#NiUnaMás
Las dudas en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa
El hallazgo de la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte abrió una investigación judicial sobre la cual la familia y la comunidad dudan. La búsqueda durante 20 días, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad locales, no obtuvo rastros. La aparición sin vida fue el 25 de abril, al día siguiente de que sus padres llegaran al pueblo: la encontró un peón de campo que buscaba animales cerca del basural. A los tres días apuraron el caso y detuvieron a un joven de 23 años cuya familia denuncia que es inocente: “Y si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”. Las dudas del padre sobre el hombre que la hospedó en primera instancia, el testimonio de la hermana, los resultados de la autopsia y las cosas que no cierran, mientras se intenta cerrar el caso.
Por Lucrecia Raimondi
Vecino a vecina, por teléfono, en las filas del supermercado o la farmacia: así fue la convocatoria persona a persona que hicieron mujeres de Capilla del Monte para que el pueblo saliera a la calle por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Lo lograron: la marcha de cien personas encabezada por Daniel y Susana, padre y madre de la joven, circuló alrededor de la Plaza San Martín frente a la intendencia, caminó las cuadras de la calle principal, la techada del pueblo, y terminó en la Secretaría de Turismo. Quien no se animó por temor a las represalias ante el aislamiento o no pudo sumarse aplaudió y gritó “justicia” desde la puerta de su casa. El apoyo del pueblo es total. Daniel Basaldúa fue el único orador del acto: “Siempre dije que si hubiera sido hombre a Cecilia no le pasaba lo que le pasó. Desde que llegó acá tuvo muchos problemas: cayó en malas manos, la mataron. Nosotros vamos a luchar para que esto se esclarezca: me mataron mi hija y tengo que buscar la verdad. Les agradezco por cómo nos tratan a nosotros, pero tienen un asesino en su sociedad”.
Cuando terminó de decir esto, estalló la indignación: “¡Queremos la verdad! ¡Son más de uno! ¡Son una mafia! ¡Vivimos con un asesino!”, gritaron los vecinos y las vecinas de Capilla del Monte que acompañaron la movilización. Susana, la mamá de Cecilia, contó a lavaca cómo vivió la marcha: “Yo sentí que ella me estaba guiando, que me estaba dando fuerza para pedir justicia y que se encuentren a los verdaderos asesinos. Uno solo no creo que haya sido, estoy muy convencida: ella se sabía defender. No nos podemos caer porque en este momento es cuando más tenemos que luchar y ella nos va a dar la fuerza para llegar”.
¿Qué pasó con Cecilia?
Soledad Basaldúa, la hermana de Cecilia, activó la búsqueda apenas llamaron desde Capilla del Monte para avisarle que Cecilia había desaparecido. Cuenta a lavaca que al principio estaba muy confiada en la búsqueda que estaban haciendo pero que hoy, con la aparición sin vida, piensa le cuesta creer que se esté haciendo una investigación seria: “Me resulta muy raro todo. El hombre dueño donde se la vio con vida por última vez – Mario Mainardi- aviso tres días después que ella dejara su celular y su computadora. Nada cierra, circula un audio de la hermana del detenido diciendo que es un perejil, que no tiene nada que ver. Es difícil creer que haya una sola persona involucrada por una cuestión de que el cuerpo data de siete días muerta desde que la encontraron; en el medio quedan trece días que no se sabe nada de dónde estuvo. Supuestamente la buscaron con helicópteros, perros, drones, rastrillajes, pero no había rastros. Y la encuentran a cinco kilómetros de lo que es el centro de Capilla. Es muy raro también de pensar en una sola persona porque mi hermana sabía de defensa personal, era cinturón negro de taekwondo, y que este chico se haya entregado solo así tan rápido… No sabemos qué pensar: si la secuestraron o si estuvo con alguien, pero en algún lado estuvo y no la encontraron en esos días que estaba viva. Por eso es todo raro. No termina de cerrar, hay muchas preguntas en el medio. Podríamos haberla encontrado con vida, supongo que por un mal accionar o por algo no se pudo y la encontramos muerta”.
