Nota

La vida por un trabajo: emigración africana hacia España

Publicada

hace 19 años

05/10/2005

En agosto de 2004, la escritora y periodista Cristina Civale publicó «Esclavos, informe urgente sobre la inmigración en España», una investigación periodística sobre la llegada clandestina de africanos a la Península Ibérica. Lo hizo un año antes de que diarios de todo el mundo relataran el asesinato de cinco africanos en la frontera de Melilla, un enclave español en el norte del Continente Negro, y de cuyas balas ni España ni Marruecos. Civale describe las formas de represión que impiden a los hambrientos subsaharianos llegar a los países europeos. El libro, publicado por Editorial Sudamericana, perteneciente al grupo español Random House Mondadori, fue descatalogado hace diez días. Aquí se reproduce el capítulo 3, ÁfricaXpress, donde la autora relata cómo aquellos que sueñan un trabajo que les permita el sustento pueden ser arrojados al mar por quienes los transportan, o cómo son capaces de saltar vallas de seis metros, protegidas con alambres de púas y agentes de la Guardia Civil española.

La primavera y el mar mediterráneo en calma es símbolo de alerta para quienes trabajan en las costas del Levante español. Guardacostas, miembros de la Cruz Roja y otras organizaciones humanitarias se aprontan para recibir a una avalancha humana. Africanos en busca de un destino más luminoso en la tierra del sol.

Radares ultramodernos, detectores de calor y lanchas rápidas, son los elementos de los que se vale la guardia costera para atrapar a estos barcos clandestinos, las pateras, como en una película mala de piratas. Los conductores de las pateras, llamados tiburones, están al tanto de que existen operativos que puede truncar sus planes. Por eso, ante el menor peligro, no dudan en deshacerse de sus clientes -que han pagado por el viaje un promedio de 4 mil euros por persona- tirándolos al mar como si se tratase de un fardo de mercadería de contrabando. No importa que no sepan nadar o que las condiciones del viaje los hayan dejado heridos o exhaustos (a pesar de que la distancia es de algo más de 10 kilómetros). Los tiburones no quieren ser atrapados. Tienen que seguir trabajando. Comprar otro barco e intentar hacerlo llegar a la costa con su carga de humanidad llena de esperanza pero también de miedo.

Desde finales de los años noventa, y con periodicidad y número creciente, llegan a estas costas (las del Estrecho y Canarias principalmente) un tipo de embarcación precaria y ligera: las pateras. Se trata de barcas neumáticas de marca Zodiac que, con capacidad, para 40 personas, cargan más de 100 en una ruta que va desde algún punto del norte de África con destino a alguna de las citadas costas del poniente español. Los puntos de partida y destino se fueron desplazando con el tiempo para evitar los radares policiales.

El negocio comenzó en las costas de Marruecos pero hoy se extiende a las de Argelia lo que hace, a su vez, que cambien los puntos de destino: llegan menos pateras al Estrecho y aumenta el número en las costas de las Canarias. De Marruecos al estrecho hay sólo 13 kilómetros; a Fuerteventura, la isla más cerca, unos 120, pero sus costas todavía están menos preparadas para lo que llaman despectivamente «el aluvión». El viaje a las islas puede durar de 14 horas hasta dos o tres días según el tipo de embarcación.

Los viajantes provienen de todas partes de África, pero sobre todo de Marruecos y de países del Subsahara: Camerún, Congo, Gambia, Ghana, Guinea Bisseau, Guinea Conakry, Costa de Marfil, Liberia, Mali, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

Se conoce con el nombre de «atunes» a estos inmigrantes que están dispuestos a dejar su vida en el mar. El hambre es menos tentador que el sueño de El Dorado que les venden sus reclutadores. Todos llegan sin documentos de sus países y ya han aprendido una lección: esquivar la pregunta que intenta indagar de dónde provienen. Si su país de origen es desconocido, la deportación se hace impracticable. Y entonces se quedan, primero detenidos, luego libres y clandestinos.Este negocio mueve al año, según fuentes de la Cruz Roja, 7 mil millones de dólares.

El procedimiento de avistaje de pateras es el siguiente: Apenas las patrullas de la Guardia Civil detectan una embarcación, avisan al Centro de Cruz Roja. De inmediato, el médico, los voluntarios y las ambulancias parten en dirección a la playa o al puerto indicados para atender las emergencias que se puedan presentar. En un primer momento, los inmigrantes, gozan de estos beneficios ya que se les da el tratamiento internacional de náufragos, pero una vez repuestos pasarán a formar filas para la deportación.

Hipotermia, quemaduras y distintos tipos de traumatismos son las lesiones más frecuentes. Apenas ponen los pies en España, aquellos que no logran escapar a la Guardia Civil, son sometidos a un examen médico. Si no necesitan hospitalización pueden ser trasladados a la Isla de las Palomas, donde un antiguo cuartel militar funciona como centro de acogida. Allí son registrados y se les entrega un documento donde se les informa que en 15 días deben abandonar España.

Los marroquíes pueden ser deportados -salvo que logren escapar- porque existe un acuerdo entre el gobierno español y el marroquí para tales fines. Suelen ser trasladados a la comisaría de Algeciras y de allí al ferry que los devolverá a su país. A pesar de la normativa existente, esta no siempre se cumple y los magrebíes logran sortear el viaje de retorno. Las mafias han sofisticado su trabajo y ahora venden una suerte de billetes especiales por los cuales si el cliente es deportado, tiene derecho, apenas llega al puerto marroquí, a subirse nuevamente a otra embarcación para volver a España. Estos «tickets» cuestan alrededor de 6 mil euros, el mismo precio que el de los ferry que cuentan con personal español que hacen la vista gorda ante la entrada de marroquíes indocumentados o africanos que llegan a Marruecos con ese dinero para aprovechar esta oferta de viaje.

Los africanos no marroquíes que llegaron en el viaje común de la patera, no pueden ser deportados, a pesar de la orden emitida por la guardia civil, dado que no

existen tratados con su países de origen. Lo que luego sucede es casi surrealista. El gobierno local, para evitar la provocación de tanto africano libre dando vueltas por ahí, los fleta literalmente en aviones a la Península con destino a Madrid, Barcelona o el País Vasco. Antes de subirlos a los aviones los proveen de una lista con los nombres de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que podrán ayudarlos. Los echan oficialmente pero por otro lado los incitan a que se queden, ilegalmente, claro. Este procedimiento fue confirmado por varias ONGs. SOS Racisme aseguró haber visto las listas otorgadas por las autoridades que, hasta por los menos durante 2002, estaban escritas en papeles con membretes oficiales. Ahora tienen el cuidado de fotocopiar la información del otro lado de la hoja, donde el membrete queda cubierto. Los africanos llegaban con la idea de que en estas instituciones conseguirían techo y comida y hasta trabajo. La realidad es que ellas sólo pueden orientarlos en cómo insertarse en la sociedad, pero en una primera instancia no faltó nunca un voluntario que, apenas llegados, se los llevase al bar más próximo para ofrecerles de comer de su propio bolsillo. Aunque saben que la caridad no es la solución, en una primerísima instancia no parecería haber otro camino.

