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Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses

Publicada

hace 12 años

12/07/2011

El doble de detenidos de lo que soporta el sistema carcelario, más muertes, más torturas, más represión, corrupción y complicidad judicial, todo como parte de una acción sistemática. El Informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, y Comité Contra la Tortura releva todo un retroceso práctico en las cárceles, a partir de datos, estadísticas, análisis y recomendaciones sobre la política penitenciaria, de seguridad y niñez durante 2010 en la Provincia de Buenos Aires. El descontrol policial frente a la niñez adolescencia, la situación trans en las cárceles. Aquí compartimos el Informe completo y también una breve síntesis de sus puntos más sobresalientes, que alarman con respecto a la actual violación de los derechos humanos.
Informe anual 2011
Comisión Provincial por la Memoria
Comité Contra la Tortura
blog.comisionporlamemoria.org
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)

Políticas penitenciarias
Sobrepoblación
Capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense: 15.600 plazas.
Índice de ocupación carcelaria: 167%.
Los números arrancan mal. Según la estadística el Informe el sistema carcelario está superpoblado en casi el doble: sumando a las comisarías bonaerenses, el índice de ocupación llega al 192%.
Muertes
Las muertes se han incrementado paralelamente a los índices de hechos violentos y casos de tortura en lugares de detención. Durante 2010 murieron 133 personas, 11 cada mes, frente a 117 en 2009. Las denominadas «muertes traumáticas», es decir en hechos forzados, de violencia o represión, representan el 29% del total, y dentro de ésta casi un 70% por heridas de arma blanca y 29% en suicidios. Cabe recordar que los datos son relevados por el propio Sistema Carcelario Bonaerense, por lo que las causales de «suicidios» e incluso la inexistencia de rótulos como «represión» hacen parcial a la estadística.
Sobre las muertes «no traumáticas» o por enfermedades se registraron 95 casos, 28 de ellos por SIDA y en las restantes no se informó causal ni patología alguna. De nuevo, la imprecisión de los registros. De cualquier modo, en los dos casos ascendieron respecto a 2009.
La Plata es el complejo con mayor cantidad de muertes durante 2010: 55.
La justicia
Hay 45 causas abiertas por muertes en lugares de detención, 25 de ellas ya archivadas antes de los 6 meses y 14 sin abrir. En su mayoría el archivo acontece sin que se realicen autopsias ni se pericie la historia clínica del paciente. En suma, según los números, en el 70% de los casos no se realiza investigación alguna.
Otro capítulo es el de las «torturas o malos tratos». De los 675 hechos registrados por el flamante Registro Civil de Torturas y Malos Tratos, la mayoría fueron calificados por los fiscales como «apremios o vejaciones», clasificación que implica una pena mucho menor a la de «tortura».
Las denuncias que llegan a esta instancia se originan por los partes disciplinarios enviados por el SPB o por denuncias de jueces de ejecución y/o garantías o defensores oficiales (de origen), y en menor medida por denuncias directas de víctimas o familiares. Interpreta el Informe: «Eso invita a problematizar la presencia y control judicial en las cárceles y lugares de encierro así como la desconfianza de víctimas y familiares en la procedencia y avance de las causas abiertas».
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses
Represión y torturas sistemáticas
El índice que más creció respecto a 2009 es el de «hechos de represión»: 1552 en 2009 y 1785 en 2010. Paradójicamente, el relevamiento de las peleas entre internos descendió respecto a otros años, por lo que ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
El Informe celebra la creación del Registro Civil de Casos de Torturas y Malos Tratos, inaugurado el pasado año, que contabilizó sólo en el último trimestre de 2010, 675 hechos padecidos por 166 víctimas en la provincia. La nota: los fiscales que investigan estos casos suelen calificarlos como «apremios y vejaciones» que, como queda dicho, implica una pena mucho menor al de «torturas». Los métodos relevados indican que nada ha cambiado:

submarino seco o húmedo,
picana eléctrica,
palazos con bastones de madera o goma maciza,
golpizas reiteradas,
duchas o manguerazos de agua helada,
aislamiento como castigo,
traslados constantes.

Según el Informe, estás prácticas «siguen acrecentándose» año a año y forman parte no de hechos puntuales sino de una «práctica sistemática» de la policía bonaerense.
Se extiende sobre esto: «Existen además estructuras de ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio SPB (…) Ello se materializa en la ineficacia del sistema de justicia bonaerense y federal para controlar y sancionar a los responsables (…) Hay un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado».
De septiembre de 2010 a marzo 2011 el Comité Contra la Tortura relevó 743 hechos de tortura y/o malos tratos, que involucraron a 179 víctimas, 4 mujeres y 175 hombres. El 93% involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. El 16,2% fue por agresiones físicas, 15,2% por malas condiciones materiales de detención, 14,9% denuncias por aislamiento, 12,7% falta o deficiente alimentación, 11,3 impedimento de vínculos familiar y social, 9,6% falta o deficiente asistencia de salud, 5,9% traslados constantes, 5,4% requisa vejatoria, 3,8% amenazas 3,1% robo de pertenencias.
Salud: «graves retrocesos»
Las «muertes no traumáticas», se dijo, treparon a 96 casos, 28 de ellas por SIDA y en el resto no se relevó causal ni patología. Según el Informe, la estadística «ratifica el crecimiento vertiginoso de esta causal», es decir, la de las enfermedades. Y anota que la solución propuesta desde el Estado sostiene un enfoque centrado en la propia enfermedad y no cuestiona las condiciones materiales de detención, la asistencia, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos.

