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Operativo campaña: desalojo y represión en PepsiCo

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Cientos de efectivos de Gendarmería y policía Bonaerense reprimieron hoy a los trabajadores que ocupaban la fábrica de PepsiCo en Vicente López, luego de que la multinacional despidiera a 600 familias con un cartel pegado en la puerta. Gases, balas de goma y detenciones fueron parte de un operativo impulsado por el fiscal Gastón Larramendi y avalado por la jueza Andrea Rodríguez Mentasty, esposa de un diputado de Cambiemos. Las justificaciones del fiscal, del ministro de seguridad provincial Ritondo y el aval de Vidal. Los nombres que unen a PepsiCo con el Grupo Clarín. Y las voces de los trabajadores que se quedaron afuera y quieren trabajo.
En Gervasio de Posadas y General San Martín, localidad de Florida, la cantidad de fuerzas de seguridad parece insuperable.
Patricia es una de las trabajadoras que desde el 26 de junio permanecían en la empresa en resguardo de las maquinarias y las fuentes de trabajo de otras 599 familias, luego que una de las mayores corporaciones mundiales de alimentos del mundo anunciara mediante un cartel en la puerta el cierre de la planta: “Nunca en mis 42 años viví algo así”.
Desde entonces hicieron marchas, conferencias y concentraciones para visibilizar los despidos masivos, y tomaron la planta para resguardar las fuentes de trabajo y las maquinas.
Hasta que este jueves 13 el fiscal Gastón Larramendi solicitó a la jueza Andrea Rodríguez Mentasty el desalojo.
Las obreras y los obreros, junto a organizaciones solidarias y legisladores, se congregaron en esa esquina para evitar que la policía avanzara hacia el portón de la fábrica. La cantidad de fuerzas, entre Infantería y Gendarmería, los sobrepasó. “Empezaron a doblar la esquina de una forma muy brutal. Cuando tiraron balas de goma y gases, empezamos a correr. Yo corrí una cuadra y media, con toda la infantería y policía detrás. Seguimos y seguimos, hasta que nos pasaron. Fue terrible la sensación”.
-¿Qué sensación?
-De que ellos tienen el poder y nosotros no. Eso transmitían. Fue muy feo.

El día de los eufemismos

La imagen que describen los trabajadores es siempre la misma: la policía los pasó por arriba. La represión comenzó a las 8 de la mañana, horario en el que muchos niños y niñas del barrio llegaban al colegio: un jardín y un colegio fueron evacuados. “Lo que hicieron fue brutal”, dice Catalina Balaguer, 20 años en la fábrica, dos hijas, dos nietas. “Toda la noche estuvimos tratando que tanto la gobernadora Vidal como el presidente Macri intercedieran para parar esta locura: ¡somos trabajadores! Durante un mes demostramos que PepsiCo era el ilegal y no nosotros por defender nuestros puestos de trabajo. Parece que los trabajadores estamos designados a recibir palos. Estuvimos al borde de tener un muerto: se llevaron a una persona desmayada”.
La abogada de CORREPI, María del Carmen Verdú, informó que la policía detuvo a cinco personas y las trasladó a la Comisaría 1° de San Fernando: “El fiscal Larramendi dijo que no estaban presos, sino demorados: es el día de los eufemismos. Le manifestamos que si están en una comisaría y no pueden salir, están presos. Ante la presión, dio la orden de liberarlos”.
La policía ya había entrado a la fábrica y militarizado la zona. Los accesos alrededor de la empresa colapsaban. Al momento del ingreso policial, adentro había otro grupo de obreras y obreros, que subieron al techo. Una de ellas fue Mónica Ortiz, con más de 8 años trabajando en Pepsico. Dice a lavaca: “La bronca es muchísima. También mucha impunidad. Da mucha impotencia ver cómo la empresa se maneja con el apoyo de la gobernadora Vidal, del gobierno de Macri y del sindicato a través de Rodolfo Daer. Tenemos del lado de enfrente a todas estas personas y, de este, a 600 familias”.
La referencia a Daer no es casual. Tres días después de que la empresa anunciara mediante un cartel el cierre, realizaron un plenario en el Sindicato de la Alimentación, con la presencia del secretario general Daer (cabeza de la CGT durante el menemismo, hermano del actual triunviro Héctor Daer). La propuesta de los trabajadores: el llamamiento a un paro y la contribución al fondo de lucha del 2 por ciento de aporte solidario que el gremio descuenta todos los meses.
Balaguer: “Daer se negó a todo”. El sentimiento del sector obrero quedó expresado en una pintada en la puerta de la empresa, esa misma que la policía tiró de forma brutal y registró todas las cámaras de TV.
Dice: “Daer traidor”.

