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Lo que se empieza a ver en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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En el comienzo de la segunda semana del nuevo juicio, la enfermera que atendía en la sala donde llegó el cuerpo de Lucía aportó documentos que revelan extrañas maniobras sobre el certificado de defunción de la joven de 16 años. Lo que le dijo el subsecretario de Salud, Pablo de la Colina –quien apareció inesperadamente ese día en la sala-, sobre ese certificado. La actitud y lo que (no) dijo Farías aquel 8 de octubre; su relación con Offidani; cómo los encontraron cuando los detuvieron por el crimen: escuchando música y tomando alcohol, en un auto con drogas. Por qué se sabe que Lucía no era una adicta. Y el pedido del fiscal para que los jueces inspeccionen este miércoles a la escena del crimen. Cómo siguen las audiencias.

Por Claudia Acuña

(Desde Mar del Plata) La cuarta jornada del juicio que investiga la muerte de Lucía Pérez estuvo dominada por las preguntas del fiscal Leandro Arévalo, las declaraciones de cinco policías que intervinieron en los primeros trámites del expediente y la enfermera de la sala donde llegó el cuerpo de Lucía.

Esta mujer entregó tres fotocopias con documentación clave que hasta hoy no formó parte de los seis cuerpos que tiene esta causa:

  • Una fotocopia es del libro de enfermería, único registro que existe del ingreso del cuerpo de Lucía a la sala de salud del barrio de La Serena;
  • Una fotocopia es del certificado de entrega del cuerpo a la morgue;
  • Y la fotocopia de la carta con la cual solicitó a la Secretaría de Salud municipal la anulación del acta de defunción que el médico Pablo de la Colina firmó en blanco.

La enfermera contó también que cuando le preguntó a ese médico, meses después, qué debía hacer con ese documento, él le respondió:

-Rompelo.

Ella, en cambio, decidió que debía seguir el procedimiento que le había indicado a todo el personal de esa sala un abogado enviado por la secretaria de Salud.

Recordemos que aquel 8 octubre de 2016 el doctor De la Colina era subsecretario de Salud municipal; ya veremos más abajo cómo narra la enfermera por qué estuvo presente ese día en esa salita.

A pedido del fiscal y con acuerdo de todas las partes, el tribunal dispuso que el miércoles habrá una inspección ocular a la casa que alquilaba Matías Gabriel Farías, uno de los imputados, escena de la muerte de Lucía.

En tanto defensas, querella y fiscalías acordaron que los alegatos serán el próximo miércoles 22 (querella y fiscalía) y cuatro días después, ambas defensas.

Mañana comunicarán esta propuesta al tribunal, que deberá confirmarlo.

La escena del crimen

Las audiencias se llevan a cabo en dos salas, ambas muy chicas. En el sexto piso se amontonan defensas, querella y fiscalía, en escritorios enfrentados y que rodean al tribunal. En el centro está el sillón por donde desfilan los testigos y detrás, seis sillas. De un lado, tres mujeres jóvenes que asisten al doctor César Sivo, defensor del imputado Pablo Offidani; del otro Marta y Guillermo, los padres de Lucía, que llevan en su pecho la foto de su hija. En el segundo piso y a través de una pantalla se trasmite la audiencia para el público, compuesto hoy, entre otros, por la prensa y representantes de los organismos que monitorean el juicio: el doctor Eduardo Carnicero, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; la doctora Natalia Roselot, por el ministerio de las Mujeres bonaerense, y Vanesa Calvo y Federico Komblit, por el ministerio de las Mujeres de Nación. Estos organismos estuvieron presentes en todas las jornadas, incluida la dedicada a los peritos forense, que fue cerrada a la prensa.

Lo que se empieza a ver en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez
Vanesa Calvo y Federico Komblit, por el ministerio de las Mujeres de Nación; el doctor Eduardo Carnicero, por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires; y la doctora Natalia Roselot, del ministerio de las Mujeres bonaerense. Foto: Lina Etchesuri para lavaca.

Detalle de aquella jornada: las peritos explicaron muy detalladamente cómo establecieron que Lucía no era consumidora habitual de cocaína. Explicaron que esa droga deja residuos en el pelo y que tomaron muestras del cabello de Lucía. Detallaron: se calcula que el pelo crece una centímetro por mes. El pelo de Lucía tenía unos veinte centímetros de largo. No tenía residuos de esa sustancia por lo cual, plantearon, se puede establecer que al menos hasta veinte meses antes de su muerte no había consumido cocaína.

El primero en declarar este lunes fue Pablo Luis Bocca, un joven oficial policial -calculemos que casi siete años atrás era aún más joven- que aquel 8 de octubre de 2016 prestaba servicio en la Comisaria N.º 13, lindera a la salita de salud a donde Farías y Offidani dejaron el cuerpo de Lucía. Lo que vio lo describió con pocas y contundentes palabras: mal vestida y con el pelo mojado. Fue también quien detuvo a los imputados veinte horas después; los describió  también de la misma forma: estaban en la camioneta en la que trasladaron a Lucía, bebiendo alcohol y escuchando música. Es en ese procedimiento donde les incautan una mochila con la droga que fue la prueba por las que ambos imputados fueron condenados por el delito de “tenencia de drogas con intención de venta a menores”. También fue quien dijo que luego de esa detención “era voz populi que eran vendedores de drogas”.

