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La Cancillería, la UTT y los chanchos para China
A través de funcionarios de Cancillería, el gobierno confirmó a integrantes de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) que el acuerdo con China para la criar y exportar masivamente ganado porcino a dicho país no tendrá marcha atrás. Pero abrió la posibilidad de discutir la implementación del cuestionado proyecto con organizaciones sociales, ambientales y con otros ministerios como el de Agricultura y Medio Ambiente. Participaron en la imprevista reunión Rosalía Pellegrini y Agustín Suárez, de la coordinación nacional de la UTT y, por Cancillería, el jefe de gabinete Guillermo Chávez y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme. En la conversación quedaron expuestos diferentes paradigmas e intereses para pensar la producción y el trabajo. La continuidad, o no, entre la gestión macrista y la actual. Para la UTT el saldo es positivo, porque se sacará a luz un tipo de debate que hasta ahora se resolvía de espaldas a la comunidad. El dilema entre el vaso medio lleno o medio vacío.
En la calle Esmeralda al 1200 hay un spa, una regalería, un local que anuncia “uñas esculpidas”- “peinados para fiestas” – “sol pleno” (antes llamados “peluquerías”), un almacén de fiambres, quesos, aceites y vinos, una veterinaria y una Cancillería. Una diferencia entre los distintos negocios de la cuadra es la escala: la cantidad de gente a la que pueden afectar según lo que hagan o dejen de hacer.
A esa geografía se estaban sumando este viernes, casi al mediodía, 10 cajones de verduras agroecológicas y una olla popular acercados por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) frente a la puerta de la Cancillería (Esmeralda 1212). La acción del gremio campesino, célebre por sus verdurazos, buscaba cuestionar el acuerdo entre Argentina y China para la cría masiva de cerdos que abastezcan parte del mercado de dicho país.
Desde Cancillería, diplomáticamente, les pidieron que al menos no instalaran la olla y los convocaron a una imprevista reunión con Guillermo Chávez, jefe de gabinete del canciller Felipe Solá y Jorge Neme, secretario de Relaciones Económicas Internacionales. Subieron a esa charla Rosalía Pellegrini y Agustín Suárez, de la coordinación nacional de la UTT, y Sergio Val de la fundación Che Pibe, de la CTA Autónoma.
Quedaron en la vereda los tentadores cajones mientras la reunión se extendía durante una hora, y los vecinos de esa zona afrancesada de Retiro consultaban a las mujeres de la UTT –todas con sus barbijos y las distancias pandémicas correspondientes– si podían comprarles calabazas, zanahorias, tomates o kale. “Si nos ponemos, las vendemos todas” comentaba una de las agricultoras, “pero estaba definido algo mejor: mandarlas a comedores comunitarios”.
En los contendedores de la zona se veían afiches: “Argentina matadero del mundo. No al acuerdo con China. Liberación Animal”. Un hombre se acercó en plan charla, saludando cada tanto a vecinos que pasaban en Mercedes o Audi. Postuló que el Covid-19 no existe, que el barbijo es inútil, y que el veganismo es una maniobra china para que la gente deje de comer carne, y quede toda para ellos.
A un costado, la olla estaba en modo espera.
“El monocultivo es bueno”
Tras la reunión hubo una charla informativa con quienes acompañaron la acción.
Agustín Suárez: “Nos plantearon dos posturas. La primera fue muy técnica. Están convencidos de que el acuerdo con China es positivo. Se va a hacer, va a traer dólares, puestos de trabajo y felicidad para todos” ironizó sobre lo que le plantearon. “Desde lo político, entienden la propuesta que les acercamos: tiene que haber un diálogo con el resto de la sociedad para discutir si realmente va a ser o no positivo. Ahí está el conflicto. Parte de la sociedad tiene memoria sobre lo que significa la soja transgénica, lo que representó como saqueo, contaminación, vaciamiento de los campos, hambre. Y no nos convence tanto”.
El argumento se apoya en que una cría masiva de cerdos significará otro envión para la producción transgénicos como soja y maíz con que les dan de comer.
Rosalía Pellegrini: “Nuestra propuesta es que haya una mesa de diálogo. Que intervengan el ministerio de Agricultura, el de Ambiente y Cancillería, pero también entidades de las que llamamos ‘el otro campo’, organizaciones que participan en el Foro Agrario, organizaciones ambientalistas e incluso académicas. Gran parte de lo que veníamos buscando tenía que ver con eso: con poder debatir”.
