#NiUnaMás
Las dudas en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa
El hallazgo de la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte abrió una investigación judicial sobre la cual la familia y la comunidad dudan. La búsqueda durante 20 días, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad locales, no obtuvo rastros. La aparición sin vida fue el 25 de abril, al día siguiente de que sus padres llegaran al pueblo: la encontró un peón de campo que buscaba animales cerca del basural. A los tres días apuraron el caso y detuvieron a un joven de 23 años cuya familia denuncia que es inocente: “Y si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”. Las dudas del padre sobre el hombre que la hospedó en primera instancia, el testimonio de la hermana, los resultados de la autopsia y las cosas que no cierran, mientras se intenta cerrar el caso.
Por Lucrecia Raimondi
Vecino a vecina, por teléfono, en las filas del supermercado o la farmacia: así fue la convocatoria persona a persona que hicieron mujeres de Capilla del Monte para que el pueblo saliera a la calle por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Lo lograron: la marcha de cien personas encabezada por Daniel y Susana, padre y madre de la joven, circuló alrededor de la Plaza San Martín frente a la intendencia, caminó las cuadras de la calle principal, la techada del pueblo, y terminó en la Secretaría de Turismo. Quien no se animó por temor a las represalias ante el aislamiento o no pudo sumarse aplaudió y gritó “justicia” desde la puerta de su casa. El apoyo del pueblo es total. Daniel Basaldúa fue el único orador del acto: “Siempre dije que si hubiera sido hombre a Cecilia no le pasaba lo que le pasó. Desde que llegó acá tuvo muchos problemas: cayó en malas manos, la mataron. Nosotros vamos a luchar para que esto se esclarezca: me mataron mi hija y tengo que buscar la verdad. Les agradezco por cómo nos tratan a nosotros, pero tienen un asesino en su sociedad”.
Cuando terminó de decir esto, estalló la indignación: “¡Queremos la verdad! ¡Son más de uno! ¡Son una mafia! ¡Vivimos con un asesino!”, gritaron los vecinos y las vecinas de Capilla del Monte que acompañaron la movilización. Susana, la mamá de Cecilia, contó a lavaca cómo vivió la marcha: “Yo sentí que ella me estaba guiando, que me estaba dando fuerza para pedir justicia y que se encuentren a los verdaderos asesinos. Uno solo no creo que haya sido, estoy muy convencida: ella se sabía defender. No nos podemos caer porque en este momento es cuando más tenemos que luchar y ella nos va a dar la fuerza para llegar”.
¿Qué pasó con Cecilia?
Soledad Basaldúa, la hermana de Cecilia, activó la búsqueda apenas llamaron desde Capilla del Monte para avisarle que Cecilia había desaparecido. Cuenta a lavaca que al principio estaba muy confiada en la búsqueda que estaban haciendo pero que hoy, con la aparición sin vida, piensa le cuesta creer que se esté haciendo una investigación seria: “Me resulta muy raro todo. El hombre dueño donde se la vio con vida por última vez – Mario Mainardi- aviso tres días después que ella dejara su celular y su computadora. Nada cierra, circula un audio de la hermana del detenido diciendo que es un perejil, que no tiene nada que ver. Es difícil creer que haya una sola persona involucrada por una cuestión de que el cuerpo data de siete días muerta desde que la encontraron; en el medio quedan trece días que no se sabe nada de dónde estuvo. Supuestamente la buscaron con helicópteros, perros, drones, rastrillajes, pero no había rastros. Y la encuentran a cinco kilómetros de lo que es el centro de Capilla. Es muy raro también de pensar en una sola persona porque mi hermana sabía de defensa personal, era cinturón negro de taekwondo, y que este chico se haya entregado solo así tan rápido… No sabemos qué pensar: si la secuestraron o si estuvo con alguien, pero en algún lado estuvo y no la encontraron en esos días que estaba viva. Por eso es todo raro. No termina de cerrar, hay muchas preguntas en el medio. Podríamos haberla encontrado con vida, supongo que por un mal accionar o por algo no se pudo y la encontramos muerta”.
Cecilia eligió Capilla del Monte porque ya conocía el destino y dice su hermana que le gustaba la energía del lugar para instalarse un tiempo a escribir las crónicas de su viaje de cuatro años y medio por América Latina. Ella había estado en el pueblo serrano hacía 10 años y cuenta Soledad que Cecilia lo había recorrido bien, que se metió por “rincones por fuera de lo que es el turismo tradicional”. Que entonces conoció a una familia con la que mantuvo contacto y a quienes acudió cuando llegó al pueblo el 21 de marzo, un día después de establecido el aislamiento social obligatorio. Al parecer, relata Soledad, le hicieron un chiste de que traía el coronavirus desde Buenos Aires que Cecilia se lo tomó mal y por eso decidió no quedarse ahí. Intentó ir al camping pero no la admitieron “por la pandemia”. Y terminó encontrándose en la plaza con una chica -que aún no fue identificada- que le consiguió una casita para que se quede, a orillas del río Calabalumba. El posible dueño de este otro predio -cuyo nombre se pidió no ser difundido- según los lugareños “es un tipo pesado, ex boxeador y tiene antecedentes de violencia”. Sus propiedades están a la vera del río por Camino de los Mogotes. La familia del joven acusado está asentada en esa misma área sobre el monte, en una zona rural. Un móvil de Canal 2 de Villa Carlos Paz se acercó a la vivienda de los Bustos y sobre el final de la entrevista una de las familiares comentó que desde arriba del monte se escuchaban gritos de una mujer desesperada que provenían del río. El periodista no repreguntó sobre este comentario.
