La reforma laboral que impulsó el gobierno de Michel Temer destruye derechos laborales elementales: entre ellos, autoriza jornadas laborales de 12 horas y permite que las mujeres embarazadas realicen tareas insalubres. Cómo impacta la reforma en Argentina. La sustitución de producción, lo industrial, lo sojero y el rol de los sindicatos. Cómo parar la ola neoliberal, en el análisis de datos y voces de economistas.
El Senado de Brasil aprobó la ley que el Gobierno de Michel Temer impulsó para flexibilizar las leyes laborales. A pesar del rechazo del 60 al 80 por ciento de la población (según las encuestas), la Cámara alta sancionó por 50 votos a favor, 26 en contra y 1 abstención el texto que, entre otros puntos, autoriza jornadas laborales de 12 horas diarias y permite que las mujeres embarazados y en período de lactancia realicen trabajos insalubres. La sesión fue caótica: cinco senadoras encabezadas por Gleisi Hoffman y Fátima Bezerra (PT) intentaron la interrupción de la votación ocupando durante seis horas las sillas de la mesa principal, pero el presidente del Senado, Eunicio Olivera (Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil), ordenó la suspensión y mandó a apagar las luces de la sala. Desconectaron los micrófonos, suspendieron la transmisión de la televisión y la radio legislativa empezó a pasar música. Tras un cuarto intermedio, continuaron la sesión.
La ley es una de las patas del paquete de medidas de ajuste impulsadas por la administración de Temer, junto al congelamiento del gasto público por veinte años y la reforma del régimen de jubilaciones, trabada en la Cámara de Diputados por la crisis política de Brasil: el procurador general Rodrigo Janot denunció a Temer luego de la delación del empresario Joesley Batista, que grabó al Presidente brasileño avalando el pago de sobornos. La aprobación de la reforma se dio en medio del debate en Diputados de su eventual suspensión para su investigación.
Mientras, las protestas en las calles de Brasil estaban orientadas a un único eje: los cambios que introduce la reforma no sólo modifican el esquema productivo brasileño sino que significa un retroceso en los derechos de trabajadoras y trabajadores y en el andamiaje legal promulgado por el presidente Getulio Vargas en 1943 con la Consolidación de las Leyes de Trabajo (CLT). La Universidad de Campinas (Unicamp) publicó un dossier en el que se explicitan los intereses: afirma que la Confederación Nacional de la Industria (CNI) y la Confederación Nacional de Agricultura (CNA) fueron los actores que redactaron el proyecto, presentado por el diputado Rogério Marinho, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB). El profesor del Instituto de Economía de la Unicamp, José Dari Krein, sostuvo que los cambios en la legislación representan un “desmonte de los derechos históricamente adquiridos”.
Algunos de ellos

• Las convenciones y acuerdos colectivos en las empresas prevalecen sobre las normativas legales en, por ejemplo, vacaciones y duración de las pausas.
• Deja afuera de negociación colectiva el salario mínimo, el aguinaldo, la licencia por maternidad de 120 días, normas de seguridad y los aportes a un fondo de garantía que el trabajador recupera en caso de despido.
• Dificulta el acceso a la Justicia del Trabajo.
• Cancela la obligatoriedad de los aportes de los trabajadores a los sindicatos: pasaría a ser opcional.

“Tenemos 14 millones de desocupados y quieren precarizar las relaciones laborales para someter a los empleados, en particular a las mujeres, este proyecto obliga a que las embarazadas trabajen en lugar en insalubres, le quita los derechos conquistados por las empleadas domésticas en 2014”, denunció Hoffmann.

