#NiUnaMás
Moreno Ocampo y el juicio por Lucía Pérez: una mirada sobre el periodismo, los jueces y los límites

“Acá hay un conflicto entre la debida protección de un proceso judicial, y la libertad de expresión” dijo a lavaca Luis Moreno Ocampo –abogado y ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares en 1985– ante el conflicto planteado por el Tribunal por las notas publicadas en nuestra agencia, de las que cuestionaron, paradójicamente, su excesivo apego a la precisión en los testimonios y eventos de las audiencias. Los jueces, la prensa, lo que se ve en las películas y qué cosas realmente podrían entorpecer los juicios orales y públicos. Por Sergio Ciancaglini.
Star Wars, Salvando al soldado Ryan, Apocalypse Now, Rambo III (“Cuando los talibanes eran buenos para los norteamericanos y Rambo peleaba junto con ellos contra los soviéticos”), o series como Homeland.
En una comunicación de lavaca con Luis Moreno Ocampo, instalado en Malibú (California, Estados Unidos) el ex fiscal del juicio a las juntas militares alcanza a nombrar esos títulos que son parte de su arsenal pedagógico en la materia “Crimen, guerra, y justicia” que dicta en la Escuela de Arte Cinematográfica de la Universidad del Sur de California, que financian dos personas aparentemente relacionadas con el tema: Steven Spielberg y George Lucas.
Pero el contacto es por otras batallas y otros crímenes, para conocer la opinión del ex fiscal sobre otro juicio oral y público y sobre algunos debates que ha generado acerca de los tribunales, el periodismo, la libertad de expresión, los juicios justos y el rol de la verdad.
Lo que pasó
En Mar del Plata se está desarrollando el juicio oral y público por el crimen de Lucía Pérez (16 años) ocurrido en 2016.
Tras la primera audiencia (el martes 7) lavaca publicó esta nota https://lavaca.org/notas/lucia-perez-nuevo-juicio-nueva-tortura-para-la-familia-y-otra-vez-el-foco-en-la-victima/
El artículo provocó el miércoles que la policía de Tribunales fuera a constatar en la sala en la que trabajan los seis periodistas acreditados que no se estuviesen grabando las audiencias.
Comprobado que los enviados por lavaca (Anabella Arrascaeta, única periodista mujer acreditada), Qué digital, Infobae, Telam, Clarín y La Capital no grababan sino que tomaban veloces notas sobre lo que escuchaban, los jueces llamaron a cuarto intermedio ante las quejas de la defensora oficial María Laura Solari y del defensor privado César Sivo por la excesiva “textualidad” de dicho trabajo. El policía había aclarado que el foco del cuestionamiento estaba en lavaca, y de hecho el presidente del Tribunal recibió al grupo de periodistas exhibiendo una copia de la nota de nuestra agencia. Planteando que se los convocaba a pedido de “las partes”. Tanto los y las abogadas de los acusados como de la querella observaban en silencio.
Una curiosidad: no se cuestionaba (como suele ocurrir) alguna distorsión, mala información o error, sino lo contrario: la veracidad y precisión del artículo que, según dijeron los abogados de los imputados, “podría entorpecer el desarrollo del juicio”.
Los periodistas acreditados explicaron que tratan de reflejar con la mayor precisión lo ocurrido, y que los textuales y encomillados se deben justamente a diferenciar las declaraciones de los testigos dentro del texto, para que se comprenda claramente quién habló y qué dijo. ¿Cómo sería posible que haya menos textualidad? Varios de los acreditados reconocieron que nunca habían vivido una situación semejante. La exhibición de la nota de lavaca podría ser tomada como un gesto de amedrentamiento, porque tampoco contestaron los jueces a los periodistas cuáles serían los límites que esperaban lograr.
Esta fue la segunda nota que publicamos sobre ese llamativo y acaso confuso encuentro https://lavaca.org/notas/contar-la-verdad-sobre-la-cuestion-de-informar-en-el-segundo-juicio-por-el-femicidio-de-lucia-perez/
El jueves la periodista Luciana Peker recomendó en Radio con Vos leer las crónicas de lavaca, y el conductor del programa Pasaron Cosas, Alejandro Bercovich, sugirió que si los jueces no quieren que se sepa lo que ocurre en las audiencias, en el programa van a leer esas crónicas al aire.
El gesto tiene un antecedente: en 1985 tampoco podía grabarse el juicio, ni transmitirse por radio ni por televisión. La prensa escrita sí estaba autorizada a hacer su trabajo, registrando los testimonios, muchos de ellos de personas secuestradas por la dictadura o de familiares de muertos y desaparecidos en lo que el fiscal Julio Strassera llamaría “el mayor genocidio de la joven historia de nuestro país”.
Esas crónicas escritas, publicadas en los diarios, luego eran leídas en las radios. Caso emblemático, entre tantos: Magdalena Ruiz Guiñazú. Aquellas descripciones periodísticas permitieron a la opinión pública informarse y comprender lo que estaba ocurriendo en la sala de la Cámara Federal. Y con el tiempo nutrieron investigaciones como la que llevó al director Santiago Mitre a hacer su película. Sin aquella memoria escrita de lo ocurrido (que Mitre se preocupa por exhibir en el film) Argentina, 1985 posiblemente no hubiese sido lo que es.
Preguntas y respuestas