Daniel Basaldúa, el padre está convencido de que Mainardi algo tuvo que ver con el crimen de su hija. Cuenta a lavaca: “Él había hablado conmigo cuando me llama a Buenos Aires, dijo que Cecilia se había ido por un brote psicótico y le dije que no podía ser, que no era normal de ella, que no tenía eso. Mainardi dijo que estaba preocupado porque había dejado la computadora y el teléfono ahí. Después de hablar con él hicimos la denuncia y la pasaron a Capilla. Según dicen, lo allanaron. Pero el viernes cuando llegamos – a Capilla- fuimos a la casa y no nos cayó bien. Desde la puerta nos señaló hacia adentro y dijo que le dio un cuarto, que no hacía falta que pusiera la carpa. Y recalcaba que él no le cobró. De eso no sabíamos nada y yo le dije que ella tenía dinero, que no era una pobrecita sin nada, tenía para no andar pidiendo. Él estaba preocupado porque había salido su apellido, que lo estaban volviendo loco, que tenía una familia, una hija. Nuestra hija todavía estaba desaparecida. Fuimos a preguntarle cómo fue, qué pasó. Y dice ‘mirá, a ella le agarró un ataque, se puso loquita, le dije que así no la podía tener y la eché’. Ahí me cambió todo, yo no puedo confiar en alguien así. Y nos dijo cosas feas de ella, él le estaba echando la culpa a ella, no sé por qué causa. Cuando llamó a Buenos Aires dijo que se fue y cuando acá hablé con él dice que la echó. A mí me mintió. No sé qué pasó, pero hubo tres días desde que este Mainardi la echa y él me llama. ¿Cómo puedo confiar en ese hombre que me avisa tres días después? En esos tres días puso pasar de todo. Y encima pierde su mochila, sus elementos de supervivencia. Ella estaba acostumbrada a vivir en situaciones extremas pero sin esos elementos no, así que algo pasó. Y cuando busco a este muchacho salió diciendo cosas muy feas y no fue nada claro. Después de eso no me sorprendió nada. En mi caso yo creo que es el sospechoso número uno. Y si no es así que lo pruebe, que de las explicaciones que tiene que dar. Yo no voy a parar hasta que termine, si tiene algo que ver lo voy a seguir, se lo dije en la cara. Así va a ser. No acuso a nadie, pero voy al frente y pido que se esclarezca. Nosotros vinimos el viernes, aparece el sábado y a los dos días hay un detenido. Acá supuestamente dicen que le hicieron de todo a este Mainardi pero yo no creo. Me llama la atención que a este muchacho prácticamente no lo han tocado, ni siquiera estuvo detenido. Después de que apareció el cuerpo yo les dije a la fiscalía que esperaba que no se les escape. Me dijeron que le habían puesto una custodia pero antes no tenía nada”.

La teoría del perejil
La filmación de Canal 2 muestra una única casa en medio del monte. A lo lejos se ven unas estructuras de ladrillos sin terminar. Frente a cámara hablan dos de las hermanas de Lucas Bustos, el detenido; una de ellas se larga a llorar. A los cinco minutos se suma la madre, una señora anciana y flaquita. Atrás de ellas, al lado de una mesa, se ve a un muchacho abrazando a una joven que llora, hay otra mujer hablando por teléfono y dos niños. La familia Bustos son nueve hijos que viven todos en comunidad: los padres, los hermanos, los maridos, las mujeres y los niños. De a poco ampliaron algunas casillas en el mismo terreno. Lucas estaba construyendo una. De un momento a otro en la entrevista son siete familiares que explican desesperados cómo detuvieron a Lucas, que los golpearon en la comisaría y que no tuvieron nada que ver con el crimen. El móvil cierra con un grito de justicia. “Si vos ves dónde vivía el pibe y su entorno familiar te das cuenta que son gente de campo, que comparten una casita donde viven un montón. Es imposible que eso sea una infraestructura para ocultar a una chica por 13 días – manifestó Liliana – Todo muy turbio, y si están protestando es porque algo de realidad hay en lo que dice la familia. Estamos en un pueblo que pide justicia por Cecilia y a su vez asumiendo que también hay que pedir justicia para que no se agarre a cualquier pibe”.
El abogado particular de Lucas Bustos, en comunicación telefónica con Capilla del Monte Noticias, dijo que le llamó mucho la atención el procedimiento policial porque el martes que detuvieron a Lucas las fuerzas de seguridad estuvieron en las proximidades de esa zona rural: “Primero haciendo preguntas al boleo a ver si habían visto pasar a Cecilia o alguien conocido o desconocido; unas tres horas después la misma policía pidieron que Santiago y Lucas los acompañaran para hacer una declaración jurada que los desvinculara y que estaban diciendo la verdad, la familia pide ir pero contestan que no hay capacidad en el móvil para el traslado. Después de esa declaración indagatoria sin abogado defensor sale esa manifestación espontánea de Lucas. Cuando vuelve Santiago – hermano de Lucas- a explicar todo lo que pasó, se libraron los allanamientos”.
