Nota
Minería y posconflicto en Colombia
Una realidad compleja y violenta: la guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.
Un encuentro en Popayán, capital del departamento del Cauca, fue la excusa para conocer una realidad compleja y violenta. La guerra entre militares, paramilitares, guerrillas y narcos se entrelaza con un extractivismo salvaje, que tiene en la minería ilegal su peor expresión. Por Raúl Zibechi.

Derrumbe en una mina ilegal en la zona de Cauca. Foto: diario El Tiempo de Bogotá
Paredes blanquísimas sobre calles empedradas. Aceras estrechas y portales majestuosas, cincelados con motivos diferentes para distinguir familias y abolengos. Amplios y soleados patios, con sus fuentes cercadas de malvones, orquídeas y helechos. La ciudad colonial está salpicada de santuarios, ermitas e iglesias, tan blancas como austeras, como no queriendo aparentar la excesiva riqueza.
Popayán duerme la siesta. El tiempo parece detenido en esta ciudad de 250 mil habitantes, tradicionalista, oligárquica, orgullosa de su pasado. Alguna vez estuvo rodeada de latifundios que fueron desapareciendo a medida que los indios los recuperaron. Nasas, misak y coconucos, organizados en el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), desmontaron los latifundios en tierras que les habían arrebatado a sus tatarabuelos.
Detrás de la uniformidad de las fachadas, el Cauca es el departamento más diverso del país: la mitad son indios y negros, a partes iguales; un cuarto, o más, mestizos. La zona montañosa es indígena. La costa del Pacífico es afro. Sin embargo, en la Universidad del Cauca no había sino estudiantes blancos, hasta que las autoridades abrieron cupos para las “minorías”: cien afros y 400 indígenas en 14.000 estudiantes es todo lo que consiguieron.
Tramas y Mingas
Del 9 al 11 de junio la Universidad del Cauca organizó la segunda edición del encuentro Tramas y Mingas, ordenado en torno a cuatro ejes: vida y resistencia; economía y comunidad; poder y autonomía; educación y comunicación. El espacio lo llenaron “sabedores” y “sabedoras” de comunidades indígenas, afros y campesinas, que entrelazaron sus experiencias compartiendo sus modos de resistir y crear nuevas formas de vida.
Por la minga (trabajo colectivo) desfilaron las palabras de mujeres como Concepción Matabanchoy, que lleva casi cuatro décadas en una experiencia campesina en La Cocha, en el sureño Pasto, donde las mujeres son las más activas. “El primer paso fue valorarnos a nosotras mismas” dijo, mientras explicaba cómo trabajan la tierra de forma sostenible, mientras los niños aprenden los ecosistemas jugando y los varones son presionados para superar el machismo.
Habló de cinco necesidades, bien diferentes a las “necesidades básicas” que define el Banco Mundial para implementar sus políticas hacia los pobres: necesidad de afecto, de capacitación, de entendimiento, de creatividad y de trascendencia, en referencia al relevo generacional que deben afrontar todos los movimientos. La Asociación para el Desarrollo Campesino recuperó el bosque desde que decidió que la madera no es mercancía sino protección del suelo, y recuperaron 49 variedades de papas.
Melba Patricia Arias del Comité de Mujeres de Inzá, explicó que las campesinas crearon 35 grupos de autoayuda económica de 20 personas cada uno, que funcionan como cajas de ahorro veredales. El fondo social de las 700 mujeres permite prestar con bajo interés a las socias y lo consideran un modo de “hacerle una pequeña brecha al capitalismo”.
Ever Castro y Socorro Andrade no necesitaron explicar lo que hace la escuela Vueltas del Patico, en el resguardo Puracé, porque fueron los propios niños los que nos mostraron cómo la currícula escolar se organiza en torno a una huerta orgánica, en la que participan maestros, padres y alumnos. Además de la huerta orgánica, erradicaron la comida chatarra y montaron una “guardería biótica” que se rige por el lema “aprender en movimiento”.
