#NiUnaMás
Las dudas en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa
El hallazgo de la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte abrió una investigación judicial sobre la cual la familia y la comunidad dudan. La búsqueda durante 20 días, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad locales, no obtuvo rastros. La aparición sin vida fue el 25 de abril, al día siguiente de que sus padres llegaran al pueblo: la encontró un peón de campo que buscaba animales cerca del basural. A los tres días apuraron el caso y detuvieron a un joven de 23 años cuya familia denuncia que es inocente: “Y si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”. Las dudas del padre sobre el hombre que la hospedó en primera instancia, el testimonio de la hermana, los resultados de la autopsia y las cosas que no cierran, mientras se intenta cerrar el caso.
Por Lucrecia Raimondi
Vecino a vecina, por teléfono, en las filas del supermercado o la farmacia: así fue la convocatoria persona a persona que hicieron mujeres de Capilla del Monte para que el pueblo saliera a la calle por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Lo lograron: la marcha de cien personas encabezada por Daniel y Susana, padre y madre de la joven, circuló alrededor de la Plaza San Martín frente a la intendencia, caminó las cuadras de la calle principal, la techada del pueblo, y terminó en la Secretaría de Turismo. Quien no se animó por temor a las represalias ante el aislamiento o no pudo sumarse aplaudió y gritó “justicia” desde la puerta de su casa. El apoyo del pueblo es total. Daniel Basaldúa fue el único orador del acto: “Siempre dije que si hubiera sido hombre a Cecilia no le pasaba lo que le pasó. Desde que llegó acá tuvo muchos problemas: cayó en malas manos, la mataron. Nosotros vamos a luchar para que esto se esclarezca: me mataron mi hija y tengo que buscar la verdad. Les agradezco por cómo nos tratan a nosotros, pero tienen un asesino en su sociedad”.
Cuando terminó de decir esto, estalló la indignación: “¡Queremos la verdad! ¡Son más de uno! ¡Son una mafia! ¡Vivimos con un asesino!”, gritaron los vecinos y las vecinas de Capilla del Monte que acompañaron la movilización. Susana, la mamá de Cecilia, contó a lavaca cómo vivió la marcha: “Yo sentí que ella me estaba guiando, que me estaba dando fuerza para pedir justicia y que se encuentren a los verdaderos asesinos. Uno solo no creo que haya sido, estoy muy convencida: ella se sabía defender. No nos podemos caer porque en este momento es cuando más tenemos que luchar y ella nos va a dar la fuerza para llegar”.
¿Qué pasó con Cecilia?
Soledad Basaldúa, la hermana de Cecilia, activó la búsqueda apenas llamaron desde Capilla del Monte para avisarle que Cecilia había desaparecido. Cuenta a lavaca que al principio estaba muy confiada en la búsqueda que estaban haciendo pero que hoy, con la aparición sin vida, piensa le cuesta creer que se esté haciendo una investigación seria: “Me resulta muy raro todo. El hombre dueño donde se la vio con vida por última vez – Mario Mainardi- aviso tres días después que ella dejara su celular y su computadora. Nada cierra, circula un audio de la hermana del detenido diciendo que es un perejil, que no tiene nada que ver. Es difícil creer que haya una sola persona involucrada por una cuestión de que el cuerpo data de siete días muerta desde que la encontraron; en el medio quedan trece días que no se sabe nada de dónde estuvo. Supuestamente la buscaron con helicópteros, perros, drones, rastrillajes, pero no había rastros. Y la encuentran a cinco kilómetros de lo que es el centro de Capilla. Es muy raro también de pensar en una sola persona porque mi hermana sabía de defensa personal, era cinturón negro de taekwondo, y que este chico se haya entregado solo así tan rápido… No sabemos qué pensar: si la secuestraron o si estuvo con alguien, pero en algún lado estuvo y no la encontraron en esos días que estaba viva. Por eso es todo raro. No termina de cerrar, hay muchas preguntas en el medio. Podríamos haberla encontrado con vida, supongo que por un mal accionar o por algo no se pudo y la encontramos muerta”.
Cecilia eligió Capilla del Monte porque ya conocía el destino y dice su hermana que le gustaba la energía del lugar para instalarse un tiempo a escribir las crónicas de su viaje de cuatro años y medio por América Latina. Ella había estado en el pueblo serrano hacía 10 años y cuenta Soledad que Cecilia lo había recorrido bien, que se metió por “rincones por fuera de lo que es el turismo tradicional”. Que entonces conoció a una familia con la que mantuvo contacto y a quienes acudió cuando llegó al pueblo el 21 de marzo, un día después de establecido el aislamiento social obligatorio. Al parecer, relata Soledad, le hicieron un chiste de que traía el coronavirus desde Buenos Aires que Cecilia se lo tomó mal y por eso decidió no quedarse ahí. Intentó ir al camping pero no la admitieron “por la pandemia”. Y terminó encontrándose en la plaza con una chica -que aún no fue identificada- que le consiguió una casita para que se quede, a orillas del río Calabalumba. El posible dueño de este otro predio -cuyo nombre se pidió no ser difundido- según los lugareños “es un tipo pesado, ex boxeador y tiene antecedentes de violencia”. Sus propiedades están a la vera del río por Camino de los Mogotes. La familia del joven acusado está asentada en esa misma área sobre el monte, en una zona rural. Un móvil de Canal 2 de Villa Carlos Paz se acercó a la vivienda de los Bustos y sobre el final de la entrevista una de las familiares comentó que desde arriba del monte se escuchaban gritos de una mujer desesperada que provenían del río. El periodista no repreguntó sobre este comentario.
