#NiUnaMás
Moreno Ocampo y el juicio por Lucía Pérez: una mirada sobre el periodismo, los jueces y los límites

“Acá hay un conflicto entre la debida protección de un proceso judicial, y la libertad de expresión” dijo a lavaca Luis Moreno Ocampo –abogado y ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares en 1985– ante el conflicto planteado por el Tribunal por las notas publicadas en nuestra agencia, de las que cuestionaron, paradójicamente, su excesivo apego a la precisión en los testimonios y eventos de las audiencias. Los jueces, la prensa, lo que se ve en las películas y qué cosas realmente podrían entorpecer los juicios orales y públicos. Por Sergio Ciancaglini.
Star Wars, Salvando al soldado Ryan, Apocalypse Now, Rambo III (“Cuando los talibanes eran buenos para los norteamericanos y Rambo peleaba junto con ellos contra los soviéticos”), o series como Homeland.
En una comunicación de lavaca con Luis Moreno Ocampo, instalado en Malibú (California, Estados Unidos) el ex fiscal del juicio a las juntas militares alcanza a nombrar esos títulos que son parte de su arsenal pedagógico en la materia “Crimen, guerra, y justicia” que dicta en la Escuela de Arte Cinematográfica de la Universidad del Sur de California, que financian dos personas aparentemente relacionadas con el tema: Steven Spielberg y George Lucas.
Pero el contacto es por otras batallas y otros crímenes, para conocer la opinión del ex fiscal sobre otro juicio oral y público y sobre algunos debates que ha generado acerca de los tribunales, el periodismo, la libertad de expresión, los juicios justos y el rol de la verdad.
Lo que pasó
En Mar del Plata se está desarrollando el juicio oral y público por el crimen de Lucía Pérez (16 años) ocurrido en 2016.
Tras la primera audiencia (el martes 7) lavaca publicó esta nota https://lavaca.org/notas/lucia-perez-nuevo-juicio-nueva-tortura-para-la-familia-y-otra-vez-el-foco-en-la-victima/
El artículo provocó el miércoles que la policía de Tribunales fuera a constatar en la sala en la que trabajan los seis periodistas acreditados que no se estuviesen grabando las audiencias.
Comprobado que los enviados por lavaca (Anabella Arrascaeta, única periodista mujer acreditada), Qué digital, Infobae, Telam, Clarín y La Capital no grababan sino que tomaban veloces notas sobre lo que escuchaban, los jueces llamaron a cuarto intermedio ante las quejas de la defensora oficial María Laura Solari y del defensor privado César Sivo por la excesiva “textualidad” de dicho trabajo. El policía había aclarado que el foco del cuestionamiento estaba en lavaca, y de hecho el presidente del Tribunal recibió al grupo de periodistas exhibiendo una copia de la nota de nuestra agencia. Planteando que se los convocaba a pedido de “las partes”. Tanto los y las abogadas de los acusados como de la querella observaban en silencio.
Una curiosidad: no se cuestionaba (como suele ocurrir) alguna distorsión, mala información o error, sino lo contrario: la veracidad y precisión del artículo que, según dijeron los abogados de los imputados, “podría entorpecer el desarrollo del juicio”.
Los periodistas acreditados explicaron que tratan de reflejar con la mayor precisión lo ocurrido, y que los textuales y encomillados se deben justamente a diferenciar las declaraciones de los testigos dentro del texto, para que se comprenda claramente quién habló y qué dijo. ¿Cómo sería posible que haya menos textualidad? Varios de los acreditados reconocieron que nunca habían vivido una situación semejante. La exhibición de la nota de lavaca podría ser tomada como un gesto de amedrentamiento, porque tampoco contestaron los jueces a los periodistas cuáles serían los límites que esperaban lograr.
Esta fue la segunda nota que publicamos sobre ese llamativo y acaso confuso encuentro https://lavaca.org/notas/contar-la-verdad-sobre-la-cuestion-de-informar-en-el-segundo-juicio-por-el-femicidio-de-lucia-perez/
El jueves la periodista Luciana Peker recomendó en Radio con Vos leer las crónicas de lavaca, y el conductor del programa Pasaron Cosas, Alejandro Bercovich, sugirió que si los jueces no quieren que se sepa lo que ocurre en las audiencias, en el programa van a leer esas crónicas al aire.
El gesto tiene un antecedente: en 1985 tampoco podía grabarse el juicio, ni transmitirse por radio ni por televisión. La prensa escrita sí estaba autorizada a hacer su trabajo, registrando los testimonios, muchos de ellos de personas secuestradas por la dictadura o de familiares de muertos y desaparecidos en lo que el fiscal Julio Strassera llamaría “el mayor genocidio de la joven historia de nuestro país”.
Esas crónicas escritas, publicadas en los diarios, luego eran leídas en las radios. Caso emblemático, entre tantos: Magdalena Ruiz Guiñazú. Aquellas descripciones periodísticas permitieron a la opinión pública informarse y comprender lo que estaba ocurriendo en la sala de la Cámara Federal. Y con el tiempo nutrieron investigaciones como la que llevó al director Santiago Mitre a hacer su película. Sin aquella memoria escrita de lo ocurrido (que Mitre se preocupa por exhibir en el film) Argentina, 1985 posiblemente no hubiese sido lo que es.
Preguntas y respuestas
“Acá hay un tema que es el conflicto entre la debida protección del proceso judicial, y la libertad de expresión. O sea: hasta qué punto una declaración textual puede afectar la postura de futuros testigos en el juicio. Y la otra cuestión es hasta qué punto son admisibles determinadas preguntas en un proceso judicial. Si las preguntas son improcedentes, lo que los jueces tienen que hacer es evitar esas preguntas que no tienen que ver con el proceso, cosa que ya estaba planteada al anularse el primer juicio” explica Moreno Ocampo. “Y también tendrían que plantearlo el fiscal y los abogados de la querella”.
