Dos de los cinco gremialistas apresados en Tierra de Fuego hablaron con lavaca.org luego de ser liberados. El horror en horas de madrugada, la policía encapuchada allanando viviendas sin orden judicial, la violencia con abuelos y niños, la restricción de no poder salir de sus casas y la persecución sindical son algunos de los ingredientes de esta provincia paralizada hace más de dos meses en contra del duro plan de ajuste dispuesto por el gobierno provincial.

“Lo único que atiné hacer fue despedirme de mi viejo porque no sabía a dónde me estaban llevando”, describe José Gómez , secretario general de la Asociación Fueguina de Empleados Públicos (AFEP), uno de los cinco dirigentes gremiales detenidos durante la madrugada del martes por policía antimotines, liberados tras las protestas sociales que hace más de dos meses paralizan Tierra del Fuego contra el paquete de leyes propuesto por la gobernadora Rosana Bertone (FpV) que recorta los salarios y eleva la edad jubilatoria. Las medidas produjeron que una veintena de sindicatos confluyeran en la Unión de Gremios para evitar el ajuste reconocido por las propias autoridades políticas, que argumenta que no hay recursos.
Las detenciones se produjeron luego de que los trabajadores abordaran el lunes al vicegobernador Juan Carlos Arcando después de un homenaje a las víctimas del hundimiento del crucero General Belgrano. Los trabajadores exigían que el Gobierno los escuchara, pero denuncian que los custodios empezaron a agredirlos y la policía les arrojó gas pimienta. Allí empezaron los forcejeos que algunos medios cubrieron como agresión de los gremios. Fue al revés: “Nosotros reclamamos diálogo”, esgrimen.
Horas después, de madrugada, ocurrieron las detenciones. Gómez argumenta su temor: “Pensá que eran policías antimotines, encapuchados”.
José Gómez lo pone en imágenes.

Revoleando ancianos

“Hacía 64 días que estaba viviendo en una carpa frente a Casa de Gobierno”, explica Gómez. “Ese día fui a pegarme un baño a la casa de mi papá y le pedí un ratito para dormir. A la media hora escucho ruidos. Eran tipo 3 o 4 de la mañana. Eran policías que decían que tenían orden de allanamiento que nunca mostraron. Estaban todos enmascarados. Mi mamá busca el celular para filmar, le dicen que no puede, se le abalanzan y a mí me tiran al piso de forma violenta. Mi papá estaba subiendo la escalera y lo agarraron y lo revolearon al suelo. Estaba semi desnudo, una persona grande, con diabetes: no tuvieron ningún pudor en ponerle la rodilla encima. A mí me torcían los brazos”.
Gómez frena un instante.
“¿Viste cuando percibís que la otra persona está disfrutando hacerte daño? Esa era la sensación que tenía”, dice. “Lo único que pensaba era que no le hagan mal a mi papá del corazón”. El gremialista cuenta que en ese momento los policías se enteraron de que había otro departamento en la propiedad. “Era de mi excuñada, que estaba con los tres hijos”.
¿Qué pasó? “Los empujaron, los destaparon, estaban en ropa interior. Una situación de porquería. Tienen 16, 11 y 7 años y les apuntaban con armas”.
Gómez cuenta que le leyeron algo que no llegó a comprender. “Me llevaron a una comisaria. En las peores condiciones: sin calefacción, con materia fecal, un colchón meado. Los golpes que nos dieron se curan, pero la situación social que estamos viviendo es muy grave”. El gremialistas cuenta que, lo peor, era las maquinaciones mentales: “Rogábamos que no hubiera ningún muerto, porque sabíamos que también iban a desalojar el acampe”.
Los otros gremialistas detenidos:

• Horacio Gallegos, secretario general de Sindicato de Obreros y Empleados Municipales.
• Roberto Camacho, secretario general adjunto de la CTA Autónoma.
• Alejandro Gómez, secretario de Organización de SUTEF (Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación).
• Juan Manuel Estefoni, dirigente municipal de ASEOM (Asociación Sindical de Empleados y Obreros Municipales).

