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“Una plataforma de impunidad”: la denuncia penal contra Pablo Noceti y altos mandos de la Gendarmería por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado

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El Ministerio de Seguridad denunció penalmente al exjefe de Gabinete de Patricia Bullrich, junto a dos altos mandos de Gendarmería, por su responsabilidad en las irregularidades en el operativo donde desapareció Santiago Maldonado, y sus encubrimientos posteriores. En base a una investigación realizada por la propia fuerza, el Ministerio informó que las órdenes de Noceti y los procedimientos internos constituyeron una “ingeniería jurídica de la impunidad”. Los hechos denunciados fueron parte de los sucesos que la familia denuncia desde hace tres años. Más allá de la cautela por los anuncios y los hechos, Sergio Maldonado, hermano de Santiago, dice a lavaca: “Lo que quedó claro es que Noceti no tiene la impunidad asegurada”. Qué dice la denuncia. Las dudas de la familia. La necesidad de una investigación independiente. Y la entrevista que lavaca le hizo a Noceti desde Esquel, 19 días después de la desaparición del joven.

-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.

-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.

El diálogo forma parte de la entrevista que lavaca le hizo el 19 de agosto de 2017 a Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich, y señalado por la familia Maldonado como uno de los principales responsables políticos de lo que el exfuncionario consideraba una “patraña”: el violento e ilegal operativo de Gendarmería sobre la comunidad mapuche el 1 de agosto de ese año, día que a Santiago Maldonado lo vieron por última vez con vida huyendo de esa represión.

El Ministerio de Seguridad comunicó la presentación ante los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires de una denuncia penal contra Noceti y también el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Robino, para que se investiguen sus responsabilidades en los hechos que derivaron en la desaparición y muerte del joven de 28 años. El resultado, según lo comunicado por la propia ministra Sabina Frederic en conferencia de prensa, llegó después de un informe de investigación realizado por la propia Gendarmería, que llevó siete meses y produjo un material de 600 fojas.

“Hacerlo era una asignatura pendiente, una deuda con los familiares de Santiago Maldonado, con la sociedad, con la misma Gendarmería y finalmente con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y las organizaciones que han exigido que se conozcan los hechos incluso como acto reparatorio con la memoria social”, apuntó la ministra Sabina Frederic, en conferencia de prensa. “Es solo aprendiendo críticamente de las inconductas del pasado que éstas pueden evitarse”.

Lavaca se comunicó con Sergio Maldonado, hermano de Santiago, para conocer las impresiones que le dejó esta denuncia. En principio, dice que se enteró por los medios: “Me hubiera gustado no seguir en la misma línea de siempre, que los familiares nos enteremos por los medios de comunicación. Tenemos derecho a saber, más cuando estamos denunciando al Estado, cuando se presente una denuncia como esta”.

Sobre la denuncia, aclara que todavía no pudo leerla en su totalidad, pero subraya: “Sin duda es positivo, pero en verdad que la Gendarmería cuestione a la misma Gendarmería, aunque esté bien, se presta a especulaciones, porque ya nos mintieron muchas veces y hasta fraguaron libros. Lo más rescatable de eso es que confirma, por todos los indicios, de que se trata de una desaparición forzada. Si la propia Gendarmería reconoce y dice que hizo un pésimo operativo, ¿qué es lo que va a decir Lleral y Otranto (los jueces que intervinieron en la causa y la familia recusó), que dijeron todo este tiempo que la Gendarmería no tenía nada que ver y que Santiago se ahogó solo? La Corte Suprema debería asignar a un juez imparcial e investigar la desaparición forzada. Todo es muy lindo, pero si la Justicia no lo tiene en cuenta, esto no tiene ningún sentido”.

De una flagrancia a una desaparición forzada

La denuncia que esta mañana comunicó la ministra Frederic -acompañada del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, y el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous- es un racconto de hechos que la familia viene denunciando hace tres años, desde el 1 de agosto de 2017. La diferencia es que esta vez la hace el propio Estado.

El Ministerio informó que la investigación muestra que las acciones de Noceti “constituyeron una ingeniería jurídica de impunidad”. Y apuntó:

  • “Es en ese marco que la investigación encargada por el Ministerio y efectuada por la Gendarmería muestra que, atravesadas por imprudencia, inoportunidad, impericia, e ineficacia, las acciones represivas de 2017 carecieron de proporcionalidad y de racionalidad para el inicio de un operativo de despeje ´que sólo se llevó a cabo por voluntad política, por las órdenes impartidas por el Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Doctor Pablo Noceti, y del ex Director Nacional de la Gendarmería de entonces, el Comandante Otero´”.

