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La mafia tóxica: Entrevista con Gilles-Eric Séralini, biólogo francés

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Es uno de los científicos más atacados por la compañía transgénica. Publicó un estudio que demuestra cómo el glifosato genera enfermedades a largo plazo. En esta nota describe a MU cómo fue la campaña para desacreditarlo, y equipara las técnicas de Monsanto con la mafia. Por Anabel Pomar.
El profesor Gilles-Eric Séralini es biólogo molecular. Francés, nacido en 1960, se especializa en los riesgos de los transgénicos y los agrotóxicos sobre la salud humana. Junto a su grupo de investigación en Caen desarrolló un trabajo crónico de la toxicidad del Roundup y un maíz transgénico, también propiedad de Monsanto: concluyó que ambos provocaban tumores y enfermedades . Es el único estudio de toxicidad a largo plazo existente hasta la fecha en el mundo entero. Por eso Séralini fue y es uno de los científicos más mencionados en los Papeles de Monsanto.
El científico francés aparece mencionado en los documentos que registran discusiones internas de la compañía en más de 55.000 citas conocidas hasta la fecha, en unas 20.000 páginas, entre cientos de interlocutores en todo el mundo a lo largo de casi quince años. Esta documentación es conocida como el “Séralini Affair” y junto a otros Papeles de Monsanto ha sido utilizada como prueba en los tres juicios que condenaron a esa corporación por actuar con malicia, negligencia y causar cáncer con su herbicida Roundup a Dewayne Johnson, Edwin Hardeman, Alva y Alberta Pilliods.
En agosto pasado se pusieron a disposición del público nuevos documentos, que se suman a los ya publicados en 2017 y a los desclasificados tras los juicios realizados. Ya no sorprende ver que, una vez más, Gilles-Eric Séralini es mencionado como el blanco de las más feroces campañas de descrédito y difamación organizadas por Monsanto.

Un paper bajo ataque

El episodio central en el caso Séralini gira en torno de la publicación, retractación y republicación de un estudio de 2012 que, bajo su dirección, mostró al mundo el daño que produce el herbicida Roundup de Monsanto y el maíz OGM NK 603.
El paper fue publicado inicialmente en 2012, en la revista Food and Chemical Toxicology (FCT), pero luego fue retirado por “defectuoso”. Esa retractación fue producto del lobby de Monsanto. Finalmente el trabajo fue republicado dos años más tarde, en la revista Environmental Sciences Europe, pero la sombra de la duda plantada por la corporación continúa.
Al ingresar el nombre “Séralini” el buscador web traerá cerca de 141.000 resultados en solo 0.42 segundos. En esos resultados, en los primeros puestos, se podrá leer con claridad que el paper científico ha sido retirado o retractado por controversial o no cumplir con la metodología adecuada, según los cánones de la ciencia.
¿Cuál es la importancia de ese trabajo que mereció tantos esfuerzos por parte de Monsanto para desacreditarlo?
Por primera vez, en un estudio a largo plazo, se comprobó que el Roundup (inclusive en dosis infinitesimales menores a las que se permiten en los alimentos) y un maíz transgénico diseñado para tolerarlo, aplicados en ratas durante un período prolongado tenían efectos tóxicos, producían tumores y enfermedades, incluido daño hepático y renal grave.
Ninguna autoridad reguladora del mundo exige realizar pruebas a largo plazo sobre los alimentos transgénicos: eso también dejó expuesto el estudio. Séralini demostró que las pruebas de 90 días comúnmente realizadas sobre alimentos transgénicos no son lo bastante largas como para observar efectos a largo plazo como cáncer, daños en los órganos y muertes prematuras. Los primeros tumores no aparecieron hasta los 4-7 meses del inicio del estudio.
La investigación de Séralini desnudó así que la industria y las autoridades reguladoras cometen un error al desestimar los efectos tóxicos observados en los estudios de 90 días sobre alimentos transgénicos por “no ser biológicamente significativos”. Los signos de toxicidad detectados en los estudios de 90 días de Monsanto se convirtieron en daños en los órganos, cáncer y muertes prematuras en el estudio de Séralini de dos años.
Este es el segundo motivo que tenía Monsanto para “destrozar” esa investigación, que surge al leer los propios documentos: de ser válido, podía abrir las puertas a que reguladores y otros organismos de control pidieran estudios a largo plazo sobre los cultivos transgénicos y sus plaguicidas asociados. Según advierte el empleado de Monsanto Dan Goldstein en uno de los correos electrónicos desclasificados podía motivar que “un tercero procure fondos para verificar las observaciones de Séralini, ya sea a través de una agencia gubernamental o de los grupos contra los transgénicos/pesticidas”.

