Nota
¿La pandemia del pensamiento único?: Reflexiones más acá del cientificismo
No negar ni minimizar los peligros del virus. Cumplir con las recomendaciones para el cuidado de la salud. Rechazar el negacionismo de Trump y Bolsonaro. Escuchar a médicos y científicos. Pero, ¿quiénes son «los especialistas»? ¿Hay que obedecer ciegamente a la Organización Mundial de la Salud? ¿Se trata de una opción binaria «salud o economía»? ¿Es imprescindible y sano el “aislamiento social obligatorio”? ¿Quién y cómo se van a cuantificar las consecuencias sociales en los sectores populares? ¿Por qué se invisibilizan las causas de las pandemias? ¿Sirve que los medios cuenten los muertos en tiempo real? Como en la guerra: el miedo se impone, la disidencia se castiga y el pensamiento único se contagia. Investigadores, epidemiólogos, médicos, científicos, periodistas, economistas e indígenas se permiten plantear preguntas, aristas silenciadas y otros caminos posibles en tiempos pandémicos.
Por Darío Aranda
¿Economía o vida?
“En Argentina instalaron una falsa opción, como dijo el Presidente: ‘Si el dilema es la economía o la vida, yo elijo la vida’. Pero una cuarentena puede contemplar la salud y la economía al mismo tiempo, en beneficio de ambas. ¿Cómo? Con una cuarentena selectiva de entrada. Limitada a los susceptibles. Porque es un principio básico de la epidemiología exponer a los no-susceptibles y no exponer a los susceptibles”, explicó a inicios de abril con didáctica docente Mario Borini, ex profesor titular de Salud Pública y docente de Epidemiologia en la Facultad de Medicina de la UBA.
Su escrito apunta a los principios básicos de la epidemiología: al comienzo de la epidemia el aislamiento físico podría haber incluido a unas cinco millones de personas (4,5 millones son mayores de 65 años) y el resto, cerca de 40 millones de habitantes, podría haber mantenido sus actividades habituales, familiares, laborales, siempre con una política social para que la población mantenga los cuidados básicos de limpieza de manos, distancia física de metro y medio, barbijos y uso de protección en el personal de salud.
Borini se hace la pregunta retórica de por qué el Gobierno no hizo lo epidemiológicamente obvio. Y él mismo responde: “Porque el sistema de salud está desquiciado. Mientras se prioriza declamativamente la salud, no hay capacidad para atenderla ni prevenirla de otra forma que descargando el gasto y la angustia en la población, cuyas condiciones habitacionales y laborales hacen insufrible la cuarentena y el parate económico”.
Borini explica que hay un conocimiento propio de las “ciencias de las poblaciones”, donde figura la epidemiología, pero también la estadística, la demografía y las ciencias sociales, que hoy no son escuchadas por el gobierno nacional ni por los provinciales. Resalta que se impuso una mirada relacionada a pruebas de laboratorio propias de la infectología-virología-inmunidad, sin tener en cuenta el marco de referencia social que debe existir ante cualquier epidemia. “La mirada impuesta está vinculada a lo que propone la industria de medicamentos (…). Además hay conflictos de intereses, como la OMS financiada por laboratorios comerciales y la Fundación Gates. Y ese conflicto de intereses penetra al ‘comité de expertos’ (del gobierno nacional), con Pedro Cahn de la Fundación Huésped, que es financiada por laboratorios comerciales”, cuestiona Borini.
Menciona como contra-ejemplos a la Argentina a cuatro países asiáticos (Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán), con cuarentenas selectivas, “pese a que los tres últimos superan a Argentina en el número de casos”. Y también señala a Suecia, con trece veces más muertos que Argentina con Covid-19: “Sus autoridades consideran que ‘es tan peligroso salir como quedarse en casa’ y que es indigno imponer a su población una cuarentena total”. Precisa que Costa Rica no hizo cuarentena y tiene la menor tasa de mortalidad de América Latina. “Alemania, con cuarentena parcial, tienen una tasa de ocho fallecimientos por millón de habitantes, que es ocho veces menor a la de Bélgica, con cuarentena total, nacional y obligatoria”, explica.
Plantea que Argentina, con esta política ante la pandemia, no prioriza a la población respecto a la salud y la economía, sino que se prioriza el sistema de salud, “que a la espera de la epidemia no atiende ni siquiera en los consultorios habituales”.
“El sistema de salud no tiene capacidad porque durante siete décadas hubo reducción de camas de internación en relación al crecimiento de la población, retaceo de terapias intensivas y respiradores, obsolescencia tecnológica, caída presupuestaria, desabastecimiento de insumos, no reemplazo de personal (por fallecimiento, jubilación, renuncia), magros salarios (…) Por eso se apeló en Argentina a la cuarentena total, para evitar el bochorno de la desatención masiva”, aseguró Borini.
Sostiene que instalar camas de emergencia en “lugares impropios” como Tecnópolis es una muestra más de la “miseria que supimos conseguir” para el sistema de salud. Y alerta por las consecuencias de la cuarentena obligatoria: “De persistir con esta dicotomía entre salud y economía se profundizarán el empobrecimiento de la población y la extranjerización de la economía, con su grave y evitable efecto boomerang sobre la salud física, mental, social y ambiental, que habría que medir con el mismo ahínco que se pone en contar los casos afectados por el Covid-19”.

