Nota
Lugar común la muerte
Se inició en Bariloche una tardía búsqueda de diálogo con la comunidad mapuche que ocupa un sector del Parque Nacional Nahuel Huapi. Tardía, porque al mismo tiempo se estaba realizando la autopsia y luego el velatorio de Rafael Nahuel, 22 años, joven que acompañaba a familiares mapuche y resultó asesinado por un balazo de plomo disparado por personal de la Prefectura. Las voces, las operaciones, la militarización en la zona y una reflexión sobre la paz interior y la violencia estatal.
Una masiva y pacífica marcha llegó este domingo desde El Alto hasta el Centro Cívico de Bariloche, haciendo una parada frente a la morgue en la que se estaba realizando la autopsia del cuerpo de Rafael Nahuel, 22 años, el joven asesinado por una bala de plomo durante la persecución desatada por fuerzas de seguridad, en el marco del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu producido esta semana.
“Veníamos alertando sobre esta situación”, cuenta a lavaca Luis Pilquiman, referente de la Zona Andina de la Coordinadora Mapuche. “Aunque nunca pensamos que esto podía terminar en la muerte de un hermano”. Detalle: “Aquí no hubo un enfrentamiento. Los hermanos usan hondas pero no armas de fuego. Los estaban persiguiendo y es por eso que el balazo que recibió Rafael fue de atrás y ascendente”.
Pilquiman informa sobre las novedades del domingo: “Estuvimos en la zona del conflicto, hay allí dos hermanos heridos de bala pero en buen estado, que junto a otros hermanos no aceptan salir del territorio. Hubo además una buena actitud del juez de abrir un diálogo para resolver la situación pacíficamente”, explica Pilquiman.
El juez federal Gustavo Villanueva y el obispo Juan José Chaparro, además de organismos de derechos humanos, la abogada de la comunidad Natalia Araya, el propio Pilquiman y representantes de otras comunidades mapuches estuvieron en la zona con quienes sobrevivieron a la razzia desatada por el grupo Albatros de la Prefectura, que terminó con la vida de Rafael Nahuel.
“Rafael era mapuche de origen, como el 80 por ciento de los chicos de El Alto, pero recién ahora estaba en un proceso de autoreconocimiento como mapuche”, cuenta Alejandro Palmas, Duke, del Colectivo Al Margen, organización social y medio de comunicación que trabaja en los sectores más vulnerables de Bariloche.
Paradojas crónicas: “Rafa participaba en el espacio de prevención y promoción de derechos de Al Margen, en la parte de educación no formal de la organización. Su tía es lonko y su prima también pertenece a la comunidad. Rafa fue allí como solidaridad con esos familiares. Hemos quedado todos muy golpeados por esa muerte de un chico carismático, trabajador y que participaba mucho en los talleres de formación sociolaboral”.
La muerte de Rafael ocurrió el día que se producía el velatorio de Santiago Maldonado en 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires.
El hecho se sumó informativamente a la angustiosa búsqueda de los 44 desaparecidos del submarino ARA San Juan. Todas muertes que se acumulan como un signo de la época, y en las que la estrategia oficial ha oscilado entre el silencio, las operaciones de prensa, las falsedades y las incoherencias.
En el caso específico del asesinato de Rafael Nahuel, la realidad indica otro recrudecimiento de la violencia estatal hacia personas que reclaman sus derechos. Dice Alejandro: “Después de lo de Maldonado nunca nos hubiéramos esperado que pasara algo como lo de Rafa. No lo podemos creer”.
La secuencia
El 10 de noviembre último la comunidad Lafken Winkun Mapu comunicó por Facebook “la recuperación territorial en zona donde se encuentra ubicado el Reimu Lafken, más conocido como Lago Mascardi».