La campaña sucia

Los Papeles de Monsanto conocidos hasta ahora muestran con contundencia que esa corporación organizó la campaña para lograr que el paper de Séralini fuera retirado de la publicación. La revelación más impactante de los documentos divulgados es que A. Wallace Hayes, el editor de Food and Chemical Toxicology, celebró un acuerdo de consultoría con Monsanto justo antes de su participación en la retractación del estudio Séralini. Claramente Hayes tenía un conflicto de intereses entre su papel como asesor de Monsanto y su rol de editor: el estudio fue publicado el 19 de septiembre de 2012; el acuerdo de consultoría entre Hayes y Monsanto tenía fecha del 21 de agosto de 2012. Hayes fue contratado para prestar sus servicios a partir del 7 de septiembre de 2012.
Los documentos también revelan que Monsanto pagó a Hayes 400 dólares por hora por sus servicios y que a cambio se esperaba que “trabajara en la creación y el desarrollo de una red experta de toxicólogos, epidemiólogos y otros científicos en Sudamérica y además fuera participe de la reunión inicial celebrada en el región (en 2013)”.
La campaña de retractación fue liderada por el científico de Monsanto David Saltmiras con ayuda de “expertos externos”, científicos aparentemente independientes de Monsanto, quienes bombardearon con cartas al editor en jefe de la revista Food and Chemical Toxicology (FCT), exigiendo que se retractara del estudio e inundaron “los medios” con las críticas a la metodología del paper. Saltmiras se jactó de haber facilitado las numerosas cartas de expertos al editor para señalar el diseño deficiente del estudio. Además, fue coautor de la carta de Monsanto al editor, que redactó junto con Dan Goldstein y Bruce Hammond, empleados de la corporación.
Saltmiras escribe en un correo que lo logró gracias a “buenos contactos”: “A lo largo de la publicación y campaña de medios del estudio de Séralini sobre cáncer en ratas, a fines de 2012, aproveché mi relación [con] el editor en jefe de la revista (…) y fui el único punto de contacto entre Monsanto y el Journal”.
Otro empleado de Monsanto, Eric Sachs, escribe en un correo electrónico sobre sus esfuerzos para reclutar científicos en la campaña de redacción de cartas en contra del estudio. Sachs se refiere a Bruce Chassy, un científico que dirige el sitio web Pro-OMG Academics Review y escribe: “Hablé con Bruce Chassy y él enviará su carta a Wally Hayes directamente y notificará a otros científicos para que hagan lo mismo. Entiende la urgencia”. En respuesta a la solicitud de Monsanto, Chassy instó a Hayes a retractarse del documento de Séralini. También fue el primero en firmar una petición que exigía la retractación del estudio Séralini y el coautor de un artículo publicado en la revista Forbes acusando a Séralini de fraude. En ninguno de los documentos Chassy declara vínculo alguno con Monsanto. En 2016 quedó expuesto que en menos de dos años había percibido más de 57.000 dólares por parte de Monsanto para viajar, escribir y hablar sobre transgénicos.
Esa carta fue firmada en Argentina por Moisés Burachik, en su rol de director de Asuntos Regulatorios de INDEAR (Agrobiotechnology Institute) de Rosario. Burachik se desempeñó como asesor científico de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. Estuvo involucrado con las actividades de regulación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) desde los inicios del sistema regulatorio nacional. Además fue miembro de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) desde su creación en 1991 y su Secretario Ejecutivo entre 2004 y 2010, para luego pasar abiertamente a la industria privada.