¿Contar muertos?
Otra voz disidente es la del virólogo y doctor en farmacología molecular Pablo Goldschmidt que cuestionó que decenas de países paren sus actividades por el Covid-19. Recordó que definir una enfermedad como “pandemia” no quiere decir algo grave sino un mal que sucede en muchos países. “El Covid-19 es muy contagioso, sí, como el resfrío, que es como muere la gente en los geriátricos. Antes no los contaban, ahora sí. Hubo más de medio millón de casos de neumonía en el mundo el año pasado. Hay un millón de personas que se pueden agarrar meningitis en África, y se transmite por la saliva, y los aviones van y vienen. Y a nadie le importa nada. A mí, cuando algo hace mucho ruido como con el corona… Se está teatralizando mucho. Desde el primer día dije que las cuentas no daban, como cuando apareció la gripe H1N1”, destacó.
Goldschmidt es autor del libro La gente y los microbios, donde analiza el rol de las bacterias, virus, hongos, protozoos y priones, “seres invisibles” que afectan gravemente la salud, pero también son vitales para la existencia del pan, quesos, bebidas fermentadas y medicamentos. Cuestiona a la universidad británica Imperial College de Londres, fuente inicial de datos epidemiológicos de donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) basó sus proyecciones de posibles muertes: 2,2 millones en Estados Unidos y 500.000 en el Reino Unido.
El portal de noticias Infobae es el más leído de Argentina. En su encabezado contabiliza en tiempo real los contagiados, fallecidos y recuperados, en el mundo y en Argentina. Para el país contabilizan 241 muertos. Los diarios destacan mapas online para ubicar las provincias y ciudades con más afectados. Los canales de noticias informan con un “urgente” o “último momento” cada nuevo fallecimiento.
Desde el primer fallecimiento, el 7 de marzo, Argentina contabiliza un promedio de 4 muertes por día. Muy lejos de las 31.916 muertes por neumonía e influenza del 2018, según el informe oficial “Estadísticas vitales”, del Ministerio de Salud de la Nación, un promedio de 88 fallecimientos por día.
Al momento de escribir este artículo se contabilizan 244.229 fallecidos en el mundo por coronavirus. Mario Borini, médico de la UBA, recordó que en el mundo hay anualmente entre 400.000 y 600.000 muertos por gripe común (y está subdiagnosticada). Según la propia Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 6,5 millones de personas por la contaminación del aire. «Sólo una de cada diez personas respira un aire que está en los límites establecidos por la OMS. Los otros nueve respiran aire que es nocivo para su salud», afirmó en conferencia de prensa María Neira, directora del departamento de Medioambiente y Salud del organismo.
Ningún portal de noticias, ningún canal de televisión, ningún funcionario contabiliza en tiempo real esos fallecimientos.
Abordar la contaminación del aire implica poner en cuestionamiento el modelo económico contaminante, que es la base del capitalismo.

Desocupación y pobreza
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) emitió un informe sobre el futuro de la región luego de la pandemia: “Sus efectos generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930. El PBI caerá más de 5 por ciento en 2020. Se prevé un fuerte aumento del desempleo”.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó el 29 de abril su reporte titulado “El Covid-19 y el mundo del trabajo” en el que advirtió que “casi la mitad de la población mundial podría llegar a perder los medios de vida”. Afirmó que el efecto pandemia y la suspensión de actividades tendrán un “efecto devastador”.
“Casi 1.600 millones de trabajadores de la economía informal, esto es, casi la mitad de la población activa mundial, corre peligro inminente de ver desaparecer sus fuentes de sustento”, advirtió la OIT. Y prevé la pérdida de 305 millones de empleos a tiempo completo.
Julio Gambina, economista de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (Fisyp), explicó que Argentina terminará este año con una pobreza de entre 40 y 42 por ciento, con un desempleo de hasta el 12 por ciento y con irregularidades del empleo en torno al 40 por ciento. También alertó sobre la fuerte presión que habrá para mayor flexibilización laboral y reforma previsional.
Gambina se caracteriza por sus opiniones económicas y sociales que privilegian a los sectores populares; quizá por eso no suele ser consultado en los grandes medios de comunicación y sí en los medios alternativos, comunitarios, cooperativos. Es un referente crítico al neoliberalismo y a los organismos financieros internacionales.
“El debate entre salud y economía es falso, mezquino y miserable, que escamotea la discusión del qué hacer en la coyuntura y más allá en el tiempo para superar los problemas del presente”, afirmó Gambina. Y llamó a discutir el modelo productivo y de desarrollo, el sistema financiero y la inserción internacional del país. “La situación de emergencia habilita esta discusión, evitada por años de oscurantismo y hegemonía desbordante de ideología y política neoliberal”, destacó.
Salud y ambiente
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma) alertó en 2016 sobre el aumento mundial de las epidemias zoonóticas. Señaló que 75 por ciento de todas las enfermedades infecciosas emergentes en humanos son de origen animal y que dichas afecciones están estrechamente relacionadas con la salud de los ecosistemas (Fuente).
El Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) funciona en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Se trata de un grupo de docentes y graduados que realizan desde hace nueve años una práctica educativa inédita llamada “campamento sanitario”, en el marco de la materia Ciclo Práctica Final, que consiste en instalarse durante una semana en una ciudad y, censo mediante, conocer y sistematizar los problemas de salud de la población. Ya llevan realizados 40 campamentos y detectaron incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas y aumento de los casos de mujeres que no pueden completar sus embarazos a término. Perfiles epidemiológicos vinculados al modelo agropecuario con uso masivo de agrotóxicos.El Instituto de Salud Socioambiental (Inssa) funciona en el marco de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario. Se trata de un grupo de docentes y graduados que realizaron durante nueve años una práctica educativa inédita llamada “campamento sanitario”, en el marco de la materia Ciclo Práctica Final, que consistió en instalarse durante una semana en una ciudad y, censo mediante, conocer y sistematizar los problemas de salud de la población. Realizaron 40 campamentos y detectaron incremento de abortos espontáneos, malformaciones congénitas, enfermedades oncológicas y aumento de los casos de mujeres que no pueden completar sus embarazos a término. Perfiles epidemiológicos vinculados al modelo agropecuario con uso masivo de agrotóxicos.
Ante el coronavirus, emitieron un comunicado de análisis: “Las graves consecuencias de esta pandemia, desnudan la fragmentación, desfinanciación y vaciamiento que ha sufrido el sistema público de salud producto de las políticas neoliberales y la consecuente mercantilización de la salud”. Apoyaron la decisión de medidas que ponen el foco en la urgencia, pero remarcaron que solo “son acciones encaminadas a gestionar la enfermedad”, sin abordar políticas de fondo para un sistema de salud que permita enfrentar pandemias.
El Inssa afirma que la crisis producida por la Covid-19 no representa un hecho aislado o fortuito, sino que emerge de condiciones que el mismo ser humano generó, por sus acciones u omisiones, ante la falta de un pensamiento crítico, previsor y solidario y se suma a varias zoonosis precedentes: SARS-CoV (2002), gripe aviar (2005), gripe A-H1N1 (2009), el MERS-CoV (2012) y el ébola (2014), “pudiendo todas ellas ser consideradas como enfermedades prevalentemente antropogénicas”.
Afirma que es necesario buscar las causas de las pandemias en el modelo extractivo (agronegocio, minería, explotación petrolera), que provocó un deterioro progresivo en la salud de las comunidades y redujo la capacidad de la respuesta inmunológica humana ante diferentes agresiones. “Los modos de producción explotan nuestros territorios, con la consecuente contaminación del agua, aire y suelo con agrotóxicos, microplásticos, metales pesados y gases tóxicos, imponen la deforestación con corrimiento de la frontera agrícola, la explotación animal en condiciones deplorables, constituyen un medio de cultivo ideal para la génesis de mutaciones virales (…) Si no nos reconocemos como parte de un todo viviente, dinámico y naturalmente cíclico, será complejo salir fortalecides de esta crisis”, advierten los investigadores y docentes del Instituto de Salud Socioambiental.
Se ha publicado mucho sobre la relación pandemias y ambiente. Matías Mastrangelo y Guillermina Ruiz escribieron un artículo que condensa las acciones humanas que repercuten en la salud de millones de personas. Titulado “Cinco formas en las que transformando el ambiente creamos una pandemia”, aborda el tráfico de fauna, la destrucción de ecosistemas naturales, la extinción de especies silvestres, y el cambio climático global y urbanización-globalización. Explican los cinco ejes de forma detallada y concluyen: “Nuestras formas de producir y consumir son grandes responsables de la pandemia, por sus impactos sobre la salud del ambiente, de la cual depende la salud humana. Es necesario gestionar mejor a la salud ambiental y humana, como una sola salud, la salud planetaria”.
OMS y empresas
“Lo recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. “La OMS determinó que…”. “Hay que seguir los lineamientos de la OMS”.
Funcionarios, políticos de distintos colores, periodistas de pelaje variopinto y, claro, mucho panelista televisivo/radial hace propios los dichos de la Organización Mundial de la Salud para justificar la cuarentena, seguir ciertas “recomendaciones”, hacer o no hacer determinada acción. Incluso gobiernos (desde municipales a nacionales) establecen políticas de “cuidado” según lo diga el organismo internacional.
“LA OMS gestiona la pandemia financiada por farmacéuticas y multimillonarios”, escribió Miguel Jara, periodista español especializado en temas de salud, alimentación y ecología. Recordó, en base a información de la propia OMS, que el mayor financiamiento del organismo internacional proviene de la Fundación Bill & Melinda Gates (dueños de Microsoft) y de las grandes empresas farmacéuticas.
La Fundación Gates aportó en un año 185 millones de dólares, precisa Jara. Lo que significa 95 veces más que España. Le siguieron en aportes las multinacionales GlaxoSmithKline -GSK- (7,7 millones de dólares), Novartis (6,9 millones), Sanofi Pasteur (6,1 millones) y Merck (2,4 millones). Jara remarca que se trata de las principales compañías fabricantes de vacunas. “Es sabido que en el actual modelo económico quien paga es el que manda”, sentencia.
