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Las dudas en la causa por el femicidio de Cecilia Basaldúa

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El hallazgo de la joven de 35 años asesinada en Capilla del Monte abrió una investigación judicial sobre la cual la familia y la comunidad dudan. La búsqueda durante 20 días, con un fuerte despliegue de las fuerzas de seguridad locales, no obtuvo rastros. La aparición sin vida fue el 25 de abril, al día siguiente de que sus padres llegaran al pueblo: la encontró un peón de campo que buscaba animales cerca del basural. A los tres días apuraron el caso y detuvieron a un joven de 23 años cuya familia denuncia que es inocente: “Y si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”. Las dudas del padre sobre el hombre que la hospedó en primera instancia, el testimonio de la hermana, los resultados de la autopsia y las cosas que no cierran, mientras se intenta cerrar el caso.

Por Lucrecia Raimondi

Vecino a vecina, por teléfono, en las filas del supermercado o la farmacia: así fue la convocatoria persona a persona que hicieron mujeres de Capilla del Monte para que el pueblo saliera a la calle por el femicidio de Cecilia Basaldúa. Lo lograron: la marcha de cien personas encabezada por Daniel y Susana, padre y madre de la joven, circuló alrededor de la Plaza San Martín frente a la intendencia, caminó las cuadras de la calle principal, la techada del pueblo, y terminó en la Secretaría de Turismo. Quien no se animó por temor a las represalias ante el aislamiento o no pudo sumarse aplaudió y gritó “justicia” desde la puerta de su casa. El apoyo del pueblo es total. Daniel Basaldúa fue el único orador del acto: “Siempre dije que si hubiera sido hombre a Cecilia no le pasaba lo que le pasó. Desde que llegó acá tuvo muchos problemas: cayó en malas manos, la mataron. Nosotros vamos a luchar para que esto se esclarezca: me mataron mi hija y tengo que buscar la verdad. Les agradezco por cómo nos tratan a nosotros, pero tienen un asesino en su sociedad”.

Cuando terminó de decir esto, estalló la indignación: “¡Queremos la verdad! ¡Son más de uno! ¡Son una mafia! ¡Vivimos con un asesino!”, gritaron los vecinos y las vecinas de Capilla del Monte que acompañaron la movilización. Susana, la mamá de Cecilia, contó a lavaca cómo vivió la marcha: “Yo sentí que ella me estaba guiando, que me estaba dando fuerza para pedir justicia y que se encuentren a los verdaderos asesinos. Uno solo no creo que haya sido, estoy muy convencida: ella se sabía defender. No nos podemos caer porque en este momento es cuando más tenemos que luchar y ella nos va a dar la fuerza para llegar”.

¿Qué pasó con Cecilia?

Soledad Basaldúa, la hermana de Cecilia, activó la búsqueda apenas llamaron desde Capilla del Monte para avisarle que Cecilia había desaparecido. Cuenta a lavaca que al principio estaba muy confiada en la búsqueda que estaban haciendo pero que hoy, con la aparición sin vida, piensa le cuesta creer que se esté haciendo una investigación seria: “Me resulta muy raro todo. El hombre dueño donde se la vio con vida por última vez – Mario Mainardi- aviso tres días después que ella dejara su celular y su computadora. Nada cierra, circula un audio de la hermana del detenido diciendo que es un perejil, que no tiene nada que ver. Es difícil creer que haya una sola persona involucrada por una cuestión de que el cuerpo data de siete días muerta desde que la encontraron; en el medio quedan trece días que no se sabe nada de dónde estuvo. Supuestamente la buscaron con helicópteros,  perros, drones, rastrillajes, pero no había rastros. Y la encuentran a cinco kilómetros de lo que es el centro de Capilla. Es muy raro también de pensar en una sola persona porque mi hermana sabía de defensa personal, era cinturón negro de taekwondo, y que este chico se haya entregado solo así tan rápido… No sabemos qué pensar: si la secuestraron o si estuvo con alguien, pero en algún lado estuvo y no la encontraron en esos días que estaba viva. Por eso es todo raro. No termina de cerrar, hay muchas preguntas en el medio. Podríamos haberla encontrado con vida, supongo que por un mal accionar o por algo no se pudo y la encontramos muerta”.

