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Mala leche: otro negocio que entrega el Estado a las corporaciones

Publicada

hace 9 años

17/11/2016

En la revista MU de noviembre, que ya está en los kioscos, esta investigación de Soledad Barruti revela el negocio que hace el Estado con empresas que comercializan leche de fórmula en Capital Federal y Córdoba. La compartimos para extender el alerta y la defensa por la lactancia materna.
Fue el 21 de mayo de 1981, en la sede central de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra: la firma de un acuerdo mundial que todavía, más de 35 años después, se puede decir único. Ese día, 118 países acordaron intentar preservar a la Humanidad de la libertad de mercado, del engaño publicitario y de los conflictos de intereses que habían logrado algo siniestro: habían convencido a gran parte de la población de que la industria alimentaria y farmacéutica juntas habían superado a la biología y habían logrado una leche mejor que la humana para alimentar a los bebés.
En sólo una generación, gracias a un tendal de médicos convencidos por empresas que a su vez convencieron a sus pacientes, las estadísticas de lactancia materna se derrumbaron en lugares tan distintos como Estados Unidos y Perú. Se calcula que un millón de bebés murieron en África, donde las marcas habían montado un marketing de guerrilla que incluía falsas enfermeras que instruían a las parturientas sobre que el alimento innovador -que les regalaban- haría que su bebé se desarrollara más gordo, más vivaz, más inteligente.
Meses después, esos mismos bebés padecían lo que se terminó llamando “malnutrición comerciogénica”: problemas neurológicos, ceguera y raquitismo, y así hasta el paro cardiorespiratorio. Muchos de los que sobrevivían –porque tenían más suerte o porque vivían en lugares urbanos con fuentes de agua segura para preparar la leche y sus familias podían costear el gasto que implicaba el alimento artificial sin interrupciones- lo hacían con un rosario de dolencias: enfermedades gastrointestinales, alergias, asma.
Esos bebés serían la evidencia de algo que hoy nadie discute: los alimentados con leche de fórmula son hijos menos sanos de un sistema cada vez más enfermo. Los gastos en salud pública disminuyen cuando aumenta la lactancia materna porque disminuyen las muertes prematuras y todos los cuadros más frecuentes que copan las guardias: gastroenteritis, broncoespasmos, otitis.
En la salud de las mujeres también incide: las que no amamantan tienen más riesgo de padecer cáncer de mama y de útero y osteoporosis.
Los gastos familiares se ponen en jaque: la lactancia materna es gratuita, comercialmente hablando, claro, porque no se cuantifica el tiempo y dedicación de las mujeres a esa tarea ni su alejamiento del mercado del trabajo que no está debidamente compensado con licencias pagas el tiempo suficiente: la negociación capitalista, sus tironeos, sus violencias en el cuerpo.
La leche humana es segura y nutritiva, empoderadora de las mujeres, democrática e igualadora. Seguramente por eso hay tanta ingeniería destinada a liquidarla.
Entonces llegó Ginebra, 35 años atrás, y este documento: el Código de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna. Una serie de normas en las que deben encuadrarse los alimentos que puedan impedir u obstaculizar el amamantamiento:

Se prohíbe publicitar por ningún medio fórmulas infantiles, leches de continuación, harinas o cereales o productos lácteos para bebés; también mamaderas y chupetes.
No se pueden entregar muestras gratis, ni obsequiar equipamiento de consultorio: el intercambio con los profesionales debe ser científico.

Por supuesto en el documento no se prohíbe la leche de fórmula en sí: se establece que, de ser imposible la leche humana, la única alternativa es un producto similar a un medicamento para enfrentar situaciones puntuales. La OMS establece alcanzan a no más del 5 % de la población.
Con el Código se reconocían tres cosas:

La perfección de la lactancia materna.
La inferioridad de los sucedáneos.
La vulnerabilidad de las personas al combo feroz de la publicidad directa y subliminal, los expertos y el dinero.

