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Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune

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El femicidio de María Julieta Riera en Paraná llevó a una movilización hasta los tribunales de la capital entrerriana, con barbijos y en plena cuarentena, para exigir justicia por la joven de 24 años. La Justicia detuvo a su pareja, Jorge Christe, acusado de arrojarla desde un octavo piso. La autopsia reveló que antes la había golpeado. La familia exigió un “proceso claro” para llegar a un “juicio justo”, y dejar así en claro que el vínculo del sospechoso no se convierta en un “blindaje” del caso: Christe es hijo de una excamarista de la ciudad. La mamá de María Julieta afirmó: “Pedimos justicia por ella, por la familia y por todas las demás, por todas las mujeres que atraviesan esta situación, no es solo Julieta: hay muchas más”.

Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune

En la puerta de los tribunales de Paraná, el primer sábado de mayo en plena cuarentena, con barbijos y a distancia, hubo una manifestación.

“Que nos escuchen y sepan que estamos acá”, se oye decir en un video

Entonces suenan los aplausos.

Así se pidió justicia por María Julieta Riera, 24 años, que el 30 de abril fue asesinada arrojada desde un octavo piso, a diecinueve metros de altura. Mientras la manifestación gritaba desde la calle, adentro de edificio, el juez Mauricio Mayer dictaba la prisión preventiva por sesenta días en la Unidad Penal de Paraná a Jorge Julián Christe, pareja de María Julieta, luego de que el fiscal Ignacio Aramberry lo imputara por “homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género”.

Christe, de 31 años, hijo de la ex camarista de Paraná María Victoria Stagnaro, se abstuvo de declarar. Sus abogados solicitaron la prisión domiciliaria con una tobillera, a cumplir en la casa de su madre, pero el pedido fue rechazado. La noche del femicidio, Christe fue primero en su moto a lo de la ex jueza. Después, a la comisaría en el centro de la ciudad y denunció que su novia se había caído. En ese momento fue revisado por los médicos: su cuerpo tenía signos de pelea.

Aramberry presentó al juez Mayer los resultados de la autopsia que realizó el Cuerpo Médico Forense: María Julieta, entre las 2:20 y 2:50 de esa noche, sufrió maltrato físico y falleció por los golpes al caer. En la audiencia el fiscal relató: “Jorge Julián Christe le dio muerte a su pareja María Julieta Riera, con quien convivía en un vínculo caracterizado por la violencia de género, habiéndola sometido a maltrato físico, agresiones sexuales, daños a la propiedad y agresiones psicológicas. Para producir su muerte, Christe agredió físicamente a Riera y le comprimió manualmente el cuello hasta dejarla en estado de inconsciencia. Aprovechando ese estado, y sin ningún riesgo para sí, la arrojó con vida desde el balcón”.

La familia de María Julieta, que espera las pericias de celulares, computadoras y las psicológicas, exigió en diálogo con medios de comunicación que la justicia inicie “un proceso claro” y que ejecute “un juicio justo, que la pertenencia familiar del sospechoso de cometer este terrible hecho, no sea un blindaje”. En la puerta de tribunales Ana, la mamá de María Julieta, manifestó sin quitarse el barbijo: «Pedimos justicia por ella, por la familia y por todas las demás, por todas las mujeres que atraviesan esta situación, no es solo Julieta. Hay muchas más”.

Justicia por María Julieta en Paraná: una movilización de barbijos para que el femicidio no quede impune
Jorge Christe (a la derecha, barbijo blanco), pareja de María Julieta e hijo de una excamarista de la ciudad, es el principal sospechoso.

Salir a la calle

Nina Brugo, abogada, histórica referente feminista y “entrerriana hasta la médula”, como ella misma se define, expresó que “todo femicidio conmueve”, después de enterarse del asesinato de María Julieta Riera, a quien Nina llama Juli porque era la nieta de un primo hermano. Les habitantes paranaenses conocen a la perfección el edificio donde María Julieta fue asesinada, en plena calle peatonal, dice Nina que “uno de los más altos y antiguos” del centro de la ciudad.

La familia de Nina, por madre y padre, están hace varias generaciones en Paraná. La referente vive en Buenos Aires pero suele ir recurrentemente a su ciudad natal. Es la abuela de Juli, Carmen, con quien Nina habla conmovida para acompañarla al igual que lo hacen las organizaciones de su ciudad, “la familia se sintió muy acompañada por el movimiento de mujeres”, cuenta a lavaca. Y agrega que cada vez más “la sociedad en Entre Ríos sale a la calle”.

El sábado 2 de mayo, familiares, amigos y amigas de María Julieta, y organizaciones del movimiento feminista que conforman la Asamblea de mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná esperaron desde las diez de la mañana hasta las tres de la tarde que la abogada saliera a contar qué había sucedido dentro de tribunales. La prensa no pudo ingresar y la audiencia tampoco fue transmitida por YouTube como suele hacerse: la explicación oficial fue que había poco personal.