Es lo que sucede en la Vicaria General de Ceuta que a finales de noviembre de 2003 exigió a la Administración que los ayude a costear la atención que prestan a más de 260 subsaharianos acogidos por ellos en un antiguo colegio propiedad del Obispado de Cádiz y Ceuta. Desde el 6 de octubre de 2003 ofrecieron recursos excepcionales para atender a ese enorme grupo de personas que vivía fuera del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. La Vicaría aclaró que su gestión contó exclusivamente con el apoyo material y humano de la iglesia. Hasta finales de noviembre habían sacado de sus bolsillos 12 mil euros para llevar adelante su acto de caridad. «Nosotros seguiremos atendiéndolos mientras podamos pero es que además del problema económico hay otro de recursos humanos», indican fuentes de la Vicaría. Según Médicos sin Fronteras existen otras doscientas personas que duermen a la intemperie en la misma zona y que no son acogidos por nadie.

Las mujeres embarazadas o con niños constituyeron hasta mediados de 2003 una parte menor pero importante en la circulación de la mafia de las pateras. Sobre todo las procedentes de Nigeria. Muchas veces terminaban en centros de acogida de la Cruz Blanca donde el padre Isidoro, conocido como Fray Patera, las recibía hasta que alguien las reclamaba o se marchaban a seguir su incierto camino hacia delante. En general este camino se iniciaba con la venta del niño. Las mafias inducían a las mujeres a embarazarse antes de embarcarse para luego venderles a su hijos. Procedían así: Existían cortijos donde las mafias alojaban a estas mujeres una vez que podían salir de la custodia policial. En ellos, llegaron a vivir más de 100 mujeres que esperaban dar a luz. Las mafias de venta de niños -una sociedad donde estaban involucrados españoles, nigerianos y magrebíes- contaban con otro ingreso: el de la prostitución a la que obligaban a estas mujeres que por 15 euros ofrecían un servicio completo.

Una vez nacido el niño podía ser vendido en 2 mil o 3 mil dólares. Los compradores eran siempre procedentes de otro país de la Unión Europea, no de España, principalmente franceses o alemanes.

Pero ya a mediados de 2003 las mujeres y sus embarazos comenzaron a ser una complicación para las mafias más que una fuente de recursos. Estas mujeres compradas en sus aldeas por los jefes de las mafias a los que llaman «fathers» y con los que tienen una dependencia total, son ahora obligadas a abortar si es que cometieron el error de quedar embarazadas y si lo quedaron fruto de una violación. Actualmente llegan a abortar bebés a punto de nacer con las secuelas tremendas que esto acarrea para su salud o a la continuación de sus propias vidas. El rechazo de bebés en las pateras llegó a producir el asesinato de recién nacidos en las costas por parte de los fathers.

A partir de mediados de 2002 se comenzó a observar otro fenómeno inquietante: el de menores convertidos en patrones de pateras. Con este procedimiento las mafias intentan evitar la prisión y la devolución de los patrones a su

país. Durante 2001 fueron arrestados 196 patrones de pateras, en su mayoría magrebíes y durante el 2002, la cifra rodeó los 90. Ante esta presión, las mafias

recurren a menores de edad que no pueden ser arrestados tan fácilmente. Expulsarlos del país es difícil ya que las Fuerzas de Seguridad deben poner en conocimiento a

los Servicios de Protección de menores y presentar el hecho ante fiscal de turno. Tras comprobar si es posible la reagrupación familiar, la administración debe decidir si procede el retorno a su país o su permanencia en España. En el caso de que el chico haya sido detenido, se le juzga por el delito cometido y si es condenado se lo ingresa en un centro de menores.

La mayoría de los conductores arrestados se hacinan en la prisión de Tahiche, en la isla de Lanzarote, que ya está completamente saturada. Los propios funcionarios de la cárcel aceptaron que la situación es muy dramática: no hay celdas de aislamiento, las condiciones sanitarias son precarias y aparecieron casos de tuberculosis.

En sólo dos años (de 2000 a 2002) se cuadruplicó el número de inmigrantes que llegan en pateras. En 2000 fueron 2410 y en 2002 pasó a ser según unas fuentes 9765 y según otras se habría elevado a más de 16 mil. El 15 de octubre de 2003 hubo alerta en las costas españolas ya que llegaron en ese único día 550 inmigrantes desde África. Alcanzaron las costas andaluzas y canarias en nueve embarcaciones. Las costas

andaluzas, en especial la gaditana que rodea la localidad de Tarifa, han sido las más afectadas por la llegada de pateras. Hasta 389 inmigrante llegaron en ocho embarcaciones a las playas de Andalucía, a Tarifa y a Motril, en Granada. Seis de las pateras con 358 inmigrantes (incluidos dos que trataban de cruzar el Estrecho a bordo de flotadores) llegaron a Tarifa. En el contingente se incluyeron tres bebés, seis menores y seis mujeres embarazadas. A su vez, ese mismo día en Granada, la Guardia Civil interceptó una embarcación neumática con 31 inmigrantes. En la Isla de Fuerteventura, un total de 72 inmigrantes fueron detenidos. Esta llegada masiva -que sólo puede compararse con la del 18 de agosto de 2001 cuando llegaron 567 inmigrante a las costas españolas- produjo un llamamiento por parte del gobierno español al gobierno marroquí para que detenga la partida de pateras. Pero esta formalidad, disfrazada de escándalo, no suena muy efectiva a la hora de encarar a fondo el problema de las mafias y la fábrica de esclavos.

El saldo de la llegada masiva del 15 de octubre fue de 36 inmigrantes ahogados de los 50 que llegaron a Rota en Cádiz y la denuncia por parte de las organizaciones humanitarias de que la Guardia Civil tardó una hora en acudir al rescate de los barcos luego de recibir las alertas. La guardia se defendió confirmando que no contaba ni siquiera con una verdadera embarcación de rescate. El 9 de noviembre de 2003 proporcionaron a la prensa un informe de la situación de las embarcaciones de rescate en la Bahía de Cádiz el día del naufragio. Contaban, es un modo de decir, con trece embarcaciones. Una patrullera ligera averiada desde el 15 de septiembre; otra patrulla ligera neumática averiada desde principios de agosto. Una lancha Sunseeker y una lancha neumática decomisadas e inoperativas por un temporal. Un barco de rescate averiado en el Puerto de Cádiz y un remolcador que acudió a Tarifa a ayudar a un pesquero marroquí. Finalmente contaban con cinco remolcadores, uno de ellos fue el que partió a las 8 de la noche para ayudar a la patera donde viajaban 50 personas de las cuales 36 perecieron ahogadas.