Cecilia eligió Capilla del Monte porque ya conocía el destino y dice su hermana que le gustaba la energía del lugar para instalarse un tiempo a escribir las crónicas de su viaje de cuatro años y medio por América Latina. Ella había estado en el pueblo serrano hacía 10 años y cuenta Soledad que Cecilia lo había recorrido bien, que se metió por “rincones por fuera de lo que es el turismo tradicional”. Que entonces conoció a una familia con la que mantuvo contacto y a quienes acudió cuando llegó al pueblo el 21 de marzo, un día después de establecido el aislamiento social obligatorio. Al parecer, relata Soledad, le hicieron un chiste de que traía el coronavirus desde Buenos Aires que Cecilia se lo tomó mal y por eso decidió no quedarse ahí. Intentó ir al camping pero no la admitieron “por la pandemia”. Y terminó encontrándose en la plaza con una chica -que aún no fue identificada- que le consiguió una casita para que se quede, a orillas del río Calabalumba. El posible dueño de este otro predio -cuyo nombre se pidió no ser difundido- según los lugareños “es un tipo pesado, ex boxeador y tiene antecedentes de violencia”. Sus propiedades están a la vera del río por Camino de los Mogotes. La familia del joven acusado está asentada en esa misma área sobre el monte, en una zona rural. Un móvil de Canal 2 de Villa Carlos Paz se acercó a la vivienda de los Bustos y sobre el final de la entrevista una de las familiares comentó que desde arriba del monte se escuchaban gritos de una mujer desesperada que provenían del río. El periodista no repreguntó sobre este comentario.

Daniel Basaldúa, el padre está convencido de que Mainardi algo tuvo que ver con el crimen de su hija. Cuenta a lavaca: “Él había hablado conmigo cuando me llama a Buenos Aires, dijo que Cecilia se había ido por un brote psicótico y le dije que no podía ser, que no era normal de ella, que no tenía eso. Mainardi dijo que estaba preocupado porque había dejado la computadora y el teléfono ahí. Después de hablar con él hicimos la denuncia y la pasaron a Capilla. Según dicen, lo allanaron. Pero el viernes cuando llegamos – a Capilla- fuimos a la casa y no nos cayó bien. Desde la puerta nos señaló hacia adentro y dijo que le dio un cuarto, que no hacía falta que pusiera la carpa. Y recalcaba que él no le cobró. De eso no sabíamos nada y yo le dije que ella tenía dinero, que no era una pobrecita sin nada, tenía para no andar pidiendo. Él estaba preocupado porque había salido su apellido, que lo estaban volviendo loco, que tenía una familia, una hija. Nuestra hija todavía estaba desaparecida. Fuimos a preguntarle cómo fue, qué pasó. Y dice ‘mirá, a ella le agarró un ataque, se puso loquita, le dije que así no la podía tener y la eché’. Ahí me cambió todo, yo no puedo confiar en alguien así. Y nos dijo cosas feas de ella, él le estaba echando la culpa a ella, no sé por qué causa. Cuando llamó a Buenos Aires dijo que se fue y cuando acá hablé con él dice que la echó. A mí me mintió. No sé qué pasó, pero hubo tres días desde que este Mainardi la echa y él me llama. ¿Cómo puedo confiar en ese hombre que me avisa tres días después? En esos tres días puso pasar de todo. Y encima pierde su mochila, sus elementos de supervivencia. Ella estaba acostumbrada a vivir en situaciones extremas pero sin esos elementos no, así que algo pasó. Y cuando busco a este muchacho salió diciendo cosas muy feas y no fue nada claro. Después de eso no me sorprendió nada. En mi caso yo creo que es el sospechoso número uno. Y si no es así que lo pruebe, que de las explicaciones que tiene que dar. Yo no voy a parar hasta que termine, si tiene algo que ver lo voy a seguir, se lo dije en la cara. Así va a ser. No acuso a nadie, pero voy al frente y pido que se esclarezca. Nosotros vinimos el viernes, aparece el sábado y a los dos días hay un detenido. Acá supuestamente dicen que le hicieron de todo a este Mainardi pero yo no creo. Me llama la atención que a este muchacho prácticamente no lo han tocado, ni siquiera estuvo detenido. Después de que apareció el cuerpo yo les dije a la fiscalía que esperaba que no se les escape. Me dijeron que le habían puesto una custodia pero antes no tenía nada”.

