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Reexistencia: agroecología y cooperativismo para salir del pozo

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MU en Corrientes. Guardianes del Y’verá y las cooperativas productivas que apuestan por un paradigma distinto al del modelo tóxico: agroecología, organización, venta a precio justo, trabajo digno, de la utopía a los hechos, en uno de los conglomerados más pobres del país. Las oportunidades para salir de los pozos, la incomprensión del Estado, la autogestión como forma de crear trabajo donde no lo hay, y de apostar a una vida sin venenos. Por Francisco Pandolfi.

Reexistencia: agroecología y cooperativismo para salir del pozo
El río Paraná; de fondo, mega edificios en construcción y, a la derecha de la imagen, el barrio Virgen de los Dolores donde funciona la cooperativa de malloneros. Fotos: Sebastián Smok.

“Corrientes capital tiene 500 años y a 15 minutos del centro todas las calles siguen siendo de tierra”. 

Corrientes recibe a MU con una fina garúa, frío, gris, en un tiempo que recién mejorará varios días después, cuando se emprenda la vuelta. En el durante, pasará mucha agua bajo el puente. Muchos barrios populares recorridos. Mucho barro y mucha resistencia. Mucha pobreza y mucha resiliencia. Y mucha organización desde el campo, desde la ciudad, desde el río, para enfrentar valores como estos: el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dice que el índice de pobreza en Corrientes capital es del 45,2 de los hogares (el segundo aglomerado más pobre del país, detrás de Gran Resistencia: 54%); y el de indigencia de 9,4%. No es novedad: el noreste argentino tiene los niveles más altos de inequidad del país.

Esos números son cifras escritas en un papel, frías y distantes. Pero palpables en palabras, en rostros, en cuerpos. Y transformables. Así lo cree (y lo crea) una organización social ambientalista que nació en la provincia en 2011 para luchar contra el extractivismo: Guardianes del Y’verá.

Emilio Spataro, uno de sus precursores, le decía a MU en julio de aquel año fundacional: “Están saqueando los recursos y la proyección es que el saqueo se va a intensificar, con concentración de tierras en pocas manos y de manera cada vez más violenta (…). Queremos un modelo de participación ciudadana y de organización de base que lleve adelante la lucha ambiental. Que el Estado deje de ponerle plata a los grupos trasnacionales y locales que representan un modelo excluyente y que se fomente la agricultura familiar y cooperativa, sustentable en el tiempo, con una relación permanente del agricultor con su tierra. Yo sé que parece difícil pensar en eso. Pero estamos seguros de algo: con resistencia las cosas pueden cambiar”.

Hoy, doce años después, afirma: “En aquella nota, Guardianes recién había empezado, y mucho de lo que teníamos como propuestas hoy son una realidad evidente”.

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Nancy Fernández, coordinadora de la cooperativa de reciclaje, junto a su compañera Roxana Barrientos, sentada en un bicicarro con el que colecta cartones y plástico.

A desalambrar

Los conflictos iniciados en 2006 por la construcción de terraplenes en zonas de acceso libre de los Esteros del Iberá fueron la piedra fundacional para formalizar la organización comunitaria, que desde hacía un lustro denunciaba el atropello mediante estrategias como cortes de rutas, desalambrados y una campaña que se hizo masiva con el lema “Salvemos al Iberá”. ¿Los denunciados? “Arroceras contaminantes y grandes terratenientes que cerraban caminos para hacer ganadería intensiva. El reclamo vecinal se volvió orgánico para visibilizar lo que pasaba”, rememora Cristian Barrionuevo.

Una característica que los diferencia de muchos otros movimientos sociales es que Guardianes nace y constituye su esencia en las entrañas de la provincia (en el mal llamado interior) y luego se expande a la capital; no al revés. Explica Barrionuevo: “Las problemáticas sí o sí dependen de la resistencia local, no que alguien de afuera caiga como paracaidista a dar la solución”. Al lado, su compañero que también se llama Cristian y se apellida Piriz, sintetiza: “El empoderamiento que se gestó en el interior lo volcamos en los barrios de Corrientes capital, teniendo bien en claro las referencias naturales, el empoderamiento de los trabajadores y el hacerse cargo de manera propia de la situación de pobreza para cambiar la realidad”.

Describen otras características: “Somos una organización autogestiva y apartidaria. Un movimiento socioambiental que no se encasilla en una oenegé tradicional, sino más con lo colectivo y lo dinámico. A muchos barrios llegamos porque no somos parte de ningún partido político, que creemos no resuelven la mayoría de los problemas en los espacios donde nos manejamos. Nuestro proceso de crecimiento va por fuera de lo electoral, sin dejar de tener relación con el Estado y exigir lo que le corresponde”. Suman un concepto que busca sanear a la política: “Nuestro principio fundamental es la solidaridad, el profundizar la democracia, la participación por fuera de Guardianes. O sea, nuestro objetivo no es representar a la agroecología, sino que Corrientes sea agroecológica. Para esto, no queda otra que profundizar la democracia y eso se logra no pensando en nuestro ‘quiosco’, sino fomentando la creación de otros espacios”. 

Alejandra Galain es otra de las coordinadoras de Guardianes del Y’verá: “Militamos junto a comunidades campesinas guaraníes del interior de la provincia, como lo es la FeCaGua (Federación Campesina Guaraní de Corrientes) contra el acaparamiento de tierras por parte de capitales extranjeros, los grandes terratenientes y hasta el mismo Estado que afecta la manera de coexistir que tienen estas comunidades con el ambiente. En la ciudad, con el eje en la economía popular y el cuidado ambiental, impulsamos la creación de la Federación de Trabajadores Correntinos, la FeTraC, donde se hace énfasis en el reciclado como eje de trabajo; las huertas periurbanas que practican la agroecología y los pescadores artesanales. Deben crecer estos procesos de ecología popular donde la gente intercale el cuidado de su territorio, con su trabajo”. Cristian Barrionuevo agrega: “Debemos enfrentarnos al modelo económico extractivista, pero también crear uno propio”.

Trabajo social y shopping 

Guardianes del Y’verá impulsó la creación de cooperativas de carreros y reciclaje; textiles; malloneros (pescadores); construcción; agroecología y panadería, nucleadas en la FeTraC y la FeCaGua. 

En Corrientes capital hay dos cooperativas de reciclaje. Entre ambas, nuclean 32 unidades productivas. La cooperativa de zona norte tiene su sede central en la casa de Nancy, en el barrio popular Pueblito de Buenos Aires. La lluvia no es torrencial, ni 

mucho menos, pero las calles están embarradísimas. Los techos son de chapa y de madera, recubiertos de plástico. Hace frío, pero Nancy está en remera. De color gris, como el día, lleva una inscripción que muestra con orgullo: “Recicladores”. Sus 17 compañeras y compañeros de trabajo que también reciben a MU, se abrigan con buzos y camperas. Nancy no. Remera, termo y mate bordó, para calentar el cuerpo. No empieza hablando ella. Prefiere que hable el resto. Toma la posta Estefanía Schmidt, 28 años, que vive en el humilde barrio Tosquera: “La cooperativa nos enseñó a defendernos, nos dio una oportunidad a quienes no tenemos oportunidades. En los barrios no hay servicio de residuos y ver limpio es una emoción para nosotros; nuestros vecinos están contentos”. Hace una breve pausa y suelta: “No tenemos alumbrado público ni agua potable ni gas ni asfalto. Hoy el 60 por ciento de la gente tiene carencias económicas. No tenemos esperanzas de que esto cambie, salvo por nuestro trabajo colectivo que nos permite seguir remándola, con complicaciones y emociones”.

