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Colony Park rechazado en el Delta: estudian prohibir los barrios privados

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Ocho horas, frío, sesenta oradores, casi trescientas personas y finalmente, la audiencia popular por el proyecto inmobiliario Colony Park obtuvo un rotundo rechazo popular. Vecinos, asambleístas, científicos y hasta los propios funcionarios del municipio dieron cuenta del impacto ambiental que significan las obras en la zona. La empresa estuvo representada por la bióloga firmante del informe ambiental, Laura Janeiro, que relativizó culpas y brilló por lo escueto de sus argumentos. Ahora, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS) dará curso a un nuevo estudio y tendrá que  analizar las reflexiones que dejó la audiencia: se habló desde revertir los daños hasta de prohibir los barrios privados en la zona.
Colony Park
Des Colony zación

La jornada duró desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde del 1° de julio, tuvo sesenta oradores y una asistencia de cerca de trescientas personas entre vecinos, organizaciones, profesionales y políticos. El rechazo fue unánime. Los vecinos (que a esta altura son ya especialistas) denunciaron fundadamente los impactos del proyecto; los científicos avalaron en estudios estas percepciones; y los funcionarios aceptaron la gravedad del hecho, cosa concordante al resto pero no con sus propias acciones.
Es decir: el Municipio de Tigre intentó tibiamente una serie de cláusulas que no impidieron el desarrollo de las obras. Recién en 2010, avanzado dos años el proyecto, la justicia fue la que paralizó las construcciones. Es por eso que los vecinos consideran esta reciente audiencia como «ilegítima», en el sentido que debiera haberse hecho antes de poner ladrillo alguno. Y si así hubiera sido, sabemos, los impactos no habrían existido.
No hagan olas
Pero no es éste de Colony Park el primer ni el único emprendimiento inmobiliario que atenta contra el equilibrio natural del lugar. La burla legal de las empresas es natural en el Delta, y su regularización se intenta siempre después de denuncias y años de obras. Es decir que intentan avanzar lo antes posible sin que nadie de cuenta (en términos ribereños se trataría de no hacer olas), y cuando son denunciados, acomodan el papelerío, con el daño ya hecho. Estamos hablando de la alteración de la flora y fauna de esas islas, que podría traer desde inundaciones hasta impactos por la deforestación.
El río según Janeiro

El informe ambiental que dio pie a las obras, firmado por la bióloga Laura Janeiro, no contempló nada de esto. Y en la audiencia del viernes no supo argumentar el por qué. «Es llamativo que la empresa haya hecho una presentación tan pobre, vaga, casi insultante. La bióloga no explicó nada del emprendimiento. Incluso dijo que en el Delta ya hay desequilibrios ambientales, como justificando que otros también lo estaban haciendo», dice María Graham, vecina isleña y asambleísta. La bióloga no quiso dar su nombre al preguntársele ante la audiencia. Tampoco dejó claro si fue en nombre de la empresa o de su informe ambiental, que para el caso es lo mismo. Pero al encararla en privado, cuenta Graham, admitió que estaba en representación de Colony Park. «Me despierta desconfianza que la empresa no haya preparado su defensa. Sin duda creen que, pase lo que pase, van a hacer las obras igual», interpreta Graham.
Colony Park
Los municipios
Los funcionarios de los municipios de Tigre, San Fernando y San Isidro consideraron, todos, la gravedad de la situación y comprometieron su voluntad en revertir los daños. Pero desde abril el Concejo Deliberante no se reúne y concluye el Plan de Manejo (que plantea los límites en las construcciones), hasta ahora en molde de «medida cautelar» de no muy claro alcance. Desde esas fechas que se esperan guiños políticos para dar solución definitiva. La audiencia sí fue convocada por el OPDA en pedido de los vecinos y asambleístas, aunque años después de avanzadas las obras. La jornada del viernes significó un grito contra ese tipo de emprendimientos, mostró su condena social y científica, y ahora se busca sentar legislación para la construcción de obras en la zona. En tanto, el OPDF debe expedir un nuevo informe de impacto ambiental, sin fecha, pero que en caso de avalar los argumentos de la audiencia será suficiente para recurrir a la justicia. Tampoco hay fechas – ni indicios- sobre la reunión del Concejo Deliberante de Tigre donde, recuerda Graham, el oficialismo tiene mayoría absoluta. Entonces depende todo de una sola cosa: voluntad.
