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Minería y posconflicto en Colombia

Una realidad compleja y violenta: la guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.

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Un encuentro en Popayán, capital del departamento del Cauca, fue la excusa para conocer una realidad compleja y violenta. La guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.

Derrumbe en una mina ilegal en la zona de Cauca. Foto: diario El Tiempo de Bogotá

Derrumbe en una mina ilegal en la zona de Cauca. Foto: diario El Tiempo de Bogotá


Paredes blanquísimas sobre calles empedradas. Aceras estrechas y portales majestuosas, cincelados con motivos diferentes para distinguir familias y abolengos. Amplios y soleados patios, con sus fuentes cercadas de malvones, orquídeas y helechos. La ciudad colonial está salpicada de santuarios, ermitas e iglesias, tan blancas como austeras, como no queriendo aparentar la excesiva riqueza.
Popayán duerme la siesta. El tiempo parece detenido en esta ciudad de 250 mil habitantes, tradicionalista, oligárquica, orgullosa de su pasado. Alguna vez estuvo rodeada de latifundios que fueron desapareciendo a medida que los indios los recuperaron. Nasas, misak y coconucos, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desmontaron los latifundios en tierras que les habían arrebatado a sus tatarabuelos.
Detrás de la uniformidad de las fachadas, el Cauca es el departamento más diverso del país: la mitad son indios y negros, a partes iguales; un cuarto, o más, mestizos. La zona montañosa es indígena. La costa del Pacífico es afro. Sin embargo, en la Universidad del Cauca no había sino estudiantes blancos, hasta que las autoridades abrieron cupos para las “minorías”: cien afros y 400 indígenas en 14.000 estudiantes es todo lo que consiguieron.

Tramas y Mingas

Del 9 al 11 de junio la Universidad del Cauca organizó la segunda edición del encuentro Tramas y Mingas, ordenado en torno a cuatro ejes: vida y resistencia; economía y comunidad; poder y autonomía; educación y comunicación. El espacio lo llenaron “sabedores” y “sabedoras” de comunidades indígenas, afros y campesinas, que entrelazaron sus experiencias compartiendo sus modos de resistir y crear nuevas formas de vida.
Por la minga (trabajo colectivo) desfilaron las palabras de mujeres como Concepción Matabanchoy, que lleva casi cuatro décadas en una experiencia campesina en La Cocha, en el sureño Pasto, donde las mujeres son las más activas. “El primer paso fue valorarnos a nosotras mismas” dijo, mientras explicaba cómo trabajan la tierra de forma sostenible, mientras los niños aprenden los ecosistemas jugando y los varones son presionados para superar el machismo.
Habló de cinco necesidades, bien diferentes a las “necesidades básicas” que define el Banco Mundial para implementar sus políticas hacia los pobres: necesidad de afecto, de capacitación, de entendimiento, de creatividad y de trascendencia, en referencia al relevo generacional que deben afrontar todos los movimientos. La Asociación para el Desarrollo Campesino recuperó el bosque desde que decidió que la madera no es mercancía sino protección del suelo, y recuperaron 49 variedades de papas.
Melba Patricia Arias del Comité de Mujeres de Inzá, explicó que las campesinas crearon 35 grupos de autoayuda económica de 20 personas cada uno, que funcionan como cajas de ahorro veredales. El fondo social de las 700 mujeres permite prestar con bajo interés a las socias y lo consideran un modo de “hacerle una pequeña brecha al capitalismo”.
Ever Castro y Socorro Andrade no necesitaron explicar lo que hace la escuela Vueltas del Patico, en el resguardo Puracé, porque fueron los propios niños los que nos mostraron cómo la currícula escolar se organiza en torno a una huerta orgánica, en la que participan maestros, padres y alumnos. Además de la huerta orgánica, erradicaron la comida chatarra y montaron una “guardería biótica” que se rige por el lema “aprender en movimiento”.
Los chicos eligen un Cabildo Escolar, igual que los indígenas, y llegaron al encuentro con sus bastones de mando. “Eso libera el liderazgo que cada uno llevamos dentro, les permite asumir responsabilidades y aprender conviviendo”, explicó Ever Castro. Defendió la idea de que “quien no hace soberanía alimentaria no puede hablar de soberanía alimentaria”, lo que pareció una buena forma de combatir a los técnicos que practican el doble discurso.
Hubo mucho más, imposible de resumir. El taita Javier Calambás, misak de Guambia de 80 años, fundador del CRIC, reflexionó sobre las diferencias entre los modos de organizarse de los sindicatos y de los pueblos indios. “Los cabildos (autoridad indígena) no caben en el movimiento campesino. No luchamos por la tierra sino por los ríos, el agua, la vida”.
Mario López, del resguardo coconuco y también fundador del CRIC, hizo una profunda reflexión sobre el trueque entre comunidades. “Los de tierra fría intercambian sus productos con los de tierra caliente, pero no les sirve el dinero para eso. Es lo que nosotros llamamos mercado”. Un intercambio por fuera de la lógica del capital. Dijo que “los dineros que manda el gobierno producen divisiones cuando no se sabe para qué se reciben esos fondos”.
Hugo Blanco, quechua del Perú, destacó la “ética indígena originaria de la humanidad” como camino para superar la crisis civilizatoria que atravesamos. Oscar Olivera, dirigente de la Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia), enfatizó en que los cambios vienen de abajo y que “se trata de construir alternativas por fuera del Estado”. Gracias a los indios, dijo, los obreros fabriles aprendimos “la construcción colectiva de las decisiones y la reapropiación social de lo público”.
Fue un encuentro en el que se destacaron las construcciones, en un departamento saturado de violencia y extractivismo salvaje. Se hablo de la “economía propia”, de los modos de producir y reproducir la vida en cada pueblo, en base a criterios propios. Una vez más constatamos que existen infinidad de emprendimientos para producir alimentos, casi todos promovidos por mujeres, que no distinguen entre producción y reproducción porque son dos facetas inseparables de la vida.

