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INTA: cuando el ajuste mata

Publicada

hace 10 años

30/09/2016

La muerte de un trabajador del INTA en Castelar reveló una trama de desfinanciamiento y malas condiciones laborales que ocurren desde hace años. Sus compañeros denuncian un intento de ocultamiento y la falta de medidas de seguridad: un mes antes, el sindicato había alertado por posibles accidentes. La sombra del modelo de agronegocios.
Por Darío Aranda
Una enorme olla donde entran hasta seis vacas. Con enorme presión, agua y químicos a alta temperatura. Y 30 años de uso. Así es el biodigestor con el que trabajaba Diego Soraire, trabajador del INTA Castelar (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El 3 de septiembre el dispositivo falló y su tapa saltó como consecuencia de la presión.
Diego sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo, y falleció luego de una semana de internación. Un mes antes, delegados sindicales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) habían enviado una carta documento a las autoridades de INTA por la falta de financiamiento para el área de seguridad e higiene, y habían alertado sobre posibles accidentes.

Filtración

El lunes 5 de septiembre por la noche llegó un mensaje de texto anónimo. «Pasó algo en INTA Castelar. Dos heridos graves. Lo quieren ocultar, como con Melisa Bogarín». Melisa era una joven trabajadora del ProHuerta-INTA, fallecida en abril pasado.
Recién el miércoles a la mañana el hecho fue confirmado por tres fuentes: dos técnicos de INTA y delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El accidente había ocurrido el sábado 3 de septiembre. Los heridos eran Osvaldo Zabal y Diego Soraire, este último muy grave. El INTA, que tiene una aceitada red de comunicación con los medios, no daba cuenta del hecho.

Víctima

Diego Soraire tenía 37 años, vivía en Moreno y era padre de cuatro niños. El sábado 3 de septiembre fue a trabajar a INTA Castelar como lo hacía desde 2007. Todas las versiones -de sus compañeros, familiares y sindicales- reconstruyen el mismo hecho: el biodigestor tiene más de 30 años de uso, estaba funcionando con muy alta presión, lo que significaba riesgo de explosión. Soraire intentó aflojar válvulas de manera manual: media decena de trabajadores indican que recibió instrucciones de sus superiores para esa acción. La tapa del biodigestor saltó y Soraire sufrió quemaduras por el mismo líquido a altísima temperatura, en el 80 por ciento del cuerpo.
Aunque en menor medida, también sufrió heridas su colega Osvaldo Zabal.
Soraire falleció el viernes 9 de septiembre.

Comunicado interno

La Junta Interna de ATE INTA Castelar había emitido un comunicado interno sólo para trabajadores el lunes 5 de septiembre a las 11.30. Era muy breve y no explicaba qué había sucedido, pero sí señalaba una «tragedia laboral». En un cruce de correos internos entre trabajadores se afirmaba que Diego Soraire estaba muy grave.
Ante el pedido de explicaciones (dentro de un grupo Yahoo de trabajadores), un investigador de carrera de INTA Castelar informó: «El digestor es un autoclave gigante (entran los cuerpos de seis bovinos) enterrado hasta diez metros de profundidad. La instalación no tiene monitoreo electrónico que te habilite al próximo paso cuando cumpliste con el anterior. Al menos el que yo conozco no tiene nada de eso. Es solo fierros, tuercas y tornillos».

Marcha

El martes 13 de septiembre hubo movilización desde INTA Castelar hasta las oficinas porteñas de la institución. Unas 200 personas se concentraron frente al Congreso Nacional y de allí marcharon tres cuadras. «Tenemos una angustia muy grande, ya no tenemos a Diego, y queremos justicia. Que paguen los responsables y que no tapen lo que pasó. Hay responsables y tiene que hacerse cargo», reclamó conmovido Diego Esquivel, trabajador de INTA Castelar, cuñado y compadre de Diego Soraire.
Con un cartel con la foto de Soraire, Esquivel remarcó que la familia apoyaba la marcha (la esposa de Soraire no estaba presente por problemas de salud) e insistió en un temor: «que tapen lo que pasó».