El defensor particular que consiguió la familia de Lucas es la única persona que pudo verlo desde que lo demoraron en la alcaldía. Está asesorado por un abogado especializado en derechos humanos que sugirió la agrupación H.I.J.O.S Punilla. En la entrevista, Sergio Sánchez advirtió: “Me encontré con un chico introvertido, retraído, tímido al punto de que la fiscalía ha podido ver y valorar esto porque estuvo hora y media casi dos horas tomando sus datos personales y los de sus familiares, y fueron extremadamente puntillosos con lo que le fueron preguntando. Pero al punto de que le costó tomar los datos porque habla para adentro. Estuve con él casi 50 minutos, lo noté relajado pero triste y me costó hablar con él. De estar encerrado solo en una habitación con cuatro o cinco policías de la forma sensible en que le deben haber estado preguntando qué relación tenía él con el hecho y para que el Ministerio Público Fiscal salga a decir que dio precisiones exactas de su relación con Cecilia. Imagínese una persona que prácticamente no habla, en esas condiciones y con un temor terrible, mire si va a dar esa cantidad de precisiones”.
Además cuestionó el acta del funcionario que tomó la declaración: “El elemento clave incriminante es el testimonio del empleado policial que asevera haber escuchado que Lucas se quebró y manifestó ser el culpable del hecho. Esa declaración no estaba en el expediente y no está ni nunca va a ser firmada por Lucas, pero sí está firmada por el empleado policial. Supuestamente debería haber estado al momento de la indagatoria el abogado defensor para que pueda verificar el hecho incriminante sobre el que se basa la fiscalía para acusar a Lucas. Esa declaración al día de hoy no la tengo y no estaba porque supuestamente todavía no había sido trasladada desde Capilla a la fiscalía -en Cosquín”.
El defensor Sánchez cuenta sobre más irregularidades: “La fiscalía está buscando pruebas que incriminen a Lucas. Es de cañón que inmediatamente y estando Lucas detenido con la supuesta manifestación espontánea realizada dentro de la comisaría se iba a librar la orden de allanamiento para el secuestro de la ropa. No tenemos todavía las pericias químicas, el verdadero material probatorio, que van a decir que dentro de esa ropa había algún elemento que lo vinculara con Cecilia. Estamos hablando de una persona de 23 años, peón de albañil, que por estos días estuvo realizando el aislamiento obligatorio en su casa, trabajando en la ampliación de una pieza. Sus ropas son elementos de trabajo, vive en una zona rural, campestre, y probablemente se encuentren espinas. El Ministerio Público tiene una posición en la que pareciera que está todo listo pero no para esta defensa, la familia, las organizaciones e incluso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comunicó conmigo y también se pronunció en apoyo a la familia de Cecilia. Acá lo que estamos buscando es la verdad y la justicia. Cuando empiecen a salir las pericias químicas y de ADN, las psiquiátricas, podremos vislumbrar algún panorama. Por ahora la fiscalía tiene cerrado el caso pero mi cliente en un sinfín me repitió que no tuvo nada que ver y recalcó el pedido de cuidado a su familia”.
La agrupación H.I.J.O.S Punilla junto con el Movimiento Plurinacional del lugar desde un primer momento alinearon acciones y reclamos siguiendo los avances de la búsqueda de Cecilia con un trabajo territorial. Si alguien del pueblo dice que dijo o vio, si se comentó algo, van a preguntar, chequean qué fue verdad y qué mentira. Además, focalizaron en cómo contener los dos casos para que no haya impunidad: Movimiento Plurinacional estaban ocupándose de dar contención y acompañamiento a la familia de Cecilia. H.I.J.O.S de acercarse a la familia de Lucas para que se respeten sus garantías procesales. “Brindarles el acompañamiento que fuera necesario para asegurar las garantías correspondientes a cualquier imputado en su calidad de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dado que las circunstancias de su detención y el hermetismo respecto a las pruebas en su contra por parte de la fiscalía, nos dejaba con muchas preguntas y no nos íbamos a permitir entrar en especulaciones sobre dichos extraoficiales de medios amarillistas”, informó la agrupación. Y sobre los aportes que pudieron recabar dicen: “De la charla con los familiares pudimos corroborar un dato que nos había quedado resonando en una entrevista que realizo la familia para Canal 2 de La Cumbre el día anterior. En la misma, prácticamente al finalizar, una tía de Lucas menciona a un vecino de ellos y relata que sus hijos habrían escuchado gritos de una mujer una semana atrás, pero dado a que son una familia de bajos recursos y hace tiempo vienen siendo víctimas de persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad no se sintieron cómodos con realizar denuncia alguna. Consideramos que dada la situación actual sería bueno que el abogado de Lucas articulara los medios correspondientes ante la fiscalía para que se tome declaración sobre tales dichos”.
H.I.J.O.S Punilla asevera que “la manifestación –fue- casi unánime en las redes de personas del pueblo nativo y de otros que viven hace muchos años y que conocen la realidad y el accionar de las fuerzas de seguridad en Capilla del Monte, que tuvieron la impresión de que se lo estaría incriminando. Y por supuesto acompañando a la familia de Cecilia en todo lo que se nos requiera por intermedio de la articulación con las compañeras del movimiento plurinacional de mujeres”.
