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Minería y posconflicto en Colombia

Una realidad compleja y violenta: la guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.

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hace 9 años

24/06/2014

Un encuentro en Popayán, capital del departamento del Cauca, fue la excusa para conocer una realidad compleja y violenta. La guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.

Derrumbe en una mina ilegal en la zona de Cauca. Foto: diario El Tiempo de Bogotá

Paredes blanquísimas sobre calles empedradas. Aceras estrechas y portales majestuosas, cincelados con motivos diferentes para distinguir familias y abolengos. Amplios y soleados patios, con sus fuentes cercadas de malvones, orquídeas y helechos. La ciudad colonial está salpicada de santuarios, ermitas e iglesias, tan blancas como austeras, como no queriendo aparentar la excesiva riqueza.
Popayán duerme la siesta. El tiempo parece detenido en esta ciudad de 250 mil habitantes, tradicionalista, oligárquica, orgullosa de su pasado. Alguna vez estuvo rodeada de latifundios que fueron desapareciendo a medida que los indios los recuperaron. Nasas, misak y coconucos, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desmontaron los latifundios en tierras que les habían arrebatado a sus tatarabuelos.
Detrás de la uniformidad de las fachadas, el Cauca es el departamento más diverso del país: la mitad son indios y negros, a partes iguales; un cuarto, o más, mestizos. La zona montañosa es indígena. La costa del Pacífico es afro. Sin embargo, en la Universidad del Cauca no había sino estudiantes blancos, hasta que las autoridades abrieron cupos para las “minorías”: cien afros y 400 indígenas en 14.000 estudiantes es todo lo que consiguieron.

Tramas y Mingas

Del 9 al 11 de junio la Universidad del Cauca organizó la segunda edición del encuentro Tramas y Mingas, ordenado en torno a cuatro ejes: vida y resistencia; economía y comunidad; poder y autonomía; educación y comunicación. El espacio lo llenaron “sabedores” y “sabedoras” de comunidades indígenas, afros y campesinas, que entrelazaron sus experiencias compartiendo sus modos de resistir y crear nuevas formas de vida.
Por la minga (trabajo colectivo) desfilaron las palabras de mujeres como Concepción Matabanchoy, que lleva casi cuatro décadas en una experiencia campesina en La Cocha, en el sureño Pasto, donde las mujeres son las más activas. “El primer paso fue valorarnos a nosotras mismas” dijo, mientras explicaba cómo trabajan la tierra de forma sostenible, mientras los niños aprenden los ecosistemas jugando y los varones son presionados para superar el machismo.
Habló de cinco necesidades, bien diferentes a las “necesidades básicas” que define el Banco Mundial para implementar sus políticas hacia los pobres: necesidad de afecto, de capacitación, de entendimiento, de creatividad y de trascendencia, en referencia al relevo generacional que deben afrontar todos los movimientos. La Asociación para el Desarrollo Campesino recuperó el bosque desde que decidió que la madera no es mercancía sino protección del suelo, y recuperaron 49 variedades de papas.
Melba Patricia Arias del Comité de Mujeres de Inzá, explicó que las campesinas crearon 35 grupos de autoayuda económica de 20 personas cada uno, que funcionan como cajas de ahorro veredales. El fondo social de las 700 mujeres permite prestar con bajo interés a las socias y lo consideran un modo de “hacerle una pequeña brecha al capitalismo”.
Ever Castro y Socorro Andrade no necesitaron explicar lo que hace la escuela Vueltas del Patico, en el resguardo Puracé, porque fueron los propios niños los que nos mostraron cómo la currícula escolar se organiza en torno a una huerta orgánica, en la que participan maestros, padres y alumnos. Además de la huerta orgánica, erradicaron la comida chatarra y montaron una “guardería biótica” que se rige por el lema “aprender en movimiento”.
Los chicos eligen un Cabildo Escolar, igual que los indígenas, y llegaron al encuentro con sus bastones de mando. “Eso libera el liderazgo que cada uno llevamos dentro, les permite asumir responsabilidades y aprender conviviendo”, explicó Ever Castro. Defendió la idea de que “quien no hace soberanía alimentaria no puede hablar de soberanía alimentaria”, lo que pareció una buena forma de combatir a los técnicos que practican el doble discurso.
Hubo mucho más, imposible de resumir. El taita Javier Calambás, misak de Guambia de 80 años, fundador del CRIC, reflexionó sobre las diferencias entre los modos de organizarse de los sindicatos y de los pueblos indios. “Los cabildos (autoridad indígena) no caben en el movimiento campesino. No luchamos por la tierra sino por los ríos, el agua, la vida”.
Mario López, del resguardo coconuco y también fundador del CRIC, hizo una profunda reflexión sobre el trueque entre comunidades. “Los de tierra fría intercambian sus productos con los de tierra caliente, pero no les sirve el dinero para eso. Es lo que nosotros llamamos mercado”. Un intercambio por fuera de la lógica del capital. Dijo que “los dineros que manda el gobierno producen divisiones cuando no se sabe para qué se reciben esos fondos”.
Hugo Blanco, quechua del Perú, destacó la “ética indígena originaria de la humanidad” como camino para superar la crisis civilizatoria que atravesamos. Oscar Olivera, dirigente de la Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia), enfatizó en que los cambios vienen de abajo y que “se trata de construir alternativas por fuera del Estado”. Gracias a los indios, dijo, los obreros fabriles aprendimos “la construcción colectiva de las decisiones y la reapropiación social de lo público”.
Fue un encuentro en el que se destacaron las construcciones, en un departamento saturado de violencia y extractivismo salvaje. Se hablo de la “economía propia”, de los modos de producir y reproducir la vida en cada pueblo, en base a criterios propios. Una vez más constatamos que existen infinidad de emprendimientos para producir alimentos, casi todos promovidos por mujeres, que no distinguen entre producción y reproducción porque son dos facetas inseparables de la vida.