La verdad y la duda

Séralini relata a MU qué sintió al leer los documentos en los que orquestaban ataques contra él. Y es contundente: “Me provoca náuseas por la magnitud de esos crímenes. Desde altos ejecutivos de Monsanto hasta gobiernos, incluidos científicos de las universidades más prestigiosas, reguladores de agencias internacionales, editores de revistas científicas, medios de comunicación, todos comprados, sobornados o utilizados por la empresa para continuar vendiendo Roundup”.
En un libro llamado La Duda es su Producto el investigador David Michaels señala cómo actúan las corporaciones con técnicas probadas y perfeccionadas por la industria del tabaco: “Estas industrias han aprendido que al enfocar la discusión sobre las incertidumbres en la ciencia (y la necesidad de más investigación), es posible evitar el debate sobre las políticas públicas. Esto puede retrasar por años los gastos necesarios para proteger la salud de la gente y el medio ambiente”.
Para Serálini, “las técnicas utilizadas (por Monsanto) son equiparables a la mafia. Teníamos sospechas de cómo actuaban, pero ahora tenemos evidencia sobre un mecanismo activo de corrupción que implica a editores científicos, agencias reguladoras,- redactando ellos las conclusiones de salud regulatorias en lugar de las propias agencias-, personalidades espiadas, según revelan documentos que describen hasta sus pasatiempos y gustos personales. Sabemos ahora que identificaban actores que pudieran ayudarlos en sus objetivos. Identificaban a quienes pudieran servirles o ser influenciados en un plan destinado a desprestigiar nuestro estudio que les avergonzaba por sus conclusiones. Y todo para poder seguir afirmando que son buenas personas, que se ocupan de nuestra agricultura y de nuestros alimentos, de nuestros jardines y nuestra salud”.
“Con mi grupo de investigación – explica el francés- hemos publicado científicamente la mayor parte de estudios en todo el mundo con datos experimentales sobre células humanas de bebés, animales y pacientes sobre la toxicidad de los OGM y pesticidas agrícolas. En mi caso me atacan por ello. Si no logran difamar mi investigación y a mí mismo, es obvio que sus productos, Roundup y OGM, deberían estar prohibidos en el mundo, lo que significaría resignar todos sus beneficios de miles y miles de millones”.
Según el biólogo los ataques no se han detenido, aunque se remontan a 2005. “Ya en ese año empezaron a atacarme personalmente por un trabajo publicado en Environmental Health Perspectives, una revista científica muy famosa, dónde dejaba en evidencia que el Roundup contenía venenos muy tóxicos; mucho más tóxicos que el propio glifosato aislado”, relata Séralini. “Hoy sabemos que en la formulación están presentes compuestos de derivados de petróleo cancerígenos y metales pesados como el arsénico. Esos descubrimientos los publiqué en diferentes artículos entre 2013 y 2018”.
¿Cómo se hace para continuar bajo tanta presión y bajo esa duda constante que plantaron sobre su trabajo? Séralini: “No es algo fácil, pero la verdad está de mi lado. Por eso es que logré ganar siete juicios contra los grupos de presión y lobby que respondían a la compañía e intentaban desacreditar mi trabajo”.

Arenas movedizas

Séralini cuenta a MU que su participación en los Papeles de Monsanto se produjo “desde el minuto cero” de su gestación. Parte de las pruebas documentales de sus investigaciones forman parte de los documentos junto a los obtenidos como pruebas por los abogados de los demandantes en Estados Unidos y los pedidos de acceso a la información pública de oenegés como USRTK. Irrefutables pruebas internas de la compañía que desnudan la manipulación de Monsanto sobre reguladoras y el corpus científico. “En 2005 gané un juicio usando como pruebas datos en bruto de la compañía, donde quedaba evidenciado estaban ocultado información sobre la toxicidad de un OGM (Organismo Genéticamente Modificado). He solicitado, a través de mecanismos de transparencia en la información, documentación relativa a eventos transgénicos, a muchos gobiernos de todo el mundo donde fui invitado a colaborar. En India, de este modo, pudimos frenar el evento GM Bt brinjal”, resume el científico.
En enero de 2016 en el hotel y restaurante medieval La Mère Poulard, en Mont Saint-Michel, un reconocido lugar que forma parte del recorrido del Camino de Santiago, Séralini conoció a la abogada Kathryn Forgie (entrevistada en la edición 130 de MU) y a uno de sus colegas de Nueva York. “Querían saber mi opinión sobre los daños del glifosato. Sentían que caminaban sobre arenas movedizas y me preguntaron por el vínculo entre el Roundup y el cáncer. Antes de comenzar a explicarles los estudios les conté que descubrimos que el Roundup contiene venenos ocultos (además del glifosato que es el más “famoso”), y le sugerí que primero miraran los documentos que Monsanto mantiene en secreto sobre las pruebas que ya han realizado sobre su producto. Las consecuencias de esa conversación siguen produciendo revelaciones explosivas en el mundo entero”.
Sobre la importancia de los Monsanto Papers, sigue Séralini: “Están permitiendo que la compañía y su accionar sea expuesta en cada juicio. Poco a poco, la evidencia del sistema de corrupción en la ciencia, regulación e información está empezando a ganar más lugar en la prensa y en los titulares. Es la corrupción sobre la ciencia la responsable de enfermedades y muertes en todo el planeta”.
Séralini afirma que encontrar una salida no solo es urgente, sino también posible. “Así como la ciencia, especialmente la Toxicología, y las agencias reguladoras están muy comprometidas o llenas de carencias ante los OGM y los pesticidas, hay numerosos científicos en el mundo entero que desarrollan ciencia independiente. Y uno solo de ellos puede denunciar a esos miles de supuestos científicos comprometidos. El Roundup es un veneno para la salud y el medio ambiente: debe prohibirse lo antes posible. Al igual que para todos los pesticidas, necesita de experimentos científicos transparentes para que la comercialización sea permitida. No podemos admitir este tipo de fraudes. El mundo está cambiando y todo el poder financiero de Bayer está siendo sofocado por la voz de decenas de miles de millones. Ganaremos”.