Cecilia eligió Capilla del Monte porque ya conocía el destino y dice su hermana que le gustaba la energía del lugar para instalarse un tiempo a escribir las crónicas de su viaje de cuatro años y medio por América Latina. Ella había estado en el pueblo serrano hacía 10 años y cuenta Soledad que Cecilia lo había recorrido bien, que se metió por “rincones por fuera de lo que es el turismo tradicional”. Que entonces conoció a una familia con la que mantuvo contacto y a quienes acudió cuando llegó al pueblo el 21 de marzo, un día después de establecido el aislamiento social obligatorio. Al parecer, relata Soledad, le hicieron un chiste de que traía el coronavirus desde Buenos Aires que Cecilia se lo tomó mal y por eso decidió no quedarse ahí. Intentó ir al camping pero no la admitieron “por la pandemia”. Y terminó encontrándose en la plaza con una chica -que aún no fue identificada- que le consiguió una casita para que se quede, a orillas del río Calabalumba. El posible dueño de este otro predio -cuyo nombre se pidió no ser difundido- según los lugareños “es un tipo pesado, ex boxeador y tiene antecedentes de violencia”. Sus propiedades están a la vera del río por Camino de los Mogotes. La familia del joven acusado está asentada en esa misma área sobre el monte, en una zona rural. Un móvil de Canal 2 de Villa Carlos Paz se acercó a la vivienda de los Bustos y sobre el final de la entrevista una de las familiares comentó que desde arriba del monte se escuchaban gritos de una mujer desesperada que provenían del río. El periodista no repreguntó sobre este comentario.
Daniel Basaldúa, el padre está convencido de que Mainardi algo tuvo que ver con el crimen de su hija. Cuenta a lavaca: “Él había hablado conmigo cuando me llama a Buenos Aires, dijo que Cecilia se había ido por un brote psicótico y le dije que no podía ser, que no era normal de ella, que no tenía eso. Mainardi dijo que estaba preocupado porque había dejado la computadora y el teléfono ahí. Después de hablar con él hicimos la denuncia y la pasaron a Capilla. Según dicen, lo allanaron. Pero el viernes cuando llegamos – a Capilla- fuimos a la casa y no nos cayó bien. Desde la puerta nos señaló hacia adentro y dijo que le dio un cuarto, que no hacía falta que pusiera la carpa. Y recalcaba que él no le cobró. De eso no sabíamos nada y yo le dije que ella tenía dinero, que no era una pobrecita sin nada, tenía para no andar pidiendo. Él estaba preocupado porque había salido su apellido, que lo estaban volviendo loco, que tenía una familia, una hija. Nuestra hija todavía estaba desaparecida. Fuimos a preguntarle cómo fue, qué pasó. Y dice ‘mirá, a ella le agarró un ataque, se puso loquita, le dije que así no la podía tener y la eché’. Ahí me cambió todo, yo no puedo confiar en alguien así. Y nos dijo cosas feas de ella, él le estaba echando la culpa a ella, no sé por qué causa. Cuando llamó a Buenos Aires dijo que se fue y cuando acá hablé con él dice que la echó. A mí me mintió. No sé qué pasó, pero hubo tres días desde que este Mainardi la echa y él me llama. ¿Cómo puedo confiar en ese hombre que me avisa tres días después? En esos tres días puso pasar de todo. Y encima pierde su mochila, sus elementos de supervivencia. Ella estaba acostumbrada a vivir en situaciones extremas pero sin esos elementos no, así que algo pasó. Y cuando busco a este muchacho salió diciendo cosas muy feas y no fue nada claro. Después de eso no me sorprendió nada. En mi caso yo creo que es el sospechoso número uno. Y si no es así que lo pruebe, que de las explicaciones que tiene que dar. Yo no voy a parar hasta que termine, si tiene algo que ver lo voy a seguir, se lo dije en la cara. Así va a ser. No acuso a nadie, pero voy al frente y pido que se esclarezca. Nosotros vinimos el viernes, aparece el sábado y a los dos días hay un detenido. Acá supuestamente dicen que le hicieron de todo a este Mainardi pero yo no creo. Me llama la atención que a este muchacho prácticamente no lo han tocado, ni siquiera estuvo detenido. Después de que apareció el cuerpo yo les dije a la fiscalía que esperaba que no se les escape. Me dijeron que le habían puesto una custodia pero antes no tenía nada”.

La teoría del perejil
La filmación de Canal 2 muestra una única casa en medio del monte. A lo lejos se ven unas estructuras de ladrillos sin terminar. Frente a cámara hablan dos de las hermanas de Lucas Bustos, el detenido; una de ellas se larga a llorar. A los cinco minutos se suma la madre, una señora anciana y flaquita. Atrás de ellas, al lado de una mesa, se ve a un muchacho abrazando a una joven que llora, hay otra mujer hablando por teléfono y dos niños. La familia Bustos son nueve hijos que viven todos en comunidad: los padres, los hermanos, los maridos, las mujeres y los niños. De a poco ampliaron algunas casillas en el mismo terreno. Lucas estaba construyendo una. De un momento a otro en la entrevista son siete familiares que explican desesperados cómo detuvieron a Lucas, que los golpearon en la comisaría y que no tuvieron nada que ver con el crimen. El móvil cierra con un grito de justicia. “Si vos ves dónde vivía el pibe y su entorno familiar te das cuenta que son gente de campo, que comparten una casita donde viven un montón. Es imposible que eso sea una infraestructura para ocultar a una chica por 13 días – manifestó Liliana – Todo muy turbio, y si están protestando es porque algo de realidad hay en lo que dice la familia. Estamos en un pueblo que pide justicia por Cecilia y a su vez asumiendo que también hay que pedir justicia para que no se agarre a cualquier pibe”.