Cómo romper el aislamiento social no-obligatorio
El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, la Mesa Intersectorial contra la violencia de género y la agrupación Así No de madres contra el abuso sexual en la infancia son las tres organizaciones que siguen los casos de violencias en esa localidad y acompañaron la búsqueda de Cecilia desde el principio. De ellas surgió la necesidad de salir a protestar. Liliana Martín, parte del Movimiento Plurinacional, cuenta cómo motorizaron el pueblo a la calle, después de investigar qué consecuencias podría tener romper la cuarentena: “En ningún lado que hable de la cuarentena dice que no nos podemos movilizar: lo que no podemos hacer es amontonarnos, nada más. No está prohibido manifestarse si respetamos las medidas; salgamos a decir lo que sentimos sin enfrentarnos con nadie”. Y relata las medidas que adoptaron para cuidarse las tres veces que activaron protestas por Cecilia: “Tomamos un poco la experiencia de las marchas relámpago en los ’70 de citarnos uno a uno por teléfono a una hora y en un lugar puntual. La convocatoria fue persona a persona, no lo abrimos a las redes y no hicimos nada que pudiera permitir que se reprima la movilización. Lo importante en este caso era respetar la cuarentena usando los barbijos, con la distancia prudencial para evitar el contagio y llevar carteles alusivos a Ceci. La primera consigna fue ‘aparición con vida’, la segunda fue ‘justicia por Cecilia’ y de la tercera, con mucha más gente y sin miedo, participaron los padres que encabezaron la marcha”.
La masiva movilización en contexto de pandemia muestra que la comunidad de Capilla del Monte está inquieta con el asesinato de Cecilia y que existen dudas con la detención de su supuesto femicida. “En esta situación sabemos que si Lucas Bustos no es el femicida, el femicida está suelto. Y que además, si esto se armó y se organizó para cubrir al verdadero femicida, este femicida tiene poder en algún lado, con las fuerzas de seguridad, con algún estamento de la justicia o de la municipalidad. Si se cubre tanto a alguien es porque tiene poder. Y el miedo es ese, porque si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”, explica Liliana.
Capilla tiene un antecedente reciente que alimenta este tipo de hipótesis: la desaparición y muerte en febrero de Mariela Natalí, una turista que según la primera autopsia murió ahogada en 30 centímetros de agua.
El calendario del caso no-cerrado
27 de abril. Primer comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF): “Luego de trece horas de trabajo y tres médicos forenses, se pudo concluir que trata de una muerte violenta, no natural, cuya causa eficiente no se puede determinar todavía pero se presume que se trataría de asfixia por estrangulamiento, lo que aún es motivo de investigación. El cuerpo presenta heridas defensivas en distintas partes, cuya naturaleza y extensión deben ser complementadas con estudios anatomopatológicos y químicos, entre otros”.
28 de abril. “En el día de la fecha, en la investigación que sigue la Fiscalía de Instrucción de Casquín, en la localidad de Capilla del Monte, por el homicidio, cuya víctima sería Cecilia Gisela Basaldúa, luego de tareas investigativas, se logró individualizar al autor del hecho, siendo el mismo un hombre de 23 años, oriundo de la zona, a quien se le ordenó la detención y se lo imputó de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género”.
En un segundo comunicado, 24 horas después, el MPF informa que resolvió el cauce de la investigación con la imputación de este hombre.
29 de abril. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, habló con Canal 2 de Villa Carlos Paz y dijo: “El pedido de justicia me parece muy noble y habrá que esperar que la justicia en cuanto a lo que está pasando. Cualquier opinión o presión sería adelantarse y hasta entorpecer el trabajo judicial”.
30 de abril. “Valeria Bustos, hermana de Lucas, mediante un video de WhatsApp convocó a la población en general a una marcha para el día jueves 30 a las 10 a.m. pidiendo ‘Verdad y Justicia por Cecilia’ aseverando que su hermano es inocente, que se sepa la verdad y que aparezca el verdadero responsable”. La marcha empezó en la comisaría y desconcentraron frente a la Municipalidad: “No logramos que el Intendente ni el Secretario de Gobierno se hicieran presentes y pronunciaran palabras ante los convocados que así lo reclamaban”, expresó H.I.J.O.S Punilla.
Por qué el Estado es responsable
Las agrupaciones feministas locales denuncian que la escasa información que circula en los medios de comunicación tradicionales no tiene perspectiva de género porque monopolizó la voz del caso Ariel Luna, un periodista local acusado de abuso sexual a una menor en 2017. También advirtieron que sobre la aparición de Cecilia tuvo acceso a fuentes de información antes que la fiscalía. Al respecto, la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, habló ayer con Capilla del Monte Noticias, un programa emitido por la FM comunitaria Una Radio Muchas Voces, y refirió que tienen muchas dudas sobre el hallazgo: “Tenemos datos de medios que dicen el 20 de abril habrían encontrado el cuerpo cerca del basural, que después salieron a desmentir, pero esa información que manejaban cinco días después coincidían con la aparición del cuerpo de Cecilia”.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario y ninguna de las partes pudo aún acceder al expediente que elaboró la fiscal de feria del Ministerio Público Fiscal de Cosquín, Josefina Gómez. La intervención policial de Capilla en la detención del chico de 23 años tiene fisuras y el pueblo no olvida los antecedentes de violencia institucional con el caso del supuesto suicidio en la comisaría de Jorge Reyna de 17 años que fue detenido en 2013 y su cuerpo tenía indicios de golpes previos. También resulta dudoso el accionar judicial: no están claros los canales que manejó la fiscalía para llegar a una resolución rápida con una búsqueda tan larga e irregular que empezó como “averiguación de paradero” cuando Cecilia llevaba tres días desaparecida. Según la abogada Pavón, se empezó tarde, como si la mochilera se hubiera ido voluntariamente, y no se no activaron los protocolos con perspectiva de género que presuponen una agresión violenta hacia la persona buscada.