Se refiere el abogado al juicio de 2018 anulado por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires con argumentos como estos: El fallo “inexplicablemente se enfoca a indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.
Esa sentencia se basó, dice Casación, “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, con “concepciones sexistas inocultables”, y por eso califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”.
Moreno Ocampo: “No se puede transformar la vida previa de la víctima en el tema del juicio”.
Otra reflexión: “Me parece que un punto de proceso penal es la veraciad de los testimonios. Si los jueces creen que una declaración muy textual tomada por los periodistas puede afectar futuros testimonios, es algo que podrían discutir y ver cómo manejar. Lo que se busca es que los testigos no sepan lo que dijeron testigos anteriores, para evitar distorsiones en su declaración”.
“Pero al mismo tiempo el juicio es público. Aunque el periodista no escriba lo que ocurre, alguien puede mandar gente a escuchar a otros testigos a la audiencia para saber qué dicen y manipular futuros testimonios. Lo que es importante es que no se afecte la libertad de expresión. Pero es lógica la preocupación de preservar los testimonios”.
Sin embargo eso no ocurrió. En la audiencia del miércoles uno de los testigos dijo en la propia audiencia que había estado comentando el caso con otros dos testigos en la antesala. “Ah, no” responde Moreno Ocampo. “Eso sí que no puede ser. Es lo que cualquiera ve en las películas. El testigo espera en una sala fuera de la audiencia solo, sin escuchar al testigo anterior. No pueden estar juntos, hablando del tema, y que el Tribunal lo permita”.
¿Cómo debería ser tomado el llamado a los periodistas por parte de los jueces?
“Me parece importante que los jueces expliquen muy bien su decisión, que digan claramente que no quieren afectar la libertad de expresión, que hay que cuidar el proceso, pero que entiendan que es público. Si alguien quiere manipular una prueba no hace falta que lea en los medios lo que pasó en la audiencia, basta que mande alguien a que escuche lo que dicen otros testigos y ya puede hacerlo. Los jueces tienen que ser muy claros en eso con respecto a la relación con los medios de comunicación. Y en la otra cuestión, los jueces tienen que ser muy claros para evitar que la víctima sea el tema de investigación del juicio. El tema es qué le pasó a ella, no lo que ella hacía”.
Carta a los jueces
-Bien, pero eso es lo que las notas de lavaca intentaron mostrar.
-Me parece muy importante que todos tomen sus decisiones. Así como los periodistas toman decisiones sobre qué publicar y deben ser respetados, los jueces que toman decisiones de plantearles a los periodistas que no publiquen ciertas cosas también deben ser respetados. Habría que preguntarle respetuosamente a los jueces cuáles son los límites y as razones por las que hicieron lo que hicieron.
-La nota cuestionada no se refería tanto a las respuestas de los testigos, sino a las preguntas de los abogados, que tenían el tono y contenido que hicieron anular el juicio anterior. Y eso sí fue entorpecer el proceso.
-Bueno, pero lavaca que fue expuesta en el argumento de los jueces, tiene derecho a saber cuáles son las razones o límites que esos jueces pretenden establecer. Yo enviaría una carta a los jueces. Explicaría que la prensa no tiene ningún interés en afectar el debido proceso, y habría que pensar que ellos tampoco quieren afectar la libertad de prensa. ¿Cuál es el límite que quieren poner? Señores jueces: consideramos que publicar las preguntas de los defensores no puede ser un problema para respetar el juicio justo. Y tampoco creemos que sea un problema publicar las respuestas. No afectarían un juicio justo, porque las respuestas son públicas: aunque el periodismo no las publicase, si alguien quiere afectar el juicio justo puede enterarse y manipular esos testimonios para incidir en otros testigos. No hay por qué pensar que la difusión periodística vaya a afectar más que la difusión privada de cualquier persona que presencie el juicio.
El final de una misiva que todavía no existe, en la imaginación de Moreno Ocampo sería más o menos así: “Señores jueces, con todo respeto queremos pedir que clarifiquen cuál es la situación interpretando que todos queremos colaborar para que este caso emblemático pueda avanzar sin ninguna traba, tanto en el proceso como desde el punto de vista del valor de la libertad de expresión”.
“En Argentina hay una tendencia a denunciar, pero también hay que discutir a veces con quienes tienen que resolver” dice el profesor antes de sumergirse nuevamente en la pedagogía de imágenes sobre crímenes y justicia que muestran las series, las películas, los talibanes y las guerras de sus galaxias.
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La venda en los ojos: la justicia frente al abuso sexual contra niñas y niños
El 42% de las denuncias de violencia sexual corresponden a menores de 17 años en la ciudad de Buenos Aires. El ministerio de Justicia bonaerense reveló que entre 2017 y 2022, de más de 96.000 causas por abuso sexual, 6 de cada 10 tuvieron como víctimas a menores y se duplicó el número de denuncias: el 80% fueron mujeres, principalmente niñas y adolescentes de entre 12 y 17 años. ¿Cómo recibe el Poder Judicial a las infancias que se atreven a denunciar abusos? Las víctimas convertidas en “culpables” de un delito que padece a nivel mundial entre el 15 y el 20% de la niñez. La campaña conservadora y oficial: desestimar denuncias y motosierra. Lo que no quiere ver la justicia. Cómo encarar estos casos, y la enseñanza de Luna. Por Evangelina Bucari.
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Cecilia Basaldúa: el cuerpo desaparecido