¿Cuáles complicaciones y cuáles emociones? Dice Manuel Martínez: “Que se pinche el triciclo, que no haya plata para la nafta. En cuanto a lo positivo: el llenar los bolsones; que la gente que antes nos discriminaba hoy nos salude porque saben que cuidamos el lugar, desatamos las bolas y luego las volvemos atar; y lo otro que nos pone contentos es encontrar las cosas que tira la gente”. Estefanía completa: “Es increíble lo que se descarta. Secadores de pelo, licuadoras. Yo le digo a mi mamá ‘me voy al shopping’ y ella ya sabe dónde. El otro día un compañero se encontró cuatro pares de zapatillas en muy buen estado y yo 10 kilos de asado, lo que demuestra que hay gente que tiene mucha plata, al mismo tiempo que cada vez hay más en situación de calle y viviendo de la basura”. 

La ronda es grande y va pasando la palabra. De fondo, 18 bolsones enormes, gordos, glotones, repletos de plásticos y cartones. Cada uno acumula entre 65 y 80 kilos. Dicen que juntan 1600 kilos cada dos semanas y que el kilo se paga aproximadamente a 55 pesos. “Cada quince días juntamos diez bolsones y nos llevamos aproximadamente 33 mil pesos”, cuentan. Roxana Barrientos, 38 años: “A nadie le alcanza para las cuatro comidas; trabajamos todos los días, ponemos todo de nosotros y no alcanza. Yo me siento una trabajadora social porque salgo a la calle para dar de comer a mi familia y también para mejorar a la sociedad, en lo ambiental, en la limpieza”. Silvia Miño, 50 años: “Vine del campo, de Mburucuyá, y no conseguía empleo por ningún lado, era rechazada. Trabajé un año gratis en un comedor comunitario para poder comer. Vivo con mi hijo discapacitado en el barrio Popular, donde no tenemos nada, solo pobreza y en una casa donde cada vez que llueve se inunda”. ¿Un deseo? “Que en mi vejez no deba andar tanto en la calle reciclando, porque ya me estoy mareando mucho. Pero si tengo que seguir, seguiré”.

Nancy, 42 años, coordinadora de la cooperativa: “Con compañeros se sale adelante mejor. Juntamos plástico, cartón, aluminio, vidrio, cobre, bronce. La situación económica es pesadísima. Este año es el peor de los últimos, sobre todo por el aumento de los precios cotidianos. Los alimentos para los chicos suben día a día. Estamos pagando un paquete de azúcar a 750 pesos. Sí, a 750 pesos. No se puede vivir así”.

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Equipo completo de una de las 32 unidades productivas de la cooperativa de reciclaje que funciona en Corrientes Capital.

Cepo a la verdura podrida

«No molesta que la policía tenga caballos, sí que los tenga la gente pobre”, resume Cristian Barrionuevo. La tracción a sangre en Corrientes es visible a los ojos. Sucede a toda hora. No está permitido en el centro, pero sí en el resto de la ciudad. Soledad Acosta, 38 años, carrera del barrio Popular: “A veces vamos a juntar a escondidas, porque la policía nos intimida”.

En el barrio Sol de Mayo, lindante al río Paraná, vive Verónica. Su edad es la misma que el número de integrantes de la cooperativa de Carreros-Recicladores que coordina: 42. Lo que más juntan es cartón, plástico, aluminio y chatarra. Llegar al barrio, donde viven más de 60 familias es mucho menos sencillo de lo que debería ser: una tenue llovizna convirtió su entrada en un lodazal. Barro, barro y más barro dificultan el paso humano y la llegada o la partida de los carros arrastrados por los caballos. Verónica profundiza sobre la problemática de la tracción a sangre: “La mayoría de los vecinos subsiste por los carros; acá la gente es muy pobre. Tenemos problemas con la policía, con los defensores de animales, pero nosotros no explotamos a nuestros caballos, los cuidamos”. Su hija Ailén, de 24 años, “carrera orgullosa desde la cuna”, dice lo que siente: “Los caballos son nuestra familia; si les pasa algo lloramos, nuestros hijos se enferman”. Mientras pasan uno y otro y otro carro más, con el stencil que reza “gremio carrero”, su mamá ahonda: “Quieren eliminarlos, pero el gobierno no nos ofrece alternativa. Con un galpón, un lugar de trabajo, además de algunas herramientas como una prensadora y una balanza, iría disminuyendo el uso de los caballos. Sin embargo, no hay respuesta a nuestros pedidos. Reciclamos, limpiamos el río de los plásticos que encontramos, hacemos un trabajo ambiental en toda la ciudad y lo único que recibimos es juzgamiento de una parte de la sociedad”.

La situación económica se hace más difícil aún en tiempos como los actuales: con el río Paraná crecido, queda sin efecto la fabricación de ladrillos, otra de las changas con las que se autogestiona la comunidad. Verónica detalla otro uso que se les da a los carros y refleja la situación extrema: “Entre las 3 y 5 de la madrugada vamos al Mercado de Corrientes a buscar verdura picada, fundida, que no se vende al público y se tira. Antes podían entrar dos personas por familia, con dos baldes de 20 kilos vacíos cada una; como aumentó tanto la necesidad, ahora se permite el ingreso de una sola persona por familia y con un solo balde”.

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Una de las 50 embarcaciones que tiene la cooperativa de malloneros, que nuclea a 231 pescadores.

Lo esencial y lo que no

Una de las patas centrales del trabajo de Guardianes del Y´verá es la agroecología; pata coja en la capital. Contextualiza Cristian Barrionuevo: “Es más fácil hacer agroecología en el campo que en la ciudad. Por un lado, por el desequilibrio trófico, por las plagas y los insectos; además, porque hay mucha gente que quiere trabajar en la tierra, pero no nos quieren dar. Hicimos gestiones con el municipio para que nos vendan o nos den en comodato, pero es lo mismo que nada. Y comprarle a un privado es imposible. La agroecología es políticamente correcta, genera alimento sano, trabajo local; el intendente (Eduardo Tassano) nos tira flores, aunque nunca una ayuda. Hasta que no se consiga tierra propia que nos permita estabilizarnos y producir en mayor escala, no hay futuro para la cooperativa”.

En el barrio Ponce funciona una de las unidades productivas de la cooperativa agroecológica. La moderada lluvia que cayó hace un par de horas se refleja en las gotas posando en las hojas, en el aire húmedo, en el olor a tierra viva, a abono fértil. La oferta es amplia: ajíes, porotos, pimentón; acelga, lechuga, achicoria, rúcula, orégano, albahaca, batata, mandioca, zapallo, cebollita, apio.

Víctor tiene 59 años y hace dos está en la cooperativa. Está triste porque el maíz no salió bien “porque se secó, lo castigó mucho el sol”; y está contento porque acaba “de cosechar 4 kilos de porotos”. Después de hablar unos minutos, se mueve unos metros, y con una sonrisa ancha, entre tumultuosas hojas verdes, descubre como quien ha hallado un tesoro, su tesoro: una sandía. Trabaja de 7 a 11.30, de lunes a viernes. “Y también vengo los fines de semana, porque hay que verificar que todo esté bien”.