Género: la situación trans
En ese sentido, es el colectivo trans quien más ha sufrido daños a la salud física y psicológica. Unas pocas frases del Informe ilustran la situación:

«No existe capacitación ni sensibilidad en los operadores judiciales y en el personal penitenciario para respetar sus derechos»
«No tienen acceso a continuar con el tratamiento hormonal que realizaban en libertad, lo que provoca afectaciones importantes en su salud física y psicológica».
«No pueden acceder a visitas íntimas con sus parejas».
«Casi no acceden a la escuela y al trabajo dado que las autoridades argumentas que no pueden compartir esos espacios con otros hombres heterosexuales».
«en la mayoría de las unidades intentan imponerles que se vistan como hombres y se corten el pelo».
Sufren «abusos sexuales, discriminación sistemática, falta de atención a la salud»

Datos sobre las mujeres con arresto domiciliario:

No se le realizan controles médicos
No reciben asistencia psicológica
No reciben ninguna capacitación en oficios
No son promovidas para ningún empleo
No son promovidas para estudiar

Prevención
El Informe recopila además una serie de programas recomendados en 2010 para reducir los casos de violencia en las cárceles bonaerenses, como las «muertes traumáticas» que ocurrieron en un 70% por heridas de arma blanca durante enfrentamientos. Dos de esos programas nunca fueron implementados: uno buscaba clasificar a los detenidos en «penados» y «procesados», y a la vez en «primarios» y «reincidentes», para separarlos según esos rótulos que indican algo así como grado de peligrosidad. Y el otro se centraba en la mediación en ese contexto de encierro: capacitar a agentes penitenciarios y detenidos como mediadores para resolver conflictos.
Un tercer programa de prevención de la violencia fue puesto en marcha en su fase primera, y según el Informe este 2011 se celebran en las cárceles talleres voluntarios para «la solución no violenta de los conflictos, generar espacios de reflexión y comunicación, propender a que los detenidos internalicen la importancia del respeto a sus semejantes y generar estándares de convivencia».
Corrupción
La descripción del modelo penitenciario general habla de una corrupción estructural y una práctica sistemática de torturas y malos tratos que son posibles gracias al encubrimiento de un sistema judicial cómplice. Los adjetivos del Informe para con la corrupción: «asombrosa e inagotable». Y enumera esos kioskos: «Venta de mercadería pagada por el Estado, adulteración de remitos de descarga de productos; descarga de alimentos distintos a los que se acuerdan en los contratos o productos de segunda marca por los de primera; robo de pertenencias a los detenidos, distribución de drogas, permisión de salir a robar, compras inexplicables».
Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos
El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el «viejo paradigma» de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son:

Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador
Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía
Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar
Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales
El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio
Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…) No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema.

Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al «otro»: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.
Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de «averiguación de identidad» no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos.
Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión «no pudiendo justificar su permanencia en el lugar» y en muchas de ellas se agrega «responde con evasivas». Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial.
Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: «Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas».
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.
Inspecciones en comisarías del CCT
El Informe consigna siete de los casos más «relevantes» que consignó la Comisión Contra la Tortura en un monitoreo de comisarías en la provincia. Aquí ejemplificamos con tres de ellos:

Fecha	Comisaría	Condiciones de detención
8-01-2010	Comisaria 4° de Libertad, Merlo	Hacinamiento del 300% (capacidad para 18, alojados 54). La mayoría dormía en el piso, encerrados 24hs. sin actividad, sin ventilación, sin ingreso de luz natural, sin atención, sin acceso a teléfono.
8-6-2010	Comisaría 1° de Berisso	Hacinamiento del 100% (capacidad para 10 detenidos, había 21 personas). Sin atención médica, alimentación escasa, sin acceso al teléfono. La celda de contraventores no tiene luz eléctrica ni ventilación.
11-6-2010	Comisaría 6° de Lomas de Zamora	Inspección junto al relator del PPL (CIDH). Hacinamiento, falta de acceso al teléfono, a la salud, a alimentación adecuada, 24hs. de encierro sin actividad, condiciones edilicias y eléctricas muy precarias.

