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Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses

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El doble de detenidos de lo que soporta el sistema carcelario, más muertes, más torturas, más represión, corrupción y complicidad judicial, todo como parte de una acción sistemática. El Informe anual 2011 de la Comisión Provincial por la Memoria, y Comité Contra la Tortura releva todo un retroceso práctico en las cárceles, a partir de datos, estadísticas, análisis y recomendaciones sobre la política penitenciaria, de seguridad y niñez durante 2010 en la Provincia de Buenos Aires. El descontrol policial frente a la niñez  adolescencia, la situación trans en las cárceles. Aquí compartimos el Informe completo y también una breve síntesis de sus puntos más sobresalientes, que alarman con respecto a la actual violación de los derechos humanos.
Informe anual 2011
Comisión Provincial por la Memoria
Comité Contra la Tortura
blog.comisionporlamemoria.org
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)

Políticas penitenciarias
Sobrepoblación
Capacidad de alojamiento del Sistema Penitenciario Bonaerense: 15.600 plazas.
Índice de ocupación carcelaria: 167%.
Los números arrancan mal. Según la estadística el Informe el sistema carcelario está superpoblado en casi el doble: sumando a las comisarías bonaerenses, el índice de ocupación llega al 192%.
Muertes
Las muertes se han incrementado paralelamente a los índices de hechos violentos y casos de tortura en lugares de detención. Durante 2010 murieron 133 personas, 11 cada mes, frente a 117 en 2009. Las denominadas “muertes traumáticas”, es decir en hechos forzados, de violencia o represión, representan el 29% del total, y dentro de ésta casi un 70% por heridas de arma  blanca y 29% en suicidios. Cabe recordar que los datos son relevados por el propio Sistema Carcelario Bonaerense, por lo que las causales de “suicidios” e incluso la inexistencia de rótulos como “represión” hacen parcial a la estadística.
Sobre las muertes “no traumáticas” o por enfermedades se registraron 95 casos, 28 de ellos por SIDA y en las restantes no se informó causal ni patología alguna. De nuevo, la imprecisión de los registros. De cualquier modo, en los dos casos ascendieron respecto a 2009.
La Plata es el complejo con mayor cantidad de muertes durante 2010: 55.
La justicia
Hay 45 causas abiertas por muertes en lugares de detención, 25 de ellas ya archivadas antes de los 6 meses y 14 sin abrir. En su mayoría el archivo acontece sin que se realicen autopsias ni se pericie la historia clínica del paciente. En suma, según los números, en el 70% de los casos no se realiza investigación alguna.
Otro capítulo es el de las “torturas o malos tratos”. De los 675 hechos registrados por el flamante Registro Civil de Torturas y Malos Tratos, la mayoría fueron calificados por los fiscales como “apremios o vejaciones”, clasificación que implica una pena mucho menor a la de “tortura”.
Las denuncias que llegan a esta instancia se originan por los partes disciplinarios enviados por el SPB o por denuncias de jueces de ejecución y/o garantías o defensores oficiales (de origen), y en menor medida por denuncias directas de víctimas o familiares. Interpreta el Informe: “Eso invita a problematizar la presencia y control judicial en las cárceles y lugares de encierro así como la desconfianza de víctimas y familiares en la procedencia y avance de las causas abiertas”.
Más muerte, tortura, hacinamiento y descontrol: Informe sobre cárceles bonaerenses
Represión y torturas sistemáticas
El índice que más creció respecto a 2009 es el de “hechos de represión”: 1552 en 2009 y 1785 en 2010. Paradójicamente, el relevamiento de las peleas entre internos descendió respecto a otros años, por lo que ante menos hechos de violencia se utilizó más represión.
El Informe celebra la creación del Registro Civil de Casos de Torturas y Malos Tratos, inaugurado el pasado año, que contabilizó sólo en el último trimestre de 2010, 675 hechos padecidos por 166 víctimas en la provincia. La nota: los fiscales que investigan estos casos suelen calificarlos como “apremios y vejaciones”  que, como queda dicho, implica una pena mucho menor al de “torturas”. Los métodos relevados indican que nada ha cambiado:

  • submarino seco o húmedo,
  • picana eléctrica,
  • palazos con bastones de madera o goma maciza,
  • golpizas reiteradas,
  • duchas o manguerazos de agua helada,
  • aislamiento como castigo,
  • traslados constantes.

Según el Informe, estás prácticas “siguen acrecentándose” año a año y forman parte no de hechos puntuales sino de una “práctica sistemática” de la policía bonaerense.
Se extiende sobre esto: “Existen además estructuras de ilegalidad y arbitrariedad ancladas en el propio SPB (…) Ello se materializa en la ineficacia del sistema de justicia bonaerense y federal para controlar y sancionar a los responsables (…) Hay un patrón general de negligencia y falta de efectividad del Estado”.
De septiembre de 2010 a marzo 2011 el Comité Contra la Tortura relevó 743 hechos de tortura y/o malos tratos, que involucraron a 179 víctimas, 4 mujeres y 175 hombres. El 93% involucra a funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense. El 16,2% fue por agresiones físicas, 15,2% por malas condiciones materiales de detención, 14,9% denuncias por aislamiento, 12,7% falta o deficiente alimentación, 11,3 impedimento de vínculos familiar y social, 9,6% falta o deficiente asistencia de salud, 5,9% traslados constantes, 5,4% requisa vejatoria, 3,8% amenazas 3,1% robo de pertenencias.
Salud: “graves retrocesos”
Las “muertes no traumáticas”, se dijo, treparon a 96 casos, 28 de ellas por SIDA y en el resto no se relevó causal ni patología. Según el Informe, la estadística “ratifica el crecimiento vertiginoso de esta causal”, es decir, la de las enfermedades. Y anota que la solución propuesta desde el Estado sostiene un enfoque centrado en la propia enfermedad y no cuestiona las condiciones materiales de detención, la asistencia, el régimen penitenciario y el encubrimiento de las torturas y malos tratos.