Pablo Cerdán tiene 69 años y hace siete está en la cooperativa. Es hijo de pequeños productores tabacaleros. Habla de las ventajas de la agroecología: “Cuesta más tiempo producir sin químicos, pero lo vale; ¿cómo no lo va a valer si está en juego la salud? Hacemos de todo para no usar químicos; preparamos abonos, bioinsumos naturales que espantan hormigas y al mismo tiempo dan proteínas a la tierra: quemamos pasto, generamos cenizas y las dejamos reposar: ese polvo espanta a las hormigas”. Hace un paralelismo: “El tomate tiene poros, como la piel humana. Si le echamos químicos, se meten y ahí empiezan los problemas de riñones, del hígado y distintas afectaciones de salud. Si es natural, lo lavás y te lo comés; listo”.

Pone en números lo largo que queda el mes a fin de sueldo: “Yo cobro 43 mil por el Plan Potenciar que me dura diez días… si un kilo de carne está a 1.200 pesos. Acá trabajo a la mañana y luego a la tarde tengo una pequeña repostería en casa, donde hago facturas, pan casero y lo reparto. Sí o sí hay que tener una changa extra, no queda otra”.

Tiene el rostro y las manos bien marcadas, con decenas de surcos: “Trabajo 12 horas todos los días, no tengo fines de semana e igual no alcanza. Antes comía asado una vez por mes, ahora lo pienso dos veces porque no se llega. Los pequeños productores estamos abandonados, olvidados. Y eso se nota en los jóvenes: si no están perdidos en la droga, son changarines o se escapan hacia otra ciudad para buscar un futuro mejor. No hay oportunidades; no hay fábricas que te tomen por más que tengas un oficio”. La cara rígida, los rasgos fuertes, en cuestión de segundos se convierten en impotencia que le deja paso al llanto. De uno de sus bolsillos saca una pico de loro, como si así pudiese evitar las lágrimas imposibles de esconder.

Miriam Acevedo tiene 52 años y hace cinco está en la cooperativa. “La situación está fatal”, arranca. “Ayer el paquete de azúcar costaba 480, hoy ya 500”. Vuelven a brillar los ojos cuando recuerda su labor: “Me gusta que la gente venga a comprar verdura linda, sana, que las criaturas no se enfermen”. Valora el privilegio de laburar la tierra: “Me puedo llevar comida de acá, que produzco. En este contexto, en el que un paquete de fideos está a 280 pesos, es muy importante. Yo tengo cuatro hijos y hasta hace no mucho tiempo con 12 mil pesos vivía una semana, hoy me dura dos días”, expresa con bronca, mientras mira a un espantapájaros de gorro y remera blanca, callado, que no sabe qué decir.

No muy lejos funciona otra unidad productiva que hace eje en la formación: la huerta agroecológica educativa Ivy Porá. Se hacen capacitaciones de lunes a sábado en la preparación de suelos; el uso de máquinas; la siembra de verduras, flores y aromáticas; en armar aboneros y en los sistemas de riego. “También vamos a enseñar a otras huertas a usar fertilizantes naturales, biopreparados”, dice Sergio y muestra un compact disc colgado, que al moverse por la brisa o el viento, junto al reflejo del brillo del sol, espanta a los pájaros. “Lo vamos cambiando de lugar para que no se acostumbren”. Karina Chamorro es la coordinadora y comenta con orgullo que tienen un nuevo deshidratador solar. ¿Para qué sirve? “A los cultivos que no se venden los deshidratamos, para que no pierdan su esencia”. Por unos segundos me imagino qué importante sería una deshidratadora humana, hasta que Roberto López, 24 años, me saca del lapsus mental con una acción concreta y humana: “Estamos proyectando casas de semillas en distintos lugares de la provincia, para intercambiar semillas sanas”.

María Billordo tiene 47 años y no se olvida: “La cooperativa agroecológica empezó con la muerte de los chicos Nicolás Arévalo (2011) y Kili Rivero (2012) contaminados por los agroquímicos. Por eso es fundamental la producción de semillas sanas”. Ambos tenían 4 años cuando fueron envenenados por productores tomateros en la localidad correntina de Lavalle. La tristeza del recuerdo se le va esfumando a medida que se acerca a la tierra, que arranca una planta de perejil, que huele, que ve, que toca y que dice, mientras le cuelgan los anteojos rojos y una sonrisa prolongada: “El sabor, el color, lo sano, todo es diferente. El producido con químicos no tiene ese verde, ni se siente esta fragancia, este aroma que penetra”. Karina completa con una receta que no (le) falla: “La situación está muy jodida, mucha gente está pasando necesidades y se hace largo el mes. Lo que no podemos hacer es desviarnos de nuestro objetivo, que es cultivar con amor. Y eso, sí o sí es sin venenos”.

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Flores y alimentos en la huerta agroecológica educativa Ivy Porá.

Crear redes

En el noreste argentino al pescador artesanal se le dice mallonero, por las redes o mallones que utiliza. Precisamente, cuando arribamos al barrio Virgen de los Dolores, bien pegado al Paraná, el coordinador de la cooperativa de malloneros, Ramón Acuña, tiene en la mano la aguja –mucho más gruesa que una de tejer– con la que está cosiendo la malla de 200 metros de largo. “Se suelen romper por los palos que están en el río, por la basura que se tira o por las hélices de los barcos”, explica. “Hace poco pescamos un surubí grande, de 46 kilos”, ostenta y se aleja por unos segundos. “Y este lo pescamos esta mañana”, muestra cual trofeo un pacú ya congelado de 7 kilos. “Un pacuzazo”, vocifera, sonriendo sin mostrar la dentadura. Agrega con énfasis: “Es el más codiciado del Paraná”. En su casa funciona la sede de la cooperativa, edificada por otra cooperativa nucleada en la FeTraC: la de construcción, que se encarga de levantar todos los espacios populares de la Federación. Su patio da a la barranca, desde donde se ven decenas de botes y pescadores armando sus mallas para salir a buscar suerte, y peces que viren a pescados. Hay una playita. Hay arena. Y hay 231 cooperativistas asociados, de los cuales 20 son mujeres. Tienen 50 embarcaciones. “Por día saldrán entre 15 y 20. Lo que cada uno saca, se pesa y se paga en el mismo día. Vendemos a personas individuales y a restaurantes”, cuenta Ramón, que tiene 46 años, ocho hijos, seis nietos y que pesca desde los 13. “En el río nos conocemos todos, nos ayudamos, no hay raza, etnia, color ni religión. Pescamos por pasión, más allá de las necesidades; es un trabajo que hacemos con amor, sin órdenes de un patrón y sabiendo que nos espera la familia”.