El abogado particular de Lucas Bustos, en comunicación telefónica con Capilla del Monte Noticias, dijo que le llamó mucho la atención el procedimiento policial porque el martes que detuvieron a Lucas las fuerzas de seguridad estuvieron en las proximidades de esa zona rural: “Primero haciendo preguntas al boleo a ver si habían visto pasar a Cecilia o alguien conocido o desconocido; unas tres horas después la misma policía pidieron que Santiago y Lucas los acompañaran para hacer una declaración jurada que los desvinculara y que estaban diciendo la verdad, la familia pide ir pero contestan que no hay capacidad en el móvil para el traslado. Después de esa declaración indagatoria sin abogado defensor sale esa manifestación espontánea de Lucas. Cuando vuelve Santiago – hermano de Lucas- a explicar todo lo que pasó, se libraron los allanamientos”.
El defensor particular que consiguió la familia de Lucas es la única persona que pudo verlo desde que lo demoraron en la alcaldía. Está asesorado por un abogado especializado en derechos humanos que sugirió la agrupación H.I.J.O.S Punilla. En la entrevista, Sergio Sánchez advirtió: “Me encontré con un chico introvertido, retraído, tímido al punto de que la fiscalía ha podido ver y valorar esto porque estuvo hora y media casi dos horas tomando sus datos personales y los de sus familiares, y fueron extremadamente puntillosos con lo que le fueron preguntando. Pero al punto de que le costó tomar los datos porque habla para adentro. Estuve con él casi 50 minutos, lo noté relajado pero triste y me costó hablar con él. De estar encerrado solo en una habitación con cuatro o cinco policías de la forma sensible en que le deben haber estado preguntando qué relación tenía él con el hecho y para que el Ministerio Público Fiscal salga a decir que dio precisiones exactas de su relación con Cecilia. Imagínese una persona que prácticamente no habla, en esas condiciones y con un temor terrible, mire si va a dar esa cantidad de precisiones”.
Además cuestionó el acta del funcionario que tomó la declaración: “El elemento clave incriminante es el testimonio del empleado policial que asevera haber escuchado que Lucas se quebró y manifestó ser el culpable del hecho. Esa declaración no estaba en el expediente y no está ni nunca va a ser firmada por Lucas, pero sí está firmada por el empleado policial. Supuestamente debería haber estado al momento de la indagatoria el abogado defensor para que pueda verificar el hecho incriminante sobre el que se basa la fiscalía para acusar a Lucas. Esa declaración al día de hoy no la tengo y no estaba porque supuestamente todavía no había sido trasladada desde Capilla a la fiscalía -en Cosquín”.
El defensor Sánchez cuenta sobre más irregularidades: “La fiscalía está buscando pruebas que incriminen a Lucas. Es de cañón que inmediatamente y estando Lucas detenido con la supuesta manifestación espontánea realizada dentro de la comisaría se iba a librar la orden de allanamiento para el secuestro de la ropa. No tenemos todavía las pericias químicas, el verdadero material probatorio, que van a decir que dentro de esa ropa había algún elemento que lo vinculara con Cecilia. Estamos hablando de una persona de 23 años, peón de albañil, que por estos días estuvo realizando el aislamiento obligatorio en su casa, trabajando en la ampliación de una pieza. Sus ropas son elementos de trabajo, vive en una zona rural, campestre, y probablemente se encuentren espinas. El Ministerio Público tiene una posición en la que pareciera que está todo listo pero no para esta defensa, la familia, las organizaciones e incluso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comunicó conmigo y también se pronunció en apoyo a la familia de Cecilia. Acá lo que estamos buscando es la verdad y la justicia. Cuando empiecen a salir las pericias químicas y de ADN, las psiquiátricas, podremos vislumbrar algún panorama. Por ahora la fiscalía tiene cerrado el caso pero mi cliente en un sinfín me repitió que no tuvo nada que ver y recalcó el pedido de cuidado a su familia”.
