidio, que hubo mucha tristeza. Mis abuelos dejaron de hablar en mapudungun para resguardar a sus hijos y a sus nietos, porque les pegaban en la escuela. Por esa historia, este proceso lo atravesamos con mucho dolor, pero lo encaramos con más fuerza para reivindicar nuestra tierra, que nos siguen negando hoy”.

Enlaza la cosmovisión mapuche con lo que está pasando en Los Alerces. “Si uno tiene un vínculo con el territorio, si puede sentir esa conexión, se es mapuche en todos lados; siempre con respeto, claro. Por eso jamás se nos ocurriría hacer un daño como provocar un incendio; nos duele un montón saber que se están perdiendo años y años de vida… porque la vida más allá de lo humano y nosotros luchamos por defender lo que hay a nuestro alrededor”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Quién negocia con las tierras?

Tras las declaraciones del gobernador, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro repudió sus dichos: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace 145 años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo. Este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

En otro fragmento, denuncian: “En este discurso anti-mapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho. Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio? El gobernador expresa que la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras. Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

La comunidad Paillako además de defenderse de las acusaciones del gobierno provincial, también denuncia atentados: “En los cuatros años que lleva esta recuperación, intentaron prendernos fuego ocho veces, porque no quieren que estemos acá”, afirma Cruz Cardenas. “Es muy doloroso la destrucción; lo que se está perdiendo en el bosque costará muchos años en volver. Se regenerará si se cuida como se debe, si es que estos fuegos no se originan para explotar la montaña, para limpiar y después hacer algún emprendimiento”.

–Con las leyes actuales de Parques Nacionales las tierras no se pueden vender.

–Cruz: Muchos dicen que en Parques Nacionales no pueden hacerse negocios inmobiliarios, ni explotaciones, pero hay muchas hectáreas quemadas que ya no corresponden a Parque, son parte de terrenos fiscales de la provincia.

–Lliuto: En el Parque hay una gran cantidad de negociados, emprendimientos inmobiliarios que no lo tiene la gente mapuche…

Cruz, ¿por qué creés que el ensañamiento fue hacia vos?

–Ellos saben que para cualquier explotación y mega proyecto que dañe la tierra, van a tener una oposición del pueblo mapuche. Entonces, esto les sirve para pedir con más fuerza que nos desalojen y poner a la gente en nuestra contra para sacarnos del camino.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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Preexistencia sin valor

Cruz Cardenas, junto a su compañera, fueron denunciados por el delito de usurpación cuando llevaron a cabo la recuperación territorial. El abogado defensor, Gustavo Franquet, le explica a lavaca: “La acusación de usurpación no tiene ningún sustento, porque las familias de Cruz y de su compañera son pobladoras del lugar, han estado históricamente ahí; ellos hicieron una recuperación de su identidad e inmediatamente comenzó el hostigamiento de Parques Nacionales y la denuncia por usurpación. La respuesta que reciben del Estado no es de reconocimiento, ni de respeto a ese proceso entendiendo que son pueblos preexistentes como dice la Constitución Nacional y que tienen derecho a recuperar y construir plenamente su identidad. No, al contrario, lo que supuestamente te lo dan en las grandes palabras que figuran en la Constitución, después te lo sacan en las mezquindades de los funcionarios y del Poder Judicial”.

La causa está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En las declaraciones que hizo Torres dijo que “la causa es por una toma de hace varios años, de 2016”. El mismísimo expediente lo desmiente, ya que la recuperación data de enero de 2020. Dice Franquet: “La cantidad de cosas sin sentido que dijo el gobernador de Chubut… Esta gente es todo el tiempo así, está acostumbrada a decir cualquier cosa. Evidentemente decir cualquier cosa es la característica de esta época, pero claro que tuvo una intención: lo hizo para apretar a que los desalojen”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

5 grandes incendios en 15 años

Este incendio no es el primero que ocurre en este Parque. En los últimos quince años hubo cuarenta focos intencionales y cinco grandes fuegos que arrasaron en 2008, 2015, 2016, 2023 y 2024 alrededor de 17 mil hectáreas.