Sobre finales de octubre de 2003 comenzó a detectarse un fenómeno completamente nuevo: el de pateras exclusivamente cargadas con menores de edad: desde adolescentes hasta niños. Todos difíciles de deportar y probablemente ya vendida -su fuerza de trabajo o su cuerpo- por las mafias antes del embarque.

En el Nuevo Dorado, no sólo los puede esperar -a adultos o niños- la explotación. La muerte también se da cita abrazada a las malas condiciones de las embarcaciones en las que viajan y a un agua rebelde, no apta para quienes no están bien alimentados o no son consumados nadadores.

Durante 2003, un total de 76 inmigrantes murieron y 30 desaparecieron en aguas de Canarias debido al naufragio de las pateras en las que viajaban, según datos de la Delegación de Gobierno de Canarias. Todo ello sin contar la cantidad de pateras que pierden el rumbo mucho antes de avistar las costas y de las cuales es imposible tener una cifra.

Un total de 434 sin papeles ha arribado en patera a la isla de Lanzarote. Mientras tanto, a la isla de Fuerteventura han llegado por mar 2.765 inmigrantes. El Cabildo Insular de Fuerteventura viene exigiendo a la Administración del Estado una investigación en profundidad sobre las causas que produjeron las muertes y desapariciones de inmigrantes como consecuencia de los hundimientos de las pateras. Además, reclama al Gobierno que aumente las medidas de seguridad y los medios humanos y materiales adecuados para la eficacia de la vigilancia costera y el rescate de estas personas.

El viceconsejero de Asuntos Sociales e Inmigración de Canarias, Benito Codina, afirma sin reparos que las mafias dedicadas al tráfico de personas modificaron la estructura de las pateras. Según pudo saberse, se pretende así lograr mayor rapidez y una travesía más corta, pero las embarcaciones son ahora aún menos estables. Benito Codina añadió que los cambios realizados en la altura de la borda y en la quilla permiten que la embarcación tenga menos rozamiento con el agua y sea más rápida. Sin embargo, este cambio también produce que el centro de gravedad de las pateras sea más alto y «cualquier embate hace que vuelquen». Según la legislación española, no podrían navegar ni en un lago falso.

Caso 2
El mediterráneo teñido de muerte

Agosto de 2003 comenzó con la misma tragedia en aguas de Fuerteventura con la que se despidió el mes de julio. Diez inmigrantes murieron ahogados tras zozobrar su patera, sólo un día después de que otros 15 indocumentados fueran devorados por el mar. Ocurrió alrededor de las 3.30 de la madrugada, cerca de la costa, en la zona conocida como Los Charcos, en Jacomar, en el municipio de Antigua. La patera, en la que viajaban 29 personas, encalló contra unas rocas. Los inmigrantes salieron espantados del barco precario, que se hundía a un ritmo acelerado, pero a 10 de ellos les fue imposible alcanzar tierra. La gran mayoría de los africanos que llegan a las costas españolas no sabe nadar y, otros, con algunas nociones, no pueden hacer frente a la bravura de las aguas, ensañadas de corrientes; ni mucho menos pueden enfrentar el miedo o el cansancio después de una travesía tan agotadora como incierta. No llevaban chaleco salvavidas.

Los 10 cadáveres, entre los que se encuentra un menor de edad, fueron recuperados por la Guardia Civil, después de que un pescador, a primera hora de la mañana, los descubriera. Los 18 supervivientes, que fueron localizados ya amanecido el día, explicaron a la Guardia Civil que el patrón de la patera huyó por una zona montañosa tras el suceso.

Caso 3
Tumberos

El 18 de febrero de 2001 el periodista Javier Espinosa del diario El Mundo fue enviado especial a Beni Mellal, en Marruecos. Allí escribió una crónica tierna en la que cuenta la historia de los cadáveres de los marroquíes devueltos a su país y del encargado de transportarlos. Espinosa llamó a su crónica «El rubio de los cadáveres». Es una cara desconocida pero altamente conmovedora del fenómeno de los africanos que quieren llegar al Dorado. Ellos también, aunque no parezca, tienen una familia que los llora. Es la historia de quienes no lo logran y mueren; es la historia de sus deudos en busca de los cuerpos muertos de sus seres amados. La crónica cuenta un viaje en la vida de Ángel Zamora, conocido como el rubio de los cadáveres, el hombre encargado de devolver los cuerpos muertos de los marroquíes que se ahogan en su intento de llegar a España. En la crónica Ángel cuenta al periodista de El Mundo que ese viaje era excepcional porque el tribunal les había permitido llevar las ropas de los 14 cadáveres. Logró meterlas en bolsas de color azul y les puso unas etiquetas. Una vez en el pueblo, Ángel tomó un alambre de tender ropa y extendió las vestimentas allí. Inmediatamente se arremolinó la gente alrededor de las prendas, intentando reconocer las de sus familiares. «Aquí resulta fácil -contó Ángel- porque no tienen más que dos pantalones y dos camisas. O sea, que todo el mundo sabe identificar a un muerto por la indumentaria que llevaba». La gente lo paraba en la calle, se le tiraba encima. «Llegué a temer por mi integridad física porque algunas personas se volvían como locas. Acudieron casi un millar. Estuve dos semanas desplazándome de aldea en aldea con la ropa. Al final conseguimos identificar cinco cuerpos que trajimos a la semana siguiente para enterrarlos».

Angel Zamora y su hermano Martín tienen un tanatorio que se ocupa de trasladar los cadáveres de la península a Marruecos. La empresa es todo un referente para cientos de familias marroquíes que sufrieron la pérdida de algún familiar en el Estrecho. Los hermanos no sólo dan sepultura a los cadáveres, afirma la crónica de Sepúlveda, actúan como detectives que indagan para descubrir la identidad de los inmigrantes fallecidos. «Aprovechamos los recorridos por Marruecos para preguntar a la gente, cuenta. Otras veces los muertos llevan números de teléfono en el bolsillo, lo que nos permite hablar con sus allegados. O si viene alguien de la misma localidad le dejamos ver el cuerpo y le pedimos que con esa referencia pregunte en su pueblo. Ahora han comenzado a tomar muestras de ADN y la semana pasada vino un doctor de Rabat buscando a un familiar». A veces Ángel atraviesa por la noche las rutas marroquíes sólo con su camioneta llena de cadáveres y probablemente se siente dichoso, en el medio de semejante desgracia, de poder devolver con la muerte la dignidad de un nombre y la de una sepultura que macabramente se convierte en lo más humano que quienes viajan en una patera pueden conseguir.

