En una típica sesión express de fines de año, diputados y senadores mendocinos aprobaron una ley que deroga la 7722 y abre la puerta a la megaminería a cielo abierto. PRO, radicales y Frente de Todos sin grieta, con aval desde el gobierno de Alberto Fernández. El viernes hubo manifestaciones y bloqueos parciales de 40 o 50 minutos tanto en rutas nacionales (como la 7 que conecta con Chile y la 40) como provinciales, percibiéndose un descontento por ahora silencioso también en sectores radicales, peronistas y kirchneristas. Se espera una próxima marcha desde el interior de la provincia hacia la capital en repudio, como expresión de la falta de licencia social para este tipo de proyectos. Se están preparando los pedidos de inconstitucionalidad de la nueva ley por violar la prohibición de regresividad (empeorar las condiciones) tanto en materia ambiental como de derechos humanos. Mientras el gobernador radical mandó el proyecto como primer acto de su gestión, dos dirigentes del peronismo ya crearon su propia empresa minera.

“Acá se produjo un divorcio entre la casta política y buena parte de la sociedad”, dice a lavaca el profesor universitario e integrante de la Asamblea Popular por el Agua Marcelo Giraud, sobre la nueva ley mendocina que busca abrir Mendoza a la megaminería a cielo abierto. El proyecto fue el primer acto del gobierno del radical Rodolfo Suárez, y el presidente Alberto Fernández esta semana la dio por aprobada antes de que se reunieran los legisladores, todo lo cual indica el grado de presión detrás de esta polémica actividad extractiva y contaminante.

La ley, que aún no tiene número,  aprobada por 28 votos a favor y 7 en contra en el Senado y 36 contra 11 en Diputados, provocó inmediatas movilizaciones en la provincia.  “Incluso en zonas que no se manifestaban,  como Tupungato, lo que muestra que el rechazo viene muy fuette”, explica Giraud.

“Aunque sospechábamos que se venía esta maniobra, el sacudón fue muy grande y todo está organizándose sobre la marcha. En las manifestaciones se pudo ver mucha gente tanto radical como kirchnersta con mucha bronca y defraudada por todo esto. La candidata kirchnerista Anabel Fernández Sagasti había hablado de su apoyo al tema minero, pero siempre en el marco del respeto a la Ley 7722. Del nuevo proyecto cuestionó cuestiones secundarias pero terminó apoyando el núcleo: el uso de sstanciastóxicas como cianuro y ácido sulfúrico, y que los proyectos del Ejecutivo no deban pasar por la Legislatura”, explica Giraud.

Fernández Sagasti había realizado una conferencia de prensa que en lo esencial apoyaba la ley junto al diputado nacional también peronista Omar Félix. El diputado y su hermano Emir Félix, intendente de San Rafael, en medio de todo este debate y del impulso presidencial, tuvieron la velocidad de crear recientemente una empresa minera, Sierras del Nevado S.A., lo cual de por sí define el contexto en el que se da este debate. La empresa de los Félix se dedicaría a la extracción de cuarzo, pero la nueva legislación que apoyaron les abre otros horizontes.

Giraud expica: “Hablan de controles, pero todos sabemos en nuestro país que nunca  hay controles suficientes ni eficientes para las corporaciones, como ya lo demostró la situación en San Juan”, dice Giraud sobre el derramamiento de millones de litros de agua cianurada en la provincia postulada como modelo a seguir por el actual presidente.

“Eso provocó mucho rechazo en Mendoza, porque si hay algo que la gente no quiere es justamente lo que ocurre en San Juan. La nueva ley es pésima porque prohíbe el mercurio (que de todas formas iba a quedar prohibido en todo el país a partir de 2020) pero no impide el uso de cianuro o de ácidos químicos como el sulfúrico. Eliminar el paso por la legislatura de cualquier proyecto del Poder Ejecutivo es otro problema ya que hubo varios proyectos que si no los bajaba la Legislatura hubieran seguido adelante, con recursos de amparo judiciales para detenerlos”,  informa Giraud.