El terror de las retroexcavadoras

El 1 de mayo hubo un derrumbe en una mina ilegal en el Cauca. “Un talud de tierra sepultó por lo menos 23 personas en la mina de explotación aurífera, cerca del municipio de Santander de Quilichao en el Cauca, en el suroeste del país”, provocando la muerte de tres mineros .
Según la Defensoría del Pueblo, en la zona no se pueden realizar controles por las amenazas de los grupos armados. Según el organismo, “miembros del sexto frente de las FARC que tiene presencia en esa zona, participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras” . El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo que 5.000 niños trabajan en las minas, muchos de ellos usados para que exploren los delgados túneles por donde los adultos no caben.
Apenas una semana antes, otro accidente en una mina de oro en el municipio de Buriticá, Antioquia, que “dejó al menos cuatro muertos y 81 heridos” . En Colombia hay 14 mil unidades de producción minera, de las cuales el 56% carece de licencia de explotación.
En febrero, otro accidente minero con un saldo de cinco muertos y diez heridos en una mina de oro ubicada en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador . El boom minero y la ilegalidad facilitan la proliferación de explotaciones en pésimas condiciones de seguridad.
En 2010 se encontraban en trámite unas 26 millones de hectáreas para la minería, el 23% del territorio de Colombia. De las tres millones de hectáreas del departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural.
En el departamento hay dos tipos de minería. Por un lado, la artesanal, que la practican desde siempre indígenas, afros y campesinos como forma de sobrevivencia, con tecnologías manuales. Por otro, la minería mediana, que utiliza retroexcavadoras, dragas y planchones, es informal e ilegal, y extrae sobre todo oro, plata y platino.
Las excavadoras comenzaron a llegar en la década de 1990 y están provocando un repliegue de la minería artesanal, en gran medida expulsada por los actores armados y también porque con las excavadoras “se destruyó gran parte de las pendientes en los alrededores de los ríos” .
En el Centro de Interacción del Macizo Colombiano (CIMA), convocaron una reunión para debatir el problema minero y convocar una Audiencia Minero-Energética Regional en el mes de octubre . Una gran ronda de treinta personas va desgranando los problemas zona por zona. Un integrante del Proceso Campesino de la Vega señala que “tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas en solicitud para minería de un total de 114 millones de hectáreas que tiene el país”.
Una mujer afro del colectivo Cococauca, del municipio de Timbiquí, sobre el Pacífico, detalla el modo de operar de la minería: “Las retroexcavadoras trabajan 22 horas al día y en las dos horas de descanso los artesanales entran a la mina. Contaminan todas las fuentes de agua que son las bases de la vida en la región. Ahora un minero artesanal gana seis millones de pesos a la semana (tres mil dólares) y eso cambia los valores y consumos de la gente”.
Los dueños de las retroexcavadoras contratan a la población de las veredas para que los ayuden a atravesar por los ríos y los lugares más difíciles, lo que hacen a pulso ayudados por cuerdas. Pagan muy bien. “Se disparó la prostitución y la deserción escolar”, explica con tristeza.
En la zona norte del Cauca, la población está dividida y las comunidades indígenas presentan actitudes opuestas. Algunos resguardos, como Caldono y Canoas, se pronunciaron contra la minería, pero en otros como Tacueyó y Las Delicias hace muchos años hay actividades mineras. “Depende de la fuerza del cabildo”, explica un joven nasa de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).
“Algunas comunidades se dedicaron a tapar con tierra los socavones, pero en otras son los jóvenes los más empeñados en trabajar en la mina”. Con la minería no sólo se producen divisiones, sino que empieza la explotación entre los propios indígenas.
En el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento, la relación de la comunidad con la minería ilegal es bien compleja. La población es mayoritariamente negra, otra parte es indígena, pero han perdido el control sobre la extracción, dominada por los paramilitares del Bloque Calima. “La gente vende su tierra o la echan por la fuerza”, explica. “Excavan pozos gigantes donde se meten cientos de personas”.
Más de 10 mil hectáreas del municipio se encuentran concedidas a particulares y multinacionales, La tercera parte del municipio ha sido despojada a las comunidades. “Cuando fuimos a sacar los retroexcavadores casi nos damos machete entre los mismos comuneros”, señala un nasa, destacando los problemas de alcoholismo que se registran en el entorno de las minas.

