Nota
Las cosas que hay que hacer para trabajar: un nuevo capítulo para Acoplados del Oeste
Los echaron, tomaron y formaron cooperativa. Lograron la expropiación, pero la gobernadora María Eugenia Vidal la vetó. Esta semana les llegó una notificación de desalojo que amenazaba con dejarlos nuevamente en la calle. Marcharon hasta La Plata y lograron frenarla. Un nuevo capítulo en la historia de Acoplados del Oeste que, entre debates por leyes antidespidos, agregan una receta propia: con autogestión sostienen 100 fuentes de trabajo.
Luis Becerra ya no se acuerda la cantidad de veces que viajó a La Plata para defender su fuente de trabajo. “Perdí la cuenta”, dice, medio en broma y medio en serio, arriba del micro que salió cerca de las 10 de la mañana desde la gigante Acoplados del Oeste (ADO), la fábrica metalúrgica recuperada que más de 100 trabajadores hicieron germinar en Merlo, conurbano bonaerense.
El recorrido de más de 100 kilómetros los dejó frente a la legislatura bonaerense, la misma que había votado por unanimidad la ley que expropiaba la empresa (ex Pedro Petinari e Hijos) a favor de los trabajadores, pero la gobernadora María Eugenia Vidal (Cambiemos) la vetó. El sinuoso camino de los 90 cuerpos que soportaron el frío del jueves, mientras en el Congreso nacional no había quorum para tratar la ley antidespidos, refleja cuál fue la respuesta de un grupo de personas a su propia crisis: les adeudaron salarios, les incumplieron aguinaldos, los echaron, los dejaron en la ruta, la tomaron, la pusieron a producir, los desalojaron, la volvieron a tomar y formaron una cooperativa para poder mantener las fuentes de trabajo.
Esta vez con un cambio: trabajar sin patrón.
Pero al veto y a la búsqueda de una nueva expropiación se sumó esta semana una orden de desalojo que amenazaba con dejar a los trabajadores nuevamente en la calle.
El plazo: diez días.
Rápidamente surgió esta convocatoria.
“Es el momento más difícil que pasamos”, resume Fabían Malacalza, 42 años, ya en La Plata. “Por todo lo que habíamos ganado. La gobernadora incumplió sus promesas: dijo que los trabajadores no iban a perder nada de lo que hubieran ganado, pero nosotros habíamos conseguido media sanción antes de la asunción del nuevo gobierno y conseguimos la expropiación ya con ellos en la gobernación. De hecho, la propia bancada de Cambiemos votó por la ley. No se entiende. Ella priorizó al empresariado y fue el empresariado el que nos dejó en la calle. Es un golpe muy duro, pero no nos va a dejar tirados. Esto ya no es un capricho. La cooperativa es de nosotros. Es nuestra familia”.
Y la familia, otra vez, no se volvió con las manos vacías.

Foto: Néstor Saracho
A todo o nada
Antes que la familia supiera que había logrado frenar el desalojo y que el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires abriera una instancia de diálogo, frente a la legislatura se colaba la incertidumbre entre los bombos y la humareda que trepaba hasta el cielo. “Tengo mucha tristeza por todo lo que está pasando”, dice Walter Romero, 42 años. “No sé cómo llamarlo o calificarlo, pero lo que hizo el Gobierno fue tirarnos para atrás. La gobernadora no está pensando ni en los trabajadores ni en la gente humilde: nos está haciendo cagar de hambre. Así, con esas palabras. Pero vamos a seguir hasta el final, no vamos a bajar los brazos”.
¿De dónde sale esa fuerza? Romero: “De la familia, la casa, los compañeros. Atrás de cada uno de ellos hay mujeres, hijos, nietos, jubilaciones. Acá hay gente luchando por la dignidad”.
A Roque Gómez, con 62 años y cáncer de próstata, la situación de Pedro Petinari e Hijos lo empujó a un dominó burocrático que lo dejó sin obra social. “Quiero terminar mis últimos años con un poquito de dignidad. Ahora no la tengo. ¿De vuelta vamos a ir a cortar la ruta?”.
Javier Zarza, 50 años: “Es un volver a empezar. Pero tenemos un objetivo claro: no perder las fuentes de trabajo. Tampoco la antigüedad. Yo tengo un mínimo de 10 años de trabajo, pero acá hay gente de más de 20 que quedó en la calle. Hay que resistir y seguir creyendo en la justicia, que esto se va a dar, que va a ser nuestro. Tengo tres hijos, y como padre no tengo que demostrar que nos han ganado: como padre tengo que demostrar que tengo dignidad, y que ellos también sufrieron todo el daño que yo sufrí porque no tenía dinero para mantenerlos. Estamos hablando de lo básico: la comida. Esto es un día a día que hay que ir apuntalando. Pero hay compañeros con convicción. Como yo: sabemos que esto es a todo o nada”.

