Sigamos en contacto

Nota

INTA: cuando el ajuste mata

Publicada

el

La muerte de un trabajador del INTA en Castelar reveló una trama de desfinanciamiento y malas condiciones laborales que ocurren desde hace años. Sus compañeros denuncian un intento de ocultamiento y la falta de medidas de seguridad: un mes antes, el sindicato había alertado por posibles accidentes. La sombra del modelo de agronegocios.
   Por Darío Aranda
Una enorme olla donde entran hasta seis vacas. Con enorme presión, agua y químicos a alta temperatura. Y 30 años de uso. Así es el biodigestor con el que trabajaba Diego Soraire, trabajador del INTA Castelar (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El 3 de septiembre el dispositivo falló y su tapa saltó como consecuencia de la presión.
Diego sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo, y falleció luego de una semana de internación. Un mes antes, delegados sindicales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) habían enviado una carta documento a las autoridades de INTA por la falta de financiamiento para el área de seguridad e higiene, y habían alertado sobre posibles accidentes.
inta-carta-documento-2016-imagen-551

   Filtración

El lunes 5 de septiembre por la noche llegó un mensaje de texto  anónimo. «Pasó algo en INTA Castelar. Dos heridos graves. Lo quieren ocultar, como con Melisa Bogarín». Melisa era una joven trabajadora del ProHuerta-INTA, fallecida en abril pasado.
Recién el miércoles a la mañana el hecho fue confirmado por tres fuentes: dos técnicos de INTA y delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El accidente había ocurrido el sábado 3 de septiembre. Los heridos eran Osvaldo Zabal y Diego Soraire, este último muy grave. El INTA, que tiene una aceitada red de comunicación con los medios, no daba cuenta del hecho.

   Víctima

Diego Soraire tenía 37 años, vivía en Moreno y era padre de cuatro niños. El sábado 3 de septiembre fue a trabajar a INTA Castelar como lo hacía desde 2007. Todas las versiones -de sus compañeros, familiares y sindicales- reconstruyen el mismo hecho: el biodigestor tiene más de 30 años de uso, estaba funcionando con muy alta presión, lo que significaba riesgo de explosión. Soraire intentó aflojar válvulas de manera manual: media decena de trabajadores indican que recibió instrucciones de sus superiores para esa acción. La tapa del biodigestor saltó y Soraire sufrió quemaduras por el mismo líquido a altísima temperatura, en el 80 por ciento del cuerpo.
Aunque en menor medida, también sufrió heridas su colega Osvaldo Zabal.
Soraire falleció el viernes 9 de septiembre.

   Comunicado interno

La Junta Interna de ATE INTA Castelar había emitido un comunicado interno sólo para trabajadores el lunes 5 de septiembre a las 11.30. Era muy breve y no explicaba qué había sucedido, pero sí señalaba una «tragedia laboral». En un cruce de correos internos entre trabajadores se afirmaba que Diego Soraire estaba muy grave.
Ante el pedido de explicaciones (dentro de un grupo Yahoo de trabajadores), un investigador de carrera de INTA Castelar informó: «El digestor es un autoclave gigante (entran los cuerpos de seis bovinos) enterrado hasta diez metros de profundidad. La instalación no tiene monitoreo electrónico que te habilite al próximo paso cuando cumpliste con el anterior. Al menos el que yo conozco no tiene nada de eso. Es solo fierros, tuercas y tornillos».

   Marcha

El martes 13 de septiembre hubo movilización desde INTA Castelar hasta las oficinas porteñas de la institución. Unas 200 personas se concentraron frente al Congreso Nacional y de allí marcharon tres cuadras. «Tenemos una angustia muy grande, ya no tenemos a Diego, y queremos justicia. Que paguen los responsables y que no tapen lo que pasó. Hay responsables y tiene que hacerse cargo», reclamó conmovido Diego Esquivel, trabajador de INTA Castelar, cuñado y compadre de Diego Soraire.
Con un cartel con la foto de Soraire, Esquivel remarcó que la familia apoyaba la marcha (la esposa de Soraire no estaba presente por problemas de salud) e insistió en un temor: «que tapen lo que pasó».

Foto: Luciano Dico

Foto: Luciano Dico


José Luis Perea, delegado gremial de INTA Castelar, afirmó que Soraire es «una víctima del ajuste» y explicó que el INTA lleva «tres años de desfinanciamiento». Reclamó que se investigue «toda la cadena de responsabilidades» y apuntó a las causas de fondo: «Lo que le pasó a Diego le puede pasar otros trabajadores del Estado porque hay un enorme deterioro de equipos que llevan décadas, con tecnologías del siglo pasado. Un digestor nuevo no permite ese tipo de accidentes. Por eso apuntamos a la falta de inversión y falta de prevención».
Recordó que diez años atrás falleció otro trabajador, Horacio Huerta, mientras operaba un equipo similar.
Los trabajadores también alertaron que la causa judicial recayó en la Fiscalía N°1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso. «Es el mismo fiscal que en la tragedia de Once responsabilizó al motorman y no a la desinversión de la empresa ni a la complicidad de los funcionarios», explicó Perea y advirtió que no aceptarán que los trabajadores sean el chivo expiatorio de esta muerte.
El gremio y los compañeros de Soraire exigen una comisión independiente, y con participación de los trabajadores, que investigue lo sucedido. «Las autoridades no dieron explicación oficial, recién comunicaron el hecho cuando Diego falleció y hay muchas preguntas que el INTA no quiere contestar», asegura Perea. El presidente Macri visitó INTA Castelar en julio, «pero no estuvo en los laboratorios con equipamiento antiguo ni en los edificios deteriorados».

