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Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune

Publicada

hace 5 años

11/05/2020

El femicidio de María Julieta Riera en Paraná llevó a una movilización hasta los tribunales de la capital entrerriana, con barbijos y en plena cuarentena, para exigir justicia por la joven de 24 años. La Justicia detuvo a su pareja, Jorge Christe, acusado de arrojarla desde un octavo piso. La autopsia reveló que antes la había golpeado. La familia exigió un “proceso claro” para llegar a un “juicio justo”, y dejar así en claro que el vínculo del sospechoso no se convierta en un “blindaje” del caso: Christe es hijo de una excamarista de la ciudad. La mamá de María Julieta afirmó: “Pedimos justicia por ella, por la familia y por todas las demás, por todas las mujeres que atraviesan esta situación, no es solo Julieta: hay muchas más”.

Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune

En la puerta de los tribunales de Paraná, el primer sábado de mayo en plena cuarentena, con barbijos y a distancia, hubo una manifestación.

“Que nos escuchen y sepan que estamos acá”, se oye decir en un video

Entonces suenan los aplausos.

Así se pidió justicia por María Julieta Riera, 24 años, que el 30 de abril fue asesinada arrojada desde un octavo piso, a diecinueve metros de altura. Mientras la manifestación gritaba desde la calle, adentro de edificio, el juez Mauricio Mayer dictaba la prisión preventiva por sesenta días en la Unidad Penal de Paraná a Jorge Julián Christe, pareja de María Julieta, luego de que el fiscal Ignacio Aramberry lo imputara por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”.

Christe, de 31 años, hijo de la ex camarista de Paraná María Victoria Stagnaro, se abstuvo de declarar. Sus abogados solicitaron la prisión domiciliaria con una tobillera, a cumplir en la casa de su madre, pero el pedido fue rechazado. La noche del femicidio, Christe fue primero en su moto a lo de la ex jueza. Después, a la comisaría en el centro de la ciudad y denunció que su novia se había caído. En ese momento fue revisado por los médicos: su cuerpo tenía signos de pelea.

Aramberry presentó al juez Mayer los resultados de la autopsia que realizó el Cuerpo Médico Forense: María Julieta, entre las 2:20 y 2:50 de esa noche, sufrió maltrato físico y falleció por los golpes al caer. En la audiencia el fiscal relató: “Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón”.

La familia de María Julieta, que espera las pericias de celulares, computadoras y las psicológicas, exigió en diálogo con medios de comunicación que la justicia inicie “un proceso claro” y que ejecute “un juicio justo, que la pertenencia familiar del sospechoso de cometer este terrible hecho, no sea un blindaje”. En la puerta de tribunales Ana, la mamá de María Julieta, manifestó sin quitarse el barbijo: «Pedimos justicia por ella, por la familia y por todas las demás, por todas las mujeres que atraviesan esta situación, no es solo Julieta. Hay muchas más”.

Salir a la calle

Nina Brugo, abogada, histórica referente feminista y “entrerriana hasta la médula”, como ella misma se define, expresó que “todo femicidio conmueve”, después de enterarse del asesinato de María Julieta Riera, a quien Nina llama Juli porque era la nieta de un primo hermano. Les habitantes paranaenses conocen a la perfección el edificio donde María Julieta fue asesinada, en plena calle peatonal, dice Nina que “uno de los más altos y antiguos” del centro de la ciudad.

La familia de Nina, por madre y padre, están hace varias generaciones en Paraná. La referente vive en Buenos Aires pero suele ir recurrentemente a su ciudad natal. Es la abuela de Juli, Carmen, con quien Nina habla conmovida para acompañarla al igual que lo hacen las organizaciones de su ciudad, “la familia se sintió muy acompañada por el movimiento de mujeres”, cuenta a lavaca. Y agrega que cada vez más “la sociedad en Entre Ríos sale a la calle”.

El sábado 2 de mayo, familiares, amigos y amigas de María Julieta, y organizaciones del movimiento feminista que conforman la Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná esperaron desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde que la abogada saliera a contar qué había sucedido dentro de tribunales. La prensa no pudo ingresar y la audiencia tampoco fue transmitida por YouTube como suele hacerse: la explicación oficial fue que había poco personal.