“Acá hay un tema que es el conflicto entre la debida protección del proceso judicial, y la libertad de expresión. O sea: hasta qué punto una declaración textual puede afectar la postura de futuros testigos en el juicio. Y la otra cuestión es hasta qué punto son admisibles determinadas preguntas en un proceso judicial. Si las preguntas son improcedentes, lo que los jueces tienen que hacer es evitar esas preguntas que no tienen que ver con el proceso, cosa que ya estaba planteada al anularse el primer juicio” explica Moreno Ocampo. “Y también tendrían que plantearlo el fiscal y los abogados de la querella”.
Se refiere el abogado al juicio de 2018 anulado por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires con argumentos como estos: El fallo “inexplicablemente se enfoca a indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.
Esa sentencia se basó, dice Casación, “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, con “concepciones sexistas inocultables”, y por eso califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”.
Moreno Ocampo: “No se puede transformar la vida previa de la víctima en el tema del juicio”.
Otra reflexión: “Me parece que un punto de proceso penal es la veraciad de los testimonios. Si los jueces creen que una declaración muy textual tomada por los periodistas puede afectar futuros testimonios, es algo que podrían discutir y ver cómo manejar. Lo que se busca es que los testigos no sepan lo que dijeron testigos anteriores, para evitar distorsiones en su declaración”.
“Pero al mismo tiempo el juicio es público. Aunque el periodista no escriba lo que ocurre, alguien puede mandar gente a escuchar a otros testigos a la audiencia para saber qué dicen y manipular futuros testimonios. Lo que es importante es que no se afecte la libertad de expresión. Pero es lógica la preocupación de preservar los testimonios”.
Sin embargo eso no ocurrió. En la audiencia del miércoles uno de los testigos dijo en la propia audiencia que había estado comentando el caso con otros dos testigos en la antesala. “Ah, no” responde Moreno Ocampo. “Eso sí que no puede ser. Es lo que cualquiera ve en las películas. El testigo espera en una sala fuera de la audiencia solo, sin escuchar al testigo anterior. No pueden estar juntos, hablando del tema, y que el Tribunal lo permita”.
¿Cómo debería ser tomado el llamado a los periodistas por parte de los jueces?
“Me parece importante que los jueces expliquen muy bien su decisión, que digan claramente que no quieren afectar la libertad de expresión, que hay que cuidar el proceso, pero que entiendan que es público. Si alguien quiere manipular una prueba no hace falta que lea en los medios lo que pasó en la audiencia, basta que mande alguien a que escuche lo que dicen otros testigos y ya puede hacerlo. Los jueces tienen que ser muy claros en eso con respecto a la relación con los medios de comunicación. Y en la otra cuestión, los jueces tienen que ser muy claros para evitar que la víctima sea el tema de investigación del juicio. El tema es qué le pasó a ella, no lo que ella hacía”.
Carta a los jueces
-Bien, pero eso es lo que las notas de lavaca intentaron mostrar.
-Me parece muy importante que todos tomen sus decisiones. Así como los periodistas toman decisiones sobre qué publicar y deben ser respetados, los jueces que toman decisiones de plantearles a los periodistas que no publiquen ciertas cosas también deben ser respetados. Habría que preguntarle respetuosamente a los jueces cuáles son los límites y as razones por las que hicieron lo que hicieron.
-La nota cuestionada no se refería tanto a las respuestas de los testigos, sino a las preguntas de los abogados, que tenían el tono y contenido que hicieron anular el juicio anterior. Y eso sí fue entorpecer el proceso.
-Bueno, pero lavaca que fue expuesta en el argumento de los jueces, tiene derecho a saber cuáles son las razones o límites que esos jueces pretenden establecer. Yo enviaría una carta a los jueces. Explicaría que la prensa no tiene ningún interés en afectar el debido proceso, y habría que pensar que ellos tampoco quieren afectar la libertad de prensa. ¿Cuál es el límite que quieren poner? Señores jueces: consideramos que publicar las preguntas de los defensores no puede ser un problema para respetar el juicio justo. Y tampoco creemos que sea un problema publicar las respuestas. No afectarían un juicio justo, porque las respuestas son públicas: aunque el periodismo no las publicase, si alguien quiere afectar el juicio justo puede enterarse y manipular esos testimonios para incidir en otros testigos. No hay por qué pensar que la difusión periodística vaya a afectar más que la difusión privada de cualquier persona que presencie el juicio.
El final de una misiva que todavía no existe, en la imaginación de Moreno Ocampo sería más o menos así: “Señores jueces, con todo respeto queremos pedir que clarifiquen cuál es la situación interpretando que todos queremos colaborar para que este caso emblemático pueda avanzar sin ninguna traba, tanto en el proceso como desde el punto de vista del valor de la libertad de expresión”.
“En Argentina hay una tendencia a denunciar, pero también hay que discutir a veces con quienes tienen que resolver” dice el profesor antes de sumergirse nuevamente en la pedagogía de imágenes sobre crímenes y justicia que muestran las series, las películas, los talibanes y las guerras de sus galaxias.
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El 3J, diez años después: “El país está preso del Poder Judicial”