Género: la situación trans
En ese sentido, es el colectivo trans quien más ha sufrido daños a la salud física y psicológica. Unas pocas frases del Informe ilustran la situación:

  • “No existe capacitación ni sensibilidad en los operadores judiciales y en el personal penitenciario para respetar sus derechos”
  • “No tienen acceso a continuar con el tratamiento hormonal que realizaban en libertad, lo que provoca afectaciones importantes en su salud física y psicológica”.
  • “No pueden acceder a visitas íntimas con sus parejas”.
  • “Casi no acceden a la escuela y al trabajo dado que las autoridades argumentas que no pueden compartir esos espacios con otros hombres heterosexuales”.
  • “en la mayoría de las unidades intentan imponerles que se vistan como hombres y se corten el pelo”.
  • Sufren “abusos sexuales, discriminación sistemática, falta de atención a la salud”

Datos sobre las mujeres con arresto domiciliario:

  • No se le realizan controles médicos
  • No reciben asistencia psicológica
  • No reciben ninguna capacitación en oficios
  • No son promovidas para ningún empleo
  • No son promovidas para estudiar

Prevención
El Informe recopila además una serie de programas recomendados en 2010 para reducir los casos de violencia en las cárceles bonaerenses, como las “muertes traumáticas” que ocurrieron en un 70% por heridas de arma blanca durante enfrentamientos. Dos de esos programas nunca fueron implementados: uno buscaba clasificar a los detenidos en “penados” y “procesados”, y a la vez en “primarios” y “reincidentes”, para separarlos según esos rótulos que indican algo así como grado de peligrosidad. Y el otro se centraba en la mediación en ese contexto de encierro: capacitar a agentes penitenciarios y detenidos como mediadores para resolver conflictos.
Un tercer programa de prevención de la violencia fue puesto en marcha en su fase primera, y según el Informe este 2011 se celebran en las cárceles talleres voluntarios para “la solución no violenta de los conflictos, generar espacios de reflexión y comunicación, propender a que los detenidos internalicen la importancia del respeto a sus semejantes y generar estándares de convivencia”.
Corrupción
La descripción del modelo penitenciario general habla de una corrupción estructural y una práctica sistemática de torturas y malos tratos que son posibles gracias al encubrimiento de un sistema judicial cómplice. Los adjetivos del Informe para con la corrupción: “asombrosa e inagotable”. Y enumera esos kioskos: “Venta de mercadería pagada por el Estado, adulteración de remitos de descarga de productos; descarga de alimentos distintos a los que se acuerdan en los contratos o productos de segunda marca por los de primera; robo de pertenencias a los detenidos, distribución de drogas, permisión de salir a robar, compras inexplicables”.
Políticas de seguridad
El viejo paradigma: miedo al otro, mano dura y reclutamiento de chicos
El informe señala que en 2010 volvió a expresarse con fuerza el “viejo paradigma” de la seguridad basada en la mano dura y la demagogia punitiva. Sus puntos sobresalientes son:

  • Expansión de la seguridad como política principal del Estado, postulando que los efectos de los conflictos sociales que la desigualdad y la pobreza generan se solucionan por vía del sistema penal. Ejemplo: construcción del otro delincuente como aquél no incluido, desarrollando un enfoque clasista y discriminador
  • Pierde de vista la multicausalidad del delito y la necesidad de que el Estado actúe en común para reducir la violencia y el delito. Ejemplo: llaman a endurecer las leyes y a dar más poder a la policía
  • Utilización de la policía bonaerense como control social sobre los segmentos más empobrecidos y jóvenes de la sociedad. Ejemplo: reclutamiento por parte policías de pibes para robar
  • Delegación de las políticas públicas de seguridad en la policía. Ejemplo: unificación de la carteras de justicia y seguridad, delegando el control de esta última en manos policiales
  • El autogobierno policial desarrolla una corporación desprofesionalizada, con presión administrativa arbitraria desde la cúpula. Ejemplo: depuración del personal jerárquico de la fuerza policial; despojo de poder a las estructuras civiles del ministerio
  • Se han incrementado las represiones policiales frente a manifestaciones pacíficas de vecinos (…) No reprimir la protesta social es una clave del estado democrático, no constituye de por sí una política de seguridad. Ejemplo: Reiteradas veces se ha reprimido salvajemente a los vecinos de Vicente López que se manifestaban contra construcciones que entienden son un daño al ecosistema.

Este viejo paradigma es herencia de la última dictadura militar argentina. La seguridad pública se construye así sobre una matriz autoritaria, militarizada y discriminatoria. Trabajan también sobre la idea de promover el miedo al “otro”: joven, empobrecido, morocho, argentino o inmigrante.
Averiguación de identidad
En el 38,3% de los casos de “averiguación de identidad” no se consignan datos sobre los detenidos. Sobre el resto, el 11,7% era de ocupación albañiles, 19,3% desocupados y 33% empleados. La franja sobre la que se concentran estas detenciones va de los 18 a los 25 años, representando el 50,4% de los casos.
Sobre el total de las actas por averiguación de identidad, el 88,4% no consigna ningún tipo de referencia a las circunstancias que motivaron la detención. En el 13,8% se utiliza la expresión “no pudiendo justificar su permanencia en el lugar” y en muchas de ellas se agrega “responde con evasivas”. Constituye esta carátula el máximum de la arbitrariedad policial.
Las actas que sí esgrimen circunstancias que supuestamente justifican los abordajes policiales, describen situaciones que evidencian que las detenciones tienen que ver con prejuicios o estigmatizaciones: actitud sospechosa, merodeo y nerviosismo. Sobre esta última, el Informe realiza una confesión: “Es pertinente agregar que ante el accionar arbitrario de la policía bonaerense (…) somos muchas las personas que nos sentimos nerviosas e intranquilas”.
La investigación: patrones comunes
El médico que omite elementos clave en su parte; alteración de la escena del crimen, adulteración o robo de elementos de prueba; la investigación penal a manos de la misma fuerza policial; los fiscales que no ordenan medidas urgentes como el secuestro de libros; no se investigan las omisiones funcionales o el incumplimiento de los deberes de funcionario público. En definitiva, no hay protocolos de actuación-investigación ante los casos de muertes o ejecuciones policiales.
El colectivo trans
De nuevo, el Informe focaliza en la particular situación de los travestis, transexuales y transgénero en general. La premisa es que son los más vulnerados por la violencia institucional y quienes más sufren la estigmatización social. Sintetiza el Informe todo un puñado de patrones comunes: robo de pertenencias y desaparición de documentos personales, homofobia y transfobia explícita, abuso sexual y violaciones, rechazo a las denuncias o testimonios, entre otras.
Desaparición forzada
Luciano Arruga, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Jorge Julio López. En este apartado, el informe analiza esos cuatro casos y el desenvolvimiento judicial que garantiza impunidad. La desaparición forzada de personas es una de herencias directas de la dictadura, ahora propiciada más específicamente por las fuerzas policiales bonaerenses. Su práctica garantiza parte de la impunidad de la investigación (no hay cuerpo) al tiempo que funciona como mensaje de impacto para el entorno de la víctima. Los casos analizados coinciden en el encubrimiento o negligencia de los órganos jurisdiccionales en la investigación, así como en la ausencia de una respuesta estatal para proteger a las víctimas y testigos.
Inspecciones en comisarías del CCT
El Informe consigna siete de los casos más “relevantes” que consignó la Comisión Contra la Tortura en un monitoreo de comisarías en la provincia. Aquí ejemplificamos con tres de ellos:

FechaComisaríaCondiciones de detención
8-01-2010Comisaria 4° de Libertad, MerloHacinamiento del 300% (capacidad para 18, alojados 54). La mayoría dormía en el piso, encerrados 24hs. sin actividad, sin ventilación, sin ingreso de luz natural, sin atención, sin acceso a teléfono.
8-6-2010Comisaría 1° de BerissoHacinamiento del 100% (capacidad para 10 detenidos, había 21 personas). Sin atención médica, alimentación escasa, sin acceso al teléfono. La celda de contraventores no tiene luz eléctrica ni ventilación.
11-6-2010Comisaría 6° de Lomas de ZamoraInspección junto al relator del PPL (CIDH). Hacinamiento, falta de acceso al teléfono, a la salud, a alimentación adecuada, 24hs. de encierro sin actividad, condiciones edilicias y eléctricas muy precarias.

