El Ministerio de Seguridad denunció penalmente al exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago Maldonado, y sus encubrimientos posteriores. En base a una investigación realizada por la propia fuerza, el Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”. Los hechos denunciados fueron parte de los sucesos que la familia denuncia desde hace tres años. Más allá de la cautela por los anuncios y los hechos, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dice a lavaca: “Lo que quedó claro es que Noceti no tiene la impunidad asegurada”. Qué dice la denuncia. Las dudas de la familia. La necesidad de una investigación independiente. Y la entrevista que lavaca le hizo a Noceti desde Esquel, 19 días después de la desaparición del joven.

-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.

-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.

El diálogo forma parte de la entrevista que lavaca le hizo el 19 de agosto de 2017 a Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y señalado por la familia Maldonado como uno de los principales responsables políticos de lo que el exfuncionario consideraba una “patraña”: el violento e ilegal operativo de Gendarmería sobre la comunidad mapuche el 1 de agosto de ese año, día que a Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de esa represión.

El Ministerio de Seguridad comunicó la presentación ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires de una denuncia penal contra Noceti y también el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Robino, para que se investiguen sus responsabilidades en los hechos que derivaron en la desaparición y muerte del joven de 28 años. El resultado, según lo comunicado por la propia ministra Sabina Frederic en conferencia de prensa, llegó después de un informe de investigación realizado por la propia Gendarmería, que llevó siete meses y produjo un material de 600 fojas.

“Hacerlo era una asignatura pendiente, una deuda con los familiares de Santiago Maldonado, con la sociedad, con la misma Gendarmería y finalmente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las organizaciones que han exigido que se conozcan los hechos incluso como acto reparatorio con la memoria social”, apuntó la ministra Sabina Frederic, en conferencia de prensa. “Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse”.

Lavaca se comunicó con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, para conocer las impresiones que le dejó esta denuncia. En principio, dice que se enteró por los medios: “Me hubiera gustado no seguir en la misma línea de siempre, que los familiares nos enteremos por los medios de comunicación. Tenemos derecho a saber, más cuando estamos denunciando al Estado, cuando se presente una denuncia como esta”.

Sobre la denuncia, aclara que todavía no pudo leerla en su totalidad, pero subraya: “Sin duda es positivo, pero en verdad que la Gendarmería cuestione a la misma Gendarmería, aunque esté bien, se presta a especulaciones, porque ya nos mintieron muchas veces y hasta fraguaron libros. Lo más rescatable de eso es que confirma, por todos los indicios, de que se trata de una desaparición forzada. Si la propia Gendarmería reconoce y dice que hizo un pésimo operativo, ¿qué es lo que va a decir Lleral y Otranto (los jueces que intervinieron en la causa y la familia recusó), que dijeron todo este tiempo que la Gendarmería no tenía nada que ver y que Santiago se ahogó solo? La Corte Suprema debería asignar a un juez imparcial e investigar la desaparición forzada. Todo es muy lindo, pero si la Justicia no lo tiene en cuenta, esto no tiene ningún sentido”.

De una flagrancia a una desaparición forzada

La denuncia que esta mañana comunicó la ministra Frederic -acompañada del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous- es un racconto de hechos que la familia viene denunciando hace tres años, desde el 1 de agosto de 2017. La diferencia es que esta vez la hace el propio Estado.

El Ministerio informó que la investigación muestra que las acciones de Noceti “constituyeron una ingeniería jurídica de impunidad”. Y apuntó:

• “Es en ese marco que la investigación encargada por el Ministerio y efectuada por la Gendarmería muestra que, atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje ´que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Noceti, y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero´”.

Cuando Bullrich fue interpelada en el Senado por la desaparición de Santiago, ubicó a Noceti a las 12:30 del 1 de agosto en el operativo represivo de Gendarmería: “Se bajó del auto porque iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad: nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno”.

En dos entrevistas radiales, Noceti se había ubicado en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en la comunidad mapuche de Esquel. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”.

Tanto la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y el CELS advirtieron en su momento a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “flagrancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación se efectivizó en los violentos operativos. Heredia fue explícita: “Pasamos de una flagrancia a una desaparición forzada sin una coma de por medio”.

En la conferencia, Frederic comunicó que el 22 de enero encomendó la instrucción de la investigación para determinar su responsabilidad penal por el 1 de agosto de 2018.