Los chicos eligen un Cabildo Escolar, igual que los indígenas, y llegaron al encuentro con sus bastones de mando. “Eso libera el liderazgo que cada uno llevamos dentro, les permite asumir responsabilidades y aprender conviviendo”, explicó Ever Castro. Defendió la idea de que “quien no hace soberanía alimentaria no puede hablar de soberanía alimentaria”, lo que pareció una buena forma de combatir a los técnicos que practican el doble discurso.
Hubo mucho más, imposible de resumir. El taita Javier Calambás, misak de Guambia de 80 años, fundador del CRIC, reflexionó sobre las diferencias entre los modos de organizarse de los sindicatos y de los pueblos indios. “Los cabildos (autoridad indígena) no caben en el movimiento campesino. No luchamos por la tierra sino por los ríos, el agua, la vida”.
Mario López, del resguardo coconuco y también fundador del CRIC, hizo una profunda reflexión sobre el trueque entre comunidades. “Los de tierra fría intercambian sus productos con los de tierra caliente, pero no les sirve el dinero para eso. Es lo que nosotros llamamos mercado”. Un intercambio por fuera de la lógica del capital. Dijo que “los dineros que manda el gobierno producen divisiones cuando no se sabe para qué se reciben esos fondos”.
Hugo Blanco, quechua del Perú, destacó la “ética indígena originaria de la humanidad” como camino para superar la crisis civilizatoria que atravesamos. Oscar Olivera, dirigente de la Guerra del Agua en Cochabamba (Bolivia), enfatizó en que los cambios vienen de abajo y que “se trata de construir alternativas por fuera del Estado”. Gracias a los indios, dijo, los obreros fabriles aprendimos “la construcción colectiva de las decisiones y la reapropiación social de lo público”.
Fue un encuentro en el que se destacaron las construcciones, en un departamento saturado de violencia y extractivismo salvaje. Se hablo de la “economía propia”, de los modos de producir y reproducir la vida en cada pueblo, en base a criterios propios. Una vez más constatamos que existen infinidad de emprendimientos para producir alimentos, casi todos promovidos por mujeres, que no distinguen entre producción y reproducción porque son dos facetas inseparables de la vida.
El terror de las retroexcavadoras
El 1 de mayo hubo un derrumbe en una mina ilegal en el Cauca. “Un talud de tierra sepultó por lo menos 23 personas en la mina de explotación aurífera, cerca del municipio de Santander de Quilichao en el Cauca, en el suroeste del país”, provocando la muerte de tres mineros .
Según la Defensoría del Pueblo, en la zona no se pueden realizar controles por las amenazas de los grupos armados. Según el organismo, “miembros del sexto frente de las FARC que tiene presencia en esa zona, participan de esa actividad mediante el cobro de cuotas por el ingreso y operación de las retroexcavadoras” . El ministro de Trabajo, Rafael Pardo, dijo que 5.000 niños trabajan en las minas, muchos de ellos usados para que exploren los delgados túneles por donde los adultos no caben.
Apenas una semana antes, otro accidente en una mina de oro en el municipio de Buriticá, Antioquia, que “dejó al menos cuatro muertos y 81 heridos” . En Colombia hay 14 mil unidades de producción minera, de las cuales el 56% carece de licencia de explotación.
En febrero, otro accidente minero con un saldo de cinco muertos y diez heridos en una mina de oro ubicada en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador . El boom minero y la ilegalidad facilitan la proliferación de explotaciones en pésimas condiciones de seguridad.
En 2010 se encontraban en trámite unas 26 millones de hectáreas para la minería, el 23% del territorio de Colombia. De las tres millones de hectáreas del departamento del Cauca, dos millones están comprometidas en el desarrollo minero-energético, algo que inevitablemente va a afectar a la mayoritaria población rural.