Un 3 de junio sin movilización en la ciudad de Buenos Aires (pasó para el 4) pero sí en el resto del país, encontró sin embargo a integrantes de Familias Víctimas de Femicidios y Desapariciones en la Plaza de Mayo con dos enormes pancartas que rodearon la Pirámide con los nombres escritos a mano de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y lo que va del 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otros lugares del país. Lo que dicen las familias sobre lo narco, el poder judicial, y de dónde se saca fuerza para seguir.

“Estamos otra vez acá. No es la primera vez ni va a ser la última, pero estamos acá visibilizando lo que nos pasa, como lo tratamos de hacer todos los años, todos los meses, todos los minutos de nuestras vidas” dijo en Plaza de Mayo Marta Montero, la madre de Lucía Pérez, junto a la Pirámide donde Familias Víctimas de Femicidios instalaron dos pancartas que rodearon totalmente ese monumento, con los nombres de las mujeres asesinadas en 2024 (317) y estos meses de 2025 (116). La actividad en Plaza de Mayo se sumó a los actos y marchas realizados en Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza, Santa Fe y Tucumán, entre otras.

A su lado estaba Susana Reyes, la madre de Cecilia Basaldúa, que agregó: “Yo estoy acá para que paren de matarnos y para que se haga justicia por todas las que nos faltan. No queremos que haya más mueres, hay mucha complicidad policial, judicial, política y estamos cansadas, pero vamos a seguir peleando y reclamando para que esto cambie en algún momento.
Mónica Ferreyra es la madre de otra joven asesinada, Araceli Fulles: “Ojalá nadie tenga que sentir el dolor que sentimos nosotras. Lo único que queremos es justicia. Pero te encontrás con un Poder Judicial y encima con una política de dejar que los narcotraficantes entren al país. Cada vez hay más narcos en la calle, que venden más droga, y usan a las chicas que se las entregan por drogas, y después las descartan. En el caso de mi hija todos los que la mataron están sueltos, y eso que a tres les dieron perpetua. Pero no cumplieron ni un año y los soltaron. El que la mató es narcotraficante. Ahí te das cuenta de cómo es que funciona el Poder Judicial”.

Guillermo Pérez, el padre de Lucía Pérez: “Uno ve lo de Maradona y la jueza, y la justicia parece un chiste. En el caso nuestro van a hacer otro juicio, ya van como seis. Cada vez que pueden le degradan la pena a los que también fueron narcos que vendía droga en la puerta del colegio al que iba mi hija. Pero hubo un juicio, tuvieron que anularlo, hicieron otro, también lo mandan para atrás. Un jury (juicio político) que fue un escándalo. Y casi nunca se logra justicia. Somos un país que está preso del Poder Judicial. Un país sin justicia, o con una justicia que sigue siendo un chiste”.
Susana: “Es cierto, el caso de Cecilia está impune hace cinco años porque metieron preso a un perejil, un chico que pasó dos años en la cárcel y era evidente que no tenía nada que ver. Lo tuvieron que liberar porque la fiscal Paula Kelm no tenía una sola prueba en su contra, fue vergonzoso, todo armado por la fiscal, por la policía, o sea que es una violencia permanente de la justicia contra la gente”.