   Un mes antes

El 2 de agosto, un mes antes del accidente, la Junta Interna de ATE INTA envió una carta documento al director nacional de la institución, Héctor Espina. El comunicado del gremio explicaba: «Ante la falta de presupuesto para la Cymat (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), situación que deja desprotegidos a todos los trabajadores de INTA ante cualquier eventualidad o accidente, hemos reclamado por carta documento al director nacional de INTA la ejecución inmediata del presupuesto necesario para garantizar las condiciones de trabajo con la seguridad e higiene que corresponde», señala el comunicado firmado por «Junta Interna ATE INTA».
inta-carta-documento-2016-imagen-551
En la carta documento se puede leer: «Intimamos a usted (Héctor Espina) a gestionar de inmediato, 48 horas, la asignación presupuestaria 2016, de 60 millones de pesos conforme a la planificación y necesidades planteadas reiteradamente». Firmada por el delegado gremial José Luis Perea, la carta documento precisa: «Denunciamos la puesta en marcha de un sistema perverso de asignación de recursos que generó la ejecución de solo un millón de pesos, que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo estipuladas en las normativas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Haciendo responsable a usted por tal incumplimiento».
El director nacional de INTA, Héctor Espina, respondió el 5 de agosto. «Rechazo formalmente en todos sus términos su carta documento por falsa, arbitraria y sin fundamento ni legitimidad alguna. Asimismo niego de manera total que la Institución no esté garantizando las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo». El director del INTA señaló que el pedido de 60 millones de pesos «no encuentra respaldo presupuestario según la planificación y necesidades planteadas en materia de higiene y seguridad». Aclaró que el presupuesto del área es de 2,5 millones de pesos para 2016.
Los delegados gremiales de ATE le respondieron el 16 de agosto. Insistieron en la falta de presupuesto para seguridad laboral, recordaron que los 2,5 millones anuales representan un 56 por ciento menos que en 2015 y precisaron que en el tercer trimestre se asignó sólo 1,2 millones para todas las dependencias de INTA. «Alcanza para entregar sólo 10.000 pesos para cada unidad de INTA, menos de 100 pesos por cada trabajador para destinar a seguridad e higiene. Esas cifras son elocuentes», advirtió el sindicato, tres semanas antes del accidente de INTA Castelar.
gentileza-luciano-dico-ate-presentacion-liibro-00372233

   Camiseta puesta I

Mariana Conte es compañera de Soraire. Presente en la marcha en pedido de justicia, le cuesta hablar de él. Lo recuerda como un compañero muy querido por todos, deportista (practicaba karate, fue técnico del equipo de fútbol femenino de INTA Castelar), «muy laburador», siempre dispuesto para el trabajo, incluso feriados y fines de semana. «Es espantoso lo que sucedió, estamos consternados, no podemos reaccionar», confiesa, pero al mismo tiempo hace esfuerzo por exigir justicia. Puntualiza que el digestor «es muy viejo», con todo un procedimiento manual (nada automatizado, que quizá hubiera evitado accidentes). «Duele ver el intento de silenciar lo que pasó, durante toda la semana las autoridades no dijeron nada y por lo bajo hay jefes que culpan a Diego y no dicen nada de las condiciones de trabajo. Eso es injusto», se indigna Conte. Y también teme que el fiscal Basso vaya en el mismo sentido: culpe a la víctima.
Conte fue una de las pocas que se animó a manifestarse: en INTA Castelar trabajan 1500 personas, sólo 130 fueron a la asamblea por la muerte de Diego y unos 60 se movilizaron en reclamo de justicia. «Hay un verticalismo muy fuerte y también corporativismo. Es lamentable que, ante la muerte, haya trabajadores con la camiseta tan puesta de la institución… tienen la camiseta demasiado puesta…».
En la manifestación en la puerta de INTA había unas 200 personas. Se veían carteles de Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y Secretaría de Agricultura Familiar, pero ninguna de otras sede de INTA. Incluso era escasa la presencia de trabajadores de la sede de INTA Chile (por el nombre de la calle donde está, a pocas cuadras de donde fue la marcha). Se los podía contar con los dedos de la mano.

Foto: Luciano Dico

Foto: Luciano Dico

   Versión oficial

Recién seis días después del accidente, cuando Soraire falleció, el INTA emitió un comunicado. Precisó que se trató de un biodigestor del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) del INTA Castelar, lamentó la muerte y manifestó las condolencias a la familia. Explicaron que denunciaron el hecho en el Juzgado de Morón y señalaron que «en junio se había presentado un informe de validación sobre el digestor, en el cual se consignó que estaba apto para su operación».