Dos años después, no se sabe nada de El rubio de los cadáveres, no se sabe si sigue con este trabajo o si ahora se habrá convertido en un buitre más, de esos que se aprovechan de la desgracia de los inmigrantes. El presidente de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes, ATIME, de Andalucía, Kamal Rahmouni, solicitó en noviembre de 2003 la intervención de las autoridades españolas para evitar una situación indecorosa, probablemente ilegal: las funerarias españolas piden para la repatriación de los cadáveres de los inmigrantes entre mil ochocientos y tres mil euros. Las familias no pueden asumir ese coste para devolver a sus muertos a casa, sobre todo cuando la muerte también se llevó la única esperanza de salir de la pobreza que les quedaba. Los 2 mil euros de media que se necesitan son excesivos para gente que no tiene ni para comer.

Kamal Rahmouni expresó que es el Gobierno marroquí quien tiene la responsabilidad moral y política de hacerse cargo de la repatriación de los cadáveres. En el caso de las víctimas del naufragio registrado el día 25 de octubre de 2003 frente a las costas de Rota la Fundación Hassan II, gestionada por la Casa Real Alauí, se hizo cargo de la repatriación de los muertos.

Un total de 54 familias de las víctimas de aquel naufragio continúan todavía a la espera de confirmar la muerte de alguno de sus miembros, pero sólo tres pudieron desplazarse hasta Algeciras para identificar los cadáveres que permanecen en el tanatorio de Los Barrios, en Cadiz, ya que el resto tuvo problemas para conseguir el visado, según ha declarado Rahmouni.

De los 36 cadáveres que permanecen en Los Barrios sólo uno ha sido identificado en la funeraria por su hermano, que ya residía en Europa, por lo que se está tramitando su repatriación. Entre los cuerpos restantes, sólo tres pueden ser reconocidos de forma visual, mientras que los otros 32 se encuentran en un estado «muy complicado, casi descompuestos», por lo que ha de procederse a las pruebas de ADN.

Todos los inmigrantes ilegales que mueren en su intento por alcanzar Europa y que no pueden ser identificados son enterrados en España. Los cementerios de los municipios de la Bahía de Algeciras están repletos de sepulturas anónimas encabezadas por este epígrafe: «Inmigrante número X», a la espera de su reclamación.

Caso 4

Edith es una nigeriana de 23 años. La dejaron embarazada en la frontera de Ujda dos violadores. Quería llegar a Tánger para allí subirse a una patera. Era la segunda vez que lo intentaba. La primera vez fue detenida por un policía en la mezquita de Tánger porque se atrevió a salir de la chabola donde permanecía escondida. En Marruecos ya no quieren saber nada con los subsaharianos y están obligados a esconderse. Han cerrado las dos pensiones que solían alojarlos antes de subir a la patera y lo único que les queda es irse a los bosques o a barrios marginales a conseguir algún lugar en una chabola hasta que salga la patera. Eso es lo que estaba haciendo Edith esa primera vez. Fue deportada a la frontera y en su nuevo intento tardó un mes en llegar de nuevo a Tánger caminando. Se puso bajo la protección de un «father» que cuando supo que estaba embarazada de cuatro meses, la obligó a abortar. Y así lo hizo. El aborto y el dinero fueron su billete para llegar a España.

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La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares

Publicada

hace 7 días

15/02/2025

En esta nota de Tiempo Argentino el periodista Jonathan Raed reconstruye cómo fue la estafa encabezada por el Presidente y el cálculo de lo que ganaron los creadores. Cómo fue la curva de esta memecoin creada por una empresa con lazos con el gobierno nacional y de la Ciudad, las posibles consecuencias para la Argentina y para el propio Milei, que ya enfrenta varios pedidos de juicio político.

Jonathan Raed en Tiempo Argentino

Entre las 19:01 y las 00:38 de la noche del viernes 14 de febrero de 2025, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó y promocionó una estafa virtual que afectó a miles de personas alrededor del mundo.

Fueron más de 5 horas y media en las cuales los más fieles seguidores libertarios rogaban a las fuerzas del cielo que se tratara de un hackeo a las cuentas de redes sociales del máximo responsable del Estado argentino. Ocurre que si no era un hackeo, era una estafa.

Sin embargo, no hubo hackeo. Primero, allegados al presidente lo confirmaron; luego, el propio Milei, quien acusó que «no estaba interiorizado» en lo que previamente difundió como un «incentivo a la economía argentina» y mantuvo como tuit fijado (una manera de destacar el posteo) durante el citado lapso de tiempo.

Los números de la estafa

Con la estafa ya consumada, Milei borró el posteo y acusó desconocimiento. ¿Cuántas personas fueron estafadas y por qué monto total? ¿Quién se llevó la plata? Estas preguntas no tienen por el momento una respuesta definitiva, pero sí hay cálculos estimativos.

Al desempeño de la criptomoneda, se le puede dar seguimiento minuto a minuto. Tras el anuncio de Milei, el valor el mercado virtual llegó a alcanzar los 5 dólares por unidad. Horas más tarde, se desplomó a menos de 1 dólar. En ese lapso, quien compró y vendió se hizo de un buen dinero.

En la jerga, se conoce a esta estafa como «rug pull«. Los que entran primero, ganan; los que quedan colgados, pierden. Los creadores de la cripto compran por montos mínimos su propia moneda; luego, buscan la forma de impulsarla (pagando a famosos que la promuevan, por ejemplo) y, una vez alcanzado el ingreso deseado de compradores, abandonan repentinamente para llevarse los fondos de los estafados.

Como la operación es anónima, no se puede saber (al menos, sin una investigación a fondo) quién compró y/o vendió. El propio Milei podría ser un operador o no. Es una cuestión de fe.

En las horas que duró la aventura, compraron $LIBRA más de 40 mil personas de distintas partes del mundo. Se movieron más de 1.500 millones de dólares. La moneda alcanzó una capitalización de casi 4 mil millones de dólares y, a la hora del «cash out (retirar el dinero)», los creadores/ganadores se llevaron entre 70 y 100 millones de dólares. Los especialistas en la materia, de hecho, coinciden en un número más concreto: 87.4 millones de dólares de ganancia, en un rato.