En el departamento hay dos tipos de minería. Por un lado, la artesanal, que la practican desde siempre indígenas, afros y campesinos como forma de sobrevivencia, con tecnologías manuales. Por otro, la minería mediana, que utiliza retroexcavadoras, dragas y planchones, es informal e ilegal, y extrae sobre todo oro, plata y platino.
Las excavadoras comenzaron a llegar en la década de 1990 y están provocando un repliegue de la minería artesanal, en gran medida expulsada por los actores armados y también porque con las excavadoras “se destruyó gran parte de las pendientes en los alrededores de los ríos” .
En el Centro de Interacción del Macizo Colombiano (CIMA), convocaron una reunión para debatir el problema minero y convocar una Audiencia Minero-Energética Regional en el mes de octubre . Una gran ronda de treinta personas va desgranando los problemas zona por zona. Un integrante del Proceso Campesino de la Vega señala que “tenemos alrededor de 40 millones de hectáreas en solicitud para minería de un total de 114 millones de hectáreas que tiene el país”.
Una mujer afro del colectivo Cococauca, del municipio de Timbiquí, sobre el Pacífico, detalla el modo de operar de la minería: “Las retroexcavadoras trabajan 22 horas al día y en las dos horas de descanso los artesanales entran a la mina. Contaminan todas las fuentes de agua que son las bases de la vida en la región. Ahora un minero artesanal gana seis millones de pesos a la semana (tres mil dólares) y eso cambia los valores y consumos de la gente”.
Los dueños de las retroexcavadoras contratan a la población de las veredas para que los ayuden a atravesar por los ríos y los lugares más difíciles, lo que hacen a pulso ayudados por cuerdas. Pagan muy bien. “Se disparó la prostitución y la deserción escolar”, explica con tristeza.
En la zona norte del Cauca, la población está dividida y las comunidades indígenas presentan actitudes opuestas. Algunos resguardos, como Caldono y Canoas, se pronunciaron contra la minería, pero en otros como Tacueyó y Las Delicias hace muchos años hay actividades mineras. “Depende de la fuerza del cabildo”, explica un joven nasa de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca (ACIN).
“Algunas comunidades se dedicaron a tapar con tierra los socavones, pero en otras son los jóvenes los más empeñados en trabajar en la mina”. Con la minería no sólo se producen divisiones, sino que empieza la explotación entre los propios indígenas.
En el municipio de Buenos Aires, al norte del departamento, la relación de la comunidad con la minería ilegal es bien compleja. La población es mayoritariamente negra, otra parte es indígena, pero han perdido el control sobre la extracción, dominada por los paramilitares del Bloque Calima. “La gente vende su tierra o la echan por la fuerza”, explica. “Excavan pozos gigantes donde se meten cientos de personas”.
Más de 10 mil hectáreas del municipio se encuentran concedidas a particulares y multinacionales, La tercera parte del municipio ha sido despojada a las comunidades. “Cuando fuimos a sacar los retroexcavadores casi nos damos machete entre los mismos comuneros”, señala un nasa, destacando los problemas de alcoholismo que se registran en el entorno de las minas.
De la coca al oro
La minería suele asentarse sobre los territorios étnicos. Lo hace por la fuerza, subordinando o desplazando a las poblaciones que están asentadas desde hace siglos. Un modo muy similar al de los monocultivos.
El informe de Coconauca , señala que en la región del Pacífico “el territorio colectivo de las comunidades negras ha sido afectado por el flagelo de la coca, el saqueo irracional de recursos naturales (forestal) y la minería ilegal con la creciente crisis humanitaria por la baja producción alimentaria y el conflicto armado cuyas consecuencias se reflejan en la migración y desplazamiento forzado” .
Agrega que el ministerio de Minas y Energía ha expedido títulos sobre los territorios étnicos que tienen propiedad colectiva, a favor de empresas multinacionales y agentes locales. En los tres municipios de la costa del Cauca (Guapi Timbiquí y Micay), hay casi 200 retroexcavadoras en una región de apenas 70 mil habitantes.