   Ocultamiento y ajuste

Martes 12 de septiembre: marcha ante la sede central de INTA. Con llovizna y viento, las 200 personas reclaman por Soraire. Se exhiben carteles: «El ajuste de Macri causa muerte de trabajadores», «Diego Soraire y Melisa Bogarín presentes», «Héctor Espina, director nacional de INTA, integrante de Batallón 601, responsable», «Basta de ajuste en agricultura familiar», «Ninguna muerte más, mayor presupuesto».
Orestes Galeano es director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente en el trabajo de ATE apuntó a la antigüedad del biodigestor y la «falta de mantenimiento preventivo». Precisó que la anterior gestión no actualizó maquinarias y la nueva recortó presupuesto (incluido de seguridad e higiene). «Sobre malas decisiones estratégicas se suma el ajuste, es un combo que le cuesta la vida a trabajadores», denunció. Y agregó un nombre poco mencionado, Amadeo Nicora, presidente del INTA y aliado del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
«No tengo dudas que intentaron ocultar el hecho. Porque tienen en su cabeza una carta documento, un mes antes, que anunciaba que podía pasar una tragedia. Entonces quieren ocultar sus responsabilidades. Si los funcionarios, en distintos niveles, toman decisiones que cuestan vidas, tienen que hacerse cargo y ser juzgados», exigió y precisó que los funcionarios responsables están en la cúpula del INTA y en el Ministerio de Agroindustria (a cargo de Ricardo Buryaile).
También recordó la muerte de Melisa Bogarín en Chaco. «Nos quieren hacer creer que la precarización y el miedo a perder el trabajo no tiene relación con las enfermedades y padecimientos de los trabajadores. Siempre las patronales desligan responsabilidades y culpan a los laburantes», cuestionó.
El laboratorio donde trabajaba Diego Soraire estaba realizando pruebas para la multinacional Biogénesis Bagó. Recordó que desde el menemismo se generalizó la práctica de que ámbitos estatales (desde institutos de investigación hasta universidades) trabajen para grupos económicos. «Es una lógica que se mantuvo inalterable todos estos años y muy común en lugares como INTA, INTI, Senasa y Conicet. Se promueve la investigación para grupos económicos y no para los intereses de la sociedad», lamentó el delegado de ATE.
Silvia León, secretaria de organización de ATE y también presente en la marcha, afirmó que la muerte de Diego Soraire se debió a «la impericia de los gobiernos, en este caso a autoridades de INTA». Y no tiene dudas de que el macrismo apunta a una reforma del Estado en continuidad con los ’90, con despidos de trabajadores, achicamiento de planteles (con jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios) y privatización de sectores redituables. También cuestionó el accionar de las autoridades de INTA: «Intentaron ocultar el hecho porque saben que la muerte de Diego era evitable y lo quisieron tapar porque hay responsabilidades de funcionarios. Por eso estamos en la calle, para señalar a los responsables del ajuste y de la muerte de trabajadores».
Estela Ramazoti, de INTA Castelar, comparó: «Un lavarropas hogareño tiene una traba de seguridad para que no se abra. Imaginate la antigüedad de los digestores con los que trabajamos, con líquidos hasta 300 grados, que se cargan de presión y provocan lo que le pasó a Diego. La falta de financiamiento en tecnología, seguridad e higiene expone a los trabajadores. Diego es una muestra injusta de eso». Afirmó que el presupuesto de INTA viene en caída desde hace años y «se distribuye la miseria».

   Silencios

Richard Alcaraz, 26 años, obrero de la construcción falleció el 9 de septiembre en una obra en Villa Crespo, cuando una medianera cayó sobre él. David Ramallo, de 35 años, trabajador de la línea de colectivos 60 murió también el 9 de septiembre aplastado luego de fallar un elevador de vehículos. En ambos casos, los sindicatos denunciaron la falta de medidas de seguridad y la negligencia patronal. Incluso en la línea 60 hubo una semana de paro. Nada similar ocurrió en INTA.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue (y es), un brazo técnico del agronegocios en Argentina. Claro que con fisuras, con espacios y trabajadores que apuestan a otro modelo, pero la política macro está marcada desde arriba y nunca se cuestiona institucionalmente al modelo transgénico y, mucho menos, a las corporaciones de semillas y agrotóxicos. Todo lo contrario: el INTA cuenta con convenios de colaboración con semilleras (desde Monsanto a las empresas «nacionales») y acuerdos con instituciones de lobby transgénico como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa).
Cuando arrecia alguna crítica, o quieren mostrar su rostro social, las autoridades del INTA flamean la bandera del ProHuerta (o de los IPAF, Instituto Para la Agricultura Familiar). Así difunden su lado minoritario y no transgénico.
Los trabajadores del INTA tienen un sentido de pertenencia difícil de encontrar en otro ámbito estatal. Es común verlos con la vestimenta institucional (aún fuera de horario laboral), camisas, gorros, chalecos, camperas. Sobrevuela una mística de «familia», explican los que están a gusto. Del otro lado, por lo bajo, asoman críticas: «Son una secta, corporativos».
También juega la interna sindical. UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) siempre se caracterizó por ser el sindicato que rápido acuerdo con la patronal. En línea similar está Apinta (Asociación del Personal del INTA). Por otro lado se ubica ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), con múltiples tendencias, desde la izquierda troskista hasta el kirchnerismo y los independientes.
Ni la muerte de un trabajador unió a las distintas vertientes sindicales. Sólo un sector de ATE (sede Castelar) emitió comunicado sobre lo sucedido y apuntó a las responsabilidades patronales.
El silencio también abarcó a los periodistas agropecuarios. En Argentina funciona desde hace medio siglo el Circulo de Periodistas Agrarios (CAPA). Suele dar cuenta de todas las noticias de ministerios, empresas de agronegocios y, claro, INTA, pero no publicaron la noticia del accidente en el biodigestor ni de las denuncias a las autoridades.