El otro camino
El Informe hace hincapié en la creación del Acuerdo para una Seguridad Democrática que propone, en cambio, un “paradigma democrático”. El Acuerdo articula ideas de fuerzas políticas, universidades, organizaciones de derecho sobre “cómo lograr menos violencia y delito”: operar sobre las causas del delito y las redes de criminalidad. Su presentación fue cubierta extensamente por lavaca en estas dos notas:

Propuestas de la Comisión por la Memoria

  • Recuperación del gobierno civil de las políticas de seguridad provincial
  • Creación de un Ministerio de Seguridad
  • Descentralización y reestructuración de la policía. Desarrollo de las policías regionales o comunales
  • Participación ciudadana
  • Creación por ley de la Policía Judicial, dependeiente del poder judicial, cuyo objetivo principal es la investigación penal a las órdenes de los fiscales generales
  • Creación por ley de una Observatorio de Violencia y Delito, como organismo autónomo destinado a la reunión, análisis y validación de la información de la violencia y el delito. Toma de decisiones hacia estrategias preventivas para la seguridad ciudadana y la política criminal y social
  • Organización de las policías destinadas principalmente a la persecución y desbaratamiento de las redes delictivas complejas

Políticas de Niñez y Adolescencia: el accionar descontrolado
Bajo la premisa que “los jóvenes y niños de los sectores más vulnerables son las víctimas directas del accionar policial descontrolado de las fuerzas policiales”, el Informe inaugura su apartado de Políticas de niñez. Se parte de la preocupante base que la mitad de los municipios no adhirieron ni ratificaron el convenio con la ley de niñez. Y desde allí, en una creciente demanda punitiva sobre los más jóvenes: mediáticamente demonizados y construidos como principales responsables de la inseguridad.
Los institutos
Total entrevistados: 236 varones y 5 mujeres
El 58% tenía entre 16 a 17 años; el 36% entre 18 y 19
El 81% habitaba en el conurbano bonaerense
El 0,8% en Capital
88% tenía la primaria incompleta
El 47% contaba con familiar detenido
El 87% estuvo alojado en una comisaría antes de la actual detención
El 90% fue detenido por la policía bonaerense
Al 95% no se les leyó sus derechos
Al 7% se les permitió efectuar una llamada telefónica
El 42% de los jóvenes no sabía precisar de qué juzgado dependía su causa ni contaba con documentación escrita
El 68% estaba bajo la figura de prisión preventiva, detención, medida de seguridad, es decir, medidas cautelares
El 81% no obtuvo un permiso de salida de ningún tipo
El 25% reconoció haber sido víctima de agresiones físicas durante su detención, el 50% de ellos en más de una ocasión
El 28% no asistía a la escuela dentro del instituto
Centros de contención
Son de modalidad semi-abierta y los jóvenes sólo pueden ser derivados por orden judicial. En 2010 ingresaron tan 502 adolescentes, frente a 750 en 2009 e igual promedio en años anteriores.
Centros cerrados y de recepción
Según una serie de inspecciones que el CCT realizó durante 2010, las condiciones de estos lugares se muestra sumamente precaria. Sobre el Centro de Menores de Junín, por ejemplo, expresa: “Serios problemas de estructura edilicia, carencia de insalaciones sanitarias, inodoros  y duchas, deterioro de muros por alta de pintura, higiene deficiente, carencia de matafuegos, exiguas zonas de esparcimiento, insuficiente espacio de aulas educativas, instalación eléctrica primaria, reducido espacio en celdas”. El ejemplo se extiende y el Informe muestra su preocupación sobre las condiciones edilicias de detención que son sometidos los jóvenes en centros de detención. En éstos se alberga el 50% del total privados de su libertad.
Torturas
El Informe detalla una serie de casos de torturas y malos tratos a menores tanto en institutos como en centros cerrados y de recepción del propio Estado.
Jóvenes no punibles
A contrario de lo que recomiendan los organismos internacionales y lo que la propia legislación interna en materia de derechos humanos prohíbe, la nueva ley provincial permite la detención por tiempo indeterminado de jóvenes menores de 16 años: en el artículo 64 de la Ley 13.634 se estipula la posibilidad de aplicar a éstos la privación de la libertad en régimen cerrado bajo la figura de “medida de seguridad”, que no requiere establecer plazos.
El Comité de los Derechos del Niño
Según estos diagnósticos, y luego de una serie de audiencias donde se dio a conocer y discutió la realidad de la justicia penal juvenil de la Provincia de Buenos Aires, el Comité de los Derechos del Niño interpeló al Estado haciendo públicas una serie de recomendaciones, entre otras:

  • Derogue la ley 22278, relativa al régimen penal de la minoridad, y apruebe una nueva ley compatible con la Convención y las normas internacionales en materia de justicia juvenil
  • Garantice que los niños que se encuentren en conflicto con la ley puedan recibir asistencia letrada gratuita e independiente y acceder a un mecanismo de denuncia independiente y eficaz
  • Adopte las medidas necesarias (…) a fin de garantizar que los niños sean privados de libertad únicamente como último recurso y durante el menor tiempo posible
  • Garantice que los niños privados de su libertad puedan recibir educación, e incluso formación profesional, y realizar actividades recreativas y de aprendizaje
  • Adopte las medidas necesarias para que las condiciones de los centros de privación de libertad no entorpezcan el desarrollo del niño y se ajustan a las normas mínimas internacionales
  • Investigue con prontitud, exhaustivamente y de manera independiente todos los casos de suicidio y tentativa del suicidio
  • Adopte las medidas necesarias para que las personas que trabajen con niños en el sistema judicial, como los jueces de menores, reciban periódicamente una formación adecuada

Informe de la Comisión Provincial por la Memoria, área Comité contra la Tortura (en formato .pdf)

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“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