La agrupación H.I.J.O.S Punilla junto con el Movimiento Plurinacional del lugar desde un primer momento alinearon acciones y reclamos siguiendo los avances de la búsqueda de Cecilia con un trabajo territorial. Si alguien del pueblo dice que dijo o vio, si se comentó algo, van a preguntar, chequean qué fue verdad y qué mentira. Además, focalizaron en cómo contener los dos casos para que no haya impunidad: Movimiento Plurinacional estaban ocupándose de dar contención y acompañamiento a la familia de Cecilia. H.I.J.O.S de acercarse a la familia de Lucas para que se respeten sus garantías procesales. “Brindarles el acompañamiento que fuera necesario para asegurar las garantías correspondientes a cualquier imputado en su calidad de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dado que las circunstancias de su detención y el hermetismo respecto a las pruebas en su contra por parte de la fiscalía, nos dejaba con muchas preguntas y no nos íbamos a permitir entrar en especulaciones sobre dichos extraoficiales de medios amarillistas”, informó la agrupación. Y sobre los aportes que pudieron recabar dicen: “De la charla con los familiares pudimos corroborar un dato que nos había quedado resonando en una entrevista que realizo la familia para Canal 2 de La Cumbre el día anterior. En la misma, prácticamente al finalizar, una tía de Lucas menciona a un vecino de ellos y relata que sus hijos habrían escuchado gritos de una mujer una semana atrás, pero dado a que son una familia de bajos recursos y hace tiempo vienen siendo víctimas de persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad no se sintieron cómodos con realizar denuncia alguna. Consideramos que dada la situación actual sería bueno que el abogado de Lucas articulara los medios correspondientes ante la fiscalía para que se tome declaración sobre tales dichos”.
H.I.J.O.S Punilla asevera que “la manifestación –fue- casi unánime en las redes de personas del pueblo nativo y de otros que viven hace muchos años y que conocen la realidad y el accionar de las fuerzas de seguridad en Capilla del Monte, que tuvieron la impresión de que se lo estaría incriminando. Y por supuesto acompañando a la familia de Cecilia en todo lo que se nos requiera por intermedio de la articulación con las compañeras del movimiento plurinacional de mujeres”.
Cómo romper el aislamiento social no-obligatorio
El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, la Mesa Intersectorial contra la violencia de género y la agrupación Así No de madres contra el abuso sexual en la infancia son las tres organizaciones que siguen los casos de violencias en esa localidad y acompañaron la búsqueda de Cecilia desde el principio. De ellas surgió la necesidad de salir a protestar. Liliana Martín, parte del Movimiento Plurinacional, cuenta cómo motorizaron el pueblo a la calle, después de investigar qué consecuencias podría tener romper la cuarentena: “En ningún lado que hable de la cuarentena dice que no nos podemos movilizar: lo que no podemos hacer es amontonarnos, nada más. No está prohibido manifestarse si respetamos las medidas; salgamos a decir lo que sentimos sin enfrentarnos con nadie”. Y relata las medidas que adoptaron para cuidarse las tres veces que activaron protestas por Cecilia: “Tomamos un poco la experiencia de las marchas relámpago en los ’70 de citarnos uno a uno por teléfono a una hora y en un lugar puntual. La convocatoria fue persona a persona, no lo abrimos a las redes y no hicimos nada que pudiera permitir que se reprima la movilización. Lo importante en este caso era respetar la cuarentena usando los barbijos, con la distancia prudencial para evitar el contagio y llevar carteles alusivos a Ceci. La primera consigna fue ‘aparición con vida’, la segunda fue ‘justicia por Cecilia’ y de la tercera, con mucha más gente y sin miedo, participaron los padres que encabezaron la marcha”.
La masiva movilización en contexto de pandemia muestra que la comunidad de Capilla del Monte está inquieta con el asesinato de Cecilia y que existen dudas con la detención de su supuesto femicida. “En esta situación sabemos que si Lucas Bustos no es el femicida, el femicida está suelto. Y que además, si esto se armó y se organizó para cubrir al verdadero femicida, este femicida tiene poder en algún lado, con las fuerzas de seguridad, con algún estamento de la justicia o de la municipalidad. Si se cubre tanto a alguien es porque tiene poder. Y el miedo es ese, porque si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”, explica Liliana.
Capilla tiene un antecedente reciente que alimenta este tipo de hipótesis: la desaparición y muerte en febrero de Mariela Natalí, una turista que según la primera autopsia murió ahogada en 30 centímetros de agua.
El calendario del caso no-cerrado
27 de abril. Primer comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF): “Luego de trece horas de trabajo y tres médicos forenses, se pudo concluir que trata de una muerte violenta, no natural, cuya causa eficiente no se puede determinar todavía pero se presume que se trataría de asfixia por estrangulamiento, lo que aún es motivo de investigación. El cuerpo presenta heridas defensivas en distintas partes, cuya naturaleza y extensión deben ser complementadas con estudios anatomopatológicos y químicos, entre otros”.