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Parlamento de Artistas: la nueva propuesta de Mu Trinchera Boutique

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Después de las Postas Sanitarias Culturales, llega el Parlamento de Artistas en Mu Trinchera Boutique, con la presidencia de Susy Shock y gran elenco. Enterate cómo va a ser y dónde se consiguen entradas.

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🔥Parlamento de Artistas🔥

Una sesión extraordinaria, presidida por la cantante y artista Susy Shock, es la excusa para volver a encontrarnos en el teatro de Mu Trinchera Boutique junto a una serie de artistas que representarán números únicos, pensados a la medida del Parlamento de los Artistas.

La propuesta, parida por el equipo cultural de lavaca, retoma la propuesta ideada por Paul Preciado y replicada por el colectivo boliviano Mujeres Creando durante el golpe en ese país; un Parlamento de Mujeres, en ese caso, que funcionó de barricada para hacerle frente al fascismo, invitando a hablar a numerosa y diversa cantidad de mujeres micrófono y palabra en mano.

Ahora, emulando ese ritmo de protesta al calor de la época actual, entre pandemias virales, culturales y sociales, el Parlamento de Artistas pretende responder desde la danza contemporánea, la música y el teatro a la pregunta: ¿Qué podemos decir cuando todo está dicho?

Las posibles respuestas las interpretarán estos grandes, enormes artistas de la escena argentina:

  • Susy Shock @susyshock
  • Manuel Fanego @manufanego
  • Paula Garnier @pauligarnier
  • Caro Bonillo @caro_bonillo
  • Carla Rimola @carlarimola
  • Juan Salvador Giménez Farfán @decimesalvador
  • Luisa Ginevro @luisa_ginevro @milagloww
  • Valentina Brishantina @nosoyvalentinabrishantina
  • Elis Pavan Armas.

El lunes 18 de octubre a las 19hs. en Mu Trinchera Boutique @mu.trinchera.boutique  (Riobamba 143, CABA)

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Femicidio de Araceli Fulles: lo que hay que hacer para conseguir justicia

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Otra semana en el juicio por el femicidio de Araceli Fulles (22 años) está llegando a su fin. Después de seis semanas, hoy terminó la etapa de declaraciones y presentación de pruebas. Son ocho los imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”. Casi trescientos testigos pasaron por el tribunal para declarar y prevén que el juicio se extienda dos semanas más. El próximo miércoles y jueves se desarrollarán los alegatos y se espera fecha de sentencia.  

Por Delfina Pedelacq

Son casi las diez de la mañana en la puerta del Tribunal Oral en lo Criminal número tres (TOC 3) de San Martín ubicado sobre la calle Eva Perón al 2500. Como todos los días desde que comenzó el juicio, esa cuadra está cortada con una valla y un patrullero de cada lado. En la vereda de enfrente familiares de otras víctimas de femicidios e inseguridad “fortalecidos por el dolor”, arrastran una escalera y la posan sobre el paredón de la fábrica de calzado para colgar las banderas que acompañaron todas las jornadas. “Justicia por Araceli, “por Zaira”, “Justicia por Chiara” son las primeras en desplegar.

Refugiándose del viento, Mónica Ferreyra, mamá de Araceli, espera dentro del auto para entrar al tribunal. El papá, Ricardo, prende el segundo cigarrillo al hilo mientras saluda al abogado Diego Szpigiel, que llega con su asistente. Por el rabillo del ojo, Mónica detecta la camioneta del servicio penitenciario que dobla por la calle Rogelio Vidal y dice: “Ahí están entrando a los desgraciados”. 