Foto: Luciano Dico

José Luis Perea, delegado gremial de INTA Castelar, afirmó que Soraire es «una víctima del ajuste» y explicó que el INTA lleva «tres años de desfinanciamiento». Reclamó que se investigue «toda la cadena de responsabilidades» y apuntó a las causas de fondo: «Lo que le pasó a Diego le puede pasar otros trabajadores del Estado porque hay un enorme deterioro de equipos que llevan décadas, con tecnologías del siglo pasado. Un digestor nuevo no permite ese tipo de accidentes. Por eso apuntamos a la falta de inversión y falta de prevención».
Recordó que diez años atrás falleció otro trabajador, Horacio Huerta, mientras operaba un equipo similar.
Los trabajadores también alertaron que la causa judicial recayó en la Fiscalía N°1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso. «Es el mismo fiscal que en la tragedia de Once responsabilizó al motorman y no a la desinversión de la empresa ni a la complicidad de los funcionarios», explicó Perea y advirtió que no aceptarán que los trabajadores sean el chivo expiatorio de esta muerte.
El gremio y los compañeros de Soraire exigen una comisión independiente, y con participación de los trabajadores, que investigue lo sucedido. «Las autoridades no dieron explicación oficial, recién comunicaron el hecho cuando Diego falleció y hay muchas preguntas que el INTA no quiere contestar», asegura Perea. El presidente Macri visitó INTA Castelar en julio, «pero no estuvo en los laboratorios con equipamiento antiguo ni en los edificios deteriorados».

Un mes antes

El 2 de agosto, un mes antes del accidente, la Junta Interna de ATE INTA envió una carta documento al director nacional de la institución, Héctor Espina. El comunicado del gremio explicaba: «Ante la falta de presupuesto para la Cymat (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), situación que deja desprotegidos a todos los trabajadores de INTA ante cualquier eventualidad o accidente, hemos reclamado por carta documento al director nacional de INTA la ejecución inmediata del presupuesto necesario para garantizar las condiciones de trabajo con la seguridad e higiene que corresponde», señala el comunicado firmado por «Junta Interna ATE INTA».

En la carta documento se puede leer: «Intimamos a usted (Héctor Espina) a gestionar de inmediato, 48 horas, la asignación presupuestaria 2016, de 60 millones de pesos conforme a la planificación y necesidades planteadas reiteradamente». Firmada por el delegado gremial José Luis Perea, la carta documento precisa: «Denunciamos la puesta en marcha de un sistema perverso de asignación de recursos que generó la ejecución de solo un millón de pesos, que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo estipuladas en las normativas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Haciendo responsable a usted por tal incumplimiento».
El director nacional de INTA, Héctor Espina, respondió el 5 de agosto. «Rechazo formalmente en todos sus términos su carta documento por falsa, arbitraria y sin fundamento ni legitimidad alguna. Asimismo niego de manera total que la Institución no esté garantizando las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo». El director del INTA señaló que el pedido de 60 millones de pesos «no encuentra respaldo presupuestario según la planificación y necesidades planteadas en materia de higiene y seguridad». Aclaró que el presupuesto del área es de 2,5 millones de pesos para 2016.
Los delegados gremiales de ATE le respondieron el 16 de agosto. Insistieron en la falta de presupuesto para seguridad laboral, recordaron que los 2,5 millones anuales representan un 56 por ciento menos que en 2015 y precisaron que en el tercer trimestre se asignó sólo 1,2 millones para todas las dependencias de INTA. «Alcanza para entregar sólo 10.000 pesos para cada unidad de INTA, menos de 100 pesos por cada trabajador para destinar a seguridad e higiene. Esas cifras son elocuentes», advirtió el sindicato, tres semanas antes del accidente de INTA Castelar.