28 de abril. “En el día de la fecha, en la investigación que sigue la Fiscalía de Instrucción de Casquín, en la localidad de Capilla del Monte, por el homicidio, cuya víctima sería Cecilia Gisela Basaldúa, luego de tareas investigativas, se logró individualizar al autor del hecho, siendo el mismo un hombre de 23 años, oriundo de la zona, a quien se le ordenó la detención y se lo imputó de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género”.
En un segundo comunicado, 24 horas después, el MPF informa que resolvió el cauce de la investigación con la imputación de este hombre.
29 de abril. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, habló con Canal 2 de Villa Carlos Paz y dijo: “El pedido de justicia me parece muy noble y habrá que esperar que la justicia en cuanto a lo que está pasando. Cualquier opinión o presión sería adelantarse y hasta entorpecer el trabajo judicial”.
30 de abril. “Valeria Bustos, hermana de Lucas, mediante un video de WhatsApp convocó a la población en general a una marcha para el día jueves 30 a las 10 a.m. pidiendo ‘Verdad y Justicia por Cecilia’ aseverando que su hermano es inocente, que se sepa la verdad y que aparezca el verdadero responsable”. La marcha empezó en la comisaría y desconcentraron frente a la Municipalidad: “No logramos que el Intendente ni el Secretario de Gobierno se hicieran presentes y pronunciaran palabras ante los convocados que así lo reclamaban”, expresó H.I.J.O.S Punilla.
Por qué el Estado es responsable
Las agrupaciones feministas locales denuncian que la escasa información que circula en los medios de comunicación tradicionales no tiene perspectiva de género porque monopolizó la voz del caso Ariel Luna, un periodista local acusado de abuso sexual a una menor en 2017. También advirtieron que sobre la aparición de Cecilia tuvo acceso a fuentes de información antes que la fiscalía. Al respecto, la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, habló ayer con Capilla del Monte Noticias, un programa emitido por la FM comunitaria Una Radio Muchas Voces, y refirió que tienen muchas dudas sobre el hallazgo: “Tenemos datos de medios que dicen el 20 de abril habrían encontrado el cuerpo cerca del basural, que después salieron a desmentir, pero esa información que manejaban cinco días después coincidían con la aparición del cuerpo de Cecilia”.
La causa se encuentra bajo secreto de sumario y ninguna de las partes pudo aún acceder al expediente que elaboró la fiscal de feria del Ministerio Público Fiscal de Cosquín, Josefina Gómez. La intervención policial de Capilla en la detención del chico de 23 años tiene fisuras y el pueblo no olvida los antecedentes de violencia institucional con el caso del supuesto suicidio en la comisaría de Jorge Reyna de 17 años que fue detenido en 2013 y su cuerpo tenía indicios de golpes previos. También resulta dudoso el accionar judicial: no están claros los canales que manejó la fiscalía para llegar a una resolución rápida con una búsqueda tan larga e irregular que empezó como “averiguación de paradero” cuando Cecilia llevaba tres días desaparecida. Según la abogada Pavón, se empezó tarde, como si la mochilera se hubiera ido voluntariamente, y no se no activaron los protocolos con perspectiva de género que presuponen una agresión violenta hacia la persona buscada.
Las tres organizaciones de mujeres de Capilla del Monte reciben denuncias de violencia y abusos: “Tipos que están metidos y se dan una cobertura espiritual que terminan siendo abusadores. También nos llegan casos de violencia física y doméstica. Pasa que no salen a la luz porque quien tiene que hacer las investigaciones es el Estado y no están”, manifiesta una de ellas y expone que lograron bastante conciencia sobre la violencia en el pueblo, que asisten a las mujeres y que muchas veces sienten que las desborda: “Sobre todo la Mesa Intersectorial tiene consultas como si fueran una institución del Estado. Nosotros tenemos un techo. Primero que no contamos con presupuesto, todo esto es voluntariado, y clamamos porque cuando se hagan políticas que tengan que ver con temas de género y violencias convoquen a las que hacemos territorio”. Liliana critica la Ley Micaela y la califica de “desastre” por entender que no es suficiente el tiempo que dedican los funcionarios a capacitarse en perspectiva de género y porque “cuando vos vas a la comisaría, a los hospitales, a las dependencias del Estado el maltrato a las mujeres es permanente”.