El terror de las retroexcavadoras

El 1 de mayo hubo un derrumbe en una mina ilegal en el Cauca. “Un talud de tierra sepultó por lo menos 23 personas en la mina de explotación aurífera, cerca del municipio de Santander de Quilichao en el Cauca, en el suroeste del país”, provocando la muerte de tres mineros .
Según la Defensoría del Pueblo, en la zona no se pueden realizar controles por las amenazas de los grupos armados. Según el organismo, “miembros del sexto frente de las FARC que tiene presencia en esa zona, participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras” . El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo que 5.000 niños trabajan en las minas, muchos de ellos usados para que exploren los delgados túneles por donde los adultos no caben.
Apenas una semana antes, otro accidente en una mina de oro en el municipio de Buriticá, Antioquia, que “dejó al menos cuatro muertos y 81 heridos” . En Colombia hay 14 mil unidades de producción minera, de las cuales el 56% carece de licencia de explotación.
En febrero, otro accidente minero con un saldo de cinco muertos y diez heridos en una mina de oro ubicada en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador . El boom minero y la ilegalidad facilitan la proliferación de explotaciones en pésimas condiciones de seguridad.
En 2010 se encontraban en trámite unas 26 millones de hectáreas para la minería, el 23% del territorio de Colombia. De las tres millones de hectáreas del departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural.
En el departamento hay dos tipos de minería. Por un lado, la artesanal, que la practican desde siempre indígenas, afros y campesinos como forma de sobrevivencia, con tecnologías manuales. Por otro, la minería mediana, que utiliza retroexcavadoras, dragas y planchones, es informal e ilegal, y extrae sobre todo oro, plata y platino.
Las excavadoras comenzaron a llegar en la década de 1990 y están provocando un repliegue de la minería artesanal, en gran medida expulsada por los actores armados y también porque con las excavadoras “se destruyó gran parte de las pendientes en los alrededores de los ríos” .
En el Centro de Interacción del Macizo Colombiano (CIMA), convocaron una reunión para debatir el problema minero y convocar una Audiencia Minero-Energética Regional en el mes de octubre . Una gran ronda de treinta personas va desgranando los problemas zona por zona. Un integrante del Proceso Campesino de la Vega señala que “tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas en solicitud para minería de un total de 114 millones de hectáreas que tiene el país”.
Una mujer afro del colectivo Cococauca, del municipio de Timbiquí, sobre el Pacífico, detalla el modo de operar de la minería: “Las retroexcavadoras trabajan 22 horas al día y en las dos horas de descanso los artesanales entran a la mina. Contaminan todas las fuentes de agua que son las bases de la vida en la región. Ahora un minero artesanal gana seis millones de pesos a la semana (tres mil dólares) y eso cambia los valores y consumos de la gente”.
Los dueños de las retroexcavadoras contratan a la población de las veredas para que los ayuden a atravesar por los ríos y los lugares más difíciles, lo que hacen a pulso ayudados por cuerdas. Pagan muy bien. “Se disparó la prostitución y la deserción escolar”, explica con tristeza.
En la zona norte del Cauca, la población está dividida y las comunidades indígenas presentan actitudes opuestas. Algunos resguardos, como Caldono y Canoas, se pronunciaron contra la minería, pero en otros como Tacueyó y Las Delicias hace muchos años hay actividades mineras. “Depende de la fuerza del cabildo”, explica un joven nasa de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).
“Algunas comunidades se dedicaron a tapar con tierra los socavones, pero en otras son los jóvenes los más empeñados en trabajar en la mina”. Con la minería no sólo se producen divisiones, sino que empieza la explotación entre los propios indígenas.
En el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento, la relación de la comunidad con la minería ilegal es bien compleja. La población es mayoritariamente negra, otra parte es indígena, pero han perdido el control sobre la extracción, dominada por los paramilitares del Bloque Calima. “La gente vende su tierra o la echan por la fuerza”, explica. “Excavan pozos gigantes donde se meten cientos de personas”.
Más de 10 mil hectáreas del municipio se encuentran concedidas a particulares y multinacionales, La tercera parte del municipio ha sido despojada a las comunidades. “Cuando fuimos a sacar los retroexcavadores casi nos damos machete entre los mismos comuneros”, señala un nasa, destacando los problemas de alcoholismo que se registran en el entorno de las minas.

