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La ley y la trampa: el caso Antena Negra

Publicada

hace 8 años

10/09/2015

Cómo se privatizaron las frecuencias. Los alcances de la Ley de Medios. La empresa privada que utiliza una señal de radiodifusión. El canal que reclama por un lugar en el espectro. La causa penal clave para el futuro de los medios comunitarios.

antena negra 04
La mesa se mueve cuando Martín Sande apoya un cuaderno anillado. Al abrirlo se lee: Antena Negra TV – Interferencia Señal 20 de Televisión Digital Abierta. Es la causa penal que lleva, hasta el lunes 7 de septiembre en que tomó la copia, 550 fojas. Dentro contiene un derrotero de órdenes dictadas desde la Secretaría n° 5 del Juzgado Nacional en lo Correcional Federal n° 8, que señalan a Sande como imputado por infringir un delito penal federal grave: interferir las comunicaciones de un organismo de seguridad. En verdad, Martín es sólo el representante de una Cooperativa de Trabajo que conforma el canal de televisión comunitario Antena Negra TV desde 2009. La primera foja de la causa está fechada en el mes de abril; la última acción consignada es la orden de allanamiento e incautación de equipos que la División de Delitos Federales de la Policía Federal concretó apenas cinco meses después, el viernes 4 de septiembre.
Pasada la tormenta, Antena Negra TV se convirtió en un grupo más unido de jóvenes que comparten mates y estrategias de defensa, bizcochitos y preocupaciones, que lograron reactivar la programación y la pusieron en piloto automático, mientras atienden funcionarios judiciales y medios de comunicación.

El espectro privatizado

Antena Negra venía saliendo desde marzo por la frecuencia de la señal 20 de televisión digital abierta en una maniobra que debe entenderse a la luz de la historia de los medios comunitarios de comunicación:
Las señales de televisión abierta se diferenciaron de los servicios de radiodifusión (FM/AM) a partir de la argentinización de Convenio Internacional de Nairobi (1982), un acuerdo mundial que hace referencia a los mecanismos de distribución del espectro para los servicios de telecomunicaciones. En 1986, bajo la forma de la Ley 23.478 se blanqueó en el país como el primer criterio de distribución del espectro en Argentina.
El espíritu del convenio y de la ley era que la potestad de dicha distribución quedaba en manos del Estado nacional, para garantizar el acceso democrático.
Se organizó así el uso de 69 canales libres y gratuitos, según rangos de frecuencias, y se sentaron los criterios para que personas físicas o jurídicas puedan acceder al uso de estos soportes de telecomunicaciones. Para garantizar el cumplimiento de la Ley, se acordó, era necesario reordenar el espectro radioeléctrico y para ello se debía elaborar un Plan Técnico.
Ese Plan Técnico, desde entonces, se iría pateando hacia adelante mientras otras medidas resolvieron los presentes. Por ejemplo: suspender la aplicación de Plan Nacional de Radiodifusión, que llamaba a concursos públicos para acceder a licencias de radio y televisión.
El golpe de gracia fue, en 1989, la Ley Dromi de Reforma del Estado, que modificó el inciso “C” del artículo 43 de la Ley de Radiodifusión, que ponía límites a la cantidad de licencias por radiodifusor: nacían los multimedios. Esta Ley también permitió la entrada de capitales extranjeros como licenciatarios de radiodifusión.