Rosalía percibió las contradicciones de la situación: “Obviamente hay contradicciones. Hablan con una concepción popular, como gobierno de Alberto, pero parece que para ellos la justicia social y la protección ambiental son contradictorias. Llegar a la justicia social y un nivel de vida aceptable para el pueblo es contradictorio con pensar propuestas alternativas, por ejemplo agroecológicas”.
Agustín recordó que al hablar de justicia social, sus interlocutores les respondieron mencionando “inclusión” social.
“Y cuando nos íbamos seguían insistiendo en que el modelo sojero y de monocultivo fue bueno. ‘Revisen eso’, nos decían, y lo único que cuestionaban es que no estuvo correctamente controlado”. Cabe señalar que el señor Neme fue Coordinador Ejecutivo del ministerio de Agricultura de la Nación durante 14 años y 1 mes, entre enero de 2002 y enero de 2016, años del boom sojero que ahora describe como no “suficientemente controlado” durante su propia gestión. “Pero ahí está la diferencia entre quien piensa un modelo de monocultivo frente al modelo diverso y agroecológico que planteamos nosotros”. El modelo de monocultivo que se vende como moderno, en realidad implica un atraso que pone al país en una etapa productiva de venta de materias primas, pre-“granero del mundo”.
Dólares & virus porcinos
Otro planteo de los funcionarios fue el de la necesidad de dólares. Sergio Val: “¿Pero dólares para qué? Entraron dólares durante años por la soja, pero el país está totalmente endeudado, hay más pobreza y más hambre”.
Rosalía: “Y con este tema de China está la misma situación. Si los actores van a ser un puñado de empresas que especulan con el mercado internacional y mandan los ingresos afuera, ¿de qué sirve que entren un montón de dólares si no hay soberanía alimentaria, posibilidad de acceso a la tierra, y políticas públicas concretas?”
“De todos modos es un desafío desde las organizaciones pensar cómo traer dólares a la Argentina, desde otro esquema productivo” propone Rosalía haciéndose cargo de lo que la clase política y económica no ha sido capaz de resolver.
El proyecto del Estado chino, a través de la Asociación para la Promoción y el Desarrollo Industrial de dicho país, consiste (supuestamente, porque en estos casos suele haber una brecha entre los números y la realidad) 27.000 millones de dólares en ocho años para la instalación de criaderos porcinos, que permitirían exportaciones a la propia China por 20.000 millones de dólares anuales (supuestamente).
O sea: es un traslado de sus criaderos a zonas lejanas, entusiasmo motorizado por la gripe porcina de 2018 que mató a más de 200 millones de cerdos, todo lo cual permite intuir que la culpa de los murciélagos en la actual pandemia es una leyenda frente a otros sistemas de relación enfermiza con los animales que generan las zoonosis. Los posibles efectos ambientales y sanitarios de este negocio son parte del rechazo que se manifestó en estos días.
Para la Argentina, el proyecto representa (supuestamente) duplicar la producción actual. Y desde el punto de vista de la agricultura implica un relanzamiento –para alimentar a estos animales- de la producción transgénica basada en agrotóxicos, cuyos efectos cancerígenos han sido señalados por la OMS y por la justicia norteamericana en las causas contra Monsanto por el uso del glifosato Roundup.
Solá y la antinaturaleza
Agustín Suárez: “Nos dijeron que van a instalar en principio cinco megafábricas de producción porcina en el norte argentino, de 12.000 madres cada una, con la idea de llegar en cinco años a 300.000 madres. No especificaron en qué provincias. Les dijimos lo que pensamos, que eso no va a funcionar, que va a traer problemas para la economía, para la salud, para la producción, la contaminación, pero ellos se cierran en que el proyecto es positivo. Creen que el desarrollo del país viene de la mano de la profundización del modelo agropecuario que ya tenemos. Nosotros decimos que tenemos casi 30 años de soja, y el discurso era el mismo: todo positivo. Y no fue así. ¿Quién abrió la puerta?”.
Rosalía responde: “Felipe Solá, el mismo que cuando negociaron con el sector del agronegocio dijo que la soja venía a solucionar el hambre de la Argentina. Hoy se ve más que nunca que no fue así. Aprobó el uso de transgénicos (en 1996, como secretario de Agricultura de Carlos Menem, en base a un informe de la propia Monsanto que ni siquiera había sido traducido al castellano). Y no hubo ninguna solución sino ganancias para un sector cada vez menor, mayor concentración de tierras y todo lo que ya conocemos como efectos en la salud”.