Y se daba vía libre a una expresión de época, que crecería proporcional a la astucia de la industria: el activismo contra el negoción que lo acecha. Porque aunque la OMS había pedido a los gobiernos que incorporaran leyes que penaran las violaciones al Código, pocos países lo hicieron.
La mayoría, como Argentina, quedó a medio camino: adherimos, pero no cumplirlo no implica ninguna penalidad. Lo que por supuesto fue corriendo la frontera: de una góndola dedicada a sucedáneos, a consultorios decorados por laboratorios. Y de ahí a esto que pasa ahora: gobiernos fervorosos por asociarse a empresas, impulsar sus modelos, recaudar fondos y mejorar su imagen, poniendo en riesgo los logros alcanzados hasta ahora y la salud de los bebés, principalmente de los pobres.

Estrategias de venta

En los 64 Centros de Primera Infancia hay 9.000 niños y niñas pobres desde los 45 días a los cuatro años. Llegan desde barrios marginalizados de la Capital Federal y pasan ahí, al cuidado de docentes y estimuladores, un promedio de ocho horas.
El programa depende del ministerio de Desarrollo Humano de la Ciudad y fue inaugurado en 2009, con el objetivo de cubrir bajo el paraguas del Estado a un dispar grupo de comedores, merenderos, jardines de infantes que dependían de distintas oenegés. Actualmente también se propone como lugar donde padres y madres pueden recibir información sobre nutrición (los talleres predilectos, según un informe de Cippec de 2009), crianza, sexualidad. Pero en los últimos meses, los CPIs se han vuelto, además, el territorio donde se desató un conflicto que nace de la circulación de divisas y choque de intereses llamado Responsabilidad Social Empresaria.
Por esa ventanilla, abierta por el ministerio dirigido por Guadalupe Tagliaferri, ingresó el acuerdo más polémico que se hizo hasta ahora con una marca dedicada a la venta de productos para nutrición de los bebés: Nutricia Bagó. A partir de 2017 quedaría en sus manos la capacitación de los profesionales encargados de los Centros “en lo relativo al cuidado para el desarrollo y la nutrición correcta y saludable los primeros mil días de vida”: esto es, desde el embarazo, hasta los primeros dos años.
La noticia puso el mundo lactivista en llamas. Médicos, consultores de lactancia, miembros de distintas sociedades científicas y funcionarios expresaron lo mismo: “Esto es una violación al Código de Sucedáneos por parte del gobierno. Una empresa de fórmulas infantiles no puede dar recomendaciones sobre alimentación. Aunque no hablen de leche de fórmula y que repitan que la lactancia es irremplazable: la publicidad subliminal existe, y por eso el Código es específico en estas cuestiones”.
En total fueron consultadas siete fuentes de altos cargo que enseguida solicitaron el off the record.
¿Por qué?
Porque las sociedades científicas a las que pertenecen o los ministerios donde trabajan no se expidieron públicamente.
A más de un mes de haberse hecho pública la firma (no así el convenio, que permanece confidencial dentro de Desarrollo) las instituciones parecieran resguardar sus relaciones privadas y sus financiamientos, encerrando a sus miembros en un oscuro silencio de facto.