Daniel Basaldúa, el padre está convencido de que Mainardi algo tuvo que ver con el crimen de su hija. Cuenta a lavaca: “Él había hablado conmigo cuando me llama a Buenos Aires, dijo que Cecilia se había ido por un brote psicótico y le dije que no podía ser, que no era normal de ella, que no tenía eso. Mainardi dijo que estaba preocupado porque había dejado la computadora y el teléfono ahí. Después de hablar con él hicimos la denuncia y la pasaron a Capilla. Según dicen, lo allanaron. Pero el viernes cuando llegamos – a Capilla- fuimos a la casa y no nos cayó bien. Desde la puerta nos señaló hacia adentro y dijo que le dio un cuarto, que no hacía falta que pusiera la carpa. Y recalcaba que él no le cobró. De eso no sabíamos nada y yo le dije que ella tenía dinero, que no era una pobrecita sin nada, tenía para no andar pidiendo. Él estaba preocupado porque había salido su apellido, que lo estaban volviendo loco, que tenía una familia, una hija. Nuestra hija todavía estaba desaparecida. Fuimos a preguntarle cómo fue, qué pasó. Y dice ‘mirá, a ella le agarró un ataque, se puso loquita, le dije que así no la podía tener y la eché’. Ahí me cambió todo, yo no puedo confiar en alguien así. Y nos dijo cosas feas de ella, él le estaba echando la culpa a ella, no sé por qué causa. Cuando llamó a Buenos Aires dijo que se fue y cuando acá hablé con él dice que la echó. A mí me mintió. No sé qué pasó, pero hubo tres días desde que este Mainardi la echa y él me llama. ¿Cómo puedo confiar en ese hombre que me avisa tres días después? En esos tres días puso pasar de todo. Y encima pierde su mochila, sus elementos de supervivencia. Ella estaba acostumbrada a vivir en situaciones extremas pero sin esos elementos no, así que algo pasó. Y cuando busco a este muchacho salió diciendo cosas muy feas y no fue nada claro. Después de eso no me sorprendió nada. En mi caso yo creo que es el sospechoso número uno. Y si no es así que lo pruebe, que de las explicaciones que tiene que dar. Yo no voy a parar hasta que termine, si tiene algo que ver lo voy a seguir, se lo dije en la cara. Así va a ser. No acuso a nadie, pero voy al frente y pido que se esclarezca. Nosotros vinimos el viernes, aparece el sábado y a los dos días hay un detenido. Acá supuestamente dicen que le hicieron de todo a este Mainardi pero yo no creo. Me llama la atención que a este muchacho prácticamente no lo han tocado, ni siquiera estuvo detenido. Después de que apareció el cuerpo yo les dije a la fiscalía que esperaba que no se les escape. Me dijeron que le habían puesto una custodia pero antes no tenía nada”.
La teoría del perejil
La filmación de Canal 2 muestra una única casa en medio del monte. A lo lejos se ven unas estructuras de ladrillos sin terminar. Frente a cámara hablan dos de las hermanas de Lucas Bustos, el detenido; una de ellas se larga a llorar. A los cinco minutos se suma la madre, una señora anciana y flaquita. Atrás de ellas, al lado de una mesa, se ve a un muchacho abrazando a una joven que llora, hay otra mujer hablando por teléfono y dos niños. La familia Bustos son nueve hijos que viven todos en comunidad: los padres, los hermanos, los maridos, las mujeres y los niños. De a poco ampliaron algunas casillas en el mismo terreno. Lucas estaba construyendo una. De un momento a otro en la entrevista son siete familiares que explican desesperados cómo detuvieron a Lucas, que los golpearon en la comisaría y que no tuvieron nada que ver con el crimen. El móvil cierra con un grito de justicia. “Si vos ves dónde vivía el pibe y su entorno familiar te das cuenta que son gente de campo, que comparten una casita donde viven un montón. Es imposible que eso sea una infraestructura para ocultar a una chica por 13 días – manifestó Liliana – Todo muy turbio, y si están protestando es porque algo de realidad hay en lo que dice la familia. Estamos en un pueblo que pide justicia por Cecilia y a su vez asumiendo que también hay que pedir justicia para que no se agarre a cualquier pibe”.