También a través de Facebook, de la página de la Red de Apoyo de Comunidades en Conflicto, ese mismo día se comunicó que recibió una notificación de una orden de desalojo que, según indicaban, se haría efectiva al día siguiente. Según el diario Río Negro, el 11 de noviembre uno de los integrantes del territorio dijo que la recuperación territorial, si bien se había hecho pública el 10, llevaba ya unos dos meses. Dos días después, el diputado nacional por Cambiemos Sergio Wisky calificó de “inadmisible” la recuperación, que se ubica en tierras de Parques Nacionales (el Nahuel Huapi), sobre el kilómetro 2006 de la Ruta 40.
El 14 de noviembre, informaron que “hubo dos intentos de desalojo por parte de la Policía Federal” y que la comunidad “los resistió”. Según informaron, había efectivos de civil y monitoreos de drones.
El desalojo se produjo el jueves 23 de noviembre. La comunidad denunció que fuerzas federales llegaron al territorio a las 5:30. Gendarmería Nacional cortaba la ruta, con un bloqueo a la altura de Los Baqueanos: según informaban diarios locales, no se podía circular desde Bariloche hacia El Bolsón. El sitio DeBariloche contabilizó 170 policías de la Policía Federal, 100 prefectos, que se suman a los gendarmes y un helicóptero.
Luis Pilquiman calcula que fueron 400 efectivos: “Y solo necesitaron cuatro para detener a cinco mujeres y sus pequeños que no se resistieron. Fue todo un montaje y algo lamentable: dicen que no hay recursos para hacer cosas beneficiosas para la gente, pero sí tienen recursos para venir a atacar a las comunidades”.
La presencia de diferentes grupos (Gendarmería, Prefectura, policías federal y provincial, grupo GEOP), armados como es costumbre y con el acompañamiento de drones, se mantuvo en la zona para buscar a quienes alcanzaron a escapar a la razzia del jueves. Los cortes de ruta y retenes impedían el acceso 12 kilómetros a la redonda de la zona del Mascardi.
El Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich publicó un curioso Informe sobre los hechos ocurridos en Villa Mascardi en el que describe erróneamente que los terrenos habían sido tomados por la RAM, que cuatro integrantes del grupo Albatros se cruzaron con 15 o 20 personas «encapuchadas, con máscaras antigases de tipo militar y banderas con lanzas que en sus puntas tenían atados cuchillos». Dice que ese grupo agredió a los Albatros con «piedras, boleadoras y lanzas» y que «avanzó utilizando movimientos militares y adoptando una formación de emboscada envolvente lo que demostraba la preparación militarizada del grupo que sumada a las máscaras de gas, daban la impresión de un grupo preparado para un evento violento». Con este tipo de argumentos el supuesto «Informe» intenta justificar el homicidio de Rafael Nahuel aunque «lamenta lo sucedido», todo lo cual puede incluirse en la categoría de mensajes que en los últimos años se ha dado en llamar posverdad.
Dice Luis Pilquiman: «Son todas mentiras, este domingo hemos visto elementos en el lugar que demuestran cómo fueron las cosas realmente, y ahora el juez Villanueva ha mostrado voluntad de investigar esos hechos en el lugar».
La doctora Natalia Araya, abogada de la comunidad: “Lo que nos cuentan los compañeros es que el sábado estaban en el territorio después de haber caminado dos días por la montaña. Que eran 3 ó 4 y que, de repente, se aparecen entre 6 y 8 efectivos de Prefectura. Los empiezan a correr, a disparar, para cazarlos. Ahí fue que subieron a la montaña y le pegaron el balazo a Rafael”.
Hubo otros dos heridos. Explica la doctora Araya: “El médico las revisó: no tienen heridas de gravedad, las balas tienen orificio de entrada y salida. Una de ellas, Johana, tiene la bala en el hombro. El otro es un varón. Ambos están vivos”.
El juez Villanueva había planteado que los dos heridos y otros mapuches en la zona serían detenidos y liberados este mismo lunes si se presentaban voluntariamente. Rechazaron el ofrecimiento, informó Luis Pilquiman a lavaca: “Y por suerte se abrió una instancia de diálogo en la que el juez parece mostrar muy buena voluntad de acercar a la comunidad con quienes hicieron la denuncia: Parques nacionales”.