“Los aparatos ingresan con la anuencia de las autoridades violando los derechos de las comunidades. La minería está acompañada de señalamientos, ruptura de las dinámicas organizativas, amenazas, asesinatos, desplazamientos, enfrentamientos y cambios sociales (disputas familiares, mendicidad, prostitución, alcoholismo entre otros)” .
El Código Minero aprobado en 2001 tiene un efecto negativo para los mineros artesanales, que podrían frenar el despliegue de la minería mecanizada. “Eliminó las categorías de pequeña, mediana y gran minería, a las que recogió en las llamadas Unidades Productivas Mineras en las que están en igualdad de condiciones el pequeño minero y el gran inversionista” .
En Colombia la minería sigue una lógica y un modo de operar muy similar al negocio de la coca y la cocaína. Un informe de Indepaz (Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz), sostiene que “la minería ilegal no ha desplazado al narcotráfico, por el contrario se sirve de ella para el lavado de sus activos y en algunos casos para ayudar en las finanzas de estos grupos” .
El informe de Indepaz asegura que en los departamentos de Cauca y Nariño, son las FARC y grupos paramilitares como “Los Urabeños” y “Los Rastrojos”, los que “controlan actualmente la explotación minera ilegal en la Costa Pacífico” . Las conclusiones del informe son tremendas y abren interrogantes sobre el futuro.
“En zonas como Timbiquí en el Cauca e Istmia en Chocó, la minería ilegal es el alimento de los grupos armados al margen de la ley que protegen os corredores selváticos por los cuales se mueven los estupefacientes. La presencia de actores armados se justifica por parte de los mineros como un instrumento de prestar seguridad para evitar los atracos y extorsiones” .
La maquinaria pesada debe pasar por retenes donde debe pagar un peaje a los grupos armados. Los modos de operar son idénticos a los que se conocen para la coca. Se paga un “gramaje minero” para autorizar la explotación; los grupos armados negocian con los dueños de las retroexcavadoras para ingresar la maquinaria y tienen control sobre la cantidad de oro que se extrae para cobrar su porcentaje.
Según el trabajo mencionado, hay variaciones por regiones y por presencia de cada grupo armado en cuanto a los porcentajes que perciben los diversos actores. En todo caso hay coincidencia en el papel corruptor de la actividad minera ilegal, que genera una vasta red de complicidades muy difíciles de desmontar . Los grandes afectados son los pueblos afros e indígenas, los campesinos y las mujeres y niños que viven en los territorios que albergan oro y otras riquezas.
Al parecer, los diferentes actores se van posicionando de cara a la posible finalización del conflicto armado. En las negociaciones de paz, las FARC han reconocido que en sus planes figura, respecto a la coca, “poner fin a cualquier relación que, en función de la rebelión, se hubiese presentado con este fenómeno” . Algunos observadores, que prefieren el anonimato, creen que la minería puede ser una estrategia de financiamiento alternativa para los grupos que hoy están en armas.
Nota
Agrotóxicos: la Corte Suprema avaló las fumigaciones que sufren 1.021 escuelas rurales en Entre Ríos
La prohibición de fumigar a menos de 1.000 metros de escuelas fue reducida a 100 metros por decreto del gobernador de Entre Ríos, y ahora la Corte avaló esa decisión. La apelación de vecinas y vecinos fue rechazada por sus cuatro integrantes basándose en el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que admite el rechazo de la Corte “cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”. La fumigación con productos cancerígenos sobre niños y docentes quedan en ese ámbito según el fallo que será apelado esta vez ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La falta de acceso a la justicia, la burla al derecho, el desamparo de las comunidades en una provincia donde reinan el lobby del agronegocio, la contaminación y el ambiente tóxico, en la voz de las y los afectados.