El abogado particular de Lucas Bustos, en comunicación telefónica con Capilla del Monte Noticias, dijo que le llamó mucho la atención el procedimiento policial porque el martes que detuvieron a Lucas las fuerzas de seguridad estuvieron en las proximidades de esa zona rural: “Primero haciendo preguntas al boleo a ver si habían visto pasar a Cecilia o alguien conocido o desconocido; unas tres horas después la misma policía pidieron que Santiago y Lucas los acompañaran para hacer una declaración jurada que los desvinculara y que estaban diciendo la verdad, la familia pide ir pero contestan que no hay capacidad en el móvil para el traslado. Después de esa declaración indagatoria sin abogado defensor sale esa manifestación espontánea de Lucas. Cuando vuelve Santiago – hermano de Lucas- a explicar todo lo que pasó, se libraron los allanamientos”.
El defensor particular que consiguió la familia de Lucas es la única persona que pudo verlo desde que lo demoraron en la alcaldía. Está asesorado por un abogado especializado en derechos humanos que sugirió la agrupación H.I.J.O.S Punilla. En la entrevista, Sergio Sánchez advirtió: “Me encontré con un chico introvertido, retraído, tímido al punto de que la fiscalía ha podido ver y valorar esto porque estuvo hora y media casi dos horas tomando sus datos personales y los de sus familiares, y fueron extremadamente puntillosos con lo que le fueron preguntando. Pero al punto de que le costó tomar los datos porque habla para adentro. Estuve con él casi 50 minutos, lo noté relajado pero triste y me costó hablar con él. De estar encerrado solo en una habitación con cuatro o cinco policías de la forma sensible en que le deben haber estado preguntando qué relación tenía él con el hecho y para que el Ministerio Público Fiscal salga a decir que dio precisiones exactas de su relación con Cecilia. Imagínese una persona que prácticamente no habla, en esas condiciones y con un temor terrible, mire si va a dar esa cantidad de precisiones”.
Además cuestionó el acta del funcionario que tomó la declaración: “El elemento clave incriminante es el testimonio del empleado policial que asevera haber escuchado que Lucas se quebró y manifestó ser el culpable del hecho. Esa declaración no estaba en el expediente y no está ni nunca va a ser firmada por Lucas, pero sí está firmada por el empleado policial. Supuestamente debería haber estado al momento de la indagatoria el abogado defensor para que pueda verificar el hecho incriminante sobre el que se basa la fiscalía para acusar a Lucas. Esa declaración al día de hoy no la tengo y no estaba porque supuestamente todavía no había sido trasladada desde Capilla a la fiscalía -en Cosquín”.
El defensor Sánchez cuenta sobre más irregularidades: “La fiscalía está buscando pruebas que incriminen a Lucas. Es de cañón que inmediatamente y estando Lucas detenido con la supuesta manifestación espontánea realizada dentro de la comisaría se iba a librar la orden de allanamiento para el secuestro de la ropa. No tenemos todavía las pericias químicas, el verdadero material probatorio, que van a decir que dentro de esa ropa había algún elemento que lo vinculara con Cecilia. Estamos hablando de una persona de 23 años, peón de albañil, que por estos días estuvo realizando el aislamiento obligatorio en su casa, trabajando en la ampliación de una pieza. Sus ropas son elementos de trabajo, vive en una zona rural, campestre, y probablemente se encuentren espinas. El Ministerio Público tiene una posición en la que pareciera que está todo listo pero no para esta defensa, la familia, las organizaciones e incluso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comunicó conmigo y también se pronunció en apoyo a la familia de Cecilia. Acá lo que estamos buscando es la verdad y la justicia. Cuando empiecen a salir las pericias químicas y de ADN, las psiquiátricas, podremos vislumbrar algún panorama. Por ahora la fiscalía tiene cerrado el caso pero mi cliente en un sinfín me repitió que no tuvo nada que ver y recalcó el pedido de cuidado a su familia”.
La agrupación H.I.J.O.S Punilla junto con el Movimiento Plurinacional del lugar desde un primer momento alinearon acciones y reclamos siguiendo los avances de la búsqueda de Cecilia con un trabajo territorial. Si alguien del pueblo dice que dijo o vio, si se comentó algo, van a preguntar, chequean qué fue verdad y qué mentira. Además, focalizaron en cómo contener los dos casos para que no haya impunidad: Movimiento Plurinacional estaban ocupándose de dar contención y acompañamiento a la familia de Cecilia. H.I.J.O.S de acercarse a la familia de Lucas para que se respeten sus garantías procesales. “Brindarles el acompañamiento que fuera necesario para asegurar las garantías correspondientes a cualquier imputado en su calidad de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dado que las circunstancias de su detención y el hermetismo respecto a las pruebas en su contra por parte de la fiscalía, nos dejaba con muchas preguntas y no nos íbamos a permitir entrar en especulaciones sobre dichos extraoficiales de medios amarillistas”, informó la agrupación. Y sobre los aportes que pudieron recabar dicen: “De la charla con los familiares pudimos corroborar un dato que nos había quedado resonando en una entrevista que realizo la familia para Canal 2 de La Cumbre el día anterior. En la misma, prácticamente al finalizar, una tía de Lucas menciona a un vecino de ellos y relata que sus hijos habrían escuchado gritos de una mujer una semana atrás, pero dado a que son una familia de bajos recursos y hace tiempo vienen siendo víctimas de persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad no se sintieron cómodos con realizar denuncia alguna. Consideramos que dada la situación actual sería bueno que el abogado de Lucas articulara los medios correspondientes ante la fiscalía para que se tome declaración sobre tales dichos”.