Negocios y Constitución
¿Puede haber influencia de especulaciones o negocios inmobiliarios privados sobre la zona? Pilquiman: “No lo puedo asegurar en este caso, pero en esta zona el problema de la especulación inmobiliaria está siempre latente y es enorme. Por otro lado se sabe que desde que entró en funciones el actual gobierno nacional, a través del decreto 820 se amplió la posibilidad de que se compren tierras de áreas públicas, y son todos temas inmobiliarios que no se pueden quitar del análisis en situaciones como ésta”.
Aclara Pilquiman: “El nivel represivo venía agitándose en los medios, que decían que la ocupación la había hecho la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche). Eso es falso, eso busca demonizar a las comunidades. La propia comunidad ha expresado que no tiene vínculo con esa organización, ni con cuestiones políticas. Es una comunidad volcada al trabajo espiritual. Como viven en un barrio de Bariloche, consideraron que ese tipo de cuestión espiritual y ceremonial debe realizarse en zonas rurales. Eso es lo que están buscando en la zona”.
Lejos de lo ceremonial y lo espiritual, explica Alejandro de Al Margen: “Bariloche está muy movilizada y las fuerzas de seguridad abarrotaron la ciudad. Ahora que mataron a Rafa no se los ve tanto. Pero sabemos que ahí están”.
Otra mirada sobre la cuestión fue aportada a lavaca por la abogada Cristina Hendrickse: «El Estado sigue siendo poco inteligente. En lugar de apaciguar, alimenta el conflicto. En lugar de escuchar, reconocer al otro, incluirlo, buscar alternativas, negociar, invitar a terceros a mediar, genera otro mártir. Realmente hay que ser muy primitivo para afrontar un conflicto tan delicado con balas de plomo. El Preámbulo de la Constitución ha sido tirado por el piso cuando dice: ‘Con el objeto de constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior’. A ver quién lo levanta».
Este lunes tal vez se conozcan los primeros resultados de un tipo de estudio que está teniendo creciente aplicación para interpretar el devenir de los conflictos sociales del presente: la autopsia.
Nota
La muerte ocurre en vida: se fue Mary, jubilada que no recibía medicamentos oncológicos

Este domingo a la madrugada murió María Teresa López, asambleísta contra la contaminación en su ciudad natal, Caleta Olivia, luego mudada a Capital Federal y parte del grupo Jubilados Insurgentes. Mary se enfermó de cáncer producto de la contaminación que ella misma denunciaba, y luego fue abandonada por el Estado en modo motosierra: el PAMI se negaba a entregarle medicamentos, pese a amparos judiciales a su favor. Una historia que genera bronca e impotencia, pero que a través del recuerdo de sus compañeras de lucha se revela como una lección de vida, en el más profundo sentido de la palabra: lo colectivo frente a lo personal, la idea de no perder el tiempo, la movilización permanente, la generosidad, la sabiduría, y qué es la muerte.
Por Franco Ciancaglini
Algunos dirán que Mary era bajita y otros que tenía el porte enorme de Nora Cortiñas.
Desde la pandemia solía esconder su sonrisa detrás de un barbijo, aunque sus motivos de alegría eran cada vez menos:
- su salud era cada vez más delicada;
- los medicamentos oncológicos no llegaban;
- y la lucha que encaró desde siempre —primero en su Caleta Olivia natal contra la contaminación, luego contra el sistema de salud público y, al final, como parte del grupo Jubilados Insurgentes— cada vez implicaba poner más el cuerpo.
Fue su cuerpo lo que, este domingo 21 de julio, dijo basta.
Mary se convierte así en algo odioso: un símbolo. Un símbolo de la muerte sistemática que genera un sistema que enferma y abandona. Pero también en un símbolo de lucha por la vida, en el sentido más profundo de la palabra.

Contaminada
María Teresa López nació en 1959 en Caleta Olivia, Santa Cruz. Falleció el domingo pasado a sus jóvenes 67 años, en un hotel de la calle La Rioja, en Once, ciudad de Buenos Aires. Sí: vivía en un hotel. Sola, producto del desarraigo que le produjo tener que trasladarse para atenderse de un cáncer de hígado.