Un funcionario de Desarrollo de la Nación, parte de la cartera de Carolina Stanley, que ocupó el cargo de Tagliaferri hasta comienzos de este año, aseguró que el convenio circuló como posibilidad en la gestión anterior, pero previendo lo que se vendría no quisieron firmarlo.
¿Qué es exactamente lo que temían?
El momento en que este derrotero de reuniones e intercambios postales que está ocupando ahora los tiempos del Ministerio, estallase en escándalo.
Quien sí habló con MU fue la empresa Nutricia: “No recibimos ninguna carta ni consulta formal que dijera que nosotros habíamos violado el Código. Buscamos saber qué estaba sucediendo y, proactivamente, nos reunimos con Fagran (Federación Argentina de Graduados en Nutrición), AADYN (Asociación Argentina de Dietistas y Nutricionistas), Fundalam (Fundación Lactancia y Maternidad) y SAP (Sociedad Argentina de Pediatría); porque estas son las instituciones con las que trabajamos desde hace años y querían saber de qué iba el convenio”.
¿Y de qué va?
“Es un convenio de colaboración mutua. Lo que hacemos es desarrollar talleres de capacitación sobre seguridad alimentaria, manejo de porciones, promoción de la lactancia materna y sueño seguro, a profesionales de los Centros de Primera Infancia. No va a haber presencia de marca, ni de productos. Y no lo vamos a impartir directamente sino a través de una fundación muy reconocida llamada Fundasamin”.
Fundasamin es una fundación dedicada a la divulgación, organización de congresos y dictado de talleres para profesionales de neonatología, obstetricia y enfermería, entre otros. Está conformada por médicos y enfermeros, y recibe apoyo y financiamiento de empresas productoras de leche de fórmula infantil, como Mead Johnson, Abbot y Nutricia Bagó. La alianza es tan fluida que una de sus miembros, la coordinadora de docentes Carmen Vecchiarelli, figura como parte del consejo consultivo de la Asociación de Empresas de Nutrición Infantil: la Cámara que nuclea a los productores de sucedáneos, y que hasta hace poco estaba presidida por Juan Tonelli, pareja de la vicepresidenta Gabriela Michetti.
Desde Fundasamin confirmaron haber realizado talleres junto con Nutricia en otras oportunidades, pero de este proyecto puntual dijeron: “Sólo tenemos una invitación a participar en capacitaciones sobre lesiones y sueño seguro, no alimentación”.
El Gobierno de la Ciudad prefirió no responder preguntas básicas del tipo, ¿es la empresa o la fundación la que va a hacer la capacitación?
Como sea, para los expertos en el Código, da igual.
Fernando Vallone, que fue durante varios años coordinador local de IBFAN (la Red Internacional de Grupos Pro Alimentación Infantil, organización internacional que compila y denuncia las violaciones al Código en el mundo) dice: “Si la capacitación es financiada por Nutricia directamente o a través de Fundasamin no cambia: es un paso para atrás enorme, que dilapida muchísimos esfuerzos que se hacen desde hace años para aunar un único mensaje sobre cuál es la alimentación adecuada de los bebés. Están poniendo al zorro a cuidar el gallinero”.