“Nos enteramos – del femicidio de María Julieta- por los medios de comunicación el viernes a la mañana. Los titulares decían que se cayó y que su novio era el que había ido a dar aviso a la policía. Esa fue la acción que más nos hizo dudar porque no entendíamos cómo es posible que una persona pueda irse del lugar en moto y no llamar al 911 por ejemplo”, dice a lavaca Nadia Burgos, de la agrupación Juntas y a la izquierda, con la que participa de la Asamblea. “Fue muy duro acompañar en una situación de extremo dolor, y no poder dar un brazo, no poder sostener desde el cuerpo. Era muchísima la familia y los amigos y amigas de Julieta, de la familia, de los hermanos, que habían ido a acompañar. Había claridad absoluta de quienes estábamos. Ni la calle ni el reclamo pudieron esperar ni un segundo. Necesitábamos estar ahí. El tapaboca no nos silencia”. Cuando la abogada de la familia Riera salió de la audiencia, se enteraron de la imputación: homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género. “Algo muy importante que los medios también destacaron tiene que ver con que su madre es ex jueza y fue la primera persona a quien vio luego de que la tirara por el balcón”, recalcó Nadia.

En medio del aislamiento por coronavirus, cuenta Nadia que salir a la calle para protestar lo pensaron desde el cuidado. “Hay algo que desde el movimiento feminista hacemos siempre: cuidarnos entre nosotras. Sabemos las medidas que hay que tomar para no ponernos en riesgo de ningún tipo, esas medidas las evaluamos, las llevamos delante de manera colectiva. No vamos a hacer algo que nos ponga en riesgo pero tampoco vamos a quedarnos en nuestras casas calladas porque esto no se tolera más”.

El quiebre

El último 9 de marzo Nina Brugo marchó en la Ciudad de Buenos Aires junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Antes de subir al escenario una mujer se acercó, le dijo que era de su provincia y le entregó un brazalete negro que llevaba inscripto “Fátima”. Nina no volvió a ver a esa mujer, pero en diálogo con lavaca recuerda que por eso se sentó muy conmovida junto a Nora Cortiñas. El día anterior, 8 de marzo, habían hallado el cuerpo de Fátima Acevedo, de 25 años, también en Paraná, que sufría violencia en manos de su ex pareja, Nicolás Martínez, de 35 años, que fue imputado por «homicidio agravado por vínculo». Fátima, que tenía con él un hijo pequeño, lo había denunciado a la policía y al juzgado cuando Martínez intentó quemarla con ácido. Nadie lo detuvo, el Estado no dispuso ninguna medida tajante para ayudarla. En un mensaje de texto Fátima les dijo a sus amigas que ya no sabía qué hacer y anticipó: “Cuando termine muerta, puede ser que la Policía y el juzgado hagan algo”. Desapareció el 1 de marzo y siete días después encontraron su cuerpo en un aljibe. Paraná se movilizó pidiendo justicia con una vigilia frente a los tribunales.

Cincuenta días después del hallazgo de Fátima, con aislamiento social obligatorio en todo el país, el 27 de abril, Jonathan Eduardo Rivero asesinó con un cuchillo a Romina Roda en esa misma provincia; lo hizo delante de una de sus tres hijas. Romina, al igual que Fátima, también había denunciado a su ex y la noche anterior a ser asesinada publicó en sus redes sociales el hostigamiento que sufría. Nadie la escuchó.

El 8 de febrero, Viviana Barreto también fue asesinada a puñaladas, delante de sus hijos, por su ex pareja Maximiliano Alejandro Delgado de 31 años, en la ciudad entrerriana Villaguay. La última hermana, nieta, amiga, hija, prima, compañera que mataron en esa provincia fue María Julieta Riera, tirada por el balcón luego de una golpiza el 30 de abril en Paraná.

En lo que va del año son cuarto los femicidios cometidos en Entre Ríos.

“En la provincia cuando sucedió lo de Fátima hubo un quiebre”, cuenta Nadia Burgos. “En ese momento estuvimos toda una noche de vigilia frente a tribunales. Un día después del hallazgo, el 9 de marzo, la movilización en Paraná del Paro Internacional de Mujeres tomó otra dimensión, históricamente la más grande del movimiento de mujeres. Fue impresionante. Mucha gente que iba por primera vez”.