   Camiseta puesta II

El abril pasado falleció la joven trabajadora precarizada de ProHuerta-INTA Melisa Bogarín. Fue en Las Breñas (Chaco), en el marco de una jornada de trabajo y posterior asamblea, cuando tomó la palabra en representación de sus compañeros (y frente a las autoridades de INTA, Héctor Espina y Amadeo Nicora) por la situación de contratos temporales, inestabilidad y falta de respuestas. Falleció de un paro cardiaco.
Las autoridades de la institución (incluida la Gerencia de Comunicación, con Máximo Bontempo al frente) invisibilizaron las condiciones laborales y priorizaron la defensa de la institución. «Más vale que no les convenía hablar de precarización. Se sacan el sayo. El comunicado es muy institucional, y no da cuenta de la seguridad del trabajador y de la angustia de Melisa. La precarización mata. El ajuste mata. La política neoliberal mata», afirmó Germán Gonaldi, su esposo.
Ante el accidente en Castelar, Bontempo volvió a defender a la institución vía Twitter. Llamó «sesgado» a este periodista y acusó de «forzar el relato para que la realidad le coincida». También se sumó a la defensa de la institución la jefa de prensa de INTA, Camila Pía Gandía: «Accidentes desgraciados que no ameritan lecturas malintencionadas ni oportunistas».
Bontempo argumentó que le parecía «razonable no comunicar nada hacia afuera hasta conocer el resultado de las pericias» (no aclaró que pueden ser semanas o meses).
Ninguno, ni Bontempo ni Gandía, cumplieron la regla básica del periodismo: hablar con la familia de las víctimas. No contactaron a la familia de Soraire (como tampoco lo habían hecho en el caso de Bogarín) y ambos repitieron la versión oficial. «Uno de los activos más importantes que tiene el INTA es el sentido de pertenencia de sus trabajadores, la ‘camiseta'», difundió el mismo día el gerente de comunicación de INTA, Bontempo, vía Twitter.
Le respondió por la misma vía Germán Gonaldi, compañero de Melisa Bogarín: «Parece que algunos que ‘se ponen la camiseta’ se quieren olvidar o que no se hable, pero yo no me olvido».
   Ajuste
La última semana trascendió que el presupuesto 2017, enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, prevé un recorte de 200 millones de pesos al presupuesto del INTA. ATE indicó que es el equivalente a la reducción de 700 puestos de trabajo y se declaró en estado de alerta.
Aún no se expidieron las autoridades de INTA ni los empleados que se definen con «camiseta puesta».

Nota

Murió la muerte

Publicada

el

El genocida Miguel Etchecolatz murió hoy. Acumulaba ocho sentencias por genocidio . Fue el director de investigaciones de la Policía Bonaerense y mano derecha del general Ramón Camps durante la última dictadura militar. Fue responsable de cientos de torturas, asesinatos y desapariciones. Entre ellas, la de Julio López, uno de los principales testigos de sus crímenes, desaparecido nuevamente en plena democracia, mostrando la vigencia del aparato represivo montado en dictadura. Compartimos las dimensiones y detalles a 15 años sin Julio y su testimonio completo en el juicio por la verdad, clave para enviar a Etchecolatz al lugar donde murió: la cárcel común.

Entre la noche del domingo 17 y el día del lunes 18 de septiembre, Julio López fue desaparecido por segunda vez. Corría 2006, plena democracia. López tenía 77 años y el 28 de junio de ese mismo año había dado un testimonio histórico.

Ante el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, explicó detalladamente su propio secuestro y torturas en tiempos del régimen dictatorial, pero además el modo en el que habían sido sometidos y asesinados Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Fue testigo y uno de los tres querellantes en la causa, junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos y a otra sobreviviente del terrorismo de Estado, Nilda Eloy.

Lo más importante: identificó entre sus torturadores al excomisario Miguel Etchetolaz. “Etchecolatz personalmente dirigió esa matanza», aseguró López en aquella declaración. Etchecolatz había sido director de investigaciones y mano derecha del jefe de la Policía Bonaerense Ramón Camps durante la dictadura.

