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Declaró Vanesa en la segunda jornada del juicio: «Le quebraron la vida»

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, prestó declaración ante el Tribunal en la segunda jornada del juicio.

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El reloj marcaba las 10:45 cuando los jueces Diana Volpicina, Gustavo Navarrine y Liliana Logroño, del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de La Matanza, ingresaron a la escena, subieron los pequeños escalones y se sentaron frente a una audiencia repleta.

Vanesa declara ante el Tribunal. Foto: Leandro Alba, de El1 Digital

Vanesa declara ante el Tribunal. Foto: Leandro Alba, de El1 Digital


El público, como parece ser habitual en los juicios, se paró y se sentó al mismo tiempo que los magistrados. Algunos se quedaron en sus asientos, omitiendo ese detalle puramente formal.
Volpicina, presidenta del TOC, saludó dando inicio a la segunda jornada del juicio por torturas a Luciano Arruga en el galpón especialmente acondicionado de la Unión Industrial de La Matanza: “La fiscalía dirá cuál es el primer testigo”.
El fiscal José Luis Longobardi respondió: “Vanesa Romina Orieta”.
La sala hizo silencio y miró hacia la única dirección posible. La hermana de Luciano Arruga, el joven de 16 años que fue detenido ilegalmente el 22 de septiembre de 2008 en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Vanesa entró y dejó el bolso al lado de la puerta. Caminó, seria, hasta el banquillo, y se sentó mientras se sacaba el abrigo. Su testimonio era lo más esperado de la segunda jornada del juicio por torturas y, por lo que ocurrió después, también fue lo único. Miró hacia el Tribunal, que le pidió nombre completo, oficio u ocupación, y respondió: “Desde la desaparición de mi hermano hago lo que puedo. A veces ayudo a mi mamá con las artesanías”.
Se dio paso a las preguntas del fiscal Longobardi, quien le pidió que reconstruyera aquel 22 de septiembre de 2008 con la mayor precisión posible.

La bandera

La jornada comenzó más temprano que el día anterior. A partir de las 9:06 los secretarios del juzgado y oficiales salieron a informar que el público podía ir entrando. En ese momento no había organizaciones sociales ni políticas, que llegaron después. Tampoco la policía había desplegado el excesivo operativo del día anterior. La calle no estaba cortada, y sobre la valla reposaba una bandera con el rostro de Luciano que lo decía todo: “Lo mató la policía, lo desapareció el Estado”. Luciano fue torturado aquel 22 de agosto de 2008, tema que se juzga ahora. Además, desapareció en enero de 2009. Su cuerpo fue encontrado como NN en octubre de 2014.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza (APDH) estaba presente y luego llegaron las representantes del SUTEBA local. No estaban las cámaras de televisión y había menor presencia periodística. Sin embargo, la sala se llenó: más de 70 personas. Entre el público estaban Alberto y Leonardo Santillán, papá y hermano de Darío Santillán, uno de los piqueteros asesinados en junio de 2002.
También estaban en la sala los abogados defensores de Julio Diego Torales, el policía al que se juzga por torturador: Juan Grimberg e hijo, Gastón Jordanes, y un ayudante. El propio Torales se ubicó allí, suspirando mientras se acomodaba el traje. Hablaba con Jordanes, que le explicaba algo. Torales asentía.
A las 10 las partes ya estaban acomodadas.
Cuarenta y cinco minutos después entraron los jueces.

