La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que brinde respuestas sobre la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, de la que hoy se cumplen tres años. La familia denuncia el laberinto judicial por el que naufraga la causa: “La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la provincia de Buenos Aires”. En esta nota, recordamos los principales hechos de un caso que sigue impune: la violencia de Gendarmería en la comunidad mapuche, el rol de Pablo Noceti en el operativo y la responsabilidad de Patricia Bullrich, el encubrimiento del Poder Judicial, las fake news de los medios. Y el valor de las familias frente al derecho a saber la verdad.

A tres años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que de respuestas sobre la denuncia presentada por la familia del joven. “En enero de 2018 la CIDH indicó que el Estado debía investigar la desaparición y muerte de Santiago, sin embargo la causa judicial hoy está sin juez, esperando que la Corte Suprema de Justicia habilite la investigación por desaparición forzada que negaron los jueces de las instancias anteriores”, denunció la familia en un comunicado difundido. “La impunidad solo garantiza la repetición de los hechos. Y los hechos tienen nombre y apellido: Luis Espinoza en la provincia de Tucumán, Facundo Castro Astudillo en la provincia de Buenos Aires”.

El anuncio de la CIDH llega también a dos semanas de que el juez Marcelo Borinsky, de la Sala IV de Casación Penal, resolviera no hacer lugar al pedido de la familia de recusar e inhibir al juez Gustavo Lleral como el magistrado a cargo de la causa. El fallo tiene una paradoja: el propio Lleral fue el que había decidido cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.

“La última novedad es que la Cámara de Casación, de la mano de Borinsky, puso de nuevo a Lleral en la causa, siendo un juez parcial, que ya se había pronunciado diciendo que Santiago se ahogó solo sin que la Gendarmería tenga que ver en nada”, dice Sergio Maldonado en diálogo con lavaca. “No hay mucho más que la encerrona judicial que termina desgastándote y haciendo que no creas en el sistema judicial”.

A tres años de que el pedido de justicia de la familia Maldonado recorriera todo el país, y con dos nuevas investigaciones por desapariciones forzadas en el presente, el desgaste que refiere Sergio apunta al nudo central de estas causas: la construcción de impunidad.

Los hechos

A las 9:27 de la mañana del 28 de noviembre de 2018, el juez federal Lleral llamó a Sergio Maldonado para comunicarle la decisión de cerrar la causa por la desaparición forzada de su hermano. Así lo informó en ese entonces la familia en un video para tratar de poner palabras a lo inexplicable: la determinación de un magistrado nacional que, según hizo pública la familia, le afirmó a la madre de Santiago, Stela Peloso, que estaba siendo “extorsionado” para cerrar la causa. Fue el corolario de un camino que había tenido como punto cúlmine que el propio Lleral, un día antes de las elecciones legislativas del 2017, dijera que la muerte de Maldonado no se había tratado de una “muerte violenta”, sin tener en cuenta el contexto en el que se produjo.

Por ese motivo, lavaca comparte los principales hechos del caso.

1. La violencia del operativo: la importancia del contexto

A Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de una violenta represión de Gendarmería en el marco de una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel, el 1 de agosto de 2017. Había llegado un día antes, el 31 de julio al mediodía, para sumarse al corte de ruta de la comunidad mapuche en reclamo de la libertad del lonko Facundo Jones Huala, que había sido detenido el 27 de junio. Santiago, que había cumplido 28 años cuatro días antes, iba a continuar su viaje a 25 de Mayo, su pueblo natal en la provincia de Buenos Aires, porque extrañaba a su mamá y a su abuela.

Ese 1 de agosto, el juez federal Guido Otranto ordenó despejar la ruta. La Gendarmería llegó a las 3:30 de la madrugada del 1 de agosto, según informó el primer alférez Daniel Gómez en las actas de la fuerza. Horas después, entre 8 y 10 personas regresaron a la ruta para continuar el reclamo y los gendarmes los reprimieron con violencia pese a que, según las propias actas de la fuerza, a las 11:15 la ruta ya estaba liberada. Un informe del CELS subrayó que ningún gendarme fue siquiera sancionado por las ilegalidades del operativo, que duró hasta las 17 horas:

• Ingresar al territorio sin orden judicial.
• Arrojar piedras a los manifestantes.
• Quemar las pertenencias de la comunidad en una hoguera.
• Retener durante cuatro horas a dos mujeres y dos niños.
• Ocultar fotografías y videos del operativo.
• Portar escopetas, bastones, hachas, piedras.
• Ingresar a la comunidad con cuatro camionetas y un camión.
• Bajar hasta la vera del río en persecución de los manifestantes.