López no llegó a ver el efecto de su testimonio: fue desaparecido la madrugada del día anterior al que se leerían los alegatos del juicio: un mensaje.

Su familia y los organismos de derechos humanos denuncian que el ideólogo del secuestro no es otro que Etchecolatz y sus ejecutores, en connivencia o participación directa, miembros o ex miembros de la Policía Bonaerense, de sostenida relación con el genocida.

Finalmente, el Tribunal condenó a Etchecolatz a reclusión perpetua por el delito de genocidio. Pero López nunca más fue encontrado hasta hoy, ni la causa que investiga su desaparición forzada pudo echar luz sobre qué pasó.

Al contrario, como supo decir Nila Eloy, el expediente por su segunda desaparición es “un manual de la impunidad”.

El caso de Julio López simboliza los mecanismos de encubrimiento estatal sobre crímenes de diverso tipo, y los nexos de esa impunidad desde tiempos de la dictadura hasta hoy.

Causa López

La responsabilidad del Estado en el empantanamiento de la investigación judicial es la mayor evidencia del expediente por la segunda desaparición de López. Un breve racconto:

López, pese a haber señalado a uno de los genocidas más peligrosos y con tentáculos aún en la Bonaernese, no contaba con tipo alguno de protección o cuidado estatal.

Durante los primeros meses, la jueza de Garnatías Marcela Garmendia y los fiscales Marcelo Martini y Javeir Berlingieri investigaron las hipótesis de que Julio podría haber tenido “un shock emocional que pudiera causarle pérdida de memoria, o alguna forma de extravío”; también sugirieron que decidiera esconderse en alguna parte ante la exposición que significaba la condena de Etchecolatz.

La nota de lavaca de ese mismo año:

Mientras tanto, la querella fue la que hizo mover la causa, trazándose tres objetivos. Primero, que el expediente saliera de la justicia provincial y pasara a la federal; que se cambiara la carátula a desaparición forzada; y que tuviera personal especial para la investigación.

Tres meses llevó conseguir lo primero: que se dejara de investigar la desaparición de López como un extravió implicaba profundizar la hipótesis del secuestro, de la desaparición forzada por sectores policiales o “bolsones” de represores en actividad. Así se pasó al fuero federal, a manos de los jueces Manuel Humbreto Blanco, Arnaldo Corazza y Ernesto Kreplak.

Se tardó un año y medio hasta que esto ocurrió formalmente y la procuración designó personal para la causa.

Fue entonces que el juez Arnaldo Corazza se declaró incompetente, alegando una denuncia que había le hecho la familia de López dos meses atrás, planteando que el propio juez podía estar entre los responsables de falta de cuidado a testigos como Julio López. 

La Cámara de Casación resolvió, a fines de 2009,  que el caso debe ser investigado por el fiscal Sergio Franco. Sin embargo, Franco apeló alegando falta de personal y desconocimiento de la causa. Otro ida y vuelta que por entonces Adriana Calvo – militante gremial docente, secuestrada en febrero de 1977 por la dictadura- relataba a lavaca sin metáforas: la causa corría en un carrito, de una fiscalía a otra.

Los años siguientes no fueron más auspiciosos, pese a que las pruebas del secuestro surgían de llamadas anónimas al 0800 abierto para aportar información sobre López (la principal involucraba a Carlos Falcone, “íntimo amigo de Etchecolatz”, capitán retirado de la Bonaerense, médico forense, que se escondió en Pehuajó tras la desaparición); una nota de un periodista alemán que llevó a un tal Sobrado, ex jefe de Policía bonaerense; cruce de llamadas que vinculaban a Etchetolatz con otros presos; una agenda del represor que ostentaba sus tentáculos y anotaciones de Etchecolatz y su chofer, Hugo Guallama, escritas en la cárcel de Marcos Paz que tenían especial interés en Jorge Julio López: escrito de puño y letra por el ex director de Investigaciones de la Policía provincial podía leerse “pedir todas las declaraciones del Sr. López”. Y en mayúsculas: “Urgente”.

Entre muchas otras, la mayoría de las líneas que conectan a Etchetolatz se encuentran sintetizadas en el libro Los días sin López, una investigación que desnuda la causa judicial que durante una década se dedicó a no buscar a un testigo clave desaparecido en democracia.

El loop de cambios de jueces –dos de ellos, fallecidos durante el proceso- y fiscales fue la característica: “Es una causa abandonada, donde se aparenta hacer cosas, pero en realidad se cambian personas y funcionarios, ponen un empleado nuevo que vuelve a mirar la causa desde el principio, y así todo queda siempre en la nada”, decía Nilda Eloy a lavaca antes de fallecer en 2017.

Los años siguientes, según fue siguiendo esta agencia, la investigación no continuó pero sí las intimidaciones a otros testigos involucrados en el juicio: llamados sospechosos, grabación de reuniones privadas, etc.

En resumen, la causa no contó con apoyo político ni decisión judicial para avanzar en firme sobre las pistas que apuntaban hacia la propia Policía Bonaerense o el Servicio Penitenciario o a los policías de la bonaerense, retirados y en actividad, del entorno de Etchecolatz.