Cuando Bullrich fue interpelada en el Senado por la desaparición de Santiago, ubicó a Noceti a las 12:30 del 1 de agosto en el operativo represivo de Gendarmería: “Se bajó del auto porque iba para Esquel a seguir con las tareas que estaba realizando, saludó a la Gendarmería y siguió. No participó, no dio órdenes, no tuvo nada que ver con la parte operativa. Es un principio que tiene el Ministerio de Seguridad: nosotros dirigimos la estrategia, no damos órdenes operativas sobre el terreno”.

En dos entrevistas radiales, Noceti se había ubicado en tiempo y espacio en la coordinación de dos operativos represivos que se llevaron a cabo esos días: tanto el 31 de julio, en Bariloche, que dejó un saldo de nueve detenidos en la protesta por la liberación del lonko Facundo Jones Huala como en la comunidad mapuche de Esquel. El funcionario admitió que coordinó personalmente a fuerzas federales y provinciales de Río Negro y Chubut para “tomar intervención y detener a todos y cada uno de los miembros del RAM que produzcan delitos en vía pública en flagrancia”.

Tanto la abogada de la familia Maldonado, Verónica Heredia, y el CELS advirtieron en su momento a lavaca que la figura de flagrancia fue la ventana por la que Gendarmería justificó su ingreso al territorio sin ninguna orden judicial. La justificación con la figura de “flagrancia” fue introducida por Noceti en las reuniones previas de coordinación y esa interpretación se efectivizó en los violentos operativos. Heredia fue explícita: “Pasamos de una flagrancia a una desaparición forzada sin una coma de por medio”.

En la conferencia, Frederic comunicó que el 22 de enero encomendó la instrucción de la investigación para determinar su responsabilidad penal por el 1 de agosto de 2018.

Los principales puntos de la denuncia a Noceti:

  • “Deviene ineludible mencionar que su accionar previo y durante la ejecución de los operativos acaecidos el 1 de agosto del 2017, el cual culminó con la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, podría configurar una violación de los deberes de los funcionarios públicos, excediéndose en el cumplimiento de las funciones que le era propia, ejerciendo funciones que le corresponde a otro cargo. A su vez, tal exceso constituiría una indebida injerencia en el cumplimiento de una orden judicial, en tanto su carácter de autoridad política administrativa le impide involucrarse y dar directivas a la Fuerza cuando ésta actúa como órgano auxiliar de la Justicia, estorbando y desvirtuando la orden del magistrado”.
  • La denuncia sostiene que “resulta evidente” que Noceti “no debía impartir orden alguna hacia el personal de la Fuerza”, ya que los gendarmes se encontraban prestando funciones como “agentes auxiliares de la justicia”, por orden del Juzgado Federal N°1 de Esquel, a cargo de Guido Otranto (luego recusado), que se refería únicamente a que los manifestantes no cortaran la Ruta Nacional 40.
  • La denuncia subraya que “la intromisión” de Noceti en el operativo queda acreditada al ordenar aplicar el procedimiento correspondiente a delitos en flagrancia promocionada en el llamado “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”. Se trata del famoso “Protocolo Antipiquetes” que Bullrich promocionó por los medios, pero que nunca fue sancionado ni publicado en el Boletín Oficial, por lo que estaba “carente de toda validez jurídica”.
  • Según la investigación del actual Ministerio, el operativo que derivó en la desaparición y muerte de Santiago obedeció “ a una decisión motivada por la ´voluntad política´, habiendole otorgado las máximas autoridades del Ministerio de aquel entonces, a la Gendarmería Nacional un aval político y jurídico para actuar, incurriendo en una conducta que excede el imperium de la autoridad política e invadiendo el accionar de la Justicia”.