Las tres organizaciones de mujeres de Capilla del Monte reciben denuncias de violencia y abusos: “Tipos que están metidos y se dan una cobertura espiritual que terminan siendo abusadores. También nos llegan casos de violencia física y doméstica. Pasa que no salen a la luz porque quien tiene que hacer las investigaciones es el Estado y no están”, manifiesta una de ellas y expone que lograron bastante conciencia sobre la violencia en el pueblo, que asisten a las mujeres y que muchas veces sienten que las desborda: “Sobre todo la Mesa Intersectorial tiene consultas como si fueran una institución del Estado. Nosotros tenemos un techo. Primero que no contamos con presupuesto, todo esto es voluntariado, y clamamos porque cuando se hagan políticas que tengan que ver con temas de género y violencias convoquen a las que hacemos territorio”. Liliana critica la Ley Micaela y la califica de “desastre” por entender que no es suficiente el tiempo que dedican los funcionarios a capacitarse en perspectiva de género y porque “cuando vos vas a la comisaría, a los hospitales, a las dependencias del Estado el maltrato a las mujeres es permanente”.
En relación a la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa aporta cuál es el despertar de este pueblo: “Son puntos muy oscuros que la comunidad se está cuestionando: no a un perejil, no a la desaparición de las pruebas. Si le decís a la gente que todo va a estar bien y que la justicia está actuando, la gente se tranquiliza. Pero en esta situación no, entonces el miedo viene por ahí: que no se haga justicia y que el asesino siga suelto”.

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Del dicho al hecho: Los crímenes de odio baten récords

En 2025 se produjeron 227 crímenes de odio contra personas de la comunidad LGTBIQ+: 60% más que el año anterior. En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. El combustible: la violencia y discriminación desde el gobierno, empezando por el Presidente, y el desmantelamiento de políticas públicas. La precarización de la vida privada y lo que ocurre cuando el Estado se retira.
Por Evangelina Bucari
En la Argentina mileísta, cada 38 horas una persona es atacada a causa de su orientación sexual o identidad de género. En Cañuelas, un hombre le prendió fuego a la casa de una pareja de lesbianas. En Recoleta, dos mujeres, de 26 y 24 años, caminaban de la mano cuando un hombre las frenó y las increpó: una terminó con la nariz fracturada; la otra, con lesiones en la mano. En Palermo, un joven gay fue brutalmente golpeado y le rompieron la mandíbula. En Neuquén, Azul Mía Natasha Semeñenko fue asesinada, sin haber podido “ser Azul del todo” porque no recibió su hormonización.
Ninguno de estos hechos violentos de 2025 fue excepcional. El año pasado se registraron 227 crímenes de odio contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans (travestis, transexuales y transgéneros) y otras identidades disidentes. Según el informe anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+, fue el año más violento desde la creación de este organismo, con un crecimiento de más del 60% respecto de 2024, cuando se habían registrado 140 casos. Se trata, dice el relevamiento, de un aumento “abrupto, excepcional y cualitativamente distinto a la progresión observada en los años anteriores”.
La violencia por odio hacia el colectivo LGBT+ se intensificó en un contexto de desmantelamiento de políticas públicas, vaciamiento de organismos de protección, paralización de la agenda legislativa en materia de derechos y consolidación de discursos fascistas que estigmatizan a la diversidad.
Para María Rachid, titular del Instituto contra la Discriminación de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la Federación Argentina LGBT+ (FALGBT), el drástico aumento de estos crímenes en Argentina no puede separarse de los discursos de odio que provienen del gobierno nacional. “Tanto el presidente como funcionarios y allegados se expresan de manera violenta y discriminatoria hacia la comunidad LGBT en general y, principalmente, hacia la comunidad trans”, describe Rachid. “Y eso –agrega– genera mayor violencia y discriminación en la vida cotidiana. Esos discursos terminan legitimando, avalando y fomentando la violencia hacia nuestra comunidad”.
Esa realidad se percibe en lo cotidiano. Ayito Cabrera, director y fundador de la organización Espacio Tolomocho –que nuclea a personas trans con discapacidad–, advierte que el aumento no se limita a los casos visibles, sino que se expresa en formas más silenciosas y estructurales de violencia, atravesadas por la precarización económica y el desfinanciamiento.
“Los pedidos de ‘apañe’ de personas trans se multiplicaron considerablemente”, resume. Ese crecimiento, explica, tiene directa vinculación con la dificultad de acceder a un trabajo que permita sostener condiciones básicas de vida: comer cuatro veces al día, estudiar y alquilar. Cientos de personas travestis, trans y no binarias perdieron sus empleos en ámbitos estatales y muchas se quedaron sin acceder a medicamentos o tratamientos.
RADIOGRAFÍA
El informe elaborado por la FALGBT y las Defensorías del Pueblo de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires permite visibilizar la violencia cotidiana y su naturaleza.
Más de un tercio de los casos corresponde a ataques contra el derecho a la vida, que incluyen asesinatos, suicidios o muertes vinculadas a condiciones estructurales, mientras que casi dos tercios son agresiones físicas que no terminaron en muerte. Rachid aclara que hay un subregistro, “porque hay casos donde no se desarrolla ninguna línea de investigación relacionada a la posibilidad de un crimen de odio”.
En ese punto aparece uno de los datos más significativos del período: las agresiones físicas se duplicaron en un año y pasaron de 73 a 147 casos, un incremento del 101,4%.