Acuerdos prohibidos

“Es triste que el gobierno crea que debe recurrir al sector privado para proveer asesoramiento, cuando en su sistema de salud pública existen asesores. Además es alarmante que le dé esta tarea a una empresa cuyo objetivo es la fabricación y comercialización de fórmulas infantiles”, escribió en su blog Enrique Abeyá Gilardón, médico, experto en lactancia y miembro de la comisión homónima del ministerio de Salud de la Nación, resumiendo una preocupación compartida por expertos en todo el mundo: con la lactancia materna en lenta recuperación, ¿serán los gobiernos los que vuelvan a desbarrancarla?
George Kent es profesor de la Universidad de Hawaii, experto en nutrición adecuada, políticas alimentarias y derechos humanos. Actualmente trabaja en un libro que reúne pruebas para sustentar una teoría: bajo el plan de favorecer la economía a toda costa los gobiernos se están volviendo socios de la industria y, como tales, promotores activos de la leche de fórmula infantil. “Una forma es permitiendo acuerdos que están prohibidos; otra, tal vez el paso siguiente, es la compra y entrega de fórmula desde el Estado. Ya sucede en Estados Unidos, y empezó a suceder en Chile”.
Chile: el país que más progresos hizo en la región para fomentar el amamantamiento inauguró el mes pasado un programa de entrega gratuita de Nutrilón para familias de bajos ingresos que lo soliciten. “Creo que, como tantas veces, este país está siendo el puntapié de un plan que quiere instalarse en la región”, dice la pediatra chilena Cecilia Castillo, magister en Nutrición. “Son acuerdos comerciales que vienen de Washington; si no, no se explica”.
En Argentina la entrega gratuita de fórmula infantil, sin prescripción médica, ni más diagnóstico que la pobreza, es lo que empezó a hacer el ministerio de Desarrollo de la provincia de Córdoba a través del programa Más leche Más Proteínas. El programa fue motivo de aplausos y de indignación. Por un lado, fue bien recibida la entrega de leche fortificada a cien mil niños en edad escolar y hasta los 11 años, a través de una libreta que obliga al seguimiento de su salud. Pero por el otro, no hubo quien pudiera explicar los beneficios de extender el plan a todos los recién nacidos en familias vulnerables, y hasta los 12 meses, que recibirán una o dos latas por mes de fórmula Nidina (Nestlé).
“¿Cómo los niños van a poder salir de la exclusión? Con educación. ¿Cómo van a receptar lo que se les enseña si no cuentan con la alimentación adecuada?”, planteó en la presentación el gobernador Juan Schiaretti pasando por alto que la leche de fórmula infantil es, según el consenso científico, lo contrario al alimento adecuado.
“Hay muchas cosas que atender”, dice Cecilia Karplus, miembro de la comisión de Lactancia del Ministerio de Salud de la Nación y de la Liga de La Leche. “Sostener o desalentar la lactancia materna en el primer mes es lo que va a determinar que continúe. En Argentina el 95% de las mujeres comienzan con el amamantamiento, pero sólo el 30% lo continúa con exclusividad hasta los seis meses. En la mayoría de los casos porque no tuvieron el apoyo adecuado, o directamente tuvieron interferencias comerciales. Ingresar a lugares vulnerables con fórmula es interrumpir la única estrategia de supervivencia que tienen los bebés”.
¿África, 1970?
Algo así.
“Si la fórmula que les entregan no les alcanza, ¿con qué van a alimentar a esos bebés?”, plantea Karplus. “¿Con leche en sachet, que es indigesta hasta el año? ¿Con mate cocido? ¿Cómo garantizan que una familia indigente tenga acceso al agua segura para prepararla?”.
El programa en el cual la provincia invirtió, para los primeros cuatro meses, 68.640.000 pesos, de los cuales 11.328.000 fueron a la compra de 96 mil latas de fórmula, no anunció ninguna inversión para asesoramiento en lactancia, algo similar a decir que no brinda una opción informada para que esa mujer pueda elegir lo que resulte más conveniente para ella y para su hijo.
Así el Estado ingresa con el regalo-problema del que esa familia pasará a depender durante años. “Pero si la provincia invirtiera esos mismos recursos en consultoras que hicieran visitas de apoyo intensivas -dos veces por semana- en esas mismas casas, se ahorrarían cien mil dólares”, dice Karplus.
Son pocos los están pensando en programas de ese tipo y menos aún los que se animan a proponerlo desde instituciones libres de conflictos de interés.
Con programas de marketing o planes sociales, que nadie parece haber pensado profundamente, la industria avanza.
Y con ella, esta idea alimentaria que sólo un porcentaje de la población puede costear con sus recursos. “Los gobiernos empujan la fórmula haciendo acuerdos millonarios con la industria. Es un negocio. Y se apoyan sobre un dilema ético muy serio: muchas mujeres no amamantan y no tienen dinero”, plantea Kent. “Pero el Estado tiene la obligación de no agudizar el problema sino de ir un paso más allá. Hay que saber si las mujeres están optando por la leche de fórmula porque la entienden como algo más valioso o porque no tienen la suficiente información sobre cómo amamantar. También hay que poner en debate si están dando condiciones como leyes laborales y de apoyo económico. Hay que poner ahí el esfuerzo. De lo contrario, lo que está habiendo es una violación a un derecho humano que pocos tienen en cuenta: el de esa díada que conforman madre e hijo a no tener interferencias”.

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Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Publicada

hace 3 días

07/08/2025

A 44 años del atentado en plena dictadura contra el Teatro El Picadero, ayer se juntaron en su puerta unas 200 personas para recordar ese triste episodio, pero también para recuperar el espíritu de la comunidad artística de entonces que no se dejó vencer por el desaliento. En defensa del Instituto Nacional del Teatro se organizó una lectura performática a cargo de reconocidas actrices de la escena independiente. El final fue a puro tambor con Talleres Batuka. Horas más tarde, la Cámara de Diputados dio media sanción a la derogación del Decreto 345 que desfinancia al Instituto Nacional del Teatro, entre otros organismos de la Cultura.

Por María del Carmen Varela

Fotos Lina Etchesuri para lavaca

Homenaje a la resistencia cultural de Teatro Abierto. En plena dictadura señaló una esperanza.