Los principales puntos de la denuncia a Noceti:

• “Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación de los deberes de los funcionarios públicos, excediéndose en el cumplimiento de las funciones que le era propia, ejerciendo funciones que le corresponde a otro cargo. A su vez, tal exceso constituiría una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impide involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado”.
• La denuncia sostiene que “resulta evidente” que Noceti “no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza”, ya que los gendarmes se encontraban prestando funciones como “agentes auxiliares de la justicia”, por orden del Juzgado Federal N°1 de Esquel, a cargo de Guido Otranto (luego recusado), que se refería únicamente a que los manifestantes no cortaran la Ruta Nacional 40.
• La denuncia subraya que “la intromisión” de Noceti en el operativo queda acreditada al ordenar aplicar el procedimiento correspondiente a delitos en flagrancia promocionada en el llamado “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”. Se trata del famoso “Protocolo Antipiquetes” que Bullrich promocionó por los medios, pero que nunca fue sancionado ni publicado en el Boletín Oficial, por lo que estaba “carente de toda validez jurídica”.
• Según la investigación del actual Ministerio, el operativo que derivó en la desaparición y muerte de Santiago obedeció “ a una decisión motivada por la ´voluntad política´, habiendole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquel entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar, incurriendo en una conducta que excede el imperium de la autoridad política e invadiendo el accionar de la Justicia”.

La absolución administrativa

La denuncia también es contra el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Algunas conclusiones sobre el accionar de Otero:

• “Expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de protección necesarios (…) lo que derivó en un cierto descontrol en el abordaje del operativo, al verse el personal desprotegido y vulnerable ante la constante agresión de los manifestantes”.
• El informe apunta que “tampoco había urgencia de llevar adelante el operativo en forma inmediata, dado que la interrupción del tránsito era reciente, no existe desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos, para asegurar la transitabilidad, lo que implicaría una manifiesta violación de las normativas vigentes en la materia”.
• “A eso se agregó la directiva de actuar bajo el estándar de delito en flagrancia, lo que motivó la persecución de los manifestantes, incluso cuando ya habían dejado liberada la ruta. Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas, que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.

En cuanto al subdirector Robino, el informe destaca que su accionar fue “decisiva” para que se haya podido “obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior, colaborando de este modo a eludir y/o desviar las investigaciones sobre la actuación de la Fuerza, en particular de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo despeje en cuestión, favoreciéndolos con una verdadera ´absolución administrativa´”.

De esta forma, para las autoridades se consagró “una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1º de agosto del 2017”.

La investigación también menciona las negliglencias del comandante Balardi (jefe del operativo de despeje de la ruta), que se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales de menor jerarquía. Lo mismo ocurrió con Fabián Arturo Méndez (jefe del Escuadrón 35 El Bolsón) y el comandante principal Juan Pablo Escola, que no dio aviso de la situación al juzgado federal y actuó de “forma intempestiva y apresurada” sobre el terreno de la comunidad.

La denuncia recuerda cuando la exministra Bullrich dijo que “no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana”, y concluye: “Cabe preguntarse si los “gendarmes” a los que no quería tirar por la ventana eran su propio Jefe de Gabinete y la superioridad institucional de la fuerza también involucrada con dicho funcionario; de ahí, la necesidad de simular una investigación disciplinaria, encubriendo, apurando y asegurando una conclusión absolutoria al respecto”.

Por una investigación independiente

Sergio Maldonado apunta a lavaca que toda esta información tiene que ser acoplada a la causa por desaparición forzada. “Dicen que la Gendarmería tiene responsabilidades. Perfecto: ¿en qué? ¿En hacer mal un operativo? ¿O en desaparecer a una persona?”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que de respuestas sobre la denuncia presentada por la familia del joven. El anuncio llegó también a dos semanas de que el juez Marcelo Borinsky, de la Sala IV de Casación Penal, resolviera no hacer lugar al pedido de la familia de recusar e inhibir al juez Gustavo Lleral como el magistrado a cargo de la causa. El fallo tiene una paradoja: el propio Lleral fue el que había decidido cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.

Dice Sergio: “¿Hubiera estado bueno esto tenerlo antes? Sí. Porque si nosotros no impugnábamos por cuarta vez para que Lleral no sea el juez, hubiera continuado en la causa diciendo que Gendarmería no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué voy a confiar que el Ministerio de Seguridad presente un informe diciendo que Gendarmería tiene responsabilidades si el juez avanza deslidando absolutamente todo?”.