Los ojos de Mónica y Ricardo pueden dar cuenta del agotamiento que implica sostener todos los días el proceso judicial, que comenzó el 13 de septiembre y transita la recta final.  Acumulan hasta hoy sobre sus cuerpos, más de doscientas horas de juicio: “Después de todo lo que luchamos, de todo lo que tuvimos que aguantar, nos merecemos que todo salga bien y que haya justicia”.

“No damos más, pero no vamos a parar”

“Vamos, negrita, bailá hasta el fin” canta la remera que lleva Damián, con la cara de su hermana. La misma que tiene Mónica colgada de su cartera. “Es volver a remover todo. Fue un proceso largo y complicado pero por suerte tenemos mucho apoyo de la gente”, dice a lavaca. Junto con sus otros dos hermanos fueron quienes durante los 25 días de búsqueda recorrieron todo el barrio para encontrar a Araceli. También cuenta que por el trabajo se le complica estar todos los días acompañando a su mamá y papá, pero entre los demás hermanos se turnan. “Ya no damos más, pero no vamos a parar hasta llegar al final”.

Araceli fue  vista por última vez el 2 de abril de 2017 en una plaza cercana a la casa donde su cuerpo fue hallado 25 días después, víctima de femicidio y enterrada bajo una loza. La casa pertenecía a la mamá de Darío Badaracco, principal sospechoso y el único que en ese entonces quedó detenido.

Los padres de Araceli explicaron en su momento que, durante la investigación, las autoridades perdieron la cadena de custodia de los elementos probatorios, y que este fue el argumento por el cual la Cámara resolvió que los ocho imputados quedaran en libertad por falta de mérito.

Los sospechosos

El tribunal está integrado por los jueces Martín Klobovs, Carolina Martinez y Anibal Bellagio. La fiscal de juicio es Mariana Piwarczuk, mientras que el abogado Diego Szpigiel representa a la familia de Araceli.

Son ocho acusados, Hernan Rodrigo Badaracco, Carlos Damian Cassalz, Hugo Cabañas, Carlos Antonio Ibarra, Marcelo Escobedo, Daniel Alaniz y los hermanos Jonathan y Manuel Avalos. Todos imputados por “homicidio agravado por el femicidio y por la participación de dos o más personas”, delito que prevé la pena máxima de prisión perpetua. 

Un día antes del comienzo del juicio uno de los imputados, Carlos Damian Cassalz, el dueño del corralón donde se cree que Araceli fue asesinada, fue detenido mientras se acercaba a un centro de votación. La detención se produjo porque semanas atrás, la mamá de Araceli,  denunció haber recibido a su celular un video intimidatorio del imputado Cassalz portando una ametralladora. “Pero no les tengo miedo: a mí ya me mataron”. dijo Monica.

Otro detenido fue Hugo Cabañas cuando, el segundo día del juicio, intentó ingresar a la sala de audiencias con una faca. Actualmente también se encuentra detenido el imputado Marcelo Escobedo.

Las audiencias se desarrollan sin público por protocolo Covid. Los imputados y las personas que testifican se encuentran siempre en la misma sala. El primer día del juicio, prensa y canales de televisión pudieron entrar para registrar el inicio. Al ser una sala pequeña, solamente presencian el proceso la mamá y el papá de Araceli con su defensa. 

Lo que sigue

Son las 10.25am. “¿Subimos?”. dice Diego Szpigiel mientras encara hacia las escaleras del tribunal. Mónica y Ricardo abrazan a quienes se acercaron para darles palabras de aliento. “Ya falta poco” y “fuerza” son las principales.

En la entrada también se encuentra el papá de Chiara Rodriguez, que carga con un cartel hecho a mano que grita justicia por su hija, una joven de 19 años fue asesinada hace casi un mes en el barrio Villa Hidalgo. “Vamos a acompañar como ellos nos están acompañando”, dice.

Cerca de las tres de la tarde termina la última jornada de declaraciones y presentación de pruebas.

El próximo miércoles 20 de octubre comenzarán los alegatos. 

Sobre la pared del tribunal siguen intactas cientos de fotos de Araceli que, desde aquel 13 de septiembre en que comenzó el juicio, sus amigas y familiares pegaron.  

Y todo indica que, hasta que no sea justicia, no se moverán de allí.