Camiseta puesta I

Mariana Conte es compañera de Soraire. Presente en la marcha en pedido de justicia, le cuesta hablar de él. Lo recuerda como un compañero muy querido por todos, deportista (practicaba karate, fue técnico del equipo de fútbol femenino de INTA Castelar), «muy laburador», siempre dispuesto para el trabajo, incluso feriados y fines de semana. «Es espantoso lo que sucedió, estamos consternados, no podemos reaccionar», confiesa, pero al mismo tiempo hace esfuerzo por exigir justicia. Puntualiza que el digestor «es muy viejo», con todo un procedimiento manual (nada automatizado, que quizá hubiera evitado accidentes). «Duele ver el intento de silenciar lo que pasó, durante toda la semana las autoridades no dijeron nada y por lo bajo hay jefes que culpan a Diego y no dicen nada de las condiciones de trabajo. Eso es injusto», se indigna Conte. Y también teme que el fiscal Basso vaya en el mismo sentido: culpe a la víctima.
Conte fue una de las pocas que se animó a manifestarse: en INTA Castelar trabajan 1500 personas, sólo 130 fueron a la asamblea por la muerte de Diego y unos 60 se movilizaron en reclamo de justicia. «Hay un verticalismo muy fuerte y también corporativismo. Es lamentable que, ante la muerte, haya trabajadores con la camiseta tan puesta de la institución… tienen la camiseta demasiado puesta…».
En la manifestación en la puerta de INTA había unas 200 personas. Se veían carteles de Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y Secretaría de Agricultura Familiar, pero ninguna de otras sede de INTA. Incluso era escasa la presencia de trabajadores de la sede de INTA Chile (por el nombre de la calle donde está, a pocas cuadras de donde fue la marcha). Se los podía contar con los dedos de la mano.

Foto: Luciano Dico

Versión oficial

Recién seis días después del accidente, cuando Soraire falleció, el INTA emitió un comunicado. Precisó que se trató de un biodigestor del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) del INTA Castelar, lamentó la muerte y manifestó las condolencias a la familia. Explicaron que denunciaron el hecho en el Juzgado de Morón y señalaron que «en junio se había presentado un informe de validación sobre el digestor, en el cual se consignó que estaba apto para su operación».

Ocultamiento y ajuste

Martes 12 de septiembre: marcha ante la sede central de INTA. Con llovizna y viento, las 200 personas reclaman por Soraire. Se exhiben carteles: «El ajuste de Macri causa muerte de trabajadores», «Diego Soraire y Melisa Bogarín presentes», «Héctor Espina, director nacional de INTA, integrante de Batallón 601, responsable», «Basta de ajuste en agricultura familiar», «Ninguna muerte más, mayor presupuesto».
Orestes Galeano es director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente en el trabajo de ATE apuntó a la antigüedad del biodigestor y la «falta de mantenimiento preventivo». Precisó que la anterior gestión no actualizó maquinarias y la nueva recortó presupuesto (incluido de seguridad e higiene). «Sobre malas decisiones estratégicas se suma el ajuste, es un combo que le cuesta la vida a trabajadores», denunció. Y agregó un nombre poco mencionado, Amadeo Nicora, presidente del INTA y aliado del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
«No tengo dudas que intentaron ocultar el hecho. Porque tienen en su cabeza una carta documento, un mes antes, que anunciaba que podía pasar una tragedia. Entonces quieren ocultar sus responsabilidades. Si los funcionarios, en distintos niveles, toman decisiones que cuestan vidas, tienen que hacerse cargo y ser juzgados», exigió y precisó que los funcionarios responsables están en la cúpula del INTA y en el Ministerio de Agroindustria (a cargo de Ricardo Buryaile).
También recordó la muerte de Melisa Bogarín en Chaco. «Nos quieren hacer creer que la precarización y el miedo a perder el trabajo no tiene relación con las enfermedades y padecimientos de los trabajadores. Siempre las patronales desligan responsabilidades y culpan a los laburantes», cuestionó.
El laboratorio donde trabajaba Diego Soraire estaba realizando pruebas para la multinacional Biogénesis Bagó. Recordó que desde el menemismo se generalizó la práctica de que ámbitos estatales (desde institutos de investigación hasta universidades) trabajen para grupos económicos. «Es una lógica que se mantuvo inalterable todos estos años y muy común en lugares como INTA, INTI, Senasa y Conicet. Se promueve la investigación para grupos económicos y no para los intereses de la sociedad», lamentó el delegado de ATE.
Silvia León, secretaria de organización de ATE y también presente en la marcha, afirmó que la muerte de Diego Soraire se debió a «la impericia de los gobiernos, en este caso a autoridades de INTA». Y no tiene dudas de que el macrismo apunta a una reforma del Estado en continuidad con los ’90, con despidos de trabajadores, achicamiento de planteles (con jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios) y privatización de sectores redituables. También cuestionó el accionar de las autoridades de INTA: «Intentaron ocultar el hecho porque saben que la muerte de Diego era evitable y lo quisieron tapar porque hay responsabilidades de funcionarios. Por eso estamos en la calle, para señalar a los responsables del ajuste y de la muerte de trabajadores».
Estela Ramazoti, de INTA Castelar, comparó: «Un lavarropas hogareño tiene una traba de seguridad para que no se abra. Imaginate la antigüedad de los digestores con los que trabajamos, con líquidos hasta 300 grados, que se cargan de presión y provocan lo que le pasó a Diego. La falta de financiamiento en tecnología, seguridad e higiene expone a los trabajadores. Diego es una muestra injusta de eso». Afirmó que el presupuesto de INTA viene en caída desde hace años y «se distribuye la miseria».