La estafa impulsada por Milei alcanzó entre 70 y 100 millones de dólares — El gráfico que compartió el usuario de X The Kobeissi Letter, especializado en los mercados de capitales globales, que explica el subidón de $LIBRA post tweet presidencial y el cálculo del monto de la estafa. En su cuenta dedica varios posteos al análisis del evento y lo caracteriza como «destructivo» y «una locura».

La gran estafa presidencial

Milei presentó la criptomoneda $LIBRA como un proyecto privado de inversión en empresas argentinas. Luego de la promoción del presidente, el valor de la criptomoneda se disparó, ya que aumentó en gran número la demanda; es decir, hubo fuertes compras de la misma.

El emprendedor, especialista en la materia y simpatizante de Milei, Santiago Siri, explicó: «Cuando Milei anuncia este proyecto, el 70 por ciento de las monedas está en manos de tres direcciones. Si abrís un proyecto para fomentar pymes, hay que hacer el proceso para que sea transparente. La gran mayoría de estas personas no sabemos quiénes son y hubo muchas desprolijidades en todo esto que se armó».

Los primeros compradores son usualmente los creadores de la moneda. «Compran» por 0 dólares y luego ven hasta dónde llega el valor. Usualmente, entre el 15% del total se encuentra en manos de los creadores; esta vez, fue el 70%, y en apenas 3 personas. «Vimos que sin poner un peso se llevaban cuatro o cinco o seis millones de dólares«, alertó Siri, en diálogo con Diario con vos, en AM 530.

«Milei es un fenómeno global y esta moneda tocó un techo de capitalización del mercado casi cuatro mil millones de dólares en cuatro horas, pero después en las siguientes cuatro horas se desplomó a casi cero. Milei lo hizo siendo presidente de la Nación y está obligado por la ley de ética pública a informar, a dar transparencia y datos sobre los hechos», completó.

Las consecuencias para la Argentina

El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José «Pepe» Sbattella habló al respecto de la estafa con Te aviso con Tiempo, en la radio de las Madres de Plaza de Mayo: «Implica una acción política de la UIF para saber cómo se movió la plata y mostrar qué fue lo que pasó con esto. Todo quedó registrado y, tanto acá como en otros lugares del mundo, las características de cumplimiento las fijan los organismos fiscales. Puede implicar que Argentina vuelva a integrar la lista gris».

«Todo lo que pase por acá puede ser sospechado de ilícito. Pone a la Argentina en un estado de vulnerabilidad para que se convierta en un paraíso fiscal y libertinaje financiero. Las reservas de Argentina ya están depositadas en Londres, los activos ya pasaron a estar en una jurisdicción que es el corazón de la city global. Argentina ya se entregó a que los desastres que produzca la administración Milei tienen una garantía de que las reservas están en otra jurisdicción», alertó Sbatella.

Finalmente, completó: «Tiene que haber juicio político y pedido con sentencia final. Esto no es normal, que un presidente incentive la compra de una cripto y en horas se convierte en una estafa. Todo el camino se puede ver y los beneficiarios finales pueden ser identificados. Por eso, hay que pedir el juicio político».

Los lazos de Milei con la empresa creadora de $LIBRA

La empresa que desarrolló $LIBRA -la cripto de la estafa que tuvo al presidente argentino como impulsor- se llama KIP Protocol y mantiene aún los posteos de lanzamiento de la moneda. La empresa, creada en 2019, salió a desligar a Milei de la acción y no dio mayores explicaciones, al igual que el propio Milei.

KIP Protocol mantiene acuerdos con la Ciudad de Buenos Aires y en octubre último sus directivos mantuvieron reuniones con el presidente Milei, y hasta se compartieron imágenes del encuentro, en el marco del Foro Tech de Argentina.

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“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional

Publicada

hace 1 semana

12/02/2025

Una reunión informativa convocada por diputadas y diputados reunió a distintas voces del colectivo travesti trans, que planteó sus posturas, miradas y críticas hacia el rol del Estado mucho antes de los ataques del Poder Ejecutivo. Qué dijeron Cristina Montserrat Hendrickse, Gabriela Mansilla, jóvenes del colectivo El Teje, Florencia Guimaraes, y el contundente discurso de Marlene Wayar: un diagnóstico crudo de una situación históricamente vulnerable, gobiernos progresistas mediante, y la defensa ante los actuales ataques libertarios. Tratamientos médicos, DNI, discriminación diaria, social, laboral, la deuda con “las viejas”, y la pregunta a los anfitriones: «¿Qué van a hacer?»

La Comisión de Mujeres y Diversidades de la Cámara de Diputados de la Nación realizó ayer una “reunión informativa” para escuchar al colectivo travesti trans tras los ataques sufridos por parte del Poder Ejecutivo.

Mónica Macha (UxP), presidenta de la Comisión, enumeró el temario del día:

El estado del cupo laboral travesti trans.
Las consecuencias de los discursos y prácticas de odio y persecución.
La preocupación por el acompañamiento a niñeces y adolescencias trans, a raíz de los cambios impulsados en la Ley de Identidad de Género.

“Es importante poner en palabras, en relatos personales, una respuesta que ya dio la sociedad argentina en la calle el 1 de febrero”, dijo el diputado Esteban Paulón (EF), vicepresidente de la Comisión, en relación a la masiva Marcha Antifascista y Antirracista.

“¿Qué van a hacer?”: testimonios y preguntas del colectivo travesti trans en Diputados, tras los ataques del gobierno nacional — Mónica Macha y Paulón fueron los diputados que convocaron a la comunidad. Debieron escuchar también críticas hacia las relaciones institucionales de sus espacios con el colectivo travesti trans. Foto: Diputados

Luego, durante casi cuatro horas, diputados y diputadas de la mayoría de todos los bloques excepto de la Libertad Avanza, escucharon treinta y seis exposiciones de activistas, militantes, intelectuales, referentes de partidos políticos, de organizaciones sociales y sindicales, profesionales de equipos de salud, familias y adolescencias trans.

Estas son algunas de las voces que se escucharon.

Discriminación, DNI y “el mundo va a seguir pariendo trans”

“Coordino dos grupos de jóvenes que me preguntan: ahora qué hacemos. Hemos decidido continuar con la atención, hay un principio en medicina que es no abandonar a quien nos consulta y no dañar, y esta decisión daña a las personas transgéneros”, dijo Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención a Personas Transgénero del Hospital Durand, que también cuestionó la formación médica que siga formando profesionales cisgéneros.