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La comunidad mapuche lof Paillako realizó una recuperación territorial en 2020, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en lo que históricamente fue hábitat mapuche tehuelche. Días después de iniciarse el fuego, Ignacio Torres apuntó como responsables a la comunidad y puntualmente a uno de sus integrantes, Cruz Cardenas, con pruebas inexistentes. El “mapuchómetro” y los incendios que vienen desde 2008. Las no respuestas del gobernador y del presidente interino del Parque. El comunicado de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, lo que dice la Constitución y la respuesta de toda una comunidad que cuenta cómo, desde su cosmovisión, la vida se vive de otra manera.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Fotos Nicolás Palacios

desde Esquel

El jueves 25 de enero por la noche comenzó el incendio en el Parque Nacional Los Alerces que, dentro de su jurisdicción y fuera de sus límites ya en tierras provinciales, quemó alrededor de 8 mil hectáreas. Cinco días después del primer foco, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, afirmó lo siguiente sobre las responsabilidades del fuego:

“Una vez controlado el incendio vamos a empezar con una investigación muy fuerte para quienes hacen esto desde hace muchos años en Chubut. Lo hacen para tomar tierras. Son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras en Neuquén, en Río Negro, en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo”.

“Hay que separar los pueblos originarios de los delincuentes que no están legalmente constituidos, como es el caso de la toma en el Parque Nacional Los Alerces, que no tiene nada que ver con los pueblos originarios. El delito es del exbrigadista Cruz Cardenas que se autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido. Quiero hacer esta diferenciación: en Chubut convivimos en total armonía con Pueblos Originarios, que es gente trabajadora y de bien y no tiene nada que ver con estos pseudo mapuches que se embanderan para cometer delitos, tomar tierras, amedrentar a los vecinos, incendiar campos y zonas privadas”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Apuntados por el gobernador

Al escuchar estas declaraciones en Radio Rivadavia –luego replicadas por una tropa de medios de comunicación– se podría presumir que absolutamente todas las pruebas existentes en la causa judicial por el incendio, que lo lleva el Tribunal Federal de Esquel, condenan como autor a Cruz Cardenas, integrante de la comunidad mapuche Paillako.

Sin embargo, hasta el momento no hay absolutamente ningún indicio que culpe a Cruz Cardenas ni a nadie de la lof.

Desde lavaca intentamos comunicarnos con Ignacio Torres para preguntarle qué pruebas ostenta para asegurar lo que dijo tres semanas atrás, el domingo 28 de enero. Hasta el cierre de la edición de esta nota, no había respondido al pedido de entrevista.

La comunidad mapuche Paillako (“tranquilo”, en mapuzungun) recibe a este medio para charlar, como una especie de derecho a réplica, sobre el señalamiento del máximo mandatario provincial. El encuentro se da en ronda dentro de la comunidad, que está dentro de los límites del Parque Nacional Los Alerces, que a su vez está dentro de lo que históricamente fue territorio habitado por el pueblo mapuche-tehuelche.

Hace cuatro años que la lof Paillako inició la recuperación de su territorio en ese lugar, donde hace más de cien años vivieron sus ancestros. “Mis abuelos paternos se instalaron un tiempo antes de la creación de Parques Nacionales (1937), que cuando llegó empezó con los desalojos y sometimientos hacia las poblaciones. Antes acá era todo abierto y Parques achicó y cerró espacios, hasta llegar al día de hoy que para hacer cualquier cosa debés pedirle permiso, ya sea para hacer un baño o poner una chapa”, cuenta Cruz Cardenas, el apuntado por Torres y compañía.

Tiene 35 años, le dicen “Lemu” y trabajó varios años como brigadista. Aunque no está acostumbrado a dar notas, consensuaron colectivamente salir a hablar. “Necesitamos que se difunda lo que está pasando acá. Esto es día a día y están avanzando contra nosotros; acaban de arrestar a un peñi de otra comunidad (Matías Santana, testigo en la desaparición y muerte de Santiago Maldonado), están cazando mapuche por todos lados”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Cruz Cárdenas Foto Nicolás Palacios para lavaca

Mapuchómetro

El gobernador se refirió a Cardenas como quien se “autopercibe de Pueblos Originarios pero no está reconocido”.

Reflexiona Cruz: “El ser mapuche siempre lo sentí, aunque mis padres no se reconocían así; me decían que mi apellido era español, no mapuche. Junto a una machi (líder espiritual) fui haciendo mi propio camino de reconocimiento y comprendí la importancia de reivindicar y recuperar el territorio. Acá se dio la resistencia de las poblaciones preexistentes y las masacres winkas; estuvieron los invasores, con sus armas poderosas. Eso generó nuestra recuperación del territorio hace cuatro años”. Va más allá: “Cada familia tiene un proceso de reconstrucción, en lo espiritual, en la lengua”.

Maru, a su lado, también conforma la comunidad. Su compañero es mapuche y ella pertenece al pueblo charrúa. Tiene a su pichi (pequeño) en brazos. “Uno de los motivos para preservar el territorio es el acompañar a las crianzas, que tengan una alimentación real, que no se críen pensando que la comida crece en una góndola, sino que sepan que viene de la tierra, cómo cultivarla; que entiendan cómo criar, cuidar y respetar a un animal, incluso si lo van a comer; que puedan crecer más sanos y que si se enferman, conozcan la medicina que también crece en la tierra”.

A la izquierda está Lliuto, lamien (hermana) de la lof: “El ser mapuche no tiene que ver con lo externo, sino por lo que uno siente, la conexión con el lugar. Es un bajón que el gobernador utilice un mapuchómetro cuando habla. Es difícil conectarse con el entorno rodeados de cemento, de ruido, del estrés que nos provoca la rutina. Cuando uno quiere volver al territorio siempre está latente la pregunta, ¿cuál es el mío? Ahí caemos en la realidad de que somos un pueblo que quisieron exterminar, que sufrió un genocidio, que hubo mucha tristeza. Mis abuelos dejaron de hablar en mapudungun para resguardar a sus hijos y a sus nietos, porque les pegaban en la escuela. Por esa historia, este proceso lo atravesamos con mucho dolor, pero lo encaramos con más fuerza para reivindicar nuestra tierra, que nos siguen negando hoy”.

Enlaza la cosmovisión mapuche con lo que está pasando en Los Alerces. “Si uno tiene un vínculo con el territorio, si puede sentir esa conexión, se es mapuche en todos lados; siempre con respeto, claro. Por eso jamás se nos ocurriría hacer un daño como provocar un incendio; nos duele un montón saber que se están perdiendo años y años de vida… porque la vida más allá de lo humano y nosotros luchamos por defender lo que hay a nuestro alrededor”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Quién negocia con las tierras?