El canal 20

La periodista Analía Martín desarrolló dos didácticos artículos para entender cómo repercutieron las medidas en la práctica: “La Televisión Abierta posee los canales del 2 al 69. De los cuales del 13 al 69 (salvo canal 26 de Pierri, 21 de la Iglesia y 60 de la Universidad de Lomas de Zamora) fueron entregados durante los años ’90s como servicios complementarios (empresas de cable) y sistema de comunicación privada (radio taxis, ambulancias, etc.). Los canales del 14 al 20 fueron entregados a servicios de telecomunicaciones del Estado como policías y ambulancias. Esto permitió la total ocupación de la banda destinada a la TV abierta”.
Dice Martín Sande: “Esto quiere decir que aquellas empresas favorecidas por el menemismo que presionaron para impedir la aplicación de un nuevo plan técnico son las que hoy negocian una licencia de televisión a cambio de dejarle espacio para la televisión estatal. Por eso la disputa por poder hacer televisión abierta no es por la falta de espacio, como en radios en zona de conflictos, sino por el uso inconstitucional del espectro ocupado por Telefonía, Cableras, y sistemas de telecomunicaciones cerrados”.
En este punto se encuentra el meollo del litigio penal que hoy enfrenta el canal Antena Negra: la señal 20 entró en aquél generoso reparto del Estado a telecomunicaciones privadas. Primero la Policía Federal Argentina, y ahora la empresa de seguridad privada GIASA-Prosegur, pagando todos los meses a la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (AFTIC) para hacer uso de la señal.
Ley de Medios mediante, la señal en cuestión fue catalogada como frecuencia de radiodifusión, lo cual significa que se debe organizar en función de garantizar la participación de los actores de la sociedad, como garantía de libertad de expresión, y no bajo reglas mercantiles.
Por esto es que en diciembre del 2014 el Ejecutivo Nacional emitió un decreto como Plan Nacional de Servicios de Comunicación Audiovisual Digitales en el que instruye a la Secretaría de Comunicaciones de Ministerio de Planificación Federal “a instrumentar las medidas pertinentes con el objeto de atribuir las bandas comprendidas 470-512 MHz (canales 14 al 20 de la banda UHF) exclusivamente al Servicio de Televisión Digital Terrestre Abierta”.
El canal 20 en cuestión fue el que obtuvo mayor prioridad. La letra del Decreto 2456/2014 dice: “Las atribuciones mencionadas deben efectuarse dentro de los siguientes plazos: 1) canal 20, al momento de entrar en vigencia el presente decreto”. Para las señales 18 y 19 otorga plazos de 90 días, y para los canales restantes, 2 años.

El club de amigos

Replay: una empresa privada está usando, desde los ’90s, una frecuencia destinada a la radiodifusión. ¿Y la Ley de Medios? Según cuenta Martín, presidente de la Cooperativa Antena Negra, la señal 20 fue cedida por la AFSCA al Gobierno de la Ciudad hace 4 años, pero el municipio jamás la usó. “Ahora entendemos por qué”, razona Martín, que sigue leyendo la causa y encuentra, entre las fojas, la lista de clientes de GIASA-Prosegur que se dicen perjudicados por la interferencia de Antena Negra:

Aeropuertos Argentina
Banco COMAFI
Banco San Juan
Banco Galicia
Banco HSBC
Banco ICBC
Banco Macro
Banco Nación
Banco Santander
Banco Río
Banco Supervielle
Banco Francés
Banco Patagonia
Caja de valores
Citibank
Concejo Federal de Inversiones
Dirección General de Fabricaciones Militares
Embajada de Israel
Itaú Buen Ayre
Policía Federal Argentina Tesorería Central
Residencia del Embajador de Arabia Saudita
Secretaría de Inteligencia del Estado.

A este club de amigos se le suma que el estudio de abogados que patrocina a la empresa Prosegur es el de Oscar Salvi, quien defendió al ex presidente Menem en la causa en la que se investiga la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia, entre otras actuaciones turbias durante la dictadura militar como juez federal.
Antena Negra, sin conocer a los rivales, salió a jugar el partido: “Nosotros compramos la antena, hicimos la prueba, esperamos al 24 de marzo y lo largamos. En el contexto que estamos haciendo la prueba el AFSCA le entrega la señal a Canal 9, en un reordenamiento. A nosotros ni pelota. Y le dan 180 días a Canal 9, que nunca se movió”.
Los residuos de los ’90s, otorgamientos fallidos y un canal comunitario con ganas de aire: ¿Por qué Antena Negra no puede ser licenciatario de esa señal? “Nunca abrieron el concurso que nos corresponde a nosotros, que es la de operador licenciatario sin fines de lucro en Capital”.
Sande extiende otro documento: es una carta remitida a la AFSCA el día 16 de junio de 2015 en el que le solicitan que abra dicho concurso y refiere, punto por punto, cómo Antena Negra TV cumple los requerimientos previstos en el pliego de bases y condiciones. Culmina la carta: “Es por ello que ANTV solicita mediante esta presentación el llamado a concurso de las Frecuencias 16, 17 o 18, previstas expresamente en la Resolución N° 24/2015 para las categorías B, C, D, E, F como licenciatario operador”.
Sande: “En cambio, lo que abrió el AFSCA hasta ahora fueron 3 frecuencias enteras para gestión privada con fines de lucro”.
La discriminación se hace carne cada vez que hablan con un funcionario: “Nos dicen: ‘ustedes son de la Red Nacional de Medios Alternativos, no les vamos a dar nada’. Así, de cara a cara. ‘Con ustedes, nada’”.
Por lo menos que los dejen vivir tranquilos: “Eso es lo que te contestaban: ‘igual, no los vamos a joder’. Claro, cuando ellos manejan todo. Pero cuando por otro lado hay alguien que sí puede manejar la justicia, esa chicana que hacen empieza a tener sus consecuencias. Y ahora no saben cómo emparcharlo”.