H.I.J.O.S Punilla asevera que “la manifestación –fue- casi unánime en las redes de personas del pueblo nativo y de otros que viven hace muchos años y que conocen la realidad y el accionar de las fuerzas de seguridad en Capilla del Monte, que tuvieron la impresión de que se lo estaría incriminando. Y por supuesto acompañando a la familia de Cecilia en todo lo que se nos requiera por intermedio de la articulación con las compañeras del movimiento plurinacional de mujeres”.
Cómo romper el aislamiento social no-obligatorio
El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, la Mesa Intersectorial contra la violencia de género y la agrupación Así No de madres contra el abuso sexual en la infancia son las tres organizaciones que siguen los casos de violencias en esa localidad y acompañaron la búsqueda de Cecilia desde el principio. De ellas surgió la necesidad de salir a protestar. Liliana Martín, parte del Movimiento Plurinacional, cuenta cómo motorizaron el pueblo a la calle, después de investigar qué consecuencias podría tener romper la cuarentena: “En ningún lado que hable de la cuarentena dice que no nos podemos movilizar: lo que no podemos hacer es amontonarnos, nada más. No está prohibido manifestarse si respetamos las medidas; salgamos a decir lo que sentimos sin enfrentarnos con nadie”. Y relata las medidas que adoptaron para cuidarse las tres veces que activaron protestas por Cecilia: “Tomamos un poco la experiencia de las marchas relámpago en los ’70 de citarnos uno a uno por teléfono a una hora y en un lugar puntual. La convocatoria fue persona a persona, no lo abrimos a las redes y no hicimos nada que pudiera permitir que se reprima la movilización. Lo importante en este caso era respetar la cuarentena usando los barbijos, con la distancia prudencial para evitar el contagio y llevar carteles alusivos a Ceci. La primera consigna fue ‘aparición con vida’, la segunda fue ‘justicia por Cecilia’ y de la tercera, con mucha más gente y sin miedo, participaron los padres que encabezaron la marcha”.
La masiva movilización en contexto de pandemia muestra que la comunidad de Capilla del Monte está inquieta con el asesinato de Cecilia y que existen dudas con la detención de su supuesto femicida. “En esta situación sabemos que si Lucas Bustos no es el femicida, el femicida está suelto. Y que además, si esto se armó y se organizó para cubrir al verdadero femicida, este femicida tiene poder en algún lado, con las fuerzas de seguridad, con algún estamento de la justicia o de la municipalidad. Si se cubre tanto a alguien es porque tiene poder. Y el miedo es ese, porque si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”, explica Liliana.
Capilla tiene un antecedente reciente que alimenta este tipo de hipótesis: la desaparición y muerte en febrero de Mariela Natalí, una turista que según la primera autopsia murió ahogada en 30 centímetros de agua.
El calendario del caso no-cerrado
27 de abril. Primer comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF): “Luego de trece horas de trabajo y tres médicos forenses, se pudo concluir que trata de una muerte violenta, no natural, cuya causa eficiente no se puede determinar todavía pero se presume que se trataría de asfixia por estrangulamiento, lo que aún es motivo de investigación. El cuerpo presenta heridas defensivas en distintas partes, cuya naturaleza y extensión deben ser complementadas con estudios anatomopatológicos y químicos, entre otros”.
28 de abril. “En el día de la fecha, en la investigación que sigue la Fiscalía de Instrucción de Casquín, en la localidad de Capilla del Monte, por el homicidio, cuya víctima sería Cecilia Gisela Basaldúa, luego de tareas investigativas, se logró individualizar al autor del hecho, siendo el mismo un hombre de 23 años, oriundo de la zona, a quien se le ordenó la detención y se lo imputó de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género”.
En un segundo comunicado, 24 horas después, el MPF informa que resolvió el cauce de la investigación con la imputación de este hombre.
29 de abril. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, habló con Canal 2 de Villa Carlos Paz y dijo: “El pedido de justicia me parece muy noble y habrá que esperar que la justicia en cuanto a lo que está pasando. Cualquier opinión o presión sería adelantarse y hasta entorpecer el trabajo judicial”.