La teoría del perejil

La filmación de Canal 2 muestra una única casa en medio del monte. A lo lejos se ven unas estructuras de ladrillos sin terminar. Frente a cámara hablan dos de las hermanas de Lucas Bustos, el detenido; una de ellas se larga a llorar. A los cinco minutos se suma la madre, una señora anciana y flaquita. Atrás de ellas, al lado de una mesa, se ve a un muchacho abrazando a una joven que llora, hay otra mujer hablando por teléfono y dos niños. La familia Bustos son nueve hijos que viven todos en comunidad: los padres, los hermanos, los maridos, las mujeres y los niños. De a poco ampliaron algunas casillas en el mismo terreno. Lucas estaba construyendo una. De un momento a otro en la entrevista son siete familiares que explican desesperados cómo detuvieron a Lucas, que los golpearon en la comisaría y que no tuvieron nada que ver con el crimen. El móvil cierra con un grito de justicia. “Si vos ves dónde vivía el pibe y su entorno familiar te das cuenta que son gente de campo, que comparten una casita donde viven un montón. Es imposible que eso sea una infraestructura para ocultar a una chica por 13 días – manifestó Liliana – Todo muy turbio, y si están protestando es porque algo de realidad hay en lo que dice la familia. Estamos en un pueblo que pide justicia por Cecilia y a su vez asumiendo que también hay que pedir justicia para que no se agarre a cualquier pibe”.   

El abogado particular de Lucas Bustos, en comunicación telefónica con Capilla del Monte Noticias, dijo que le llamó mucho la atención el procedimiento policial porque el martes que detuvieron a Lucas las fuerzas de seguridad estuvieron en las proximidades de esa zona rural: “Primero haciendo preguntas al boleo a ver si habían visto pasar a Cecilia o alguien conocido o desconocido; unas tres horas después la misma policía pidieron que Santiago y Lucas los acompañaran para hacer una declaración jurada que los desvinculara y que estaban diciendo la verdad, la familia pide ir pero contestan que no hay capacidad en el móvil para el traslado. Después de esa declaración indagatoria sin abogado defensor sale esa manifestación espontánea de Lucas. Cuando vuelve Santiago – hermano de Lucas- a explicar todo lo que pasó, se libraron los allanamientos”.

El defensor particular que consiguió la familia de Lucas es la única persona que pudo verlo desde que lo demoraron en la alcaldía. Está asesorado por un abogado especializado en derechos humanos que sugirió la agrupación H.I.J.O.S Punilla.  En la entrevista, Sergio Sánchez advirtió: “Me encontré con un chico introvertido, retraído, tímido al punto de que la fiscalía ha podido ver y valorar esto porque estuvo hora y media casi dos horas tomando sus datos personales y los de sus familiares, y fueron extremadamente puntillosos con lo que le fueron preguntando. Pero al punto de que le costó tomar los datos porque habla para adentro. Estuve con él casi 50 minutos, lo noté relajado pero triste y me costó hablar con él. De estar encerrado solo en una habitación con cuatro o cinco policías de la forma sensible en que le deben haber estado preguntando qué relación tenía él con el hecho y para que el Ministerio Público Fiscal salga a decir que dio precisiones exactas de su relación con Cecilia. Imagínese una persona que prácticamente no habla, en esas condiciones y con un temor terrible, mire si va a dar esa cantidad de precisiones”.

Además cuestionó el acta del funcionario que tomó la declaración: “El elemento clave incriminante es el testimonio del empleado policial que asevera haber escuchado que Lucas se quebró y manifestó ser el culpable del hecho. Esa declaración no estaba en el expediente y no está ni nunca va a ser firmada por Lucas, pero sí está firmada por el empleado policial. Supuestamente debería haber estado al momento de la indagatoria el abogado defensor para que pueda verificar el hecho incriminante sobre el que se basa la fiscalía para acusar a Lucas. Esa declaración al día de hoy no la tengo y no estaba porque supuestamente todavía no había sido trasladada desde Capilla a la fiscalía -en Cosquín”.