Esto puede leerse en la placa ubicada en la puerta del Picadero, en el mítico pasaje Discépolo, inaugurado en julio de 1980, un año antes del incendio intencional que lo dejara arrasado y solo quedara en pie parte de la fachada y una grada de cemento. “Esa madrugada del 6 de agosto prendieron fuego el teatro hasta los cimientos. Había empezado Teatro Abierto de esa manera, con fuego. No lo apagaron nunca más. El teatro que quemaron goza de buena salud, está acá”, dijo la actriz Antonia De Michelis, quien junto a la dramaturga Ana Schimelman ofició de presentadoras.

Festival ENTRÁ: Resistencia cultural contra el Decreto 345 que quedó ¡afuera! y un acto performático a 44 años del atentado a El Picadero

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

La primera lectura estuvo a cargo de Mersi Sevares, Gradiva Rondano y Pilar Pacheco. “Tres compañeras —contó Ana Schimelman— que son parte de ENTRÁ (Encuentro Nacional de Teatro en Resistencia Activa) un grupo que hace dos meses se empezó a juntar los domingos a la tarde, a la hora de la siesta, ante la angustia de cosas que están pasando, decidimos responder así, juntándonos, mirándonos a las caras, no mirando más pantallas”. Escuchamos en estas jóvenes voces “Decir sí” —una de las 21 obras que participó de Teatro Abierto —de la emblemática dramaturga Griselda Gambaro. Una vez terminada la primera lectura de la tarde, Ana invitó a lxs presentes a concurrir a la audiencia abierta que se realizará en el Congreso de la Nación el próximo viernes 8 a las 16. “Van a exponer un montón de artistas referentes de la cultura. Hay que estar ahí”.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Las actrices Andrea Nussembaum, María Inés Sancerni y el actor Mariano Sayavedra, parte del elenco de la obra “Civilización”, con dramaturgia de Mariano Saba y dirección de Lorena Vega, interpretaron una escena de la obra, que transcurre en 1792 mientras arde el teatro de la Ranchería.

Elisa Carricajo y Laura Paredes, dos de las cuatro integrantes del colectivo teatral Piel de Lava, fueron las siguientes. Ambas sumaron un fragmento de su obra “Parlamento”. Para finalizar Lorena Vega y Valeria Lois interpretaron “El acompañamiento”, de Carlos Gorostiza.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

Con dramaturgia actual y de los años ´80, el encuentro reunió a varias generaciones que pusieron en práctica el ejercicio de la memoria, abrazaron al teatro y bailaron al ritmo de los tambores de Talleres Batuka. “Acá está Bety, la jubilada patotera. Si ella está defendiendo sus derechos en la calle, cómo no vamos a estar nosotrxs”, dijo la directora de Batuka señalando a Beatriz Blanco, la jubilada de 81 años que cayó de nuca al ser gaseada y empujada por un policía durante la marcha de jubiladxs en marzo de este año y a quien la ministra Bullrich acusó de “señora patotera”.

Todxs la aplaudieron y Bety se emocionó.

El pasaje Santos Discépolo fue puro festejo.

Por la lucha, por el teatro, por estar juntxs.

Continuará.

Foto: Lina M. Etchesuri para lavaca.

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La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

Publicada

hace 4 días

06/08/2025

Una obra única que recorre el barrio de Paternal a través de postas de memoria, de lucha y en actual riesgo: del Albergue Warnes que soñó Eva Perón, quedó inconcluso y luego se utilizó como centro clandestino de detención; al Siluetazo de los 80´, los restoranes notables, los murales de Maradona y el orfanato Garrigós, del cual las protagonistas son parte. Vanesa Weinberg y Laura Nevole nos llevan de la mano por un mapa que nos hace ver el territorio cotidiano en perspectiva y con arte. Una obra que integra la programación de Paraíso Club.