Recuerda el antecedente de 2009, ante la gripe A, “nos decían que mataría a más de 100 millones de personas”, los laboratorios recibieron un trato preferencial para obtener la vacuna: desde apoyos económicos de gobiernos hasta evasión de protocolos de control (en la etapa de experimentación). Destaca que la británica GlaxoSmithKline (GSK) obtuvo la vacuna llamada “pandemrix”.
“La vacuna provocó una multitud de cuadros de narcolepsia, una enfermedad del sistema nervioso”, cuestionó Jara y afirmó que ante el Covid-19 se están haciendo las cosas mal. “Nuestra salud no puede dejarse en manos de organismos mundiales que gestionan pandemias subvencionados por los fabricantes de los principales remedios para esas pandemias”, resumió.
La Red por una América Latina Libre de Transgénicos (Rallt) difundió el 8 de abril un artículo de Sharon Lernet titulado “las grandes farmacéuticas se preparan para lucrar del coronavirus”. Quien a su vez cita a Gerald Posner, autora del libro Farmacéuticas: avaricia, mentiras y envenenamiento de América.
“Las compañías farmacéuticas ven a Covid-19 como una oportunidad de negocio única en la vida (…) La crisis global será potencialmente un éxito de taquilla para la industria en términos de ventas y ganancias. Cuanto peor es la pandemia, mayores son sus ganancias”, resumió Posner.
La investigadora detalla cómo las compañías logran millonarios financiamientos estatales y luego fijan precios exorbitantes para sus medicamentos. Precisa que, solo en 2019, la industria farmacéutica gastó en Estados Unidos 295 millones de dólares en “cabildeo”, eufemismo de lobby, manejo de influencias. La cifra es más del doble de lo que invierten las petroleras. “La industria farmacéutica es también muy generosa en sus contribuciones de campaña a legisladores, tanto demócratas como republicanos”, describe Posner.
El martes 21 de abril el presidente Alberto Fernández recibió en la residencia de Olivos a las grandes compañías farmacéuticas, nucleadas en la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (Caeme). “Los directivos de los laboratorios se comprometieron a mantener las fuentes laborales y manifestaron su ‘compromiso con las políticas del Estado nacional’ para contener la pandemia del Covid-19”, señala la noticia del diario Página12. También remarca que las empresas realizarán una donación de 14 millones de pesos para la construcción de dos hospitales.
Entre las empresas que se reunieron con el Presidente estuvieron las multinacionales GSK, Pfizer, BMS, AbbVie y MSD. “Durante el encuentro se destacó la importancia de potenciar todas las actividades referidas a la investigación y desarrollo en la ciencia y en la industria farmacéutica, en particular en tiempos extraordinarios como los actuales, y en general como una manera de mejorar la calidad de vida de la población”, señala el artículo del diario.

Ciencia todopoderosa
“Los especialistas determinaron que…”. “Los científicos recomendaron…”. “Las políticas que deben seguirse, según el comité de expertos, son…”.
La casta política, y mediática, repite al unísono que se deben seguir acciones determinadas por un grupo muy reducido de especialistas en determinadas materias, casi siempre con una mirada biologicista por sobre lo social.
“La pandemia nos ha permitido ver en acción, con plenos poderes, a una nueva forma de autoridad mundial. Una autoridad fundada en razones científico-técnicas, no políticas, que imparte sus órdenes mediante protocolos de actuación y no mediante leyes o normas. Puede ser difícil saber qué voluntades inspiran a los protocolos de la OMS, pero algo es seguro: no es la voluntad democrática de los pueblos, que no han sido consultados, ni siquiera a través de sus parlamentos. No obstante, la mezcla de miedo, respeto a la autoridad científica, y la prédica constante de los medios de comunicación, legitiman y convierten a esos protocolos y recomendaciones médicas en mandamientos sagrados”, alertó el periodista uruguayo Hoenir Sarthou.
Su crítica apunta también a las consecuencias sociales del parate mundial. Su planteo, a diferencia de Donald Trump o Jair Bolsonaro, es por izquierda y preocupado por los sectores populares: “¿Cuántos niños y adultos, además de los que mueren cada año, morirán de hambre este año y el que viene a consecuencia de este inédito mandato de detención “sanitaria” del mundo? ¿Alguien habrá hecho el cálculo? ¿Habrá comparado esos números con los de potenciales muertes por el virus?”.
Alicia Massarini es doctora en ciencias biológicas, investigadora del Conicet y crítica del rol de la ciencia hegemónica, representada en Argentina por, entre otros, Lino Barañao y Rodolfo Salvarezza (ex y actual ministro de Ciencia). Cuestiona el rol de la ciencia como una voz de “autoridad” y llama a debatir la representación social, el imaginario, que recae sobre la ciencia como portadora de la verdad. “La ciencia es un pilar del sistema capitalista”, resume.