El defensor Sánchez cuenta sobre más irregularidades: “La fiscalía está buscando pruebas que incriminen a Lucas. Es de cañón que inmediatamente y estando Lucas detenido con la supuesta manifestación espontánea realizada dentro de la comisaría se iba a librar la orden de allanamiento para el secuestro de la ropa. No tenemos todavía las pericias químicas, el verdadero material probatorio, que van a decir que dentro de esa ropa había algún elemento que lo vinculara con Cecilia. Estamos hablando de una persona de 23 años, peón de albañil, que por estos días estuvo realizando el aislamiento obligatorio en su casa, trabajando en la ampliación de una pieza. Sus ropas son elementos de trabajo, vive en una zona rural, campestre, y probablemente se encuentren espinas. El Ministerio Público tiene una posición en la que pareciera que está todo listo pero no para esta defensa, la familia, las organizaciones e incluso la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se comunicó conmigo y también se pronunció en apoyo a la familia de Cecilia. Acá lo que estamos buscando es la verdad y la justicia. Cuando empiecen a salir las pericias químicas y de ADN, las psiquiátricas, podremos vislumbrar algún panorama. Por ahora la fiscalía tiene cerrado el caso pero mi cliente en un sinfín me repitió que no tuvo nada que ver y recalcó el pedido de cuidado a su familia”.

La agrupación H.I.J.O.S Punilla junto con el Movimiento Plurinacional del lugar desde un primer momento alinearon acciones y reclamos siguiendo los avances de la búsqueda de Cecilia con un trabajo territorial. Si alguien del pueblo dice que dijo o vio, si se comentó algo, van a preguntar, chequean qué fue verdad y qué mentira. Además, focalizaron en cómo contener los dos casos para que no haya impunidad: Movimiento Plurinacional estaban ocupándose de dar contención y acompañamiento a la familia de Cecilia. H.I.J.O.S de acercarse a la familia de Lucas para que se respeten sus garantías procesales. “Brindarles el acompañamiento que fuera necesario para asegurar las garantías correspondientes a cualquier imputado en su calidad de inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dado que las circunstancias de su detención y el hermetismo respecto a las pruebas en su contra por parte de la fiscalía, nos dejaba con muchas preguntas y  no nos íbamos a permitir entrar en especulaciones sobre dichos extraoficiales de medios amarillistas”, informó la agrupación. Y sobre los aportes que pudieron recabar dicen: “De la charla con los familiares pudimos corroborar un dato que nos había quedado resonando en una entrevista que realizo la familia para Canal 2 de La Cumbre el día anterior. En la misma, prácticamente al finalizar, una tía de Lucas menciona a un vecino de ellos y relata que sus hijos habrían escuchado gritos de una mujer una semana atrás, pero dado a que son una familia de bajos recursos y hace tiempo vienen siendo víctimas de persecución y hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad no se sintieron cómodos con realizar denuncia alguna. Consideramos que dada la situación actual sería bueno que el abogado de Lucas articulara los medios correspondientes ante la fiscalía para que se tome declaración sobre tales dichos”.

H.I.J.O.S Punilla asevera que “la manifestación –fue- casi unánime en las redes de personas del pueblo nativo y de otros que viven hace muchos años y que conocen la realidad y el accionar de las fuerzas de seguridad en Capilla del Monte, que tuvieron la impresión de que se lo estaría incriminando. Y por supuesto acompañando a la familia de Cecilia en todo lo que se nos requiera por intermedio de la articulación con las compañeras del movimiento plurinacional de mujeres”.

Cómo romper el aislamiento social no-obligatorio

El Movimiento Plurinacional de Mujeres de Capilla del Monte, la Mesa Intersectorial contra la violencia de género y la agrupación Así No de madres contra el abuso sexual en la infancia son las tres organizaciones que siguen los casos de violencias en esa localidad y acompañaron la búsqueda de Cecilia desde el principio. De ellas surgió la necesidad de salir a protestar. Liliana Martín, parte del Movimiento Plurinacional, cuenta cómo motorizaron el pueblo a la calle, después de investigar qué consecuencias podría tener romper la cuarentena: “En ningún lado que hable de la cuarentena dice que no nos podemos movilizar: lo que no podemos hacer es amontonarnos, nada más. No está prohibido manifestarse si respetamos las medidas; salgamos a decir lo que sentimos sin enfrentarnos con nadie”.  Y relata las medidas que adoptaron para cuidarse las tres veces que activaron protestas por Cecilia: “Tomamos un poco la experiencia de las marchas relámpago en los ’70 de citarnos uno a uno por teléfono a una hora y en un lugar puntual. La convocatoria fue persona a persona, no lo abrimos a las redes y no hicimos nada que pudiera permitir que se reprima la movilización. Lo importante en este caso era respetar la cuarentena usando los barbijos, con la distancia prudencial para evitar el contagio y llevar carteles alusivos a Ceci. La primera consigna fue ‘aparición con vida’, la segunda fue ‘justicia por Cecilia’ y de la tercera, con mucha más gente y sin miedo, participaron los padres que encabezaron la marcha”.