La absolución administrativa

La denuncia también es contra el exdirector de Gendarmería, Gerardo Otero, y su segundo, Ernesto Oscar Robino. Algunas conclusiones sobre el accionar de Otero:

  • “Expuso al personal a una situación de riesgo innecesario, al emplear efectivos que no se encontraban preparados para realizar una intervención de esa naturaleza, y que no estaba equipado con los elementos de protección necesarios (…) lo que derivó en un cierto descontrol en el abordaje del operativo, al verse el personal desprotegido y vulnerable ante la constante agresión de los manifestantes”.
  • El informe apunta que “tampoco había urgencia de llevar adelante el operativo en forma inmediata, dado que la interrupción del tránsito era reciente, no existe desabastecimiento en las localidades adyacentes y los vehículos se podían desviar por caminos de ripio alternativos, para asegurar la transitabilidad, lo que implicaría una manifiesta violación de las normativas vigentes en la materia”.
  • “A eso se agregó la directiva de actuar bajo el estándar de delito en flagrancia, lo que motivó la persecución de los manifestantes, incluso cuando ya habían dejado liberada la ruta. Se conjugaron presiones, instrucciones y directivas políticas, que fueron un factor generador de negligencias y faltas graves por parte del responsable del operativo, y eso no fue gratuito, se cobró víctimas, la vida de Santiago Maldonado entre ellas”.

En cuanto al subdirector Robino, el informe destaca que su accionar fue “decisiva” para que se haya podido “obstruir cualquier procedimiento disciplinario posterior, colaborando de este modo a eludir y/o desviar las investigaciones sobre la actuación de la Fuerza, en particular de los comandantes que estuvieron a cargo del operativo despeje en cuestión, favoreciéndolos con una verdadera ´absolución administrativa´”.

De esta forma, para las autoridades se consagró “una plataforma de impunidad disciplinaria que impediría llevar a cabo un procedimiento de disciplina posterior con capacidad jurídica para imponer sanciones por faltas y negligencias graves cometidas en el operativo de despeje del mediodía del 1º de agosto del 2017”.

La investigación también menciona las negliglencias del comandante Balardi (jefe del operativo de despeje de la ruta), que se retiró de la zona dejando la responsabilidad del operativo en oficiales de menor jerarquía. Lo mismo ocurrió con Fabián Arturo Méndez (jefe del Escuadrón 35 El Bolsón) y el comandante principal Juan Pablo Escola, que no dio aviso de la situación al juzgado federal y actuó de “forma intempestiva y apresurada” sobre el terreno de la comunidad.

La denuncia recuerda cuando la exministra Bullrich dijo que “no iba a tirar a ningún gendarme por la ventana”, y concluye: “Cabe preguntarse si los «gendarmes» a los que no quería tirar por la ventana eran su propio Jefe de Gabinete y la superioridad institucional de la fuerza también involucrada con dicho funcionario; de ahí, la necesidad de simular una investigación disciplinaria, encubriendo, apurando y asegurando una conclusión absolutoria al respecto”.

Por una investigación independiente

Sergio Maldonado apunta a lavaca que toda esta información tiene que ser acoplada a la causa por desaparición forzada. “Dicen que la Gendarmería tiene responsabilidades. Perfecto: ¿en qué? ¿En hacer mal un operativo? ¿O en desaparecer a una persona?”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le fijó al Estado argentino un plazo de tres meses para que de respuestas sobre la denuncia presentada por la familia del joven. El anuncio llegó también a dos semanas de que el juez Marcelo Borinsky, de la Sala IV de Casación Penal, resolviera no hacer lugar al pedido de la familia de recusar e inhibir al juez Gustavo Lleral como el magistrado a cargo de la causa. El fallo tiene una paradoja: el propio Lleral fue el que había decidido cerrar la causa aconsejando por escrito “el cese” de su intervención en el expediente.

Dice Sergio: “¿Hubiera estado bueno esto tenerlo antes? Sí. Porque si nosotros no impugnábamos por cuarta vez para que Lleral no sea el juez, hubiera continuado en la causa diciendo que Gendarmería no tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué voy a confiar que el Ministerio de Seguridad presente un informe diciendo que Gendarmería tiene responsabilidades si el juez avanza deslidando absolutamente todo?”.

Otro punto es que casi no hay mención a Patricia Bullrich. “Lo que sí quedó claro es que Noceti no es un intocable, que no tiene la impunidad asegurada, y que Bullrich les haya envalentonado a romper todos los protocolos, hay consecuencias”.