De la coca al oro

La minería suele asentarse sobre los territorios étnicos. Lo hace por la fuerza, subordinando o desplazando a las poblaciones que están asentadas desde hace siglos. Un modo muy similar al de los monocultivos.
El informe de Coconauca , señala que en la región del Pacífico “el territorio colectivo de las comunidades negras ha sido afectado por el flagelo de la coca, el saqueo irracional de recursos naturales (forestal) y la minería ilegal con la creciente crisis humanitaria por la baja producción alimentaria y el conflicto armado cuyas consecuencias se reflejan en la migración y desplazamiento forzado” .
Agrega que el ministerio de Minas y Energía ha expedido títulos sobre los territorios étnicos que tienen propiedad colectiva, a favor de empresas multinacionales y agentes locales. En los tres municipios de la costa del Cauca (Guapi Timbiquí y Micay), hay casi 200 retroexcavadoras en una región de apenas 70 mil habitantes.
“Los aparatos ingresan con la anuencia de las autoridades violando los derechos de las comunidades. La minería está acompañada de señalamientos, ruptura de las dinámicas organizativas, amenazas, asesinatos, desplazamientos, enfrentamientos y cambios sociales (disputas familiares, mendicidad, prostitución, alcoholismo entre otros)” .
El Código Minero aprobado en 2001 tiene un efecto negativo para los mineros artesanales, que podrían frenar el despliegue de la minería mecanizada. “Eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería, a las que recogió en las llamadas Unidades Productivas Mineras en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista” .
En Colombia la minería sigue una lógica y un modo de operar muy similar al negocio de la coca y la cocaína. Un informe de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), sostiene que “la minería ilegal no ha desplazado al narcotráfico, por el contrario se sirve de ella para el lavado de sus activos y en algunos casos para ayudar en las finanzas de estos grupos” .
El informe de Indepaz asegura que en los departamentos de Cauca y Nariño, son las FARC y grupos paramilitares como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, los que “controlan actualmente la explotación minera ilegal en la Costa Pacífico” . Las conclusiones del informe son tremendas y abren interrogantes sobre el futuro.
“En zonas como Timbiquí en el Cauca e Istmia en Chocó, la minería ilegal es el alimento de los grupos armados al margen de la ley que protegen os corredores selváticos por los cuales se mueven los estupefacientes. La presencia de actores armados se justifica por parte de los mineros como un instrumento de prestar seguridad para evitar los atracos y extorsiones” .
La maquinaria pesada debe pasar por retenes donde debe pagar un peaje a los grupos armados. Los modos de operar son idénticos a los que se conocen para la coca. Se paga un “gramaje minero” para autorizar la explotación; los grupos armados negocian con los dueños de las retroexcavadoras para ingresar la maquinaria y tienen control sobre la cantidad de oro que se extrae para cobrar su porcentaje.
Según el trabajo mencionado, hay variaciones por regiones y por presencia de cada grupo armado en cuanto a los porcentajes que perciben los diversos actores. En todo caso hay coincidencia en el papel corruptor de la actividad minera ilegal, que genera una vasta red de complicidades muy difíciles de desmontar . Los grandes afectados son los pueblos afros e indígenas, los campesinos y las mujeres y niños que viven en los territorios que albergan oro y otras riquezas.
Al parecer, los diferentes actores se van posicionando de cara a la posible finalización del conflicto armado. En las negociaciones de paz, las FARC han reconocido que en sus planes figura, respecto a la coca, “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno” . Algunos observadores, que prefieren el anonimato, creen que la minería puede ser una estrategia de financiamiento alternativa para los grupos que hoy están en armas.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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