La anterior gestión del Parque Nacional Los Alerces había iniciado una mesa de diálogo con la lof Paillako para destrabar el conflicto. “Habíamos llegado a un buen acuerdo; la negociación implicaba varios puntos, entre ellos que nosotros habilitemos un camino que cerramos por seguridad cuando hicimos la recuperación, y desde Parque se iba a reconocer nuestro territorio. Para eso nos exigieron tener una personería jurídica, que en verdad nosotros no creemos necesario tener, pero igual la hicimos. Sin embargo, el intendente de Parque (Hernán Colomb) renunció en agosto pasado y el diálogo se cortó”.

Dice la comunidad: “A raíz de los últimos incendios, levantamos el bloqueo del camino que habíamos hecho; hablamos con los brigadistas y razonamos que lo mejor era habilitar ese lugar y que se volviera a utilizar ese camino”.

Hoy en día, Parques Nacionales no tiene autoridades elegidas. El directorio está acéfalo y en el Parque Nacional Los Alerces se nombró como interino al guardaparques Danilo Hernández Otaño, con quien la comunidad aún no tuvo contacto. El pedido de entrevista previo a la publicación de esta nota, no fue contestado.

Re-existir

En Paillako hay vacas, caballos, gallinas, abejas y anhelan a que pronto haya ovejas también. Hay huertas familiares, comunes entre varias rucas (casas) y hay una siembre comunitaria, entre la totalidad de la lof. “Acá se da muy bien la papa, la haba, el ajo, las arvejas, el trigo; los cereales se dan casi todos”, dice Maru. Agrega Cruz: “También los árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Nuestro propósito es ir haciendo mayores escalas para garantizar una buena alimentación y que nos permita hacer intercambios”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Qué molesta de que estén acá? Intercalan la voz, en ronda, y confeccionan una respuesta común: “Nada, nada, no les estamos molestando en nada. Si les molesta es porque somos mapuche. Porque ni siquiera es que jodemos al turismo. Pensemos: quienes perjudican el turismo son los que le echan miedo al turista por la existencia del mapuche, esas personas generan los problemas, no nosotros. Y otra cosa: la comunidad tiene menos de 2 mil hectáreas, mientras que el Parque Nacional Los Alerces cuenta con 250 mil. O sea, tampoco es que estamos tomando el parque, ¿no?”.

Agregan: “Creemos que lo que jode es que nunca vamos a estar de su vereda, nunca pensaremos en explotar la tierra para hacer plata y hacerla bosta. Hoy ni siquiera se puede acampar gratis en el Parque (dormir una noche en un camping oscila entre 12 mil y 14 mil pesos), antes era todo libre y ahora la mayoría es privado. Por eso es importante recordar que las leyes de Parque están hechas en tiempo de dictadura (firmadas por Jorge Rafael Videla); en base a eso se manejan hoy”.

Cierra la comunidad, entre mate y mate, mientras los pichis corren, comen frutas, se caen y se vuelven a parar: “Se viene difícil el futuro, complicado, eso lo sabemos; nosotros tenemos que estar fuertes, amparados por las fuerzas que nos protegen en este lugar; acá vamos a resistir, no pueden sacarnos de nuestro territorio, no vamos a permitir más desalojos”.

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Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

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El incendio generado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya lleva quemadas alrededor de 8 mil hectáreas, se extendió a la población rural de Alto Río Percy, a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel, en Chubut. La casa más alejada es la de Gisela y Lorena, dos amigas que debieron autoevacuarse con las llamas a menos de quinientos metros. Creyeron que habían perdido todo, pero su casa se salvó. Alrededor, se quemó todo. La explicación de lo inexplicable. La falta de prevención. La vida en un paraíso, ahora arrasado por el fuego. Y una colecta colectiva, para empezar la reforestación.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Dos pasos y medio. Ni más ni menos. 

Sesenta centímetros.

Ni más ni menos.

No hay nadie en el poblado rural Alto Río Percy, donde viven alrededor de cien personas en las afueras de la ciudad chubutense de Esquel, que no hable de “milagro”, de “cosa de mandinga”, “de creer o reventar”, “de algo fuera de lo común, nunca visto”.

Acá, todo lo que se ve es impresionante. Impresionantemente triste. Impresionantemente carbonizado.

Y en medio de todo quemado, una casa sin quemar.

La vida, como oasis en un desierto rodeado de muerte.  

Autoevacuadas

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 25 de enero y una semana después, el domingo 4 de febrero, arrasó con centenares de hectáreas del Percy. En total, ya se quemaron alrededor de 8000 hectáreas, el fuego continúa activo y, aunque según las autoridades el fuego está controlado, preocupan las condiciones meteorológicas (más de 30 grados) y que sigan prendidos varios focos.