“Nos enteramos – del femicidio de María Julieta- por los medios de comunicación el viernes a la mañana. Los titulares decían que se cayó y que su novio era el que había ido a dar aviso a la policía. Esa fue la acción que más nos hizo dudar porque no entendíamos cómo es posible que una persona pueda irse del lugar en moto y no llamar al 911 por ejemplo”, dice a lavaca Nadia Burgos, de la agrupación Juntas y a la izquierda, con la que participa de la Asamblea. “Fue muy duro acompañar en una situación de extremo dolor, y no poder dar un brazo, no poder sostener desde el cuerpo. Era muchísima la familia y los amigos y amigas de Julieta, de la familia, de los hermanos, que habían ido a acompañar. Había claridad absoluta de quienes estábamos. Ni la calle ni el reclamo pudieron esperar ni un segundo. Necesitábamos estar ahí. El tapaboca no nos silencia”. Cuando la abogada de la familia Riera salió de la audiencia, se enteraron de la imputación: homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y violencia de género. “Algo muy importante que los medios también destacaron tiene que ver con que su madre es ex jueza y fue la primera persona a quien vio luego de que la tirara por el balcón”, recalcó Nadia.

En medio del aislamiento por coronavirus, cuenta Nadia que salir a la calle para protestar lo pensaron desde el cuidado. “Hay algo que desde el movimiento feminista hacemos siempre: cuidarnos entre nosotras. Sabemos las medidas que hay que tomar para no ponernos en riesgo de ningún tipo, esas medidas las evaluamos, las llevamos delante de manera colectiva. No vamos a hacer algo que nos ponga en riesgo pero tampoco vamos a quedarnos en nuestras casas calladas porque esto no se tolera más”.

El quiebre

El último 9 de marzo Nina Brugo marchó en la Ciudad de Buenos Aires junto a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Antes de subir al escenario una mujer se acercó, le dijo que era de su provincia y le entregó un brazalete negro que llevaba inscripto “Fátima”. Nina no volvió a ver a esa mujer, pero en diálogo con lavaca recuerda que por eso se sentó muy conmovida junto a Nora Cortiñas. El día anterior, 8 de marzo, habían hallado el cuerpo de Fátima Acevedo, de 25 años, también en Paraná, que sufría violencia en manos de su ex pareja, Nicolás Martínez, de 35 años, que fue imputado por «homicidio agravado por vínculo». Fátima, que tenía con él un hijo pequeño, lo había denunciado a la policía y al juzgado cuando Martínez intentó quemarla con ácido. Nadie lo detuvo, el Estado no dispuso ninguna medida tajante para ayudarla. En un mensaje de texto Fátima les dijo a sus amigas que ya no sabía qué hacer y anticipó: “Cuando termine muerta, puede ser que la Policía y el juzgado hagan algo”. Desapareció el 1 de marzo y siete días después encontraron su cuerpo en un aljibe. Paraná se movilizó pidiendo justicia con una vigilia frente a los tribunales.

Cincuenta días después del hallazgo de Fátima, con aislamiento social obligatorio en todo el país, el 27 de abril, Jonathan Eduardo Rivero asesinó con un cuchillo a Romina Roda en esa misma provincia; lo hizo delante de una de sus tres hijas. Romina, al igual que Fátima, también había denunciado a su ex y la noche anterior a ser asesinada publicó en sus redes sociales el hostigamiento que sufría. Nadie la escuchó.

El 8 de febrero, Viviana Barreto también fue asesinada a puñaladas, delante de sus hijos, por su ex pareja Maximiliano Alejandro Delgado de 31 años, en la ciudad entrerriana Villaguay. La última hermana, nieta, amiga, hija, prima, compañera que mataron en esa provincia fue María Julieta Riera, tirada por el balcón luego de una golpiza el 30 de abril en Paraná.

En lo que va del año son cuarto los femicidios cometidos en Entre Ríos.

“En la provincia cuando sucedió lo de Fátima hubo un quiebre”, cuenta Nadia Burgos. “En ese momento estuvimos toda una noche de vigilia frente a tribunales. Un día después del hallazgo, el 9 de marzo, la movilización en Paraná del Paro Internacional de Mujeres tomó otra dimensión, históricamente la más grande del movimiento de mujeres. Fue impresionante. Mucha gente que iba por primera vez”.

Así, en la ciudad, se produjo un antes y un después: “Podrá haber cuarentena pero hay algo en la gente que se modifica con esas movilizaciones masivas que no tiene vuelta atrás. Entonces ante cada femicidio ahora algo de eso que va a volver a surgir. Esa es la presión que tiene el Gobierno y la Justicia de Entre Ríos en este momento: gran parte de la sociedad está atenta”.

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7 años sin Lucía: Salvando el corazón

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Este domingo se cumplieron siete años del femicidio de Lucía Pérez en Mar de Plata, que en 2016 generó el Primer Paro Nacional de Mujeres en el país. Esta vez, la memoria viene acompañada por el gran logro que fue el nuevo juicio que condenó a los culpables que habían sido absueltos en un vergonzoso juicio anterior.