Las muertes vinculadas a crímenes de odio se mantienen altas y con un patrón sostenido. En 2024 se registraron 67 casos (17 asesinatos, 44 muertes por violencia estructural y 6 suicidios), mientras que en 2025 la cifra ascendió a 80 (16 asesinatos, 53 muertes por violencia estructural y 11 suicidios), es decir, un aumento del 19,4%. Ese crecimiento incluye un dato especialmente preocupante: los suicidios casi se duplicaron en un año.
Las mujeres trans siguen siendo las más afectadas y concentran el 62,56% de los casos registrados. En segundo lugar se ubican los varones gays (22,03%), seguidos por varones trans (7,93%), lesbianas (5,73 %) y personas no binarias (1,76%).
Pero el documento advierte algo más: es un fenómeno que se expande. Entre 2024 y 2025, los ataques contra varones trans pasaron de 5 a 18 casos. Y las agresiones contra personas no binarias, que ni siquiera aparecían en registros anteriores, se duplicaron.
Ayito Cabrera describe con crudeza cuando además hay intersección de violencias. “Quienes somos personas trans con discapacidad vivimos una doble vulnerabilidad y una discriminación estructural histórica”, advierte. En ese contexto, señala, la falta de políticas públicas agrava condiciones ya precarias y profundiza el abandono.
Para el fundador de Espacio Tolomocho, las identidades trans –en especial, las transmasculinidades– se convirtieron en blanco de discursos que buscan deslegitimar derechos conquistados. “En esta intersección, nuestra identidad se ha convertido en chivo expiatorio de una campaña internacional de las derechas globales. En nuestro territorio, eso se traduce en necesidades básicas –salud, vivienda, trabajo– gravemente afectadas: las hormonas se han vuelto prácticamente inaccesibles, la atención sanitaria se deteriora y la falta de empleo impide sostener una vivienda”, detalla Ayito.
En este sentido, las cifras no pueden interpretarse de forma aislada, sino como parte de un entramado de violencias estructurales, simbólicas e institucionales que impactan de lleno en las condiciones de vida.
Otro tema preocupante es un crecimiento sostenido de agresiones en comisarías y establecimientos penitenciarios, junto con un dato que marca un punto de quiebre: la participación de fuerzas de seguridad pasó de 17 casos en 2024 a 64 en 2025. Esto consolida a la violencia institucional como uno de los principales vectores de agresión, en especial contra la población trans y, en particular, contra las mujeres trans.
Rachid señala que esto no resulta sorpresivo. “Cuando aparecen o se instalan gobiernos de derecha, las fuerzas de seguridad se sienten más avaladas para ejercer su violencia hacia los grupos vulnerados en general y la población LGBT en particular”, explica.
LA ANTIAGENDA
El hecho de que el registro más alto de toda la serie histórica del Observatorio se produzca durante el gobierno de Javier Milei es un dato cargado de sentido. Desde que comenzó su mandato, siguiendo la agenda de ultraderecha de su amigo Donald Trump, el presidente argentino promovió discursos que cuestionan derechos, deslegitiman identidades de género diversas y contribuyen a habilitar formas más intensas de violencia contra las personas LGBT+, como quedó demostrado durante su intervención en Davos en enero de 2025.
Esa violencia simbólica vino acompañada de la eliminación de programas, organismos y dispositivos estatales que cumplían funciones centrales en la prevención de la violencia y el acompañamiento de las víctimas. La disolución del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por ejemplo, dejó a la población LGBT+ sin un canal institucional específico para denunciar actos discriminatorios. El informe lo sintetiza en una frase que funciona como advertencia: “Allí donde el Estado se retira, el odio encuentra condiciones para expandirse”.
Esa relación entre discurso y violencia también aparece en la experiencia cotidiana de las organizaciones. Para María Rachid, los informes no solo marcan un aumento de los crímenes de odio, sino que evidencian su vínculo con los discursos que circulan desde el poder.
Agrega que, a partir de expresiones públicas de funcionarios y del propio Milei, se produjo un cambio perceptible: crecieron las denuncias, las consultas y también la violencia cotidiana. “Hay evidencia de esa relación directa. Lo muestran los informes, pero también se puede ver en las redes sociales de cualquier organización LGBT”, plantea Rachid.
Ocurre que cuando esos discursos provienen de una voz de autoridad como lo es el Poder Ejecutivo Nacional, el impacto es concreto. No solo habilitan la violencia, también la legitiman.
Desde el Espacio Tolomocho explican que lo que antes circulaba como insulto marginal hoy es retomado por funcionarios y medios, ampliando su alcance y su legitimidad social, y habilitando agresiones físicas, institucionales y discursivas con mayor impunidad.
Las consecuencias de ese proceso también se observan en el acceso a derechos básicos, como la ley de cupo laboral. Los despidos en la administración pública y la falta de implementación efectiva de estas normativas profundizaron la exclusión de la población trans y empujaron a muchas personas a situaciones de extrema precarización.
En este contexto, espacios como Tolomocho adquieren otro sentido y se transforman en redes de contención y cuidado, un recurso fundamental en tiempos hostiles. “Somos personas trans con discapacidad profesionales en nuestras áreas, editamos libros, hacemos muestras de arte, damos clases, trabajamos en accesibilidad. Apostamos a la educación y al arte como formas de construir otra sociedad”, explican.
En un clima social marcado por el ascenso de los discursos de odio, la discriminación y el individualismo, la respuesta vuelve a ser colectiva. La organización, la denuncia y la presencia en las calles se tornan fundamentales ante una avanzada antiderechos que tiene en el propio Estado nacional a uno de sus impulsores.