Aclara que, ante la pandemia, no hay una sola opinión científica. No hay un consenso. Y lamenta que en Argentina se esté dando un enfoque “reduccionista” del rol del saber científico frente al virus. “La idea de que los gobiernos sean asesorados por llamados ‘especialistas’ le imprime una enorme pobreza al análisis. Porque en general se trata de epidemiólogos, médicos y virólogos. Se dejan fuera otras especialidades muy necesarias y pertinentes, como sociólogos, geógrafos y psicólogos. Una serie de especialidades que aportarán dimensiones indispensables ante este problema”, propone.
Massarini, que es parte de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (Uccsnal), afirmó que hay falta de “transparencia” en las decisiones políticas basadas en supuestos argumentos científico-técnicos. Llamó a la necesidad de “abrir un debate político”, donde la ciencia sea una opinión más, interdisciplinaria pero sin ser la verdad que defina lo que necesita o qué debe hacer la población.
“Estamos en un escenario que se requiere una democratización del conocimiento científico, dando cuenta de las limitaciones, teniendo en cuenta los contextos, que promueva nuevos conocimientos, junto a los actores sociales que forman parte del problema a abordar. No nos podemos quedar solo con el saber científico; hay otros saberes que tener presentes, hay que tener criterios éticos y todo debe ser parte de un debate político amplio”, propuso.
Sobre las causas de la pandemia, no tiene dudas: “Es el avance del neoliberalismo, la mercantilización de la vida, la destrucción de ecosistemas. Las causas profundas están siendo invisibilizadas cuando se habla de un murciélago de China o un ‘virus invisible’”. Ante todo, llamó a “no caer en el pensamiento único, no a la malvinización del problema”.
Mario Quinteros es un dirigente del Pueblo Diaguita de Tucumán. Escribió una carta abierta que difundió por redes sociales: “La crisis que estamos viviendo está lejos de ser solamente una crisis sanitaria (…) Es una crisis sistémica de la globalización”.
Señala que el futuro implica necesariamente cambiar las normas para no repetir los males producto de “la expansión de la economía que fuerza a una homogeneización, degradando el equilibrio en nuestras sociedades, impactando en ella y en nuestros cuerpos”.
“Esta crisis mundial debe llevarnos a pensar otros mundos posibles, donde se busque restablecer el equilibrio que enuncia el Sumak Kawsay (el “buen vivir” de los pueblos indígenas, piedra basal de su cosmovisión ancestral, propuesta política, cultural y social)”, propone.
Los pueblos indígenas plantean desde hace años el agotamiento del actual sistema de producción-consumo, exigen el respeto al territorio, que repercutirá en beneficio de la salud de la población. Quinteros llamó a la “construcción de otra normalidad, plural y diversa, que convoque a las sociedades del mundo a recuperar el equilibrio perdido detrás de la homogeneización, el derroche y la expropiación que provoca el extractivismo”.
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Cómo como 2: Cuando las marcas nos compran a nosotros

(Escuchá el podcast completo: 7 minutos) Coca Cola, Nestlé, Danone & afines nos hacen confiar en ellas como confiaríamos en nuestra abuela, nos cuenta Soledad Barruti. autora de los libros Malcomidos y Mala leche. En esta edición del podcast de lavaca, Soledad nos lleva a un paseíto por el infierno de cómo se produce, la cuestión de la comida de verdad, y la gran pregunta: ¿quiénes son los que realmente nos alimentan?
El podcast completo:
Con Sergio Ciancaglini y la edición de Mariano Randazzo.
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Elecciones: lo que ven y sienten los jubilados para el domingo y después
Otro miércoles de marcha al Congreso, y una encuesta: ¿cuál es el pronóstico para el domingo? Una pregunta que no solo apunta a lo electoral, sino a todo lo que rodea la política hoy, en medio de una economía que ahoga: la que come en el merendero; el que no puede comprar medicamentos; el que señala a Trump como responsable; la que lo lee en clave histórica; y los que aseguran que morirán luchando, aunque sean 4 gatos locos. Crónica y fotos al ritmo del marchódromo.
Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos Juan Valeiro
El domingo son las elecciones legislativas nacionales pero también es fin de mes, y Sara marchó con un cartel que no necesitaba preguntas ni explicación: “Soy jubilada y como en un merendero”.
Tiene 63 años, es del barrio Esperanza –Merlo, oeste bonaerense–, y para changuear algo más junta botellas y cartón, porque algunos meses no le alcanza para medicamentos: “El domingo espero que el país mejore, porque todos estamos iguales: que la cosa cambie”.

El miércoles de jubilados y jubiladas previo a las elecciones nacionales de medio término –se renuevan 127 diputados y 24 senadores– tuvo, al menos, tres rondas distintas, en una Plaza de los Dos Congresos cerrada exclusivamente para manifestantes. Nuevamente el vallado cruzó de punta a punta la plazoleta, y los alrededores estuvieron custodiados por policías de la Ciudad para que la movilización no se desparramara ni tampoco avanzara por Avenida de Mayo, sino que se quedara en el perímetro denominado “marchódromo”. Un grupo encaró, de todas formas, por Solís, sobrepasó un cordón policial y dobló por Alsina, y se metió de nuevo a la plaza por Virrey Cevallos, como una forma de mostrar rebeldía.