En relación a la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa aporta cuál es el despertar de este pueblo: “Son puntos muy oscuros que la comunidad se está cuestionando: no a un perejil, no a la desaparición de las pruebas. Si le decís a la gente que todo va a estar bien y que la justicia está actuando, la gente se tranquiliza. Pero en esta situación no, entonces el miedo viene por ahí: que no se haga justicia y que el asesino siga suelto”.

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Lucía Pérez: la lucha para que al femicida Matías Farías no le bajen la condena

(por Evangelina Bucari desde Mar del Plata, para lavaca)
Casi una década después del crimen que conmocionó a la Argentina y dio origen al primer Paro Nacional de Mujeres, el caso de Lucía Pérez enfrenta un nuevo capítulo judicial y otra instancia de revictimización para su familia, que ya atravesó todo tipo de maltratos en la búsqueda de justicia por el narcofemicidio de su hija de tan solo 16 años. (Foto de portada, Marta Montero y Guillermo Pérez, padres de Lucía, junto al abogado Juan Pablo Gallego)
En los tribunales de la calle Almirante Brown, en Mar del Plata, se lleva adelante una audiencia de cesura, un proceso de dos jornadas para determinar una nueva pena para Matías Farías, condenado por femicidio pero beneficiado el año pasado por un polémico cambio de carátula que hora le permitirá recibir una sentencia significativamente más baja que la prisión perpetua que cumplía.
Tras un primer día (el miércoles 29 de abril) marcado por las declaraciones testimoniales que buscaron trazar el perfil del condenado y el impacto del crimen, la segunda jornada estará centrada en los alegatos finales de las partes.
El eje de la controversia radica en un fallo de 2025 de María Florencia Budiño y Víctor Violini, integrantes del Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires, quienes resolvieron que el asesinato de Lucía no constituyó un femicidio, sino un “abuso sexual agravado”.
Esta reconfiguración del delito tiene consecuencias directas en la condena: mientras que el femicidio conlleva prisión perpetua, la nueva carátula reduce el rango de la pena a un espectro de entre 8 y 20 años de prisión.
La querella, encabezada por el abogado Juan Pablo Gallego, adelantó que tanto la fiscalía como ellos pedirán la pena máxima posible. Sin embargo, aclaró que también plantearán una vía alternativa: “De manera subsidiaria, vamos a sostener la figura de femicidio, porque entendemos que la orden de Casación ha quedado abstracta”.
Sobre lo ocurrido en la primera jornada, el abogado destacó que “solo declararon los padres de Lucía”, y que Marta Montero, la madre, “tuvo una posición muy categórica, responsabilizando al Estado por el daño que viene padeciendo la familia”.
Gallego también cuestionó con dureza a la defensa: “Presentaron dos testigos falsos que terminaron en un papelón, en un contexto de muchísimo agravio hacia la víctima”. Pese a ese escenario, aseguró que la querella se retiró conforme con el desarrollo de la audiencia y con expectativas de cara a los alegatos finales.
En medio de esta tensión, la causa sumó otro giro relevante. Juan Pablo Offidani, condenado como partícipe secundario, vio revocada su libertad condicional hace apenas unos días. La Cámara de Apelación y Garantías hizo lugar al recurso del fiscal y la familia, y determinó que no se cumplían las condiciones para su excarcelación.
Offidani, quien inicialmente había sido beneficiado con la libertad tras pasar nueve años detenido, ahora deberá someterse a un régimen de semilibertad estrictamente supervisado, con salidas diurnas limitadas y la prohibición absoluta de acercarse a menos de 200 metros de la familia Pérez Montero.

En la puerta del juzgado, familiares y manifestantes con el abogado Juan Pablo Gallego, que explica:“Estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Ni un paso atrás
La defensa de la familia Pérez Montero advirtió que si el tribunal local no convalida la gravedad del crimen y el perfil peligroso del condenado, recurrirán a la Corte Suprema o incluso a instancias de justicia internacional.
En cuanto a los fundamentos del fallo que modificó la calificación del caso, Gallego fue contundente: “En casi todos los párrafos, la propia Casación reconoce que se trata de un delito en un contexto de violencia de género, por lo que no se entiende el motivo de haber descartado el femicidio”.
En esa línea, vinculó la decisión con una coyuntura política específica: “En ese momento –señaló– se hablaba de eliminar la figura del Código Penal, cosa que finalmente no ocurrió”. De todos modos, se mostró confiado en que esa interpretación pueda revertirse.