Ese fue el diagnóstico médico: una metástasis que avanzó en el último tiempo al ritmo frenético de una motosierra.
La causa que no figura en su partida de defunción es aquella que ella misma denunció hasta el final: a Mary le negaban medicamentos oncológicos indispensables para su tratamiento.
Lo que tampoco figura en su partida es que Mary fue arrancada de su Caleta Olivia natal porque se enfermó, al igual que decenas de personas de esa localidad, producto de la contaminación del agua por actividades extractivas en la zona.
Contaminada
La vida de Mary fue la de una militante social de una estirpe rara: austera, firme, silenciosa, estudiosa, imparable.
Sus compañeros reconstruyen sus historias: que de chica le hicieron un test de inteligencia y un profesional le dijo a su madre que ella era más o menos superdotada; que seguramente podría hacer dos carreras universitarias a la vez; que terminó la secundaria antes de tiempo y luego cursó dos carreras; que se enganchó con el ambientalismo muy joven y empezó a investigar cuando las empresas petroleras negaban la contaminación de las napas de agua.
Formó parte de la Asamblea Ambiental de Caleta Olivia, desde donde luchó sin descanso contra la contaminación provocada por el fracking. Mucho antes de enfermarse, denunciaba que el agua que llegaba a las casas estaba contaminada con petróleo. Lo sabía por la evidencia científica más contundente que tiene una comunidad contaminada: que sus vecinos, familiares y amigos enfermen y mueran.

Ante los medios Mary describía lo que vivía y veía alrededor: “La gente se muere o queda discapacitada”. En una entrevista para el programa Conciencia Solidaria, precisaba sobre su territorio:
- “Caleta Olivia… tiene un problema grave: falta de agua potable, y encima está contaminada por la industria petrolera. Los muestreos de agua que hemos sacado y analizado han dado positivo: está contaminada el agua que estamos tomando.”
- “La situación es muy grave, se está muriendo muchísima gente de esas 11 localidades, 9 están en terrible condición… además tuvimos un caso muy grande de gastroenteritis que afectó a 340 personas”.
También contextualizó el vínculo entre agua contaminada y salud pública: “Los metales pesados son cancerígenos, mutagénicos, van mutando de una generación en otra… nacen chiquitos con problemas… o fallecen de cáncer».
Denunciaba en Caleta Olivia la presencia de hidrocarburos, arsénico y metales pesados en el agua, además de enfermedades poco frecuentes que, como decía ella, “no tienen cura” y crecen en esa región patagónica. Alertaba con claridad: “No es solamente cáncer, sino Enfermedades Raras o Poco Frecuentes. Muchos pacientes no están bien atendidos… La situación se agrava cuando se trata de estas patologías: solo se ofrecen tratamientos paliativos.”
Un mal día le tocó a ella, ya con la certeza profunda de que la contaminación ambiental fue parte del combustible de su cáncer de hígado.
En agosto de 2015, en un foro en defensa del agua organizado en Comodoro Rivadavia, otras asambleístas como Lidia Campos, de la asamblea contra el fracking de Allen (Río Negro), la conocieron personalmente luego de años de tramar resistencia contra el extractivismo: “En el Foro en Comodoro había gente de todos lados… Y estaba Mary, que ya tenía problemas, como un problema en la boca del estómago… No se sabía bien… Uno tapa esas cosas y habla de la lucha, la salud quedaba en segundo plano. Mary no era de hablar de lo personal; siempre se preocupaba más por lo colectivo».

La describe así: “Era menuda, callada. Pasaba desapercibida. Pero cuando abría la boca, te dejaba con la boca abierta. Sabía muchísimo. Y tenía una convicción inquebrantable.”
Recuerda Lidia que, en 2019, Mary pasó de la denuncia mediática a la judicial: presentó un amparo colectivo ante la Corte Suprema contra la contaminación del agua con hidrocarburos, arsénico y metales pesados. Denunciaba así, ante el máximo tribunal argentino, el abandono del sistema cloacal, basurales a cielo abierto, y exigía la puesta en marcha de una planta de ósmosis inversa paralizada (actualidadjuridicaambiental.com). En ese expediente Mary detallaba:
- “Frecuentes interrupciones en el suministro… agua contaminada con hidrocarburos totales y arsénico… napas freáticas contaminadas por fracking…”.