El cuaderno

Vanesa Orieta se tomó unos segundos antes de contestar la pregunta del fiscal.
“Era 22 de septiembre del año 2008. Me acerqué por la mañana al destacamento. No puedo precisar el horario exacto. Llegué al hall de entrada. Me atiende una persona femenina. ‘Vengo a retirar a mi hermano’, digo. Ella tenía mala predisposición. Entonces pido hablar con el responsable a cargo”. Vanesa remarcó que el tono con que se expresó ese día tenía que ver con otras experiencias con la policía, que luego relataría: “Mi hermano era perseguido por la gente de ese destacamento”). Recordó que la oficial le dijo: “Esperá acá”.
Continuó Vanesa: “Se acerca una persona masculina que se presenta como Diego Torales. Lo anoté en un cuaderno. Me dijo que no podía ver a mi hermano. Le dije que era menor de edad y quería ver si estaba bien. Torales no estaba de buen humor. No contestaba bien. Me dice algo así como: ‘Vos sabés lo que hizo. Es un chorro’. Le dije: ‘¿Y vos quién sos para decirme eso?’”.
La hermana de Luciano contó que el oficial le preguntó si quería ver lo que había robado. “Decime lo que quieras, pero si no veo a mi hermano, yo no te creo”, le respondió. Vanesa dijo al Tribunal: “Los policías se estaban zarpando con él. La única persona a la que iba a creer era mi hermano, y todo me daba a entender que era una detención más de las que venía sufriendo”.
Ese día le preguntó a Torales quién era el juez, quién era el denunciante. “Torales ya estaba enjuiciando a mi hermano de hecho”, señaló Vanesa. Y le demostró una ilegalidad: “Mi hermano es menor de edad, tendría que estar en el hall”. Luciano estaba en la cocina. Nuevamente surge en el juicio que la dependencia policial no estaba acondicionada para llevar detenidos.
Vanesa dijo que estaba nerviosa: “Tenía miedo por mi hermano. Tenía mucha rabia pero sentía que no tenía la fuerza para pelear con esas personas que eran el doble de grandes que yo y tenían un arma”. La hermana de Luciano señaló que Torales le pedía algún documento de identidad de Luciano para soltarlo (lo que Mónica Alegre, mamá de Luciano y Vanesa, había contado en la primer audiencia). Relató la secuencia. “Se lo dimos, Torales dijo que no le servía, que necesitaba una fotocopia. Tenía una fotocopiadora atrás. Dijo que no le andaba. Fuimos a hacer la copia. Pero después nos dijo que no le servía porque no podían constatar que mi mamá era la mamá de Luciano”.
Por eso Mónica viajó hasta Puente La Noria a encontrarse con la hermana, para llevar el acta de nacimiento de Luciano, tal como relató.

El verdugueo

Vanesa narró que Torales hablaba por teléfono en el hall del destacamento. Iba y venía. “Le dije que era mi derecho verlo (a Luciano), que corría riesgo su vida”. Evocó que Torales se corrió el teléfono de la oreja, tapó el auricular y dijo: “¿Te podés callar que estoy hablando con el juez?”. Siguió la joven: “En ese momento se abre la puerta de la cocina y escucho que mi hermano gritaba…”.
Vanesa detuvo el relato. Silencio.
Siguió: “Escucho que gritaba: ‘Vanesa, sacame de acá porque me están pegando’”.
En la sala muda, Vanesa se quebró.
Le ofrecieron un vaso de agua. “No, gracias”, respondió.
Continuó: “Le grito al juez que le estaban pegando a mi hermano”. Su tono de voz se acentuó: rebotó por toda la sala. “¿Cómo explicar las emociones que empiezan a correr por el cuerpo de uno?”, preguntó a la sala. “Quería romper todo. Y así y todo tenía que pensar que tenía a mi hermano encerrado”.
Vanesa expresó que los policías “verdugueaban” a Luciano desde antes de aquel 22 de septiembre.
El Tribunal le preguntó a qué se refería con verduguear.
Longobardi: “Explique para que el Tribunal la entienda. Yo soy de barrio y me puedo dar una idea”.
Vanesa: “Que lo paren en la vía pública, que le pusieran un arma en la espalda y le digan ‘quedate quieto, negrito, que te meto un tiro’, que le digan ‘negro villero´”. La joven hizo un corte en su propio relato para explicar que sabía a qué se estaban refiriendo los jueces: expresó que estaba diferenciando el “verdugueo sistemático” que sufría su hermano con el que padeció en el destacamento. Sobre ese día, explicó: “Me refiero a ostentar el poder policía, el tono violento. Eso lo va dejando a uno en un lugar chiquito, en el que no sos ciudadana. Me estaban humillando. Estaba en desigualdad de condiciones”.
Reconoció Vanesa que ese día tuvo miedo. El fiscal le pidió más detalles. “A medida que pasaba el tiempo uno iba teniendo más inseguridad de no saber si iba a salir bien (por Luciano). Sentía miedo que le pasara algo. A ver: cuando uno viene de un barrio humilde, está acostumbrado a naturalizar esas formas”.
Ante una pregunta del fiscal, dijo que no podía especificar si a Luciano le estaban pegando en aquel mismo momento. “No tenía contacto con él. Eso me daba terror”.
La jueza Liliana Logroño le preguntó qué actitud tomaba Torales ante sus reclamos. “Siguió ahí. Maltrataba mi vida, la de mi mamá, la de mi hermano (volvió a quebrarse). Yo tenía miedo de reaccionar mal. Me estaban haciendo mal. Ahí le dije: ‘Torales, lo que estás haciendo está mal’. Yo estaba nerviosa, como cualquiera que tiene un familiar encerrado al que le están pegando. ¿Qué va a hacer uno?”.
Su pregunta rebotó por el Tribunal buscando alguna respuesta.
El relato siguió: “Eso es verduguear. Pensar que porque son dos mujeres indefensas las trato como quiero; creer que por ser mujer una está en desigualdad de condiciones”.