Tras las declaraciones del gobernador, la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro repudió sus dichos: “Sobre el pueblo mapuche históricamente se ha construido la imagen de la violencia: invasor, asesino y ahora terrorista, negando su preexistencia al Estado. Este discurso ha sido utilizado para avalar la violencia estatal, que hace 145 años ocupó el territorio de la Patagonia, luego de la campaña genocida. En la actualidad la defensa del territorio por parte de las comunidades mapuche tehuelche frente al extractivismo salvaje es catalogada como terrorismo. Este argumento pretende ser utilizado para enviar nuevamente al Ejército al territorio”.

En otro fragmento, denuncian: “En este discurso anti-mapuche, el gobernador se arroga el derecho de reconocer quién es mapuche y quién no, algo claramente contrario a derecho. Años atrás éramos quienes poníamos en amenaza la soberanía argentina, ¿hoy somos quienes incendiamos nuestro propio territorio? El gobernador expresa que la intencionalidad de los incendios y la responsabilidad del pueblo mapuche tehuelche están dadas porque detrás de cada conflicto comunitario hay un negocio inmobiliario de tierras. Es ilógico, no somos nosotros quienes negociamos el territorio con empresarios extranjeros. No somos nosotros los invasores. No somos nosotros quienes provocamos los incendios de nuestro propio territorio”.

La comunidad Paillako además de defenderse de las acusaciones del gobierno provincial, también denuncia atentados: “En los cuatros años que lleva esta recuperación, intentaron prendernos fuego ocho veces, porque no quieren que estemos acá”, afirma Cruz Cardenas. “Es muy doloroso la destrucción; lo que se está perdiendo en el bosque costará muchos años en volver. Se regenerará si se cuida como se debe, si es que estos fuegos no se originan para explotar la montaña, para limpiar y después hacer algún emprendimiento”.

–Con las leyes actuales de Parques Nacionales las tierras no se pueden vender.

–Cruz: Muchos dicen que en Parques Nacionales no pueden hacerse negocios inmobiliarios, ni explotaciones, pero hay muchas hectáreas quemadas que ya no corresponden a Parque, son parte de terrenos fiscales de la provincia.

–Lliuto: En el Parque hay una gran cantidad de negociados, emprendimientos inmobiliarios que no lo tiene la gente mapuche…

Cruz, ¿por qué creés que el ensañamiento fue hacia vos?

–Ellos saben que para cualquier explotación y mega proyecto que dañe la tierra, van a tener una oposición del pueblo mapuche. Entonces, esto les sirve para pedir con más fuerza que nos desalojen y poner a la gente en nuestra contra para sacarnos del camino.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

Preexistencia sin valor

Cruz Cardenas, junto a su compañera, fueron denunciados por el delito de usurpación cuando llevaron a cabo la recuperación territorial. El abogado defensor, Gustavo Franquet, le explica a lavaca: “La acusación de usurpación no tiene ningún sustento, porque las familias de Cruz y de su compañera son pobladoras del lugar, han estado históricamente ahí; ellos hicieron una recuperación de su identidad e inmediatamente comenzó el hostigamiento de Parques Nacionales y la denuncia por usurpación. La respuesta que reciben del Estado no es de reconocimiento, ni de respeto a ese proceso entendiendo que son pueblos preexistentes como dice la Constitución Nacional y que tienen derecho a recuperar y construir plenamente su identidad. No, al contrario, lo que supuestamente te lo dan en las grandes palabras que figuran en la Constitución, después te lo sacan en las mezquindades de los funcionarios y del Poder Judicial”.

La causa está elevada a juicio en el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. En las declaraciones que hizo Torres dijo que “la causa es por una toma de hace varios años, de 2016”. El mismísimo expediente lo desmiente, ya que la recuperación data de enero de 2020. Dice Franquet: “La cantidad de cosas sin sentido que dijo el gobernador de Chubut… Esta gente es todo el tiempo así, está acostumbrada a decir cualquier cosa. Evidentemente decir cualquier cosa es la característica de esta época, pero claro que tuvo una intención: lo hizo para apretar a que los desalojen”.

Foto Nicolás Palacios para lavaca

5 grandes incendios en 15 años

Este incendio no es el primero que ocurre en este Parque. En los últimos quince años hubo cuarenta focos intencionales y cinco grandes fuegos que arrasaron en 2008, 2015, 2016, 2023 y 2024 alrededor de 17 mil hectáreas.

La anterior gestión del Parque Nacional Los Alerces había iniciado una mesa de diálogo con la lof Paillako para destrabar el conflicto. “Habíamos llegado a un buen acuerdo; la negociación implicaba varios puntos, entre ellos que nosotros habilitemos un camino que cerramos por seguridad cuando hicimos la recuperación, y desde Parque se iba a reconocer nuestro territorio. Para eso nos exigieron tener una personería jurídica, que en verdad nosotros no creemos necesario tener, pero igual la hicimos. Sin embargo, el intendente de Parque (Hernán Colomb) renunció en agosto pasado y el diálogo se cortó”.

Dice la comunidad: “A raíz de los últimos incendios, levantamos el bloqueo del camino que habíamos hecho; hablamos con los brigadistas y razonamos que lo mejor era habilitar ese lugar y que se volviera a utilizar ese camino”.

Hoy en día, Parques Nacionales no tiene autoridades elegidas. El directorio está acéfalo y en el Parque Nacional Los Alerces se nombró como interino al guardaparques Danilo Hernández Otaño, con quien la comunidad aún no tuvo contacto. El pedido de entrevista previo a la publicación de esta nota, no fue contestado.

Re-existir

En Paillako hay vacas, caballos, gallinas, abejas y anhelan a que pronto haya ovejas también. Hay huertas familiares, comunes entre varias rucas (casas) y hay una siembre comunitaria, entre la totalidad de la lof. “Acá se da muy bien la papa, la haba, el ajo, las arvejas, el trigo; los cereales se dan casi todos”, dice Maru. Agrega Cruz: “También los árboles frutales, como manzanas, ciruelas, guindas, frambuesas y frutillas. Nuestro propósito es ir haciendo mayores escalas para garantizar una buena alimentación y que nos permita hacer intercambios”.

“Jamás provocaríamos un incendio”: la respuesta de la comunidad mapuche acusada por el gobernador de Chubut

Foto Nicolás Palacios para lavaca

¿Qué molesta de que estén acá? Intercalan la voz, en ronda, y confeccionan una respuesta común: “Nada, nada, no les estamos molestando en nada. Si les molesta es porque somos mapuche. Porque ni siquiera es que jodemos al turismo. Pensemos: quienes perjudican el turismo son los que le echan miedo al turista por la existencia del mapuche, esas personas generan los problemas, no nosotros. Y otra cosa: la comunidad tiene menos de 2 mil hectáreas, mientras que el Parque Nacional Los Alerces cuenta con 250 mil. O sea, tampoco es que estamos tomando el parque, ¿no?”.