Por Francisco Pandolfi
El 28 de febrero pasado el máximo tribunal del país falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos. Hasta el momento, tenían un resguardo de las fumigaciones de agrotóxicos a una distancia de 1.000 metros en aplicaciones terrestres y de 3.000 en aéreas. Ahora la resolución posibilita el uso de venenos a sólo 100 y 500 metros respectivamente, límites establecidos por el decreto del Poder Ejecutivo impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, alineado con el agronegocio.
¿Qué es lo “insustancial”?
La Corte, conformada por los jueces Horacio Rosatti –presidente–, Carlos Rosenkrantz –vicepresidente–, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se tomó desde febrero de 2020 –cuando se elevó la apelación– hasta febrero de 2023 para responder un puñado de palabras: “El recurso extraordinario, cuya denegación origina la presente queja, es inadmisible (art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Por ello, se desestima la presentación directa. Notifíquese y archívese”.
El artículo 280 aclara el porqué de la negativa al amparo presentado por el Foro Ecologista de Paraná y la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER): “La Corte, según su sana discreción, y con la sola invocación de esta norma, podrá rechazar el recurso extraordinario, por falta de agravio federal suficiente o cuando las cuestiones planteadas resultaren insustanciales o carentes de trascendencia”.
A esta última instancia se llegó luego de varios años de denuncias, enfermedades, resistencias y muertes. Aldana Sasia es abogada especialista en lo ambiental, integrante de la Coordinadora Basta es Basta y del Foro Ecologista, y quien presentó el recurso de queja. El panorama: “Es una lucha que viene desde hace muchos años; antes del proceso judicial, desde distintas organizaciones y a través del gremio docente AGMER, se había iniciado la campaña Paren de Fumigar las Escuelas, porque había muchos casos en que se pulverizaba al lado, en horario de clase. Hubo un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que tuvieron que suspender las clases. Las organizaciones nos unimos y acudimos a la Justicia en 2017, cuando presentamos el primer amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvimos la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañamos en el reclamo. Ese fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero 2018 el gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros”.
¿En qué se basó el decreto para reducir las distancias? “No se fundó en ningún estudio científico, ni en investigaciones epidemiológicas, así que pedimos su anulación y la Justicia nos dio la razón”.
En aquel momento, abril de 2019, el entonces presidente Mauricio Macri visitó la provincia y –con evidente desconocimiento de lo que decía– planteó que el fallo judicial era “una ley absurda que no se basa en ningún rigor científico”. Mezcló fallo judicial con ley, con una única intención intención obvia: favorecer el agronegocio.
Continúa la abogada: “Sin embargo, a mediados de 2019 Bordet sacó otro decreto en el que volvió a reducir las distancias, presentando investigaciones científicas que se basaban en la volatilidad de la gota, o sea, hasta dónde puede llegar, cuyos ensayos no eran con veneno sino con agua, cuando la volatilidad es otra”. (Las partículas de los agrotóxicos tienen una capacidad de dispersión mucho mayor que las del agua y su grado de permanencia en distintos sistemas es enorme, por lo que se ha llegado a detectar este tipo de venenos hasta en la Antártida, o impregnando productos comerciales como pañales y tampones en el caso del algodón).
“Esas mediciones de volatilidad para nosotros son nulas, no tienen ningún sentido porque ni siquiera las hicieron con los productos que se usan realmente para fumigar, que no es lo mismo que rociar con agua. Además, el 80% de lo que se fumiga no cae en el sembradío, sino que va para otros lados, porque depende de la temperatura ambiente, de los vientos, del producto que se aplica. Es imposible calcular hasta dónde va a llegar cada fumigación”.
Agrega Aldana Sasia: “En medio de ese proceso, el gobierno provincial sancionó una ley que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia, cambió la conformación de la sala que venía tratando el tema y nos fallaron en contra, confirmando el decreto 2239 del Poder Ejecutivo. Ante esa sentencia, elevamos el amparo a la Corte Suprema, que acaba de resolver que las fumigaciones a las escuelas rurales no son una cuestión trascendente. Esto deja claro que el acceso a la justicia ambiental en nuestro país no existe”.