Uno de ellos está ahí nomás de una casita hermosa que levantaron con muchísimo esfuerzo Gisela Finocchiaro y Lorena Domínguez, amigas desde hace más de 15 años. La nombraron Monte Lontano. Lontano, en italiano, significa lejano. 

Esta casita es la última del poblado, la más alejada. Tan distanciada que, cuando empezó el fuego en Los Alerces, y previendo que podría avanzar hacia el Percy, colgaron un cartel a un kilómetro del hogar, para avisarle a las autoridades que más allá había una vivienda. El cartel voló por el calor. Y ellas debieron irse cuando las llamas se les vinieron encima: “El domingo 4 de febrero fue el momento más crítico; el fuego se acercó bastante y decidimos irnos a Esquel, que está a 13 kilómetros, con la convicción de que el incendio no alcanzaría la casa. Pero ni bien llegamos, nuestro vecino Fabián nos llamó para decirnos que ya estaba muy cerca, que lo mejor era volver a sacar lo más importante. Regresamos y el fuego ya estaba detrás nuestro, a 500 metros; nos quedamos paralizadas, nuestra casa que habíamos hecho con tanto cariño y amor, no iba a zafar. En esos minutos le rogamos a Defensa Civil que bajaran nuestras cosas, pero debimos autoevacuarnos solas. Por una aplicación de la NASA, seguimos el devenir del fuego y vimos cómo había pasado por nuestra casa, pero a la mañana siguiente nos llamaron que se había salvado; no lo podíamos creer”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Gisela y Lorena en el bosque quemado a metros de su casa / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Prevenir para no curar

Gise invita a pensar: “No nos gusta generar discordia por cómo debimos autoevacuarnos, pero sí nos parece importante contar lo que pasó. Al tener un vehículo pudimos sacar algunas cosas en tiempo récord, pero a nivel país debemos prepararnos de otra manera; hay que tener cuadrillas ya preparadas y no esperar a que pase algo para saber qué es lo que se puede hacer; hay que ganarle de mano al fuego, tener los caminos preparados; si queremos bosques nativos hay que cuidarlos, limpiarlos; acá no se puede llegar donde está el fuego porque no está preparado el área o los suficientes recursos para atacar el fuego. Hace más de 15 años que a Alto Río Percy no le dan bola; el intendente acaba de asumir y este fue su bautismo; confío que todo va a cambiar, pero necesita ayuda de provincia y nación”. 

Lore invita a pensar: “No podés tener brigadistas sin estar en planta permanente, contratados, con un mísero sueldo. Están arriesgando su vida… Me da la sensación de que el gobierno improvisa, va viendo en el camino lo que va pasando, pero todo lo que está en juego es vida. Desde el insecto más pequeño, los árboles, los animales hasta la gente que vivimos acá; estamos hablando de vidas. Alto Río Percy es parte del ejido municipal de Esquel, hoy es noticia nacional, pero nunca se le prestó atención; la gente tiene problemas en el invierno para arrear los animales, no se limpian los caminos, no hay agua, no hay gas”.

Cementerio en el paraíso

Los postes de ciprés que sostienen la casa a un metro de altura están tiznados. Los vidrios que dan a la sala de estar y a la cocina están quebrados. El que da a una habitación en el primer piso, a seis metros de altura, también. ¿Cómo no explotaron? “Pusimos doble vidrio y se rompió la placa del exterior, pero soportó la interna. De haber sido un vidrio común, la casa estaría toda quemada, porque una vez que agarraba las cortinas y luego la madera, chau”. 

Dentro del hogar todo está intacto; con cenizas y un leve olor a humo, pero nada haría imaginar lo que se ve a través de esos vidrios resquebrajados: un cementerio de árboles en medio del paraíso. Esqueletos de un bosque que ya nunca será igual. “Era el hábitat natural de muchas especies nativas que han muerto. Se quemaron lengas, ñires, lauras, radales, todo el bosque nativo. Respecto a la fauna, no sabemos cuántos animales se quemaron y cuántos se escaparon, en una zona donde hay ciervos, liebres, huemules, chanchos jabalíes, pumas, vacas y muchas aves. Esto es una catástrofe natural inconmensurable, a nuestro vecino más cercano, que está a mil metros de acá, se le quemó el 85% de su campo y el fuego quedó a menos de cien metros de su casa”. 