Así, en la ciudad, se produjo un antes y un después: “Podrá haber cuarentena pero hay algo en la gente que se modifica con esas movilizaciones masivas que no tiene vuelta atrás. Entonces ante cada femicidio ahora algo de eso que va a volver a surgir. Esa es la presión que tiene el Gobierno y la Justicia de Entre Ríos en este momento: gran parte de la sociedad está atenta”.

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La tesis del gran bonete

Publicada

hace 2 meses

31/03/2025

¿Cómo informar sobre femicidios? ¿Quién sabe cómo hacerlo? Una polémica tesis promocionada por Rita Segato desliza la responsabilidad del Estado a los medios, en momentos en los que el gobierno pretende derogar la figura legal de femicidio. Las falacias y generalizaciones que construyen una orden de silencio.

Por Claudia Acuña

Las periodistas somos responsables de los femicidios. Mientras tipeo esta frase me invade un sentimiento que solo explica el clásico «no sé si reírme o llorar”. Desde que la escuché pòr primera vez en el año 2020, de boca del entonces gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, hasta ahora, que la repite una integrante del movimiento transfeminista del Valle de Punilla, en Córdoba, han pasado varios años, pero aquella primera vez y esta última tienen un contexto en común: esas provincias habían sufrido en poco tiempo una serie de femicidios que sembraron protestas sociales importantes. En el caso de Jujuy, estaban todas sus rutas cortadas con adolescentes que sostenían cartulinas escritas a mano exigiendo justicia, mientras las fuerzas de seguridad disparaban gases para dispersarlas. En esta ocasión, en Punilla la movilización también fue masiva.

Lo que cambió, y no es poco, es otro contexto: en estos momentos el Estado argentino intenta imponer la derogación de la figura jurídica de femicidio.

Otro cambio: el ex gobernador Morales, por entonces interesado en que no se difundan las protestas –que por cierto fueron las primeras que azotaron su gobierno– citó a Rita Segato como autora de la tesis que responsabiliza a los medios de comunicación de sembrar femicidios, ya que al informar sobre ellos los contagiaba. En plena pandemia de coronavirus esa palabra significaba meter el dedo en una herida social. Investigué entonces de qué galera había sacado Morales ese argumento: había escuchado a Segato en una capacitación que la académica le dio a su gabinete, por zoom y en el marco de un programa financiado por ONU Mujeres. Cuatro años después ya tenemos un libro que lo justifica, con prólogo de Segato y suscripto por su alumna, la brasileña Daniela Gontijo. Tuve la oportunidad de conocerla en La Paz, Bolivia, cuando intenté conversar con ella sobre su tesis. Le pregunté si sabía que la Organización Mundial de la Salud había comunicado su autocrítica por solicitar a los medios que no informen sobre suicidios, un argumento que en su tesis es basal para extenderlo a los femicidios. Sigo esperando su respuesta.

La principal diferencia, sin embargo, es que ahora esa frase es repetida por una comunicadora y activista que ha participado de la organización de la protesta en el Valle de Punilla. Está preocupada, angustiada diría, por su rol. Y lo que es peor, insegura. Es ella, entonces, quien motiva esta nota, que escribo con hartazgo.

Las raíces de la información

¿Cómo se informa “bien” un femicidio? ¿De eso se trata este debate? No. Y por varios motivos. El primero es el primero: el término femicidio tiene una larga y dolorosa historia política y social. Resumo: la palabra encuentra sus orígenes en la expresión feminicide, “desarrollada inicialmente en el área de los estudios de género y la sociología por Diana Rusell y Jane Caputi a principios de la década de los 90 (…) concepto que surge con una intención política: desvelar el sustrato sexista o misógino de estos crímenes que permanece oculto cuando se hace referencia a ellos a través de palabras neutras como homicidio o asesinato” (Toledo 2009: pp23-24).

Tal como advirtió la antropóloga Marcela Lagarde al aplicarlo a la situación desesperada de Ciudad de Juárez, México, “femicidio no es solo una palabra: es toda una teoría”. ¿Qué teoría sostiene la palabra femicidio? La responsabilidad del Estado en estos crímenes. Explica Lagarde: “Son crímenes que no responden a una problemática derivada de la mal llamada violencia doméstica o intrafamiliar, sino que es parte de una problemática mucho más grave y compleja. La conexión entre el género y la clase social en los femicidios de Ciudad Juárez es clara: sus torturadores y asesinos actuaban porque querían y porque podían hacerlo, amparados por unas estructuras sociales y gubernamentales que propiciaban la impunidad de sus actos.” Esto decimos cuando decimos “femicidio”: lo sistémico de lo biográfico.