Fue enfático en afirmar que desde la familia “no vienen a inventar una verdad”, sino a mostrar que los hechos probados encajan perfectamente en la figura que intentó “borrar” la Cámara de Casación. “En la audiencia de cesura volvió a quedar acreditado, como en todas las resoluciones y los juicios, que inequívocamente existió femicidio”, remarcó el abogado. Por eso, consideró que “estamos ante un caso en el que, por motivos que se desconocen o por relaciones de poder, se busca beneficiar a una persona claramente identificada como autor de un crimen que el Código Penal define como femicidio”.
Marta, que desde el día uno no dejó de luchar por su hija y “por todas las Lucías”, tiene una pregunta muy sencilla para hacerle a la justicia: “Si lo que le hicieron a Lucía no es femicidio, ¿entonces qué es?”.
Cronología de 10 años de impunidad y lucha
2016: Lucía es drogada, violada y asesinada el 8 de octubre. Las pericias forenses confirmaron que la última penetración anal infligida a Lucía ocurrió mientras ella agonizaba. Tenía rastros de drogas en su sangre.
2018: un primer juicio «misógino» absuelve a Matías Farías, Juan Pablo Offidani y Alejandro Maciel, los tres implicados en la violación y el femicidio de Lucía, condenándolos solo por venta de drogas.
2020: Casación anula ese juicio por contener «intolerables prejuicios de género».
2023: en un segundo juicio, Farías es condenado a perpetua por femicidio. Y Juan Pablo Offidani recibió la pena de 15 años de prisión por resultar partícipe secundario del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por el suministro de estupefacientes, y Alejandro Maciel, no recibió condena porque había fallecido en 2020.
2025: Un nuevo fallo de Casación “borra” el femicidio, e impone una audiencia de cesura para revisar la condena de Farías.
29 y 30 de abril de 2026: se desarrolla la audiencia de cesura.
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Cecilia Basaldúa: su cuerpo, en una fosa común

Por Bernardina Rosini para lavaca.org
Desde Córdoba
Bajo la lluvia, debajo de un árbol, rodeados de las personas que los acompañan desde el femicidio de Cecilia Basaldúa, hace 6 años, sus padres hicieron una conferencia de prensa que no tendría que haber sido necesaria. Susana Reyes y Daniel Basaldúa debieran estar viviendo esta jornada de otro modo. Debieran poder decirle a su hija que la extrañan pero que lograron hacer justicia, que descanse en paz. En cambio, están parados en el cementerio de San Vicente de Córdoba Capital, en una ciudad que no es la de ellos, sin saber con certeza si el cuerpo que está allí es el de Cecilia.
Este sábado se cumplen seis años desde que apareciera el cuerpo de Cecilia Basaldúa en un codo de río de Capilla del Monte. Tenía signos de abuso sexual y estrangulamiento. Llevaba veinte días desaparecida. Era la peor noticia que podían recibir sus padres. Hoy reciben otra: Cecilia está enterrada en una fosa común, junto a desconocidos (según el reporte que les entregaron se tratan de “Silvia Becerra” y “Eduardo Arce”) en este cementerio. Nadie les avisó. No fueron notificados. No estuvieron presentes. No dieron su autorización.

«A nosotros nos mataron a nuestra hija y queremos justicia», dice Daniel. «Debe haber responsables, debe haber firmas, nombres de quienes han autorizado esto. Se tiene que encargar la misma justicia de dar con el o los asesinos pero también de los responsables de estos traslados del cuerpo. Ya sé cuál es su argumento: que nosotros sabíamos, y lo digo de nuevo acá: nosotros no sabíamos nada».
Susana apunta a los próximos pasos: «Queremos un ADN. Nosotros no tenemos la certeza de que allí está enterrada Cecilia. Es una incógnita».
Un cuerpo desaparecido
La abogada querellante Gisela Videla explicó lo que esa incógnita significa en términos jurídicos y humanos: «Desde una perspectiva de derechos humanos, el cuerpo de Cecilia, hasta que no se sepa efectivamente dónde está, es un cuerpo que está desaparecido. Si hoy nos dicen que en la morgue ya no está y estaría supuestamente acá, pero con una cadena de custodia rota, no sabemos efectivamente: el cuerpo de Cecilia está desaparecido hasta que se haga este ADN». Y agregó: «Desde el punto de vista humano, es una crueldad manifiesta y sistemática que se viene dando para con estos padres. Sigue siendo un ninguneo y un manoseo de una situación tan dolorosa como es la de perder a una hija y a seis años que no haya ni una persona imputada en relación al hecho en sí».
Para entender cómo se llegó hasta acá hay que volver a noviembre de 2021. Antes de que comenzara el juicio que finalizaría absolviendo a Lucas Bustos, la querella presentó por escrito su oposición explícita a que el cuerpo fuera retirado de la morgue judicial. La familia quería avanzar con pericias más exhaustivas. El escrito quedó en el expediente. El cuerpo fue enterrado igual.