La abogada Cristina Monserrat Hendrikse, militante trans y funcionaria del fuero bonaerense, quien escribió una nota en lavaca tras la publicación de DNU 62/2025 del gobierno que busca modificar la Ley de Identidad de Género, comenzó su exposición explicando que “un DNU es la decisión única de un monarca que da su opinión y sin escuchar a otros toma su decisión de forma unilateral, cuando las reglas que gobiernan una sociedad democrática son el fruto del debate y de la escucha.

Luego preguntó: “Si un adolescente de entre 13 y 16 años puede acceder a un tratamiento médico con autorización de sus padres, ¿por qué no lo puede hacer un niño o una niña trans? Evidentemente es discriminación a nuestro colectivo”. Cristina terminó su intervención interpelando a diputados y diputadas presentes: “No sé los señores legisladores qué van a hacer con este DNU, si lo van a confirmar o lo van a desechar, solo les voy a recordar que hace 3500 años el señor Moises escribió el Deuteronomio y nos prohibió, y todavía estamos acá. Hagan lo que hagan, aunque me maten, aunque nos maten a todas, la naturaleza, la biología, va a seguir pariendo trans”.

“He parido una hija que me puso en este lugar, que me enseñó a luchar, que me puso en conocimiento de toda esta comunidad que hoy no debería estar acá discutiendo lo que ya discutimos. No quiero que las niñeces aprendan a resistir lo que la comunidad adulta le tiene que garantizar”, dijo Gabriela Mansilla, de la Asociación Civil Infancias Libres y mamá de Luana, la primera niña en recibir DNI con su género autopercibido en el mundo. Entre lo que se está la mira del gobierno se incluye el DNI no binario y la rectificación de partidas de nacimiento. “Lo más importante es que pueda salir una respuesta para contestar esto – siguió Gabriela-. No estoy acá para decir palabras que emocionan, estamos exigiendo derechos. Tenemos niñeces que tienen miedo de salir a la calle. Por más que intenten lo que intenten, primero para tocar a mi hija, y para tocar a un montón de otras niñeces van a tener que pasar por delante de sus mamás, y les vamos a dar batalla”.

La voz de la adolescencia trans también estuvo presente a través de Manuel Sinde, de la Organización Adolescencias Trans “El Teje”, quien leyó una carta que escribieron colectivamente contando que tienen miedo, impotencia y ansiedad. “También queremos aclarar que todas esas personas que salen a hablar mal de nosotres y dicen que nos obligan a ser personas trans, son personas que nunca en su vida hablaron con una infancia o adolescencia trans, que nunca tomaron el tiempo de conocer nuestras vidas, nunca nos dieron el lugar, y siempre hablaron desde la ignorancia y el odio, queremos que se nos escuche”, leyó. Manuel aclaró respondiendo al presidente: “Las personas trans no somos ni hormonas ni cirugías nada más: somos mucho más”.

También participó Cero, que llegó desde La Matanza y leyó una carta de otro varón trans adolescente que no quiso ir por miedo: “Yo, antes de mi transición, me sentía incómodo con mi cuerpo, aspectos como mi voz, mi busto o el hecho de menstruar eran algo que no sentía propio de mí; y gracias a la comprensión, amor y cariño de mis padres y mi familia, fue que pude sentirme bien con empezar el tratamiento”. Junto a Cero llegó Lautaro, adolescente trans, que complejizó recordando los altos niveles de pobreza en la actualidad, las dificultades para tener trabajo registrado, y “ni hablar de tener que pagar hormonas o querer vivir solo en un futuro”.

Entre quienes hablaron también estuvo Vanessa Di Cecco, que hace unos días sufrió en Cañuelas que un hombre que la venía hostigando le prenda fuego su casa, la de su esposa y la de su hija. “Todo fue incendiado y destruido por el fuego y por el odio. Hicimos la denuncia ese día pero no se inició ninguna investigación hasta que no fuimos a los medios”. El hombre que incendió la casa y luego se fue caminando tranquilo sigue prófugo.

La activista y militante Florencia Guimaraes recordó por su parte las deudas históricas que hay con el colectivo travesti trans para no creer que los últimos años fueron “de ensueño” y ahora con un gobierno de derecha todo cambió. Hubo quienes les dijeron a les adolescentes que no tengan miedo.

Egos, política y “¿qué es lo que van a hacer?”

Cuando tomó la palabra la activista y pensadora Marlene Wayar, rompió con una pregunta: “Siempre me parece que venimos a aplaudirnos las unas a las otras. Yo pensé que era para trabajar, ¿cuál es la acción?. Esto es levantar nuestros egos, ¿qué es lo que vamos a hacer?”. La presidenta de la Comisión Mónica Macha le contestó que en principio es poder tener un espacio en la Comisión donde están representados todos los bloques y si no estuviera sería un silencio que no está bueno. Marlene retrucó: “Ellos se aplauden a sí mismos a ver quien tiene el tweet más violento, y nosotros quien es la más romántica: es exactamente la misma mecánica. Si algo demostró la marcha es que hay que seguir con la acción y son ustedes que están con asesoría legal, con legislación comparada quienes nos tendrían que haber dicho ‘el camino nos parece por acá, necesitamos que apoyen esto’. Vinimos a Diputados, sino tenemos la asamblea en una plaza y todo bien. ¿Ustedes cómo van a aportar? ¿Cómo les van a exigir a sus partidos que no nos vuelvan a dejar tiradas? ¿Qué van a hacer ustedes más allá de servirnos un cafecito? Esto ya se hizo con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad: nos invitaron a doscientas cincuenta mil reuniones que no llegaron a nada, fueron muriendo nuestras viejas una a una”

Siguió: “La corrección política es perfecta y sumamente vacía, estoy dolida de la falta de reacción que tienen y de lo fácil que caen en el egocentrismo de venir y sentirse hermosas acá en Diputados, ¿para qué estamos acá? Esa es la gran pregunta. ¿Para qué diablos estamos acá?, que encima estamos arriesgando el trabajo porque a las dos de la tarde estamos en horario laboral, en un trabajo policíaco en estos momentos. Entonces, estoy arriesgando mi puesto laboral de dos mangos por cincuenta para estar acá para hacer nada, para lamernos el ego”.

Esteban Paulón explicó que denunció penalmente al presidente, que acompaña distintos pedidos que se hizo de inconstitucionalidad del DNU, y que se está acompañando los debates y las marchas. “Lo de hoy es que pudiéramos tener en estos espacios las voces de las personas que por lo general no tienen voz”, dijo y destacó la presencia de distintos bloques en la escucha. “Bienvenidas todas las ideas para hacer más efectiva nuestra tarea en el parlamento”. Macha explicó que en el periodo de sesiones extraordinarias no se pueden tratar proyectos por fuera del temario establecido por el Ejecutivo, por eso la reunión fue informativa. “Creo que es importante las voces que se están escuchando acá, y cada compeñeres que está tomando la palabra responde a invitaciones de distintas diputadas”.

