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Mapuches acusados en Bariloche: el juicio oral y público que ahora ya no es público

Las audiencias del juicio por usurpación en Villa Mascardi (Bariloche) contra una comunidad mapuche no se emiten por YouTube como suele ocurrir y estaba previsto. Inesperadamente aparecen testigos con «machetes» que leen lo que tienen que declarar (aunque no se conoce su contenido). La ausencia de razones para la medida del juez Alejandro Silva, de General Roca, lo que dicen la comunidad y quienes la defienden. El punto de contacto del caso con el crimen de Rafael Nahuel cuando la ministra era, como ahora, Patricia Bullrich.
Por Francisco Pandolfi
El juicio oral y público a seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por el delito de usurpación en Villa Mascardi, Bariloche, Río Negro tiene una curiosidad: en la práctica dejó de ser público. Las audiencias comenzaron el martes, pero en las del miércoles y este jueves en el Tribunal Oral Federal de General Roca, el juez Alejandro Silva barrió lo público. El juicio es absolutamente virtual: el juez en General Roca, y abogados, testigos, los propios acusados, intervienen conectados, cada uno desde su lugar. En un proceso que previamente se acordó se hiciera de esta manera virtual, el juez definió este miércoles –sin dar ningún argumento– imposibilitar a la prensa y a cualquier persona que no sea parte (acusados, defensores, querella, fiscalía) conocer el desarrollo de la causa.
En la foto de portada puede verse a cuatro de los acusados en la mañana de este jueves, a punto de participar de las audiencias virtuales desde un sindicato de Bariloche que les abrió las puertas porque allí tienen Internet.
De izquierda a derecha Romina Rosas, la machi Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo y Matías Santana, de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu.
Problemas informáticos
El juicio tendrá 132 testigos que, de continuar la decisión del juez, no serán escuchados por la opinión pública. Entre el miércoles y el jueves declararon vecinos de Villa Mascardi y agentes de las fuerzas de seguridad. No se sabe qué dijeron.
El secretario del Tribunal Oral Federal de General Roca, Luis Pérez García, dijo a lavaca sobre el porqué de la decisión y se produjo este diálogo:
–Sigue siendo público, no sé qué problema informático puede estar habiendo.
–No hay ningún problema informático. El juez prohibió su emisión desde la segunda audiencia. ¿Por qué tomó esa decisión?
–Desconozco la información. Ni sé las causas. Sabrá el juez por qué lo hace.