Nota
La marcha en Córdoba: detrás de los ojos de Agostina

Córdoba llegó a la undécima edición del Ni Una Menos con una herida abierta y reciente: el femicidio de Agostina Vega, de 14 años, ocurrido días antes en la ciudad. La convocatoria no necesitaba más argumento que ese flequillo y esa mirada. Córdoba salió a la calle bajo la lluvia este 3J, once años después del grito que fundó esta fecha, con la misma urgencia y con la misma pregunta sin respuesta.
Por Bernardina Rosini
El trole que recorre los barrios del oeste de la ciudad viene casi lleno faltando dos horas para la marcha. El parabrisas anticipa el motivo: el rostro pequeño de Agostina Vega, 14 años. Era fácil intuir que será una marcha que desbordará una ciudad que expresa hartazgo. Nadie mira los barrios de Córdoba, nadie atiende a su gente. Los que ocupan los sillones más mullidos de las oficinas del poder local sobrevuelan las veredas estalladas, no las caminan. Los cordobeses respondieron muy bien a los discursos contra la casta porque describe con precisión algo que ya conocen de cerca: un Estado que administra con diligencia donde hay recursos e influencia, y que llega tarde, mal o nunca adonde no los hay.

El flequillo y los ojos de Agostina. Fotos: lavaca.org.
Lo que no se puede creer
Son las 18 horas y comienza excepcionalmente puntual la undécima edición del 3J. Llueve, llueve, llueve, como si la meteorología comprendiera mejor de duelos que quienes toca narrarlos. Miguel y Elizabeth, los abuelos de Agostina, encabezan la multitud. De frente, el arco de cámaras y cronistas. Un grupo de sikuris hace una ofrenda a las víctimas de la fecha, queman hierbas y hacen sonar su música. Recién entonces todo empieza. Tres horas llevará recorrer las diez cuadras dispuestas a paso lento y apretado, bajo paraguas que cubren a propios y ajenos. Una mujer contempla desde el cordón y llora desconsolada: «Es la primera vez que vengo. Es la primera vez en una marcha. Yo no puedo creer lo que hicieron con esa niña.» Está junto a su hija de 19 años y no sabe si sumarse al recorrido. Llora y llueve. Desde una mesa que intenta protegerse del agua se reparten lienzos con los ojos serigrafiados de Agostina. Los ojos y su flequillo de nena.
Varones
Hay varios hombres presentes: padres con sus hijas, grupos de amigos, novios. «Con los pares que no tienen sensibilidad al tema, la conversación se vuelve muy estratégica, hay que evitar el choque frontal. Mi método es a través del interrogante, que puedan encarnar la pregunta», comparte Gonzalo, de 41 años.

Acompañando la marcha y una percepción sobre los varones: «Reconocer la miseria propia es difícil». ¿Cómo es el camino para llegar desde allí, al reconocimiento del problema? Fotos: lavaca.org
«Para cualquiera reconocer la miseria propia es difícil. El problema es que el varón no asimila. Pero si asimila, reconoce; si reconoce, cuestiona; si cuestiona, suelta; y si suelta, lucha. Son muchos procesos por delante». Un grupo de docentes toma esa misma dificultad para reclamar por la ESI. «Es un cambio que requiere tiempo, pero tenemos que empezar en serio hoy, y la ESI es la mejor herramienta para trabajarlo con los chicos. Insisten con diluirla, como mínimo», se lamenta Graciela, maestra de nivel inicial en una escuela de barrio Juniors.

La familia encabezando la marcha en Córdoba. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
La marcha se detiene frente a grandes mosaicos fotográficos que vuelven a traer los ojos de Agostina. Su mirada se despliega ocupando todo el ancho de la calle. Todos quedan detrás de ella. Ya no existe la división entre quienes la conocían -y hablaban de su risa y sus anhelos- y quienes aventuraban, con violencia, sentencias sobre su sexualidad. Todos detrás de sus ojos. Todos debajo de la lluvia.
Dónde está Delicia
Se grita al cielo preguntando dónde está Delicia Mamaní Mamaní, la joven de 25 años desaparecida desde noviembre pasado, cuando salió de su hogar en el paraje rural Punta de Agua, Malagueño, con destino a la Escuela Normal Superior Dr. Alejandro Carbó en el centro de Córdoba, donde cursaba el segundo año del profesorado de Educación Primaria. También en este caso los primeros obstáculos surgieron en las propias dependencias estatales. La mamá de Delicia intentó hacer la denuncia en medio de una profunda barrera lingüística -el aymara es su lengua materna- y ninguna Unidad Judicial de la zona la recibió durante los primeros días clave. Ante la desidia, fue la comunidad educativa del Carbó la que asumió un rol activo: organizó movilizaciones, consiguió el patrocinio ad honorem de abogadas y logró judicializar la causa una semana más tarde. También en este caso, justicia a fuerza de organización y de calle.
Paula, del barrio Portal de Córdoba, lleva un maquillaje de lágrimas rojas. No lágrimas: llanto rojo, angustioso. Levanta un cartel que recuerda que hace once años el padre de su hija abusó de la niña. Su lucha nació en las mismas fechas que esta marcha, y también la falta de respuesta. «No sucedió nada. Hice denuncias, peritajes, pero él está recorriendo Europa y ya ves dónde estoy yo«.