Marta saludó a personas y familias que se acercaron al ver los carteles, incluso familiares de otra mujer asesinada en 2017 que terminaron participando del encuentro. Dijo Marta: “No queremos ni una más, ni una mujer muerta más. Las cifras son espantosas y vamos a seguir luchando aunque a veces parezca una utopía. Pero creemos que algún día lo vamos a lograr”.
Susana comentó que hasta la figura de femicidio pretende ser eliminada. Marta: “Claro, es lo que están haciendo en el nuevo juicio por lo de mi hija. Quieren romper todos los derechos, y el Estado no se quiere hacer cargo de nada. Lo que busca es la impunidad en estos casos, y así tenemos casi 450 mujeres muertas en menos de un año y medio, que los nombres de cada una están en estos carteles. Yo decía que creo en la utopía, pero también sé que nuestra lucha será infinita”.

En esa especie de infierno al que son sometidas las familias, ¿de dónde se saca fuerzas para seguir?
Susana: “Del amor que nos dejaron nuestras hijas, de la gente que nos acompaña y de nosotras mismas que nos contenemos para estar juntas y poder seguir adelante”.
Mónica: “Aparte del amor que nos dejaron, también es el amor por hacer justicia. Es como que la impotencia y el dolor, en lugar de frenarnos, nos dan fuerza para seguir pensando que queremos justicia para nuestras hijas”.
Guillermo: “Si no hay justicia, seguiremos en la lucha. Esa es la respuesta que tenemos que dar, pase lo que pase”.
Marta: “Nunca se las vamos a hacer fácil. Nunca nos vamos a dar por vencidos. Que nunca crean que nos han ganado. Es cierto, la fuerza la tenemos del amor y de seguir adelante siempre por la memoria de nuestras hijas”.


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A 10 años del 3J: quién grita hoy contra los femicidios, el ajuste y la crueldad

El aniversario del grito masivo encuentra dos escenarios muy diferentes: con actividades y movilizaciones que cada año suman más participación en las provincias y con una convocatoria en CABA que posterga un día el Ni Una Menos para sumarse al reclamo de las y los jubilados.
Las cifras de víctimas de femicidios siguen siendo tan alarmantes como las que despertaron el Ni Una Menos hace una década, cuando el asesinato de Chiara Páez, la adolescente santafesina de 14 años, impulsó la primera convocatoria el 3 de junio de 2015. Sin embargo, mientras el gobierno de Javier Milei desmantela programas, recorta presupuestos destinados a prevenir las violencias, niega los crímenes por motivos de género, busca derogar la figura de femicidio y hasta “celebra” en redes sociales que supuestamente “bajaron los homicidios de mujeres” la convocatoria de este año marca un síntoma.
En la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas, las organizaciones políticas y sindicales nucleadas en la asamblea Ni Una Menos decidieron cambiar la fecha de la movilización al Congreso de la Nación para el miércoles 4 de junio, para unirse a las y los jubilados que reclaman desde hace meses contra el ajuste y la crueldad libertaria. En el resto del país, se mantiene el 3 de junio como fecha de encuentro y marchas. Ese día, también habrá acciones puntuales en territorio.