Los 20 pesos

Vanesa pudo referir algunos horarios ya que en ese momento estaba trabajando en un call center en Morón. Contó que había aceptado ese trabajo porque era de cuatro horas, y que también le permitía estar en su casa más tiempo con su hermano. “Era un lugar donde se sentía seguro”, dijo.
El 22 de septiembre se tendría que haber ido a las 15 para poder llegar a horario: “A esa hora todavía estaba ahí. Llamé y dije que llegaba más tarde. Sabía que mi vieja se tenía que ir (a buscar la documentación), pero yo no podía perder el trabajo porque no podía pagar el alquiler ni ayudar a mi vieja”. Se terminó yendo a las 16. “Todavía no lo había podido ver”, especificó.
Logroño le preguntó si le dijeron quién era el juez.
Vanesa: “No me decían nada”. Lloró.
Relató que salió alrededor de las 20.30 de trabajar, aproximadamente. Fue a lo de Mónica. “Vivía en una casa de 4 metros por 3. Una cama cucheta de frente a la puerta, otra cruzada. Luciano estaba sentado de frente a la puerta. Le digo: ‘Negro, la puta madre, ¿vos te robaste ese teléfono de mierda?’”.
Silencio.
Contó que Luciano levantó la cabeza. “Me dice: ‘Vos sos una pelotuda: no robé nada y encima me pegaron’”.
Luciano lloraba, le dijo que lo agarraron cuando estaba yendo a trabajar, y que lo golpearon adentro del destacamento. “Me nombró gente”, recordó su hermana. “El único nombre que retuve fue Diego Torales. Era el único con el que me relacioné”.
Vanesa recordó la frase de Luciano: “Mientras uno me agarraba, el otro me pegaba”.
Siguió: “Me decía que lo humilló”. Su mamá le contó que había salido muy nervioso, y que empezó a señalar a quienes le habían pegado. Uno de ellos era Torales. “Después el me contó que le dijeron que si no se tranquilizaba lo iban a mandar a la Comisaría 8º donde había violadores que se iban a encargar de él”.
Siguió: “Luciano me dijo que Torales era un forro, un hijo de puta”.
Siguió llorando y contando: “Nos contó que pidió de comer, le dieron un sandwich y se lo escupieron”.
Vanesa especificó que Luciano se tocó la parte baja de la espalda para decirle que le dolía. “Y un poco la cara y la cabeza”, le agregó. Se veía la hinchazón en el rostro. No en el cuerpo: “No lo examiné”. Fueron al Policlínico de San Justo. “Negro, hay que hacer la denuncia porque no podemos seguir así. No es vida”, le dijo Vanesa.
Fueron en colectivo. En el Policlínico le dijeron que tenía que sacar turno. Vanesa paró a un médico y le explicó que su hermano había salido de un destacamento y tenía dolores. Lo sentaron en la camilla. “El médico tuvo una actitud solidaria”, reconoció Vanesa, en lo que habrá sido el único gesto de esas características que recibieron ese día. Le pidió un certificado y que quedara constancia en el libro de guardias ya que tenían pensado hacer la denuncia. El médico no le sacó radiografías.
Volvieron del Policlínico caminando, 20 cuadras, casi a medianoche, porque no tenían plata.
“Luciano también me cuenta que había entrado (al destacamento) con 20 pesos y no se los devolvieron”, recordó Vanesa.
Y se rió: “Supuestamente lo detienen por un delito y fue la policía la que no le devolvió los 20 mugrosos pesos”. Por eso precisó que al día siguiente llamó a la dependencia y pidió hablar con Torales. Le recriminó que no le hayan devuelto la plata. “No tenía nada”, fue la respuesta.
Vanesa, al Tribunal: “Era lo único que teníamos. Con eso no nos íbamos caminando del hospital”. Nunca se los devolvieron.
“Era muy reiterada la tortura psicológica sobre mi hermano”, remarcó.
El fiscal dijo que no tenía más preguntas.