No todo es positivo aguas adentro: “Somos muy discriminados. La Dirección de Recursos Naturales y Prefectura más de una vez nos ha secuestrado mallas que salen 300 mil pesos, lo cual para nosotros significa no recuperarlas más. Mientras, vienen barcos extranjeros que no pagan impuestos y no pasa nada, porque la ley no rige de la misma manera. A esta zona vienen barcos más grandes que los permitidos, generan empujes y desmoronan las barrancas, así desaparecieron islas enteras: hacen desastres”. Profundiza el reclamo: “Somos los apuntados como depredadores del río Paraná, cuando no es así. Se la agarran con los pescadores más vulnerables cuando en Corrientes tenemos a Yacyretá y a la nueva represa Aña Cuá, que cambiaron los cursos del río, la bajante, la creciente. A nosotros nos sacan el río y nos sacan la vida; somos los cuidadores, si lo perjudicamos, nos quedamos sin comer”.

Su mujer, Alejandra, es una de las decenas de mujeres de los malloneros que tomaron una decisión: como los fines de semana no funcionan comedores comunitarios en el barrio, los sábados a la noche preparan una cena y los domingos una merienda comunitaria: “Viene cada vez más gente porque no alcanza la plata. Traen fuentes grandes, para llevarles a cuatro o cinco personas. En la semana, las familias buscan en distintos comedores porque si no, no les alcanza; acá la situación está cada vez peor”, susurra, con voz bajita. A un par de cuadras, cuatro edificios lujosos están construyéndose: “Torres Costanera Sur”, de 15, de 20, de 25 y de 30 pisos.

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Las manos de Pablo Cerdán con su cosecha de verdeo y rúcula en la unidad productiva de Barrio Ponce: “Hacemos de todo para no usar químicos; preparamos abonos, bioinsumos naturales que espantan hormigas y al mismo tiempo dan proteínas a la tierra”.

Proezas y olvido

«Hay cosas que se cumplen, desde abajo, contra viento y marea; hay cosas que avanzan”, comenta Emilio Spataro al analizar el paso del tiempo y los doce años de Guardianes del Y´verá. Para confirmarlo, las decenas de unidades productivas que alumbran resistencia desde la base, en una de las provincias más pobres del país.

Pero hay cosas que no avanzan. Josefina integra Guardianes desde hace más de una década. En 2011, la muerte de su sobrino Nicolás Arévalo y el acompañamiento cercano de la organización hizo que se sumara a la lucha desde la localidad de Lavalle, a 210 kilómetros de la capital. Ella tiene una huerta agroecológica y sostiene desde hace 12 años el comedor comunitario “Una sonrisa para Nicolás” en su casa del Paraje Puerto Viejo, en la comunidad Rincón Ava. “Después de la pandemia el comedor fue perdiendo las ayudas que venía recibiendo, del municipio, de organizaciones; ahora hacemos la copa de leche una o dos veces al mes para 80 chicos, porque ya no tenemos más recursos para sostenerlo todos los días. Con los útiles que hay que comprar para la escuela de los chicos, no alcanza ni para vestirlos”.

Muchas cosas avanzan, sí, como la cooperativa textil en el barrio empobrecido Sol de Mayo, donde 12 compañeras hacen vestidos, almohadas y almohadones, cortinas y delantales. Es una de las diez unidades productivas que tiene la cooperativa.

Y hay muchas cosas que no avanzan. No. “Corrientes capital tiene 500 años y a 15 minutos del centro todas las calles siguen siendo de tierra”; así empieza esta nota, con la frase de Sergio, uno de los integrantes de Guardianes. Después de conocer la cooperativa textil y la de reciclaje y carreros del barrio Sol de Mayo; después de una lluvia insignificante, hubo que salir cual equilibristas. Pisando cartones, saltando hacia alguna piedra, pasando hacia un tronco, intentando no pisar tan fuerte un caño de pvc. En síntesis: haciendo malabares. Los que hacen las y los vecinos todos los días. Llueva fuerte o llueva débil. O incluso sin llover. Sin alumbrado público, no se ve casi nada. Pero se escucha. Mientras el periodismo se va y el barrio se queda, suena una cumbia que dice así: “Lloro, porque me has olvidado”.

Producción realizada en colaboración con la Fundación Heinrich Böll – Cono Sur.

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Carreros del barrio Sol de Mayo, lindante al Paraná.

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Fuera, mostro

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Una planta de bioetanol en plena ciudad de Córdoba. Una explosión, un estallido de enfermedades (desde las respiratorias hasta el cáncer), una comunidad que salió a la calle. El Barrio San Antonio llegó a la Corte Suprema y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos reclamando al Estado que cumpla las leyes y detenga el funcionamiento de Porta Hermanos, la única fábrica de bioetanol del mundo instalada en una zona urbana. El rol protagónico de las mujeres, y una historieta como medio de comunicación para contar qué pasa cuando hay un monstruo en el barrio. Por Bernardina Rosini.

Fuera, mostro
Fotos: Medionegro

La historia empezó con un Big Bang y hoy es una resistencia social, una resiliencia para los que prefieran esa palabra, y hasta una historieta que es un símbolo de comunicación. 

El Big Bang fue una explosión en plena ciudad de Córdoba, en el Barrio San Antonio, a 6 kilómetros del centro, producida en la planta Porta Hermanos, que tiene la particularidad de ser la única productora de bioetanol del mundo emplazada en medio de una zona urbana y muy poblada.  

La resistencia comenzó cuando sobre todo las mujeres del barrio se asomaron a ver qué era esa especie de bomba que hizo temblar todo. Eso revivió la cultura del diálogo callejero. Les preguntaban a otras vecinas, conversaban, empezaban a conocerse más, confirmaban datos sobre enfermedades en esas manzanas cada vez más tóxicas, en ese lugar en el que se hacía cada vez más difícil respirar. De esas charlas callejeras surgió una evidencia crucial que funcionarios, jueces y gobiernos suelen olvidar: había que hacer algo. 

La historieta es ¡Un monstruo en mi barrio!, uno de los infinitos modos que esa comunidad movilizada del Barrio San Antonio encontró para compartir su experiencia, su osadía de enfrentar al poder, y el potencial de romper la vieja tendencia de que cada quien se haga cargo solo de su propia vereda. Así llegaron desde el barrio hasta la Corte Suprema, y hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos para litigar contra el Estado Argentino si todo sigue igual. 

¿Qué reclaman? Que deje de funcionar Porta Hermanos, que relocalicen esa fábrica de etanol y de enfermedades en un lugar alejado, pero que no se pierda ningún puesto de trabajo. 

Rosa Acuña, cuya casa queda pegada, literalmente, a la planta industrial de Porta, vive hace 52 años en el barrio y es una de las tantas vecinas que desde hace al menos una década denuncia la situación: “Salimos nosotras porque acá nos abandonaron el Estado municipal, el provincial y el nacional”. 

Fernet y enfermedades

La empresa Porta Hermanos S.A produce bioetanol, etanol, bebidas alcohólicas y vinagres. El negocio original desde el siglo 19 fueron los licores y el fraccionamiento de alcohol. En 2007 se lanzó la marca de fernet 1882 y en febrero de 2012, en un contexto nacional de incentivos y promoción de los biocombustibles, la planta de San Antonio inició la producción de bioetanol, que se logra a partir de la molienda y la fermentación de maíz transgénico. Instalaron la fábrica en un terreno que era un parque y que linda con los patios traseros de numerosas viviendas familiares del barrio, entre ellos, el de Rosa, que rememora: “Ese mismo año en una tarde de mucho calor, escuchamos un ruido ensordecedor, una explosión que provenía de la fábrica”. 