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13er Encuentro de Familiares Sobrevivientes de Femicidios: “Exigimos acciones concretas”

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En el día en que el Observatorio Lucía Pérez dio a conocer el número de los femicidios, travesticidios y transfemicidios en lo que va del año —233— los Familiares Sobrevivientes de Femicidios volvieron a juntarse en el mediodía gris, como cada segundo miércoles de mes, para exponer el estado de las causas de sus hijas y presentar la carta por decimotercera vez solicitando una audiencia con el presidente Alberto Fernández. El informe completo y la carta, en esta nota.

Sentades en sillas negras ubicadas por delante del mástil que está frente a la Casa Rosada, les familiares nuevamente tomaron el micrófono, con una batucada de fondo por parte de trabajadorxs de la empresa de electrodomésticos Garbarino que denuncian que 4000 empleades no reciben sus sueldos desde hace seis meses. La primera en tomar la palabra fue Yolanda, hermana de Luciana Sequeira, la joven de 17 años que fue encontrada en un hotel en Santiago del Estero con graves lesiones producto de tortura y violación y que falleciera tres días después. El imputado es un compañero del colegio, también de 17 años, hijo de un policía. “Estamos acá para pedir justicia porque el caso está parado. Por la pandemia, nos dicen, no puede seguir avanzando. Ahora estamos tratando de impugnar la autopsia porque la que hubo está manipulada y no podemos seguir confiando en esa autopsia”.

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez, la joven de 16 años de cuyo femicidio se cumplieron cinco años el pasado 8 de octubre y que desatara el primer paro de mujeres, dijo: “A cinco años de su femicidio todavÍa no tenemos justicia. Pedimos justicia por Lucía. Gracias”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luego tomó la palabra Susana Reyes, la mamá de Cecilia Basaldúa: “La semana pasada estuvimos en Córdoba porque supuestamente nos recibía el Fiscal General de Córdoba, quien se escondió y no quiso atendernos, mandó al secretario, hubo violencia de la policía y eso delata más todo lo que están ocultando. Pasamos por Capilla del Monte y nos enteramos que todos los cómplices del asesinato de mi hija andan sueltos, caminan por la calle como si nada, queremos que eso se termine, vamos a seguir la lucha. Estamos a poco tiempo del juicio, del único acusado, no tienen ninguna prueba, veremos qué pasa, si se puede caer ese juicio por todas las mentiras que hay en el expediente. No nos van a parar, vamos a seguir con la lucha”.

La mamá de Camila Flores fue la siguiente en hablar: “Camila fue asesinada en San Guillermo, Santa Fe. No es como ellos dicen que Cami se suicidó, están arreglando todo desde la autopsia y todas las pruebas que dicen que tienen, que nunca las muestran. Ya diez meses y no hacen nada, el asesino está en su casa, sabemos que hasta después de esa noche se ha reunido en la casa de la jueza del pueblo con su mamá. ¿Cómo puede ser si es un asesino y se reúne con la jueza en la casa? Es un pueblo y se tapan, pero vamos a seguir porque a Cami la mataron y la verdad tiene que salir a la luz”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Luna Ortiz, de 19 años, fue drogada y violada por distintos hombres. Sin embargo, los jueces de Casación Daniel Carral, Ricardo Maidana y Ricardo Borinsky lo caratularon como un “homicidio imprudente” y pusieron el foco en la víctima.

Marisa, su mamá, contó: “Luna un 3 de junio de 2017 era asesinada por Villarreal y sus cómplices. Le decimos a este Poder Judicial que queremos una verdadera justicia para Luna y para todas nuestras pibas asesinadas. No nos conformamos desde un principio de la causa, como se caratuló como abandono de persona por el fiscal (Marcelo) Fuenzalida y el TOC 7 de San Isidro y cuando llega a Casación, los jueces Maidana y Carral de la Sala 1 de La Plata le dan lugar a la defensa del femicida cambiando la carátula como un homicidio culposo; siendo así este femicida estaría quedando en libertad en poco tiempo».

Y agregó: «En todo el proceso judicial se revictimizó a Luna y se violaron todos los derechos internacionales, con respecto a la violencia de género, por eso apelamos a la Corte Suprema de la Provincia para que revierta la causa a femicidio. Ayer recibimos la noticia de parte de la abogada que la corte lo denegó. Acá sigue nuestra lucha, vamos a seguir exigiendo justicia por Luna, porque estamos acostumbrados a que nos quieran tirar atrás las causas, a que revictimicen a nuestras hijas, hoy todos los familiares que estamos acá venimos a lo mismo, a quejarnos de este Poder Judicial, estamos muy cansados pero vamos a seguir tratando de que se reconozca el femicidio”. Marisa también contó que están organizando un encuentro regional el próximo 24 de octubre, donde se van a dictar talleres y a las 18 hs habrá una movilización en Tigre.