–¿Cómo puede explicarse que la Corte se expida de esta manera, en cinco renglones y después de tres años?
–Veo dos fundamentos en esa decisión. Por un lado, que resolver sobre instancias de fumigaciones de agrotóxicos en Argentina es sumamente complejo y podría llegar a debilitar toda una matriz productiva que tiene el Estado, que es la única salida que hoy avizora para sacar adelante un país o para pagar y arreglar con el Fondo Monetario Internacional. El otro fundamento es el burocrático: la Corte está llena de causas, todo se apela a la Corte Suprema de Justicia, sus miembros no saben lo que firman porque sacan cientos de sentencias. Deben ser muchos más, es lamentable la composición del órgano máximo con sólo cuatro miembros: hoy deben resolver alrededor de una sentencia cada 30 minutos. De esta manera, el acceso a la Justicia es limitado y acotado, y la Corte Suprema se convierte sólo en una caja recaudadora, ya que para acceder a ella hay que pagar un monto considerable. Esto también influye en que la trascendencia que tienen este tipo de causas no sean valoradas del modo que amerita.
¿Docentes centinelas?
El decreto 2239 que rige en toda la provincia de Entre Ríos, además de achicar las distancias de resguardo, creó un órgano de control de las fumigaciones con el nombre de “Unidad de Centinela”, integrado por un ingeniero agrónomo y por cada director de la escuela rural fumigada.
Estela Lemes es desde hace 23 años la directora de la escuela rural N° 66 Bartolito Mitre, de la localidad de Costa Uruguay Sur, departamento de Gualeguaychú. Tiene 58 años y se presenta como maestra rural, no como directora. Por la exposición a los agrotóxicos, se le detectó glifosato en el cuerpo, una atrofia muscular y un deterioro neuronal «que no tiene vuelta atrás», le dice a lavaca desde una de las aulas “rodeada de campo”.
¿Los obligan a cumplir la función de centinela? “Cuando a los directores nos llamaron para adoctrinarnos acerca de eso, yo les dije que no pensaba participar. Es una locura por donde se lo vea. Le hacemos el trabajo a quienes nos fumigan, analizando si están bien tomadas las medidas desde dónde se va a fumigar, como si los docentes no tuviéramos trabajo; nos quieren agregar más y encima ese. Lo rechazo y lo repudio; un trabajo gratis y nefasto, mientras ellos nos siguen envenenando”.
Estela habla con dulzura que más allá de la angustia que le genera el tema del que habla: “Yo pensé que iba a salir favorable la sentencia, porque quién puede querer que fumiguen a los gurises en una escuela. Si vos les preguntás a la gente común, nadie quiere eso, no hay licencia social, pero hay un trasfondo: por culpa de muchos años de malas políticas económicas, hoy se depende de un modelo productivo que tira veneno sobre los gurises. No les importa que sus plantaciones están rodeando las escuelas rurales. Hay mucho dinero en juego para el lobby y hay una estructura judicial a favor de que fumiguen con veneno, sino no hay manera de que hayan fallado en contra”.
Hace una pausa, y suma: “Encima tardaron tres años para escribir cinco renglones y con tanta liviandad nos dicen que nuestro reclamo no tiene trascendencia. Tengo mucha bronca, indignación, vulneran los derechos de mis gurises y del ambiente. Es muy doloroso; no me había pronunciado hasta ahora porque termino llorando y no me hace bien”.
–En lo cotidiano, ¿qué significa que puedan fumigar a 100 metros de las escuelas?