Tiempo después supieron que se trató de un “error” en el momento de la calibración de las válvulas de seguridad. Aquel accidente motorizó el intercambio entre los habitantes del barrio que salieron a la calle para averiguar qué había pasado. Tenían temas de charla: el miedo a otra explosión, los fuertes olores que siempre emanaban de la fábrica, los dolores de cabeza permanentes que estaban padeciendo, las irritaciones de garganta, las molestias en los ojos, la aparición de alergias…

Comenzó así un reconocimiento grupal y barrial de las señales del cuerpo, de los interrogantes sobre el sentido de lo que estaba pasando. Y surgió también un “nosotros”.

Empezaron a reunirse, a organizarse. Recurrieron al Centro Vecinal del barrio contiguo, el Inaudi y a la presentación de notas y cartas a la municipalidad. Querían saber qué tan segura era la fábrica. “Pero la noción de seguridad que teníamos ciertamente  fue mutando con el tiempo” aclara Silvia Cruz, una de las vecinas históricas. “De pronto también surgió la necesidad de nombrarnos de alguna manera para convocar y que nos reconocieran. Tenía que quedar claro cuál era nuestra búsqueda y desde entonces somos Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano: V.U.D.A.S”. En realidad la mayoría eran vecinas, y hoy ya la letra equis salda el tema. 

El grupo no tardó en recurrir al Hospital de Clínicas de la Universidad Nacional de Córdoba para solicitar apoyo a la Red Universitaria de Ambiente y Salud (Reduas) que realizó el primer estudio de salud ambiental en la zona. Era agosto del 2013. Esa primera evaluación epidemiológica que alcanzó al 74% de los habitantes del barrio expresó lo que en sus cuerpos ya era evidencia: presentaban una elevada frecuencia de trastornos irritativos y atópicos, encabezados por: cefaleas (43%), congestión ocular (34%), trastornos respiratorios (33%), gastritis (26%), dermatitis irritativas (18%). 

Los porcentajes superaban ampliamente la media con respecto a otros puntos de la ciudad. Pero era apenas el comienzo: solo iban dos años de funcionamiento de la planta. 

La gesta de lo doméstico

José Porta fue el encargado del manejo de la empresa durante casi 50 años, y un caso de imbricación entre industria y poder político cordobés. Nieto del fundador, nacido en 1926, ingeniero, fue profesor de la Universidad Católica, Director del Banco Suquía, fundador de la Unión Industrial de Córdoba, presidente de la Cámara de Comercio Italiana y Ministro de Producción durante los gobiernos de  los radicales Eduardo Angeloz, Ramón Mestre y del peronista José Manuel de la Sota. Al asumir en la función pública en la década de los 80, su hijo, también José Porta, “el Negro”, fue nombrado director general de la empresa. Fue el responsable de la siguiente gran expansión de la empresa y de la marca a nivel nacional. 

El joven Porta llegó con nuevos proyectos: recuperar la tradición en la producción de bebidas alcohólicas con el lanzamiento en 2007 del fernet 1882 y a la vez virar hacia los biocombustibles, específicamente la producción de bioetanol, con el cual calculaba un incremento del 50% de las ganancias de la empresa. Fue distinguido con el Premio al “Empresario del Año 2007 La Voz del Interior”, el “Premio Security” en 2014 y Konex en 2018, ubicándolo dentro de las 100 personalidades destacadas de la década.

La narrativa del caso empresarial “exitoso” omite cuestiones esenciales. Para expandir la compañía instaló la única fábrica de biocombustible del mundo emplazada dentro de una zona residencial. También se omiten los incumplimientos de requisitos obligatorios como la realización de audiencias públicas y la presentación de estudios de impacto ambiental. Porta produce 100 mil litros diarios de bioetanol pero tiene como respaldo de su actividad únicamente permisos municipales provisorios. 

“Cuesta creer pero es así desde el inicio: nunca tuvieron los permisos habilitantes correspondientes” aclara tajante Silvia. “No entendimos que los gobiernos municipales y provinciales estaban del lado de Porta hasta que nos empezaron a perseguir. Iban los inspectores municipales a los negocios donde estaba nuestro cartel ‘Fuera Porta’ y los cerraban. Los medios de comunicación no nos dejaban contar lo que pasaba en el barrio. Y fue peor cuando empezamos con las denuncias. Ahí ya no hubo dudas ni vuelta atrás”.

VUDAS estableció contactos y acciones conjuntas con las Madres de Ituzaingó Anexo y con la asamblea de Malvinas Argentinas que terminó echando a Monsanto de ese barrio. “Monsanto buscaba instalarse en Malvinas Argentinas para proveer maíz transgénico para el bioetanol de Porta. Todo, absolutamente, lo fuimos descubriendo de modo muy doméstico, nosotras mismas, tratando de defender el barrio, la familia y la salud” explica Silvia. Las mujeres se sumaron a la Ronda de los barbijos de Córdoba (mucho antes de la pandemia, y por los temas ambientales), a la propuesta de una Ley de Reconocimiento de los Afectados Ambientales. En sus movilizaciones plantean: “El amparo ambiental lo reclaman los vecinos, las y los trabajadores, las amas de casa, habitantes de la zona sur, perjudicados, vulnerados, impedidos, cercenados, restringidos en el ejercicio de nuestros derechos humanos fundamentales a vivir en un ambiente sano, a la salud y a la vida, según nuestra Constitución Nacional”.

El arte de dañar

En 2016 la Red de Universitaria de Ambiente y Salud y Médicos de Pueblos Fumigados realizaron una nueva investigación. Conclusiones: 

“En el ambiente de barrio San Antonio se detectan efluentes gaseosos de la planta de bioetanol de Porta Hnos. como formaldehído, tolueno y xileno según estudios ambientales previos. La población expuesta a estos tóxicos en nuestros datos presenta una tendencia al aumento de casos de cáncer, preferencialmente de piel. También se verifica alta prevalencia de niños que nacen con anomalías congénitas en frecuencias muy superiores a las que presenta toda la ciudad de Córdoba. Son muy elevadas las prevalencias de asma, conjuntivitis y dermatitis, cefaleas y se observa una preocupante multiplicación de mujeres con masas en vías aéreas superiores. La mayoría de los vecinos presenta el Síndrome de Sensibilidad Química Múltiple y las personas mayores y sobre todo los niños son los más afectados. Se requiere urgente medidas ambientales para proteger el derecho a la salud de esta población preexistente en el lugar”. Firmaron el informe que puede leerse completo en reduas.com.ar Medardo Ávila Vázquez, Eduardo Maturano, Flavio Difilippo y Bryan Maclean. Agregan: 

“La incidencia de cáncer (393,7/100.000) resultó superior a la informada por el Registro Provincial de Tumores (RPT) para ciudad de Córdoba en 2009 (254,7/100.000).

En cuanto a las anomalías congénitas la tasa de los últimos años resultó de 14,8% y en el último año de 28,6%. Estos resultados contrastan claramente con los brindados por el Registro Nacional de Anomalías Congénitas del Ministerio de Salud de la Nación quien refirió en 2012 una tasa de 1,6% para ciudad de Córdoba. La tasa de natalidad de Barrio San Antonio resultó similar a la del resto de la ciudad de Córdoba, sin embargo, la cantidad de niños nacidos con malformaciones fue muy superior. Todos los casos registrados provinieron de familias residentes a escasos metros de una fuente de contaminación (planta de bioetanol) cuyos productos han sido asociados en otras investigaciones con la presencia de malformaciones”. 

