#NiUnaMás
Moreno Ocampo y el juicio por Lucía Pérez: una mirada sobre el periodismo, los jueces y los límites

“Acá hay un conflicto entre la debida protección de un proceso judicial, y la libertad de expresión” dijo a lavaca Luis Moreno Ocampo –abogado y ex fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares en 1985– ante el conflicto planteado por el Tribunal por las notas publicadas en nuestra agencia, de las que cuestionaron, paradójicamente, su excesivo apego a la precisión en los testimonios y eventos de las audiencias. Los jueces, la prensa, lo que se ve en las películas y qué cosas realmente podrían entorpecer los juicios orales y públicos. Por Sergio Ciancaglini.
Star Wars, Salvando al soldado Ryan, Apocalypse Now, Rambo III (“Cuando los talibanes eran buenos para los norteamericanos y Rambo peleaba junto con ellos contra los soviéticos”), o series como Homeland.
En una comunicación de lavaca con Luis Moreno Ocampo, instalado en Malibú (California, Estados Unidos) el ex fiscal del juicio a las juntas militares alcanza a nombrar esos títulos que son parte de su arsenal pedagógico en la materia “Crimen, guerra, y justicia” que dicta en la Escuela de Arte Cinematográfica de la Universidad del Sur de California, que financian dos personas aparentemente relacionadas con el tema: Steven Spielberg y George Lucas.
Pero el contacto es por otras batallas y otros crímenes, para conocer la opinión del ex fiscal sobre otro juicio oral y público y sobre algunos debates que ha generado acerca de los tribunales, el periodismo, la libertad de expresión, los juicios justos y el rol de la verdad.
Lo que pasó
En Mar del Plata se está desarrollando el juicio oral y público por el crimen de Lucía Pérez (16 años) ocurrido en 2016.
Tras la primera audiencia (el martes 7) lavaca publicó esta nota https://lavaca.org/notas/lucia-perez-nuevo-juicio-nueva-tortura-para-la-familia-y-otra-vez-el-foco-en-la-victima/
El artículo provocó el miércoles que la policía de Tribunales fuera a constatar en la sala en la que trabajan los seis periodistas acreditados que no se estuviesen grabando las audiencias.
Comprobado que los enviados por lavaca (Anabella Arrascaeta, única periodista mujer acreditada), Qué digital, Infobae, Telam, Clarín y La Capital no grababan sino que tomaban veloces notas sobre lo que escuchaban, los jueces llamaron a cuarto intermedio ante las quejas de la defensora oficial María Laura Solari y del defensor privado César Sivo por la excesiva “textualidad” de dicho trabajo. El policía había aclarado que el foco del cuestionamiento estaba en lavaca, y de hecho el presidente del Tribunal recibió al grupo de periodistas exhibiendo una copia de la nota de nuestra agencia. Planteando que se los convocaba a pedido de “las partes”. Tanto los y las abogadas de los acusados como de la querella observaban en silencio.
Una curiosidad: no se cuestionaba (como suele ocurrir) alguna distorsión, mala información o error, sino lo contrario: la veracidad y precisión del artículo que, según dijeron los abogados de los imputados, “podría entorpecer el desarrollo del juicio”.
Los periodistas acreditados explicaron que tratan de reflejar con la mayor precisión lo ocurrido, y que los textuales y encomillados se deben justamente a diferenciar las declaraciones de los testigos dentro del texto, para que se comprenda claramente quién habló y qué dijo. ¿Cómo sería posible que haya menos textualidad? Varios de los acreditados reconocieron que nunca habían vivido una situación semejante. La exhibición de la nota de lavaca podría ser tomada como un gesto de amedrentamiento, porque tampoco contestaron los jueces a los periodistas cuáles serían los límites que esperaban lograr.
Esta fue la segunda nota que publicamos sobre ese llamativo y acaso confuso encuentro https://lavaca.org/notas/contar-la-verdad-sobre-la-cuestion-de-informar-en-el-segundo-juicio-por-el-femicidio-de-lucia-perez/
El jueves la periodista Luciana Peker recomendó en Radio con Vos leer las crónicas de lavaca, y el conductor del programa Pasaron Cosas, Alejandro Bercovich, sugirió que si los jueces no quieren que se sepa lo que ocurre en las audiencias, en el programa van a leer esas crónicas al aire.