El Estado denunciando al Estado, a través de la misma fuerza denunciada, también confirma un pedido de la familia para garantizar la imparcialidad de la investigación: la conformación de un Grupo de Expertos Independientes. El sábado, durante las actividades virtuales por los tres años de la desaparición, Sergio informó que, luego de tantos rechazos, la familia avanzó en la conformación de un equipo interdisciplinario de expertos de México, Colombia y Chile, entre peritos, periodistas y abogados.

Y remarca: “Ahora lo más importante es qué van a decir Lleral y Otranto. ¿Van a seguir soteniendo que Gendarmería no hizo nada? Tiene que empezar otro etapa de iniciar juicio político a Otranto y Lleral porque, con todo lo que mintieron y ocultaron, es preocupante que sigan impartiendo justicia”.

Qué dijo Noceti

El 19 de agosto de 2017, desde Esquel, lavaca habló en exclusiva con Noceti. La duración de la entrevista fue corta, ya que el funcionario se había excusado de hablar más porque la causa estaba en etapa de investigación y bajo secreto de sumario.

Este es el diálogo completo.

-La ministra de Seguridad (por Bullrich) lo ubicó el 1 de agosto en el lof. ¿Es verdad lo que dijo?

-Sí, obvio, no va a ser mentira. Más vale que sí.

¿Fue a las 12:30?

-12:30. Yo salí a las 10:30 de Bariloche. Estuve en el Juzgado Federal el día anterior y ese día había quedado en ir a ver al juez federal de Esquel (Guido Otranto, quien lleva adelante la causa que aunó los habeas corpus presentados). Así que 12:30 pasé por la ruta, saludé a los gendarmes y seguí. Como lo dijo la ministro.

-Se dijo que usted coordinaba el operativo ese día.

-Eso es una mentira total. Otra más de las tantas que dicen todos los que están organizando esta patraña.

-Las versiones indicaban que usted estaba en coordinación con los jefes de escuadrones. Puntualmente con Fabián Méndez, del Escuadrón 35 de El Bolsón.

-No tengo funciones operativas en el Ministerio: soy el jefe de Gabinete. El que tiene las funciones operativas es Burzaco (Eugenio, secretario de Seguridad del Ministerio), él es quien comanda las fuerzas. Eso no significa, por ahí, que no se pueda dar una orden, pero en este caso concreto puntual, no. Es más: se actuó bajo órdenes del juzgado.

-El juzgado dice que no y el expediente demuestra que la última llamada fue a las 5:30. Las actuaciones fueron en el marco de la figura de flagrancia.

De todas maneras ellos pueden actuar solos en flagrancia, conforme al artículo N°183 del Código Procesal Penal. No hace falta ni siquiera que le den una orden del juzgado. Si el juzgado le da la orden es anecdótico. Pero en flagrancia pueden actuar sin orden.

-¿Eso es lo que usted había sugerido en las reuniones que mantuvo aquí?

-Eso lo dije también en todas las radios. Eso es lo que dice todos los códigos procesales penales de todo el país, e incluso el Código Procesal Penal nuestro en el artículo N° 183. Si ustedes agarran todos los códigos procesales, todos, tienen esa previsión. De la misma manera que si usted llega a una escena del delito en la que están robando en algún lugar, no tiene que llamar a un juez para preguntarle: “Dígame, doctor, ¿detengo o quiero que siga robando?”. No, la fuerza de seguridad actúa.

Pero la flagrancia, al circunscribirse solo al hecho que está aconteciendo, no justifica todo lo que denuncian que ocurrió en la comunidad: quema de instalaciones, secuestros de pertenencias, destrozos.

-A mí no me consta que hubiera ninguna quema ni ningún destrozo. No sé quién lo dice. A mí no me consta porque no estuve en el momento del hecho, llegué después. Pero cuando llegué no había ningún humo. Creo que si hubiera habido quema habría habido humo.

Es lo que denuncia la comunidad, los organismos de derechos humanos y la Defensoría Federal de Esquel.

-La comunidad ha dicho tantas mentiras… Que digan que haya habido humo o una quema no me consta. Para nada. Este procedimiento empezó 11:15, yo pasé 12:30 y no había humo.

-¿Los organismos y la Defensoría Federal también mienten entonces?

-Sí, también.

-¿Qué piensa sobre que los organismos lo señalen como el responsable directo de la desaparición de Santiago Maldonado?

-Es un invento total. Otro más de los inventos y las mentiras.

Tres años después, Noceti ahora deberá dar más explicaciones, pero a la Justicia.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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