Agregan: “Creemos que lo que jode es que nunca vamos a estar de su vereda, nunca pensaremos en explotar la tierra para hacer plata y hacerla bosta. Hoy ni siquiera se puede acampar gratis en el Parque (dormir una noche en un camping oscila entre 12 mil y 14 mil pesos), antes era todo libre y ahora la mayoría es privado. Por eso es importante recordar que las leyes de Parque están hechas en tiempo de dictadura (firmadas por Jorge Rafael Videla); en base a eso se manejan hoy”.

Cierra la comunidad, entre mate y mate, mientras los pichis corren, comen frutas, se caen y se vuelven a parar: “Se viene difícil el futuro, complicado, eso lo sabemos; nosotros tenemos que estar fuertes, amparados por las fuerzas que nos protegen en este lugar; acá vamos a resistir, no pueden sacarnos de nuestro territorio, no vamos a permitir más desalojos”.

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Foto Nicolás Palacios para lavaca

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Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

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El incendio generado en el Parque Nacional Los Alerces, que ya lleva quemadas alrededor de 8 mil hectáreas, se extendió a la población rural de Alto Río Percy, a 13 kilómetros de la ciudad de Esquel, en Chubut. La casa más alejada es la de Gisela y Lorena, dos amigas que debieron autoevacuarse con las llamas a menos de quinientos metros. Creyeron que habían perdido todo, pero su casa se salvó. Alrededor, se quemó todo. La explicación de lo inexplicable. La falta de prevención. La vida en un paraíso, ahora arrasado por el fuego. Y una colecta colectiva, para empezar la reforestación.

Por Francisco Pandolfi desde Esquel

Dos pasos y medio. Ni más ni menos. 

Sesenta centímetros.

Ni más ni menos.

No hay nadie en el poblado rural Alto Río Percy, donde viven alrededor de cien personas en las afueras de la ciudad chubutense de Esquel, que no hable de “milagro”, de “cosa de mandinga”, “de creer o reventar”, “de algo fuera de lo común, nunca visto”.

Acá, todo lo que se ve es impresionante. Impresionantemente triste. Impresionantemente carbonizado.

Y en medio de todo quemado, una casa sin quemar.

La vida, como oasis en un desierto rodeado de muerte.  

Autoevacuadas

El fuego en el Parque Nacional Los Alerces comenzó el 25 de enero y una semana después, el domingo 4 de febrero, arrasó con centenares de hectáreas del Percy. En total, ya se quemaron alrededor de 8000 hectáreas, el fuego continúa activo y, aunque según las autoridades el fuego está controlado, preocupan las condiciones meteorológicas (más de 30 grados) y que sigan prendidos varios focos.

Uno de ellos está ahí nomás de una casita hermosa que levantaron con muchísimo esfuerzo Gisela Finocchiaro y Lorena Domínguez, amigas desde hace más de 15 años. La nombraron Monte Lontano. Lontano, en italiano, significa lejano. 

Esta casita es la última del poblado, la más alejada. Tan distanciada que, cuando empezó el fuego en Los Alerces, y previendo que podría avanzar hacia el Percy, colgaron un cartel a un kilómetro del hogar, para avisarle a las autoridades que más allá había una vivienda. El cartel voló por el calor. Y ellas debieron irse cuando las llamas se les vinieron encima: “El domingo 4 de febrero fue el momento más crítico; el fuego se acercó bastante y decidimos irnos a Esquel, que está a 13 kilómetros, con la convicción de que el incendio no alcanzaría la casa. Pero ni bien llegamos, nuestro vecino Fabián nos llamó para decirnos que ya estaba muy cerca, que lo mejor era volver a sacar lo más importante. Regresamos y el fuego ya estaba detrás nuestro, a 500 metros; nos quedamos paralizadas, nuestra casa que habíamos hecho con tanto cariño y amor, no iba a zafar. En esos minutos le rogamos a Defensa Civil que bajaran nuestras cosas, pero debimos autoevacuarnos solas. Por una aplicación de la NASA, seguimos el devenir del fuego y vimos cómo había pasado por nuestra casa, pero a la mañana siguiente nos llamaron que se había salvado; no lo podíamos creer”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Gisela y Lorena en el bosque quemado a metros de su casa / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Prevenir para no curar

Gise invita a pensar: “No nos gusta generar discordia por cómo debimos autoevacuarnos, pero sí nos parece importante contar lo que pasó. Al tener un vehículo pudimos sacar algunas cosas en tiempo récord, pero a nivel país debemos prepararnos de otra manera; hay que tener cuadrillas ya preparadas y no esperar a que pase algo para saber qué es lo que se puede hacer; hay que ganarle de mano al fuego, tener los caminos preparados; si queremos bosques nativos hay que cuidarlos, limpiarlos; acá no se puede llegar donde está el fuego porque no está preparado el área o los suficientes recursos para atacar el fuego. Hace más de 15 años que a Alto Río Percy no le dan bola; el intendente acaba de asumir y este fue su bautismo; confío que todo va a cambiar, pero necesita ayuda de provincia y nación”. 

Lore invita a pensar: “No podés tener brigadistas sin estar en planta permanente, contratados, con un mísero sueldo. Están arriesgando su vida… Me da la sensación de que el gobierno improvisa, va viendo en el camino lo que va pasando, pero todo lo que está en juego es vida. Desde el insecto más pequeño, los árboles, los animales hasta la gente que vivimos acá; estamos hablando de vidas. Alto Río Percy es parte del ejido municipal de Esquel, hoy es noticia nacional, pero nunca se le prestó atención; la gente tiene problemas en el invierno para arrear los animales, no se limpian los caminos, no hay agua, no hay gas”.

Cementerio en el paraíso

Los postes de ciprés que sostienen la casa a un metro de altura están tiznados. Los vidrios que dan a la sala de estar y a la cocina están quebrados. El que da a una habitación en el primer piso, a seis metros de altura, también. ¿Cómo no explotaron? “Pusimos doble vidrio y se rompió la placa del exterior, pero soportó la interna. De haber sido un vidrio común, la casa estaría toda quemada, porque una vez que agarraba las cortinas y luego la madera, chau”. 

Dentro del hogar todo está intacto; con cenizas y un leve olor a humo, pero nada haría imaginar lo que se ve a través de esos vidrios resquebrajados: un cementerio de árboles en medio del paraíso. Esqueletos de un bosque que ya nunca será igual. “Era el hábitat natural de muchas especies nativas que han muerto. Se quemaron lengas, ñires, lauras, radales, todo el bosque nativo. Respecto a la fauna, no sabemos cuántos animales se quemaron y cuántos se escaparon, en una zona donde hay ciervos, liebres, huemules, chanchos jabalíes, pumas, vacas y muchas aves. Esto es una catástrofe natural inconmensurable, a nuestro vecino más cercano, que está a mil metros de acá, se le quemó el 85% de su campo y el fuego quedó a menos de cien metros de su casa”. 