- Solicitaba medidas cautelares urgentes: provisión gratuita de agua apta, saneamiento cloacal, cierre de basurales y puesta en funcionamiento de la planta de ósmosis inversa.
Esa presentación inédita, que firmó ella misma, reflejaba años de trabajo comunitario, denuncias y… enfermedades. Pero su denuncia fue ignorada, archivada y judicialmente ninguneada: tras seis años, la Corte se declaró “incompetente” y desestimó el recurso, sin resolver la situación de fondo.
Mary no se rindió: en 2020 fue caminando hasta Balcarce 50 para presentar a través de Mesa de Entradas de la Casa Rosada una carta firmada por una red de organizaciones en defensa del agua dirigida a Alberto Fernández, denunciando la contaminación del agua y relacionándola lúcidamente con argumentos que el ex Presidente daba como recomendaciones durante la pandemia.



Lidia Campos es la que recupera y comparte a lavaca este documento, y la que como asambleísta define su legado: “Lo que ella hizo fue histórico. Vale la pena hablarlo para las próximas generaciones… En esta época hemos perdido tanta humanidad que a nadie le importa. Pero acá hay alguien que dio su vida. Dio, literalmente, su vida.”
El último recuerdo que Lidia conserva data del 14 de julio de 2023, durante una jornada de lucha contra Mekorot, la empresa nacional de agua israelí que intentaba desembarcar en Argentina con intenciones sospechosas. Relata Lidia: “Ella estaba afuera del Anexo del Congreso con los Jubilados Insurgentes para protestar… Después fuimos a una confitería. Le pregunté si había comido al mediodía… no había comido nada. Le sugerí unos tostados o medialunas con queso. Pidió un té. Cuando llegó lo que pedimos, no lo pudo comer”. Igual, se sacaron esta hermosa foto compartiendo. Y ese mismo día, antes de despedirse, Mary le regaló una pashmina rosa a Lidia para protegerla del frío.

Abandonada
Cuando se enfermó y vio que su asamblea se desarmaba –entre otras cosas precisamente porque muchos enfermaban- Mary se trasladó a Buenos Aires. Pretendía resistir y atenderse bien, cosa que logró durante muchos años: su lucha logró que PAMI le asignara el Hospital Italiano para su tratamiento.
Tuvo un cáncer controlado que se descontroló al ritmo del deterioro del sistema de salud: primero Macri, luego Fernández, la pandemia y finalmente Milei como garrotazo final.
Desde 2023 su situación empeoró drásticamente. Su compañera Zulema, de Jubilados Insurgentes, relata: “El PAMI decía que tenían medicamentos para esa patología, pero no eran los que había indicado su médica… entonces no los aprobaban. A veces los recursos judiciales salían favorables, pero el PAMI tampoco los entregaba. La impotencia era terrible».
Sino miren este video.
María Teresa López dice claramente: “El mecanismo es simple: es eliminarnos, gastando menos… llegar al déficit cero… matándonos.”
El video la muestra junto a sus compañeros de Jubilados Insurgentes en un reclamo frente al PAMI por sus medicamentos.
Sigue: “Es más fácil eliminarnos de manera nefasta e inhumana… Para mí ustedes son asesinos, y les importa un bledo”.
Hoy, un año y mes después, Mary tenía razón.
Zulema continúa: “Ella no podía hacer la quimio porque la droga fundamental no estaba… íbamos al PAMI con compañeros, hacíamos reclamos, pero no facilitaban nada. Cuando le autorizaban un tratamiento de ocho sesiones, solo le entregaban dos dosis. Nos confesaron que no se molestaban en dar el tratamiento completo porque muchos morían antes… Pero Mary resistía, resistía… llegó un momento en que el cuerpo no resistió más».”