Imagen del juicio obtenida por integrantes de la comunidad acusada que sí pueden participar de las audiencias virtuales. El juez Alejandro Silva no explicó por qué impidió el acceso del periodismo y el público a las audiencias.
El caso
En 2017 la comunidad mapuche inició la recuperación de su territorio y como respuesta, la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich (que ahora vuelve a ser ministra mercede a su salto del macrismo al mileísmo) ordenó el desalojo en el que el grupo Albatros de Prefectura asesinó el 25 de noviembre a Rafael Nahuel.
El juez Alejandro Silva es el mismo que presidió el juicio por su crimen y condenó a sus responsables con penas ínfimas, entre 4 y 5 años, tras haber matado al joven por la espalda.
Testigos con machete
Gustavo Franquet es uno de los abogados de la lof, que intenta explicar lo inexplicable. “El juez decidió todo sin avisar, de improviso, a pesar de que desde el mismo Tribunal nos habían dado los enlaces de YouTube con los que se deberían poder ver todas las audiencias, incluso las que seguirán en marzo y abril. Determinó que donde haya declaración de testigos no van a ser transmitidas. Pero no explicó la causa. Así son las cosas en este juicio. No permitir la transmisión es propio de las prácticas judiciales de varias democracias de América Latina, con el argumento de combatir a lo que ellos consideran terrorismo. Pero en este caso no hay ninguna razón para que no sean públicos los testimonios”.
Agrega este profesional que integra la Gremial de Abogados: “Hay un artículo del Código Procesal Penal de la Nación que le permite al juez hacer algunas excepciones para que no sea público. Pero acá hay dos problemas. El primero es que el juez no explicó las razones cuando su deber es hacerlo. El segundo es que no existen esas razones. Está claro que buscan dibujar una situación en donde supuestamente la seguridad de los testigos se vería afectada si sus testimonios son públicos, lo cual es un delirio, pero apunta a seguir sembrando la idea del peligro mapuche. Es una cosa increíble”.
Papeles que sí y papeles que no
La no emisión de las audiencias de los testigos es una puerta abierta a que se multipliquen los despropósitos. Los abogados defensores cuentan que el juez les está posibilitando a los testigos leer apuntes.
“Esto es absolutamente irregular. Esos machetes tranquilamente pueden ser instrucciones de cómo declarar. Se lo hicimos notar al juez y dijo que él lo permitía. Si alguien va y declara de memoria, sin ningún papel en la mano, uno puede sospechar, pero una cosa es sospechar y otra es tener la evidencia como en este caso”.
En paralelo a este juicio, la Administración de Parques Nacionales solicitó ayer ante el Juzgado Federal de Bariloche remover el Rewe del territorio del que fue desalojado la comunidad. El Rewe es un sitio sagrado del pueblo mapuche que permanece erigido en el lugar, por decisión de la ex jueza federal Silvina Domínguez. En la audiencia de este jueves, los integrantes de la Lafken Winkul Mapu mostraron un escrito con la leyenda “Devuelvan el Rewe”, hasta que el juez lo vio y exigió retirar “las hojas de papel”.
Desde la comunidad explican a lavaca: “Es muy grave este nuevo atropello. Todo nuestro ser, nuestra existencia y devenir están conectados con el Rewe. Frente a esta adversidad, en la que los poderes políticos, económicos y judiciales criminalizan a nuestro pueblo con mentiras y engaños, provocando odio y violencia contra nosotros, aprendimos del fortalecimiento propio, del regreso a los territorios y de nuestra resistencia en comunidad. Nuestro Rewe es parte fundamental de esos procesos: en él encontramos entendimiento, y lo que hacemos allí se transforma en acciones profundamente sentidas. Nos devuelve nuestra espiritualidad, nuestra lengua, nuestra memoria”.
Y cierran: “Exigimos que se haga efectivo el derecho a la salud que nos reconoce la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Artículo XII de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En cada una de esas legislaciones se establece que los pueblos indígenas tenemos derecho a nuestros propios sistemas y prácticas de salud”.

Un símbolo de la época. Como ocurre en Buenos Aires con las marchas de jubiladas y jubilados, entre tantas, las mujeres mapuche enfrentan el mismo panorama de violencia.
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Jubilados: el triunfo es seguir

El Congreso de la Nación convirtió en ley el primer triunfo social que se logró al sostener en la calle, todos los miércoles y durante casi dos años, un reclamo que ni los gases ni los palos ni las detenciones arbitrarias pudieron desalentar.
Lo que deriva, ahora, es también el primer gran desafío político para un gobierno agobiado por la debilidad de su plan económico –debilidad que ahora quiere atribuir a esta decisión legislativa– y desgastado por una retórica abusiva que lo está dejando sin aliados y rodeado únicamente por aduladores, odiadores y especuladores.
La aprobación de un aumento de las jubilaciones del 7,2%, un incremento del bono de 70.000 a 110.000 y la extensión de la moratoria extinguida por decreto fue suficiente para que, además, comenzaran los reproches públicos de la interna oficialista, que tuvieron a la gran perdedora de esta pulseada –la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich– como vocera.
La estrategia de la ministra de sofocar con palos y criminalización el reclamo social dejó ayer en evidencia su fracaso, tal como había sucedido en su anterior gestión al frente de esa cartera en tiempos de Mauricio Macri presidente.
Lejos de aprender la lección, la repitió cosechando idéntico resultado. Lo sintetiza Beatriz Blanco, 81 años, la jubilada golpeada, tumbada y gaseada durante una la jornada de protesta del 12 de marzo (en la que también fue atacado el fotógrafo Pablo Grillo que continúa su arduo proceso de rehabilitación): “Si no aflojamos, lo logramos: esa es la lección de hoy”.
Beatriz no está confiada ni esperanzada: “Estoy decidida”, dice para definir qué espera en los próximos días, cuando se defina si el Congreso apoya o desactiva el anunciado veto del presidente Milei.
Esa decisión que define el estado de ánimo de Beatriz tiene un por qué: “ya no estamos tan solos y eso nos permite creer en nosotros. Nuestra fuerza es seguir”.
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La independencia de los jubilados

Hubo marcha alrededor del Congreso vigilada por 26 vehículos de Gendarmería y Policía Federal como anticipo de las movilizaciones convocadas para la semana próxima. Sin embargo fue un 9 de Julio sin violencia contra quienes manifiestan, mientras lavaca planteaba una pregunta a jubiladas y jubilados: ¿De qué hay que independizarse?
Por Francisco Pandolfi y Lucas Pedulla
Fotos: lavaca.org
“Tengo 48 años de aportes y no llego a 500 mil pesos de jubilación. No puede ser que ni siquiera tenga para un gustito de comprarme un dulce de batata” dice a lavaca Hugo, 74 años, mientras marcha alrededor del Congreso. Tiene una barba blanquísima que le envidiaría Papá Noel. Vino desde Villa Domímico. Su síntesis para un 9 de Julio: “De lo que tenemos que independizarnos es de este gobierno, que no da para más”.