30 de abril. “Valeria Bustos, hermana de Lucas, mediante un video de WhatsApp convocó a la población en general a una marcha para el día jueves 30 a las 10 a.m. pidiendo ‘Verdad y Justicia por Cecilia’ aseverando que su hermano es inocente, que se sepa la verdad y que aparezca el verdadero responsable”. La marcha empezó en la comisaría y desconcentraron frente a la Municipalidad: “No logramos que el Intendente ni el Secretario de Gobierno se hicieran presentes y pronunciaran palabras ante los convocados que así lo reclamaban”, expresó H.I.J.O.S Punilla.
Por qué el Estado es responsable
Las agrupaciones feministas locales denuncian que la escasa información que circula en los medios de comunicación tradicionales no tiene perspectiva de género porque monopolizó la voz del caso Ariel Luna, un periodista local acusado de abuso sexual a una menor en 2017. También advirtieron que sobre la aparición de Cecilia tuvo acceso a fuentes de información antes que la fiscalía. Al respecto, la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, habló ayer con Capilla del Monte Noticias, un programa emitido por la FM comunitaria Una Radio Muchas Voces, y refirió que tienen muchas dudas sobre el hallazgo: “Tenemos datos de medios que dicen el 20 de abril habrían encontrado el cuerpo cerca del basural, que después salieron a desmentir, pero esa información que manejaban cinco días después coincidían con la aparición del cuerpo de Cecilia”.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario y ninguna de las partes pudo aún acceder al expediente que elaboró la fiscal de feria del Ministerio Público Fiscal de Cosquín, Josefina Gómez. La intervención policial de Capilla en la detención del chico de 23 años tiene fisuras y el pueblo no olvida los antecedentes de violencia institucional con el caso del supuesto suicidio en la comisaría de Jorge Reyna de 17 años que fue detenido en 2013 y su cuerpo tenía indicios de golpes previos. También resulta dudoso el accionar judicial: no están claros los canales que manejó la fiscalía para llegar a una resolución rápida con una búsqueda tan larga e irregular que empezó como “averiguación de paradero” cuando Cecilia llevaba tres días desaparecida. Según la abogada Pavón, se empezó tarde, como si la mochilera se hubiera ido voluntariamente, y no se no activaron los protocolos con perspectiva de género que presuponen una agresión violenta hacia la persona buscada.
Las tres organizaciones de mujeres de Capilla del Monte reciben denuncias de violencia y abusos: “Tipos que están metidos y se dan una cobertura espiritual que terminan siendo abusadores. También nos llegan casos de violencia física y doméstica. Pasa que no salen a la luz porque quien tiene que hacer las investigaciones es el Estado y no están”, manifiesta una de ellas y expone que lograron bastante conciencia sobre la violencia en el pueblo, que asisten a las mujeres y que muchas veces sienten que las desborda: “Sobre todo la Mesa Intersectorial tiene consultas como si fueran una institución del Estado. Nosotros tenemos un techo. Primero que no contamos con presupuesto, todo esto es voluntariado, y clamamos porque cuando se hagan políticas que tengan que ver con temas de género y violencias convoquen a las que hacemos territorio”. Liliana critica la Ley Micaela y la califica de “desastre” por entender que no es suficiente el tiempo que dedican los funcionarios a capacitarse en perspectiva de género y porque “cuando vos vas a la comisaría, a los hospitales, a las dependencias del Estado el maltrato a las mujeres es permanente”.
En relación a la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa aporta cuál es el despertar de este pueblo: “Son puntos muy oscuros que la comunidad se está cuestionando: no a un perejil, no a la desaparición de las pruebas. Si le decís a la gente que todo va a estar bien y que la justicia está actuando, la gente se tranquiliza. Pero en esta situación no, entonces el miedo viene por ahí: que no se haga justicia y que el asesino siga suelto”.
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El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad
El expolicía Miguel Ángel Mazo, femicida de Florencia Albornoz (foto principal), saldrá hoy en libertad después de una condena de solo 15 años; un caso que llegó a instancias internacionales y volvió a dejar al descubierto la peor de las violencias: la ejercida por el propio Estado. A pocos días de iniciado el año ya hay 13 víctimas de femicidios y en tres están involucrados integrantes de las fuerzas de seguridad. El compromiso que el Estado argentino no cumple: capacitar, prevenir y reparar.
Por Evangelina Bucari
Durante la madrugada del 17 de enero de 2010, Miguel Ángel Mazo, policía de la provincia de Buenos Aires, asesinó con su arma reglamentaria a Florencia Albornoz, de 21 años, y a un amigo de ella, Ernesto Escudero. El caso fue catalogado como doble homicidio agravado por el vínculo, ya que en ese momento no estaba vigente la figura del femicidio. En 2012, Mazo fue condenado a solo 15 años de prisión. Hoy quedará en libertad.