Otros datos: el 57% de los niños entre 6 y 7 años tiene asma o usa bronco-dilatadores (cuando sólo el 13% de la población de Córdoba lo necesita), hubo fuerte incremento de casos de cáncer (el 50% de piel); dificultades respiratorias (casi el 60% de la población); abortos espontáneos y malformaciones en uno de cada tres nacidos. 

En 2019 se agregó el “Informe Socioterritorial de los Daños a la Salud por la permanencia de la fábrica de Bioetanol Porta Hnos., en la ciudad de Córdoba, Argentina” realizado por el Colectivo de Epidemiología Comunitaria (completo, en vudas.wordpress.com) que plantea, por ejemplo, con respecto al daño genético en la mucosa del sistema respiratorio superior, ocasionado por las sustancias tóxicas en San Antonio:  “Este tipo de daño puede medirse a través de la observación de células con micronúcleos. La cantidad de ellas en un organismo sano, es, en promedio, de 3 a 4 por cada 1000 células analizadas, en nuestro país. Aunque lo verdaderamente saludable sería un valor de cero, o menos de 2,5, ya que la presencia de micronúcleos es señal de daño celular y genético. Los resultados mostraron que el 95 % de los infantes tuvieron un número de células con micronúcleos mayor al valor considerado como basal, casi el doble, llegando a alcanzar 9 en una niña de 5 años. Las personas evaluadas vivían a una distancia de entre 10 y 1.000 metros de la fábrica, por lo que el área de alcance del impacto ambiental sería extensa”.

Sostenibilidad oenegé

VUDAS trabaja articuladamente con Fuera Porta, asamblea de apoyo integrada por vecinas y vecinos de otros barrios, médicos, científicos, estudiantes, ambientalistas, comunicadores, gente autoconvocada que comparte el concepto de considerarse personas afectadas ambientalmente. En 2015 las mujeres de VUDAS se encadenaron en la Municipalidad de Córdoba y en 2016 presentaron un amparo ambiental contra Porta y contra los ministerios de Ambiente y de Energía de la Nación por su inacción. “Habían pasado cuatro años y los cuadros de salud eran cada vez peores. No sabíamos qué hacer para ser escuchados. Teníamos enfermos de cáncer, casos permanentes de abortos espontáneos, bebés con malformaciones, el fallecimiento de Olivia, una bebita de 3 meses”, recuerda Silvia. El amparo fue rechazado y apelaron. 

Tres años después, en diciembre de 2019, el juez federal Hugo Vaca Narvaja emite sentencia, reconoce que Porta opera ilegalmente pero que el Estado nacional no tiene injerencia en el tema. Desestimó el amparo pero intimó a que la empresa en 90 días realizara el Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, y que la Secretaría de Ambiente de la Provincia informase “si la compañía posee o no licencia ambiental para producir bioetanol”. No llegaron a cumplirse los 90 días, cuando el Covid 19 pasó a gobernarlo todo, y Porta con su alcohol medicinal pasó de 100.000 a 500.000 litros diarios de producción, el 60% del mercado nacional. 

La empresa había obtenido la certificación de Empresa B, es decir, empresa destacada por su “desempeño social y ambiental”, según la ONG B Lab que asegura estar en 91 países y se autodefine con la misión de “transformar la economía para beneficiar a todas las personas y el planeta”: una muestra del rostro real de muchos discursos alrededor de negocios “sustentables”.  

VUDAS radicó un reclamo formal en B Lab, para que la ONG diera marcha atrás con semejante certificación pero la respuesta fue que la empresa no contaba con sentencia firme en relación a las denuncias de contaminación y daño ambiental. Esto es exactamente lo contrario de lo que plantean las leyes ambientales, que invierten la carga de la prueba: ante el peligro de contaminación, afectación de la salud y el ambiente, la actividad debe detenerse (aplicación del principio precautorio) hasta que la empresa demuestre la inocuidad de su funcionamiento. 

Otro eslabón de esa historia se produjo a fines de abril de este año cuando José Porta, “El Negro”, quien condujo la empresa durante las últimas décadas, falleció a los 65 años de cáncer de pulmón. 

Sobre elecciones

El reclamo contra Porta empalma con cientos de conflictos ambientales que pululan en Córdoba. En plan de comunicación, la comunidad impulsó la creación de la historieta ¡Un monstruo en el barrio!, (en www.vudas.wordpress.com) que describe lo que ha venido pasando desde aquel abril de 2012, cuando algo estalló en Porta y también en las cabezas y corazones del vecindario. Cuenta cómo salieron a la calle, cómo investigaron, sus presentaciones judiciales. Plantean en la historieta que descubrieron un proceso químico: “El que se genera destilando el cariño y los abrazos que nos damos. Los reconocimientos que recibimos (en referencia al Premio Berta Cáceres). El encuentro con la gente y con otras luchas”.   

El aire del Barrio San Antonio sigue impregnado de formaldehído, tolueno, xileno y el resto de las sustancias contaminantes. Actualmente el caso promovido por la comunidad está en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y las vecinas presentaron además una cautelar sobre la cual deberá expedirse la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La propuesta es relocalizar la planta, que no se pierdan puestos de trabajo, que se realice un saneamiento del territorio y se brinde asistencia médica y psicológica a las familias afectadas.  

Mucha gente se fue del barrio, incluyendo obviamente a mujeres que perdieron sus embarazos o parieron bebés con malformaciones. Muchas otras personas optaron por quedarse (o no tuvieron otra opción) pese a lo que plantea Rosa: “Porta nos está comiendo. Se está comiendo la salud de las personas y el ambiente con una planta contaminante e ilegal”. 

Silvia: “Nos quedamos porque creemos en otro mundo posible. Para nosotros lo era antes de que llegue la fábrica. Era otro barrio. ¿Me tendría que ir porque según quién no vale la pena? Nosotras construimos saber, tenemos nuestras certezas. No vamos a ser zona de sacrificio. Elegimos decir sí a la salud, sí a la vida. Elegimos la afirmación y no la resignación”.

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Re-parar la violencia: la propuesta de Familiares Víctimas de Femicidios

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Familiares de Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas realizaron una asamblea abierta en Plaza de Mayo el 3 J. Elaboraron un documento que las ubica en el lugar que no siempre se les reconoce: el de protagonistas cruciales frente a situaciones que involucran violencia patriarcal e injusticias de todo tipo por parte del Estado. ¿Qué significa el concepto de reparación? ¿Cuáles son los enfoques imprescindibles para actuar en estos tiempos? El documento, lo colectivo, y los derechos humanos. Por Claudia Acuña.

Re-parar la violencia: la propuesta de Familiares Víctimas de Femicidios
Familiares de Carla Soggiu, Analía Aros, Natalia Melmann, Lucía Pérez, Iara Rueda y Cecilia Basaldúa, sostienen la bandera que dice “Familiares víctimas de femicidios”. La unión frente al dolor y la indiferencia. Fotos: Lina Etchesuri

Re-parar es un término que contiene el significado necesario para ampliar los márgenes de reflexión sobre las violencias, cuyas consecuencias ciegan y estrechan las posibilidades de creación de una justicia-justa. 