El 9 de julio de 1816, el Congreso de Tucumán, integrado por representantes de las Provincias Unidas del Río de la Plata, proclamó la Independencia de estas tierras. Ese día, las manifestaciones populares se concentraron en los alrededores de la Casa de Tucumán, coreando el grito de «Viva la Patria».
209 años después, este 9 de julio de 2025, afuera de ese Congreso de la Nación integrado por diputados y senadores, jubiladas y jubilados proclaman de qué falta todavía independizarse en un contexto de jubilaciones licuadas (el haber mínimo a $379 mil), de barrida de la moratoria previsional y de la gratuidad los remedios.
Hugo sigue describiendo la situación tras sus 48 años de aportes, a través de un montón de preguntas: “¿Dónde está lo que pagué durante tantos años? ¿Cómo como? ¿Cómo vivo? ¿Quién me explica eso?”. Agrega otro elemento: “Soy epiléptico, tomo un remedio que me sale 200 mil pesos. Con mi señora ya no comemos a la noche. Esto es una esclavitud”.

Un dolor en el pecho
Graciela, 78 años, es de Libertad, Merlo: “Tenemos que independizarnos de esta mierda de gobierno y de todo lo que nos explotan día a día. Estoy viviendo mal, no me puedo comprar los remedios que necesito. Nos han quitado todo a los jubilados. Este es un gobierno democrático, elegido por una votación, pero tremendamente dictatorial”.
Un poco más joven, Osvaldo tiene 72 julios. Llegó desde Claypole donde vive. Dice que hay que independizarse de lo que define del siguiente modo: “Es una mafia que está regalando el país, todos los bienes naturales. Volvimos a depender de Estados Unidos, nos endeudan cada vez más, es un desastre”. Cuenta que cobra la mínima y que tiene un dolor en el pecho cada vez que lo visita alguno de sus seis nietos: “Me piden un yogur y no se los puedo comprar. Mis hijos no me ayudan aunque quieran, porque están peor”. Hace una pausa. Confiesa. “Te digo la verdad: ya no ceno, me tomo un té, no me da para otra cosa”.

Lo que quiere Milei
Alrededor del Congreso, esta vez sin vallas, dos ejércitos desproporcionados están apostados para evitar vaya a saber qué: Gendarmería Nacional (15 vehículos) y Policía Federal (11 vehículos). Pero no pueden impedir que los y las jubiladas marchen alrededor del palacio legislativo, al grito de “qué vergüenza, pegarle a un jubilado por dos pesos con cincuenta”, aunque evidentemente los haberes de los llamados efectivos son otros.
Surgen algunas preguntas entre los manifestantes:
¿Cuánto cuesta un operativo así de desmedido?
¿Por feriado se les paga doble a ese montón de uniformados?
¿Qué sentido tiene tanta parafernalia de seguridad?

Este jueves está prevista la sesión en el Senado para tratar el aumento de jubilaciones. Opina Hugo: “Milei ya dijo que lo volverá a vetar. Y eso que sería un miserable aumento, es una vergüenza, es un desalmado, una mala persona”. Argumenta Graciela: “No tengo expectativas, porque aunque el Congreso apruebe todo, el señorito que tenemos por presidente lo veta. Él quiere a los jubilados sin nada, muertos”.