“Además, abrir el territorio al gran capital minero trasnacional es poner en altísimo riesgo de contaminación las cuencas altas de nuestros ríos en una provincia de clima árido y semiárido en la que es el recurso o bien común más elemental junto con el aire, pero que viene de 10 años de sequía histórica».

Distintos grupos mendocinos ya están ultimando los recursos que presentarán ante la suprema Corte provincial para que declare inconstitucional la nueva ley, debido a la ruptura de principio de progresividad y no regresividad en temas ambientales, concepto que viene también del ámbito de los derechos humanos y que implica la prohibición de tomar medidas que afecten o disminuyan la protección  de derechos fuundamentales, como resulta en este caso el tema del agua, los recursos naturales y el medio ambiente. Giraud: “Se está organizando una resistenccia muy fuerte, hay mucha indignación, y una decisión de no darle licencia social a este tipo de proyectos que solo van a agravar los problemas del  presente”.

Foro Agrario y ciencia

El argumento de la generación de empleo fue el principal eslogan del gobierno de Suárez y empujó dos semanas atrás a una carta firmada por más de 500 docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el CONICET en la que explican la irresponsabilidad de la propuesta. “La idea de desarrollo provincial a partir de la expansión de la minería aparece a todas luces simplificada y anacrónica y, en tanto, irresponsable”, alertaron, sobre uno de los principales argumentos promineros. “De las múltiples actividades con valor económico existentes en la provincia, la propuesta de insistir en viabilizar la minería como una de las principales alternativas puede ser la peor forma de ‘ampliar’ la matriz productiva”.

 Por su parte, el Foro Nacional por un Programa Agrario, Soberano y Popular, conformado por más de 50 organizaciones productivas que elaboraron un diseño de matriz agraria fundada en prácticas agroecológicas, dio a conocer su posición:

“Desde el Foro Nacional por un Programa Agrario Soberano y Popular expresamos nuestro repudio a la modificación de la Ley nro. 7722 de la provincia de Mendoza que se realizó en tiempo record el 20 de diciembre.

Fundamentamos nuestro rechazo en las siguientes razones:

– La modificación permitirá el avance de la megaminería en la provincia y abrirá las puertas para que las multinacionales mineras desembarquen y profundicen el saqueo.

– La Ley N.º 7722 es un emblema de la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios y su agua y ninguna de las condiciones que permitieron su aprobación se ha modificado.

– Por el contrario la provincia atraviesa estos últimos años una crisis hídrica que se agravará sin lugar a dudas de avanzar estos proyectos extractivos.

– Desde el Foro Agrario hemos convergido más de 50 organizaciones para construir “Una Argentina con Soberanía Alimentaria, apostamos a un modelo de producción diferente, agroecológico, no extractivo, sano; en territorios integrados social, económica y culturalmente que constituyan un hábitat sostenible para todas y todos”. El extractivismo minero es una de las grandes amenazas para la Soberanía Alimentaria y para la posibilidad de producir alimentos saludables localmente.

– Las principales fuentes de generación de recursos que tiene la provincia, como son la producción agrícola y el turismo se verán amenazados por el avance de la megaminería.

– En nuestro documento fundacional hemos sostenido que: “Nuestros territorios no pueden ser zonas de sacrificio en función de las necesidades y demandas de los centros de poder global; debemos ser las propias comunidades las que decidamos el destino de eso que el mercado llama “recursos” y nosotras y nosotros llamamos bienes comunes naturales”. Esas comunidades son las que desde hace años vienen defendiendo la vigencia de la Ley 7722.

– Defendemos el Derecho Humano al Agua y no como mercancía y el uso que realiza la actividad minera del agua junto a las toneladas de residuos tóxicos que produce representa, como ya se ha demostrado en múltiples situaciones, una amenaza que no podemos permitir.

Exigimos que las autoridades escuchen al pueblo mendocino movilizado y que retrotraigan esta medida viciada de nulidad por ilegítima e inconstitucional”.

En este contexto, a la situación mendocina se agrega la de Chubut, provincia también amenazada por la intención de imponer la megaminería pese al rechazo de sus asambleas  durante las últimas décadas.