Y lo más novedoso es el anuncio de otro logro: La Casa de Lucía será una realidad, un espacio destinado a la prevención de la violencia y la promoción de los derechos de las mujeres. Marta Montero, la madre de Lucía, confirmó a lavaca.org que esperan poder inaugurarlo formalmente al acercarse el 25 de noviembre,  Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

Por Anabella Arrascaeta

Marta Montero se despertó temprano este domingo 8 de octubre y eligió calas del jardín de su casa para armar un ramo de flores y llevarlo al cementerio junto a su esposo y papá de Lucía Pérez, Guillermo. El ramo lo armó con siete calas: una por cada año desde que sucedió el femicidio de su hija que en ese momento tenía 16 años.

Es el primer aniversario de femicidio que la encuentra sin estar exigiendo un proceso judicial que condene a los responsables. El 23 de marzo de este año los jueces del Tribunal Oral Criminal 2 de Mar del Plata, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Gustavo Fissore encontraron a Matías Farías culpable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes y por resultar la muerte de la persona ofendida, en concurso ideal con femicidio”, imponiéndole cadena perpetua; y a Juan Pablo Offidani “partícipe secundario” del “abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes” imponiéndole 8 años que se elevan a 15 debido a la pena anterior de venta de drogas en las inmediaciones de la escuela en la que Lucía cursaba quinto año. 

Como familia, con el segundo juicio penal finalizado, ¿qué buscan ahora?

Yo siempre busco paz, cuando he tenido que visibilizar lo he hecho porque era lo que tenía que hacer. Este año es diferente la lucha, estuvimos en casa, tranquilos, después de mucho tiempo no estamos preparándonos para una marcha que es como era siempre. No es fácil, es muy difícil para nosotros hacer lo que hacemos y todo lo que hicimos, por eso hoy preferimos estar juntos en casa, tranquilos. 

Aún está pendiente el jury a los jueces que no juzgaron el femicidio en el primer juicio de 2018. ¿Cómo sigue ese proceso? 

Sigue adelante, con la necesidad de que termine. Ya pasaron cinco años y estamos cansados, necesitamos que se haga ese jury y sean condenados como sucede cuando cualquiera comete un delito: tiene que cumplir la sanción; si en este caso la sanción es destituirlos que así sea. El próximo paso es la audiencia de prueba y después comenzaría el juicio: hay que ponerse a trabajar y hacerlo. No tenemos fecha, es lo que estamos pidiendo porque ¿sino dónde está la justicia? Más allá de que el jury es más político que jurídico, en definitiva son jueces, son parte del sistema judicial y están en este proceso porque algo mal hicieron. 

En esta semana anunciaron también un espacio que van a inaugurar pronto: La casa de Lucía, ¿de qué se trata? 

La Casa de Lucía es un lugar soñado hace mucho, hace tiempo lo pensamos y buscamos. Y llegó: hoy lo tenemos, es un lugar que estamos reparando, es un bien que fue confiscado por el Estado y nos lo da, nosotros tenemos que ponerlo en valor en un tiempo determinado. Queremos inaugurarlo el próximo 21 de noviembre, en la semana del 25 de noviembre que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. 

7 años sin Lucía: Salvando el corazón

¿Qué va a suceder en la Casa de Lucía?

Se trabajará desde un taller con mujeres de todas las edades, donde podamos hablar y proyectar. También con personas del Poder Judicial, haciéndoles preguntas, y hablándoles de qué es lo que pasa, la importancia de las familias en las causas, que somos quienes sabemos cómo es el barrio, la escuela, qué pasaba en la casa, qué pasaba con nuestros hijos, eso solo lo sabemos nosotros, las familias. Por eso la justicia tiene que escuchar a las familias, algo que muchas veces es muy difícil. Nosotros logramos, más allá de la condena, tener justicia por Lucia, el camino de lo que hemos aprendido es por dónde queremos seguir trabajando, por eso uno de los focos va a ser el Poder Judicial. Y después se harán cosas maravillosas: talleres, encuentros, para hablar de lo que nos pasa desde lo grupal que nos ayuda tanto para adelante. Si seguimos caminando en esta vida es porque nos apoyamos en otras y otros. Con otros hemos logrado ir salvando nuestro corazón, para no quedarnos en el camino. Logramos poder caminar y en esa experiencia encontramos muchas mujeres solas, y en La Casa de Lucía van a encontrar un lugar donde nos vamos a escuchar, con la amabilidad y el amor que Lucía nos ha ido enseñando. Yo creo que va a suceder de todo. Cuando entré al lugar estaba muy sucio, dejado, abandonado, pero enseguida vi un piso de madera y me imaginé nenas bailando. Es eso lo que queremos: ver niñas bailando y disfrutando. 

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

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Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

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