Señalando la corrupción
Teresa dice que pasó los ochenta y que es de un territorio innombrable: La Matanza. Se presenta como militante comunitaria en Laferrere, con acción en la casa de salud barrial, y cuando se le pregunta por el día patrio, se enciende: “Hay que independizarse de la corrupción”, dice y señala al Congreso: “Si pueden tirarlo abajo, tírenlo, porque no me representa a mí ni a ninguno de los que estamos acá. Nosotros hacemos la patria grande, con este bastoncito que ves hice mucho por esta Patria, la amo y me la están robando. Luché mucho por ella, hijo. Mucho”. Nos pide que escuchemos un tema de Horacio Guarany,
“Qué te ha pasado justicia”. Lo que se cantaba en el siglo pasado:
A ver, señor diputado,
¿qué le ha pasado que se olvidó
del bendito pueblo obrero
que usted en campaña siempre nombró?
Tengo mis hijos pidiendo,
que por la calle siempre se ven
y usted se aumentó la dieta,
y yo a la dieta la hago muy bien.
Alicia, 80 años, es otra de las jubiladas con esa dieta (cobra la mínima, $304.723,90 más el bono de $70.000), y dice que hay que independizarse de todo: “Somos una colonia. Se han posesionado de nuestros recursos naturales, el agua, el litio, el petróleo, están regalando las mineras, la educación, la salud, la jubilación. En realidad, no tenemos nada”.

¿Qué necesitamos?: “Otra independencia”, sintetiza Alicia, que integra Jubilados Insurgentes.
Mónica, 72 años, de la Asamblea de Vecinos de Boedo, viene siempre los miércoles sin importar si llueve o hace frío, y la hace corta: “Hay que independizarnos del presidente cipayo que tenemos, de Estados Unidos y de Israel”.
A su lado está Ricardo, 84, de Lanús, conurbano sur: “Llegamos al 9 de Julio con despidos masivos, garrote y gaseo a trabajadores del INTI, de Vialidad Nacional, con una CGT traidora. Esto, con huelga y un plan de lucha se termina. En 1919, los trabajadores de la Semana Trágica luchaban por trabajar ocho horas en lugar de doce y se cargaron 700 cuerpos. Hoy la clase argentina trabaja por salarios de hambre y no se para de manos”.
Pertenece a una agrupación llamada Bastones en rebeldía y dice que viene por quienes no pueden estar por razones de salud. “Acá tiene que venir más gente, somos seis millones de jubilados…”. Se enoja, mueve la cabeza y cuenta que tiene siete categorías para englobar a quienes no vienen cada semana a lo que se transformó en el epicentro de la resistencia a este gobierno: 1) Los indiferentes 2) Los indecisos 3) Los adormecidos 4) Los que naturalizan todo 5) Los resignados 6) Los mesiánicos 7) Los hiperindividualistas. Dice que no tiene necesidad económica, pero que prefiere seguir marchando.

Las 14 organizaciones que integran la Mesa de jubiladas y jubilados en lucha convocan para el próximo miércoles 16 de julio, desde las 15, a una “gran marcha antirrepresiva entre todos los sectores que hoy padecen la crueldad de este gobierno”.
Llaman a marchar el jueves 17 con los trabajadores del Hospital Garrahan.
El 9 de julio de 1816 marcó la independencia política “de España y de toda dominación extranjera”, pero siguieron existiendo muchas formas de dependencia: económica, cultural, productiva, mental. Toda relación entre aquellos eventos de Tucumán y las cosas que ocurren 209 años después, ¿serán pura coincidencia? A más tardar la semana próxima las calles volverán a decir lo suyo.

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Otro ataque a la salud pública y al Garrahan: las movilizaciones que se vienen