La masiva movilización en contexto de pandemia muestra que la comunidad de Capilla del Monte está inquieta con el asesinato de Cecilia y que existen dudas con la detención de su supuesto femicida. “En esta situación sabemos que si Lucas Bustos no es el femicida, el femicida está suelto. Y que además, si esto se armó y se organizó para cubrir al verdadero femicida, este femicida tiene poder en algún lado, con las fuerzas de seguridad, con algún estamento de la justicia o de la municipalidad. Si se cubre tanto a alguien es porque tiene poder. Y el miedo es ese, porque si está preso un perejil, hay suelto un pez gordo”, explica Liliana.
Capilla tiene un antecedente reciente que alimenta este tipo de hipótesis: la desaparición y muerte en febrero de Mariela Natalí, una turista que según la primera autopsia murió ahogada en 30 centímetros de agua.

El calendario del caso no-cerrado

27 de abril. Primer comunicado del Ministerio Público Fiscal (MPF): “Luego de trece horas de trabajo y tres médicos forenses, se pudo concluir que trata de una muerte violenta, no natural, cuya causa eficiente no se puede determinar todavía pero se presume que se trataría de asfixia por estrangulamiento, lo que aún es motivo de investigación. El cuerpo presenta heridas defensivas en distintas partes, cuya naturaleza y extensión deben ser complementadas con estudios anatomopatológicos y químicos, entre otros”. 

28 de abril. “En el día de la fecha, en la investigación que sigue la Fiscalía de Instrucción de Casquín, en la localidad de Capilla del Monte, por el homicidio, cuya víctima sería Cecilia Gisela Basaldúa, luego de tareas investigativas, se logró individualizar al autor del hecho, siendo el mismo un hombre de 23 años, oriundo de la zona, a quien se le ordenó la detención y se lo imputó de abuso sexual con acceso carnal y homicidio calificado por violencia de género”.

En un segundo comunicado, 24 horas después, el MPF informa que resolvió el cauce de la investigación con la imputación de este hombre.

29 de abril. Fabricio Díaz, intendente de Capilla del Monte, habló con Canal 2 de Villa Carlos Paz y dijo: “El pedido de justicia me parece muy noble y habrá que esperar que la justicia en cuanto a lo que está pasando. Cualquier opinión o presión sería adelantarse y hasta entorpecer el trabajo judicial”.

30 de abril. “Valeria Bustos, hermana de Lucas, mediante un video de WhatsApp convocó a la población en general a una marcha para el día jueves 30 a las 10 a.m. pidiendo ‘Verdad y Justicia por Cecilia’ aseverando que su hermano es inocente, que se sepa la verdad y que aparezca el verdadero responsable”. La marcha empezó en la comisaría y desconcentraron frente a la Municipalidad: “No logramos que el Intendente ni el Secretario de Gobierno se hicieran presentes y pronunciaran palabras ante los convocados que así lo reclamaban”, expresó H.I.J.O.S Punilla.

Por qué el Estado es responsable

Las agrupaciones feministas locales denuncian que la escasa información que circula en los medios de comunicación tradicionales no tiene perspectiva de género porque monopolizó la voz del caso Ariel Luna, un periodista local acusado de abuso sexual a una menor en 2017. También advirtieron que sobre la aparición de Cecilia tuvo acceso a fuentes de información antes que la fiscalía. Al respecto, la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, habló ayer con Capilla del Monte Noticias, un programa emitido por la FM comunitaria Una Radio Muchas Voces, y refirió que tienen muchas dudas sobre el hallazgo: “Tenemos datos de medios que dicen el 20 de abril habrían encontrado el cuerpo cerca del basural, que después salieron a desmentir, pero esa información que manejaban cinco días después coincidían con la aparición del cuerpo de Cecilia”.

La causa se encuentra bajo secreto de sumario y ninguna de las partes pudo aún acceder al expediente que elaboró la fiscal de feria del Ministerio Público Fiscal de Cosquín, Josefina Gómez. La intervención policial de Capilla en la detención del chico de 23 años tiene fisuras y el pueblo no olvida los antecedentes de violencia institucional con el caso del supuesto suicidio en la comisaría de Jorge Reyna de 17 años que fue detenido en 2013 y su cuerpo tenía indicios de golpes previos. También resulta dudoso el accionar judicial: no están claros los canales que manejó la fiscalía para llegar a una resolución rápida con una búsqueda tan larga e irregular que empezó como “averiguación de paradero” cuando Cecilia llevaba tres días desaparecida. Según la abogada Pavón, se empezó tarde, como si la mochilera se hubiera ido voluntariamente, y no se no activaron los protocolos con perspectiva de género que presuponen una agresión violenta hacia la persona buscada.

