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La Casona rechaza el desalojo con dos palabras: «Queremos trabajar»

Los trabajadores del restaurante recuperado La Casona realizaron una “pizzeada solidaria” ante una amenaza de desalojo por la negativa de la propietaria del inmueble de seguir alquilándoles el local, que ellos pagaron siempre. Le llegaron aumentos de luz y gas de hasta el 900%, a una cooperativa que fue capaz de lo que hundió la patronal: recuperar 50 fuentes de trabajo. Un conflicto que expone cuáles son las respuestas sociales en tiempos de crisis

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Los trabajadores del restaurante recuperado La Casona realizaron una “pizzeada solidaria” ante una amenaza de desalojo por la negativa de la propietaria del inmueble de seguir alquilándoles el local, que ellos pagaron siempre. Le llegaron aumentos de luz y gas de hasta el 900%, a una cooperativa que fue capaz de lo que hundió la patronal: recuperar 50 fuentes de trabajo. Un conflicto que expone cuáles son las respuestas sociales en tiempos de crisis.

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Mario Romero entró a trabajar al restaurante La Casona a los 18 años, lo echaron a los 42 y hoy, a los 44, habla como presidente de la cooperativa que en 2014 recuperó 50 fuentes de trabajo.
“Toda una vida”, suspira ante el flashback que cruza delante de sus ojos.
¿Qué es lo que esa vida ve hoy?
“50 familias en riesgo de estar en la calle”, describe. Lo que Mario Romero cuenta es lo que hablan los 50 cuerpos que se mueven en este mediodía porteño, ubicado en la abarrotada intersección de Corrientes y Maipú, yendo y viniendo con cafés, pizzas, milanesas, papas fritas, gaseosas, aguas y bandejas con delicias que no paran de humear una situación caliente: la empresa Mercedes S.C.A., propietaria del inmueble, decidió no alquilarles más el local pese a que los trabajadores demostraron voluntad de pago. “Para ellos, somos okupas”, especifica Daniel Fernández, otro de los trabajadores cuya realidad pende de la decisión del juez en lo Comercial Sebastián Sánchez Cannavó. “En cualquier momento puede llegar una orden de desalojo”, dice Fernández.
Por ese motivo, los trabajadores realizaron una “pizzeada solidaria” para sacar el conflicto a la calle. La respuesta se mide en muzzarellas: “Sacamos más de 150 pizzas de forma gratuita”, dice el pizzero. Allí comieron vecinos, comerciantes, simples caminantes y también legisladores porteños que se hicieron eco del conflicto y hace poco más de un mes declararon en la Legislatura la “preocupación por la continuidad laboral de los trabajadores de La Casona”.
Fernández y Romero resumen el país en las dos palabras que sintetizan este conflicto:
-Queremos trabajar.

Lo lógico de lo ilógico

Daniel Fernández cuenta que lo primero que hace al despertarse es llamar a los compañeros que se quedaron de guardia durante la noche en el restaurante para preguntar si todo está bien. “Así uno, por lo menos, empieza el día más tranquilo”, dice a lavaca.org. “Estamos aguantando”.
La cosa venía bien. Los trabajadores recuperaron el local en junio de 2014 después de despidos, meses sin cobrar salarios, aguinaldos inexistentes y ninguneos de la empresa New North SA, que castigaba a sus empleados ordenándoles que se pararan al lado de la escalera, sin hacer otra cosa que soportar la humillación diaria. Los obreros se cansaron, tomaron el lugar y formaron una cooperativa.
“No teníamos problemas”, explica Fernández. “Vino el administrador de la empresa dueña de la propiedad, que nos dijo que si hacíamos buena letra nos renovaba el contrato. Vencía en diciembre de 2014. Pagábamos 160 mil pesos por mes y cumplimos hasta el último día, siempre con la promesa de que nos iba a renovar. Pero cuando llegó diciembre nos empezó a tratar como okupas. Y nunca pudimos hablar con el dueño real, sino siempre con el administrador”.
Mario Romero: “Nos cobraron durante 7 meses un alquiler prometiéndonos una renovación. ¿Por qué aceptaron esa plata si querían que nos fuéramos? Cuando se cortó el diálogo empezaron las denuncias de desalojo. Hoy el único diálogo que tenemos es con el abogado de ellos, que constantemente nos dice que nos vayamos, sin otra alternativa. Lo único que pedimos es que nos den la oportunidad. Nosotros tenemos voluntad de pago”.
Fernández: “Hasta hicimos algo ilógico: les dijimos a ellos que pongan el número que quisieran. Nosotros podemos pagar. Pero no tienen voluntad de sentarse a dialogar”.