Una de las últimas veces de manifestación ante el PAMI, sin Mary, el personal de seguridad preguntó por ella en la puerta: “¿Cómo está Mary?”
La respuesta era obvia: mal.
Insurgente
Pese al deterioro físico, Mary se unió a los Jubilados Insurgentes. Entendió que el sistema no solo descarta a quienes enferma, sino también a los que ya no pueden “producir”.
Zulema recuerda: “¡Tenía un carácter! Ese carácter es el que la hizo resistir cuando muchos se daban por vencidos”.
Llegó a ese espacio dos años atrás, íntimamente vinculada con su enfermedad. “Se metió en todo lo legal… recursos, fiscalías, Comodoro Py… sabía de litigio ambiental”, dice Zulema.
El 12 de junio de 2024, durante la lucha contra la Ley de Bases, estuvo firme en Plaza los Dos Congresos. “Nosotros la cuidábamos porque estaba débil, pero se escapaba, quería seguir.” Conocía a todos. “Era muy luchadora. Y hablaba con energía. Siempre nos pedía que unamos las luchas».
Lo que posiblemente sea su último legado lúcido: unir las luchas del ambientalismo con las banderas de los jubilados.
Sobre su convicción, Zulema dice: “Cualquier cosita que ella hacía la asumía con total responsabilidad… vino con cartulina, se traía el cartel… Cuando asumió Milei hizo un cartel que decía ‘Toda la clase política es responsable de la debacle del país’, lo diseñó ella misma”.

Otra anécdota: “Una vez vino a una reunión, con anotador en mano, ya predispuesta. Algunos comenzaron a hablar de su vida personal, y se enojó. Se levantó, juntó sus notas y se fue. Dijo: ‘acá se pierde tiempo, no van a llegar a nada’. Pero volvió. Con dramas y todo, no quería perder el tiempo: estaba alerta. Era consciente de que la tarea era enorme, y le ponía ímpetu”.
Mary sabía que no le quedaba mucho tiempo y por eso nunca bajó la guardia.
Siguió yendo cada miércoles a las rondas frente al Congreso, siempre con barbijo, para cuidarse y cuidar. Participó del Malón de la Paz, llevó agua, militó con grupos ambientalistas, jubilados y religiosos. Organizó actos, escribió cartas, e insistía en que el 22 de marzo, Día Mundial del Agua, había que salir a las calles. Siempre. Aunque lloviera, aunque doliera.
Porque Mary enseló que la muerte no es algo que ocurre al final: es eso que va sucediendo en vida ante la indiferencia, el silencio de los tribunales, el apagón de las protestas, la descomposición del cuidado, la impunidad de los contaminadores y la complicidad del silencio.
La muerte es el abandono.
La muerte es el olvido.
Y en ese sentido, Mary sigue más viva que nunca.
odas las agrupaciones de jubilados que se juntan los miércoles a protestar en Congreso, preparan un homenaje a Mary y, a través de ella, “a todas las víctimas del sistema y de este plan siniestro de exterminio de los más vulnerables”.
Será mañana, después de la marcha, en un acto en Plaza de Mayo.
Mary: gracias.
Hasta mañana.
Nota
Pablo Grillo: llaman a indagatoria al gendarme Guerrero a seis meses de un disparo criminal

El 2 de septiembre el gendarme que disparó una granada de gas lacrimógeno por fuera de todos los protocolos de la fuerza deberá comparecer ante la justicia. La decisión la tomó la jueza María Servini de Cubría más de cuatro meses después del hecho. Pablo Grillo luchó por su vida, perdió masa encefálica y hoy se encuentra en plena rehabilitación. Todo lo que deberá explicar Héctor Guerrero y que implica a su principal defensora y la responsable de la violencia estatal: Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla. Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Cuatro meses y una semana pasaron desde el miércoles 12 de marzo. Ese día, durante otra violenta represión a la marcha de jubilados y jubiladas, el Gendarme Héctor Guerrero le disparó fuera de toda legalidad una granada de gas lacrimógeno al reportero gráfico Pablo Grillo, cuyo impacto casi lo mata, y por el que perdió parte de la masa encefálica, estuvo casi tres meses internado en terapia intensiva en el Hospital Ramos Mejía y por el que hoy continúa en proceso de rehabilitación. Cuatro meses y una semana pasaron hasta hoy, lunes 21 de julio, en el que la jueza María Servini citó a indagatoria al gendarme, autor material de lanzamiento, para el próximo 2 de septiembre.