2) La respuesta del Estado

La familia de Santiago denunció que en las primeras semanas, claves para toda investigación, el Poder Ejecutivo -Mauricio Macri como presidente y Patricia Bullrich como ministra de Seguridad- respondió de tres maneras:

1. Plantear hipótesis infundadas que Maldonado no estaba en el lugar, que estaba ausente por propia voluntad o que había fallecido antes de la represión (la falsa hipótesis del puestero, que insumió recursos y tiempo clave en la pesquisa, fue introducida en el expediente de habeas corpus por el propio Ministerio de Seguridad).
2. Ocultar cómo había actuado Gendarmería en el operativo.
3. No buscar a Maldonado de manera eficiente.

La postura del Gobierno nacional no se modificó aun cuando se constatara que un participante de una protesta social había muerto durante una represión desatada por una fuerza federal. Tampoco hubo cambios respectos a la figura de “flagrancia”: la Gendarmería tenía orden de la justicia federal sólo para despejar la ruta, pero bajo esa figura promovida desde el Ejecutivo y, en particular, por el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti –presente en el operativo el 1 de agosto-, la fuerza ingresó a la comunidad persiguiendo a los manifestantes.

Tampoco modificó su enfoque la certeza de que el Ministerio plantó y reprodujo falsedades aun cuando contaba con las actuaciones administrativas de la Gendarmería que, si bien fue cuestionada en duros términos por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) por su nulo rigor jurídico, daban cuenta de, al menos, la irregularidad del operativo. El dictamen de la PIA denunció el direccionamiento de las entrevistas y los diálogos actuados.  Describe algunas preguntas como de una “superficialidad análoga a una encuesta casera sobre algún producto alimenticio en un supermercado”. Y también cuestiona que no hace foco sobre el rol de Noceti.

A través de un duro informe, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU remarcó su preocupación por las falencias en el accionar del Estado en la búsqueda de Santiago y la investigación judicial por la responsabilidad en su desaparición. El informe, firmado por el jefe de la Subdivisión de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, cuestionó la postura del Poder Ejecutivo que, en sus declaraciones públicas, rechazó “la hipótesis de involucramiento de las fuerzas federales en los hechos”. Los expertos enumeraron, en particular, algunas de las declaraciones de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich:

• El 7 de agosto, la ministra dijo que “no hay ningún indicio” del involucramiento de Gendarmería en la desaparición.
• El 27 de agosto, declaró a La Nación: “Estoy segura de que no fue Gendarmería porque investigamos mucho”.
• El 16 de agosto, la ministra dijo en su interpelación en el Senado que no había ningún testimonio que aseverara que Maldonado estuvo en la Pu Lof. Los expertos señalaron: “El Comité queda sorprendido con esta afirmación toda vez que ya existía una declaración incorporada a la investigación judicial en la que se ubicaba al señor Santiago Maldonado en el territorio”.

Por esa razón, concluyó: “El Comité está altamente preocupado porque estas posiciones e hipótesis fueron presentadas de forma pública antes de que se haya realizado una investigación integral y exhaustiva de los hechos y, en particular, del proceder de Gendarmería. Como resultado de esta situación, el posible involucramiento de la Gendarmería solamente fue integrado como hipótesis de investigación seria más de un mes después de la desaparición del señor Maldonado, tiempo en el cual no se ha cumplido con las acciones calificadas como urgentes dentro de los estándares básicos de personas desaparecidas”.

3) El rol del Poder Judicial

Como se marcó, la intervención de la Gendarmería comenzó con una orden judicial para despejar el corte de ruta pero luego utilizó el supuesto de flagrancia para ingresar con violencia a la comunidad. Ese mismo día, el defensor oficial Fernando Machado registró las irregularidades del operativo y que una persona estaba desaparecida. Fue el único actor judicial que intervino en persona y acorde a la gravedad del hecho el 1 de agosto. Así también lo denunció Julio Saquero, integrante de la Regional Noroeste de Chubut de la APDH, cuya denuncia abre la foja 1 del expediente que tramitaba como desaparición forzada. Sin embargo, ni el juez federal Otranto ni la fiscal federal Silvina Ávila dieron credibilidad a la denuncia sino que actuaron bajo la hipótesis de si Maldonado estuvo o no en el lugar y criminalizando a la comunidad mapuche. Un ejemplo: en la audiencia de habeas corpus del 4 de agosto, ni el juez ni la fiscal exigió explicación alguna a los representantes de la Gendarmería presentes. El juez Otranto fue apartado tras un pedido de recusación. Desde ese entonces, la causa la llevó el titular del Juzgado Federal de Rawson N°2, Gustavo Lleral.

En septiembre del 2019, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia resolvió reabrir la causa que el juez Gustavo Lleral había archivado en noviembre de 2018. Sin embargo, en ese fallo los camaristas descartaron una desaparición forzada. Este es el punto central: ese delito sólo lo comete el Estado. “Descartar la desaparición forzada es descartar la responsabilidad de la ex ministra Patricia Bullrich quien fue la primera persona que salió a festejar este fallo”, precisó la familia.