Plantea Rosalía que además ya es evidente que hay otros modos de producción: “Yo pensaba lo del ingreso de divisas, como algo que puede ser diversificado. En el Foro Agrario hemos presentado propuestas en ese sentido. Y además hay esquemas de producción extensiva de granos que son sustentables, experiencias reales como la RENAMA (Red de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología), que no dejan de crecer, y que tendrían que ser apoyados”.
Encadena Rosalía otra idea: “Estamos en el marco de una pandemia, una epidemia global, causada muy probablemente por la devastación de los ecosistemas. No es alteración, es destrucción: desmonte, monocultivo, contaminación. Y ahora quieren incorporar sistemas que implican hacinamiento de animales, que implican la antinaturaleza. Animales que hay que rellenar de vacunas y antibióticos para que no se mueran, y que después nos dan de comer. Yo creo que la pandemia es una oportunidad para pensar otros modos de desarrollo y de vida”
Lo que huele Zulma
Rosalía: “Celebramos la ida del macrismo, y saludamos la llegada de este gobierno, perro claramente es nuestra responsabilidad como movimiento social decir cómo son las cosas. Dudamos mucho de este proyecto, y tenemos todo el derecho a dudar”.
Agustín:”Por eso planeamos que tiene que existir consenso social, y hablamos de abrir el diálogo. Entre esta gestión y la anterior, en lo técnico, no hay diferencias. No las hubo en estos últimos 30 años. Por eso es importante la actitud policía que se tome”.
En estos casos puede pensarse el diálogo como una oportunidad (el vaso medio lleno) o, por el contrario, como una forma oficial de evaporar las aguas y dejar el vaso medio vacío, para seguir con lo suyo sin ruidos en la calle.
Rosalía: “Para mi es positivo lo que pasó. Estamos logrando sacar a la luz un debate de política económica y agropecuaria dura, que venía gestándose a espaldas del pueblo. Es muy bueno poder sentar a las organizaciones campesinas, y a los ministerios para que pongan la cara y paguen el costo político de lo que hagan o dejen de hacer. Y a las organizaciones ambientalistas. Es un paso positivo. Una primera victoria”.
Los cajones de verduras se cargaron rumbo a comedores comunitarios. La olla fue llevada a Plaza San Martín, donde comenzaron a acercarse personas que viven en la calle, en este invierno, en esta pandemia. Un guiso maravilloso funcionó como un gesto de convivencia. Rosalía: “Con las verduras y la amenaza de olla, logramos la reunión. Es apenas el comienzo, no es que mañana se vaya a lograr la reforma agraria. Pero hay que insistir e insistir para que se discuta, que la gente se informe y crezca la conciencia”.
Zulma Molloja, joven y aguerrida boliviana productora también de la UTT tiene una percepción: “Me huele mal el proyecto, porque todo lo hicieron a escondidas. Quieren más transgénicos, y ese es un modelo de muerte. Muerte para nosotras, para nuestros hijos. Como productores queremos ser parte de esto, pero llevándolo de otro modo. En lugar de transgénicos, cosas sanas. En lugar de animales enfermos, animales saludables. Eso queremos: cambiar el modelo”.
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El gobierno en una foto: los dueños de la Argentina
La foto y las sonrisas podrían ser un emblema de la época. Ocurrieron el 17 de diciembre de 2024 en el hotel Palacio Duhau-Park Hyatt. (Por Sergio Ciancaglini)
De creerse en los trascendidos a la opinión pública, el ministro Luis Caputo, alias Toto, dio cuenta en ese almuerzo de un pollo al horno con puré. Es un plato difundido en estas curiosas tierras, que tal vez Caputo no encontró en fugas anteriores, desparramado en playas cariocas tras “fumarse” 15.000 millones de dólares de reservas “irresponsable e ineficientemente”, según lo denunciaba el entonces panelista televisivo Javier Milei.
En la foto se ve al actual ministro de Economía junto una serie de personas que en cualquier otro ámbito podrían ser confundidas con jubilados salvo por los trajes, las cuentas bancarias y las prótesis: Luis Pagani de Arcor (primer productor mundial de caramelos y otros productos que no aplican como alimentos); Héctor Magneto de Clarín (que definió a la presidencia de la Nación como “cargo menor”, aunque luego lo desmintió sin éxito ante la versión original del maestro Chiche Gelblung); Sebastián Bagó de los laboratorios ídem; Federico Braun de La Anónima (quien reconoció que lo suyo es “remarcar todos los días” como actitud ante la inflación); Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy); Cristiano Rattazzi (reconoció que gracias a las actuales políticas la gente come menos carne, pero él también, mezclando pobreza con tips vegetarianos); Carlos Miguens del grupo ídem; Paolo Rocca de Techint, instalado financieramente en la guarida-ducado de Luxemburgo para no pagar impuestos; y Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) promotora del encuentro y diversas actividades cobijadas en una metódica penumbra. No estaba el presidente: no hacía falta.