Fotos: Lina Etchesuri.

Facundo, papá de Luna, afirmó: “La causa está desde un principio estancada, no avanza, cada vez que vamos somos tratados de mala forma en la Fiscalía de Género de Tigre, donde siguen revictimizando a Luna: una secretaria del fiscal dando a entender como que las pibas se lo buscan, ¿cómo esa gente puede estar al frente de una Fiscalía de Género? Son apañados por la misma fiscalía general, nadie hace nada y se van repitiendo los casos. Estamos luchando para que la causa avance, hemos realizado una pericia para dar vuelta esa pericia psicológica que es aberrante y misógina. Este 8 de noviembre tenemos reunión con la fiscal y esperamos tener una buena respuesta y que la causa siga adelante”.

Daniel Basaldúa, papa de Cecilia: “Hace 17 meses que no la tenemos. Estamos luchando como el primer día pero nos damos cuenta de toda la porqueria que hay en el Poder Judicial. Acabamos de volver de Córdoba, nos recibía el fiscal general, se asustó, no nos recibió , hubo violencia, no nos querian dejar entrar a Tribunales, como si fueramos delincuentes. Nosotros somos pacificos pero sí decimos las cosas como son. Nos recibió el fiscal de Cámara, que va a ser quien posiblemente esté a cargo del juicio por el caso de Cecilia. Ya está elevado a juicio, quizás en dos meses estemos en el juicio, con un pibe del que no tienen ninguna prueba, lo que queremos es que esa causa se caiga e investiguen a los verdaderos culpables. Alberto acaba de recibir a L-Gante, no tengo nada contra ese pibe, pero nosotros tambien nos merecemos que nos reciba”.

Fotos: Lina Etchesuri.

La lectura del informe mensual del Observatorio Lucía Pérez estuvo a cargo de la maquilladora, performer y comunicadora Anahí de la Fuente, quien en julio de 2019 denunció penalmente por acoso y maltrato a su entonces jefe a cargo del Centro Cultural San Martín, Diego Pimentel. Luego fue despedida de su trabajo y Pimentel renunció a la dirección del San Martín. Meses más tarde, y para no llegar a la instancia de juicio, reconoció en un juicio abreviado, el acoso y maltrato a dos ex trabajadoras, entre ellas Anahí. “Soy Anahí de la Fuente, víctima de abuso por parte de un funcionario público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, después de meses tediosos de cargar con esta lucha, soy de los pocos casos que fueron escuchados y lamentablemente tengo que sentirme privilegiada por eso”.

Fotos: Lina Etchesuri.

Texto del informe del Observatorio Lucía Pérez

233 femicidios o travesticidos

201 infancias huérfanas

305 marchas exigiendo Paren de Matarnos

216 días preguntando dónde está Tehuel

A partir de este mes sumamos otro dato: 164 funcionarios públicos denunciados por violencia de género.

En agosto de 2020 el Estado argentino se comprometió a llevar un registro de funcionarios judiciales denunciados por violencia, como parte del acuerdo amistoso que firmó con Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia. El acuerdo incluyó el acto de público perdón, pero no se limitó a ese simbolismo: obliga al Estado a cumplir una serie de medidas, entre ellas:

El Consejo de la Magistratura “incluirá el conocimiento sobre cuestiones de género y violencia contra las mujeres en todos los concursos para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Nación”.

También se obligó a confeccionar “un registro público de denuncias presentadas contra magistrado/as por situaciones vinculadas a violencia de género, en el que conste además el trámite impartido a esas denuncias”.

Hasta el momento el Consejo de la Magistratura ha publicado en su web un registro que debe descargarse en pdf, que solo tiene datos de tres denunciados y sin especificar el contenido de la denuncia.

Para dimensionar qué representa este incumplimiento elaboramos este padrón público que sistematiza los datos de una muestra de 164 casos. Las denuncias involucran a todos los poderes del Estado argentino y recorre todos sus estratos, incluidos los más altos.

Advertencias a tener en cuenta antes de analizar los datos:

1. Las denuncias no significan condenas. Es decir, no informan sobre delitos cometidos por funcionarios públicos, sino que dan cuenta de presentaciones judiciales que relatan casos concretos de violencias que solicitan así ser investigadas.