Familias Víctimas de Femicidios en una de sus acciones el 3J de 2023.
3J federal
Las Familias de Víctimas de Femicidios y Desapariciones –que llegarán con mucho esfuerzo desde diferentes puntos de la Argentina– realizarán el 3 de junio una asamblea abierta a las 12, en Plaza de Mayo, donde compartirán sus testimonios, sus difíciles caminos en busca de justicia y se abrazarán en el grito de “Ni una Más”. Al terminar el encuentro, caminarán hasta el Congreso de la Nación para sumarse a la actividad que organiza Atravesadxs por el Femicidio, otra de las organizaciones que reúne a familiares de víctimas. Este año, Atravesadxs realizará una intervención fotográfica sobre la plaza entre las 9 y las 17.
La socióloga Marisa Fournier, integrante de la colectiva Conurbanas Transfeministas, cuenta que en las asambleas que realizaron en el oeste y noroeste bonaerense para definir las acciones para esta fecha apareció el cansancio, pero también la fuerza. “Entonces nos preguntamos: ¿cómo insuflamos la energía militante feminista y la creatividad?”, sintetiza.
En este contexto creían que era necesario hacer algo el propio 3 de junio y en el territorio, más allá de que la movilización este convocada para el 4, porque “el año pasado muchas decidieron no apostar a lo territorial y la marcha de CABA fue muy flaca”. En ese sentido, explica: “Nos parece muy saludable y estratégico enlazar con esta resistencia histórica que están llevando adelante nuestros viejos y nuestras viejas”.
También veían conveniente salir de la declamación o la denuncia y pensar en algo que reconforte y genere más red.
“Decidimos no hacer marchas locales ni documento, y realizar una intervención para el 3J en San Miguel, uno de los municipios más hostiles en políticas de género”, explica Fournier. La propuesta es fruto de una articulación entre Conurbanas, la cooperativa Frida Kahlo, Acción Territorial Rebelde (ATR), La Colmena y trabajadoras de organizaciones territoriales. Se realizará en la plaza principal, frente a la Municipalidad. Habrá fuego en forma de velas o antorchas, y se va a recuperar una intervención que creó Sandra Posadino, llamada PREnDAs, en la que cada prenda representará la forma en que fue cometido el femicidio. “Este 3 de junio, recuperamos el arte y la performatividad como parte de nuestros lenguajes”, asegura Fournier.
En Córdoba, también se están organizando actividades para conmemorar el 3J, incluyendo la marcha en la ciudad y acciones puntuales en otras localidades para “recordar a las que nos faltan en el territorio”.
María Eugenia Marengo, integrante del Movimiento Plurinacional Disidente y Feminista de Capilla del Monte, reconoce que “está difícil, cuesta salir”, por eso pensaron en una modalidad de encuentro que dé lugar a la palabra y a compartir lo que se está sintiendo. “La idea es recordar estos 10 años, colocar afiches con una especie de cartografía de las luchas y abrazarnos en tiempos difíciles”, cuenta sobre la actividad que harán junto con la Asamblea Multisectorial Punilla Norte y el Movimiento Popular La Dignidad. La “mateada transfeminista” comienza a las 15, en Alem 767, Barrio Balumba, Capilla del Monte.
Bajo el lema “No hay nada que festejar”, en Mendoza llaman a marchar a las 18 en el KM 0 de la ciudad capital, en San Martín y Garibaldi. “A una década de aquella primera marcha que marcó nuestras vidas, nos volvemos a reunir para hacer memoria, abrazarnos y exigir justicia”, dicen en la convocatoria. Piden llevar vestimenta negra y flores para armar un gran altar para las víctimas de la violencia machista.
La integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Salta, Sofía Fernández, cuenta que entre las consignas de este 3J está “el pedido de aparición con vida de las 13 mujeres desaparecidas que tiene la provincia”. Reclamarán a la Justicia por las malas actuaciones en los casos de violencia desde las 9.30 en la Ciudad Judicial y también exigirán la suspensión de jueces y juezas denunciados por violencia que hoy siguen ejerciendo en esos fueros. Luego, el encuentro será en la Plaza 9 de Julio desde las 16, donde habrá intervenciones artísticas, talleres, radio abierta, un ritual a la Pachamama, para marchar a las 18.
En Jujuy, la convocatoria recuerda que solo en mayo la provincia tuvo tres mujeres víctimas de femicidio –Angelina González, Paola Vargas y Tamara Fierro– y llaman a concentrarse en la Plaza Belgrano a las 17.