Otro punto es que casi no hay mención a Patricia Bullrich. “Lo que sí quedó claro es que Noceti no es un intocable, que no tiene la impunidad asegurada, y que Bullrich les haya envalentonado a romper todos los protocolos, hay consecuencias”.

El Estado denunciando al Estado, a través de la misma fuerza denunciada, también confirma un pedido de la familia para garantizar la imparcialidad de la investigación: la conformación de un Grupo de Expertos Independientes. El sábado, durante las actividades virtuales por los tres años de la desaparición, Sergio informó que, luego de tantos rechazos, la familia avanzó en la conformación de un equipo interdisciplinario de expertos de México, Colombia y Chile, entre peritos, periodistas y abogados.

Y remarca: “Ahora lo más importante es qué van a decir Lleral y Otranto. ¿Van a seguir soteniendo que Gendarmería no hizo nada? Tiene que empezar otro etapa de iniciar juicio político a Otranto y Lleral porque, con todo lo que mintieron y ocultaron, es preocupante que sigan impartiendo justicia”.

Qué dijo Noceti

El 19 de agosto de 2017, desde Esquel, lavaca habló en exclusiva con Noceti. La duración de la entrevista fue corta, ya que el funcionario se había excusado de hablar más porque la causa estaba en etapa de investigación y bajo secreto de sumario.

Este es el diálogo completo.

-La ministra de Seguridad (por Bullrich) lo ubicó el 1 de agosto en el lof. ¿Es verdad lo que dijo?

-Sí, obvio, no va a ser mentira. Más vale que sí.

–¿Fue a las 12:30?

-12:30. Yo salí a las 10:30 de Bariloche. Estuve en el Juzgado Federal el día anterior y ese día había quedado en ir a ver al juez federal de Esquel (Guido Otranto, quien lleva adelante la causa que aunó los habeas corpus presentados). Así que 12:30 pasé por la ruta, saludé a los gendarmes y seguí. Como lo dijo la ministro.

-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.

-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.

-Las versiones indicaban que usted estaba en coordinación con los jefes de escuadrones. Puntualmente con Fabián Méndez, del Escuadrón 35 de El Bolsón.

-No tengo funciones operativas en el Ministerio: soy el jefe de Gabinete. El que tiene las funciones operativas es Burzaco (Eugenio, secretario de Seguridad del Ministerio), él es quien comanda las fuerzas. Eso no significa, por ahí, que no se pueda dar una orden, pero en este caso concreto puntual, no. Es más: se actuó bajo órdenes del juzgado.

-El juzgado dice que no y el expediente demuestra que la última llamada fue a las 5:30. Las actuaciones fueron en el marco de la figura de flagrancia.

–De todas maneras ellos pueden actuar solos en flagrancia, conforme al artículo N°183 del Código Procesal Penal. No hace falta ni siquiera que le den una orden del juzgado. Si el juzgado le da la orden es anecdótico. Pero en flagrancia pueden actuar sin orden.

-¿Eso es lo que usted había sugerido en las reuniones que mantuvo aquí?

-Eso lo dije también en todas las radios. Eso es lo que dice todos los códigos procesales penales de todo el país, e incluso el Código Procesal Penal nuestro en el artículo N° 183. Si ustedes agarran todos los códigos procesales, todos, tienen esa previsión. De la misma manera que si usted llega a una escena del delito en la que están robando en algún lugar, no tiene que llamar a un juez para preguntarle: “Dígame, doctor, ¿detengo o quiero que siga robando?”. No, la fuerza de seguridad actúa.

–Pero la flagrancia, al circunscribirse solo al hecho que está aconteciendo, no justifica todo lo que denuncian que ocurrió en la comunidad: quema de instalaciones, secuestros de pertenencias, destrozos.

-A mí no me consta que hubiera ninguna quema ni ningún destrozo. No sé quién lo dice. A mí no me consta porque no estuve en el momento del hecho, llegué después. Pero cuando llegué no había ningún humo. Creo que si hubiera habido quema habría habido humo.

–Es lo que denuncia la comunidad, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel.

-La comunidad ha dicho tantas mentiras… Que digan que haya habido humo o una quema no me consta. Para nada. Este procedimiento empezó 11:15, yo pasé 12:30 y no había humo.

-¿Los organismos y la Defensoría Federal también mienten entonces?

-Sí, también.

-¿Qué piensa sobre que los organismos lo señalen como el responsable directo de la desaparición de Santiago Maldonado?

-Es un invento total. Otro más de los inventos y las mentiras.

Tres años después, Noceti ahora deberá dar más explicaciones, pero a la Justicia.