Amnistía Argentina presentó su informe anual que da cuenta de las vulneraciones de derechos humanos en Argentina durante el 2021. El estado de situación del país se analiza también como parte de una región, las Américas, “que ya tenía las tasas más altas de desigualdad de ingresos en el mundo antes del COVID-19”. Así, post covid, la desigualdad se profundizó y las falsas promesas siguen haciendo mella. En esta nota, algunas de las alertas urgentes que detalla el informe: el aborto, los femicidios, el abuso en infancias, la violencia estatal y la deuda de la ley de humedales.  

Aborto legal 

La consagración del derecho constituyó un logro histórico, pero “a un año de la aprobación de la Ley 27.610, los desafíos que enfrentan las mujeres y personas gestantes para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo comienzan por conocer cómo y dónde hacerlo: no se ejerce un derecho que no se conoce”. La conclusicón a la que llega el informe surge de pedidos de información pública realizados por Amnistía Internacional; de entrevistas a profesionales de la salud, activistas, abogadas y organizaciones de la sociedad civil; y de testimonios de quienes enfrentaron en carne propia graves barreras en el acceso al aborto legal. El dato: a falta de campañas masivas, solamente algunas provincias llevaron a cabo acciones aisladas de difusión. 

Otro punto remarcado por el informe es sobre la Línea de Salud Sexual del Ministerio de Salud de la Nación, donde nueve de cada diez llamados tienen que ver con el acceso a la interrupción del embarazo. Si bien se entiende que resuelve inquietudes y deriva a quien llama con referentes de salud, “en la realidad se genera un circuito burocrático que termina haciendo muy engorroso el proceso de consulta y acceso”.

Por último el informe da cuenta del accionar judicial respecto al tema. Por un lado sigue habiendo criminalización a trabajadores de la salud que garantiza el derecho. Un ejemplo es la investigación penal en contra de Miranda Ruiz, una médica residente en el Hospital Juan Domingo Perón, en la ciudad salteña de Tartagal, a raíz de la atención que brindó a una paciente adulta que requirió acceder a un aborto legal. Por otro lado, también se detalla que a diciembre de 2021 se habían iniciado al menos 37 acciones judiciales contra la ley del aborto, aunque el Poder Judicial ha rechazado sistemáticamente las acciones contra la norma en etapas muy tempranas de los procesos judiciales. 

Violencia femicida

“La violencia de género en la Argentina es, a esta altura, una crisis endémica que ningún gobierno ha podido resolver”, dice categóricamente el informe, que agrega: “Tanto las políticas públicas para abordar la violencia de género como la ausencia de una perspectiva tal entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a la hora de responder o aplicarlas adecuadamente no parecen estar funcionando”. 

El informe retoma los datos del Observatorio de Femicidios de la oficina del Defensor del Pueblo de la Nación: 289 víctimas mortales por la violencia femicida. El Observatorio Lucía Pérez, que lleva adelante un padrón  público y autogestionado, registró 323 femicidios y travesticidios durante el 2021. 

Abuso en las infancias

El informe releva los datos de la Encuesta Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de Unicef (2019-2020), según la cual el 11% de las mujeres de 18 a 49 años declaró haber sido víctimas de abuso sexual durante su infancia o adolescencia. Al extrapolar esta estadística a las infancias, al menos una de cada diez niñas y adolescentes sufren violencia sexual.

Además, cada año alrededor de 80.000 adolescentes tienen un hijo/a y siete de cada diez adolescentes no han deseado ni planificado ese embarazo. Entre quienes son menores de 15 años, ocho de cada diez no lo ha hecho, en su mayoría consecuencia de abusos y violencia sexual, según datos de la Secretaría de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación. 

Respecto al abuso sexual infantil, el informe detalla la historia de Thelma Fardin, y recuerda que la noche que la actriz hizo pública su denuncia, las llamadas a la línea para alertar casos de abuso sexual infantil aumentaron en un 1200%. Dice el informe: “En la Argentina, solo el 15,5% de las denuncias por delitos contra la integridad sexual llega a sentencias condenatorias. Este patrón se reitera en otros países del continente. La impunidad en los delitos de violencia sexual envía el mensaje equivocado acerca de que la violencia contra la mujer es tolerada, lo que favorece el sentimiento de inseguridad y una persistente desconfianza en la Justicia”. 

Con respecto a la Educación Sexual Integral, una política pública que debería ser una herramienta para que los niños, niñas y jóvenes puedan prevenir situaciones de abuso sexual, identificar episodios de violencia y conocer métodos para prevenir embarazos no intencionales, entre otras cosas, a 16 años de haber sido sancionada persiste una brecha significativa entre el marco normativo y su implementación real. Datos arrojados por el informe: solo el 4% de estudiantes de nivel secundario afirma haber recibido la totalidad de los contenidos básicos, prioritarios y obligatorios de la ESI; y siete de cada diez docentes sostienen que necesitan más capacitación en materia de violencia de género, abuso sexual infantil y diversidad sexual, identidad y expresión de género, lo que pone en evidencia la falta de políticas públicas para fortalecer la formación en la Ley. 

Violencia institucional 

En los ultimos años Amnistía Internacional relevó casos en todo el país que incluyeron malos tratos, tratos degradantes, amenazas, uso excesivo de la fuerza e, incluso, el asesinato por parte de miembros de diferentes fuerzas de seguridad; muchos de los que se siguieron registrando a lo largo de 2021. 

El informe detalla la situación judicial de algunos casos del último tiempo: 

• Lucas González, de 17 años, baleado por efectivos de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Barracas; 
• El caso de la familia qom a cuya casa ingresó por la fuerza y sin autorización legal un grupo de policías en el barrio chaqueño de Fontana; 
• Mauro Coronel, de 22 años, que murió tras haber sido detenido violentamente por la policía de Santiago del Estero; 
• Blas Correa, de 17 años, que iba en un auto con cuatro amigos que fue baleado por la policía en Córdoba; 
• Josué Lagos, miembro del pueblo indígena qom, 23 años, que recibió un disparo hecho por un miembro de las fuerzas de seguridad de la provincia de Chaco durante un operativo policial;
• Santiago Maldonado, que tenía 28 años. Su cadáver fue hallado en 2017 en un río del territorio mapuche de la provincia de Chubut 78 días después de que las fuerzas de seguridad hubieran acordonado la zona;
• Facundo Castro, de 22 años. Su cuerpo fue encontrado 107 días después de que se denunciara su desaparición a finales de abril de 2020. Fue visto por última vez en un control policial en la provincia de Buenos Aires. 

La deuda de la ley de humedales

En Argentina los humedales representan casi un cuarto (21%) de los territorios nacionales. En 2020 casi 1.200.000 de hectáreas fueron afectadas por el fuego. En 2021 los incendios masivos en la provincia de Corrientes y la declaración de emergencia del Poder Ejecutivo Nacional dieron cuenta de que el peligro de nuevas emergencias ígneas sigue latente.

Desde 2013 se han presentado proyectos en búsqueda de una ley que brinde protección a los humedales, sin embargo nunca llegó a tratarse en el recinto. Dice el informe: “La crisis climática se agrava año tras año y ha demostrado tener un efecto devastador para la satisfacción de los derechos de las personas. Las intensas olas de calor, sequías e incendios en grandes extensiones de tierras en todo el país volvieron a poner en la agenda la necesidad de tratar en el Parlamento, con la mayor celeridad posible, la Ley de Humedales”. 

El informe completo acá.