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La mafia tóxica: Entrevista con Gilles-Eric Séralini, biólogo francés

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Es uno de los científicos más atacados por la compañía transgénica. Publicó un estudio que demuestra cómo el glifosato genera enfermedades a largo plazo. En esta nota describe a MU cómo fue la campaña para desacreditarlo, y equipara las técnicas de Monsanto con la mafia. Por Anabel Pomar.
El profesor Gilles-Eric Séralini es biólogo molecular. Francés, nacido en 1960, se especializa en los riesgos de los transgénicos y los agrotóxicos sobre la salud humana. Junto a su grupo de investigación en Caen desarrolló un trabajo crónico de la toxicidad del Roundup y un maíz transgénico, también propiedad de Monsanto: concluyó que ambos provocaban tumores y enfermedades . Es el único estudio de toxicidad a largo plazo existente hasta la fecha en el mundo entero. Por eso Séralini fue y es uno de los científicos más mencionados en los Papeles de Monsanto.
El científico francés aparece mencionado en los documentos que registran discusiones internas de la compañía en más de 55.000 citas conocidas hasta la fecha, en unas 20.000 páginas, entre cientos de interlocutores en todo el mundo a lo largo de casi quince años. Esta documentación es conocida como el “Séralini Affair” y junto a otros Papeles de Monsanto ha sido utilizada como prueba en los tres juicios que condenaron a esa corporación por actuar con malicia, negligencia y causar cáncer con su herbicida Roundup a Dewayne Johnson, Edwin Hardeman, Alva y Alberta Pilliods.
En agosto pasado se pusieron a disposición del público nuevos documentos, que se suman a los ya publicados en 2017 y a los desclasificados tras los juicios realizados. Ya no sorprende ver que, una vez más, Gilles-Eric Séralini es mencionado como el blanco de las más feroces campañas de descrédito y difamación organizadas por Monsanto.

Un paper bajo ataque

El episodio central en el caso Séralini gira en torno de la publicación, retractación y republicación de un estudio de 2012 que, bajo su dirección, mostró al mundo el daño que produce el herbicida Roundup de Monsanto y el maíz OGM NK 603.
El paper fue publicado inicialmente en 2012, en la revista Food and Chemical Toxicology (FCT), pero luego fue retirado por “defectuoso”. Esa retractación fue producto del lobby de Monsanto. Finalmente el trabajo fue republicado dos años más tarde, en la revista Environmental Sciences Europe, pero la sombra de la duda plantada por la corporación continúa.
Al ingresar el nombre “Séralini” el buscador web traerá cerca de 141.000 resultados en solo 0.42 segundos. En esos resultados, en los primeros puestos, se podrá leer con claridad que el paper científico ha sido retirado o retractado por controversial o no cumplir con la metodología adecuada, según los cánones de la ciencia.
¿Cuál es la importancia de ese trabajo que mereció tantos esfuerzos por parte de Monsanto para desacreditarlo?
Por primera vez, en un estudio a largo plazo, se comprobó que el Roundup (inclusive en dosis infinitesimales menores a las que se permiten en los alimentos) y un maíz transgénico diseñado para tolerarlo, aplicados en ratas durante un período prolongado tenían efectos tóxicos, producían tumores y enfermedades, incluido daño hepático y renal grave.
Ninguna autoridad reguladora del mundo exige realizar pruebas a largo plazo sobre los alimentos transgénicos: eso también dejó expuesto el estudio. Séralini demostró que las pruebas de 90 días comúnmente realizadas sobre alimentos transgénicos no son lo bastante largas como para observar efectos a largo plazo como cáncer, daños en los órganos y muertes prematuras. Los primeros tumores no aparecieron hasta los 4-7 meses del inicio del estudio.
La investigación de Séralini desnudó así que la industria y las autoridades reguladoras cometen un error al desestimar los efectos tóxicos observados en los estudios de 90 días sobre alimentos transgénicos por “no ser biológicamente significativos”. Los signos de toxicidad detectados en los estudios de 90 días de Monsanto se convirtieron en daños en los órganos, cáncer y muertes prematuras en el estudio de Séralini de dos años.
Este es el segundo motivo que tenía Monsanto para “destrozar” esa investigación, que surge al leer los propios documentos: de ser válido, podía abrir las puertas a que reguladores y otros organismos de control pidieran estudios a largo plazo sobre los cultivos transgénicos y sus plaguicidas asociados. Según advierte el empleado de Monsanto Dan Goldstein en uno de los correos electrónicos desclasificados podía motivar que “un tercero procure fondos para verificar las observaciones de Séralini, ya sea a través de una agencia gubernamental o de los grupos contra los transgénicos/pesticidas”.