Había otras mesas que reunieron un total de treinta y tres comensales, tres de ellas mujeres. Había un Blaquier, un Roggio, un Pérez Companc, un Roemmers, y hasta un Duhau (no Park Hyatt), entre tantos. No estaba el más rico, Marcos Galperín, un Elon Musk all uso nostro, emigrado al Uruguay para aliviar impuestos, quien de todos modos fue designado en la Mesa Ejecutiva de AEA junto a Magneto, Pagani y Rocca, por ejemplo.
Había allí más riqueza reunida que la que posee en conjunto gran parte de las millones de personas del país que intentan seguir aferradas a una supuesta pirámide social que no derrama hacia abajo dinero y bienestar sino escombros y residuos. Afuera del hotel, cuentan, había gente ansiosa por ver qué pasaba dentro. No por AEA, sino por la posible aparición ante sus fans de Luis Miguel, huésped del lugar e intérprete de canciones que entre estos adultos mayores podrían haber encontrado coro. Por ejemplo, “Dame”.
Antiguamente se mencionaba a este tipo de personas como dueños del país, capitanes de la industria y otros epítetos menos glamorosos. Hoy muchas de esas empresas están trasnacionalizadas y los ex dueños mutaron a CEOS. Había en otras eras emblemas como Franco Macri y Carlos Bulgheroni. Este último, fallecido en 2016 a los 71 años tras convivir desde los 28 con un cáncer de ganglios, es un símbolo: negoció con todas las dictaduras, con gobiernos democráticos, con Occidente, con China y hasta con los talibanes por un gasoducto de Las Mil y una noches, que jamás llegó a construir. Se le conocen pocas frases: “Somos los cortesanos del poder”, y “Los gobiernos pasan, nosotros quedamos” entre las icónicas.
Los comensales del Duhau tomaron lo que Bulgheroni y también el Macri originario enseñaron. Al menos desde los tiempos de la dictadura lograron que los gobiernos les entregaron todo o casi. Muchos se enriquecieron inoxidablemente gracias al Estado, y supieron enriquecer a militares y funcionarios con los porcentajes correspondientes. Pero a estos empresarios nada, nunca, les resultó suficiente: “Será que no me amas” cantaría el huésped del Duhau. Los gobiernos pasan, ellos quedan. Para la población los resultados de tanto poder acumulado por estos señores en las últimas décadas están a la vista.
Según las crónicas más serias (La Nación, por ejemplo, que tenía entre los convidados a Julio Saguier, presidente del directorio del diario), el ministro Caputo “contó que la genialidad fue bajar la tasa de interés”.
En el marco del autopercibido mejor gobierno de la historia, las palabras de ese coloso rock star trasuntan cierto nerviosismo oficial, un trastorno obsesivo compulsivo de alabarse a sí mismo. Pueden parecer reacciones diagnosticadas por un conocido refrán español: “Dime de qué presumes, y te diré de qué careces”. El gobierno presume de un éxito económico inigualable, de un apoyo social inédito, de un crecimiento económico deslumbrante. Lo mismo ocurrió en su momento con otras experiencias como las de Martínez de Hoz, Menem y Macri, por poner una letra.
El autoelogio oficialista deberá confirmarse o no más adelante, de acuerdo a los designios a veces astrológicos de la familia gobernante y su entorno, que evocan también a otra etapa que se autopercibía como exitosa, comandada por José López Rega (a) el Hermano Daniel, promotor de la idea de Argentina Potencia, del Rodrigazo y recordado, además, por la creación de la Alianza Anticomunista Argentina (o Triple A).
Volviendo al Duhau, los invitados dijeron a Caputo a través del señor Campos lo que repitieron de distintas formas a todos los gobiernos anteriores:
“La AEA, conformada por empresarios que lideran empresas muy importantes de nuestro país, quisiera expresarle hoy el compromiso de todos sus miembros de trabajar para que la Argentina deje atrás décadas de estancamiento y se encamine definitivamente en la senda del desarrollo económico y social”.
La pregunta podría ser: ¿quién les pide tanto? ¿O será como tantas veces, un oficialismo producto del viento a favor, para finalmente descartarlo? Por ahora, solo sabemos que terminó una parte del juego que continuará en este 2025. Tiempo para desearnos un feliz año, aunque esta vez –con todo tan dado vuelta– podría ser prudente plantearlo al revés: que todos tengamos un zilef oña.
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Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
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Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
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