Socios y dependientes

“Brasil es el socio número uno de la Argentina”, dice Julio Gambina, economista y director del Instituto de Estudios y Formación de la CTA (IEF-CTA), que sintetiza la relación comercial construida entre ambos países durante la última década: las exportaciones argentinas a Brasil aumentaron de 4666 millones de dólares en 2003 a más de 17 mil millones en 2011. “Es el destino principal de la producción industrial argentina”, afirma Claudio Lozano, economista y coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP). “Ese es el punto por el que afecta su cuadro recesivo: el capital brasileño es el que más ha ingresado durante el último tiempo en la economía argentina. Su grado de relevancia es importante”.
La dependencia también se calcula a través dela crisis. Desde que Brasil entró en recesión el volumen de comercio se contrajo un 41 por ciento entre 2011 y 2015, mientras que las ventas argentinas externas de manufacturas de origen industrial retrocedieron 21 por ciento en 2015: Brasil concentraba el 40 por ciento de estos productos. Si bien muchas empresas se fueron, 250 compañías brasileñas tienen sucursales argentinas. En noviembre, la agencia Télam publicó que unas 120 empresas llegaban al país en búsqueda de negocios luego de las desregulaciones propulsadas desde la llegada de Cambiemos a la presidencia.
¿Cómo impacta la reforma laboral en la economía argentina?
“La disminución del costo laboral en Brasil va a mejorar la competitividad de la producción brasilera en el mundo”, dice Gambina. “Mirado desde Argentina, hay que entender que Brasil y China son los dos principales socios comerciales: el país les vende y les compra mucho. Si Brasil mejora la competitividad quiere decir que mucha de la producción industrial brasileña, entre ellas los automotores, va a estar en mejores condiciones de ser colocados aquí. No es un dato menor: Argentina tiene déficit comercial con Brasil y, especialmente, déficit comercial automotriz. Esto quiere decir que son más los autos que se arman en Brasil y se venden en Argentina que los que se arman aquí y se venden allá. Eso va a generar una sustitución de producción: en vez de estimular el armado de automotores en Argentina, se va a priorizar la colocación de los productos brasileños en nuestro mercado. Eso puede disparar cesantías o despidos como los que se estuvieron produciendo en General Motors o Renault”.
Esa contracción se extiende a la industrial textil, del calzado y de la alimentación. También en el sector agroindustrial y la producción de soja. “Brasil tiene una fuerte penetración, tanto en Paraguay como en Argentina, en la zona de la triple frontera. También allí está la industria de la madera, del tabaco, la yerba mate y el té. Hay que pensar que el sector agrario y agrario industrial es el más competitivo del capitalismo argentino: Brasil puede generar condiciones para capitales externos. No sólo puede desplazar la producción local argentina en el mercado argentino sino generar condiciones para la inversión de capitales en nuestro territorio. Argentina puede seguir profundizando su déficit comercial, su estancamiento y su recesión, con un impacto social en el desempleo y en el deterioro de la capacidad de consumo, dependiente de los ingresos fijos. La reforma brasilera impulsa y empuja reformas similares en toda la región, por lo que es mirada muy de cerca: los grandes capitales internacionales están buscando oportunidades de inversión y presionan al Gobierno para que siga este camino”.

La falacia

Lozano subraya que la crisis en Brasil está lejos de resolverse y esa profundización lo debilita como mercado para las exportaciones argentinas. Un vector delicado es que esas exportaciones son las que tienen el mayor valor agregado industrial. “Eso tiene un impacto severo en el sector industrial que es el que más amenazado está en Argentina, no sólo por la situación de Brasil sino también por la situación concreta de presión del mercado interno, la apertura de importaciones y la suba de los precios de los alimentos y servicios”.
El economista subraya que lo está en curso en Brasil es “una estrategia de reforma neoliberal profunda”  que incluye la reforma laboral. “En tanto tiende a reducir costos laborales, en el marco de la globalización impacta en la Argentina poniendo el objetivo de reducción de costos aquí en una medida muchísimo mayor. Eso ya está en marcha. La propia experiencia de Macri tiene como norte principal rebajar los costos laborales: devaluación, paritarias con techo, revisar los convenios, modificar el sistema ART y el previsional. Toda su política económica desde que asumió tiene por objeto esa responsabilidad y es para ellos la causa central del problema inflacionario y la falta de competitividad en el país. Eso es una falacia”.
Lozano explica por qué:

• “Tenemos 30 por ciento de pobres”.
• “Ingresos promedios de 10 mil pesos, pero el 60 por ciento gana menos que eso”.
• “La canasta familiar está en torno a los 25 mil pesos”.
• “El 60 por ciento de los hogares no llega a fin de mes”.