De la coca al oro

La minería suele asentarse sobre los territorios étnicos. Lo hace por la fuerza, subordinando o desplazando a las poblaciones que están asentadas desde hace siglos. Un modo muy similar al de los monocultivos.
El informe de Coconauca , señala que en la región del Pacífico “el territorio colectivo de las comunidades negras ha sido afectado por el flagelo de la coca, el saqueo irracional de recursos naturales (forestal) y la minería ilegal con la creciente crisis humanitaria por la baja producción alimentaria y el conflicto armado cuyas consecuencias se reflejan en la migración y desplazamiento forzado” .
Agrega que el ministerio de Minas y Energía ha expedido títulos sobre los territorios étnicos que tienen propiedad colectiva, a favor de empresas multinacionales y agentes locales. En los tres municipios de la costa del Cauca (Guapi Timbiquí y Micay), hay casi 200 retroexcavadoras en una región de apenas 70 mil habitantes.
“Los aparatos ingresan con la anuencia de las autoridades violando los derechos de las comunidades. La minería está acompañada de señalamientos, ruptura de las dinámicas organizativas, amenazas, asesinatos, desplazamientos, enfrentamientos y cambios sociales (disputas familiares, mendicidad, prostitución, alcoholismo entre otros)” .
El Código Minero aprobado en 2001 tiene un efecto negativo para los mineros artesanales, que podrían frenar el despliegue de la minería mecanizada. “Eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería, a las que recogió en las llamadas Unidades Productivas Mineras en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista” .
En Colombia la minería sigue una lógica y un modo de operar muy similar al negocio de la coca y la cocaína. Un informe de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), sostiene que “la minería ilegal no ha desplazado al narcotráfico, por el contrario se sirve de ella para el lavado de sus activos y en algunos casos para ayudar en las finanzas de estos grupos” .
El informe de Indepaz asegura que en los departamentos de Cauca y Nariño, son las FARC y grupos paramilitares como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, los que “controlan actualmente la explotación minera ilegal en la Costa Pacífico” . Las conclusiones del informe son tremendas y abren interrogantes sobre el futuro.
“En zonas como Timbiquí en el Cauca e Istmia en Chocó, la minería ilegal es el alimento de los grupos armados al margen de la ley que protegen os corredores selváticos por los cuales se mueven los estupefacientes. La presencia de actores armados se justifica por parte de los mineros como un instrumento de prestar seguridad para evitar los atracos y extorsiones” .
La maquinaria pesada debe pasar por retenes donde debe pagar un peaje a los grupos armados. Los modos de operar son idénticos a los que se conocen para la coca. Se paga un “gramaje minero” para autorizar la explotación; los grupos armados negocian con los dueños de las retroexcavadoras para ingresar la maquinaria y tienen control sobre la cantidad de oro que se extrae para cobrar su porcentaje.
Según el trabajo mencionado, hay variaciones por regiones y por presencia de cada grupo armado en cuanto a los porcentajes que perciben los diversos actores. En todo caso hay coincidencia en el papel corruptor de la actividad minera ilegal, que genera una vasta red de complicidades muy difíciles de desmontar . Los grandes afectados son los pueblos afros e indígenas, los campesinos y las mujeres y niños que viven en los territorios que albergan oro y otras riquezas.
Al parecer, los diferentes actores se van posicionando de cara a la posible finalización del conflicto armado. En las negociaciones de paz, las FARC han reconocido que en sus planes figura, respecto a la coca, “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno” . Algunos observadores, que prefieren el anonimato, creen que la minería puede ser una estrategia de financiamiento alternativa para los grupos que hoy están en armas.

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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hace 2 días

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

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hace 3 días

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

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hace 5 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.