Operativo campaña: desalojo y represión en PepsiCo

Foto tomada por Nacho Yuchark para la MU 113, antes del desalojo.

Operativo campaña

Mónica Ortiz cuenta que desde un primer momento exigieron la presencia del jefe del operativo: “La situación era muy tensa. Había compañeros que amenazaban con tirarse desde el techo si se acercaba la policía”.
-¿Qué les decían?
-Todo el tiempo nos amenazaban. Nos decían que nos iban a pegar, que nos iban a hacer mierda. Así, con esas palabras, a los gritos y armados hasta los dientes.
Otro de los trabajadores que estaba dentro de la planta es el delegado Luis Medina: “La policía rompió adrede un caño de gas. Tuvimos que ponernos máscaras: nos empezamos a ahogar”. ¿Qué decían? “Nos querían pegar, nos insultaban, nos querían dar. Nos paramos en la cornisa, pero ya desde abajo nos llegaban los gases lacrimógenos”.
Los obreros negociaron que subieran diputados y diputadas para garantizar que no los golpearan. Camilo Mones, delegado: “La policía rompió todo: computadoras, vidrios. Incluso entraron en zonas donde no teníamos acceso y escuchábamos cómo estaban destrozando nuestras cosas”. Días atrás habían permitido el ingreso de canales de televisión para documentar que las máquinas estaban intactas. A lo largo de todo el conflicto, siempre sostuvieron: “La empresa está para producir”.

Efecto snack

En medio de la represión y el desalojo, PepsiCo emitió un comunicado: reitera que nunca consideró reabrir la planta de Vicente López y que tomó la “difícil decisión” de cerrarla y relocalizar la producción en Mar del Plata alegando una “imposibilidad de ampliación ni modernización”, una “alta estructura de costos” y “dificultades logísticas de acceso y traslados”.
La multinacional ya cuenta con una planta en el Parque Industrial de Mar del Plata que, según el portal 0223, recibió en los últimos años inversiones de más de 50 millones de dólares. En febrero, se anunció que Pepsico invirtió 2 millones de pesos para comprar allí un predio de 3750 metros cuadrados. Según la empresa, se destinará a la construcción de un “centro recreativo y productivo”. Por ese motivo, los trabajadores afirman que nunca hubo crisis. La empresa, en tanto, ofrece indemnizaciones al 200%. Los trabajadores responden: “Queremos trabajo”.
Silvina Pérez, 8 años en la empresa, estaba en la carpa cuando empezó la represión: “Hace ocho años la empresa nos viene diciendo que gana premios del mejor lugar para trabajar, y de un día para el otro nos pone un cartel que cierra la planta. El día anterior presentó un preventivo de crisis, trucho, pero fue aprobado por el Ministerio de Trabajo. Yo hoy no quiero indemnización. Es plata para hoy pero hambre para mañana. Quiero mi trabajo”.