Esta concepción teórica y política aplicada a Ciudad de Juárez tuvo su consecuencia jurídica cuando el Estado de México fue condenado por la Corte Interamericana con el fallo conocido como Campo Algodonero. De ahí derivan todas y cada una de las herramientas legales que cada país latinoamericano fue obligado a adoptar para prevenir, erradicar y hacer justicia por la violencia que sufrimos mujeres, travestis, trans y diversidades sexuales.

¿Cómo señalar entonces en cada femicidio la responsabilidad estatal que lo propicia? De eso se trata este debate. La respuesta, digámoslo rápido y fácil, es el territorio.

Como marco teórico a esta territorialización de la información sobre la violencia femicida propongo leer Capitalismo Gore, de Sayak Valencia, escritora, filósofa y artista performática mexicana. Es su tesis doctoral de la Universidad Complutense de Madrid y, por eso mismo, es interesante conocer su origen porque leída hoy resuena como una respuesta contundente a esta otra tesis: “Originalmente la iba a hacer sobre epistemología feminista. Para mí era muy importante revisar cómo se producen ciertos grados de verdad o ciertas ficciones políticas que encumbran el conocimiento como algo que parece incuestionable si está mediado por el sello cientificista”. En eso estaba, entonces, cuando en un alto en sus estudios viajó a visitar a su familia a su Tijuana natal y en el camino que la llevaba del aeropuerto a su casa vio desde el auto y a la vera de la autopista un cadáver descuartizado. Así decidió cambiar el tema de su tesis y así nació un término –Capitalimo Gore– para denominar aquello que la había sacudido: “el capitalismo gore sería la forma material de explotación que va atravesada de colonialismo, machismo, sexismo, crimen organizado, y corrupción”, sintetiza en una entrevista que le realizaron diez años después de la primera publicación.

Dirá también en esa entrevista Sayak Valencia: “El pensamiento es siempre contextual y si tratamos de hacer universalizaciones tajantes de ese pensamiento ya estaremos cayendo en una tentación solipsista, al considerar que tenemos las verdades absolutas sobre fenómenos que no serían explicables de manera sencilla en primera instancia. La necropolítica, la biopolítica y el uso de la violencia se dan de manera contextual porque su intensidad depende de los países, las condiciones económicas, lo gubernamental, lo social, lo cultural, en suma, dependiendo de la regionalización del mundo. No es igual de explícita la violencia racista contra ciertas poblaciones en territorios indígenas en México y la violencia racista que se da en Estados Unidos contra la población afro, que otro tipo de violencias como el negar servicios de salud a las poblaciones trans o a crear condiciones hostiles que provocan violencia y que terminan en una especie de necroadministración, o como dice Ariadna Estévez, en una administración del sufrimiento para que ciertas poblaciones sean dejadas de lado y mueran en ese apartamiento de lo social”. Esta última frase resuena especialmente en la actualidad y en la lucha de cada miércoles de las y los jubilados.

Reitera Sayak: “Creo que hay que seguir pensando lo biopolítico y lo necropolítico de manera contextual”.

¿Cuál es entonces el contexto en el que debemos fijar la atención ante cada femicidio y, mucho más, ante su reiteración producida en pocos días? El territorio. En el Jujuy gobernado por Gerardo Morales, en el Valle de Punilla azotado por la sistemática impunidad de los femicidios que allí se padecen, en las tramas de complicidad policial y judicial que han sembrado el terreno propicio para que la mimesis suceda, una y otra vez, sin sanción, ni contención ni reparación, que es finalmente aquello que expresa el grito de justicia que sin descanso nos hace oír el movimiento transfeminista organizado que también habita esas tierras, porque ya sabemos: donde hay criminalidad organizada en este país también hay resistencia.

En estos contextos, las órdenes de silencio no solo son peligrosas: suenan cómplices.

Emitirlas en nombre del saber es, además, perverso.