Es decir: entre la ejecución y la audiencia habrán pasado 131 días, casi seis meses, casi medio año.
El camino de la in-justicia
En un primer momento, la jueza había rechazado el expediente y el caso había pasado al Juzgado Federal N° 12, donde tramitaba otra denuncia por los mismos hechos. Como ese juzgado estaba vacante y subrogado por Ariel Lijo, quien también se declaró incompetente y declinó la competencia, el expediente regresó al Juzgado N° 1 el 28 de marzo y la jueza Servini lo tiene en sus manos desde el 10 de abril, a la vuelta de una licencia.
La cronología detalla el tiempo que una familia debe atravesar para exigir justicia por un hecho de violencia estatal: desde el 21 de marzo en que el papá, la mamá y el hermano de Pablo se presentaron en la causa como querellantes, solicitaron se llame a Guerrero a declarar “en calidad de imputado, por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público”. Pero no hubo respuesta. Por eso, el 6 de junio, reiteraron el pedido con estos argumentos: “Desde el inicio de la investigación, todas y cada una de las pruebas recabadas por el Juzgado corroboran lo que planteamos en nuestra querella del 21 de marzo: el cabo primero Héctor Jesús Guerrero de la Gendarmería Nacional Argentina fue el autor del disparo de la pistola lanzagases que hirió de gravedad a Pablo Grillo el 12 de marzo a las 17.18hs”. Y agregaron: “En el pedido que presentamos ante la jueza Servini ofrecemos una descripción de los hechos y un análisis pormenorizado de los elementos de prueba existentes hasta el momento”.
Y no hubo dos sin tres: el 15 de julio se le volvió a exigir al Juzgado que lo cite a Guerrero.
Y la tercera fue la vencida: este lunes, Servini citó a prestar declaración indagatoria al cabo Guerrero como autor del disparo con cartucho de gas lacrimógeno calibre 38mm que impactó en la cabeza de Pablo Grillo. La audiencia será el 2 de septiembre a las 10.
Guerrero es el primer efectivo formalmente imputado en la causa por el operativo policial del 12 de marzo.
Desde la querella informaron: “El juzgado ordenó la realización de una pericia balística a cargo de la División Balística de la Policía de la Ciudad para reconstruir con el mayor nivel de precisión técnica posible el disparo que hirió de gravedad a Pablo. Si bien la jueza consideró que ya existen elementos de prueba contundentes respecto de la responsabilidad de Guerrero para esta instancia, sostuvo que la pericia es necesaria para afianzar la reconstrucción de la dinámica del hecho”.
La pericia tendrá como objetivos precisar:
-La trayectoria y velocidad del proyectil que impactó en la cabeza de Pablo Grillo;
-La posición del arma al momento de efectuarse el disparo y el ángulo de salida del proyectil;
-Analizar si el proyectil impactó previamente contra otra superficie, y si eso alteró su dirección o energía.
-Las ubicaciones de Grillo y de Guerrero al momento del disparo.
El juzgado también ordenó, previo a la pericia, una inspección en el lugar del hecho (la esquina de Hipólito Yrigoyen y Solís) que incluirá un relevamiento fotográfico terrestre y aéreo y la elaboración de un croquis detallado de la escena.
Además, le prohibió a Guerrero la salida del país.
Compartimos el perfil de Pablo que realizamos en la edición 203 de MU.
Nota
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Docente:
Mariano Randazzo, comunicador y realizador sonoro con más de 30 años de experiencia en radio. Trabaja en medios comunitarios, públicos y privados. Participó en más de 20 proyectos de podcast, ocupando distintos roles de producción. También es docente y capacitador.




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