Cobrar en negro

Ataliva Dinani es el abogado de los trabajadores de La Casona. Explica el conflicto en esta charla con lavaca.
-¿Cuál es la situación legal hoy?
-Al sexto mes de cooperativa, la propietaria Mercedes S.C.A, que cambió hoy su razón social a Corrientes 680 SA, con el paquete mayoritario en manos de Fabio Fernández, quiso cobrar el alquiler en negro. Los trabajadores dijeron que no porque quieren tener, lógicamente, todo en regla. Al tiempo se enteran que tenían iniciado un desalojo en sede civil, no comercial, aun cuando los propietarios venían cobrando puntualmente del 1 al 5 de cada mes los alquileres. Prueba de ellos son las facturas que están asentadas en sede civil, donde se desactivó el primer desalojo, y ahora también en sede comercial. Son facturas a nombre de Mercedes S.C.A. por el canon locativo más el ABL y otros cargos de servicio. Lo que le pedimos tanto al juez como al propietario fue un contrato de alquiler. El Código Civil establece que cuando hay un contrato de locación, el juez debe establecer plazo mínimo. Si se aplica el Código viejo es de 3 años. Si se aplica el nuevo son dos años. Los trabajadores no quieren ningún regalo. No cuestionan la propiedad del inmueble. Ellos quieren pagar. Pero de absoluta mala fe iniciaron un desalojo sin fundamento legal ni en la realidad.

Autogestión vs cuevas financieras

El abogado Dinani trata de descifrar la actitud empresaria.
-¿A qué se debe el comportamiento de la empresa?
-Mercedes S.C.A dice que, en principio, había una continuidad entre New North SA y los trabajadores hoy en cooperativa. Es una total mentira. Los trabajadores lamentablemente fueron defraudados por la empresa y decidieron el camino de la autosugestión. El otro argumento que nos dicen es que la cooperativa no puede pagar el alquiler. Nosotros expusimos nuestra realidad económica ante el juzgado: la cooperativa no solo es viable sino que en ningún momento se cuestionó la propiedad del inmueble, siempre se quiso negociar un contrato e incluso se llegó a ofertar que establezcan ellos el número. Tampoco han tenido voluntad de diálogo. Dentro del terreno de la especulación, lo que está en la cabeza de los propietarios es más que nada un prejuicio al trabajador autogestionado y a su capacidad económica. Si uno ve lo que ha sucedido con el sector gastronómico con otras empresas recuperadas, no solo han demostrado que son viables económicamente, sino que dentro del rubro son los únicos que cobran los sueldos de convenio. No tienen trabajadores en negro. Y esto lo posibilita únicamente la vitalidad que tiene este proyecto. Entiendo que es un prejuicio absurdo respecto a los trabajadores cooperativistas.
-¿Quiénes son los propietarios?
-Lo que hicimos, en base a la documentación presentada por ellos mismos en el expediente comercial, fue buscarlos en Internet y páginas de la AFIP. Vimos es que quien venía de cobrar estos cinco meses, Adrián Nilsen, era el síndico suplente de Mercedes S.C.A, lo cual queda probado la vinculación entre el cobrador de los alquileres y el propietario. Luego, si bien cambiaron de nombre durante los inicios de desalojo manteniendo el objeto con el mismo paquete accionario, el socio mayoritario es Fabio Daniel Fernández, y comprobamos que en los domicilios fiscales de estas personas también coinciden con domicilios fiscales de cooperativas de crédito o lo popularmente conocido como cuevas financieras. Desconocemos si hay un particular interés de esa índole en no renovarles el alquiler. Eso lo hemos denunciado en la sindicatura d la quiebra para que se lo haga saber al juez. Y también lo denunciaremos en persona.

Luz y gas: entre 500% y 900% más

A las amenazas de desalojo se suma que La Casona no tiene contrato de locación. “El Gobierno de la Ciudad nos está matando con infracciones, multas de 40 mil pesos, clausuras, contravenciones”, describe Fernández. “Tenemos todo en regla, pero nos falta el contrato”. No es lo único que sufren. “Las tarifas están complicadísimas: de 8 mil pesos de luz pasamos a pagar 42 mil. Así, de un mes para el otro”. Es cinco veces más. ¿Y el gas? “De 1200 pesos nos pasaron a 10 mil”.
Así y todo, con la situación del país pisándoles los talones, los trabajadores cuentan que la cooperativa es sustentable. “Podemos y queremos pagar el alquiler”, afirma Romero. “Y además podemos meter a 5 o 10 compañeros más. Tenemos un proyecto a futuro: todavía no cumplimos dos años y ya pudimos invertir en otro lado para poder abrir otro local. El único objetivo es que la cooperativa crezca”. Eso reveló la pizzeada solidaria: La Casona es una realidad autogestiva.
“Cambiamos muchos en estos dos años de trabajar sin patrón”, sostiene Fernández. “Te pongo un ejemplo: tenemos un socio de la cooperativa, un compañero, que cuando recuperamos pidió si podía ir al médico. ¿Sabés por qué no iba? Porque tenía miedo que la empresa lo echara. Se fue a hacer los estudios y tenía cáncer. Lo operaron. Y hace dos años que le pagamos lo que le corresponde. La cooperativa nunca dejó que se fuera”.
Romero: “En estos dos años nos levantamos y nos dan ganas de venir a trabajar. Y eso le pasa a todos los compañeros. Saben que la plata queda acá y la distribuimos entre todos”.
Eso es lo que ve la vida de Daniel Romero y la de sus otros 49 compañeros. Y sintetizan:
-Queremos trabajar.

Fotos: Néstor Saracho/lavaca

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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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