–Nuestra escuela está rodeada de campos; el alambrado está pegado a uno donde, gracias a la lucha que dimos desde hace cuatro años, ahora se dedican a la ganadería porque no querían que los siguiéramos denunciando. Pero hay campos muy cercanos que sí siembran y fumigan. Para que se entienda: que tiren venenos a cien metros es como que vos estás en tu casa y te fumiguen en tu patio o en tu vereda, porque la deriva llega a kilómetros. Este fallo de la Corte les abrió la tranquera a estos señores para que apliquen cuando quieran. De hecho, hace unos pocos días lo hicieron en una escuela de Gualeguay, sin receta y en horario de clase, lo que no está permitido. La decisión del tribunal minimiza el problema y así van a aparecer más casos… muchos más casos.
La Corte y el lobby sojero
En Gualeguay vive Ramón Velázquez, docente de primaria desde hace 15 años, referente del Foro Ambiental, coordinador del proyecto de forestación Gualeguay Te Quiero Verde e integrante del colectivo Humedales en Red. Es maestro de la escuela Nº 3 “Marcos Sastre”, tiene 45 años y mucho por decir: “El fallo de la Corte es la cara del lobby sojero, del agronegocio; después de tanto tiempo esperábamos otra resolución. Tanto la Corte Suprema de Justicia como el gobierno provincial tienen responsabilidades directas con este modelo agroexportador perverso y dañino, que deja fumigar a la gurisada”.
La pulverización sin receta agronómica y en horario de clases se llevó a cabo el pasado 9 de marzo en la Escuela Nº 51 “Sofía Clotilde Fernández”. Explica Ramón: “De la escuela no quieren hablar, porque sucede que los mismos peones mandan a sus hijos a estudiar; es algo muy complejo y nos pasa siempre. Hace tiempo, junto a Estela Lemes fuimos a dar una charla a una escuela y nos esperaba una patota sojera. Había montones de padres de los gurises, gente de la Sociedad Rural, de algunas federaciones, todas dependientes de este modelo. Cuando terminamos de hablar tuvimos algunos altercados. Podrán argumentar lo que quieran, pero me pregunto, ¿se necesitan más pruebas que el veneno encontrado en el cuerpo de Estela? Hace poquito se encontraron agrotóxicos en la cuenca del Río Uruguay, uno de los más importantes de la provincia; tenemos el veneno en el agua, en el suelo, en el aire y en tantos cuerpos por lo que ingerimos permanentemente”.

El Derecho, analizado a los 12 años
Hay muchas coincidencias en lo que denuncian Estela y Ramón. En el fondo del problema, en las formas del problema, y también en donde hacen foco principal: la niñez; las y los gurises.
Constantino tiene 12 años y es nieto de Estela. Vive en la ruralidad, en el municipio de Costa Uruguay Sur. Nació con problemas respiratorios porque su mamá, en el embarazo, estuvo expuesta a los pesticidas. Tiene pelo largo, sonrisa ancha y una timidez que no le impide contarle a lavaca sobre sus convicciones, deseos y sueños de un futuro distinto: “Es importante resguardar la salud del ambiente y de los niños y maestros de escuelas rurales. Es un derecho que tenemos y que no debe ser vulnerado”.
Habla con firmeza : “Es necesario el cuidado del ambiente porque es nuestra casa común y si seguimos permitiendo su destrucción no habrá nada que dejarle a los niños del futuro. Mi abuela me contó lo que decidió la Corte Suprema y no me gustó; no quiero que fumiguen más niños y niñas de las escuelas rurales”.
El año pasado, Constantino junto a dos compañeros fueron los únicos representantes de la provincia en la Consulta Regional del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, sobre el cambio climático y sus consecuencias. “Participé con dos amigos, Bauti y Candy. Fue una linda experiencia donde nos expresamos sobre el tema; estuvo genial, porque había niños y niñas de toda América Latina y del Caribe. Además. En esa visita a Buenos Aires también hicimos la ronda con las Madres de Plaza de Mayo”.