María del Carmen Varela

Las vías del tren San Martín, la avenida Warnes y las bodegas, el Instituto Garrigós y el cementerio de La Chacarita delimitan una pequeña geografía urbana conocida como La Isla de la Paternal. En este lugar de casas bajas, fábricas activas, otras cerradas o devenidas en sitios culturales sucede un hecho teatral que integra a Casa Gómez —espacio dedicado al arte—con las calles del barrio en una pintoresca caminata: Atlas de un mundo imaginado, obra integrante de la programación de Paraíso Club, que ofrece un estreno cada mes.

Sus protagonistas son Ana y Emilia (Vanesa Weinberg y Laura Nevole) y sus versiones con menos edad son interpretadas por Camila Blander y Valentina Werenkraut. Las hermanas crecieron en este rincón de la ciudad; Ana permaneció allí y Emilia salió al mundo con entusiasmo por conocer otras islas más lejanas. Cuenta el programa de mano que ambas “siempre se sintieron atraídas por esos puntos desperdigados por los mapas, que no se sabe si son manchas o islas”.

La vida de dos mujeres en la Isla de la Paternal, entre la memoria y la lucha: una obra imperdible

La historia

A fines de los ´90, Emilia partió de esta isla sin agua alrededor para conocer otras islas: algunas paradisíacas y calurosas, otras frías y remotas. En su intercambio epistolar, iremos conociendo las aventuras de Emilia en tierras no tan firmes…

Ana responde con las anécdotas de su cotidiano y el relato involucra mucho más que la narrativa puramente barrial. Se entrecruzan la propia historia, la del barrio, la del país. En la esquina de Baunes y Paz Soldán se encuentra su “barco”, anclado en plena isla, la casa familiar donde se criaron, en la que cada hermana tomó su decisión. Una, la de quedarse, otra la de marcharse: “Quien vive en una isla desea irse y también tiene miedo de salir”.

A dos cuadras de la casa, vemos el predio donde estaba el Albergue Warnes, un edificio de diez pisos que nunca terminó de construirse, para el que Eva Perón había soñado un destino de hospítal de niñxs y cuya enorme estructura inconclusa fue hogar de cientos de familias durante décadas, hasta su demolición en marzo de 1991. Quien escribe, creció en La Isla de La Paternal y vio caer la mole de cemento durante la implosión para la que se utilizó media tonelada de explosivos. Una enorme nube de polvo hizo que el aire se volviera irrespirable por un tiempo considerable para las miles de personas que contemplábamos el monumental estallido.

Emilia recuerda que el Warnes había sido utilizado como lugar de detención y tortura y menciona el Siluetazo, la acción artística iniciada en septiembre de 1983, poco tiempo antes de que finalizara la dictadura y Raúl Alfonsín asumiera la presidencia, que consistía en pintar siluetas de tamaño natural para visibilizar los cuerpos ausentes. El Albergue Warnes formó parte de esa intervención artística exhibida en su fachada. La caminata se detiene en la placita que parece una mini-isla de tamaño irregular, sobre la avenida Warnes frente a las bodegas. La placita a la que mi madre me llevaba casi a diario durante mi infancia, sin sospechar del horror que sucedía a pocos metros.

El siguiente lugar donde recala el grupo de caminantes en una tarde de sábado soleado es el Instituto Crescencia Boado de Garrigós, en Paz Soldán al 5200, que alojaba a niñas huérfanas o con situaciones familiares problemáticas. Las hermanas Ana y Emilia recuerdan a una interna de la que se habían hecho amigas a través de las rejas. “El Garrigós”, como se lo llama en el barrio, fue mucho más que un asilo para niñas. Para muchas, fue su refugio, su hogar. En una nota periodística del portal ANRed —impresa y exhibida en Casa Gómez en el marco de esta obra— las hermanas Sosa, Mónica y Aída, cuentan el rol que el “Garri” tuvo en sus vidas. Vivían con su madre y hermanos en situación de calle hasta que alguien les pasó la información del Consejo de Minoridad y de allí fueron trasladas hasta La Paternal. Aída: “Pasar de la calle a un lugar limpio, abrigado, con comida todos los días era impensable. Por un lado, el dolor de haber sido separadas de nuestra madre, pero al mismo tiempo la felicidad de estar en un lugar donde nos sentimos protegidas desde el primer momento”. Mónica afirma: “Somos hijas del Estado” .