Daniel y Susana denunciaron que desapareció el cuerpo de su hija, Cecilia Basaldúa, que reclamaban para realizar nuevas pericias. La historia de lo ocurrido y el rol de la fiscal de Córdoba Paula Kelm “que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.
Por Claudia Acuña
El 7 de noviembre Cecilia Basaldúa hubiese cumplido 42 años y no hay festejo porque no hay Cecilia: la desaparecieron, violaron y mataron en abril del año 2020, en Capilla del Monte y en pleno aislamiento por la pandemia de Covid. Su familia, como cada año, reunió amistades y familiares de otras víctimas de femicidios territoriales –el padre de Natalia Melman, el hermano de Laura Iglesias– en el mural que la recuerda en su barrio de Belgrano. Fue ese el marco elegido por Daniel y Susana, los padres de Cecilia, para compartir lo que significa buscar justicia para este tipo de crímenes. Con la voz partida por el dolor narró cómo fue la última reunión con la nueva fiscal responsable de la investigación: es la cuarta. La primera – Paula Kelm– desvió las pruebas para atrapar a un perejil, que fue liberado en el juicio oral y así la investigación del femicidio de Cecilia volvió en punto cero; el segundo estaba a meses de jubilarse y pidió varias licencias para acortar su salida; el tercero –Nelson Lingua– no aprobó el examen para ocupar el puesto y, finalmente, desde hace pocos meses, llegó ésta –Sabrina Ardiles– quien los recibió junto a dos investigadores judiciales y los abogados de la familia. Antes se habían reunido con el ministro de Justicia de la provincia de Córdoba, Julián López, quien le expresó el apoyo para “cualquier cosa que necesiten”. Fue entonces cuando Daniel y Susana creyeron que había llegado el momento de trasladar el cuerpo de su hija hasta Capital, donde viven y, además, habían logrado conseguir que se realice una pericia clave para la causa y que siempre, en estos cinco años, les negaron. Fue la joven investigadora judicial quien soltó la noticia: el cuerpo de Cecilia no está.