2. Los 164 casos no significan la totalidad de los funcionarios denunciados. Es apenas una muestra confeccionada con informaciones periodísticas no desmentidas y de los últimos años.

3. Hemos tenido en cuenta denuncias que superen los últimos tres años sólo en aquellos casos en que ese antecedente recobre actualidad. Un ejemplo de esta excepción: el presidente de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, ya que la denuncia por violencia que radicó su ex pareja y por la que fue sobreseído en 1987 fue nuevamente noticia el pasado 8 de marzo.

4. No incluimos en los 164 casos seleccionados denuncias que involucran a familiares de funcionarios públicos. El caso de Emilio Rosatti, hijo de Horacio Rosatti, flamante presidente de la Corte Suprema de la Nación no es la excepción, ya que cuando fue denunciado por violencia por su ex pareja se desempeñaba como funcionario del Poder Judicial en Santa Fe. Destacamos, sin embargo, la gravedad institucional que representa que existan notas periodísticas que siembren la sospecha de que el juez de la Corte Suprema haya realizado gestiones para mitigar la situación judicial de su hijo. Confirmar o desmentir estas versiones debería ser una prioridad de la máxima institución de justicia del país en momentos en que el proceso de proclamación de Rosatti como presidente de esa institución ha sido cuestionado hasta por otros miembros de la Corte.

5. En el caso de las fuerzas de seguridad sólo hemos tomado registro de aquellas denuncias que involucren a las máximas autoridades. Sin embargo queremos remarcar el grave contexto que representa que sólo en la Policía Bonaerense y en el año 2020 se hayan iniciado 997 expedientes por violencia de género laboral. El Estado es responsable también significa esto.

Ni una más

Carta al Presidente Alberto Fernández

Buenos Aires, Argentina 13 de octubre de 2021

Señor Presidente de la Nación Argentina

Doctor Alberto Fernández

Desde que comenzó este año hemos sufrido:

233 femicidios y travesticidios, 14  en los últimos 12 días.

201 infancias han quedado huérfanas

Realizamos 305 movilizaciones y marchas para exigir  que paren de matarnos.

Y seguimos reclamando la aparición con vida de Tehuel.

Desde que comenzamos a encontrarnos en esta plaza hemos presentado una docena de cartas solicitando que nos reciba. Las entregamos acompañadas con informes y propuestas concretas y urgentes, nacidas del calvario que representa para una familia acceder a una justicia justa y humana, que investigue y castigue el crimen de nuestras hijas. También presentamos propuestas para que el Estado prevenga estas violencias y contenga en tiempo y en forma a las infancias que deja huérfanas.

En este largo tiempo hemos escuchado hablar mucho de la necesidad de una reforma judicial como forma de garantizar que el Estado cumpla con sus obligaciones y garantice nuestros derechos. Necesitamos hechos. Exigimos acciones concretas. Reclamamos que se democratice el Poder Judicial de una vez por todas y para siempre.

Esta es la carta número 13 con la cual, con respeto y esperanza, solicitamos que reciba a nuestras familias. ¿Por qué insistimos? Porque estamos convencidos de que tiene que escucharnos. Nuestras palabras están cargadas de dolor, pero también de la tremenda experiencia que soportamos sobre nuestras espaldas y nuestras almas. Queremos transferirle ese peso: es suyo. Le corresponde a la máxima autoridad del país hacer todo lo que pueda y más para transmitirle a toda la sociedad que Nunca Más ninguna madre, ningún padre, ningún hermano, ni hermana deba soportarlo. Ninguna familia puede cargar sola ese peso: es demasiado.

Atentamente,

Marta Montero, mamá de Lucía Pérez

Mónica Ferreyra, mamá de Araceli Fulles

Guillermo Pérez, papá de Lucía Pérez

Alfredo Barrera, papá de Carla Soggiu

Rosana Andrea Soggiu, mamá de Carla Soggiu

Ana María Martinez, mamá de Melina Romero

Daniel Basaldúa y Susana Reyes, papá y mamá de Cecilia Basaldúa

Blanca Fredes, mamá de Agustina Fredes

Ezequiel Moscoso, tío de Katherine Moscoso

Facundo Ortiz y Marisa Rodriguez, papá y mamá de Luna Ortiz

Mamá de Camila Flores

Yolanda Sequeira, hermana de Luciana Sequeira

Fotos: Lina Etchesuri.
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