El gesto tiene un antecedente: en 1985 tampoco podía grabarse el juicio, ni transmitirse por radio ni por televisión. La prensa escrita sí estaba autorizada a hacer su trabajo, registrando los testimonios, muchos de ellos de personas secuestradas por la dictadura o de familiares de muertos y desaparecidos en lo que el fiscal Julio Strassera llamaría “el mayor genocidio de la joven historia de nuestro país”.
Esas crónicas escritas, publicadas en los diarios, luego eran leídas en las radios. Caso emblemático, entre tantos: Magdalena Ruiz Guiñazú. Aquellas descripciones periodísticas permitieron a la opinión pública informarse y comprender lo que estaba ocurriendo en la sala de la Cámara Federal. Y con el tiempo nutrieron investigaciones como la que llevó al director Santiago Mitre a hacer su película. Sin aquella memoria escrita de lo ocurrido (que Mitre se preocupa por exhibir en el film) Argentina, 1985 posiblemente no hubiese sido lo que es.
Preguntas y respuestas
“Acá hay un tema que es el conflicto entre la debida protección del proceso judicial, y la libertad de expresión. O sea: hasta qué punto una declaración textual puede afectar la postura de futuros testigos en el juicio. Y la otra cuestión es hasta qué punto son admisibles determinadas preguntas en un proceso judicial. Si las preguntas son improcedentes, lo que los jueces tienen que hacer es evitar esas preguntas que no tienen que ver con el proceso, cosa que ya estaba planteada al anularse el primer juicio” explica Moreno Ocampo. “Y también tendrían que plantearlo el fiscal y los abogados de la querella”.
Se refiere el abogado al juicio de 2018 anulado por la Cámara de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires con argumentos como estos: El fallo “inexplicablemente se enfoca a indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.
Esa sentencia se basó, dice Casación, “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, con “concepciones sexistas inocultables”, y por eso califica al fallo como “subjetivo y tendencioso, prejuicioso, parcial y discriminatorio”.
Moreno Ocampo: “No se puede transformar la vida previa de la víctima en el tema del juicio”.
Otra reflexión: “Me parece que un punto de proceso penal es la veraciad de los testimonios. Si los jueces creen que una declaración muy textual tomada por los periodistas puede afectar futuros testimonios, es algo que podrían discutir y ver cómo manejar. Lo que se busca es que los testigos no sepan lo que dijeron testigos anteriores, para evitar distorsiones en su declaración”.
“Pero al mismo tiempo el juicio es público. Aunque el periodista no escriba lo que ocurre, alguien puede mandar gente a escuchar a otros testigos a la audiencia para saber qué dicen y manipular futuros testimonios. Lo que es importante es que no se afecte la libertad de expresión. Pero es lógica la preocupación de preservar los testimonios”.
Sin embargo eso no ocurrió. En la audiencia del miércoles uno de los testigos dijo en la propia audiencia que había estado comentando el caso con otros dos testigos en la antesala. “Ah, no” responde Moreno Ocampo. “Eso sí que no puede ser. Es lo que cualquiera ve en las películas. El testigo espera en una sala fuera de la audiencia solo, sin escuchar al testigo anterior. No pueden estar juntos, hablando del tema, y que el Tribunal lo permita”.
¿Cómo debería ser tomado el llamado a los periodistas por parte de los jueces?
“Me parece importante que los jueces expliquen muy bien su decisión, que digan claramente que no quieren afectar la libertad de expresión, que hay que cuidar el proceso, pero que entiendan que es público. Si alguien quiere manipular una prueba no hace falta que lea en los medios lo que pasó en la audiencia, basta que mande alguien a que escuche lo que dicen otros testigos y ya puede hacerlo. Los jueces tienen que ser muy claros en eso con respecto a la relación con los medios de comunicación. Y en la otra cuestión, los jueces tienen que ser muy claros para evitar que la víctima sea el tema de investigación del juicio. El tema es qué le pasó a ella, no lo que ella hacía”.
Carta a los jueces
-Bien, pero eso es lo que las notas de lavaca intentaron mostrar.
-Me parece muy importante que todos tomen sus decisiones. Así como los periodistas toman decisiones sobre qué publicar y deben ser respetados, los jueces que toman decisiones de plantearles a los periodistas que no publiquen ciertas cosas también deben ser respetados. Habría que preguntarle respetuosamente a los jueces cuáles son los límites y as razones por las que hicieron lo que hicieron.