Florencia y su femicida tenían una hija y, además, ella tenía un hijo de una pareja anterior. Durante toda la relación y aun cuando terminó, Mazo la sometió a hechos de violencia. Ella realizó la denuncia, pero no se dictó ninguna medida de protección. Y cuando las agresiones escalaron, fue la Comisaría de Quilmes, sección primera –en la cual el agresor prestaba servicios– la encargada de custodiar su integridad. Algo que no sucedió: finalmente, Mazo ingresó a la casa donde estaba Florencia con Ernesto Escudero y los asesinó.
A la impunidad y al dolor que siente la familia Albornoz porque el asesino de Florencia caminará libre por las calles de la zona sur del conurbano bonaerense, se suma otro incumplimiento por parte del Estado. Ocurre que en 2023, tras un reclamo presentado ante la Convención Internacional para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés), habían lograron una serie de medidas de reparación y de no repetición, con la firma de un acuerdo de solución amistosa del cual las autoridades nacionales, las de entonces y las de ahora, nunca se hicieron cargo. “El Estado argentino reconoció su responsabilidad por no haber podido resguardar a Florencia ni prevenir su femicidio. Sin embargo, el cumplimiento del acuerdo es tierra de nadie”, denunció Christian Berndt Castiglione, fundador de Justicia y Reparación, uno de los abogados que brindó asistencia jurídica para llevar adelante el reclamo del caso en la Cedaw.
¿Qué pasa cuando los agresores son parte de las fuerzas de seguridad y la violencia patriarcal se combina con la portación de un arma y la balanza desequilibrada del acceso a la justicia? De los 13 femicidios registrados en los primeros 15 días de 2025, tres fueron cometidos por y/o están acusados parejas o exparejas que eran policías, al igual que las mujeres asesinadas:
Guadalupe Mena, el 1º de enero; Yanina Noemí Zárate, el 5 de enero; y María Soledad Poblete, el 9 de enero. Al menos en uno de los casos existían denuncias previas o había medidas judiciales en curso, como pasó en 2010 con Florencia y, más recientemente, en 2021, con Úrsula Bahillo, asesinada a puñaladas luego de que un juez desestimara las múltiples denuncias contra Matías Martínez, su expareja, quien pertenecía a la Bonaerense.
A la misma fuerza pertenece el oficial Fabián Vázquez, detenido y acusado por el femicidio de Guadalupe Anahí Mena, de 19 años, quien recibió un disparo mortal en el parietal derecho. Vázquez dijo que mantenían un noviazgo con Guadalupe, que también pertenecía a la fuerza provincial, y que el arma reglamentaria se disparó cuando intentó evitar una broma de la joven.
La agente María Soledad Poblete, de 28 años, era mamá de dos niños. La encontraron asesinada en Bariloche, Río Negro. Tenía un tiro en el abdomen. Los vecinos aseguraron haber escuchado una discusión y detonaciones. Detuvieron a un policía y la investigación es por femicidio.
Yanina Noemí Zárate, de 38 años, era sargento de la Bonaerense y fue asesinada por su expareja, Gustavo Alejandro Juárez, también efectivo de esa fuerza, que luego de matarla se suicidó en su casa de Villa Gesell y ante la presencia de las dos hijas que compartían. Yanina lo había denunciado por violencia y el hombre tenía restricción de acercamiento. La causa está caratulada como “femicidio seguido de suicidio”.
Yanina Noemí Zárate, sargento de la Bonaerense asesinada por su expareja.
No son cifras
En 2024, el Observatorio Lucía Pérez registró 317 femicidios, 14 de los cuales tuvieron como autores a integrantes de la policía, las fuerzas federales o las fuerzas armadas, un número que se mantiene estable hace varios años. Según datos del Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Corte Suprema de la Nación, los agentes federales y provinciales acusados de femicidios fueron:
14 en 2023,
15 en 2022,
23 en 2021,
7 en 2020,
16 en 2019,
18 en 2018,
12 en 2017. Un dato a destacar de ese año es que todos utilizaron su pistola reglamentaria para cometer los asesinatos.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
De acuerdo al informe “Uso de armas de fuego y participación de fuerzas de seguridad en femicidio (2017-2022)”, en ese período de cinco años hubo 70 víctimas directas de femicidio atacadas con armas de fuego por parte de 68 sujetos pertenecientes a las fuerzas de seguridad:
55 utilizaron su arma reglamentaria,
Dos emplearon armas de fuego autorizadas (no reglamentarias),
En un caso el arma no estaba autorizada
En los 12 restantes no hubo datos de autorización.
No repetición, no cumplimiento
En julio de 2023, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina –desmantelado por Javier Milei– acompañó el acto institucional de firma del acuerdo de solución amistosa ante la Cedaw en los casos de Florencia Albornoz y Analía Margarita Aros Soto, quien fue asesinada en 2017 y donde también se demostró la impericia estatal al demorar la solicitud de restricción. “El Estado argentino se comprometió a una reparación para ambas familias, pero ya pasó más de un año y todavía no cumplió con su parte del convenio”, explicó Berndt Castiglione. “El Estado brilla por su indiferencia: es brutal. No responden. Solo existió el pedido de disculpas en ese momento. Pero tanto en el gobierno anterior como en el actual hay una conducta de Estado sistemática, que revictimiza a las familias y eso es terrible”, enfatizó el abogado.