Foto: Néstor Saracho
El mismo escenario
No era los únicos que se manifestaban frente a la legislatura bonaerense. Exactamente del otro lado de la manzana del Congreso de la provincia de Buenos Aires, trabajadoras y trabajadores estatales nucleados en ATE ocuparon la escalinata principal en rechazo a la ley de emergencia aprobada por el Senado, que iba a tomar estado parlamentario en Diputados, y que estipula una modificación en la norma que regula el régimen legal para la administración pública.
“Nos quieren precarizar”, dice a lavaca Juan Carlos Álvarez, secretario gremial de la seccional Berazategui de ATE. “Es un reajuste del trabajador estatal. Vienen por nosotros. Por ejemplo, a un trabajador suplente y mensualizado de la educación, lo quieren hacer monotributista. Y la gente que hace tareas livianas también corre el riesgo de que lo jubilen sin volver a nombrar personal, sino a contratar gente. A la clase trabajadora quieren hacerla trabajar por 2 pesos con 50”.
¿Es parte del mismo escenario ambas protestas?
“Totalmente”, responde sin dudar. “Y fijate que apuntan a un choque. Porque por un lado no queremos que esta ley tome estado parlamentario, pero ellos precisan la sesión para poder sacar la expropiación. Pero no: los trabajadores tenemos que estar unidos”.

Foto: Néstor Saracho
El futuro
Esa unidad de Acoplados del Oeste en la calle frenó el desalojo. La noticia llegó en medio de la tarde: la Cámara de Diputados sancionó una ley que suspende por 90 días “todas las acciones judiciales, trámites, y/o diligencias que tengan por objeto ordenar y/o ejecutar el desalojo” de los obreros. “Nada de esto haría falta si no se vetaba la expropiación”, razona Jorge Gutiérrez, presidente de la cooperativa. Los trabajadores también consiguieron que el Ministerio de Trabajo de la provincia abriera una mesa de diálogo para que los obreros puedan expresar su postura.
“Nuestro proyecto es serio, y para que funcione también necesitamos ese apoyo del Estado: invitamos a la Gobernadora que venga cuando quiera para que vea cómo estamos trabajando”, dice Fabián Malacalza. “Los Petinari te tenían con un látigo. No te miento: estabas debajo de un acoplado y uno de los dueños te pateaba para que labures más rápido. Yo no tenía ART: me mandaban a un consultorio y me atendía ahí, todo para no hacer quilombo a la empresa, por miedo a perder el trabajo. Hoy estamos orgullosos. Yo soy metalúrgico desde los 18 años, y hoy puedo decirte que trabajamos a conciencia: el producto tiene que salir bien porque estás haciendo algo que te gusta. Es un orgullo ver una unidad que dice ADO en la calle. La palabra cooperativa la tenía lejos, pero hoy somos una familia. Te cuento algo: hace poco fui papá. Tengo una beba de 43 días. Fue un parto forzoso: la beba estuvo al borde de no estar. La madre, también. Todo por problemas que hubo dentro de la sala de partos. Mi nena estuvo en neonatología 12 días. A los tres días le agarra un ACV a mi mamá: las internaron en la misma clínica. ¿Y sabés qué? Muchos compañeros vinieron a apoyarme, a ver cómo estaban. Eso, para mí, es inflarme el pecho”.
Mientras cuenta esto, Malacalza hace más de 6 horas que está bajo el frío.
¿Cómo sigue todo este proceso?
Dice el obrero: “Tengo el apoyo de mi señora y de mi bebé recién nacida. Y por ellas voy a seguir peleando. Porque esto es el futuro de mi bebé. Y no lo voy a dejar. Ellas no dejan que yo me caiga”.
Malacalza concluye: “Y yo no voy a caer”.
Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
Nota
Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.
Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:
- “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
- “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.
Por Francisco Pandolfi

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.
El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.
Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.
https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

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