El olor a quemado penetra por las fosas nasales, aunque lo peor se lo llevan los ojos. Todo es gris alrededor de Monte Lontano. O casi todo. Las chicas están sentadas en el deck de madera. Contemplan hacia adelante, literal y metafóricamente. “Miramos el filo del pasto seco, lo que dejó el fuego y es inevitable pensar qué hubiera pasado si se quemaba la casa. Posiblemente hubiéramos vendido todo, o regalado, porque quién te va a comprar esto si no tiene bosque. Quizá nos hubiéramos ido, incluso de la ciudad”. 

Reflexiona Lore: “Tomamos este mensaje que nos da la naturaleza, que tuvo una fuerza imparable y esquivó a la casa dándonos un mensaje. La naturaleza nos quiere acá y vamos a reforestar para poner este lugar mucho mejor de lo que estaba. Teníamos un proyecto a futuro que era construir unos dormis para alojar a turistas”. 

La interrumpe Gise: “Lo tenemos, no hablemos en tiempo pasado”. 

“Es verdad, lo tenemos”. Sonríe Lore y agrega: “Retrocedimos un montón de casilleros, pero lo vamos a lograr en algún momento”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Alto Río Percy, poblado rural arrasado por el fuego / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Un desastre que no termina

El terreno lo compraron en 2018 y a inicios de 2019 empezaron a construirlo, con la ayuda del papá y los hermanos de Lore que son albañiles. A finales de ese año comenzaron a habitarlo. “En esta casa veo a mi papá, que falleció hace un año por una grave enfermedad; veo el esfuerzo de mis hermanos; veo a mi sobrinos chiquitos, que les encanta venir. Como no hay señal, no usan el celular, no están detrás de una pantalla y salen a buscar huesos de dinosaurios, a explorar el bosque; saben que no deben matar insectos ni arrancar ramas de los árboles. Tal vez sean ellos quienes vean esto totalmente verde, como alguna vez existió”.

El fuego sigue activo en todos sus frentes (en la cola, que es en la zona del cerro Centinela donde se originó el incendio; en la cabeza, que es en el Percy; y en los flancos derecho e izquierdo). Contextualiza Lore: “Hay árboles de hasta 200 años quemados y esto no terminó, es un desastre. Se levanta el viento y se reactiva el fuego; hay camionetas, helicópteros y aviones trabajando todo el día, es un caos todavía”.

Completa: “El fuego se originó de forma intencional, no hay dudas; se hicieron dos focos simultáneos dentro del bosque en una zona que no es accesible, que no todo el mundo conoce y que hay que saber llegar y luego salir después de hacer fuego; todavía no hay elementos para culpabilizar a nadie”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Lengas, ñires, radales, algunas de las especies carbonizadas /Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Colecta colectiva

Lo que se pisa es pura cenizas. Y con los pasos, lo que se huele es puro humo. Se ve un caño de plástico de un biodigestor destrozado por el fuego; se ve una mesa de roble en la que los sobrinos de Lore juegan a tomar el té, que sobrevivió. Se ven raíces sobresalidas y muertas, troncos y ramas carbonizadas; se ve una parra de uva rosada que le regaló la abuela de Gise, antes de fallecer unos meses atrás, que también sobrevivió. Debajo del piso flotante, se ven enormes troncos de leña que habían juntado para calefaccionar el hogar. El fuego quedó a centímetros de ahí. Un poco más allá del escenario sombrío y calcinado, la belleza de los cerros Colorados y Nahuelpan; los morros coloridos y un ecosistema que fusiona la estepa patagónica y el bosque andino. “Este lugar es maravilloso. Tenemos montaña. Tenemos ríos. Tenemos lagos; tenemos agua que brota de las montañas. Nosotras sacábamos agua de una vertiente, que el fuego la arrasó, al igual que la manguera que teníamos y el estanque”, siente Lorena, de 34 años. 

La escucha Gise, de 39, que comparte: “El otro día fuimos a preguntar cuánto nos costaba comprar los metros de manguera que necesitamos para sacar el agua de la casa del vecino más próximo y casi nos largamos a llorar. Para nosotras hoy es imposible comprarlos. Hace cinco años salía ocho veces menos de lo que sale ahora. Sin agua, además de no poder vivir, tampoco podremos reforestar”. 