Gustavo Melmann, que sigue buscando justicia por su hija Natalia, junto a Daniel Basaldúa y Susana Reyes, los padres de Cecilia.
Según pudo reconstruir la familia después del shock que les produjo la noticia, fue en 2021 –cuando todavía estaban vigentes varias restricciones originadas por la pandemia– cuando el cuerpo fue retirado de la morgue judicial, a pesar de que Daniel y Susana habían presentado un escrito solicitando lo retuvieran allí hasta que se realicen las pruebas por ellos requeridas. La fiscal Kelm no respondió a ese pedido ni notificó a la familia de lo que luego ordenó: retirar el cuerpo de la morgue y enterrarlo.
¿Dónde? La familia está ahora esperando una respuesta formal y sospechando que deberán hacer luego las pruebas necesarias para probar la identidad, pero no dudan al afirmar que con esta medida han desaparecido el cuerpo de su hija durante varios años y definitivamente las pruebas que podía aportar su análisis.
A su lado está Gustavo Melmann, en el padre de Natalia, asesinada en 4 de febrero de 2001 en Miramar, quien desde entonces está esperando que el Poder Judicial realice el análisis de ADN del principal sospechoso de su crimen: un policía local. Por el femicidio de Natalia fueron condenados a prisión perpetua otros tres efectivos policiales. Uno ya goza de prisión domiciliaria. Falta el cuarto, el del rango más alto.
Melmann cuenta que se enteró de la desaparición de Cecilia Basaldúa por su sobrina, quien había ido al secundario con ella. “Fue el primero que nos llamó”, recuerda Daniel. También rememora que no entendió por qué le ofrecía conseguir urgente a un abogado “si yo la estaba buscando viva. Hoy me doy cuenta de mi ingenuidad”.
El silencio entre quienes los rodean es un grito de impotencia.
Daniel y Susana lo sienten y responden: “Nosotros no vamos a parar. Nada nos va a detener. Ningún golpe, por más artero que sea, va a impedir que sigamos exigiendo justicia. Elegimos contar esto hoy, rodeados de la familia y los amigos, porque son ustedes quienes nos dan fuerza. Que estén hoy acá, con nosotros, es lo que nos ayuda a no parar hasta ver a los responsables presos, y esto incluye a la fiscal Kelm, que hizo todo lo posible para que los asesinos de Cecilia sigan hoy libres e impunes”.

Los padres y hermanos de Cecilia, junto al mural que la recuerda en el barrio de Belgrano.
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Femicidios, cifras y vidas: lo que Bullrich oculta

Por el Observatorio de violencia patriarcal Lucía Pérez
Todas las administraciones del Estado se han adjudicado falsamente la baja de femicidios y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich acaba de rendirle tributo a esta tradición. Pero las cifras del Observatorio Lucía Pérez, construidas a partir de casos judiciales, denuncias y relevamientos provinciales, demuestran una realidad diferente.
Antes de los números, una aclaración: el 2023 fue el primer año en que el Estado nacional publicó estadísticas criminales sin clasificar. Lo hizo con un archivo Excel desordenado que abarcaba una década, sin distinguir delitos ni consolidar provincias. Algunas jurisdicciones directamente no informaron datos en categorías sensibles, como violaciones. Así, la ciudadanía no puede verificar ni auditar los números oficiales.
En ese vacío, las declaraciones de Bullrich remiten a una lógica conocida: la de la inflación. Como con los precios, la diferencia entre los números oficiales y la vida real se amplía cuando se manipula o se oculta información.
Por eso, este Observatorio público y autogestionado carga 12 padrones de manera diaria. Para realizar un seguimiento estructural de la violencia machista, y también para controlar el rol del Estado.
A diferencia de los 178 registrados que mencionó la ministra, el Observatorio Lucía Pérez contabiliza 217 femicidios y travesticidios en lo que va del 2025. Estos son las cifras que pueden verse y verificarse, ya que el OLP es un padrón público:

Otro dato que se oculta es el que representan los femicidios cometidos y sufridos por integrantes de fuerzas de seguridad, que están bajo la responsabilidad de la ministra.
En 2025, el primer femicidio del año fue el de una mujer policía asesinada con su arma reglamentaria (Guadalupe Mena). Y el último, ocurrido apenas el 26, también: Daiana Raquel Da Rosa.
Si bien existen medidas para en estos casos limitar su acceso por parte de los uniformados por “representar un riesgo inminente para la víctima”, como indica la resolución 471/2020 del Ministerio de Seguridad de la Nación, los datos muestran que esto no siempre se cumple. Según el relevamiento de funcionarios denunciados por violencia de género del Observatorio Lucía Pérez, 71 de ellos pertenecen a las fuerzas de seguridad. Es decir que muy probamente porten armas.
Armas reglamentarias, vínculos jerárquicos y falta de sanción disciplinaria conforman una trama donde la violencia institucional se reproduce dentro y fuera de las comisarías. ¿Y Bullrich?
Más preguntas que emergen: ¿cómo se mide el porcentaje de crueldad? Los “narcofemicidios” de Lara, Brenda y Morena muestran una violencia cada vez más planificada y asociada a redes delictivas con complicidad del Estado.
Otra cifra invisibilizada en este crimen social que es un femicidio es la de las infancias huérfanas. En lo que va de 2025, el Observatorio registra 139 infancias huérfanas por femicidios. En todo 2024 fueron 173. Y detrás de cada una hay un Estado que sigue sin garantizar la Ley Brisa, que establece una reparación económica y acompañamiento a hijas e hijos de víctimas de femicidio.
Mientras la violencia machista sigue cobrando vidas, multiplicando huérfanos y exponiendo la precariedad institucional, el Estado tergiversa y oculta.
La pregunta es: ¿por qué?

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