TIERRA DE ALGUIEN
Presentamos aquí la nota publicada en la revista mensual Mu, número 43, sobre esta situación en el Delta. Tierra de alguien explica el impacto en la Primera Sección, y cómo Colony Park marcó una frontera: ¿De quién es el Delta?
La lancha es una cáscara de nuez que se agita en la tormenta que desatan los yates a su paso. El tránsito de embarcaciones suntuosas es incesante y expulsivo. Los isleños sólo esperan que el infierno del domingo termine para recuperar el Delta. O al menos lo que queda de él, tras la invasión depredadora de los bárbaros. Aun así, con el estómago revuelto, vale la pena recibir en el cuerpo el impacto de la lección. Sentirse literalmente pasado por arriba por la marejada que levantan vehículos enormes, carísimos e inútiles, que manejan veteranos disfrazados de capitanes que juegan vaya a saber qué juego, sin prestarle atención a sus consecuencias. Esas que dan, literalmente, arcadas.
No supe, por ejemplo, entender lo que decía el cartel que tenía la lancha colectiva con la que recorrí el mismo trayecto el fin de semana anterior hasta que la nuez me enseñó su profundo significado. «El lujo es vulgar», proclamaba. (¿Será tan sabio el conductor del transporte público o sólo se trata de un fan ricotero?)
No supe, tampoco, la importancia de un junco hasta que Martín Nunziata me lo enseñó cuando acercó la nuez a la ribera aún salvaje para amainar la sacudida. «Los juncales amortiguan el oleaje que levantan las embarcaciones. ¿Ves cómo funcionan como una protección al diluir naturalmente el impacto del agua? Contra los vallados que están construyendo las nuevas urbanizaciones, en cambio, el agua no disuelve su fuerza, sino al contrario: choca y se embrava. Eso solo ya cambia toda la condición de navegabilidad de estos ríos y canales y la hace bien difícil para botes y lanchas chicas, que son las que tradicionalmente transitaban por acá». El efecto nuez, entonces, es una de las consecuencias de la brutal transformación de la Primera Sección del Delta.
Apenas una de las tantas.
La tripulación
Martín es uno de los integrantes de la Asamblea del Delta y Río de la Plata que me acompañan en esta aleccionadora travesía. María Graham es otra y lleva una remera naranja que pintó con la leyenda «El Delta no se toca» para lucir en la marcha el 24 de marzo. La lució  para compartir su batalla en Plaza de Mayo, junto a la multitud que rendía homenaje a la resistencia a la impunidad. Pablo Laise es quien tiene el timón de la nuez, atento a las instrucciones de Martín. Hace falta más de un par de manos y ojos baqueanos para sortear el tránsito del domingo y llegar a un destino que se supone custodiado: Colony Park, uno de los tres emprendimientos que se instalaron por la fuerza en la Primera Sección y que fue clausurado siete veces por la intendencia de Tigre y denunciado por los vecinos ante la justicia, que ordenó la paralización total de las obras. Hacia allá vamos.
Colony Park
La travesía
En todos los muelles de las coquetas viviendas que cambiaron radicalmente el tradicional paisaje de la Primera Sección hay ahora un cartel que espanta: «Propiedad privada». Algunos incluyen la prohibición explícita de amarrar o bajar, lo que convierte el paseo en una  declaración de principios: ningún extraño es allí bienvenido. El itinerario deja en claro que la privatización por lotes y a mansalva que se llevó a cabo en los últimos tres años redujo los espacios de recreo populares a unas pocas excepciones donde se amontonan cientos de personas. El contraste es fuerte. Kilómetros de residencias exclusivas contra metros superpoblados. El salto, entonces, no es tan abrupto cuando se pasa delante de los complejos privados, especie de country naúticos que adquieren en el Delta una característica especial: no sólo privatizan la tierra, sino que extienden su exclusividad al agua. «Canal privado. Prohibido pasar» proclama entonces el barrio Santa Mónica. Para confirmarlo ha puesto una barrera de metal y garitas de seguridad, que escenifican en un medio acuático los blindados portales de ingresos de los barrios cerrados.