Berndt Castiglione detalló que entre los obligaciones asumidas se encuentran la asistencia psicológica a los familiares de las víctimas, el compromiso de llevar adelante políticas públicas que promuevan la prevención, la sanción y la erradicación de la violencia por motivos de género; y la inclusión de los casos en diversas instancias de capacitación de las fuerzas de seguridad. “Se logró algo histórico, que era el compromiso de capacitar a 20 mil efectivos policiales sobre el tratamiento y sensibilización a la hora de tomar este tipo de denuncias”, explicó Berndt Castiglione.
“Estamos a la espera de que nos respondan –detalló fundador de Justicia y Reparación–. Desde hace más de un año pedimos reunión con las autoridades del Ministerio de Justicia, la Secretaria de Derechos Humanos y la Cancillería para que el Estado les explique a ambas familias en qué instancia estamos y cómo viene el cumplimiento de todo lo que ofrecieron”. Además, se trata de “familias humildes que necesitan con urgencia esa reparación”.
Otros incumplimientos
En 2019, la Cedaw ya había intervenido en un caso contra el Estado argentino, que asumió su responsabilidad por no haber protegido a Olga del Rosario Díaz, por el intento de femicidio por parte de su expareja, el policía Luis Rolando Palavecino, luego de más de 15 años de desidia judicial por la violencia de género de la que era víctima y pasar 45 días en terapia intensiva. La denuncia ante Naciones Unidas contó con el patrocinio de la Defensoría General de la Nación.
Las autoridades argentinas se comprometieron en un acuerdo de solución amistosa a tomar “acciones destinadas a mejorar el acceso a la justicia de mujeres víctimas de violencia”. También, a realizar capacitaciones a las fuerzas de seguridad, incorporar en el plan de estudios de los cadetes y en todos los cursos exigidos al personal policial materias que traten la temática de género; y a realizar un registro público de denuncias realizadas contra jueces y juezas por casos de estos tipos de violencia. Como respuesta a ese compromiso internacional, el Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió por unanimidad crear un registro público, que tiene datos hasta 2023, escasos si se compara con los elaborados por el Observatorio Lucía Pérez.
Para las cientos de familias que perdieron a alguien en manos de un femicida, y para los hijos e hijas que quedaron huérfanos de madre, la noticia de que Miguel Ángel Mazo quede en libertad es un duro golpe. Incuso, ya desde el penal el expolicía se dedicó a hostigar y a amenazar a la familia Albornoz. “Queremos alertar a la sociedad. Tendremos a un asesino libre en las calles”, comunicaron desde Atravesados por el Femicidio, organización de la que son parte. Y pidieron: “Como no tenemos una justicia coherente que dé penas acordes ahora vamos por la condena social para el asesino de Florencia que no se merece la inserción en la sociedad porque no cambio en nada ni se arrepintió nunca”.
Mientras el gobierno nacional asegura que bajaron los casos de femicidios, a la vez que desmantela casi todos los programas y las líneas de atención a víctimas de violencia, e incumple los tratados internacionales que podrían ayudar a la prevención, los familiares y amigos siguen exigiendo justicia y que el Estado se haga responsable y no sea cómplice con su silencio e indiferencia.
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No son cifras: femicidios y blablá
¿Qué tienen en común el vocero presidencial Manuel Adorni y la ex ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta? Ambos anunciaron que la cantidad de feminicidos habían disminuido. Adorni lo aseguró ayer en su habitual rueda de propaganda oficial. La ex ministra, el 30 de mayo de 2022. Es solo una de las coincidencias. La otra es la más contundente: ni uno ni otro gobierno asumió que todo femicidio es evitable. La tercera coincidencia está relacionada con la sensibilidad social y la responsabilidad política: no son cifras. Son vidas.
La declaración de Adorni tiene, además, un agravante: diciembre es históricamente el mes en el que se comete la mayor cantidad de estos crímenes. Este es particularmente trágico.
- En un solo día –15 de diciembre– sufrimos seis femicidios en seis diferentes provincias argentinas.
- En un solo día –el 20 de diciembre– la violencia femicida asesinó a tres víctimas, dos de ellas criaturas. Una de dos meses en Jujuy, otra de dos años en Santiago del Estero.
Durante este 2024, además, el gobierno decretó la desaparición de una herramienta esencial para la visibilización y el registro al enmudecer a la agencia Telam. Se trata, nada menos, de una fuente de información oficial y nacional que en su agenda, durante los últimos años, le dio centralidad a la cobertura de estos casos. Sin esa fuente informativa los observatorios sostenidos por la sociedad civil –como el nuestro– e incluso por los organismos de control como la Defensoría del Pueblo de Nación, han tenido que realizar un gran esfuerzo para obtener la información necesaria para actualizar sus registros. En nuestro caso, el rol de los medios territoriales ha sido central para compensar esa pérdida, ya que la mayoría de estos crímenes se cometen en localidades alejadas de las capitales provinciales.