¿Quién sabe y quién no sabe informar sobre la violencia femicida? ¿De eso se trata este debate? No. Lo que tenemos que discutir es quién tiene autoridad sobre el saber. Y el saber es saber hacer resistencia a estas violencias.

¿Cuáles son las fuentes de información adecuadas, especialmente en tiempos en los que el poder se vuelve opaco e inaccesible? La narcocriminalidad ha impuesto esa barrera a la verdad del poder. Su privilegiada posición de economía “en negro” e “informal” ni siquiera nos permite conocer las cifras con las que maneja el mundo, en general, desde cada territorio en particular, pero sí alcanza para reconocer que aquello que llamamos ultraderecha tiene entre sus patrocinadores estos oscuros capitales que la promueven. ¿Hay entonces una relación entre la motosierra que destroza los pocos programas de contención de víctimas de violencia, la iniciativa de la administración Milei de erradicar la figura jurídica de femicidio y la manifiesta violencia misógina de la narcocriminalidad? Es pregunta.

También sabemos que eso que llamamos Academia, aquí en Latinoamérica, no ha producido investigaciones, estudios y publicaciones que relacionen la violencia femicida con el crecimiento de la narcocriminalidad, que en los territorios siempre tiene la forma de narcomenudeo porque esa es la lógica de gestión del negocio. Sí ha producido, y lo sigue haciendo, mucho análisis sobre los medios de comunicación que, en tiempos de redes virtuales, agigantan el rol de los formatos clásicos, en una operación que produce una restauración por repetición de marcos desactualizados –descontextualizando alcances de tiradas y audiencias, por ejemplo– y, a la vez, deslizan el eje del debate central: del Estado hacia los medios.

Ante cada femicidio hablemos del Estado. Narremos por ejemplo, el marco social-económico que afectó a víctimas y victimarios, nombremos los crímenes impunes sucedidos en ese territorio, los antecedentes de los fiscales encargados de investigar esos femicidios, los servicios y programas desmantelados en esa zona para prevenir y contener violencias, los funcionarios denunciados por violencia sexual, la cantidad de denuncias realizadas y cómo fueron atendidas, etcs y etcs.

Hablemos incluso de aquello que la política etiqueta como “inseguridad”, palabra detrás de la cual se esconden las tramas de complicidad policial-judicial (eso es el Estado) que alientan y sostienen las violencias.

Luego, si nos sobra tiempo, charlamos sobre el rol de los medios en la producción y reproducción de los femicidios.

Recién entonces, diré lo que puedo aportar al respecto, tras más de treinta años de informar, investigar y reflexionar sobre el tema y compilar información sobre casi 6.000 femicidios producidos en este país:

Cuando era editora del principal diario de la Argentina recibí la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sobre el peligro de informar sobre casos de suicidios, ya que provocaban contagio: resumo así la larga instrucción que señalaba ese peligro. En aquel momento el director del diario era Roberto Guareschi y encontré en él un aliado para imponer esa orden de silencio. Me pareció adecuada. Creí ser responsable de aplicarla y controlar que se lleve adelante, no solo en ese diario: enseñé a mis estudiantes a no informar. Cuando veinte años después leí la autocrítica de la OMS, admitiendo el contundente fracaso de esa restricción, aprendí la lección: en el periodismo el silencio nunca es opción. Tampoco lo es para una víctima de violencia.
Cuando vi la tapa de un diario de México con la foto a toda página de una mujer colgada de un árbol, con la cabeza encapuchada, desnuda y con la leche maternal emanando todavía de su cuerpo destrozado comprendí aquello que escribió Sayek Valencia sobre la espectacularidad de la violencia: los medios completaban el trabajo de los sicarios. Ellos mataban a una mujer, los medios amenazaban a todo el resto. Estamos en Argentina, muy lejos de esa horrorosa maquinaria mediática de reproducción de la violencia. Estamos, además, en un oficio de periodistas profesionales, organizadas, formadas, muchas de ellas orgullosamente feministas y en gran parte, abrazadas a los movimientos sociales que las sostienen más que los medios donde trabajan en condiciones precarizadas, injustas, brutales. Ellas no lo son. Y es todo un esfuerzo no dejarse impregnar por la decadencia de la producción de noticias que hoy padecemos.
Por último, hago mía las palabras de Helen Álvarez, la periodista boliviana integrante de Mujeres Creando, cuando en una mesa de debate con la autora de la Tesis del Gran Bonete, refutó: “No pienso dedicar un minuto de mi vida a discutir cómo mejorar medios comerciales, porque puede que logres que se escriba allí sobre un femicidio tal como pretendes que está bien, pero cuando das vuelta la página te vas a encontrar con un reportaje al jugador de fútbol que hizo el gol de la semana, sin mencionar que fue acusado de violación la anterior, y en la sección Economía, la noticia del ministro anunciando recortes de los programas sociales”. Como siempre, hay que contextualizar la frase: Helen fue la editora de la sección Economía del principal diario de Bolivia y es la mamá de Andrea, víctima de femicidio. Helen sabe.
Por último, una noticia que nos da una pista sobre por dónde ir: en qué anda Sayek Valencia ahora. “Actualmente me encuentro investigando algo que denomino política post mortem, que son los agenciamientos prácticos que vienen de las personas que han sobrevivido a acontecimientos traumáticos y violentos. Es decir, son las prácticas, agenciamientos y acciones puestas en marcha por personas que han sufrido el asesinato, el femicidio o la desaparición de alguien que aman y que a partir de ese acontecimiento violento se han organizado para exigir justicia. Política post mortem sería esta forma de agenciamiento político que viene después de la masacre, después del trauma, después de la muerte de un ser querido, y que sigue luchando por esos muertos a través de las resistencias, de las búsquedas y de la dignificación del reclamo de justicia social”.