En Santa Fe, mujeres y disidencias se reunirán en la Plaza del Soldado a las 17 bajo la consigna “Ni un derecho menos”, mientras que en Rosario la convocatoria de la Asamblea Lesbotrasfeminista Rosario y ATE, entre otros grupos, es a las 17, en la plaza 25 de Mayo, desde donde se movilizarán hacia la plaza San Martín para leer el documento conjunto.
Y en Tucumán, desde las 17 en Plaza Irigoyen, habrá intervenciones artísticas y radio abierta; luego se marchará a Plaza Independencia.
4J en la Ciudad
Una de las cosas que se repiten es la necesidad de recuperar la potencia y representatividad que supo tener la convocatoria del 3J en la ciudad de Buenos Aires. Por esa razón las organizaciones políticas, gremios y sindicatos convocaron a movilizarse el miércoles en lugar del martes 3. “Tenemos que volver a la calle, generar asambleas plurales, recuperar la vitalidad de un movimiento que puede articular”, asegura Clarisa Gamberra, secretaria de Género y Diversidad de ATE Nacional, quien destaca que “la agenda urgente es la del trabajo. Sufrimos una violencia inédita: más precarias, más pobres, trabajando más horas, perseguidas y endeudadas”.
En el mismo sentido, Patricia González, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de AEFIP MDN, remarcó: “Este año llamamos a movilizar el 4, pero las seccionales adhieren según la convocatoria de cada provincia”.
Y agregó algo que señalaron muchas: “Hay cansancio, el año pasado la convocatoria fue baja y generó frustración”.
Femicidios en la mira
En lo que va de 2025, el Observatorio Lucía Pérez registró 116 femicidios y transfemicidios, y en 2024, contabilizó 317 casos. Los datos recientes de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, basados en el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, son algo más bajos: 247 víctimas letales de violencia de género. Un número similar al que dieron en 2023, cuando hubo 250 víctimas, y se mantiene dentro del promedio histórico desde 2017.
¿Bajaron los femicidios como intenta instalar el Gobierno? En este sentido, organizaciones de familias de víctimas advierten que detrás de las estadísticas oficiales hay casos que no son tenidos en cuenta porque no tienen esa carátula y, al cambiar esa figura legal por otras –como abandono de persona, violación agravada o abuso sexual seguido de muerte–, los casos dejan de ser contabilizados.
Un ejemplo es el caso de Lucía Pérez. Para Casación hubo abuso sexual, pero no femicidio, por lo que ordena imponer una nueva pena para Matías Farías, sin esa carátula. “Usan la causa de mi hija para eliminar la figura de femicidio”, denunció Marta Montero, su madre, luego de que la Cámara cambiara la calificación inicial.
Hay otros casos similares relacionados con asesinatos en el contexto de narcocriminalidad o femicidios territoriales. Por nombrar solo algunos:
- a Luna Ortiz la drogaron, la alcoholizaron y la trasladaron en un raid donde fue intercambiada como mercancía. Un día después, encontraron su cuerpo sin vida. La causa se caratuló como “homicidio imprudente”.
- Carla Soggiu apareció muerta tras activar el botón antipánico, que no funcionó. Para la Justicia, murió ahogada.
- Luana Ludueña fue asesinada por Diego Concha, quien fue condenado por abuso sexual seguido de homicidio, pero sin el agravante por violencia de género.
- En el caso de Griselda Blanco, el empresario acusado fue condenado por homicidio, pero sin la carátula de femicidio.
El método que aplica el gobierno en cada lugar donde pasa su “motosierra” es el mismo: primero, ningunear y desprestigiar, para luego, desmantelar. Negar los femicidios o decir que bajaron ayuda a justificar el ajuste y el cierre de programas.
El 3 y el 4 de junio se vienen dos días de abrazo colectivo frente a la avanzada antiderechos y a quienes buscan instalar que las feministas y transfeministas ya no tienen agenda o que “se pasaron tres pueblos”.
“¿De qué están hablando?”, se enoja la socióloga Marisa Fournier. “Esto es parte de la avanzada derechista y la reacción conservadora. Por eso, enlazar luchas es fundamental y estratégico”, asegura la integrante de la colectiva Conurbanas y pide: “Hay que fortalecer esa red que somos y que siempre fuimos”.
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Caso Lucía Pérez: matar al femicidio