-La nota cuestionada no se refería tanto a las respuestas de los testigos, sino a las preguntas de los abogados, que tenían el tono y contenido que hicieron anular el juicio anterior. Y eso sí fue entorpecer el proceso.
-Bueno, pero lavaca que fue expuesta en el argumento de los jueces, tiene derecho a saber cuáles son las razones o límites que esos jueces pretenden establecer. Yo enviaría una carta a los jueces. Explicaría que la prensa no tiene ningún interés en afectar el debido proceso, y habría que pensar que ellos tampoco quieren afectar la libertad de prensa. ¿Cuál es el límite que quieren poner? Señores jueces: consideramos que publicar las preguntas de los defensores no puede ser un problema para respetar el juicio justo. Y tampoco creemos que sea un problema publicar las respuestas. No afectarían un juicio justo, porque las respuestas son públicas: aunque el periodismo no las publicase, si alguien quiere afectar el juicio justo puede enterarse y manipular esos testimonios para incidir en otros testigos. No hay por qué pensar que la difusión periodística vaya a afectar más que la difusión privada de cualquier persona que presencie el juicio.
El final de una misiva que todavía no existe, en la imaginación de Moreno Ocampo sería más o menos así: “Señores jueces, con todo respeto queremos pedir que clarifiquen cuál es la situación interpretando que todos queremos colaborar para que este caso emblemático pueda avanzar sin ninguna traba, tanto en el proceso como desde el punto de vista del valor de la libertad de expresión”.
“En Argentina hay una tendencia a denunciar, pero también hay que discutir a veces con quienes tienen que resolver” dice el profesor antes de sumergirse nuevamente en la pedagogía de imágenes sobre crímenes y justicia que muestran las series, las películas, los talibanes y las guerras de sus galaxias.
#NiUnaMás
Lara, Brenda, Morena: Las velas del silencio

La marcha en La Matanza, a dos semanas del triple narcofemicidio.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org
En silencio.
La marcha empieza 21:29, horario en el que las chicas se subieron, hace dos semanas, a la camioneta Chevrolet Tracker blanca. Para quienes no conocen este lugar –rotonda de La Tablada, cruce de Camino de Cintura y avenida Crovara, La Matanza–, el silencio que acompaña la movilización de las familias de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez no se termina de dimensionar.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
El perímetro está cortado desde muy temprano por la policía bonaerense y apenas algunas motos del barrio o ambulancias urgentes pasan por una intersección que, en un día común, es puro bocinazo, ruido y tránsito sin parar.
Así, en silencio, esta marcha grita que hace dos semanas ya no hay ningún día común.
“El barrio está de luto”, dice Brian, un joven muy dulce que acompaña a la familia de Morena. “Antes se escuchaba música, había fiesta, baile. Ahora, nada”.
Eric, de 28 años, al lado de la familia de Brenda: “El barrio está triste”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las chicas que acompañan a Estela, mamá de Lara Gutiérrez, mueven la cabeza de un lado a otro: “Queremos justicia”, dicen. No quieren decir más. ¿Hay algo más?
De a poco, desde los monoblocks que custodian esta rotonda bajo la mirada de murales del Papa Francisco y Diego Maradona, los vecinos fueron llegando. Algunos volvían de trabajar, otros se sumaban después de cenar. Hay jubiladas, adolescentes y muchos niños y niñas que sostienen velas en cuellos de botellas de plástico. Sabrina, la mamá de Morena, marcha mirando el frente. Paula, mamá de Brenda, lleva en brazos a su nieto de un año. Hay mucho dolor, y son los niños los que marcan con una mirada de fuego una fotografía fuera de lugar, una cámara que parece no respetar este duelo.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, nadie habla.
Solo los pasos en una ronda a la rotonda en sentido inverso a las agujas del reloj, como las Madres en Plaza de Mayo, o los jubilados en el Congreso.
Quizá de manera inconsciente, sin saberlo, en este gesto las familias respondan una pregunta innecesaria que circula en algunos colectivos que se desvían de recorrido por el corte: “¿Por qué marchan si hay detenidos?”. Precisamente, porque el nunca más se sostiene en movimiento, como una forma de gritarle a la agenda política y social que este horror no tiene justicia.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
En silencio, la ronda termina.
Las familias se reúnen y sacan bengalas y globos blancos que todo este barrio que marcha estuvo inflando durante la tarde. “Ahora”, ordena Sabrina, y los globos se sueltan.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
Las bengalas se encienden.