Quien era por entonces su superior, el comisario Cristian Gari, aportó otros datos. Mencionó a Offidani como “el compadre” de Farías. Consultada luego por lavaca la defensora oficial de Farías, la doctora María Laura Solari, afirmó que Offidani es el padrino de uno de los hijos, el menor, nacido muy poco antes de aquel fatídico día. Consultada sobre si había citado a la madre de ese bebé como testigo, la respuesta de la defensora Solari fue: no.

Ya veremos cómo se cita este dato en la audiencia.

El comisario Gari también respondió a la defensora Solari, cuando le preguntó qué actitud había notado en Farías aquel día: ¿tuvo intención de colaborar o notó lo contrario? “Huir no quiso, pero se nota que lo que dijo aquel día fue la cuarta parte de lo que sabía”.

Un ejemplo que quizá explique por qué en esta jornada las defensas hicieron pocas preguntas.

La salita del barrio Serena

Enfermera ya jubilada, con jean, remera negra y actitud segura, María Elisa Sendra fue la única que dijo conocer a Farías con anterioridad al hecho investigado en este juicio: fue cuando llevó a parir a la salita a una mujer -que supuso su pareja-, hecho que calificó como muy poco habitual. También fue encargada de explicar cómo era el funcionamiento sí habitual de la sala de salud del barrio de La Serena: desde el año 2010, atendían los consultorios de lunes a viernes con actividades ya programadas, y los fines de semana había guardias, que se cubrían con dos turnos.

Contó que aquel 8 de octubre, a las 8 de la mañana, le habían informado que no habría médico desde las 14 hasta las 19 y así ordenó informarlo en un cartel que pegaron en la puerta de la salita. Supone que porque alguien sacó una foto de ese cartel –así se habría originado una reacción que calificó como “viral”- fue que la llamaron de la secretaría de Salud para informarle que el subsecretario se haría cargo de la guardia. Ella se retiró a las 14, sin verlo y poco después de las 18.30 volvió sin tampoco cruzárselo. La doctora Verónica Heredia le preguntó si era habitual que el funcionario cubriera una guardia en esa sala y la respuesta fue: no.

Luego, contó del certificado de defunción en blanco, que ella estuvo en su poder durante más de un mes sin que nadie se lo reclamara. Y también que recibió un pedido de la secretaria de Salud para que sacara las fotocopias, cuyo destino -le informaron- era remitirlos al juzgado donde se iniciaría el primer juicio: cosa que hasta hoy, cuando las sacó de la bolsita donde las había guardado durante 6 años y 5 meses, no había ocurrido.

Lo que se empieza a ver en el segundo juicio por el femicidio de Lucía Pérez
Marta y Guillermo junto a la Campaña Nacional Somos Lucía y organizaciones que los acompañan cada jornada de audiencias. Foto: Lina Echesuri para lavaca

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes. 

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó: 

  • La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
  • Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
  • La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
  • Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
  • Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas. 

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.  

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»
El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento. 

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Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

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La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación contra sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia. Este año se logró la condena a prisión perpetua de dos de los responsables del crimen, pero la familia además reclama el juzgamiento de los policías ya que su inacción resultó clave para que Iara resultara asesinada. Mónica, la madre de la joven: «Si esos funcionarios policiales hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Por Natalia Aramayo desde San Salvador de Jujuy

La familia de Iara Rueda, la joven de 16 años desaparecida y luego asesinada en Jujuy en septiembre de 2020, presentó un recurso de apelación al sobreseimiento de los 8 policías imputados por no buscar a Iara en el momento de su desaparición según lo indican los protocolos vigentes en la provincia.

Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. El 22 de julio del año pasado el Ministerio Público de la Acusación informó que la investigación se había dado por finalizada y el fiscal de la causa solicitó la citación de los acusados a juicio.

Desde entonces la familia espera la fecha de juicio, pero con lo que se acaban de encontrar es con el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública. 

Mónica Cunchila, mamá de Iara, expresó en conferencia de prensa en San Salvador: “Esta decisión nos dañó, nos lastimó demasiado, no podemos entender cómo trabaja la justicia”. Mónica llevaba en sus manos los fundamentos que dio el juez: el texto ocupa solamente media carilla. “Imprimí los fundamentos para leer y empaparme» expresó, “pero el fundamento del juez es media carilla, y no me dice por qué tomó esa decisión”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
Mónica Cunchila junto a su marido Juan José Rueda (los padres de Iara) mostrando a la prensa la decisión del juez: «Si los policías hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”.

 El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, manifestó que tras entregar el recurso de apelación, el fiscal a cargo de la causa, Diego Funes, también se sumó a la presentación, y que además el propio fiscal general de la provincia, Lello Sánchez, se comunicó con la familia.  