De ser un instituto de minoridad, el Garrigós pasó a ser un espacio de promoción de derechos para las infancias dependiente de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia de Argentina (SENAF), pero en marzo de este año comenzó su desmantelamiento. Hubo trabajadorxs despedidxs y se sospecha que, dado el resurgimiento inmobiliario del barrio, el predio podría ser vendido al mejor postor.

El grupo continúa la caminata por un espacio libre de edificios. Pasa por la Asociación Vecinal Círculo La Paternal, donde Ana toma clases de salsa.

En la esquina de Bielsa (ex Morlote) y Paz Soldán está la farmacia donde trabajaba Ana. Las persianas bajas y los estantes despojados dan cuenta de que ahí ya no se venden remedios ni se toma la presión. Ana cuenta que post 2001 el local dejó de abrir, ya que la crisis económica provocó que varios locales de la zona se vieran obligados a cerrar sus puertas.

La Paternal, en especial La Isla, se convirtió en refugio de artistas, con una movida cultural y gastronómica creciente. Dejó de ser una zona barrial gris, barata y mal iluminada y desde hace unos años cotiza en alza en el mercado de compra-venta de inmuebles. Hay más color en el barrio, las paredes lucen murales con el rostro de Diego, siempre vistiendo la camiseta roja del Club Argentinos Juniors . Hay locales que mutaron, una pequeña fábrica ahora es cervecería, la carnicería se transformó en el restaurante de pastas Tita la Vedette, y la que era la casa que alquilaba la familia de mi compañera de escuela primaria Nancy allá por los ´80, ahora es la renovada y coqueta Casa Gómez, desde donde parte la caminata y a donde volveremos después de escuchar los relatos de Ana y Emilia.

Allí veremos cuatro edificios dibujados en tinta celeste, enmarcados y colgados sobre la pared. El Garrigós, la farmacia, el albergue Warnes y el MN Santa Inés, una antigua panadería que cerró al morir su dueño y que una década más tarde fuera alquilada y reacondicionada por la cheff Jazmín Marturet. El ahora restaurante fue reciente ganador de una estrella Michelín y agota las reservas cada fin de semana.

Lxs caminantes volvemos al lugar del que partimos y las hermanas Ana y Emilia nos dicen adiós.

Y así, quienes durante una hora caminamos juntxs, nos dispersamos, abadonamos La Isla y partimos hacia otras tierras, otros puntos geográficos donde también, como Ana y Emilia, tengamos la posibilidad de reconstruir nuestros propios mapas de vida.

Atlas de un mundo imaginado

Sábados 9 y 16 de agosto, domingos 10 y 17 de agosto. Domingo 14 de septiembre y sábado 20 de septiembre

Casa Gómez, Yeruá 4962, CABA.

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Actualidad

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Publicada

hace 4 días

05/08/2025

Se concretó este martes la marcha de personas con discapacidad y familiares, frente a quienes el gobierno hizo más de lo mismo: envió Policía y Gendarmería a amedrentarlos y amenazarlos, pese a que no estaban siquiera rompiendo el protocolo. Los gendarmes y policías tuvieron así la notable actitud de empujar y agredir a manifestantes con discapacidad que estaban reclamando pacíficamente por la motosierra aplicada a sus tratamientos, lo cual rompe toda frontera de la palabra «vulnerable».

Compartimos aquí la crónica realizada por el diario autogestivo Tiempo Argentino al respecto, reflejo de lo que está ocurriendo en el país.

Por Tiempo Argentino

Fotos: Antonio Becerra.

En protesta por el veto presidencial a la Ley de Emergencia, organizaciones de personas con discapacidad concentraron frente al Congreso, rodeado por policías y gendarmes. El reclamo se multiplicó en distintos puntos del país.

“Vallaron todo, nos rodearon de una manera exagerada. No es una movilización agresiva, nunca lo fue. No era necesaria tanta policía, tanta militarización”, criticaba Fernanda Abalde mientras emprendía la retirada de la masiva concentración frente al Congreso contra el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Coordinadora de un centro de profesionales en neurodesarrollo y hermana de una persona con discapacidad a quien le recortaron las pensiones, sufre en carne propia el ajuste y el maltrato sobre el sector, que afecta tanto a prestadores como familias.