En este contexto, Colony Park es una simple escalada. El problema es que una vez traspasados ciertos límites, no hay más allá: hay acá. Y lo que Colony Park representa es exactamente eso. La frontera de la impunidad. El umbral que puso en debate no un proyecto inmobiliario sino el futuro de un territorio. Quiénes son sus legítimos dueños y a quiénes responden sus autoridades.
El humedal
¿Cómo se forma un humedal? La nuez navega por los juncales que conforman la primera de esa exquisita cadena natural que por convención llamamos Delta. Son los proletarios del río, los primeros en enlazarse y tramar una compleja maquinaria que filtra porquerías y atrapa el lodo que trae la marea hasta preñarse con ceibos y sauces que fecundan otras cosas: así nace una isla. Los términos que usa Martín en su lección son más complejos. Él habla de cómo los humedales retienen y almacenan los excedentes de lluvias, mitigando inundaciones; cómo recargan las napas subterráneas, manteniendo su nivel, cómo la purifican a través de la retención que hacen las plantas y cómo van depositando en su fondo los sedimentos hasta fijarlos. Entiendo entonces que estoy frente a una fábrica de territorio que crea vidas para que, algún día, vivan con ellas los humanos.
Entiendo también la complejidad del destrozo que hizo el proyecto Colony Park cuando barrió con los humedales del arroyo Anguilas hasta desfigurarlo. La primera consecuencia está a la vista: no hay arroyo. Lo que veo, apenas la nuez traspone el cartel que proclama «Canal privado», es un inmenso espejo de agua rodeado de terrenos altos y sin árboles. «Lo que estás viendo es un modelo de travestismo de la naturaleza», me dirá Martín. Otra lección: el Delta es un territorio inundable. Esa es su principal característica, su riqueza y su gracia. Por eso las casas se construyen sobre pilares y sus habitantes aprenden a convivir con las inundaciones de forma tal que, en las últimas décadas, nunca fue necesario evacuarlos. Lo que Colony Park transfiguró, entonces, fue esa esencia. Diseñó un barrio exclusivo de tierras no inundables. En lugar de subir las casas subió el terreno sobre el cual emplazarlas. La tierra que necesitaba la sacó del fondo del arroyo, hasta dejarlo sin entrañas. Martín calcula que la nuez ahora navega sobre una profundidad de 20 metros y las conchillas que encuentro en los terraplenes levantados por Colony le dan la razón: hasta esa profundidad tiene que haber llegado el dragado para perforar la napa de agua dulce y arrastrar el lodo marino con el que rellenaron esas lomas, que en algunos tramos sobrepasan los 3 metros de altura y en otros 4.
Colony Park
La ley de la trampa
Se supone que para llevar a cabo semejante proyecto, Colony Park debía contar con la autorización de la Dirección de Obras de Saneamiento y Obras Hidráulicas bonaerense, pero no. Avanzó hasta que atravesó un límite. Fue cuando un puñado de isleños no aceptó abandonar esas tierras y sus casas aparecieron quemadas. La reacción permitió organizar la resistencia a todo el proyecto y abrió un debate sobre el destino general de la Primera Sección. Esa que hasta entonces había sido catalogada como un «territorio sin ley» por el propio intendente Sergio Massa ahora se convirtió en un terreno donde los vecinos lograron imponer el debate de asuntos tan cruciales como cuál es la frontera de la propiedad privada.