“De repente fue un chico triste”

Maximiliano Medina, del CELS, le pidió algunas precisiones sobre la persona que la atendió ese día: “Era mujer, pelo tirando a rubio, enrulado, robusta. Con pantalón y borcegos de policía”.
Sobre el horario: “A las 16 todavía estaba en la cocina. Así me dijeron cuando llegué. Yo tenía muy claro que no era un lugar acondicionado para alojar detenidos. Luciano después me dijo que estuvo en la cocina todo el tiempo, con las manos atadas, que lo tuvieron un rato con las esposas y después se las sacaron”.
La defensa pidió que constara en actas.
“¿Estuvo más de dos horas allí?”, preguntó la querella. “Más de dos horas seguro”, dijo Vanesa, que remarcó un detalle: “Si hubiera estado el juez de menores podría haber hecho un retrato mejor”.
Describió luego cómo Luciano cambió tras la detención. “Era un pibe con una risa tremenda, porque tenía 16 años, porque estaba viviendo. Y de repente fue un chico triste. ¿Cómo explicar las veces que vi llorando a mi hermano?”.
Se quebró. “¿Cómo te sentís si no podés salir de tu casa? ¿Cómo saldrían los hijos de ustedes si les pasa eso? En el último tiempo mi hermano estaba mal. Esa detención es cruel. Es una situación límite”.
Sobre qué pasó con la denuncia: “No la hicimos. Asumo la responsabilidad. Pensaba en la seguridad de mi familia. Mi vieja estaba sola. La situación estaba terrible: ella estaba viviendo mal”. Miró al Tribunal: “Perdón, pero los tiempos de la justicia son lentos para la urgencia que uno tiene”.
Ilustró a los presentes: “Uno hace la denuncia, la policía se entera y la cosa se pone peor”.

“Le quebraron la vida”

La defensa pidió la palabra. Habló Juan Grimberg. Quiso apuntar una supuesta contradicción. Mientras buscaba con las dos manos la foja exacta en el expediente, su hijo le sostenía el micrófono para que hablara. Le especificó al Tribunal qué línea debía leer.
Para el fiscal no había contradicción. “Sólo aclaró más un punto sobre el que antes había expresado dudas”, dijo Longobardi.
La jueza Volpicina tampoco consideró la contradicción. Le sugirió que reformulara una pregunta. “Algo ya dijo de eso”, remarcó. Nadie en la sala sabía a qué se estaban refiriendo.
Grimberg finalmente dijo: “Usted hizo referencia a que Luciano dijo que Torales fue uno de los que le pegó”.
Vanesa: “Me cita nombres. En un momento me dice Torales”.
Grimberg: “Simplemente recuerde lo que le dijo su hermano”.
La jueza Logroño intervino: “Acaba de decirlo”.
Grimberg pasó a otro tema. Le preguntó en qué momento fue esposado Luciano.
Vanesa: “Pasaron 6 años y voy a decir lo que me acuerdo”.
Volpicina hacía gestos con las manos: “Disculpe, hay una mosca. Siga”.
Vanesa: “Hay cosas que me dijo en una situación traumática que no te puedo afirmar. Pero Torales una de las dos acciones la hizo, y te puedo decir que una u otra es violatoria de sus derechos. Él podía haber frenado la situación. A mi hermano le quebraron la vida. Es un daño irreparable. Y él (Torales) era testigo”.
Grimberg hizo un silencio. Le preguntó luego si tenían asesoría legal. Vanesa: “No, pero es una buena pregunta. No teníamos un mango, señora (mirando al Tribunal). Y si ese día iba un abogado, Torales tendría que haber hecho lo que tenía que hacer. Los dos somos laburantes (Torales y ella): pero él estaba en otra relación de poder”.
Así, en 5 segundos y en una línea, Vanesa Orieta resumió la bibliografía entera de investigadores, sociólogos, filósofos y académicos que se dictan en las carreras de ciencias sociales.