El olor a quemado penetra por las fosas nasales, aunque lo peor se lo llevan los ojos. Todo es gris alrededor de Monte Lontano. O casi todo. Las chicas están sentadas en el deck de madera. Contemplan hacia adelante, literal y metafóricamente. “Miramos el filo del pasto seco, lo que dejó el fuego y es inevitable pensar qué hubiera pasado si se quemaba la casa. Posiblemente hubiéramos vendido todo, o regalado, porque quién te va a comprar esto si no tiene bosque. Quizá nos hubiéramos ido, incluso de la ciudad”. 

Reflexiona Lore: “Tomamos este mensaje que nos da la naturaleza, que tuvo una fuerza imparable y esquivó a la casa dándonos un mensaje. La naturaleza nos quiere acá y vamos a reforestar para poner este lugar mucho mejor de lo que estaba. Teníamos un proyecto a futuro que era construir unos dormis para alojar a turistas”. 

La interrumpe Gise: “Lo tenemos, no hablemos en tiempo pasado”. 

“Es verdad, lo tenemos”. Sonríe Lore y agrega: “Retrocedimos un montón de casilleros, pero lo vamos a lograr en algún momento”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Alto Río Percy, poblado rural arrasado por el fuego / Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Un desastre que no termina

El terreno lo compraron en 2018 y a inicios de 2019 empezaron a construirlo, con la ayuda del papá y los hermanos de Lore que son albañiles. A finales de ese año comenzaron a habitarlo. “En esta casa veo a mi papá, que falleció hace un año por una grave enfermedad; veo el esfuerzo de mis hermanos; veo a mi sobrinos chiquitos, que les encanta venir. Como no hay señal, no usan el celular, no están detrás de una pantalla y salen a buscar huesos de dinosaurios, a explorar el bosque; saben que no deben matar insectos ni arrancar ramas de los árboles. Tal vez sean ellos quienes vean esto totalmente verde, como alguna vez existió”.

El fuego sigue activo en todos sus frentes (en la cola, que es en la zona del cerro Centinela donde se originó el incendio; en la cabeza, que es en el Percy; y en los flancos derecho e izquierdo). Contextualiza Lore: “Hay árboles de hasta 200 años quemados y esto no terminó, es un desastre. Se levanta el viento y se reactiva el fuego; hay camionetas, helicópteros y aviones trabajando todo el día, es un caos todavía”.

Completa: “El fuego se originó de forma intencional, no hay dudas; se hicieron dos focos simultáneos dentro del bosque en una zona que no es accesible, que no todo el mundo conoce y que hay que saber llegar y luego salir después de hacer fuego; todavía no hay elementos para culpabilizar a nadie”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

Lengas, ñires, radales, algunas de las especies carbonizadas /Foto: Nicolás Palacios para lavaca

Colecta colectiva

Lo que se pisa es pura cenizas. Y con los pasos, lo que se huele es puro humo. Se ve un caño de plástico de un biodigestor destrozado por el fuego; se ve una mesa de roble en la que los sobrinos de Lore juegan a tomar el té, que sobrevivió. Se ven raíces sobresalidas y muertas, troncos y ramas carbonizadas; se ve una parra de uva rosada que le regaló la abuela de Gise, antes de fallecer unos meses atrás, que también sobrevivió. Debajo del piso flotante, se ven enormes troncos de leña que habían juntado para calefaccionar el hogar. El fuego quedó a centímetros de ahí. Un poco más allá del escenario sombrío y calcinado, la belleza de los cerros Colorados y Nahuelpan; los morros coloridos y un ecosistema que fusiona la estepa patagónica y el bosque andino. “Este lugar es maravilloso. Tenemos montaña. Tenemos ríos. Tenemos lagos; tenemos agua que brota de las montañas. Nosotras sacábamos agua de una vertiente, que el fuego la arrasó, al igual que la manguera que teníamos y el estanque”, siente Lorena, de 34 años. 

La escucha Gise, de 39, que comparte: “El otro día fuimos a preguntar cuánto nos costaba comprar los metros de manguera que necesitamos para sacar el agua de la casa del vecino más próximo y casi nos largamos a llorar. Para nosotras hoy es imposible comprarlos. Hace cinco años salía ocho veces menos de lo que sale ahora. Sin agua, además de no poder vivir, tampoco podremos reforestar”. 

A las chicas se les quemaron 700 metros de manguera de dos pulgadas. Ahora necesitan 1000 metros. Comprar de una pulgada y abaratar los costos, les sale más de un millón de pesos. Los 1500 metros de alambrado también se quemaron. Reponerlos cuesta un millón ochocientos mil pesos. También se incineraron filtros, postes, varillas, caños, la tranquera y el estanque. 

Para colaborar con Gise y Lore, comenzamos desde lavaca una campaña de donación a esta cuenta:

Gisela Roxana Finocchiaro
CVU: 0000003100033965245782
Alias: SICILIANA.NEL.CUORE
CUIT/CUIL: 27308957700
(Por transferencia bancaria o Mercado Pago)

“Mucha gente se comunicó de afuera, de La Plata, Formosa, Mendoza, Córdoba,  Buenos Aires para ayudar; eso nos llena el alma. Las pérdidas materiales duelen, pero la pérdida invaluable es el bosque, aunque estamos convencidas que lo vamos a recuperar”, sienten y comparten ambas. “Teóricamente, desde provincia, nación y empresas privadas pusieron mucha guita, esperemos que llegue donde realmente hace falta. Los damnificados estamos a la vista. Ojalá que no haya que esperar, porque la gente se cansa de esperar”.

Piano, piano

–¿Hay algo que quisieran agregar para terminar la nota? 

–Lore: Que ese domingo la pasamos muy feo. Que cuando tuvimos que cerrar la puerta, le dije a Gise que dejara puesta la llave, que para qué iba a cerrar… Gise agarró una virgencita y empezó a rezarle, y yo le pedí a mi papá que no permitiera que se quemara la casa.

–Gise: Somos las últimas pobladoras del Percy, pero fuimos las primeras para el fuego. Por eso Monte Lontano, estamos en la loma del culo, quién nos mandó acá…

Se ríe Gise. Se ríe Lore. Se ríen juntas. Después de la charla, después de las fotos, se levantan y van a buscar las botellas de agua que pudieron cargar desde la ciudad de Esquel, y empiezan a regar zonas carbonizadas, pero con un hilito verde, con un pastito, con alguna raíz que aparenta estar viva. “Piano Piano va lontano”, dice Gise en italiano, y luego lo traduce al castellano: “Despacio, despacio, se llega lejos”.