La audiencia realizada en Mar del Plata para determinar la pena de Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez reveló las contradicciones de un sistema judicial que lleva nueve años sin resolver el caso. El tribunal enfrenta el desafío de aplicar una condena bajo un delito que según Casación pasó a ser un «acceso carnal agravado», mientras la querella insiste en que se trata de un femicidio. La definición del abogado Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles». Los cruces entre la defensa y la acusación que dejan al descubierto las tensiones en torno a la violencia machista y la impunidad.
Por Claudia Acuña (Desde Mar del Plata) (En la imagen de portada, los padres de la menor asesinada junto a Familiares de Víctimas de Femicidio y de la Campaña Somos Lucía).
La audiencia de admisión de pruebas para establecer la pena que le corresponde a Matías Farías por el crimen de Lucía Pérez tuvo características tan inauditas como lo es esta nueva etapa de la intervención del Poder Judicial. El presidente del tribunal, Javier Riquert, tuvo que dar explicaciones para que se comprendiera lo incomprensible de este nuevo proceso judicial, que ya lleva nueve años (el femicidio ocurrió el 9 de octubre de 2016) y ha sufrido tres sentencias diferentes y un juicio anulado.

El tribunal: el presidente Javier Riquert en el centro, Federico Cecchi y Paula Soulé. No pueden juzgar por femicidio por orden de Casación. La querella sigue denominando al crimen de Lucía como un femicidio.
Riquert explicó que el Tribunal de Casación —responsable de cambiar el delito por el que fue juzgado Farías, de femicidio a acceso carnal agravado— ordenó que se realizara esta instancia judicial de «cesura», dedicada exclusivamente a determinar la pena, que en este caso puede oscilar entre 8 y 20 años de prisión. Para definir cuánto corresponde dentro de ese rango, el tribunal —integrado por jueces de tres fueros distintos: Riquert, Federico Cecchi y Paula Soulé— debe analizar atenuantes y agravantes.

En primera fila escuchan Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía, junto a su otro hijo, Matías. El abogado de la familia es Juan Pablo Gallego (en el centro de la imagen) con el fiscal Carlos Russo a su izquierda.
Por ello, tanto la acusación —representada por la querella de la familia de Lucía, a cargo del doctor Juan Pablo Gallego, y el fiscal Carlos Russo— como la defensa oficial de la doctora Laura Solari, presentaron sus solicitudes de prueba. Riquert también aclaró que era necesario cumplir con este requisito para que las apelaciones presentadas pudieran ser evaluadas y resueltas. En síntesis: se trataba de un trámite imprescindible para que las objeciones a este nuevo fallo prosperaran. Sin embargo, todo indica que lo que se inicia con este capítulo no será un mero formalismo.
Lo que siguió fue una puja por el control del relato de lo ocurrido. Acostumbrada a dominar las audiencias con su estilo incisivo, la doctora Solari intentó impugnar todas las pruebas solicitadas por la querella, que incluían una inspección ocular en la escena del crimen, la declaración de testigos clave del segundo juicio y el testimonio de una posible víctima de Farías, quien —ante la noticia del nuevo fallo— había expresado en redes sociales su temor por su posible liberación. El doctor Gallego, por su parte, destacó la contradicción de que la defensora se opusiera a la inspección ocular pero solicitara como prueba las fotos de la inspección realizada por el tribunal que había condenado a Farías por femicidio y a prisión perpetua. La paradoja la resolvió la secretaria del tribunal: no había registros fotográficos ni videos de aquella diligencia en el expediente.

De azul, la abogada de Farías, Laura Solari: la puja por el control del relato del crimen de Lucía Pérez.
Tras varios cruces infructuosos para la defensa, el presidente del tribunal esbozó el posible rumbo: tres jornadas de debate, en las que se presentarían pruebas, se visitaría la escena del crimen y se daría a conocer el monto de la condena. La fecha se anunciaría en los próximos días, junto con la resolución sobre la admisión de las pruebas solicitadas.
En el ambiente quedó flotando el anticipo de lo que se debatirá: por un lado, el negacionismo de la violencia de género; por el otro, la insistencia en que el crimen de Lucía fue un femicidio, aunque este tribunal no pueda reconocerlo por orden de Casación. «Aunque los jueces vean un femicidio, no pueden juzgarlo», declaró Gallego a las puertas del tribunal marplatense. «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».

Familiares de Víctimas de Femicidios con integrantes de la Campaña Somos Lucía, escuchan lo que les explica el abogado de la familia Juan Pablo Gallego: «Lo que hizo Casación fue matar el femicidio de Lucía, y eso es lo que tratamos de impedir en todas las instancias posibles».
Mientras el abogado hablaba ante el grupo de Familias Víctimas de Femicidios e integrantes de la Campaña Somos Lucía —que acompañaban a la familia en la calle soportando el viento helado y la lluvia—, un grito inesperado irrumpió: «Yo compartí la cárcel con ese monstruo, y la pasé muy mal». La voz, quebrada, pertenecía a un joven de jeans y campera negra, que la lanzó con paso apresurado antes de ingresar al edificio donde, se supone, se imparte justicia.

El acompañamiento en la calle pese al frío marplatense y judicial.

El abrazo y la espera: habrá tres nuevas audiencias.


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