Las familias se abrazan, se descargan.
Y un nene, que no llega a los diez años, dice lo único que hay que decir: “Justicia”.

Foto: Juan Valeiro para lavaca.org
#NiUnaMás
La sociedad contra el narco: cómo se organizan los barrios
Cómo enfrentan el avance narco dos centros barriales de la Villa 21/24 (CABA) y Puerta de Hierro (La Matanza) que reciben a jóvenes adictos. Lo que cuentan esos jóvenes: la realidad del barrio, los transas, los efectos de la crisis, las cosas que logran transformar vidas. Lo que se puede cambiar y lo que no en esta investigación que compartimos: La vida como viene, publicada en la revista MU.
Por Lucas Pedulla
Fotos: Juan Valeiro
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Femicidios territoriales: las tramas de la violencia

Lo narco, la violencia, los femicidios. Un tema que acaba de provocar el horror a partir tres crímenes: Lara Gutiérrez, 15 años, Brenda del Castillo, 20 años y Morena Verdi, 20 años. El Observatorio Lucía Pérez y la Cooperativa lavaca vienen siguiendo e investigando desde hace años esta realidad. Ese trabajo se plasma en un libro que ya está en imprenta: Femicidios, narcotráfico y Estado, del cual adelantamos aquí el prólogo. El concepto femicidios territoriales abarca a aquellos que no se ajustan a los modelos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. La definición de lo «narco», el sentido y el contenido del territorio y sus tramas de relaciones, el poder. Y los cuerpos que narran una historia personal y colectiva, que debemos comprender para trazar una radiografía de época.
por Claudia Acuña, Florencia Paz Landeira y Anabella Arrascaeta
Desde el Observatorio Lucía Pérez registramos e interrogamos todos los días las cifras de la violencia patriarcal. Desde ese ejercicio cotidiano sostenido durante ya doce años proponemos la categoría de “femicidios territoriales” para intentar comprender la singularidad de crímenes como los de Lucía Pérez, Melina Romero, Iara Rueda, Luna Ortiz o Araceli Fulles, por citar solo algunos casos paradigmáticos. Se trata de femicidios que no se ajustan a los modelos epistémicos tradicionales de la teoría de género y que no hablan de vínculos de pareja e intimidad, sino de tramas de narcocriminalidad e impunidad territorializadas, con participación de agentes estatales, tales como policías, agentes penitenciarios y fiscales. Participación activa, en tanto que genera condiciones de posibilidad para estas muertes en esos territorios; y también participación concreta, al garantizar y perpetuar la impunidad de esos femicidios, falseando pruebas y entorpeciendo procesos judiciales. Marta Montero, madre de Lucía Pérez, prefiere llamarlos “narcofemicidios”. Sumamos a este concepto la referencia al territorio porque quizá nos permita enfocar los factores que los producen: los narco-femicidios se originan en narco-territorios concretos en los cuales la actividad delictiva ya cuenta con impunidad estatal.
En primer lugar es necesario definir a qué denominamos “narco”:
- Narco es un término que hace referencia a una actividad criminal que se lleva a cabo “con la participación ilícita de actores del Estado2. “
- Lo narco opera a través de una necromáquina cuya tarea es acallar, atemorizar y doblegar resistencias hasta esclavizar las fuerzas de producción necesarias para extraer capital de todo lo vivo: cuerpos, territorios, medio ambiente, datos.3
- Lo narco produce una forma característica de femicidio porque le otorga a ese crimen un significado político y cultural. En palabras de Reguillo, “mata dos veces: la del asesinato y la de tu muerte convertida en dato”. Tal como define la filósofa italiana Adriana Cavarero cuando traza una relación entre el genocidio del Holocausto y estos crímenes, en ambos casos se trata de “una violencia que no se contenta con matar porque sería demasiado poco: al destruir el cuerpo singular constituye el acto del fin no de la vida, sino de la condición humana”.
Lo narco gobierna territorios azotados por las políticas neoliberales que durante décadas destruyeron tanto puestos de trabajo como instituciones estatales que debían contener y reparar las consecuencias.