A las chicas se les quemaron 700 metros de manguera de dos pulgadas. Ahora necesitan 1000 metros. Comprar de una pulgada y abaratar los costos, les sale más de un millón de pesos. Los 1500 metros de alambrado también se quemaron. Reponerlos cuesta un millón ochocientos mil pesos. También se incineraron filtros, postes, varillas, caños, la tranquera y el estanque. 

Para colaborar con Gise y Lore, comenzamos desde lavaca una campaña de donación a esta cuenta:

Gisela Roxana Finocchiaro
CVU: 0000003100033965245782
Alias: SICILIANA.NEL.CUORE
CUIT/CUIL: 27308957700
(Por transferencia bancaria o Mercado Pago)

“Mucha gente se comunicó de afuera, de La Plata, Formosa, Mendoza, Córdoba,  Buenos Aires para ayudar; eso nos llena el alma. Las pérdidas materiales duelen, pero la pérdida invaluable es el bosque, aunque estamos convencidas que lo vamos a recuperar”, sienten y comparten ambas. “Teóricamente, desde provincia, nación y empresas privadas pusieron mucha guita, esperemos que llegue donde realmente hace falta. Los damnificados estamos a la vista. Ojalá que no haya que esperar, porque la gente se cansa de esperar”.

Piano, piano

–¿Hay algo que quisieran agregar para terminar la nota? 

–Lore: Que ese domingo la pasamos muy feo. Que cuando tuvimos que cerrar la puerta, le dije a Gise que dejara puesta la llave, que para qué iba a cerrar… Gise agarró una virgencita y empezó a rezarle, y yo le pedí a mi papá que no permitiera que se quemara la casa.

–Gise: Somos las últimas pobladoras del Percy, pero fuimos las primeras para el fuego. Por eso Monte Lontano, estamos en la loma del culo, quién nos mandó acá…

Se ríe Gise. Se ríe Lore. Se ríen juntas. Después de la charla, después de las fotos, se levantan y van a buscar las botellas de agua que pudieron cargar desde la ciudad de Esquel, y empiezan a regar zonas carbonizadas, pero con un hilito verde, con un pastito, con alguna raíz que aparenta estar viva. “Piano Piano va lontano”, dice Gise en italiano, y luego lo traduce al castellano: “Despacio, despacio, se llega lejos”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

“Vamos a reforestar para devolver el bosque que había” / Nicolás Palacios para lavaca

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Nota

Entidades de prensa se reunieron con Patricia Bullrich y le plantearon: “Así, nunca más”

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La ministra no aceptó que haya habido “excesos“ pero ofreció disculpas a periodistas reprimidos/as. Fue el mismo día en que la CIDH expresó su preocupación por la falta de garantías de la prensa y los derechos de la protesta social; también, la misma jornada en que los gremios Sipreba y Argra, acompañados del CELS, presentaron ante el Juzgado Federal 6 una denuncia penal para que “se investigue a los responsables de las represiones del 31 de enero y del 1° de febrero en el Congreso”.  

Esos días, de votación de la Ley Ómnibus, el operativo de seguridad fue fuertemente cuestionado en general y en particular por haber dejado un saldo de al menos 35 periodistas heridos/as, en su mayoría fotoreporteros/as de medios comerciales e independientes (entre ellos, lavaca). Haciéndose eco de esta denuncia del sector, el gobierno citó a algunas entidades periodísticas: nuestra compañera Claudia Acuña, miembro fundadora de Periodistas Argentinas, participó de la reunión -junto a personalidades como Joaquín Morales Solá- y lo contamos en esta nota.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió hoy al mediodía con organizaciones periodísticas que en forma unánime expresaron que la represión sufrida por las y los trabajadores de prensa en las recientes jornadas de protesta social no podían repetirse nunca más. “Lo que pasó no puede volver a pasar” sintetizó Joaquín Morales Solá, en representación de la Academia Nacional de Periodistas. Al finalizar el encuentro la ministra pidió “perdón” a las y los periodistas heridos y expresó que estaba dispuesta a hacerlo pública y personalmente a cada agredido. También solicitó a Fopea el Informe sobre Ataques a la Prensa que realiza en su programa de monitoreo de Libertad de Expresión y se comprometió a respetar el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH y que está vigente en la Argentina desde 2016.