Justicia sin apellido
Del otro lado del cartel, el nombre de una amiga: «Jessica Barrera, presente.» Una vecina a quien el ex novio mató metiéndose por la puerta trasera de su casa. Ella había hecho la denuncia. Tenía custodia policial en ese mismo momento. Luego buscó su nombre en los padrones de femicidios y no lo encuentro. A Paula la acompaña una amiga: «Me llevó toda la noche hacer la denuncia. Me dieron un botón antipánico y a mí me sirvió. Pero es cierto que estás ocho, diez horas esperando y quién sabe qué va a resultar después.»
Lo narrado por el fiscal Garzón en la conferencia de prensa días atrás no le resultó ajeno a nadie que alguna vez haya tenido que sentarse a esperar justicia sin apellido que lo respalde.
La marcha empieza a dispersarse, pero no hay un momento claro en que finalice. Simplemente ocurre, como todo lo que se sostiene once años: porque alguien decide seguir. No hay documento, no hay escenario al que llegar. Es con las de al lado, es detrás de los ojos de Agostina, es debajo del reparo ofrecido. Once años de marchar.

Las mujeres de Córdoba ganando las calles, pese a la lluvia, y pese a todo. Fotos: Nany Palazzini /lavaca.org
#NiUnaMás
El 3J porteño: Vamos

Por Claudia Acuña
Fotos: Juan Valeiro
Muchas: eso fuimos. Muchísimas más que la última vez y ojalá que menos que la próxima, o mejor: que no sea necesario una próxima. Que al fin podamos descansar y dedicarnos a otra cosa en lugar de escribir con marcador en un cartón: “Ayer estaba viva. Hoy mi hermana es la foto de este cartel” o salir del trabajo donde estamos paradas ocho horas por dos pesos para sumarnos últimas, con lágrimas regando las mejillas y la convicción de exigir justicia por la compañera que acuchilló su novio hace dos días, en ese femicidio que en la tele informaron como resultado de “una infidelidad”. Con esa orfandad de sensibilidad y respeto, que abona el permiso social para carnear mujeres están hablando en los medios de Noelia, 30 años, de Temperley, la compañera de este grupo de chicas que no pueden decir dónde trabajan porque la firma se los prohibió. “Ella ya lo había denunciado porque sufría su violencia, se había separado y ese día iba a sacar sus cosas de la casa. Él le dijo que no iba a salir viva de ahí, la tomó de rehén y ella pidió ayuda al 911, la policía demoró y cuando llegó no supo cómo intervenir: fue peor”, cuentan temblando. Masacradas primero, criminalizadas luego, silenciadas después, lo que queda es estar ahí con los carteles escritos a las apuradas y el llanto incontenible, al final de la concentración que un grupo decidió que no sea marcha ni disponer de lugar donde el dolor de las familias descanse (aprendan de Córdoba, orgas porteñas), pero no importa porque no es lo importante.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
A pocas cuadras y sobre Hipólito Yrigoyen están las madres de Brenda y Morena, dos de las tres masacradas en el triple narco femicidio agradeciendo que la multitud las abrace y sin esperar –ni ellas ni la multitud– ser referente de nada ni vocera de nadie: ser una más es ser Ni Una Menos.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
A metros del cine Gaumont no es la casualidad sino la fuerza de esta marea la que hace chocar a la actriz Laura Paredes con Teresa Laborde. Laura interpretó a su mamá –Adriana Calvo– en la película Argentina, 1985. Teresa es lo que allí se contó: la nena que nació en un Falcon Verde, hoy una bella y luchadora mujer: su sonrisa es el símbolo de una victoria social y el abrazo entre ambas es la postal de la inquebrantable alianza entre el arte y la memoria. De ese caudal abreva esta marea. Somos las hijas y las nietas de la batalla por la justicia.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
“Estoy en contra de todo gobierno que quiera sacarme mis derechos” enarbola una chica con capacidad para sintetizar lo que este movimiento expresa políticamente.
“Faltan 10 femicidios para que empiece el Mundial” es el mensaje impreso en una hoja A4 que reparte una señora.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
“Merecemos vivir sin miedo”, gritan ambos carteles que traen desde Avellaneda Luna, 9 años, y Tatiana, 18, sobrina y tía, mientras caminan la Avenida de Mayo de la mano y cuentan que esta es su primera vez. “Hablamos ayer con mis hermanas. Nos escuchamos. La verdad es que este gobierno se está pasando de la raya con este tema. Yo le conté que todos los días camino por la calle con un ojo en la espalda. Ninguna queremos que ella crezca así. y decidimos que teníamos que estar. Ellas trabajan y no podían venir, pero decidimos que nosotras sí y ahora están pendientes del teléfono para saber si estamos bien. Y estamos bien porque hay mucha gente por suerte”.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
Mucha gente, sí. Muy joven en su gran mayoría, más varones que otras veces, también y pocas columnas de organizaciones, la mayor parte ocupando la primera fila de lo que calculan el foco de las cámaras. El ancho resto, que desborda la plaza y riega Avenida de Mayo hasta la 9 de Julio, está poblada por las incontenibles gotas de esta marea que emerge con el grito que transforma el dolor y la tristeza en organización y rebeldía.
Quizá no sea una suerte, pero casi.
Quizá eso que grita Ni Una Menos sea la providencial expresión de un acto de fe en ese nosotras que nos impulsa a salir a las calles de todo el país sin especular con que esté garantizado de antemano para acudir: vamos.

Foto: Juan Valeiro/ lavaca.org
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