Unos minutos antes, un jubilado resultaba herido. Se trata de Ramón Contreras, uno de los rostros icónicos de los miércoles que llegó al Congreso cuando aún no estaba vallado después de la marcha por el recorte en discapacidad, y mientras estaba dando la ronda alrededor del Palacio un oficial lo empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. “Me tiraron como un misil –contó a los medios–. Me tienen que operar. Tengo una fractura. Me duele mucho”. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó una denuncia penal por la agresión: “Contreras fue atacado sin razón y de manera imprevista”.

La violencia desmedida, otra vez, sobre los cuerpos más débiles y más ajustados por un Gobierno que medirá esa política nuevamente en las urnas. Jorge, de 69 años, dice que llega con la “billetera muerta”. Y Julio, a su lado, resume: “Necesito tener dos trabajos”.
Juan Manuel es uno de esos jubilados con presencia perfecta cada miércoles. Una presencia que ninguna semana pasa desapercibida. Por su humor y su creatividad. Tiene 61 años y cada movilización trae mínimo un cartel original, de esos que hacen reír para no llorar. Esta vez no sólo trae un cartel con una inscripción; viene acompañado de unas fotocopias donde se leen una debajo de la otra las 114 frases que creó como contraofensiva a la gestión oficialista.
La frase 115 es la de hoy: “Milei es el orificio por el que nos defeca Trump”.

Muestra la lista que arrancó previo a las elecciones de octubre de 2023. Sus primeras dos creaciones:
- “Que no te vendan gato por león”.
- “¿Salir de la grieta para tirarse al abismo?”.
Y elige sus dos favoritas de una nómina que seguirá creciendo:
Sobre el veto al aumento de las jubilaciones: “Milei, paparulo, metete el veto en el culo”.
Sobre el desfinanciamiento de las universidades: “Milei: la UBA también tiene las facultades alteradas”.
Juan Manuel le cuenta a lavaca lo que presagia para él después de las elecciones: “Se profundizará el desastre, sea porque pierda el gobierno o porque gane, de cualquier forma tienen la orden de hacer todo tipo de reformas. Como respuesta en la calle estamos siendo 4 gatos locos, algo que no me entra en la cabeza porque este es el peor gobierno de la historia”.

Sobre el cierre de la marcha, en uno de los varios actos que se armaron en esta plaza, Virginia, de Jubilados Insurgentes y megáfono en mano, describió que la crisis que el país está atravesando no es nueva: “Estuvo Krieger Vassena con Onganía, Martínez de Hoz con la última dictadura, Cavallo con Menem, Macri con Caputo y Sturzenegger, que son los mismos que ahora están con este energúmeno”. La línea de tiempo que hiló Virginia ubica ministros de economía con dictaduras y gobiernos constitucionales en épocas distintas, con un detalle que a su criterio sigue permaneciendo impune: “La economía neoliberal”.
Allí radica la lucha de estos miércoles, dice. Su sostenibilidad. Porque el miércoles que viene, pase lo que pase, seguirán viniendo a la plaza para continuar marchando. “Estar presente es estar activo, lo que significa estar lúcido”, define.

Carlos Dawlowfki tiene 75 años y se convirtió en un emblema de esa lucidez luego de ser reprimido por la Policía a principio de marzo. Llevaba una camiseta del club Chacarita y en solidaridad con él, una semana después la mayoría de las hinchadas del fútbol argentino organizaron un masivo acompañamiento. Ese 12 de marzo fue, justamente, la tarde en que el gendarme Héctor Guerrero hirió con una granada de gas lacrimógeno lanzada con total ilegalidad al fotógrafo Pablo Grillo (todavía en rehabilitación) y el prefecto Sebastián Martínez le disparó y le sacó un ojo a Jonathan Navarro, quien al igual que Carlos también llevaba la remera de Chaca.
Carlos es parte de la organización de jubilados autoconvocados “Los 12 Apóstoles” y habla con lavaca: “Hoy fui a acompañar a las personas con discapacidad y me di cuenta el dolor que hay internamente. Una tristeza total. Y entendí por qué estamos acá, cada miércoles. Y sentí un orgullo grande por la constancia que llevamos”.
La gente lo reconoce y le pide sacarse fotos con él. “Estás muy solicitado hoy”, lo jode un amigo. Carlos se ríe, antes de ponerse serio: “Hay que aceptarlo, hoy somos una colonia. Pasé el 76 y el 2001, y nunca vi una cosa igual en cuanto a pérdida de soberanía”. De repente, le brota la esperanza: “Pero después del 26, volveremos a ser patria. Esperemos que el pueblo argentino tenga un poquito de memoria y recapacite. Lo único que pido es el bienestar para los pibes del Garrahan y con discapacidad. A mí me quedarán 3, 4, 5 años; tengo un infarto, un stent, así que lucho por mis nietos, por mis hijos, por ustedes”.

Carlos hace crítica y también autocrítica. “Nosotros tenemos un país espectacular, pero nos equivocamos. Los mayores tenemos un poco de culpa sobre lo que ocurrió en las últimas elecciones: no asesoramos a nuestros nietos e hijos sobre lo que podía venir y finalmente llegó. Y en eso también tiene que ver la realidad económica. Antes nos juntábamos para comer los domingos, ahora ya no se puede. No le llegamos a la juventud, que votó a la derecha, a una persona que no está en sus cabales”.