Hoy no hay imputados ni línea de investigación. Tampoco una política de Estado fuerte para esclarecer el caso, así como tampoco voluntades de asumir el rol en las desapariciones de personas del Estado en general.

La otra Corte

Fue por eso que, ya sin esperanza en la justicia argentina, en 2014 el colectivo Justicia Ya! presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Denunciaron allí el estancamiento de la investigación, solicitando se investigue la responsabilidad y aquiescencia del Estado argentino en el caso de Julio López.

Recién el 5 de septiembre de 2017 la CIDH dio traslado de la denuncia al Estado argentino: pidió una “solución amistosa” en el marco del artículo 48 (inciso 1,F) de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos; una especie de mediación, en la cual se puede arribar a algún acuerdo entre las partes. El colectivo Justicia Ya! –querellante en la causa de López- rechazó esta propuesta resumiendo los últimos años de impunidad: “Durante la gestión de (Mauricio) Macri aceptamos ese ámbito pero sólo para denunciar frente a frente a los funcionarios del ministerio de Justicia que ellos eran los responsables por la impunidad del caso López. El macrismo jamás se presentó a dar la cara. Llegado ya el gobierno de Alberto Fernández la Comisión insistió con el mecanismo de la ‘solución amistosa’ a lo que respondimos que no vamos a negociar con ningún funcionario la vida del compañero y vamos a seguir interpelando al Estado Argentino para que dé una respuesta a tantos años de impunidad y retardo de justicia. No puede haber solución amistosa cuando no sabemos qué pasó con López y cuando sus verdugos de ayer y de hoy siguen libres e impunes”, señalaron desde Justicia Ya! Al Pulso Noticias.

Según explicó la abogada Pía Garralda al mismo medio, ahora “la Comisión decidirá si toma resoluciones, que son indicaciones para el Estado Argentino, o envía el caso a la Corte para que se sancione al Estado Argentino por incumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos”.

El pedido: que se sancione al Estado argentino por el incumplimiento de los tratados internacionales y que sea un impulso para que se investigue seriamente.

El nuevo juicio

No fue ese el único juicio que debió enfrentar Etchecolatz como resultado del testimonio de Julio. Mientras era juzgado por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de La Cacha se lo vio escribir y exhibir desafiante un papel donde se leía «Jorge Julio López».

«Cuando se vio a Etchecolatz con ese papel, en el 2014, no se hizo nada. Yo le pregunté al fiscal: ´No lo va a llamar para preguntarle?, ¿quiere que le pregunte yo? ´Y nunca se hizo nada con eso«, reclama su hijo Rubén. Hasta el día de su muerte, nadie le pidió explicaciones al represor: https://www.eldestapeweb.com/politica/derechos-humanos/hijo-de-jorge-julio-lopez-todavia-espero-a-que-llamen-a-etchecolatz-para-que-diga-que-quiso-hacer-con-ese-papel–20219177430

El testimonio de López sigue siendo clave, hoy.

El pasado 13 de septiembre el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata comenzó a juzgar por delitos de lesa humanidad cometidos en el excentro de «Pozo de Arana» al expolicía Julio César Garachico y al genocida Miguel Etchecolatz,  

El juicio se lleva adelante en los Tribunales Federales de 8 y 50 y se realiza de manera semipresencial; tiene su punto de partida desde las propias declaraciones de López, el 28 de junio del 2006, tres meses antes de su secuestro, en aquel juicio que se realizó en el salón del Palacio municipal. Garachico había sido mencionado por López en aquel año pero fue detenido 6 años después.

Garachico afronta acusaciones como “coautor inmediato de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de siete personas” – entre ellas López-, y como “responsable en calidad de partícipe necesario en los delitos de homicidio agravado” en perjuicio de tres de ellas.

Mientras Etchetolatz espera el juicio en prisión, Garachico lo hace gozando de prisión domiciliaria.

En la última audiencia, se volvió a emitir la última declaración de López a través de video: https://www.diariocontexto.com.ar/2021/09/13/volvieron-a-transmitir-los-testimonios-de-jorge-julio-lopez-de-2006-en-el-juicio-a-etchecolatz/ El testimonio de Nilda Eloy también fue retransmitido. Nilda, quien dio su testimonio seis días antes que López, el 22 de junio del 2006 y fue una incansable luchadora para desarmar la impunidad de la causa, falleció en 2017.

En aquella oportunidad Eloy contó cómo fue secuestrada a los 19 años, el 1 de octubre de 1976 cuando estudiaba Medicina en La Plata. También describió su cautiverio en los centros clandestinos de La Cacha, el Pozo de Quilmes, el destacamento de Arana, el Vesubio, El Infierno y la comisaría de Valentín Alsina, tras lo cual fue “blanqueada” como prisionera y alojada en el penal de Devoto.

Los testimonios de Nilda Eloy y el de Jorge Julio López fueron clave para condenar por genocidio a Etchecolatz en el 2006 y todo indica que impulsarán una nueva condena en este juicio.

Etchetolatz acumulaba ocho sentencias por genocidio.