Las tres organizaciones de mujeres de Capilla del Monte reciben denuncias de violencia y abusos: “Tipos que están metidos y se dan una cobertura espiritual que terminan siendo abusadores. También nos llegan casos de violencia física y doméstica. Pasa que no salen a la luz porque quien tiene que hacer las investigaciones es el Estado y no están”, manifiesta una de ellas y expone que lograron bastante conciencia sobre la violencia en el pueblo, que asisten a las mujeres y que muchas veces sienten que las desborda: “Sobre todo la Mesa Intersectorial  tiene consultas como si fueran una institución del Estado. Nosotros tenemos un techo. Primero que no contamos con presupuesto, todo esto es voluntariado, y clamamos porque cuando se hagan políticas que tengan que ver con temas de género y violencias convoquen a las que hacemos territorio”. Liliana critica la Ley Micaela y la califica de “desastre” por entender que no es suficiente el tiempo que dedican los funcionarios a capacitarse en perspectiva de género y porque “cuando vos vas a la comisaría, a los hospitales, a las dependencias del Estado el maltrato a las mujeres es permanente”.

En relación a la investigación por el femicidio de Cecilia Basaldúa aporta cuál es el despertar de este pueblo: “Son puntos muy oscuros que la comunidad se está cuestionando: no a un perejil, no a la desaparición de las pruebas. Si le decís a la gente que todo va a estar bien y que la justicia está actuando, la gente se tranquiliza. Pero en esta situación no, entonces el miedo viene por ahí: que no se haga justicia y que el asesino siga suelto”.

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Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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Violencia e impunidad: el círculo que denuncian las familias víctimas de femicidios

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Familiares víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones de todo el país realizaron colectivamente la declaración que compartimos de manera completa en esta nota. Lo que denuncian: «El círculo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio». La vulneración constante del derecho de acceso a la justicia, las situaciones que se repiten en todos los territorios y un llamado a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse  para desarmar la impunidad que garantiza que la violencia siga existiendo. 

Noviembre 2022
Argentina

Declaración de la Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

¡¡No hay justicia porque no tenemos garantizado el derecho de acceso a la justicia!!

Los familiares víctimas de femicidios, transfemicidios, desapariciones hoy denunciamos de cara el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la situación terrible que vivimos. El circulo de la violencia no termina cuando ocurre el femicidio. La misma Justicia, las fuerzas policiales y el Estado, que no toman denuncias, o que si lo hacen no garantizan el resguardo de quienes denuncian, continúan violentando a las familias que luchan por justicia. A lo largo y ancho del país los relatos se repiten una y otra vez. La enorme mayoría de los procesos judiciales se encuentran para las víctimas en su más completa impunidad. Los femicidas, abusadores y violentos de nuestras hijas, hermanas, sobrinas, madres siguen en libertad. Soportamos un gran dolor de tener que perder a nuestros seres queridos y tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y asesinatos relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estás causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del poder judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino. En varios momentos, tenemos que soportar que los propios jueces nos denuncien a nosotros de violentos por ir a exigir explicaciones y pedir justicia, y hasta nos han reprimido con la policía. En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir por ejemplo peritos de parte, ya que los peritos del poder judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Cómo siempre tenemos que hacerles recordar a través de escritos al poder judicial nuestra ley de víctimas, donde casi siempre es denegada y violentando nuevamente nuestros derechos, haciéndonos imposible hacer justicia por nuestras hijas. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar $300.000?

Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo quieren verdad y justicia.

Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si se sale a reclamar, el poder judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez, la violencia contra nuestras víctimas nunca frena.

Es por esto que llamamos a todas las familias de víctimas y sobrevivientes a organizarse. No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando. La Justicia nos invisibiliza para que no se sepa la terrible situación que se está viviendo, por eso convocamos a una gran jornada de lucha para este 25 de noviembre. Necesitamos que todas las personas, personalidades y organizaciones nos ayuden a visibilizar lo que está pasando con las causas. En todo el país tenemos que levantarnos y realizar una acción común, organizando y visibilizando nuestra situación en todas las provincias, donde nuestros reclamos estén en las primeras líneas. Queremos tomar la palabra para contar lo que pasa porque tenemos una agenda urgente. No solo de instancias judiciales cercanas muy importantes, sino que hay compañeras desaparecidas en este mismo momento que tenemos que encontrar ya.

Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.

Asamblea nacional de familias víctimas de femicidios y desapariciones

Silvana Capello, mamá de Agustina Fernandez, asesinada el 2/7/2022 en Cipolletti, Rio Negro, en un supuesto robo. El único testigo, supuesto amigo, la dejó tirada, aún no hay nadie detenido. Ella viajó desde La Pampa a Cipolletti a estudiar medicina por un futuro y me la devolvieron en un cajón.

Jose, papá de Alejandra Nahir Álvarez, asesinada el 10/10/2020 en Jujuy. Tenía 17 años y un bebé de 6 meses.

Oscar, papá de Barbara Zabala, asesinada el 6/12/2019, el día que cumplía 20 años en Pehuajó, Buenos Aires. El femicida, Brian David Dirassar, fue condenado a prisión perpetua.

Matilde Peñalva, mamá de Camila Peñalva, asesinada el 5/3/2020 en Jujuy. Fue envenenada con plaguicida por su ex pareja. Está detenido y esperamos prisión perpetua. Hay fecha de juicio oral para febrero y marzo del 2023.

Victor Catan, hermano de Micaela Catan, asesinada quemada el 6/4/2020 por su concubino Patricio Orellana en Santiago del Estero. El transfemicida fue demorado por 20 minutos, cuando sucedió el hecho hizo abandono de persona, pido orden de detención para Orellana.

Susana Basaldua, mamá de Cecilia Gisela Basaldua, desaparecida el 5/4/2020. Su cuerpo fue encontrado el 25/4/2020, en Capilla del Monte, Córdoba. En el juicio se acusó a una persona sin pruebas, el jurado lo absolvió. La familia pide un nuevo juicio que investigue a los verdaderos responsables.

Analía, mamá de Camila Flores, asesinada el 11/12/2020. Su asesino sigue libre. Pedimos que la justicia de Santa Fe actúe y dejen de cubrir asesinos, y que el gobierno nos de apoyo porque estamos a 1000 kilómetros del lugar del femicidio y no contamos con los medios para tener un abogado que nos ayude y logre hacer justicia para nuestra hija. Que no quede en suicidio porque a Camila la mataron, ella no se mato, ella quería volver a su casa.

Marta, mamá de Lucía Pérez, asesinada el 8/10/2016 en Mar del Plata, Buenos Aires por Matías Farías y Juan Pablo Offidani. En el juicio fueron condenados por venta de droga y no por femicidio. Se logró la anulación de ese juicio y se impulsó un jury a los jueces que pretendieron consagrar la impunidad. El nuevo juicio comenzará el 7 de febrero de 2022.

Fabiana Morón, mamá de Julieta del Pino, asesinada por Cristian Romero el 25/7/2020 en Berabevú, Santa Fe. Fue golpeada, estrangulada hasta matarla, arrastrada y enterrada en un pozo en el patio de su casa con cal, tierra, losa de cemento y un tanque de agua arriba. Luego a la mañana se fue a trabajar con el hermano de Julieta como si nada, mientras toda mi familia la buscaba. El asesino fue condenado a prisión perpetua.

Noemi, mamá de Lia Vasquez, asesinada el 13/11/2020 en Puerto Madryn, Chubut. Tenía 14 años. Se espera la fecha de juicio para Gabriel Orellana, de 22 años.

Fany Roman, mamá de Valeria López, desaparecida desde el 26/1/2020 en Virreyes, Buenos Aires. En el momento de su desaparición tenía 40 años y dos hijos varones de 17 y 23 años. La causa se caratuló como “averiguación de paradero”, su familia exige que se cambie a“desaparición forzada”.

Marisa y Facundo, mamá y papá de Luna Ortiz, asesinada el 3/6/17 en Tigre, Buenos Aires. El único detenido fue liberado en mayo de 2022. Su familia aun sigue en busca de justicia por que se reconozca el femicidio.

Esperanza Valdivieso, madre de Yesica Valdivieso, asesinada el 5/1/2021 en Mayor Buratovich, Buenos Aires. El femicida Juan Torrejón Huallpa fue condenado a prisión perpetua.