Remata Carlos, antes de que le pidan una selfie: “Nosotros ya estamos jugados pero no rendidos. Estos viejos meados -como nos dicen- vamos a luchar hasta nuestra última gota. Y cuando pasen las elecciones, acá seguiremos estando: soñando lo mejor para nuestro país”.

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La Ley del Cáncer: avanza un proyecto que permite fumigaciones con agrotóxicos a 10 metros de viviendas

Una Ley Nacional que proviene del sector del agronegocio avanza en la Cámara de Diputados, impulsada por la UCR y la Coalición Cívica. Se trata de la norma que regula, entre otras cosas, la aplicación de agrotóxicos. El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas. La primera reunión informativa contó solo con oradores promotores de la iniciativa y solo dos voces críticas; crónica de esa reunión y la opinión del médico Damián Verzeñassi, la enfermera del Garrahan Meche Méndez, el abogado Marcos Filardi y Sabrina Ortíz, vecina fumigada y abogada que acaba de presentar un escrito para convocar a audiencias públicas y foros de debate para evitar que se apruebe esta Ley que prioriza el negocio a la salud social y medioambiental. FRANCISCO PANDOLFI
Esta semana se presentó en la Cámara de Diputados el proyecto de ley nacional “de presupuestos mínimos de protección ambiental para la aplicación de productos fitosanitarios”. Es decir, de agrotóxicos.
El proyecto fue escrito por la Red de Buenas Prácticas Agrícolas, integrada por más de 80 instituciones públicas y privadas vinculadas con el agronegocio, y dentro del recinto encabezan la iniciativa los diputados Atilio Benedetti (UCR – Entre Ríos), presidente de la Comisión de Agricultura en la Cámara de Diputados, y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica). La nueva norma ya cuenta con el acompañamiento de 32 legisladores, entre un abanico variopinto que engloba a La Libertad Avanza, Unión por la Patria, UCR, PRO, Coalición Cívica, Encuentro Federal, entre otros partidos.
El punto clave de este proyecto legislativo figura en el artículo 9, donde se establecen distancias mínimas para fumigar desde los 10 metros para aplicaciones terrestres y con drones, y 45 metros para aplicaciones aéreas.

Exposiciones sin consenso
El martes pasado se llevó a cabo una primera reunión informativa en la cual las y los oradores sólo fueron personas, organismos y corporaciones a favor de la iniciativa.
En la comisión conjunta realizada entre Agricultura y Ganadería y Recursos Naturales y Conservación de Ambiente Humano hubo entidades gubernamentales, de productores, de ingenieros agrónomos, de acopiadores, de empresas de tecnología agropecuaria y ONG a favor de la ley. Maximiliano Ferraro expresó que “el proyecto no tiene una mirada sectorial”. Y que “nace de un diálogo. Un diálogo y consenso, que podemos ampliar”.
Sin embargo, se dijo, no hubo invitaciones a voces disonantes.
Las únicas dos ponencias que no se alinearon al lobby de la producción con plaguicidas fueron el diputado Juan Carlos Giordano (Izquierda Socialista – FIT Unidad) y su par Blanca Osuna (Unión por la Patria). Dijo Giordano: “Deben darle espacio a quienes estamos en contra de esta ley. Hay una lista de un montón de organizaciones que quieren venir a exponer las barbaridades que ocurren por el uso de agrotóxicos. Fumigar a 10 metros de ninguna manera puede ser una buena práctica agropecuaria”. Dijo Osuna: “Es indispensable escuchar voces de otros sectores, estamos en falta si no. Los expertos científicos deben estar acá, están ausentes en este proyecto. Primero debe estar la salud, luego la producción”.
La evidencia del modelo
Tras el encuentro del martes, distintos actores se manifestaron en contra del proyecto. Damián Verzeñassi es médico generalista y es el director del Instituto de Salud Socioambiental de la Universidad Nacional de Rosario, desde donde se hicieron desde 2010 a 2019 más de 40 campamentos sanitarios en diversos pueblos de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba para relevar puerta a puerta la situación de la salud en localidades fumigadas. ¿Qué demostraron esos resultados? Que en las comunidades rurales se multiplicaban los trastornos endócrinos, los abortos espontáneos, las malformaciones y el cáncer. Opina Damián: “Si se aprueba esta ley permitiría que se fumigue a 10 metros con productos que pueden generar cáncer de mama, cáncer de tiroides, alteraciones endocrinas en las glándulas, disminución de la capacidad de nuestro sistema inmunológico de defendernos. Por ejemplo, el herbicida atrazina está prohibido en 37 países, pero en Argentina está autorizada. Este tipo de cosas avala la ley que quieren aprobar”.
Sin embargo, el diputado por la Libertad Avanza Pablo Ansaloni, que proviene de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) dijo en la reunión informativa: “Desde nuestra actividad, que la vengo ejerciendo durante 30 años, manipulamos el cereal y estamos en contacto todos los días con el fitosanitario. Podemos dar fe que no tenemos ningún enfermo”.