La familia no supo nada de esto hasta octubre de 2024, en una reunión con la actual fiscal de la causa, Sabrina Ardiles –la cuarta en hacerse cargo de una investigación que pasó también por Paula Kelm, el fiscal de Cámara Sergio Cuello, Barrera y Nelson Lingua–. Ardiles les mostró un papel, un comunicado. El cuerpo de Cecilia no estaba en la morgue judicial como ellos suponían desde hacía cinco años.
Cuando la fiscal habló públicamente sostuvo que la familia había sido notificada. La abogada querellante Daniela Pavón lo desmintió: el oficio estaba en la causa desde noviembre de 2021, pero la querella no tuvo acceso al expediente de Bustos desde su elevación a juicio. No existieron las varias notificaciones que mencionó Ardiles. El cuerpo de Cecilia Basaldúa fue inhumado sin autorización, sin consentimiento, y en condiciones que los propios trabajadores del cementerio calificaron hoy como «extrañas».

¿Quién mató a Cecilia?
Cecilia no murió una sola vez. La mató uno o varios femicidas que todavía caminan libres. La mató una fiscal que apuró el cierre de la investigación, mantuvo en prisión dos años a un joven inocente y puso la firma para que se desarrollara lo que terminó siendo un simulacro de proceso judicial. La mató un sistema que apostó durante años a fiscales que demoraron, desgastaron y clausuraron posibilidades reales de avance en la causa. La mató la burocracia que perdió el oficio, o lo ocultó, o simplemente decidió que no importaba notificar a sus padres que el cuerpo de Cecilia sería retirado de la morgue y enterrado. Cada institución que intervino en esta causa dejó su marca sobre ella. Una cadena de violencias. Una cadena de femicidas.
Además de los cuatros fiscales, el cuadro de estos seis años es éste:
- Cuatro policías presos por violencia de género, entre ellos quienes dirigieron la búsqueda y la investigación original.
- Un imputado absuelto porque las pruebas no existían.
- Un sospechoso principal -Mario Mainardi, la última persona que alojó a Cecilia en Capilla del Monte- que vendió sus pertenencias, borró mensajes, pintó la casa donde ella se hospedaba (donde se registraron once muestras positivas de luminol) y se mudó a Rosario: libre, sin imputación, sin investigación que lo alcance.
- Y un cuerpo enterrado sin autorización, en una ciudad que no es la de su familia, en una fosa que no eligieron.
La Ley de Víctimas 27.372 existe para que nada de esto ocurra: garantiza el derecho a ser asesorado, a acceder a la justicia, a recibir protección y a ser escuchado durante todo el proceso penal. El Estado cordobés la violó en cada uno de esos puntos tal vez porque se entrena para lo contrario.
Al cerrar la jornada en el cementerio, Daniel y Susana repitieron el profundo agradecimiento a quienes siempre los acompañan, “la familia Basaldúa ahora es grande, y yo sé que Cecilia nos está dando fuerza, está por ahí dándonos fuerza”. Gran número de las mujeres presentes vinieron desde Capilla del Monte, traen su rostro y gritan “Cecilia Gisela Basaldúa, ¡Presente! ¡Ahora y Siempre!”
Este sábado la actividad continuaba en Capilla del Monte donde la Mesa de Trabajo «Justicia por Cecilia» convocó una movilización “por Memoria, por Verdad y Justicia, y para que los culpables de su femicidio sean condenados”.
La semana que viene, sus abogadas harán una presentación judicial para determinar responsabilidades en torno a las órdenes que se dieron para sepultar sus restos sin consultar a la familia.

#NiUnaMás
Adiós a Claudia Rodríguez: la Trans andina que propuso politizar el amor

Referente del movimiento trans latinoamericano, activista, poeta, escritora y tanto más, escribió sobre su infancia, la militancia trans, la vida sexual y se autoproclamó Miss Sida en 2007. Claudia Falleció este 29 de Noviembre. Su pelea incluyó al pueblo mapuche, la educación pública, los sin techo, y planteó siempre una filosa crítica al neoliberalismo, que quita posibilidades de vida y las transforma solo en posibilidad de consumo. En uno de sus viajes a la Argentina compartió con la revista MU sus ideas sobre el orgasmo, el feminismo sin resentimiento, la creación, y por qué hay que politizar el amor. Un modo de homenajearla, de recordarla, y a la vez de volver a estar en contacto con un pensamiento y una acción que dejan una sensible huella cultural, artística y política.
Por María del Carmen Varela
Foto: Lina Etchesuri

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