Estas características unen la postal de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, con la de Palpalá, en Jujuy, escenas del crimen de los femicidios de Araceli Fulles y Iara Rueda. Dominan también puertos como los de Mar del Plata y Rosario, ciudades hermanadas por los nombres de Lucía Pérez y cada una de las mujeres masacradas en balaceras. Pero son solo aquellos femicidios que con gran esfuerzo de sus familias y su comunidad han logrado trascender con nombre y rostro la opacidad que caracteriza toda narco- actividad – desde la venta de sustancias hasta sus crímenes y fundamentalmente, sus activos financieros y redes políticas- lo que nos ha obligado a fijar la mirada en esos territorios.
¿Qué vimos?
En San Martín vimos que Araceli Fulles, de 22 años, estuvo venticinco días desparecida sin que ninguno de los rastrillajes organizados por la policía la encontraran. Su cuerpo fue hallado finalmente por su hermano el 27 de abril de 2017, enterrado debajo de la cama del sospechoso, Darío Badaracco, quien justo en ese momento estaba declarando ante la fiscal, que lo dejó ir. El hombre fue detenido en otro barrio de la periferia dos días después y gracias a que una mujer paraguaya, embarazada y en ojotas, lo corrió y entregó a los gendarmes que militarizaban el barrio. Tiempo después ese único detenido fue asesinado: le hicieron tragar agua hirviendo en la prisión de Sierra Chica, en la que el Servicio Penitenciario tenía a cargo su custodia hasta el juicio. Finalmente, en un tribunal rodeado por miles de personas que clamaban “Justicia por Araceli”, los autores materiales del femicidio fueron condenados a prisión perpetua, pero en enero de 2024 la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires absolvió a Marcelo Ezequiel Escobedo, Hugo Martín Cabañas y Carlos Damián Cassalz, quienes habían sido condenados el 4 de noviembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martín. Los jueces Daniel Carral, Victor Violini y Ricardo Maidana ordenaron su inmediata liberación, cuestionando el accionar del perito Marcos Herrera, quien había ofrecido gratuitamente sus servicios a la familia de Araceli en aquellos desesperados días de búsqueda. Los magistrados en su fallo ordenaron que la Fiscalía General de San Martín investigue su actuación en esta causa, ante la posible comisión de un delito de acción pública, y solicitaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia bonaerense y a la Procuración General que “se evalúe la posibilidad de establecer protocolos de actuación en materia de rastros odoríficos, así como en la acreditación de las certificaciones y habilitaciones”. La posible actuación dolosa de este perito dejaba, así, inválida la sentencia. La familia apeló el fallo y hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación adeuda una respuesta. En tanto, los imputados están en libertad.
Por el crimen de Araceli no fueron sometidos a ningún proceso judicial ni el comisario ni los agentes que encubrieron a la banda de narcomenudeo que operaba en el barrio y mató a Araceli. Hubo, sí, varias condenas a autoridades policiales en otros procesos judiciales contemporáneos al que investigó el femicidio de Araceli y que probaron las vinculaciones en ese territorio entre bandas narcos y fuerzas de seguridad. Una de ellas fue en septiembre de 2023, cuando la jueza federal Alicia Vence procesó con prisión preventiva al comisario Osvaldo Javier Calderón y dos oficiales de la Comisaría Primera de San Martín que fueron filmados mientras recibían coimas para liberar a dos integrantes de una banda narco.
Territorios, cuerpos y violencias
Al hablar de territorio nos referimos no solo a la base material y orgánica de los ecosistemas, sino también a la historia y las relaciones que se han entretejido de modo constitutivo. El territorio aparece entonces como una trama de redes de relaciones que, en su dimensión conflictiva y contradictoria, configura experiencias y sujetos singulares marcados por variables procesos de jerarquización y de desigualdad.
Hay en la palabra “territorio” una serie de sentidos contradictorios anudados. Por un lado, en su propio origen etimológico aparece asociada a una voluntad de control y de dominio, en un lenguaje bélico y de conquista. Pero el territorio, en sus usos sociales y locales, también alude al saber de la experiencia, a una relación de alteridad respecto de espacios institucionales y burocratizados. El territorio, en este sentido, puede ser una analogía de la calle o, para decirlo en términos más amplios, del espacio de la vida cotidiana. El territorio también es, en un sentido más literal, la tierra. El cuerpo –nuestro cuerpo– puede ser también vivido e interpelado como territorio, pero no todos los cuerpos se constituyen en territorios en disputa, sino especialmente aquellos cuerpos feminizados, racializados, empobrecidos y marginados. Se va armando así un mapa imaginario de cuerpos y territorios simultánea e inextricablemente sometidos a procesos de desvalorización, violencia y explotación; de despojos múltiples de la vida en todas sus formas.