«El día que nos enteramos de la decisión del juez Fernández fue sentir que nos mataron a Iara nuevamente», dijo Mónica tras conocer la decisión. El abogado de la familia, Julián Martín Palmieri, sostuvo: “Creemos que estos ocho policías tienen que estar sentados en el banquillo de acusados, porque claramente omitieron, no buscaron, no rastrillaron, dejaron a la deriva a Iara y la familia. No tenemos dudas que son responsables, junto a otras personas de lo que fue la pésima y paupérrima búsqueda y rastrillaje de Iara”.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

La comunidad en la calle fue la garantía para que se descubriese a los culpables. Ahora el juez Rodolfo Nino Fernández sobreseyó a policías que con su inacción (¿o complicidad?) se dedicaron a no buscar a Iara, que tenía 16 años al desaparecer. El cuerpo fue encontrado por vecinas y vecinos que asumieron la búsqueda mientras la policía no hacía nada.

Iara Rueda: La negligencia policial mata

Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.  

Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.

Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.

En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.  

El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

“La dejaron abandonada”

El juicio oral y público por el femicidio comenzó el 13 de abril y finalizó este 3 de mayo cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 condenó a prisión perpetua a Raúl Arnaldo Cachizumba y Mauricio Esteban Abad como autores penalmente responsables de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”.

El tercer acusado, Fernando Tomás Fernández, fue condenado por el mismo delito pero se consideró al crimen “triplemente agravado por el vínculo”. Dado que al momento del hecho era menor de edad se pidió remitir la copia de la sentencia al Juzgado de Menores que hasta el día de hoy, cuatro meses después, no fijó pena alguna.

Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece. Sostiene el abogado de la familia: «Además, en el juicio llevado a cabo, donde se condenó a los tres imputados, se demostró que hubo negligencia por parte de la policía al no seguir los rastros que marcó uno de los canes de la policía en la casa de Tomás Fernández”, por lo cual cree incongruente la decisión del juez.

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia

Volver a las marchas

“El caso de Iara marcó un antes y un después no solo en la justicia jujeña sino que también en la sociedad y no puede tener este triste final, con una resolución de un juez que desliga de responsabilidades a estos sujetos. Nadie la buscó, nadie respondió por ella, la dejaron abandonada a ella y a la familia, ¿y ahora nadie responde por eso?». 

Mónica es clara sobre cómo continúa la situación: “Volvemos a las marchas, a las calles, de manera pacífica, para exigir no solamente que el juez Fernández de marcha atrás con esta medida, sino que estas leyes se cumplan, para que no vuelva a suceder. Si esos funcionarios hubieran cumplido la ley y los protocolos de búsqueda, quizás Iara estaría aquí con nosotros. A Iara la mataron otros pero ellos también son responsables, estamos de pie como la familia y vamos a seguir cueste lo que cueste”. 

Femicidio de Iara Rueda: sobreseimiento de policías en Jujuy, pero la familia y la comunidad vuelven a la calle reclamando justicia
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216 femicidios y travesticidios en 8 meses de 2023

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Durante este agosto sangriento registramos en el Observatorio Lucía Pérez 32 femicidios.

Preocupa porque en agostos de años anteriores, el registro era en muchas ocasiones, menos de la mitad. Preocupa también porque es el mes de 2023 donde más crímenes machistas registramos.  

Este agosto Emma, la más pequeña, tenía 2 meses. No fue la única infancia asesinada: Thiago, asesinado junto a su madre María, tenía 13; Morena, 14; Nelsa, 15; y Magalí, también 15. En lo que va del año, son 15 las infancias asesinadas.

En el otro extremo etario de una línea que transversaliza la violencia de este mes está Susana, tenía 83 años. 

Las nombramos en el deseo de nombrar a todas. A cada una de las víctimas de los 216 femicidios y travesticidios de lo que va del año. Compañeras de colegio, hijas, amigas, vecinas, 71 de ellas eran madres, por lo que registramos a hoy 155 huerfanxs por la violencia femicida.

Este año registramos también 217 tentativas de femicidios y travesticidios, 27 ocurrieron en el mes de agosto. 

Marchamos exigiendo que paren de matarnos 263 veces en el año, este agosto salimos a la calle 33 veces a marchar. 

Nos preguntamos: ¿qué más hacer para ponerle freno a la violencia femicida?

Sobre el Observatorio Lucía Pérez:

El Observatorio Lucía Pérez es una herramienta de análisis, debate y acción creada por lavaca.org para erradicar la violencia patriarcal de nuestras vidas y nuestras sociedades. 

Realizamos una serie de padrones que compartimos en nuestra web de manera libre, los cuales los confeccionamos en talleres que realizamos con víctimas de violencias, familias sobrevivientes de femicidios, organizaciones sociales y activistas del movimiento trans. 

Los datos así recogidos, sumados al seguimiento de lo publicado en medios de todo el país, son luego chequeados y precisados con fuentes judiciales y periodísticas. Cada mes realizamos un resumen que es analizado con víctimas y familias sobrevivientes de femicidios. Anualmente realizamos un informe que compartimos con organizaciones sociales y referentes de la política y la cultura.

Todo la información que producimos es de público y libre acceso.

Agradecemos que si es de tu interés, cites la fuente.

Acá podes encontrar toda la información: www.observatorioluciaperez.org

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