Dime quién eres

El diario Tiempo Argentino reveló que la jueza que ordenó el desalojo, Andrea Rodríguez Mentasty, es la esposa del diputado provincial por Cambiemos Walter Caruso. Según el artículo, fue designada mediante un trámite express: Caruso es miembro del Consejo de la Magistratura. La designación también fue promovida por el intendente de San Isidro, Gustavo Posse (Cambiemos). El gobierno, a través del ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo, justificó la represión: “La policía actuó como tiene que actuar”. Afirmó que la gobernadora María Eugenia Vidal estuvo al tanto del operativo y dijo que la policía sólo cumplió una orden judicial. “Tratamos de hacerlo pacíficamente, lo hicimos de hecho”, sostuvo Ritondo, mientras calificaba de “violentos” a las trabajadoras y trabajadores: “Recibieron a los efectivos de seguridad con agresiones”.
El fiscal Larramendi también habló. En una entrevista con C5N aseguró que pidió el desalojo por invasión a la propiedad privada y por el riesgo ambiental que implicaba “la existencia de tanques de combustible, de aceite y alimentos”. En un reportaje con radio El Mundo, agregó: “De ninguna manera cuestionamos el reclamo gremial, es algo totalmente lícito pero, como todo, todos los derechos no son absolutos y donde termina un derecho empieza el otro. El derecho de reclamar, de huelga, no puede avasallar a todos los demás”. No dijo nada sobre 600 familias que se quedaron en la calle.
Otro nombre ligado al conflicto es el de Marcelo Bombau, presidente de Torneos y Competencias en 2009 (Grupo Clarín) y actual gerente de PepsiCo. Su apellido también ganó fama en medio del escándalo de los Panama Papers, ya que es socio del estudio jurídico M&M Bomchill, responsable de armado de empresas offshore. Clarín no habló de represión, sino de “incidentes”, y el choque entre realidad y TV ficción se produjo entre dos vecinas de Vicente López que hablaron con lavaca.
-Yo estoy desde las 3 de la mañana –dice una de ellas-. A esa hora se empezó a armar el operativo. Escuchá mi voz: tengo tomada toda la garganta por los gases que tiraban.
-Yo vivo acá, pero lo vi por tele– dice la otra.
-No tengo voz: tiraban balas de goma y gas pimienta a la cara de la gente.
-Pero desde los techos de la fábrica también tiraban cosas.
-Le pegaban a trabajadores: a hombres, a mujeres, a todo lo que se moviera.
-Pero decían que provocaron.
-¡Yo estaba ahí! Ellos solo estaban defendiendo su trabajo.

Cómo sigue

Las trabajadoras y los trabajadores fueron a la marcha de las Madres de Plaza de Mayo para manifestarse contra los despidos y la represión. El viernes realizarán una conferencia de prensa en Congreso para denunciar el ataque policial. El sábado, junto a organizaciones sociales y sindicales, evaluarán una jornada nacional de lucha para el martes de la semana que viene.
Patricia Mora, que nunca se imaginó vivir un día así, explica: “Trato de ser ejemplo de mis hijas. Yo peleé por mi trabajo. No le di la mano a una empresa multimillonaria para que nos dejen en la calle. Si yo no peleo por ellas, ¿qué es lo que le espera a la juventud mientras a nosotros nos tratan así? Por eso yo peleo por el futuro”.

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Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

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Hoy se cumplen 23 años de los asesinatos de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki que estaban movilizándose en Puente Pueyrredón, en el municipio bonaerense de Avellaneda. No eran terroristas, sino militantes sociales y barriales que reclamaban una mejor calidad de vida para los barrios arrasados por la decadencia neoliberal que estalló en 2001 en Argentina.

Aquel gobierno, con Eduardo Duhalde en la presidencia y Felipe Solá en la gobernación de la provincia de Buenos Aires, operó a través de los medios planteando que esas muertes habían sido consecuencia de un enfrentamiento entre grupos de manifestantes (en aquel momento «piqueteros»), como suele intentar hacerlo hoy el gobierno en casos de represión de sectores sociales agredidos por las medidas económicas. Con el diario Clarín a la cabeza, los medios mintieron y distorsionaron la información. Tenía las imágenes de lo ocurrido, obtenidas por sus propios fotógrafos, pero el título de Clarín fue: “La crisis causó 2 nuevas muertes”, como si los crímenes hubieran sido responsabilidad de una entidad etérea e inasible: la crisis.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Darío Santillán.