El denunciante ilegal

La denuncia que inicia la causa penal que lleva al allanamiento de Antena Negra es radicada por Prosegur, que se declara perjudicada, junto a su club de amigos, por la interferencia del canal comunitario en sus comunicaciones del monitoreo de bancos de la zona, material sensible de ser protegido.
Lo increíble de la causa es que el denunciante es un infractor de la Ley en los términos del decreto 2456/2014, que intima a dejar la señal 20 inmediatamente como frecuencia de radiodifusión. Es como que un ocupante de una vivienda denuncie a alguien que se metió por la ventana.
Martín Sande, causa en mano, sigue estudiando cómo es que Prosegur sale ileso de todo este litigio: “El juzgado lo que hace es pedirle un informe al AFSCA y otro al AFTIC. Y dice: están diciendo cosas opuestas. Entonces los llama a declarar a todos”.
Qué contestan:
-AFSCA: “Responde básicamente que Antena Negra no es ilegal, pero no tiene ningún derecho. Y el juez le pregunta: ¿no se censaron? Sí, se censaron, acá están los papeles. ¿Ustedes conocían antena negra? Sí, sí, dice el AFSCA, pero no tiene derechos porque ni el censo ni ninguno de todos los trámites da derecho salvo la licencia. Entonces no tienen que estar ahí, dice el juez. AFSCA: no”.
-AFTIC: “¿Conocen a antena? Sí. ¿Están interfiriendo? Sí, están interfiriendo la señal de Prosegur”.
Martín repone lo que aquí se omite: “Nadie les pregunta si Prosegur es legal o no”.
Según los funcionarios de la AFSCA consultados por lavaca, ellos se desayunaron con la noticia de la causa penal el mismo día del allanamiento a Antena Negra. En la causa figura, en cambio, que tres de sus más altos funcionarios declararon en la causa en el mes de agosto.
La AFTIC, por su parte, representada por una camioneta de la antigua Comisión Nacional de Comunicaciones el día del allanamiento, se definió como “operador técnico” en este litigio y respondió: “Hay una resolución interna que les da una prórroga (a Prosegur) de 2 años para poder migrar de tecnología”.
Martín se pregunta: “¿Qué jerarquía tiene una prórroga de un organismo de comunicación frente a un decreto presidencial?”.
El juez no preguntó más. Orden de allanamiento.

Los atrevidos

Martín hojea el cuadernillo y se ríe. Leer una causa judicial puede ser un ejercicio tedioso pero a la vez sorprendente al notar cómo el Estado despliega sus recursos, su personal y su tiempo
Le pregunto qué es lo que más le llamó la atención. Dos cosas:
-“Mandaron policías de civil al canal, que se presentaron como para pedir trabajo”. Martín mira a Leila, que se ríe con él porque se acuerda de estas personas y su ilógico pedido. Muestra la foja: “Solícitese mediante oficio tareas de inteligencia en el término de 5 días corridos de forma discreta sobre el domicilio Ángel Gallardo 752”.
-“Lo otro que me llamo la atención es que a los funcionarios que nombran los conocemos y nos reunimos por esa época incluso. Les dijimos que queríamos legalizar Antena negra. Tenemos mails. Por más que ellos no hubieran declarado, su inacción política dice mucho. Este canal está desde antes de la Ley y ellos lo saben”.
Sigue: “Que no tengamos licencia nosotros es un problema, como que somos unos atrevidos, cuando el 80% de las estaciones de radiodifusión no poseen licencia efectiva alguna ¿Quién tiene la falta? Su único rol es reglamentar el uso del espectro”.
Más acá de la pelea política, la causa penal que pesa sobre Martín y que retiene los equipos de Antena Negra puede ser crucial para el futuro de los medios comunitarios no regularizados. “De acuerdo a lo que resuelva el juez va a sentar jurisprudencia. Y esa jurisprudencia va a abrir la puerta a que el 80% de las estaciones de radiodifusión, ante un conflicto, puedan ser procesadas por la justicia penal”.
O que no.

Este viernes convocan a concentrarse a las 16hs en Peru y Av. de Mayo – sede de la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Telecomuniaciones (AFTIC)- en reclamo de los equipos y el cierre de la causa penal abierta contra el canal.

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Esquel: espionaje de organismos de inteligencia contra vecinos y Ley Antiterrorista contra los mapuche

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Mía: Cuando el arte abraza

Publicada

hace 4 días

17/03/2023

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

Publicada

hace 5 días

16/03/2023

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

Publicada

hace 6 días

15/03/2023

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

“Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
“Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.

https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/