Impertinente

“¿Militabas?”, preguntó Gastón Jordanes, otro de los abogados.
La pregunta desató algunas risas inesperadas en la audiencia. “No, trabajaba”, dijo Vanesa.
Luego Grimberg pidió la reserva de la testigo. Esto es: cuando un testigo termina de declarar, puede integrarse al público de la audiencia, pero si una parte pide su reserva, la persona vuelve al recinto para una eventual ampliación de su testimonio.
El fiscal le preguntó a qué efectos realizó la petición.
Volpicina: “No tiene por qué decirle. Es una estrategia. Me sorprende que lo pregunte”.
El Tribunal inquirió si alguno tenía otra pregunta.
Grimberg buscó pegar bajo y embarrar a las víctimas: se metió en preguntas sobre la vida personal de Vanesa Orieta, sobre su ex pareja, sobre si era abogado, que motivaron la queja del fiscal y los abogados de la familia Arruga. “Es manifiestamente impertinente”, dijo Medina, que subrayó que no tenía ninguna relación con el objeto procesal.
Esto es: las torturas que sufrió Luciano el 22 de septiembre de 2008.
Grimberg insistió en preguntar con quién fue Vanesa al destacamento luego de la desaparición de su hermano el 31 de enero de 2009. Es decir, se remontó a un hecho posterior al que se juzgaba. La estrategia -puede suponerse- consistía en saber si contaba con asesoría legal. Más quejas de las partes. Logroño sostuvo que Grimberg se refería a una secuencia que consta en la causa por torturas, que en todo caso el fiscal después debería valorarla o no. Más quejas.
“Perdón, ¿puedo decir algo?”, preguntó Vanesa.
Volpicina: “No, todavía no”.
Debatieron un rato. Finalmente, Volpicina dijo que el Tribunal, con la disidencia de Logroño, le daba la razón a la fiscalía. Le recordaron a Vanesa que debía volver al cuarto porque pidieron su reserva. “Por favor, déjenme fumar un cigarrillo”, pidió Vanesa. Le dijeron que sí.
Cuando Vanesa Orieta se levantó, la sala explotó en aplausos. Los ojos de los jueces desorbitaban. Los jueces se pararon, el público se paró. Volpicina llamó a un cuarto intermedio. El público comenzaba a enfilar hacia la puerta cuando la presidenta del Tribunal elevó la voz: “Primero los jueces, después el público”.
Eran las 13 pasadas.

¿Testigos o sospechosos?

Volvieron a las 13:27.
Ya no quedaban más testigos. Grimberg leyó la lista de testigos que llamarán los próximos días.
Volpicina: “Ayer dijimos que hoy se iban a escuchar a los de la defensa”.
Grimberg: “Tuvimos problemas con las notificaciones. Al único que podía lo estaban operando”.
La jueza recordó que, por común acuerdo de las partes, las audiencias se llevarían en 5 días. Le sugirió que procurara los testigos el miércoles: “El viernes se termina el debate”.
El fiscal Longobardi se opuso a llamar como testigos a las personas que leyó Grimberg. Seis de ellos eran policías que estaban de servicio el día que detuvieron a Luciano Arruga. “Hay una causa abierta para saber quiénes son los otros dos que denunció que le pegaron”, argumentó el fiscal. “Y, según surge de los lineamientos, más que testigos pueden resultar que sean sospechosos”.
Los abogados de la familia sostuvieron lo mismo. Medina, del CELS, leyó los horarios que cada uno de los oficiales cumplió ese día: todos estuvieron en el destacamento mientras Luciano estuvo detenido y denunció que lo golpearon, que le escupieron la comida y amenazaron con violarlo. “Ellos no son testigos, porque no son ajenos al hecho”, sostuvo, y recalcó que no sólo pueden ser coautores, sino sospechosos de omitir y ocultar lo que denunció la familia. Además, apuntaron que puede incurrirse en una violación de sus propios derechos y en la garantía de sus debidos procesos.
Los policías:

  • Néstor Guillermo Díaz.
  • Miguel Ángel Olmos.
  • Damián Marcelo Sotelo.
  • Miguel Osvaldo Soraire.
  • Mónica Viviana Chapero.
  • Sergio Oscar Fékter.

Nota aparte: Díaz, Sotelo y Fékter son denunciados como tres de los 8 policías implicados en la deasparición de Luciano Arruga el 31 de enero de 2009.
La fiscalía y los abogados también se opusieron a llamar a otros tres testigos referidos al supuesto robo por el que detuvieron a Luciano. De este llamamiento se desprende que la intención de la defensa es desacreditar a Luciano Arruga y su familia. ¿Qué pueden aportar en un juicio donde se evalúa si un joven de 16 años fue torturado física y psicológicamente en una dependencia policial?
Desde el Ministerio Público Fiscal, alguien comentó: “Así sea Bin Laden, no se lo puede ni tocar”.
El Tribunal llamó a un cuarto intermedio para decidir. Eran las 13:45.
Volvieron 14:12. Le dieron la razón a la defensa.
Desde la fiscalía adelantaron que si la sentencia concluye en absolución y toma en cuenta esa prueba, presentarán un agravio en Casación por aceptar “pruebas que no podrían producirse”.
Finalmente, el Tribunal cerró la jornada hasta el jueves a las 9 de la mañana.

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político. Fotos: Romina Elvira para lavaca

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía. Fotos: Romina Elvira para lavaca

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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