El abogado Guillermo Rojas Yenni, vicepresidente de la Fundación Pro Tigre, lo explica en términos legales: «Estamos en tiempos de cambio respecto de hace 40 ó 50 años. El ambiente, después de la reforma constitucional de 1994, es un bien jurídico protegido. La comuna y la provincia han incumplido sus responsabilidades y ante las omisiones de estas dos partes, las organizaciones de la sociedad civil, y hasta cualquier ciudadano, no solamente tienen el derecho a gozar de un ambiente sano, sino el deber de protegerlo, con lo cual quien tenga conocimiento de estas violaciones y se calle la boca, es cómplice de una ilegalidad».
¿Cuál es la ilegalidad de Colony Park?
La ley provincial Nº 11.723 dice que cualquier obra que sea susceptible de degradar el ambiente debe ser sometida a un proceso de evaluación de impacto ambiental. Cualquiera que va a hacer una obra, primero debe presentar un documento donde diga qué es lo que quiere hacer y cuáles son las incidencias sobre el ambiente. A partir de esto, la autoridad estatal debe analizar y rechazar, aprobar o pedir modificaciones. Y antes de la aprobación final del estudio, se debe llamar a una audiencia pública no vinculante. Nada de esto se hizo con este proyecto.
Pero en febrero hubo llamado a audiencia pública para tratar el tema de Colony que se postergó por pedido de las organizaciones sociales…
Porque era una clara maniobra: primero hago la obra, el daño, y después cumplo con los procedimientos, de manera que formalmente están los trámites, aunque se hayan hecho al revés.
María me lo explica en la nuez de manera más simple: «Es como si nos dijeran que fuésemos al ginecólogo para pedirle anticonceptivos cuando ya estamos embarazados. Así es como han avanzado varios proyectos en el Delta y esto es algo que debemos detener muy firmemente porque si no la ley se termina transformando en parodia».
El debate
El abogado Rojas Yenni resume cuál es la situación hoy: «Lo interesante del caso Colony es que abrió un debate necesario: la planificación es anterior a la obra. Y para planificar hay que pensar en lo sistémico, no en proyecto por proyecto. Eso es lo que ahora estamos reclamando. Si se hace un estudio de impacto para un solo barrio, tal vez sea viable, tal vez no, pero acá estamos hablando de una transformación total de la Primera Sección, sin que nadie se haya propuesto pensar qué efectos tendrá el conjunto sobre un patrimonio que es de propiedad social».
La persistencia de las organizaciones sociales logró su impacto. El intendente Massa reconoció públicamente que «hay 10.500 construcciones sin declarar y con habilitaciones irregulares, entre ellas, un importante barrio náutico, con 27 casas ya construidas, cuyos valores van desde los 300.000 al millón de dólares y que no han pagado los derechos de construcción ni abonan las tasas de recolección de residuos. Hasta tienen un helipuerto sin declarar».
Finalmente, en mayo del año pasado, el municipio contrató a la consultora de la arquitecta Silvia Fajre (ex secretaria de Cultura porteña y esposa del director periodístico del diario Clarín, Ricardo Kirschbaum) para que elabore el Plan Integral de Manejo de la Primera Sección del Delta, un reclamo que habían presentado, incluso con ese nombre, las organizaciones sociales. «Es un plan integral de acciones, nuevas normativas y zonificaciones para la Primera Sección, y un consenso sobre lo que se quiere y se puede hacer en el Delta para que siga siendo Delta», señaló Massa al anunciarlo. El diagnóstico se completó en diciembre pasado y contó con la participación de especialistas de diferentes ciencias. Representa, quizá, el primer estudio integral e interdisciplinario de un territorio en plena y polémica transformación. Pero hasta ahora es secreto. La arquitecta Fajre se mostró entusiasmada por los resultados del trabajo, pero se excusó de revelarlos hasta no contar con la autorización de quienes la habían contratado. Idéntica actitud -amable, entusiasta- mostró el arquitecto Rodolfo Díaz Molina, responsable de la Subsecretaría de Planeamiento de la comuna. Informó que recibió de manos de Farje cuatro originales que entregó al ejecutivo municipal. En esa área quedó retenido «a la espera del análisis político», resume Díaz Molina.