Las intervenciones de quienes fueron a exponer y luego de algunos diputados y diputadas siguieron durante dos horas. Aún está por verse si logran articularse acciones desde el Poder Legislativo construyendo consenso mayoritarios en un Congreso agrietado que ya está en modo campaña. Hacia el final se propuso hacer un proyecto de nulidad absoluta del DNU, intentar que se firme por la mayoría de los bloques, y tratarse en las próximas sesiones.

Por ahora, la pregunta sigue latente: ¿qué van a hacer?

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Nota

Contra los incendios y la desinformación: sobre la caza de brujas en la Comarca Andina

Publicada

hace 2 semanas

07/02/2025

La policía provincial, fogoneada por el gobierno local y nacional, detuvo a 12 personas al voleo y sin pruebas como supuestas responsables de los incendios que ya consumieron más de 25 mil hectáreas en la zona. Se trata de vecinas y vecinos que se encontraban conteniendo las llamas o que tienen apellidos mapuche. Frente a la comisaría, una movilización que reclamaba la liberación de estas personas sufrió además el amedrentamiento de una patota ligada al magnate Joe Lewis (uno de sus integrantes, empleado del municipio y cercano al intendente). La policía los dejó actuar sin hacer nada. Lo que hay detrás de esta operación político-mediática: fake news para romper la organización, persecución social, proyectos de extractivismo y entrega de territorios. “El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos, en los territorios y en las calles”, dicen algunas personas que prefieren no dar el nombre pero testimonian en esta nota, explicando todo lo que pasó y sigue.

Por Francisco Pandolfi

Mientras se queman los bosques y la montaña y los valles y las casas, y los animales, empezó una caza de brujas en Chubut y en Río Negro. Una caza de personas que justamente combaten a un fuego que sigue ardiendo en cinco grandes incendios. Que ya quemó más de 25 mil hectáreas. Que ya se llevó una vida: Ángel Reyes, de 84 años. Que ya arrasó con más de 200 viviendas en la Comarca Andina. Y que ya tuvo por lo menos 12 detenidos, al voleo, sin pruebas, y con el cargo de “incendio doloso” (dos de esos detenidos fueron inmediatamente liberados por falta de pruebas).

La persecución que en las últimas horas escaló al extremo, con el Estado sembrando en la población un estado de terror.

Frente a esto: la autogestión. El poder de las comunidades organizadas, ante todos los otros poderes.

Miente, que algo quedará

Para entender este presente basta con hacer memoria a no tan largo plazo para comprender un mismo modus operandi.

“La historia se repite”, decía Hegel. “La historia ocurre dos veces: la primera como tragedia y la segunda como farsa”, dijo Marx.

Todos los años ocurren enormes incendios forestales, y según estadísticas oficiales más del 95% son provocados por la acción humana. En enero de 2024 se quemaron casi 7 mil hectáreas en el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut. A las horas de su inicio, el gobernador Ignacio Torres responsabilizó a la comunidad mapuche Paillako, tomando la línea de Patricia Bullrich, es decir del gobierno nacional. Pasó un año y no se encontró ni una sola prueba en contra de la comunidad, pero el ataque allanó el terreno que derivó en el desalojo de la lof a comienzos de este 2025. El déjà vu aparece cuando el último miércoles el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, informó que habían sido detenidas tres personas. Este jueves, se sumaron por lo menos 9 detenciones más, según el registro de distintas asambleas que ya no solo deben contar la hectáreas quemadas.

La patota

Iván González es docente de biología, comunicador en la FM Radio Alas y vecino de Lago Puelo. Ahora está en El Bolsón, combatiendo el fuego y la desinformación. “Las personas a quienes están deteniendo son las que arriesgaron su vida por apagar los incendios. Ni bien nos enteramos de las primeras excarcelaciones nos movilizamos a la puerta de la Comisaría 12, de El Bolsón, para exigir su liberación, cuando de repente llegó una patota montada en caballos que vino directamente a agredirnos. Vimos peligrar nuestra vida, rodeados por mucha gente armada, con cuchillos, palos, amenazándonos de muerte todo el tiempo, aplaudiendo y gritando ‘viva la patria’, ‘mátenlos’. Fue una situación muy violenta”. La policía se destacó por su sospechosa inacción.

Iván explica que, ante las persecuciones, tienen dos estrategias: salir a hablar sin dar nombres propios, o hacer lo opuesto y que sea la exposición el paraguas que los proteja. El anonimato es la opción que elige un vecino de la localidad chubutense de Golondrinas, por una cuestión vital: “Quiero seguir viviendo”. Pone en contexto esa tremenda frase: “Están haciendo un operativo cazando gente; ayer a una amiga que lo único que hizo fue apagar llamas, le allanaron su casa; a otro flaco que por su apellido es del pueblo mapuche, lo levantaron de la puerta del supermercado y se lo llevaron, montando pura espectacularidad”. Agrega un dato clave sobre el grupo parapolicial que el miércoles llegó a caballo a amedrentar en la puerta de la comisaría: “Responde a Joe Lewis (magnate británico dueño de una estancia de 8 mil hectáreas que rodea el Lago Escondido). Lewis, Pogliano (intendente de El Bolsón) y Weretlineck son la misma cosa”. Uno de los integrantes de la patota es empleado del municipio encabezado por Pogliano.

El relato

Nelson Ávalos integra la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), región Noroeste de Chubut. La conversación con lavaca se pospone una y otra vez porque las detenciones aumentan con el correr de las horas. Entre audiencia y audiencia de la formulación de cargos a los detenidos, finalmente explica: “Mientras la gente arriesga su vida y encima la detienen, los gobernadores de Río Negro y Chubut, junto a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, están creando un relato sobre que los incendios (Mallín Ahogado, Epuyén, Trevelín, la comunidad Nahuelpan y el Pedregoso) son producto de una sola causa: una organización que se dedica a realizar actos terroristas para incendiar todo, vinculando siempre al pueblo mapuche tehuelche. Y ahora intentan sumar a gente que voluntariamente busca apagar el fuego”.

Nelson dice que es muy complejo lo que están viviendo, que es muy difícil de sintetizar. Y subraya lo que cree fundamental poner en evidencia: “El relato de los gobiernos busca justificar que se instale en la región un estado de militarización. Hace unos días, Torres y Bullrich presentaron el Comando Unificado para combatir a ‘las fuerzas terroristas de la Comarca Andina’, y para eso desembarcaron las policías provinciales, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y el Ejército, además de los servicios de inteligencia”. Avalos deduce qué hay detrás: “Proyectos de extractivismo y entrega de territorios a la voracidad de capitales nacionales e internacionales”.