Lorenzetti y Bordet no responden
En el Hospital Garrahan, reconocido centro pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires donde llegan a atenderse infancias de todo el país, trabaja Mercedes “Mechi” Méndez, enfermera comprometida desde hace más de una década en la denuncia de los efectos de los agrotóxicos. No habla representando a la institución, con la cual lleva adelante una lucha interna por la negación de la problemática concreta, por no tener una historia clínica ambiental, por no contar con un laboratorio para pesquisar los tóxicos que las niñeces llevan en sus cuerpos.
Habla desde su labor, en el sector de Cuidados Paliativos. Lo que la moviliza es no no ver morir a más infancias de los pueblos fumigados: “El día que salió el fallo de la Corte justo estaba en Paraná, acompañando ‘La ronda de los martes’ (actividad que desde el 2017 organiza la Coordinadora Basta es Basta, rodeando la casa de Gobierno de Entre Ríos para exigir el fin de las fumigaciones).
La de la Corte es una decisión inexplicable, totalmente perversa que da una libertad absoluta para continuar envenenando. Tuve la posibilidad de visitar escuelas rurales, alumnos, y de escuchar sus relatos, de ver sus dibujos sobre el tema. Me acuerdo de uno en que una nena sangraba con los ojos hinchados; otro en que los animales vomitaban. A los niños no sólo los fumigan en la escuela, también mientras van o vuelven de las clases. Es un modelo de exterminio”.
Para acompañar la apelación de las organizaciones ambientales, la Defensoría de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Nación también hizo una presentación a la Corte Suprema exigiendo su resguardo.
“Tampoco les importó ese pedido. Ni que en la causa nosotros presentamos estudios sobre la composición del agua, el aire, la tierra, que daba cuenta de la presencia de sustancias peligrosas, así como en la sangre de muchos niños”, afirma la abogada Aldana Sasia. “La Corte dejó mucho que desear. El juez Ricardo Lorenzetti en sus conferencias, en sus libros, habla de la importancia del cuidado del ambiente, pero borra con el codo lo que escribe con la mano. Nada de lo que viene diciendo en tantos papeles escritos se está aplicando”.
Tanto el pedido de entrevista a la vocera de Lorenzetti, como al propio gobernador Bordet, no fueron respondidos a lavaca, actitud recurrente y antidemocrática de los funcionarios implicados en estos temas.
Denuncia en la CIDH
¿Cómo se sigue, tras la sentencia del máximo tribunal nacional?
Aldana: “Por un lado, queda acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para proteger a los más vulnerables, que son los niños y niñas que van a la escuela. Por el otro, interponer un amparo porque el decreto del Poder Ejecutivo no se cumple: los monitoreos de las fumigaciones se iban a hacer a través de GPS en cada una de las máquinas fumigadoras, toda una proyección tecnológica que no se hizo a la fecha. También prometieron la forestación de barreras arbóreas y no lo cumplieron”.
Estela: “Tenemos que ir a diferentes instancias judiciales para seguir explicando que no deben tirar veneno. Que debamos insistir en esto, habla de la insensatez que vivimos como pueblo. Sin embargo, estoy convencida de que no debemos abandonar la lucha por las presentes y las generaciones que vienen. Vivir en el campo es un privilegio, mientras no te fumiguen”.
Ramón: “Este fallo de la Corte Suprema no nos va a hacer bajar los brazos. Vamos a seguir trabajando, generando encuentros, conversaciones, acompañándonos, con escucha, con abrazos, con amor por el otro. Todo eso que no está en el modelo agrotóxico”.

Nota
Mía: Cuando el arte abraza

Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.
“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.
Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.
En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”.

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.
MU Trinchera Boutique, Riobamba 143
Sábado 18 de marzo a las 21 hs
Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi
Entradas “a la olla”.
Podés reservar en este link:
Nota
Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.
Por Cristina Montserrat Hendrickse
Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.
Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.
Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.
Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.
Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.
De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.
No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.
En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.
De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).
La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.
La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.
Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.
Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.
En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.
Cristina Montserrat Hendrickse
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