Darío y Maxi: el presente del pasado (video)

Maximiliano Kosteki

Del mismo modo suelen mentir los medios hoy.

El trabajo de los fotorreporteros fue crucial en 2002 para desenmascarar esa mentira, como también ocurre por nuestros días. Por aquel crimen fueron condenados el comisario de la bonaerense Alfredo Franchiotti y el cabo Alejandro Acosta, quien hoy goza de libertad condicional.

Siguen faltando los responsables políticos.

Toda semejanza con personajes y situaciones actuales queda a cargo del público.   

Compartimos el documental La crisis causó 2 nuevas muertes, de Patricio Escobar y Damián Finvarb, de Artó Cine, que puede verse como una película de suspenso (que lo es) y resulta el mejor trabajo periodístico sobre el caso, tanto por su calidad como por el cúmulo de historias y situaciones que desnudan las metodologías represivas y mediáticas frente a los reclamos sociales.

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83 días después, Pablo Grillo salió de terapia intensiva

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Pablo Grillo
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83 días.

Pasaron 83 días desde que a Pablo Grillo le dispararon a matar un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza que lo dejó peleando por su vida.

83 días desde que el fotógrafo de 35 años se tomó el ferrocarril Roca, de su Remedios de Escalada a Constitución, para cubrir la marcha de jubilados del 12 de marzo.

83 días desde que entró a la guardia del Hospital Ramos Mejía, con un pronóstico durísimo: muerte cerebral y de zafar la primera operación de urgencia la noche del disparo, un desenlace en estado vegetativo.

83 días y seis intervenciones quirúrgicas.

83 días de fuerza, de lucha, de garra y de muchísimo amor, en su barrio y en todo el mundo. 

83 días hasta hoy. 

Son las 10 y 10 de la mañana, 83 días después, y ahí está Pablito, vivito y sonriendo, arriba de una camilla, vivito y peleándola, saliendo de terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía para iniciar su recuperación en el Hospital de Rehabilitación Manuel Rocca, en el barrio porteño de Monte Castro. 

Ahí está Pablo, con un gorro de lana de Independiente, escuchando como su gente lo vitorea y le canta: “Que vuelva Pablo al barrio, que vuelva Pablo al barrio, para seguir luchando, para seguir luchando”. 

Su papá, Fabián, le acaricia la mejilla izquierda. Lo mima. Pablo sonríe, de punta a punta, muestra todos los dientes antes de que lo suban a la ambulancia. Cuando cierran la puerta de atrás su gente, emocionada, le sigue cantando, saltan, golpean la puerta para que sepa que no está solo (ya lo sabe) y que no lo estará (también lo sabe).

Su familia y sus amigos rebalsan de emoción. Se abrazan, lloran, cantan. Emi, su hermano, respira, con los ojos empapados. Dice: “Por fin llegó el día, ya está”, aunque sepa que falta un largo camino, sabe que lo peor ya pasó, y que lo peor no sucedió pese a haber estado tan (tan) cerca. 

El subdirector del Ramos Mejía Juan Pablo Rossini confirma lo que ya sabíamos quienes estuvimos aquella noche del 12 de marzo en la puerta del hospital: “La gravedad fue mucho más allá de lo que decían los medios. Pablo estuvo cerca de la muerte”. Su viejo ya lloró demasiado estos casi tres meses y ahora le deja espacio a la tranquilidad. Y a la alegría: “Es increíble. Es un renacer, parimos de nuevo”. 

La China, una amiga del barrio y de toda la vida, recoge el pasacalle que estuvo durante más de dos meses colgado en las rejas del Ramos Mejía exigiendo «Justicia por Pablo Grillo». Cuenta, con una tenacidad que le desborda: «Me lo llevo para colgarlo en el Rocca. No vamos a dejar de pedir justicia».

La ambulancia arranca y Pablo allá va, para continuar su rehabilitación después del cartucho de gas lanzado por la Gendarmería. 

Pablo está vivo y hoy salió de terapia intensiva, 83 días después.

Esta es parte de la vida que no pudieron matar:

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