Los resultados del estudio, sin embargo, se pueden intuir en las palabras de este funcionario, que define el territorio en disputa como «frágil» y por lo tanto, excede a la comprensión de un arquitecto,  «Y se lo estoy admitiendo yo, que lo soy. Estamos hablando de uno de los poquísimos deltas del planeta, el único de agua dulce, con una riqueza que lo convierte en un tesoro. Hay que tomar entonces decisiones muy complejas que el Estado no tomó, quizá como resultado de su retiro en la década del 90. Pero hay que entender que ese retiro fue resultado de un consenso social y, a la vez, comprender que hoy la sociedad cambió y le está exigiendo al Estado otra cosa. Es lógico entonces que nos reclamen que nos pongamos a la altura de los desafíos de estos tiempos. En ese sentido estamos en deuda».
-¿Cuál sería, según su mirada, la forma de saldarla?
-Encontrar una forma de equilibrio que sea sustentable y respete las características que tiene el territorio. Hasta ahora, la urbanización del Delta siguió las líneas de comportamiento urbanístico que tuvo el territorio de Tigre, que en los últimos 10 años recibió el impacto de la instalación de casi 50 barrios privados. La urbanización del Delta no puede ser una copia de ese proceso porque se trata de un territorio frágil, que no resiste un crecimiento desequilibrado.
En la cáscara de nuez las tres personas que me acompañan me lo explican con la misma paciencia que lo hicieron ante jueces y funcionarios y con la misma persistencia con la que lograron convencerlos o presionarlos. Me enseñarán, entonces y como moraleja, que no es la falta de diagnóstico lo que permitió el destrozo. «Es muy simple: se trata de grupos a los que no pueden pararlos porque no dan bola. Avanzan con impunidad porque la tienen. El tema entonces es quién les garantiza esa impunidad».
83 pesos la hectárea
Las crónicas periodísticas publicadas sobre el conflictivo proyecto señalan que los dueños de Colony Park son Hugo Damián Schwartz y Mónica Andrea Gramblicka. Error: el abogado de Mónica me informa que jamás pudo probar que Hugo Schwartz tenga a su nombre ni una sola propiedad. «No estoy diciendo que no sea el dueño de nada, sino que no tiene nada a su nombre». El abogado sabe de qué habla porque lidió con el juicio de alimentos que le entabló Mónica: duró más de 10 años y la llevó a la quiebra personal y de la empresa que dirigía, un salón de fiestas en el barrio naútico Marina del Norte, con el que Hugo Schwartz está fuertemente relacionado. La unión con Hugo le había dejado 2 hijas y ese negocio, que la síndica de la quiebra, Ana María Pazos, informa en un escrito  presentado a la justicia que colapsó por la «falta de dedicación de la dirección de la empresa, atento a la separación con su ex pareja y padre de sus hijos». Así de cruenta fue esa batalla.
Quien aparece formalmente a cargo de la empresa Colony es su hermano, Adrián Schwartz. Sí: el mismo nombre de Suar (aunque es otro) y el mismo nombre que figura en el Capítulo 9 del Informe de Lavado de Dinero dedicado al tema. «Los modos de constitución de empresas en el exterior», que en su presentación define de qué se trata: «A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política».
Precisamente en la lista de sociedades comerciales que cita este informe figura Better S.A., el mismo nombre de la empresa que vendió las 360 hectáreas de Colony a la familia Schwartz por el fabuloso precio de 30.000 pesos  Es decir, a razón de 83 pesos la hectárea. Ahora mismo Oscar, el vendedor de la inmobiliaria Salaya Romera, me las está ofreciendo por 2.500 dólares. Le pregunto entonces si las obras no están paralizadas, tal como ordenó la resolución de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, y el propio municipio de Tigre. Me responde con rotunda convicción: «Las obras no están detenidas. Quédese tranquila: se lo digo yo. A esto nadie lo para».
Hasta aquí la nota publicada en Mu. Antes y después, los vecinos siguen las acciones tratando de cambiar las teorías inmobiliarias sobre esta historia.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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