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Nota

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Publicada

hace 3 meses

28/02/2025

Según datos del Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez, hubo 26 femicidios durante febrero, contabilizando un total de 57 en los dos primeros meses del año. Estos crímenes dejan, a la vez, un saldo de 35 infancias huérfanas. Si bien existe una ley que obliga al Estado a brindarles una protección integral económica, de acompañamiento y de acceso a la salud, desde que asumió la actual gestión no se otorgó ninguna: la Ley Brisa no se cumple. Los otros indicadores de la violencia patriarcal de este 2025: 43 intentos de femicidio, 15 desaparecidas, 595 funcionarios denunciados.

El cuerpo de Carolina Ríos, 43 años, fue encontrado por una de sus diez hijas. Maite y Carolina, las mayores, le pidieron luego a la prensa que difundiera este mensaje : “Necesitamos ayuda para poder criar, vestir y mandar a nuestros hermanitos a la escuela. Hoy estamos destruidas, y hacemos todo lo posible para seguir adelante y no quebrarnos ante nuestros hermanos menores».

Tres días antes asesinaban a Ailén Oggero, de 32 años, delante de sus hijos de 11 y 4 años. El mayor fue quien avisó del crimen a los vecinos.

A Otilia Cubilla Jara, de 65 años, también la encontró asesinada su propio hijo.

Estos son solo tres de los 26 femicidios y travesticidios que ocurrieron durante febrero.

Una síntesis de la violencia que marca los dos primeros meses del año:

57 femicidios en el año, infancias huérfanas cada dos días: Informe mensual del Observatorio Lucía Pérez

Toda la información sobre cada uno de estos casos está disponible en la web del Observatorio Lucía Pérez, el primero y único autogestionado y público.

Una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por nuestra cooperativa.

www.observatorioluciaperez.org

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Arte contra la impunidad femicida

Publicada

hace 3 meses

14/02/2025

«Hoy, en el día del cumpleaños de nuestra hija, nos enteramos por los medios de una nueva injusticia. Es otra violencia institucional más que sufre nuestra familia y el tercer fallo que pretenden imponer a un mismo crimen: el femicidio. Hoy inauguramos El cuarto de Lucía, arte contra la violencia femicida. Durante mucho tiempo estuvimos preparando este momento. Queremos invitarlos a que nos acompañen. El camino de conseguir justicia es demasiado largo. Gracias por estar. Familia de Lucía Pérez».

Con ese comunicado Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, respondieron desde Mar del Plata al fallo del Tribunal de Casación Penal que, el día en el que Lucia cumpliría 25 años, dieron a conocer (sin informar a la familia ni a sus abogados) su decisión de revocar el fallo por femicidio contra Matías Farias, dejándolo solo en el marco del abuso sexual.