Meche Méndez es enfermera de Cuidados Paliativos del Hospital Garrahan y desde hace años viene dando una pelea (casi en soledad) para que exista una historia clínica ambiental que pueda demostrar la relación de los agrotóxicos con las enfermedades. Le dice a lavaca: “El sistema de salud sigue sin considerar el daño, en muchos casos irreparable, que los tóxicos utilizados desde hace décadas en el modelo extractivo están produciendo en el ambiente, los territorios y por ende en los cuerpos de quienes los habitamos, atendiendo los síntomas y/o la enfermedad una vez producida, pero sin asociarlo cómo posibles causa”.
Sobre el proyecto de ley, analiza Méndez: “Sólo puedo compartir mi absoluto rechazo. Ya está comprobadísimo por la ciencia sin conflicto de interés que la deriva (movimiento de plaguicidas en el aire) no tiene control, que los venenos enferman y matan. Necesitamos medidas aún más protectoras de las que tenemos actualmente y sobre todo dejar de usar esos tóxicos. Hago un llamado urgente a los profesionales de la salud, a las sociedades científicas supuestamente comprometidas con la salud y el ambiente a que se expidan y rechacen esta posibilidad criminal de echar venenos a 10 metros”. Remata: “Se sabe que produce cáncer, malformaciones, daños genéticos, un montón de enfermedades y síntomas. Esto no puede salir de la Cámara de Diputados”.
María Luisa Chomiak, de Chaco, es la única diputada de Unión por la Patria que acompañó con su firma este proyecto. Argumentó: “Lo suscribí porque se necesita tener esta discusión. Toda iniciativa es perfectible y no hay nada más importante que la salud. Si se prioriza esto, celebro que estemos discutiendo este tema”. Sin embargo, en el proyecto no figura que la reducción de las distancias va en sentido contrario al principio de «no regresión en materia ambiental» que establece la Ley General de Ambiente y tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. Ni tampoco informa las pruebas científicas ya demostradas sobre la consecuencia de los plaguicidas: desde los efectos letales del glifosato en embriones anfibios, constatado por el ex titular del Conicet Andrés Carrasco, hasta los estudios de Delia Aiassa en la Universidad de Río Cuarto sobre daño genético, que comprobaron el riesgo aumentado de contraer cáncer. A partir de estas investigaciones hubo fallos judiciales en distintos puntos del país prohibiendo las fumigaciones terrestres a menos de 1.095 metros y las aéreas a menos de 3.000.
Antecedentes que enferman
Una de esas localidades es Pergamino, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí vive Sabrina Ortiz, una de las tantas personas que se enfermó por agrotóxicos. Perdió un embarazo de casi 6 meses y tuvo dos ACV. Sabrina tiene una particularidad notable: como no encontraba abogados que la defendieran, estudió Derecho y se recibió. Fue amenazada; le mataron a su perro como amedrentamiento. Después de años de denuncias y estudios científicos, la Justicia federal confirmó que el 3 de diciembre de 2025 comenzará el juicio oral contra tres productores agroindustriales por delitos de contaminación ambiental, según la Ley de Residuos Peligrosos (N° 24.051). En la causa se documentaron daños a la salud vinculados a la exposición crónica a sustancias como glifosato, atrazina y clorpirifós.
Sabrina, junto a varios colegas, acaba de presentar un escrito colectivo de abogadas y abogados de Pueblos Fumigados en donde solicitaron a las presidencias de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación que convoquen audiencias públicas, foros y videochats de debate antes de tratar el proyecto de ley.
Marco Filardi es abogado especialista en derechos humanos y temas ambientales y es parte de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Medicina de la UBA. Le dice a lavaca: “Esta norma manda un mensaje a todas las provincias de que este (10 metros fumigación terrestre y dron, y 45 metros aérea) es el estándar mínimo, el piso ambiental y eso no lo podemos aceptar. Gran parte de nuestra población está expuesta cotidiana, sistemática y estructuralmente a la aplicación de más de 7.000 formulados comerciales con autorización vigente por el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) en una cantidad de más o menos 500, 600 millones de litros de agrotóxicos al año. Tenemos el triste privilegio de ser el país que más agrotóxicos por persona y por año usa en el mundo y los resultados están en los cuerpos, están en los territorios”.
Desde los impulsores de la iniciativa no contactaron a científicos, ni profesionales de la salud, ni abogados, ni a ninguna de las organizaciones ambientales. Como por ejemplo la coordinadora “Por una vida sin agrotóxicos Basta es Basta”, de Entre Ríos, que se moviliza todos los martes desde 2018 frente a la Casa de Gobierno en Paraná. “La ley nacional es un ‘copy-paste’ de la que ya tenemos acá, aprobada a finales de 2024 y en la que habilitan fumigar a 5 metros de los cuerpos de agua, a 10 de las plantas urbanas y a 15 de las escuelas rurales. Ellos se amparan en las buenas prácticas agrícolas sin basarse en ninguna evidencia científica, a diferencia de todos los trabajos publicados en Argentina y en el mundo donde se demuestra el impacto que tiene el uso de los venenos sobre la salud y los ecosistemas, más allá de la dosis y la distancia. Lo que genera el daño es la presencia del veneno y si hay evidencia científica ya está: no hay más que hablar”.


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