Murió hoy, en una cárcel común.

Pero mientras ocurre todo esto, López sigue sin aparecer.

Foto: Helen Zout
Seguir leyendo

#NiUnaMás

Terminó el no-juicio por el femicidio de Cecilia Basaldúa: el proceso reveló la complicidad policial y de la fiscalía

Publicada

el

¿Qué es la Justicia? La familia de Cecilia Basaldúa – joven asesinada en Capilla del Monte- debió soportar hasta ayer un juicio en el que se acusaba una persona, sin pruebas, señalada únicamente por la policía y el fiscal Sergio Cuello, que en el alegato dijo esto: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Finalmente, el jurado absolvió al joven y su madre y la de Cecilia Basaldúa terminaron abrazadas. Lo que reveló el proceso judicial fue que a metros de donde fue hallado el cuerpo, una familia denunció haber encontrado una habitación llena de sangre: eso nunca se investigó. Ahora la familia motoriza un nuevo proceso en el que se investigue esa prueba y las responsabilidades de quienes hospedaban a Cecilia, y también las de la policía y la fiscalía que buscaron armar este no-juicio. La movilización social, clave para desarmar la in-justicia.

Por Bernardina Rosini desde Cruz del Eje.

La gramática de la justicia explotó. Ésta es la noticia.

Cuando a poco más de las 18:30hs del viernes 1 de julio se anunció la absolución de Lucas Bustos, único imputado por el femicidio de Cecilia Basaldúa, la decisión fue celebrada por la familia de la víctima.

Tras la lectura del veredicto la madre de Cecilia vio a la mamá del acusado en el pasillo de Tribunales, y le dio un fuerte abrazo.

Si el imaginario de Justicia – por lo menos el que sobrevive raquíticamente entre quienes se mantienen vírgenes de estas experiencias infernales- es un juez o jurado imparcial dirimiendo entre dos partes en conflicto, eso ya no existe. Como ver estrellas en la noche que hace tiempo no están. Otros tiempos, y otras distancias.

Veamos esto de cerca.

El proceso judicial que se inició el 2 de mayo ya tenía otro encuadre: no había conflicto entre las partes, los padres de Cecilia jamás consideraron a Lucas como posible femicida. Sabían que el joven poblador rural de 24 años había sufrido aprietes por parte de la policía local para forzar una confesión. La consistencia de la investigación que debía sostener no sólo la imputación de Lucas como autor material sino también la necesidad de que permaneciera dos años presos a la espera del juicio, no contaba con la mínima carga probatoria. La supuesta confesión se basaba únicamente en el testimonio de cuatro policías que dicen haber escuchado dicha confesión. Eso declaró, por ejemplo, el oficial Ariel Zárate, quien participó de manera virtual de la audiencia por encontrarse detenido por otra causa, por “robo, lesiones leves calificadas y privación ilegítima de la libertad” a una joven de 21 años.

Nada más. No había testigos que incriminaran a Lucas en la escena del crimen, ni rastros genéticos. Tampoco en el cuerpo de Cecilia. No había pruebas siquiera de que Lucas y Cecilia se hubieran conocido. En las audiencias casi no se lo mencionaba, a él, a Lucas, a quien se supone que todo debiera señalar. Pero sí se mencionaba a otras personas: a la última persona que con certeza se sabe vio con vida a Cecilia, a Mario Mainardi. A quien nunca se investigó a pesar de que el luminol, sustancia que revela la presencia de rastros de sangre, diera positivo en 11 puntos de su casa. Por mencionar solo una de las líneas de investigación que claramente se presentaban y fueron descartadas, a pesar del pedido insistente de la familia de la víctima.

Las audiencias entraron en pausa en el mes de junio cuando la abogada de la familia Basaldúa, Daniela Pavón, presentó al Tribunal una denuncia realizada a pocos días de la desaparición de Cecilia en abril del 2020. Una familia se acercó a la policía de Capilla del Monte tras haber encontrado en una casa de su propiedad una habitación manchada de sangre.  Radicaron la denuncia, la policía se acercó y tomó muestras, pero la fiscalía no dio curso a la investigación y los análisis sobre las muestras extraídas nunca se realizaron. Casa ubicada a sólo 600 metros de donde se halló finalmente el  cuerpo de Cecilia. Quedó  tambaleante la definición del lugar del crimen.

Y así, repetidamente en las audiencias del juicio se exhibía la desprolijidad, el incumplimiento de los procesos y la deficiencia de la fiscal Paula Kelm. Y de una investigación llevada no judicialmente sino por efectivos policiales locales.

Tan trastocados estaban los roles y responsabilidades que en el alegato final, el fiscal Sergio Cuello expresó: “Señores del Jurado, me encantaría tener otras pruebas pero no las tengo. Pero lo que hay no es nada nuevo, en otros casos fue suficiente para llegar a una condena”. Seguidamente, repitió su solicitud de condena a cadena perpetua. Fue el abogado Gerardo Battiston, querellante por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que debió recordarle al fiscal que su deber no era forzar una condena sino exhibir una sucesión de hechos probados que constituyan el crimen juzgado. “No hay certezas sobre el lugar del hecho, se omitieron testimonios claves, se ha dejado de valorar pruebas determinantes. ¿Van a condenar a un joven con un fiscal que manifiesta el deseo de tener más pruebas contra él?»