No solo no soluciona el problema, sino que lo empeora: el gobierno difundió un reglamento que degrada las condiciones laborales de los profesionales de la salud residentes en hospitales nacionales al buscar convertirlos en “becarios”. Asambleas y la decisión: paro y un abrazo al Garrahan el próximo jueves 10, y la convocatoria a una gran marcha federal por la salud el jueves 17 de julio.
Por Francisco Pandolfi
Residentes sí, becarios no. Ese es el nuevo lema que hoy levantan (y denuncian) residentes de los hospitales nacionales del país, ante el nuevo reglamento que dictaminó el 2 de julio el ministerio de Salud de la Nación para las residencias médicas.
¿Qué son las residencias? Tienen como objetivo capacitar y especializar a egresados de carreras como medicina, enfermería, psicología y bioquímica, entre otras, en el marco del trabajo asistencial y académico.
¿Qué aduce el gobierno nacional para la formulación del nuevo reglamento? “Recuperar su rol formativo y permitir que los residentes puedan elegir bajo qué modalidad realizar este tramo de su formación y cómo administrar el monto de las becas percibidas. A fin de jerarquizar el carácter formativo de esta etapa, el nuevo reglamento recupera el concepto de beca (excluyendo cualquier encuadre como empleo público, relación laboral o contratación de obra o servicio) y ofrece a los residentes la posibilidad de elegir entre dos modalidades diferentes: Beca Institución (el hospital otorga la beca) o Beca Ministerio (contrato con el Ministerio de Salud). No es empleo público, no es una relación laboral. Es una etapa formativa con financiamiento estatal”.
Ante la Resolución 2109/2025, las y los residentes del Hospital Garrahan a la cabeza, y todos los profesionales de la salud del sistema de residencias nacionales realizaron ayer una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, donde denunciaron: “Este modelo de residencias, ampliamente utilizado a nivel global y que rige en Argentina desde hace más de 30 años y que fue perfeccionándose en el tiempo, garantizó profesional altamente capacitado en cada rincón del sistema de salud. La nueva normativa desmantela las bases fundamentales del sistema, se nos atribuye libertad de elección ante dos opciones de las cuales ninguna resuelve la problemática salarial de base, y además ambas implican la pérdida de múltiples derechos laborales adquiridos; pretende transformar lo que hasta ahora era un régimen formativo en servicio, remunerado y con derechos reconocidos, en un esquema de becas sin vínculo laboral claro, ni aporte y con importantes recortes en licencia, descanso y condiciones de trabajo”.
Entre los puntos “más alarmantes”, destacaron:
- Aumento de la carga horaria y del número de guardias (de 70 horas semanales a 93).
- Eliminación del descanso post guardia (lo que implica pasar de 24 horas de corrido a 30).
- Reducción del valor de la hora trabajada: en caso de la Beca Institución, $3.200 de cobrarse un bono hospitalario. En Beca Ministerio: $2.200.
- En la Beca Institución, mayor dinero en mano, pero a expensas de la pérdida del aguinaldo, aportes previsionales y obra social.
- En la Beca Ministerio, menos dinero en mano, obra social estatal y sin posibilidad de cobrar bonos institucionales.
- En caso de rescisión de contrato, no se contará con indemnización.
- Renovación de contrato de forma anual a pesar de concursarse por formación de 3 a 4 años.
Como cierre de la conferencia, sentenciaron: “No se puede aludir a la libertad cuando se nos acorrala entre dos opciones de precarización extrema. La residencia sí es un trabajo. Exigimos la inmediata derogación de la resolución y la apertura urgente de instancias de diálogo con las y los residentes de todo el país. Sin residencia como fuente de personal capacitado, no hay futuro posible para la salud de Argentina”.
Abrazo y marcha federal
Josmar Flores Arnéz es licenciado en bioimágenes, tiene 37 años recién cumplidos y hace 16 que trabaja en el servicio de neurointervencionismo del hospital. Además, es delegado de la junta interna de ATE. Habla con lavaca: “La modificación en las residencias no sólo es una degradación de las condiciones laborales de las y los residentes, sino también implica la degradación del sistema de salud completo, porque cambian la forma de contratación quitando derechos laborales. Lo que decretan es que dejan de ser trabajadores, para hacer las tareas por una especie de bono, a través de una metodología de becas”.
Esta nueva medida se enmarca en una política de ajuste a la salud pública en general, y al hospital Garrahan en particular. El miércoles pasado, en la Cámara de Diputados se estaba tratando la emergencia para el Garrahan, pero la sesión se levantó por discusiones entre el bloque oficialista de La Libertad Avanza, y el peronismo. La emergencia quedó sin tratar…
¿Cuál es la emergencia? Josmar Flores plantea cuatro puntos clave:
- Una recomposición salarial del 100%.
- Que la persona que recién ingresa cobre lo mismo que estipula la canasta básica familiar: un millón ochocientos mil pesos.
- El aumento del presupuesto del hospital.
- Mejora en las condiciones de trabajo: que se reconozca un régimen de insalubridad especial para el hospital.
¿Cómo sigue la cuestión? “Todos los trabajadores del hospital, incluidos los residentes, hacemos asambleas conjuntas y acabamos de decidir ir a paro los próximos dos jueves –cuenta Josmar–. El 10 llamamos a un abrazo solidario al hospital, en la puerta sobre Combate de los Pozos; y 17 convocamos a toda la población a una gran marcha federal, que en la Ciudad Buenas Aires irá desde Congreso a Plaza de Mayo”.
Cierra: “Este gobierno nos ataca por muchos ángulos y la única manera de cambiar la realidad es seguir por este camino”.
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