La campaña sucia

Los Papeles de Monsanto conocidos hasta ahora muestran con contundencia que esa corporación organizó la campaña para lograr que el paper de Séralini fuera retirado de la publicación. La revelación más impactante de los documentos divulgados es que A. Wallace Hayes, el editor de Food and Chemical Toxicology, celebró un acuerdo de consultoría con Monsanto justo antes de su participación en la retractación del estudio Séralini. Claramente Hayes tenía un conflicto de intereses entre su papel como asesor de Monsanto y su rol de editor: el estudio fue publicado el 19 de septiembre de 2012; el acuerdo de consultoría entre Hayes y Monsanto tenía fecha del 21 de agosto de 2012. Hayes fue contratado para prestar sus servicios a partir del 7 de septiembre de 2012.
Los documentos también revelan que Monsanto pagó a Hayes 400 dólares por hora por sus servicios y que a cambio se esperaba que “trabajara en la creación y el desarrollo de una red experta de toxicólogos, epidemiólogos y otros científicos en Sudamérica y además fuera participe de la reunión inicial celebrada en el región (en 2013)”.
La campaña de retractación fue liderada por el científico de Monsanto David Saltmiras con ayuda de “expertos externos”, científicos aparentemente independientes de Monsanto, quienes bombardearon con cartas al editor en jefe de la revista Food and Chemical Toxicology (FCT), exigiendo que se retractara del estudio e inundaron “los medios” con las críticas a la metodología del paper. Saltmiras se jactó de haber facilitado las numerosas cartas de expertos al editor para señalar el diseño deficiente del estudio. Además, fue coautor de la carta de Monsanto al editor, que redactó junto con Dan Goldstein y Bruce Hammond, empleados de la corporación.
Saltmiras escribe en un correo que lo logró gracias a “buenos contactos”: “A lo largo de la publicación y campaña de medios del estudio de Séralini sobre cáncer en ratas, a fines de 2012, aproveché mi relación [con] el editor en jefe de la revista (…) y fui el único punto de contacto entre Monsanto y el Journal”.
Otro empleado de Monsanto, Eric Sachs, escribe en un correo electrónico sobre sus esfuerzos para reclutar científicos en la campaña de redacción de cartas en contra del estudio. Sachs se refiere a Bruce Chassy, un científico que dirige el sitio web Pro-OMG Academics Review y escribe: “Hablé con Bruce Chassy y él enviará su carta a Wally Hayes directamente y notificará a otros científicos para que hagan lo mismo. Entiende la urgencia”. En respuesta a la solicitud de Monsanto, Chassy instó a Hayes a retractarse del documento de Séralini. También fue el primero en firmar una petición que exigía la retractación del estudio Séralini y el coautor de un artículo publicado en la revista Forbes acusando a Séralini de fraude. En ninguno de los documentos Chassy declara vínculo alguno con Monsanto. En 2016 quedó expuesto que en menos de dos años había percibido más de 57.000 dólares por parte de Monsanto para viajar, escribir y hablar sobre transgénicos.
Esa carta fue firmada en Argentina por Moisés Burachik, en su rol de director de Asuntos Regulatorios de INDEAR (Agrobiotechnology Institute) de Rosario. Burachik se desempeñó como asesor científico de la Dirección de Biotecnología del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina. Estuvo involucrado con las actividades de regulación de Organismos Genéticamente Modificados (OGM) desde los inicios del sistema regulatorio nacional. Además fue miembro de la Comisión Nacional Asesora de Biotecnología Agropecuaria (CONABIA) desde su creación en 1991 y su Secretario Ejecutivo entre 2004 y 2010, para luego pasar abiertamente a la industria privada.