Por esa razón, la familia presentó un recurso de casación ante el fallo de los jueces de Comodoro. Así se llegó a la audiencia en diciembre frente a los jueces Gustavo Hornos, Marcelo Borinsky y Javier Carbajo en la que la familia expuso los argumentos por los que debería investigarse la causa como una desaparición forzada. La abogada de la familia, Verónica Heredia, citó dos fallos que esa misma sala había dictado respecto a otras dos desapariciones forzadas: Iván Torres (en 2003, Chubut) y César Monsalve (en 2013, también en Chubut). Sin embargo, en un fallo confuso, la Sala IV rechazó por mayoría el recurso de la familia Maldonado para que la causa por la desaparición y muerte de Santiago sea investigada como una desaparición forzada de persona. El único voto que hizo lugar al recurso de la familia fue el de Hornos: “La ausencia de signos físicos de violencia no permite concluir sin más la inexistencia de ilícitos tales como la desaparición forzada, el homicidio, o la tortura”, expresó.

El 30 de diciembre, el propio Lleral sostuvo la denuncia de la familia le generaba una “inevitable afectación moral” y aconsejó “el cese” de su participación en el expediente. Sin embargo, hace dos semanas, la familia comunicó que la Sala IV nuevamente rechazó el pedido de recusación e inhibición de Lleral como juez. Cabe recordar que en la audiencia, la familia había destacado que una investigación por desaparición forzada (atendiendo la jurisprudencia por los casos en los que el Estado argentino fue condenado) debe contemplar el contexto en el que se produce. En ese sentido La familia destacó tres ejes fundamentales:

• La última vez que a Santiago lo vieron con vida fue huyendo aterrorizado de más de cien gendarmes en una brutal represión de Gendarmería enmarcada en una irrupción ilegal sin orden judicial a la Pu Lof en Resistencia del Departamento de Cushamen, en Esquel.
• 78 días después aparece en ese lugar sin vida.
• Y aparece en un lugar que ya había sido rastrillado tres veces por las fuerzas de seguridad.

La familia fue clara: “Nada se investigó. Por eso, no se puede descartar una desaparición forzada”.

4) Los medios

El rol de las empresas comerciales de comunicación, junto a operadores mediáticos y figuras de Juntos por el Cambio, también formó parte del contexto en el que se buscó tapar el rol del Estado en la desaparición y muerte de Santiago.

“Se describe quiénes fueron los actores involucrados en la comunicación oficial del gobierno, funcionarios de segunda línea, y también de los periodistas más famosos, operadores y el rol central que asumieron los creadores de noticias falsas y las granjas de trolls que diseminaron los contenidos a través de las redes sociales para polarizar la sociedad”. Así comienza el informe que la familia de Santiago Maldonado presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que refleja los ataques que sufrieron por parte de los funcionarios de Cambiemos y del Gobierno (que debían investigar la desaparición de un joven de 28 años en contexto de protesta social) a través de las redes y los medios de comunicación.

El informe completo puede leerse aquí:

El valor de las familias

Los tres años llegan en un contexto nuevamente complejo, con la desaparición forzada y asesinasto de Luis Espinoza en Tucumán, y a tres meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Pedro Luro (provincia de Buenos Aires), con una causa que se está investigando como desaparición forzada de persona en el fuero federal de Bahía Blanca. La próxima edición de MU tendrá un artículo en el que ambas desapariciones se pondrán en contexto de qué hace el Estado frente a los casos donde es el principal responsable, junto a otros casos como el de Santiago, Luciano Arruga y Daniel Solano

Dice Sergio a MU: “El Estado no está capacitado porque no sabe buscar ni investigar. Y sobre organismos, no hay nada por encima de Madres, Abuelas e Hijxs: el resto puede estar y apoyar, pero no entienden la lógica del derecho a saber la verdad. Me remito a las pruebas: ninguna de las cuatro querellas en la causa de Santiago fueron capaces de recusar a Lleral, un juez que dijo que Santiago se había ahogado solo, y tampoco ninguna acompañó el pedido de sostener la investigación de desaparición forzada. Es decir, ¿qué hace la familia que no se pone al frente? Acá encima las distancias son lejos: la fiscalía en Esquel, el juez en Rawson, la Cámara en Comodoro Rivadavia, y en Capital Federal están Comodoro Py y la Corte Suprema. Si yo no estuviera, la causa se habría caído o estarían investigando cualquier cosa, y tendríamos resultados como juzgar algún policía de alguna fuerza, diciendo que fue homicidio, pero sin cuerpo. Ese derecho a la verdad es desde donde yo me paro. Y es el valor que tenemos las familias”.

La familia hará este sábado una serie de actividades. Durante todo el día se subirán fotos a redes sociales con tres hashtags: #JusticiaPorSantiago, #3AñosDeImpunidad, #ElEstadoEsResponsable. A las 18 hs, habrá una actividad junto a organismos de derechos humanos, con la presencia de las Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Nora Cortiñas y Taty Almeida, y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. También estará el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Y concluirá con la lectura del documento de la familia, que convocó con un mensaje claro:

• «Justicia por Santiago. Construyamos una nueva justicia desde la memoria y la verdad».