Sobre las detenciones: “La investigación la lleva el fiscal (Francisco) Arrien y se están llevando a cabo las audiencias de formulación de cargos por incendio doloso. Yo creo que mañana estarán todos liberados, porque esto forma parte de un circo de la Justicia y del poder político, para no ir hacia las verdaderas causas que originaron el fuego”.

El Estado de las cosas

“Estamos muy preocupados”. Del otro lado del teléfono habla Viviana Moreno, referente histórica de la Asamblea por el No a la Mina de Esquel. “Hay incendios locales en todos lados, todos los días. Se logran apagar enseguida porque estamos atentos. Son intencionales, porque son de madrugada”, dice. La voz se pone más tensa: “Estamos desesperados, anoche hubo otro incendio en un barrio. Esto que ocurre es una locura. Ya se están haciendo planes de evacuación de los barrios más inmersos en el bosque nativo”.

Para Viviana, el fuego es el resultado final de una combinación explosiva de factores: un abandono del Estado de los bosques comunales, que deben ser limpiados, raleados sistemáticamente y no sucede; las plantaciones de pinos como monocultivo, altamente combustibles; el cambio climático: altas temperaturas impensadas años atrás, sequía y vientos fuertísimas; y la falta de equipamiento y la precarización laboral de los brigadistas que combaten los incendios forestales”.

Hernán Mondino integra la Brigada de Incendios, Comunicaciones y Emergencia (ICE) del Parque Nacional Los Alerces. Da un marco de la situación: “Pedimos 15 compañeros para reforzar la temporada e ingresaron solamente seis. Y encima, por la política general de gobierno renunciaron cuatro. A esto se suma que los brigadistas tenemos contratos laborales de tres meses. O sea, los números son siempre negativos y de esa política hay responsables concretos que se llaman a silencio. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego ahora depende de Patricia Bullrich y en este contexto que vivimos Parques Nacionales sigue despidiendo gente. Estas responsabilidades se quieren ocultar buscando chivos expiatorios o culpables efímeros para desviar lo que realmente pasa”.

El vecino de Golondrinas que pide reserva de su nombre recuerda que desde el catastrófico incendio de 2021, aún hay gente que sigue sin agua, cuatro años después. También dice que sólo en enero, ya debió apagar cuatro veces el fuego iniciado por el chisporroteo de cables y por la quema de transformadores. “Cuando hay viento, están cortando la electricidad, porque saben que eso puede generar más incendios, lo que refleja la falta de inversión. Como no pueden resolver los problemas de infraestructura, por no haber inversión estatal, acusan al pueblo de terrorista, cuando son los gobiernos quienes están generando políticas de terror a favor de sus negociados”.

Agrega Nelson Ávalos, de la APDH: “Acá se juegan intereses que trascienden a los incendios y se está utilizando el desastre para allanar el camino. Queda demostrado la complicidad estatal con lo que pasó el miércoles con esa patota y la impunidad con la que se movieron: cometieron un delito en flagrancia, a los ojos de la policía, que no hizo nada. Es evidente que su accionar fue avalado y que busca, generando desconfianza, romper un tejido social, una solidaridad de hermandad construida en toda la Comarca”.

La autodefensa de la autogestión

Hay dos movimientos que están sucediendo al mismo tiempo: la persecución, por un lado, y la organización popular que crece cada día un poco más. Iván González, vecino de Lago Puelo, reflexiona: “Todas las acciones que se están haciendo desde los gobiernos son conducentes a desarticular la red comunitaria que se formó para luchar contra los incendios y crear enemigos internos como el pueblo mapuche. El crecimiento inmobiliario en El Bolsón hace que la ciudad casi ya no tenga dónde crecer, porque es un valle encajonado, y entonces se pretende avanzar con loteos inmobiliarios hacia los lugares rurales, justamente como es la zona de Mallín Ahogado”. Iván suma un elemento: “La aprobación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) vino a acelerar la realización de proyectos mega turísticos hoteleros y mineros, en un territorio donde hay una resistencia importante a que no talen los bosques, donde hay muchos productores apostando a la agroecología, donde en definitiva existe un obstáculo importante para sus proyectos urbanizadores”.

Y suma otro más: “A ellos les molesta que haya gente organizada contra sus planes, todos articulados por Joe Lewis. De hecho, es muy sospechoso que el incendio en Mallín Ahogado haya empezado pocas horas antes de lo que iba a ser la novena marcha hacia Lago Escondido, que año tras año visibiliza que se trata de un lago usurpado por un empresario”.

Iván pide no desviar el foco principal: apagar el fuego. “Intentan meter miedo y romper nuestra organización, mientras las llamas siguen descontroladas en la montaña, en las laderas, y ayer ya ni había aviones hidrantes volando. Entonces, si esperamos que 100 brigadistas de los servicios estatales –en un estado de cansancio total, con unas viandas deplorables y casi sin nafta para el uso de motobombas–, apaguen estos incendios no va a ocurrir hasta dentro de varios meses. El desfinanciamiento se traduce en la poca capacidad operativa del Estado para apagar el fuego. Ni hablar cuando hay varios fuegos en simultáneo, como ahora, que son cinco. Los mismos jefes del SPLIF (Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales) y todas las brigadas, reconocen que están con una frazada corta, que sacan de un lado y ponen en otro, que mueven aviones de un incendio al otro y no logran apagar ninguno. Por eso, no nos queda otra que las brigadas de vecinos voluntarios estemos de pie, que hoy cuadriplicamos en cantidad a quienes conforman los servicios estatales. La organización es muy grosa, hay muchísima gente participando”.

Existen roles bien marcados. Están quienes van al frente de la batalla contra el fuego; quienes organizan las viandas –hay un montón de cocinas y en cada una hay siete personas en cada turno–; están quienes se encargan de distribuir la comida; hay gente que organiza los animales; otro equipo ya pensando en la reconstrucción de las casas; uno más, imaginando cómo hacer las estufas para las nuevas viviendas; y otro, ideando cómo volver a reforestar, si con bolitas de arcilla o semillas. Plantea Iván: “La organización de autodefensa es enorme. Y apuntan a derribarla. Por eso estamos repitiendo un versito, que no es ningún verso, y es que a la represión, a su cacería y a los incendios, los combatimos con apoyo mutuo, con cuidados, con autogestión. El miedo que nos quieren infundir no va a ser un obstáculo para seguir organizándonos en los territorios y en las calles”.

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