Desborda el estrecho imaginario penal y abre el umbral que conduce a una experiencia concreta y posible, que ha nacido de la sociedad argentina y se ha convertido en modelo y programa de las instituciones globales.

Re-parar es, además, en su acepción callejera, otorgarle a ese verbo el aval de un prefijo que lo garantiza, refuerza y compromete.

Re-parar, tal como señala el profesor de Derecho Internacional Felipe Gómez Isa, “no es un fenómeno exclusivamente económico o material, sino que necesita un conjunto de medidas que tienden a modificar el imaginario político y social. En el fondo, se trata de un proceso político que busca un nuevo equilibrio en la sociedad en el que las víctimas sean reconocidas como tales y pasen a ocupar un papel central en el espacio político y social”.

Es este lugar el que exigen las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas en el documento que han elaborado tras la asamblea a cielo abierto que realizaron el 3 de junio en Plaza de Mayo, luego de escuchar, relato tras relato, los sufrimientos padecidos en su búsqueda de verdad y justicia. 

Ese documento fue entregado en mano y a la semana siguiente al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, a la ministra de Mujeres y Diversidades de la Nación, Ayelén Mazzina, a la Banca de la Mujer del Senado y remitido al presidente de la Nación, Alberto Fernández, junto con un pedido de audiencia. 

El texto es en sí mismo elocuente y resume así todo aquello que merecería una larguísima y compleja reflexión sobre derechos humanos, violencias patriarcales, políticas de Estado y representaciones sociales.

Un texto para reflexionar

El documento dice textualmente:

“Nosotras, Familias Victimas de Femicidios, Transfemicidios y Desparecidas, reunidas el de 3 de junio de 2023 en la Plaza de Mayo, en una asamblea realizada a cielo abierto, escuchamos los testimonios de quienes sufren la violencia del Poder Judicial, la ineficacia del Poder Ejecutivo y el desprecio de quienes se autoperciben interlocutoras expertas. Analizamos luego lo común de cada experiencia en la búsqueda de verdad y justicia: lo narco, la policía, la fiscalía como trama de la impunidad. También sacamos cuentas: alcanzar una sentencia firme cuesta más de 25 años. Luego, pesamos nuestras cargas: el tiempo dedicado a golpear puertas, empujar causas; los daños que el maltrato y la impotencia cosechan en nuestra salud, los días de trabajo perdidos, las noches en vela, etc., etc. Todo lo cual nos llevó a comprender que es necesario lograr un cambio concreto y ya, para todas las familias y para que Nunca Más. Por todo esto decidimos concentrar nuestras exigencias en tres puntos:

1) Reparación a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas. La reparación económica de las víctimas constituye para Argentina una experiencia sobresaliente a nivel mundial. Hemos analizado este antecedente, tanto en el camino que requirió por parte de las víctimas para consagrar este derecho como en el modo en el que Estado lo implementó. El primer eslabón lo encontramos en el informe Nunca Más elaborado por la CONADEP donde recomendó: “Que se dicten las normas necesarias para que los familiares de las víctimas reciban asistencia económica: becas para estudio; asistencia social; puestos de trabajo”. Nutridas por esa experiencia y con la convicción de que las herramientas sociales creadas por el movimiento de derechos humanos nos han legado prácticas concretas para erradicar las violencias que sufrimos, consideramos que es necesario:

a) Desde el 1º de abril de 1996, fecha en la que el Senado y la Cámara de Diputados sancionaron con fuerza de ley N.º 24.632 la Convención de Belem Do Pará, las familias hemos sido víctimas del incumplimiento de esta norma y, por lo tanto, el Estado argentino debe admitir esa falta con una medida de reparación concreta, tal como está previsto en el artículo 7, inciso 6 de esa ley.

b) Debe sancionarse una ley de Reparación Integral a las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desaparecidas.

2) Transformación del Poder Judicial: Mucho se ha hablado de la reforma del Poder Judicial, sin dar un solo paso concreto. Es necesario y urgente, entonces, hacer algo ya. Hay tanto para modificar, tanto para crear y tanto para reflexionar que toda medida concreta resulta chiquita, frente a lo monstruoso de la realidad. Pero las familias sabemos que las cosas llevan tiempo, paciencia,  compromiso y un plan de acción puntual, que nos permita medir la diferencia que hay entre lo que nos proponemos y finalmente alcanzamos. En base a este aprendizaje, que nos ha permitido vencer barreras y lograr avances que parecían imposibles, consideramos que es necesario:

a) Crear una mesa de trabajo con eje central en la tarea de las fiscalías, en las que estén involucradas las Procuradurías y las familias.

b) Crear un Observatorio de las Fiscalías de Género a cargo de las universidades nacionales de cada localidad, que dediquen cátedras especializadas al seguimiento e informe de la labor fiscal en causas relacionadas con violencias de género, que sean de acceso público, libre y gratuito.

3) Que el Estado se haga cargo de:

a) los costos de querellas: en tanto logremos que las fiscalías trabajen cada causa en equipo con las familias, es necesario que el Estado tenga un programa para financiar querellas particulares y a los profesionales que eso requiere -letrados y peritos- porque se trata de honorarios absolutamente imposibles de asumir por las familias.

b) los pases libres de transporte de las familias, sean terrestres o aéreos, ya que debemos trasladarnos constantemente cientos de kilómetros para seguir las causas judiciales, entre otras tareas del reclamo de justicia que afrontamos con nuestros bolsillos.

Ninguno de estos costos representan una cifra importante para el Poder Ejecutivo: comparen, por ejemplo, lo que han aportado para que el 3 de junio se baile frente al Congreso y lo que significa que el lunes 5 le respondan a los hijos que dejó huérfanos el femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco que no hay fondos para los gastos de su abogada.

Estos son nuestros tres pedidos.

Ahora están en sus manos”.

Re- parar significa, entonces, que la categoría “víctima”, a través de la cual el Poder Judicial reconoce los derechos de quienes sufren violencias, se transforme a partir de ahora en protagonista central de los procesos de cambio que requiere el actual procedimiento estatal de justicia. Así lo destacaba el 14 de julio de 2022 en la Asamblea General de la ONU el argentino Fabián Salvioli, Relator Especial para la Promoción de la Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición: 

“En el pasado, las víctimas han sido consideradas principalmente de forma pasiva, como suministradoras de pruebas o declaraciones en los procesos de búsqueda de la verdad o como receptoras de reparaciones. Sin embargo, la lucha de las víctimas por la justicia consiste en llegar a tener una capacidad de acción para superar el victimismo y prevenir la violencia. Por lo tanto, la vía para salir de la violencia solo puede concebirse conjuntamente con las víctimas, que tienen la clave del camino para el cambio y, por consiguiente, para un enfoque de la justicia centrado en las personas”.

Condiciones de reparación

Re-parar requiere de un primer paso indispensable e ineludible: quien hizo daño debe aceptar la responsabilidad de sus acciones y este reconocimiento no se limita sólo a la admisión de que se ha violado la ley, sino a que con esa violencia se ha herido a la víctima, a su familia, a su comunidad y a toda la sociedad. 