La liberación de los gremialistas se enmarcó en un “régimen especial” por el que no pueden salir de sus casas entre las 22 y las 6 de la mañana. Tampoco pueden acercarse a ningún edificio público ni ante la gobernadora Bertone o el vicegobernador Juan Carlos Arcando. “Es insólito, estamos en una ciudad chica: ¿cómo llevo a mis hijos a la escuela o al hospital?”.
Los cinco, además, siguen imputados.

Te reviento

A Horacio Gallegos, del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales, también le golpearon la puerta violentamente cerca de las 3 de la mañana del martes. Su perro ladraba. “Me acerco, miro por la ventana y me dicen que tengo tres segundos para abrir la puerta”, rememora. “Les digo que esperen para que me fuera a cambiar. Me dicen: ´Si no la abrís, te reviento la puerta´. No tuve otra que quedarme para tratar de que no me rompan la casa. Es de madera”.
Gallegos estaba en bata. “No pude terminar de atarla. Ni bien entraron me tiraron al piso. No había discusión posible. Eran más o menos 15 policías del grupo antimotines. Les digo que hay una familia, que vivo con mi mujer y hay una nena de 12 años. Cuando estoy cabeza al piso les pregunto dónde están los testigos, para que las cosas sean transparentes. Me contestan balbuceando: no existían. Nunca me mostraron la orden de allanamiento”.
Lo mismo pasó con José Gómez.
A Gallegos le trajeron la ropa y lo llevaron hasta la Comisaría 4º de Rio Pipo, Ushuaia. “A partir de ahí me dicen que estoy en carácter de incomunicado. Así durante 48 horas, sin poder hablar con mi familia o mi abogado. Yo la saqué barata dentro de todo. Pero estamos bien, independientemente de las limitaciones que nos pusieron en cuando a nuestra movilidad y libertad, aunque sabemos que es parte de una política de acortar nuestros derechos. Sabemos que iban a intentar hacer una maniobra para que dejemos de manifestarnos”.

Patotas y policías

¿Cómo interpretan lo que ocurrió? Piensa Gómez: “Siempre que uno va incrementando la medida de fuerza lo hace como parte de una estrategia para que el otro sepa que hay un fin, que queremos llegar a una instancia de diálogo, pero no sé hasta qué punto nosotros no hemos podido interpretar los mensajes que dio el Gobierno. Cuando ellos sacan la ley, pedimos diálogo. Vamos y habían rodeado la Legislatura: había patotas y policías. Hicimos cortes y éramos flexibles con los ingresos, pero el Gobierno organizó un grupo de choque. Después cortamos Planta Orión, que es donde la provincia se abastece de combustible. Y ahí armaron una patota de camioneros, que estaban con los camiones y la policía atrás. De fondo, escondidos, los antimotines. Venían con armas de fuego y armas blancas. Estaban sacados, y sin mediar palabra arrojaron piedras y avanzaron sobre las mujeres. Ese fue un acto totalmente de terrorismo. Después nos empezaron a llover las causas. En cambio, ellos, no tienen ninguna No hay un indagado. Y nosotros, en menos de 10 horas, estábamos encarcelados e incomunicados en las peores condiciones humanas”.
Piensa Gallegos: “El gobierno jugó a que el conflicto iba a decaer y que íbamos a desistir de nuestro reclamo. Nunca pasó. Si bien tiene altas y bajas, las demandas siguen latentes. Ellos intervinieron y allanaron nuestras casas con la excusa de que había desaparecido un par de handies de la policía y la billetera de una periodista. Y por eso nos consideraban suficientemente peligrosos como para no dejarnos acercar a la policía ni a nadie. La idea, en realidad, era sacarnos del medio políticamente y desactivarnos como gremialistas”.
Gómez: “Es terrorífico. Estamos presos de nosotros mismos. Y sabemos que, cualquier acción que hagamos, en el corto plazo nos vuelven a meter. Seguimos imputados. ¿Sabés qué pasa en realidad? Esto está hecho a propósito. Está hecho para mostrarle al resto de los trabajadores que el que activa sus derechos va a terminar en estas condiciones”, dice sobre esta historia que, como tantas, continuará.