La lista de coincidencias es extensa e incluye que ni antes ni ahora el Estado analizó los datos para diseñar lo que desde siempre falta: programas de prevención y contención. Una lectura atenta y responsable de los registros históricos podría establecer, por ejemplo, qué época del año es la más indicada para campañas de prevención y qué localidades son prioritarias para establecer programas pilotos de prevención. Esto implicaría, por supuesto, dedicar recursos económicos y profesionales a sistemas eficaces de recepción de alertas, de acompañamiento a víctimas y de contención de violencias. Implicaría, además, analizar sus resultados concretos, corregir y profundizar políticas y, sobre todo, rendir públicamente no solo los gastos, sino los porqués, los quiénes y las consecuencias negativas y positivas de cada programa. Nada más lejos de la motosierra con la que el actual gobierno arrasó lo poco que la sociedad movilizada y organizada había logrado arrancarle al Estado durante la última década.
Las consecuencias del negacionismo femicida son las que están a la vista, por tremendamente reales y cotidianas.
Los femicidios no se detienen.
El Estado es responsable no es una frase.
Acá podés leer la introducción al Informe 2024 de nuestro Observatorio Lucía Pérez de Violencia Patriarcal.
#NiUnaMás
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio Maradona
Todas las luces del Estadio Diego Armando Maradona se apagaron. Minutos antes del partido de Argentinos Juniors contra Barracas Central, solo se encendió un reflector: el que iluminaba las butacas de la platea Francis Cornejo. Cada una de las butacas con un nombre.
Tamara
Vanesa
Sheila
Abril
Rocio
Elena
Ana
Los nombres en las butacas del estadio de Argentinos Juniors. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Aquí se puede ver la imagen de cómo fue ese momento.
Fue el modo que se utilizó para mostrar los 277 nombres de víctimas de femicidios y travesticidios en lo que va de este año hasta hoy: 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer.
En la oscuridad absoluta la voz del estadio dijo desde todos los parlantes: “Esas butacas vacías, cada una con el nombre de una víctima de femicidio, son un recordatorio doloroso: en lo que va del año 277 mujeres han sido asesinadas por el solo hecho de ser mujer. No son solo cifras, son historias, son ausencias”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Y un aplauso conmovedor y sincero inundó todo el estadio.
La acción fue impulsada por Secretaría de Género de Argentinos Juniors junto al Observatorio Lucía Pérez para visibilizar la violencia machista en nuestro país.
Las integrantes de la Secretaría de Géneros de Argentinos Juniors y del Observatorio Lucía Pérez. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“La idea fue dejar un espacio vacío de la tribuna con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año, y mostrar así la falta, que ellas hoy no están pudiendo venir a la cancha. Tomamos el mensaje del Observatorio: no son solo cifras, sino que detrás de cada uno de estos nombres , hay una historia”, dice a lavaca Mariel Alonso en la previa al partido mientras se repartían volantes con la invitación a visitar la web de la Secretaría del club y conocer la acción que se estaba por llevar a cabo.
Las camisetas de los jugadores adaptadas para el evento programado por la Secretaría de Géneros del club. Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
Las butacas vacías se iluminaron luego de la entrada en calor de los jugadores, que minutos después salieron a la cancha con un parche en la camiseta oficial que dice 25N, en homenaje a este día. Los suplentes salieron al campo con una remera especialmente diseñada para hoy que en la espalda tenía un dibujo que entre mujeres y banderas dejaba ver dos mensajes: “25N” y “Rompamos el silencio”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
“Hacer estas acciones en un club es fundamental”, explica Vanina Sánchez, secretaria de Géneros de la Asociación Atlética Argentinos Juniors. “Los clubes de fútbol no son solamente de fútbol, son también espacios donde las mujeres y los hombres venimos a pasarla bien, a alentar por nuestros colores, y son lugares donde estas batallas hay que darlas. Es súper importante que como institución deportiva podamos dar un mensaje: el de que es importante involucrarnos, defender nuestros derechos, y pedir también justicia por todas las mujeres que ya no están”.
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
El Observatorio Lucía Pérez, que lleva el nombre de la joven asesinada en Mar del Plata, es una herramienta de información, análisis, debate y acción creada por Cooperativa lavaca con el objetivo de generar el primer padrón autogestionado y público de femicidios y travesticidios de Argentina. Toda la información está disponible y es de libre acceso con el objetivo de que aporte así a encontrar una solución frente a la violencia. Toda la info se puede ver acá: https://observatorioluciaperez.org/
Fotos: Sebastián Smok/lavaca.org.
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