El otro camino
El Informe hace hincapié en la creación del Acuerdo para una Seguridad Democrática que propone, en cambio, un «paradigma democrático». El Acuerdo articula ideas de fuerzas políticas, universidades, organizaciones de derecho sobre «cómo lograr menos violencia y delito»: operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad. Su presentación fue cubierta extensamente por lavaca en estas dos notas:

Propuestas de la Comisión por la Memoria

Recuperación del gobierno civil de las políticas de seguridad provincial
Creación de un Ministerio de Seguridad
Descentralización y reestructuración de la policía. Desarrollo de las policías regionales o comunales
Participación ciudadana
Creación por ley de la Policía Judicial, dependeiente del poder judicial, cuyo objetivo principal es la investigación penal a las órdenes de los fiscales generales
Creación por ley de una Observatorio de Violencia y Delito, como organismo autónomo destinado a la reunión, análisis y validación de la información de la violencia y el delito. Toma de decisiones hacia estrategias preventivas para la seguridad ciudadana y la política criminal y social
Organización de las policías destinadas principalmente a la persecución y desbaratamiento de las redes delictivas complejas

Políticas de Niñez y Adolescencia: el accionar descontrolado
Bajo la premisa que «los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar policial descontrolado de las fuerzas policiales», el Informe inaugura su apartado de Políticas de niñez. Se parte de la preocupante base que la mitad de los municipios no adhirieron ni ratificaron el convenio con la ley de niñez. Y desde allí, en una creciente demanda punitiva sobre los más jóvenes: mediáticamente demonizados y construidos como principales responsables de la inseguridad.
Los institutos
Total entrevistados: 236 varones y 5 mujeres
El 58% tenía entre 16 a 17 años; el 36% entre 18 y 19
El 81% habitaba en el conurbano bonaerense
El 0,8% en Capital
88% tenía la primaria incompleta
El 47% contaba con familiar detenido
El 87% estuvo alojado en una comisaría antes de la actual detención
El 90% fue detenido por la policía bonaerense
Al 95% no se les leyó sus derechos
Al 7% se les permitió efectuar una llamada telefónica
El 42% de los jóvenes no sabía precisar de qué juzgado dependía su causa ni contaba con documentación escrita
El 68% estaba bajo la figura de prisión preventiva, detención, medida de seguridad, es decir, medidas cautelares
El 81% no obtuvo un permiso de salida de ningún tipo
El 25% reconoció haber sido víctima de agresiones físicas durante su detención, el 50% de ellos en más de una ocasión
El 28% no asistía a la escuela dentro del instituto
Centros de contención
Son de modalidad semi-abierta y los jóvenes sólo pueden ser derivados por orden judicial. En 2010 ingresaron tan 502 adolescentes, frente a 750 en 2009 e igual promedio en años anteriores.
Centros cerrados y de recepción
Según una serie de inspecciones que el CCT realizó durante 2010, las condiciones de estos lugares se muestra sumamente precaria. Sobre el Centro de Menores de Junín, por ejemplo, expresa: «Serios problemas de estructura edilicia, carencia de insalaciones sanitarias, inodoros y duchas, deterioro de muros por alta de pintura, higiene deficiente, carencia de matafuegos, exiguas zonas de esparcimiento, insuficiente espacio de aulas educativas, instalación eléctrica primaria, reducido espacio en celdas». El ejemplo se extiende y el Informe muestra su preocupación sobre las condiciones edilicias de detención que son sometidos los jóvenes en centros de detención. En éstos se alberga el 50% del total privados de su libertad.
Torturas
El Informe detalla una serie de casos de torturas y malos tratos a menores tanto en institutos como en centros cerrados y de recepción del propio Estado.
Jóvenes no punibles
A contrario de lo que recomiendan los organismos internacionales y lo que la propia legislación interna en materia de derechos humanos prohíbe, la nueva ley provincial permite la detención por tiempo indeterminado de jóvenes menores de 16 años: en el artículo 64 de la Ley 13.634 se estipula la posibilidad de aplicar a éstos la privación de la libertad en régimen cerrado bajo la figura de «medida de seguridad», que no requiere establecer plazos.
El Comité de los Derechos del Niño
Según estos diagnósticos, y luego de una serie de audiencias donde se dio a conocer y discutió la realidad de la justicia penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires, el Comité de los Derechos del Niño interpeló al Estado haciendo públicas una serie de recomendaciones, entre otras:

Derogue la ley 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil
Garantice que los niños que se encuentren en conflicto con la ley puedan recibir asistencia letrada gratuita e independiente y acceder a un mecanismo de denuncia independiente y eficaz
Adopte las medidas necesarias (…) a fin de garantizar que los niños sean privados de libertad únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible
Garantice que los niños privados de su libertad puedan recibir educación, e incluso formación profesional, y realizar actividades recreativas y de aprendizaje
Adopte las medidas necesarias para que las condiciones de los centros de privación de libertad no entorpezcan el desarrollo del niño y se ajustan a las normas mínimas internacionales
Investigue con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente todos los casos de suicidio y tentativa del suicidio
Adopte las medidas necesarias para que las personas que trabajen con niños en el sistema judicial, como los jueces de menores, reciban periódicamente una formación adecuada

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)

Temas:

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

Publicada

hace 3 días

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

Publicada

hace 4 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Nota

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

Publicada

hace 6 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.