La verdad y la duda

Séralini relata a MU qué sintió al leer los documentos en los que orquestaban ataques contra él. Y es contundente: “Me provoca náuseas por la magnitud de esos crímenes. Desde altos ejecutivos de Monsanto hasta gobiernos, incluidos científicos de las universidades más prestigiosas, reguladores de agencias internacionales, editores de revistas científicas, medios de comunicación, todos comprados, sobornados o utilizados por la empresa para continuar vendiendo Roundup”.
En un libro llamado La Duda es su Producto el investigador David Michaels señala cómo actúan las corporaciones con técnicas probadas y perfeccionadas por la industria del tabaco: “Estas industrias han aprendido que al enfocar la discusión sobre las incertidumbres en la ciencia (y la necesidad de más investigación), es posible evitar el debate sobre las políticas públicas. Esto puede retrasar por años los gastos necesarios para proteger la salud de la gente y el medio ambiente”.
Para Serálini, “las técnicas utilizadas (por Monsanto) son equiparables a la mafia. Teníamos sospechas de cómo actuaban, pero ahora tenemos evidencia sobre un mecanismo activo de corrupción que implica a editores científicos, agencias reguladoras,- redactando ellos las conclusiones de salud regulatorias en lugar de las propias agencias-, personalidades espiadas, según revelan documentos que describen hasta sus pasatiempos y gustos personales. Sabemos ahora que identificaban actores que pudieran ayudarlos en sus objetivos. Identificaban a quienes pudieran servirles o ser influenciados en un plan destinado a desprestigiar nuestro estudio que les avergonzaba por sus conclusiones. Y todo para poder seguir afirmando que son buenas personas, que se ocupan de nuestra agricultura y de nuestros alimentos, de nuestros jardines y nuestra salud”.
“Con mi grupo de investigación – explica el francés- hemos publicado científicamente la mayor parte de estudios en todo el mundo con datos experimentales sobre células humanas de bebés, animales y pacientes sobre la toxicidad de los OGM y pesticidas agrícolas. En mi caso me atacan por ello. Si no logran difamar mi investigación y a mí mismo, es obvio que sus productos, Roundup y OGM, deberían estar prohibidos en el mundo, lo que significaría resignar todos sus beneficios de miles y miles de millones”.
Según el biólogo los ataques no se han detenido, aunque se remontan a 2005. “Ya en ese año empezaron a atacarme personalmente por un trabajo publicado en Environmental Health Perspectives, una revista científica muy famosa, dónde dejaba en evidencia que el Roundup contenía venenos muy tóxicos; mucho más tóxicos que el propio glifosato aislado”, relata Séralini. “Hoy sabemos que en la formulación están presentes compuestos de derivados de petróleo cancerígenos y metales pesados como el arsénico. Esos descubrimientos los publiqué en diferentes artículos entre 2013 y 2018”.
¿Cómo se hace para continuar bajo tanta presión y bajo esa duda constante que plantaron sobre su trabajo? Séralini: “No es algo fácil, pero la verdad está de mi lado. Por eso es que logré ganar siete juicios contra los grupos de presión y lobby que respondían a la compañía e intentaban desacreditar mi trabajo”.

Arenas movedizas

Séralini cuenta a MU que su participación en los Papeles de Monsanto se produjo “desde el minuto cero” de su gestación. Parte de las pruebas documentales de sus investigaciones forman parte de los documentos junto a los obtenidos como pruebas por los abogados de los demandantes en Estados Unidos y los pedidos de acceso a la información pública de oenegés como USRTK. Irrefutables pruebas internas de la compañía que desnudan la manipulación de Monsanto sobre reguladoras y el corpus científico. “En 2005 gané un juicio usando como pruebas datos en bruto de la compañía, donde quedaba evidenciado estaban ocultado información sobre la toxicidad de un OGM (Organismo Genéticamente Modificado). He solicitado, a través de mecanismos de transparencia en la información, documentación relativa a eventos transgénicos, a muchos gobiernos de todo el mundo donde fui invitado a colaborar. En India, de este modo, pudimos frenar el evento GM Bt brinjal”, resume el científico.
En enero de 2016 en el hotel y restaurante medieval La Mère Poulard, en Mont Saint-Michel, un reconocido lugar que forma parte del recorrido del Camino de Santiago, Séralini conoció a la abogada Kathryn Forgie (entrevistada en la edición 130 de MU) y a uno de sus colegas de Nueva York. “Querían saber mi opinión sobre los daños del glifosato. Sentían que caminaban sobre arenas movedizas y me preguntaron por el vínculo entre el Roundup y el cáncer. Antes de comenzar a explicarles los estudios les conté que descubrimos que el Roundup contiene venenos ocultos (además del glifosato que es el más “famoso”), y le sugerí que primero miraran los documentos que Monsanto mantiene en secreto sobre las pruebas que ya han realizado sobre su producto. Las consecuencias de esa conversación siguen produciendo revelaciones explosivas en el mundo entero”.
Sobre la importancia de los Monsanto Papers, sigue Séralini: “Están permitiendo que la compañía y su accionar sea expuesta en cada juicio. Poco a poco, la evidencia del sistema de corrupción en la ciencia, regulación e información está empezando a ganar más lugar en la prensa y en los titulares. Es la corrupción sobre la ciencia la responsable de enfermedades y muertes en todo el planeta”.
Séralini afirma que encontrar una salida no solo es urgente, sino también posible. “Así como la ciencia, especialmente la Toxicología, y las agencias reguladoras están muy comprometidas o llenas de carencias ante los OGM y los pesticidas, hay numerosos científicos en el mundo entero que desarrollan ciencia independiente. Y uno solo de ellos puede denunciar a esos miles de supuestos científicos comprometidos. El Roundup es un veneno para la salud y el medio ambiente: debe prohibirse lo antes posible. Al igual que para todos los pesticidas, necesita de experimentos científicos transparentes para que la comercialización sea permitida. No podemos admitir este tipo de fraudes. El mundo está cambiando y todo el poder financiero de Bayer está siendo sofocado por la voz de decenas de miles de millones. Ganaremos”.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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