Esta es la premisa de la que parte la llamada “justicia reparativa” cuyo primer congreso se realizó en la Universidad Nacional de Lanús entre el 8 y 10 de junio pasado, impulsado por las Defensorías del Pueblo de Buenos Aires, Santa Fe y Chaco, entre otros organismos. En sus conclusiones señala la segunda condición que construye el punto de partida hacia la construcción de otros paradigmas judiciales: 

“El punitivismo, a lo largo de la historia, ha demostrado su fracaso y en esta cuestión, las víctimas deben ser escuchadas. Especialmente, por respeto a su propio dolor”.

El tercero lo define el académico colombiano Pablo de Greiff en su trabajo Justicia y Reparaciones: 

“El Estado no puede sencillamente desconocer los reclamos de las víctimas con el argumento de que no hay recursos suficientes o alegando, sencillamente, que no hay manera de superar los problemas porque esto equivaldría a reconocer que no está en condiciones de sostener un régimen de justicia”.

Re-parar significa, entonces, la aceptación del daño infligido, el respeto a las víctimas y la asunción de la responsabilidad de garantizar el funcionamiento pleno del orden jurídico: tres condiciones indispensables, mínimas, urgentes que debe asumir el Estado para comenzar a construir otra justicia.

Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desaparecidas marcan una fecha en el calendario para señalar así desde cuándo la sociedad argentina soporta el daño que le ha infligido el Estado: 1º de abril de 1996. Es el día en que Argentina se comprometió a que “toda mujer tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado”. Y a “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”. 

El 1º de abril de 1996 es también el fatídico día en que el policía Víctor Leonardo Sánchez mató con su arma reglamentaria a su pareja Jésica Leticia Sapura, crimen por el que fue condenado a 5 años de prisión en un juicio abreviado.

Re-parar, finalmente, significa eso: Nunca Más.

3J y después: voces para entender una realidad

Marisa, mamá de Luna Ortiz: Los Nunca Más

Estamos logrando que los familiares seamos un actor político. Nos une algo bien firme y concreto: ir por un Nunca Más al maltrato, a la revictimización de nuestras hijas y de nosotros mismos. Hay algunos que quieren quebrarnos por conveniencias políticas. No solamente somos familiares víctimas de femicidios, sino también de muchas desaparecidas. Sabemos que las campañas políticas salen muchas veces de un montón de negociados que hay por debajo con las diferentes mafias territoriales que nosotros denunciamos, y eso a muchos no les conviene.

Marta, mamá de Lucía Pérez: Quiénes somos

Somos familias organizadas a partir de un delito que se comete con las vidas de nuestras hijas. Asumimos este rol porque no nos queda otra. Yo no quise estar en este lugar. Pero tuvimos que tomar las riendas de lo que nos pasa porque no hay un Estado presente, ni hay nadie que haga las cosas como nosotros creemos. ¿Por qué? Porque conocemos las causas, sabemos lo que pasó. Y sabemos todo lo que se esconde detrás de esto. Por eso somos las personas más autorizadas para defender la causa de las muertes de nuestras hijas. Pero ese lugar lo tuvimos que tomar, porque si no, te dejan relegado. Dicen: “las familias no entienden, no saben, están perdidas”. Esa es la mirada del otro lado. Se creen que el saber lo tiene la persona que es abogada, o la académica. Pero no entienden: nosotros aprendimos desde el sufrimiento. El dolor es el que nos enseña. Yo nunca pensé que no iba a tener a Lucía. Ella podría haber estudiado, tener una carrera, una vida, y la arrebataron. Ese dolor desgarrador es lo que nos hace decir basta. Esto nunca más. Entonces nos plantamos, salimos a luchar por nuestros derechos y el de tantas chicas y mujeres a las que nadie defiende cuando son de los barrios y de los territorios, como si valieran menos. Por lo menos hemos logrado que nos escuchen. De aquí en más lo que queremos es: estar juntos, pensar, hablar, hacer. Desde ese lugar es donde podemos y somos.  Y desde ese dolor es que pudimos poner en marcha una lucha que no existía. 

Alfredo, papá se Carla Soggiu: El gobierno a escondidas

En el gobierno nacional están mirándose el ombligo, y tienen cajas que no quieren tocar. Gastan mal, y no quieren escuchar. Hicieron un ministerio, y teníamos esperanza de tener un aliado, que nos brinden herramientas, acompañamiento.  Pero fueron años de caminar a ciegas. Hace falta un compromiso que no tuvieron nunca. Tuvimos que juntarnos en la Plaza durante  años, presentando cartas una vez por mes, para que nos reciban en la Casa Rosada, cuando debería haber sido instantáneo, para brindarnos soluciones o contención al menos. Pero jugaron a las escondidas. Fueron tres años pidiendo una audiencia. Y cuando fuimos no hablamos nosotros, pudimos hablar muy poco. Estas artimañas no las tienen que hacer con gente como nosotros. Tienen que estar al servicio de la gente, no operando. Pero la lucha no la vamos a terminar. Ya nos quitaron a nuestras hijas. ¿Qué más nos van a sacar? Y encima se va sumando más gente, porque lamentablemente esto sigue pasando todo el tiempo.

Daniel, papá de Cecilia Basaldua: Reforma estatal

Las familias tenemos claro que hoy termina imponiéndose el único poder que no se elige: el judicial. Me doy cuenta ahora, porque me tocó padecerlo. Estaría buena una reforma en todos lados. El poder lo deberíamos tener quienes votamos, para que la gente elija tanto a los jueces como a los políticos.

Mónica, mamá de Araceli Fulles: La justicia al revés

Hay que empezar por la justicia, y por las investigaciones policiales. Porque para la policía siempre pasa lo mismo: primero, la culpa la tiene la víctima. Después, los familiares. En nuestro caso primero dijeron de todo de Araceli, y después fuimos investigados nosotros. Y mientras tanto, gracias a eso, los delincuentes que mataron a mi hija tuvieron tiempo de escaparse. Por esas cosas es que queremos cambiar toda esta realidad que nadie quiere cambiar. 

Gustavo, papá de Natalia Melmann: el mensaje

La condena es un antecedente social muy importante: la idea de que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Ese fue siempre el mensaje que nos dieron las Madres de Plaza de Mayo. Y sirve para toda la sociedad. Las familias ya lo entendimos: nunca vamos a abandonar.

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El trueno y las hojas: León Carlos Arslanian, juez de la Cámara que juzgó a las Juntas Militares

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Derechos humanos ahora y siempre; el film Argentina, 1985 y la crítica sobre el desdibujamiento del rol de los jueces; revelaciones sobre aquel juicio histórico, las “contemplaciones” de Alfonsín y la sentencia que ordenó seguir investigando. Las reformas policiales que no se continuaron, y el debate actual en seguridad; el medioambiente, las víctimas, las corporaciones que él mismo ha defendido. Charla, paradojas y dilemas con uno de los jueces que fue clave en este país, en momentos en los que la justicia es mala palabra. Por Sergio Ciancaglini.


El ex juez Arslanian en su estudio de abogado, de espaldas a la 9 de Julio y a un cuadro de Leopoldo Presas. Sobre la actualidad es sintético: “Un verdadero quilombo”. Foto: Lina Etchesuri

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