Pensados los territorios como configurados por relaciones de poder, las desigualdades de género se despliegan y concretan en ellos de un modo fundamental. Desde esta perspectiva, entonces, el territorio aparece como espacio tallado en donde se producen y reproducen desigualdades étnico-raciales, de género, de clase, de edad y deviene, así, un espacio de disputa. Los territorios son campos de fuerza, producto y objeto de disputas, resistencias y dominios. Por lo tanto, están siempre en devenir, nunca acabados, nunca cerrados; contingentes.
¿Es posible trazar una frontera clara y objetiva entre el cuerpo y el territorio? ¿Qué paisaje habita nuestros cuerpos? Al respecto, la filósofa feminista Donna Haraway pregunta provocadoramente por qué nuestros cuerpos deberían terminar en la piel. Los cuerpos están situados e interconectados de forma profunda con la trama de la vida. Pensar en lo viviente desde la interconexión, la interdependencia y la existencia de flujos continuos nos abre la mirada a reconocer patrones comunes que, en nuestro espacio y tiempo, hablan de formas sistemáticas de extracción de valor, despojo y violencia extractivista. Se trata de advertir la concurrencia entre procesos de pobreza y desigualdad, de violencias de género y ambientales, que expresan una lógica depredadora común que exponen cotidiana y persistentemente a las personas, a los territorios y, en última instancia, a la vida.
Hace ya décadas que, desde los feminismos, se han señalado analogías entre la explotación de los territorios desde la lógica de la ganancia capitalista y la explotación de los cuerpos feminizados desde la lógica patriarcal. En este sentido, Vandana Shiva afirma que la apropiación de recursos crea una cultura de la violación: violación de la Tierra, de las economías locales y también de las mujeres. El modelo extractivista concibe a los territorios y los cuerpos feminizados como recursos a explotar y como zonas a sacrificar en función de consolidar una forma de dominación. De hecho, en la base del ordenamiento moderno-colonial, no solo se saquearon territorios, sino también cuerpos racializados y esclavizados. En la actualidad, esta cualidad extractiva, apropiadora y cosificadora de los cuerpos aparece como nodal a la violencia femicida.
Desde esta lente, el extractivismo no es solo un modo de saqueo y explotación de la naturaleza, sino que también implica una racionalidad y una relacionalidad particulares. Es un modo de concebir las relaciones con otros humanos y no humanos y el espacio que co-habitamos. Las prácticas extractivistas se asientan en jerarquías raciales, de género y clase, multiplican las formas de violencia y exacerban las injusticias.
El extractivismo configura no solo territorios sino también relaciones sociales y las subjetividades de quienes los habitan. Se trata de prácticas sistemáticas de extracción de la vida en todas sus formas y dimensiones. Las violencias de todo tipo son consustanciales al extractivismo y se refuerzan como forma de producción de lo social.
Esta relación inherente entre extractivismo y violencia se expresa en la desestructuración de las tramas sociales y comunitarias, en el despojo de los medios de subsistencia y de sostenimiento de la vida, en la polarización y estratificación social, en el agravamiento de la criminalización y la represión estatal y, también, en la violencia contra las mujeres y el recrudecimiento de formas patriarcales de dominación y opresión. Para nombrar este entrelazamiento entre las formas neocoloniales del despojo de los espacios de vida y la profundización de las jerarquías de género, se ha propuesto el concepto de “repatriarcalización de los territorios”. Sobre todo, han sido los estudios sobre proyectos extractivistas vinculados a la minería y los combustibles fósiles los que alertaron cómo estos conducen a la masculinización de los territorios, con un aumento significativo de la violencia de género y la explotación sexual.
En el Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales, Intersexuales y No Binaries de 2023, en un taller sobre Pueblos fumigados, una mujer decía que nuestros territorios nos exponen y nos entrampan entre el femicidio y el cáncer. En este y otros espacios de activismo, queda claro que las mujeres no son las únicas afectadas por este entrecruzamiento de violencia ambiental y de género, sino que también son las primeras en advertir las consecuencias del modelo extractivista en sus cuerpos, los de sus hijos y los de sus comunidades. Se constituyen, así, en la primera línea de la defensa de los territorios y rápidamente se vuelven blanco de persecución y amenazas cuya expresión más extrema son los femicidios extractivistas.