Incendios en Chubut: Lo que el fuego no se llevó

“Vamos a reforestar para devolver el bosque que había” / Nicolás Palacios para lavaca

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Entidades de prensa se reunieron con Patricia Bullrich y le plantearon: “Así, nunca más”

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La ministra no aceptó que haya habido “excesos“ pero ofreció disculpas a periodistas reprimidos/as. Fue el mismo día en que la CIDH expresó su preocupación por la falta de garantías de la prensa y los derechos de la protesta social; también, la misma jornada en que los gremios Sipreba y Argra, acompañados del CELS, presentaron ante el Juzgado Federal 6 una denuncia penal para que “se investigue a los responsables de las represiones del 31 de enero y del 1° de febrero en el Congreso”.  

Esos días, de votación de la Ley Ómnibus, el operativo de seguridad fue fuertemente cuestionado en general y en particular por haber dejado un saldo de al menos 35 periodistas heridos/as, en su mayoría fotoreporteros/as de medios comerciales e independientes (entre ellos, lavaca). Haciéndose eco de esta denuncia del sector, el gobierno citó a algunas entidades periodísticas: nuestra compañera Claudia Acuña, miembro fundadora de Periodistas Argentinas, participó de la reunión -junto a personalidades como Joaquín Morales Solá- y lo contamos en esta nota.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich se reunió hoy al mediodía con organizaciones periodísticas que en forma unánime expresaron que la represión sufrida por las y los trabajadores de prensa en las recientes jornadas de protesta social no podían repetirse nunca más. “Lo que pasó no puede volver a pasar” sintetizó Joaquín Morales Solá, en representación de la Academia Nacional de Periodistas. Al finalizar el encuentro la ministra pidió “perdón” a las y los periodistas heridos y expresó que estaba dispuesta a hacerlo pública y personalmente a cada agredido. También solicitó a Fopea el Informe sobre Ataques a la Prensa que realiza en su programa de monitoreo de Libertad de Expresión y se comprometió a respetar el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH y que está vigente en la Argentina desde 2016.

De la reunión participaron la Academia Nacional de Periodismo, Adepa, Fopea, Fundación Led y Periodistas Argentinas. Además de la ministra estuvieron presentes el secretario de Seguridad, Vicente Mario Ventura Barreiro; el secretario de Medios, Eduardo Serenellini y  el jefe de gabinete del ministerio de Seguridad, Carlos Manfroni.

Resumen de lo conversado

La reunión comenzó con una introducción de la ministra Bullrich que explicó la decisión de imponer el protocolo antipiquetes con estos argumentos: 10 mil por año en todo el país, el antecedente de provincias que ya habían impuesto normas similares (citó el caso de Chaco, Mendoza y Neuquén, puntualmente) y “el reclamo social”. Luego definió el motivo de la reunión: “Pensar juntos algunas ideas” con el objetivo de definir “en qué lugar se coloca el periodismo cuando determinados grupos lo atacan”. El primero en poner otro contexto a la reunión fue Joaquín Morales Solá, presidente de la Academia Nacional de Periodismo: “Que quede claro que lo que planteamos es que lo que pasó no puede volver a pasar. No se pueden repetir los acontecimientos que sufrimos ni las agresiones que han recibido los periodistas”. El secretario de Seguridad respondió: “Yo también aspiro a que no vuelva a suceder”.  

Luego, el secretario de Seguridad expresó su “preocupación” porque en estos contextos “no logramos distinguir quien es periodista y quién no.” 

“Si tiene un micrófono, una cámara enfrente y está transmitiendo en vivo, es periodista. Y en esas circunstancias fueron agredidos por las fuerzas de seguridad”, apuntó Claudia Acuña, de Periodistas Argentinas.

Fopea planteó: “Hay que diferenciar algo importante: el problema no es la norma, el problema son los excesos”. Bullrich interrumpió: “No hubo excesos” y calificó esa mirada como “ideologizada”. Fopea replicó: “Tenemos premios Pulitzers con balas de goma en las piernas” y citó los casos relevados en su Informe de Agresiones a la Prensa del programa de Monitorea de la Libertad de Expresión, del cual la ministra solicitó copia. Fopea remarcó, además, la necesidad de poner fin a los discursos estigmatizantes que se emiten desde el poder hacia periodistas.

A continuación, el planteo de Periodistas Argentinas fue “desde la práctica profesional y desde la calle”. Desde esa experiencia concreta, se describió lo que sufrieron .“Usaría la palabra coreografía para describirlo: en el mismo momento en que las fuerzas de seguridad detenían a una persona gaseaban o golpeaban a un periodista. Esto lo vimos desde el primer momento de tensión el 20 de diciembre en Plaza de Mayo y en cada una de las jornadas en el Congreso. Y eso significa que no solo se atentó contra los cuerpos de las y los periodistas, sino que atentaron contra la información que no dejaron circular, que es un bien social y un derecho garantizado constitucionalmente. Como diría Borges: uno es azar; dos es coincidencia; tres es certeza: y hay mucho más de tres casos, de los cuales tenemos videos que registran esta modalidad”. 

También se informó que PA había hecho una presentación ante la CIDH, organismo que respondió este reclamo con un comunicado donde expresó su preocupación. “Esa es la palabra que mejor define cómo nos sentimos: preocupadas porque salimos a trabajar y no sabemos si volvemos a nuestras casas con los dos ojos”.

En cuanto al propósito de la reunión, PA resaltó que no era necesario un protocolo específico para la prensa, sino respetar el Estado de Derecho. También resaltó la importancia de que la ministra se reúna con los gremios del sector, como única manera de lograr una escucha federal y generalizada de los reclamos y necesidades y con los movileros que están en la calle, quienes habían solicitado ya a la ministra una reunión. Por último, respaldó lo planteado por Fopea respecto a los discursos estigmatizantes que “terminan por señalar un blanco” y citó como ejemplo los 15 tuits que el Presidente disparó contra la periodista María O’donnell.

Por su parte, Adepa propuso considerar como punto de partida el Protocolo de Protección a la Prensa redactado por la CIDH, vigente desde 2016, el cual la ministra se comprometió a tomar como base.

Al finalizar, la ministra dijo: “Pedimos disculpas y estamos dispuestos a hablar con todos ellos (por los agredidos) y pedir disculpas formales”. 

Respondió también puntualmente el planteo de PA: “Sería de brutos o de idiotas pretender que no circule la información en estos días porque es imposible. La puede registrar cualquiera, desde un balcón o desde dónde sea. Tenemos el caso de Kostecki y Santillán, por ejemplo”.

La ministra se refiere al caso que implica dos asesinatos y por el que fueron condenados agentes de las fuerzas de seguridad, entre ellos, el responsable del operativo.

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