Y agrega: “Caminan en dirección a un proceso flexibilizador extremo, ayudados por el hecho objetivo que casi el 40 por ciento de mano de obra argentina se encuentra en situación de no registro. Obviamente, lo ocurrido en Brasil profundiza aún más la presión sobre la situación salarial de la Argentina. Impacta de forma negativa en todo el cuadro industrial”.
Un ejemplo es el complejo automotriz: las mismas firmas operan tanto en Brasil como en Argentina. “Uno de los efectos de este proceso es que coloca a Brasil con un nivel de costo laboral menor y, por eso, hace más dura la estrategia de costos laborales en Argentina. Ese es el punto que hay que observar”. Lozano advierte que, en ese sentido, Brasil sufrió un desplazamiento en el sector industrial por China: “Brasil vivió un proceso de reprimarización en la búsqueda de competencia por vía de la reducción laboral que lo lleva a una carrera sin destino, porque China tiene mayor capacidad de tener mano de obra más barata. Es un camino complicado, pero aún más si Argentina pretende seguir el mismo rubro, como parte de la estrategia Macri, porque dejaría al país sin ninguna perspectiva industrial”.

Sindicatos no more

Para Gambina, el alto costo de la fuerza de trabajo también es la explicación oficial para argumentar el porqué de la ausencia de inversiones extranjeras. “Por eso, un fin estratégico es cambiar las convenciones colectivas de trabajo. Desde la Ley de Contrato de Trabajo en 1974 se desplegaron un conjunto de convenios que aún están vigentes. El diagnóstico del Gobierno es que esos convenios son antiguos, del siglo pasado, que la sociedad contemporánea cambió mucho y que el capitalismo del siglo XXI cambió tanto que requiere flexibilizarlos”.
Un buen ejemplo fueron los 600 despidos en Pepsico. “Despide a trabajadores que tienen 20 o 25 años de antigüedad laboral, de experiencia sindical, que han organizado reclamos históricos y, por lo tanto, genera un proceso de confrontación con la patronal. Pepsico dice que quiere abandonar sus inversiones en la radicación actual, radicarse en Mar del Plata y contratar nuevos trabajadores, de 20 años, sin experiencia ni tradición histórica de lucha”.
-El caso de Pepsico y de las decenas de empresas que cerraron y dejaron trabajadores en la calle (Atucha, Puma, Lanxess, Bangho, Atanor, por citar algunas) se conjuga con las intervenciones a sindicatos (Canillitas), el quite de personería gremial (Metrodelegados) y los dichos del Presidente Macri que llama “mafias” a la Justicia laboral.  ¿Puede decirse que el reordenamiento que establece la reforma se ve en discursos y en hechos aquí?
-Lo que está pasando en Brasil y, en lo subjetivo, desde el Gobierno de Macri está asociado a quitar derechos de trabajadores. Y eso supone una reorganización del movimiento sindical argentino. Por eso durante los últimos meses se han desarrollado episodios de intervenciones normalizadores que no ocurrían desde tiempos de la dictadura. No es pequeño el detalle de recuperar esa cuestión: en esta lógica de eliminar derechos junto a una nueva legislación previsional, se requiere un sindicalismo débil. Ni siquiera alcanza con uno negociador: el mejor sindicato es el que no existe. Aquí hay una intencionalidad de cambiar la legislación, de generar un clima ideológico y político contra las organizaciones sindicales. Esto tiene que ver, además, con que en los últimos años las patronales y los Estados nacionales están fogoneando en la OIT la eliminación del derecho a huelga. El planteo se argumenta en que en rigor, la OIT nunca legisló el derecho a huelga como derecho de los trabajadores. Que no existe. Está costando a nivel mundial, pero en el país que puedan lo van a hacer.