En este contexto, lo narco resulta un eslabón clave de la cadena de extracción de ganancias en cuerpos y territorios que han sido oscurecidos por la desigualdad social producida por las políticas económicas neoliberales. Lo narco convierte en consumidores y productores a aquellas poblaciones que el sistema formal descarta. La antropóloga Rita Segato lo describe como un segundo Estado. Sin embargo, consideramos que en países no europeos esa dualidad es, en realidad, una unidad y que ese desdoblamiento es la clave constitutiva en la que se establecieron los Estados coloniales para garantizar la gobernabilidad. Recordamos también que en Argentina se utiliza el término “en blanco” y “en negro” para distinguir la economía “formal” de la “informal”, entendiendo por “formal” la del mercado y por “informal” la ancestral. Aquello, entonces, que habita el “Estado en Negro” es la resistencia y lo narco es la respuesta para neutralizarla, ante la impotencia del “Estado en Blanco”.
Desde la perspectiva que venimos sosteniendo, todavía parece necesario remarcar el carácter sistémico y civilizatorio de esta crisis y continuar desanudando las lógicas androcéntricas y patriarcales de las formas de producción basadas en el despojo, la extracción y el aniquilamiento de cuerpos y territorios.
Las víctimas de femicidio y sus familias organizadas en busca de justicia nos enseñaron que para deconstruir las violencias que culminaron en estas muertes no basta con problematizar el amor romántico y los ideales de pareja. Ni tampoco alcanza con desafiar las fronteras de lo doméstico, ni las estrategias de empoderamiento. Se volvió necesario indagar en las fuerzas estructurales y cotidianas que están minando las tramas comunitarias de sostenimiento y reproducción de la vida. Y situar a los femicidios en un aumento generalizado de la violencia, la narcocriminalidad con alto involucramiento policial y penitenciario y de la crueldad y, en términos más amplios, en procesos extractivos y de despojo y precarización de las condiciones de existencia donde todos los bienes aumentan su valor a ritmo constante hasta volverse inaccesibles, excepto la vida, que cada vez vale menos. Mejor dicho, algunas vidas: el componente de clase y raza marca a fuego la categoría de femicidios territoriales.
Desde esta óptica pusimos la lupa en Rosario, ciudad que nos señala cómo el cuerpo de las mujeres emerge como un renovado territorio de disputa en el contexto del entramado narco-policial-penitenciario de la ciudad. Coincidimos con Rossana Reguillo cuando caracteriza a estas violencias como “pasillos”: “vestíbulos entre un orden colapsado y otro que todavía no es, pero está siendo. De ahí su enorme poder fundante y su simultánea ligereza”. La tensión actual es producto de la crisis del Estado en Blanco que deja expuesto al Estado en Negro y provoca la disputa por el control de todo el aparato.
Lo que la violencia hace emerger sin pudor es a aquellos territorios en disputa, sí, todavía. Pero una disputa desigual, invisibilizada por los supuestos creadores de sentido social: medios y academia.
La sociedad mexicana y en especial las mujeres de Ciudad Juárez, batallan desde hace décadas contra la máquina femicida ante el monumental silencio académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la mayor unidad de producción de teoría social iberoamericana. Silencio que funciona como un enorme operativo de lavado epistémico de lo narco.
Los territorios argentinos que luchan hoy para que el narco-fascismo no termine de capturar el aparato del Estado y con él, la democracia, requieren toda la luz y compañía que muchos sectores políticos, culturales y sociales les siguen negando.
Los femicidios territoriales abren surcos y dejan al descubierto hilos de injusticias e impunidad que, como fibra poderosa sedimentada en el tiempo, amenazan a la vida en su totalidad y refuerzan modos estructuralmente desiguales de ser y estar en el mundo.
Acá estamos, entre ruinas, caminando con la tierra resquebrajada de muerte a nuestros pies.
Las mujeres, travestis y trans nos vemos empujadas a pensar desde el dolor para intentar regar nuestros territorios arrasados y dotarlos de horizontes de verdad y de justicia.
Nuestras muertas nos duelen, pero también nos hablan.
Sus cuerpos narran una historia personal y colectiva.
En tiempos de análisis políticos y especulaciones electorales, ¿no son las historias de estos femicidios y transfemicidios las que debemos comprender para trazar una radiografía de época?
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