Para el cierre, Susana, la madre de Cecilia, pidió decir unas palabras. Se paró en el medio de la sala, micrófono en mano dijo desilusión. Dijo que todo era un mamarracho. Giró hacia el fiscal y le dijo que rompió una promesa, el compromiso de ir hacia la verdad. Y le apuntó: “Voy a pedir juicio político para vos”.

Afuera del edificio, bombos, cantos, bailes y golpes sobre las ventanas. “Ahora, ahora, resulta indispensable, justicia por Cecilia, el Estado es responsable”.

Anunciaron el veredicto dos horas más tarde: “El Tribunal, integrado por jurados populares y jueces técnicos por unanimidad resuelve absolver a Lucas Adrián Bustos”. Y ordenó que se remitan las actuaciones para una nueva investigación y recomendó al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba la designación de una nueva fiscalía de instrucción.

De este modo se celebró alegremente la absolución del acusado por el femicidio de Cecilia, se reconoció su inocencia y se logró abrir la puerta para una nueva investigación. Después de este estallido, puede que nazca algo nuevo.

Tal vez, luz.

Seguir leyendo

Nota

Las Criadas: acción ante la Embajada norteamericana en defensa del derecho al aborto

Publicada

el

Las capas rojas y cofias blancas volvieron a recorrer las calles de la ciudad de Buenos Aires en la tarde del jueves 30 de junio.  Vestidas como las protagonistas de la novela de Margaret Atwood, El cuento de la criada (convertida también en serie televisiva), doce mujeres caminaron en fila desde el Museo Eva Perón hasta la Embajada de Estados Unidos, donde el embajador Marc Stanley celebraba un cóctel con más de mil invitados por el aniversario 246 de la independencia de su país, que se festeja el 4 de julio.

Luego del fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que el pasado viernes 24 de junio anuló el derecho a la interrupción del embarazo en todo ese país revocando la histórica sentencia Roe vs. Wade, que data de 1973, cada estado tomará la decisión de legalizar o no el derecho al aborto. Con este panorama, la colectiva Las Criadas —cuya primera acción fue en junio de 2018, iniciativa que se repitió en CABA y en distintas ciudades del país hasta que se obtuvo la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la Argentina— encendió el alerta y volvió a ponerle el cuerpo al vestuario, al pañuelo verde y a la afirmación de este derecho adquirido. Y como tantas veces repitió la marea verde: “Si tocan a una, nos tocan a todas”.

Con la intención de acercarse a la puerta de la Embajada y permanecer allí sosteniendo en alto el pañuelo verde, Las Criadas se dirigieron en fila hacia la esquina de Av. Del Libertador y John F. Kennedy pero a pocos metros de la entrada fueron interceptadas por la custodia policial. Varios patrulleros, personal policial, perros y caballos formaban parte del operativo.

Las Criadas permanecieron en fila y en silencio sobre la plaza que está frente a la Embajada, durante cuarenta minutos. Frente a ellas, un cordón policial.  

La web de la Embajada estadounidense publicó el discurso que dio el  embajador Stanley ante sus invitados, en el que expresa que “es un buen momento para reflexionar sobre los principios que fueron la base de nuestro país: la igualdad, la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Estamos orgullosos de estos valores”. Y anunció que junto a su esposa Wendy prepararon un “programa maravilloso” que consistió en un video de fuegos artificiales y música en vivo.

La escritora Margaret Atwood escribió hace días una columna que reprodujo el diario español El País titulada: “Yo inventé Gilead. El Tribunal Supremo de Estados Unidos lo está haciendo realidad”, en referencia a esa geografía que imaginó de autoritarismo, fundamentalismo y sometimiento de las mujeres.

Continúa Atwood: “Cuando escribí El cuento de la criada creía que era ficción. Qué ingenua. Las dictaduras teocráticas no pertenecen solo al pasado remoto, hoy existen varias en el planeta. ¿Qué nos garantiza que Estados Unidos no sea una más?”. 

Inspiradas en esas mujeres que imaginó Atwood, Las Criadas en Argentina realizaron desde 2018 sus acciones en la puerta del Congreso de la Nación, en Tribunales, en la Feria del Libro, en la Casa Rosada, en el Centro Cultural Recoleta y la acción realizada en el Parque de la Memoria fue considerada por el sitio norteamericano de arte y cultura visual Artsy.net como uno de los hechos más importantes del fotoperiodismo mundial en 2018.

Ayer volvieron a estar en la calle, movilizadas por una lucha urgente, por un derecho de todas. Los pañuelos verdes se siguen agitando.  

Seguir leyendo

La última Mu: Tenete fe

Publicidad
Publicidad
Publicidad

Lo más leido

Anticopyright lavaca. Todas nuestras notas pueden ser reproducidas libremente. Agradecemos la mención de la fuente.

0:00
0:00