“Hay mucho maltrato del sistema a las familias, no es un sistema accesible. No solo en lo económico, es agresivo. Este año fue terrible. Hasta junio no estaban autorizados tratamientos presentados en noviembre del año pasado, por ejemplo. Siempre hubo un golpe a la discapacidad, pero este año fue muy atípico, recortaron muchos tratamientos, demoraron las autorizaciones, se planchó el nomenclador”, enumeró Abalde, coordinadora de Pulsar NeuroSocial y miembro del colectivo de Prestadores en Unidad CABA y GBA. “Es un sector con mucha demanda y se lo está desmantelando. Hay muchas familias que no pueden costear sus tratamientos”, lamentó en diálogo con Tiempo.

Discapacidad: “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”

Represión como respuesta

La protesta había comenzado 11.30. Pasado el mediodía la concentración ya era masiva y comenzó el operativo represivo, con un número desproporcionado de efectivos de Policía Federal y Gendarmería que empujaban incluso a grupos de manifestantes entre los que había personas en silla de ruedas que gritaban contra el veto y solo portaban carteles por los derechos de las personas con discapacidad.

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca revertir un panorama que por estos días es desolador. Según un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la pensión por invalidez laboral está congelada en $217.000 y una maestra de integración en la escuela común cobra solo $3.000 la hora, con una demora de 180 días. Todo esto, mientras se recortaron pensiones por discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) proyecta recortar otros cientos de miles. Se trata de pensiones de 270 mil pesos, más un bono que lleva el total a poco más de 300 mil.

“Uno va pidiendo ayuda en la familia, se hace lo que se puede. Pero esperemos que este hombre recapacite”, pidió ante las cámaras Olga, una jubilada que marchó ante el Congreso, dirigiéndose a Milei. “Hay remedios que tuve que suspender. Hay muchas cosas que tienen que cambiar en la casa para poder subsistir. Para poder seguir adelante por mi hija”, dijo a C5N.

Un reclamo federal

La masiva protesta frente al Congreso se replicó también en distintos puntos del país. “Si la crueldad avanza, salimos a las plazas”, había anunciado la Asamblea De Trabajadores de Inclusión (ATI) al convocar para este martes a una Jornada Federal por la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Córdoba fue escenario de las protestas más concurridas. Desde la Plaza San Martín de Córdoba Capital, Virginia Els –presidenta de la Cámara de Prestadores de Discapacidad de Córdoba (Capredis)- destacó el gran número de familias que se sumó a reclamar, junto a prestadores, transportistas y profesionales. “El veto incrementó el reclamo. Ahora estamos intentando alzar la voz para que los diputados escuchen el reclamo y vuelvan a votar la ley con los dos tercios necesarios para que se sostenga. Fue algo multitudinario, con mucha más participación de familias que antes”, resaltó.

Los motivos de protesta son varios, pero todos tienen que ver con frenar el maltrato y el ajuste sobre el sector, ante una política cruel que afecta a todos los actores del circuito. “Reclamamos que se actualicen los aranceles, que se contemplen otros criterios para las auditorías. El tema de las prestaciones está en una etapa crítica: las instituciones están cerrando”, advirtió.

El embate contra el sector es tal que está generando un nivel de unidad inédito: “En Córdoba, prestadores, instituciones, profesionales independientes, familias, personas con discapacidad, estamos todos muy unidos. Estamos todos trabajando a la par. Es algo que nunca había sucedido. Nos unió el espanto”, resumió Els.

Franco Muscio, terapista ocupacional al frente de un centro de día en la zona de Sierras Chicas, se acercó a la capital provincial para participar de la protesta. “El servicio es cada vez más precario, una situación alarmante y angustiante y un Estado nacional que no da respuesta. Este año es imposible sostener las prestaciones. Cada vez hay más recortes. No sé cómo vamos a seguir. Las familias son las más perjudicadas”, sentenció ante las cámaras. “Sin espacios como los nuestros, se pierde calidad de vida. Hace diez años que estoy en esto. Nunca había pasado algo así”.