Graciela Altamirano, tía de Viviana Altamirano, desaparecida desde el 28/4/2004 en Tigre, Buenos Aires. El sospechoso, 16 años después, en 2020, asesinó a su esposa y se suicidó.

Lisette Fernandez, hermana de Mica e hija de Nancy Fernandez, asesinadas en 2013 y 2014, en Tigre, Buenos Aires. El femicida está preso, pero solamente por narcotráfico.

Monica, mamá de Iara Rueda, desaparecida el 24/9/2020, luego de que un compañero del colegio la citara para entregarle unos materiales y la tarea. La familia salió a buscarla desde un primer momento mientras la policía ponía excusas y no la buscaba. Los rastrillajes llegaron recién después de una pueblada en Palpalá, Jujuy. Su cuerpo fue encontrado el 28/9/2020 en un lugar donde los vecinos habían rastrillado días antes, luego de un llamativo apagón en todo el pueblo. Por su femicidio se encuentran detenidos Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad, y hay involucrado un menor de 17 años. La familia realizó a su vez una denuncia a funcionarios por incumplimiento de deberes.

Roxana y Alfredo, mamá y papá de Carla Barrera Soggiu. Tenía 28 años, 2 hijos en ese momento de 2 y 4 años. Murió el 15/01/19, la encontraron en el Riachuelo, en CABA, cuatro días después. Sufrió violencia de género por parte de su marido Sergio Nicolas Fuentes, condenado a 6 años por golpearla, violarla, atarla y privarla de su libertad. Carla tenía hidrocefalia, tenía una válvula en su cabeza donde fue salvajemente golpeada. Por considerar la situación de alto riesgo le dieron un botón antipánico que activó en varias oportunidades y no la encontraron porque el GPS no funcionaba, no la localizaba. El Estado también es responsable.

Blanca Osan, mamá de Agustina Fredes, quien murió en Mar del Plata, Buenos Aires, el 23/4/2017, meses después de ser violada y torturada física y psicológicamente por su ex pareja. cuando tenía 18 años. Agustina estaba embarazada como consecuencia de estas violaciones. Le realizaron una cesárea donde le extrajeron el bebé, también el vaciamiento de su útero y ovarios. El 23/04/2017, su familia la llevó desvanecida al hospital Materno Infantil de Mar del Plata, pero luego fue trasladada al H.I.G.A. Allí, les informan que por la demora del traslado y la falta de oxígeno Agustina tenía muerte cerebral. El informe de las autoridades establece que Agustina falleció por embarazo ectópico. Cuando la familia pidió que se realizara una autopsia, les fue negada. El jefe policial que estaba encargado de la investigación de su muerte es familiar de Acevedo, su violador. Por las denuncias que Agustina había realizado, Matías José Acevedo fue llevado a juicio y condenado a 15 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal en un contexto de violencia de género. Su familia denuncia que fue femicidio.

Mariela Tacacho, mamá de Paola Tacacho, asesinada el 30/10/2020 por Mauricio Parada, en Tucumán, luego de haber hecho 15 denuncias en su contra entre 2015 y 2020. La última fue en mayo del mismo año que la asesinó.El femicida la apuñaló y se suicidó. Por su actuación en las denuncias que había hecho se destituyó al juez Juan Francisco Pisa considerando que incumplió con los deberes a su cargo.

Ana, tía de Priscila Martinez, desaparecida el 23/02/2020, había sido llevada de manera engañosa por su tío Ruben Oscar Navarro. Desde ese momento la policía no quiso actuar, no querían tomar la denuncia porque garantizaban que ella volvería. Ese mismo día Priscila estaba muerta, violada, golpeada. La familia y vecinos empezamos a hacer la búsqueda por nuestros propios medios. Fue encontrada debajo de la cama del asesino el 15/04/2020 en Santiago del Estero. Tenía 15 años. Ahora esperamos el juicio.

Leticia Escobar, mamá de Gisela Grispi, asesinada en 23/11/2020 en Colón, Entre Ríos. El femicida Heraldo Martiarena fue condenado a prisión perpetua.

Erica Rojas, mamá de Andrea Rojas, víctima de una violación en grupo de hijos del poder en Burruyacú, Tucumán. Los familiares de los acusados no dejan de hostigar y amenazar a la denunciante y su círculo íntimo.

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Sin fronteras. Femicidios, crímenes sexuales y terrorismo

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