De la reunión participaron la Academia Nacional de Periodismo, Adepa, Fopea, Fundación Led y Periodistas Argentinas. Además de la ministra estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el secretario de Medios, Eduardo Serenellini y  el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.

Resumen de lo conversado

La reunión comenzó con una introducción de la ministra Bullrich que explicó la decisión de imponer el protocolo antipiquetes con estos argumentos: 10 mil por año en todo el país, el antecedente de provincias que ya habían impuesto normas similares (citó el caso de Chaco, Mendoza y Neuquén, puntualmente) y “el reclamo social”. Luego definió el motivo de la reunión: “Pensar juntos algunas ideas” con el objetivo de definir “en qué lugar se coloca el periodismo cuando determinados grupos lo atacan”. El primero en poner otro contexto a la reunión fue Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo: “Que quede claro que lo que planteamos es que lo que pasó no puede volver a pasar. No se pueden repetir los acontecimientos que sufrimos ni las agresiones que han recibido los periodistas”. El secretario de Seguridad respondió: “Yo también aspiro a que no vuelva a suceder”.  

Luego, el secretario de Seguridad expresó su “preocupación” porque en estos contextos “no logramos distinguir quien es periodista y quién no.” 

“Si tiene un micrófono, una cámara enfrente y está transmitiendo en vivo, es periodista. Y en esas circunstancias fueron agredidos por las fuerzas de seguridad”, apuntó Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas.

Fopea planteó: “Hay que diferenciar algo importante: el problema no es la norma, el problema son los excesos”. Bullrich interrumpió: “No hubo excesos” y calificó esa mirada como “ideologizada”. Fopea replicó: “Tenemos premios Pulitzers con balas de goma en las piernas” y citó los casos relevados en su Informe de Agresiones a la Prensa del programa de Monitorea de la Libertad de Expresión, del cual la ministra solicitó copia. Fopea remarcó, además, la necesidad de poner fin a los discursos estigmatizantes que se emiten desde el poder hacia periodistas.

A continuación, el planteo de Periodistas Argentinas fue “desde la práctica profesional y desde la calle”. Desde esa experiencia concreta, se describió lo que sufrieron .“Usaría la palabra coreografía para describirlo: en el mismo momento en que las fuerzas de seguridad detenían a una persona gaseaban o golpeaban a un periodista. Esto lo vimos desde el primer momento de tensión el 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en cada una de las jornadas en el Congreso. Y eso significa que no solo se atentó contra los cuerpos de las y los periodistas, sino que atentaron contra la información que no dejaron circular, que es un bien social y un derecho garantizado constitucionalmente. Como diría Borges: uno es azar; dos es coincidencia; tres es certeza: y hay mucho más de tres casos, de los cuales tenemos videos que registran esta modalidad”. 

También se informó que PA había hecho una presentación ante la CIDH, organismo que respondió este reclamo con un comunicado donde expresó su preocupación. “Esa es la palabra que mejor define cómo nos sentimos: preocupadas porque salimos a trabajar y no sabemos si volvemos a nuestras casas con los dos ojos”.

En cuanto al propósito de la reunión, PA resaltó que no era necesario un protocolo específico para la prensa, sino respetar el Estado de Derecho. También resaltó la importancia de que la ministra se reúna con los gremios del sector, como única manera de lograr una escucha federal y generalizada de los reclamos y necesidades y con los movileros que están en la calle, quienes habían solicitado ya a la ministra una reunión. Por último, respaldó lo planteado por Fopea respecto a los discursos estigmatizantes que “terminan por señalar un blanco” y citó como ejemplo los 15 tuits que el Presidente disparó contra la periodista María O’donnell.

Por su parte, Adepa propuso considerar como punto de partida el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH, vigente desde 2016, el cual la ministra se comprometió a tomar como base.

Al finalizar, la ministra dijo: “Pedimos disculpas y estamos dispuestos a hablar con todos ellos (por los agredidos) y pedir disculpas formales”. 

Respondió también puntualmente el planteo de PA: “Sería de brutos o de idiotas pretender que no circule la información en estos días porque es imposible. La puede registrar cualquiera, desde un balcón o desde dónde sea. Tenemos el caso de Kostecki y Santillán, por ejemplo”.

La ministra se refiere al caso que implica dos asesinatos y por el que fueron condenados agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el responsable del operativo.

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