Silencios

Richard Alcaraz, 26 años, obrero de la construcción falleció el 9 de septiembre en una obra en Villa Crespo, cuando una medianera cayó sobre él. David Ramallo, de 35 años, trabajador de la línea de colectivos 60 murió también el 9 de septiembre aplastado luego de fallar un elevador de vehículos. En ambos casos, los sindicatos denunciaron la falta de medidas de seguridad y la negligencia patronal. Incluso en la línea 60 hubo una semana de paro. Nada similar ocurrió en INTA.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue (y es), un brazo técnico del agronegocios en Argentina. Claro que con fisuras, con espacios y trabajadores que apuestan a otro modelo, pero la política macro está marcada desde arriba y nunca se cuestiona institucionalmente al modelo transgénico y, mucho menos, a las corporaciones de semillas y agrotóxicos. Todo lo contrario: el INTA cuenta con convenios de colaboración con semilleras (desde Monsanto a las empresas «nacionales») y acuerdos con instituciones de lobby transgénico como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa).
Cuando arrecia alguna crítica, o quieren mostrar su rostro social, las autoridades del INTA flamean la bandera del ProHuerta (o de los IPAF, Instituto Para la Agricultura Familiar). Así difunden su lado minoritario y no transgénico.
Los trabajadores del INTA tienen un sentido de pertenencia difícil de encontrar en otro ámbito estatal. Es común verlos con la vestimenta institucional (aún fuera de horario laboral), camisas, gorros, chalecos, camperas. Sobrevuela una mística de «familia», explican los que están a gusto. Del otro lado, por lo bajo, asoman críticas: «Son una secta, corporativos».
También juega la interna sindical. UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) siempre se caracterizó por ser el sindicato que rápido acuerdo con la patronal. En línea similar está Apinta (Asociación del Personal del INTA). Por otro lado se ubica ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), con múltiples tendencias, desde la izquierda troskista hasta el kirchnerismo y los independientes.
Ni la muerte de un trabajador unió a las distintas vertientes sindicales. Sólo un sector de ATE (sede Castelar) emitió comunicado sobre lo sucedido y apuntó a las responsabilidades patronales.
El silencio también abarcó a los periodistas agropecuarios. En Argentina funciona desde hace medio siglo el Circulo de Periodistas Agrarios (CAPA). Suele dar cuenta de todas las noticias de ministerios, empresas de agronegocios y, claro, INTA, pero no publicaron la noticia del accidente en el biodigestor ni de las denuncias a las autoridades.

Camiseta puesta II

El abril pasado falleció la joven trabajadora precarizada de ProHuerta-INTA Melisa Bogarín. Fue en Las Breñas (Chaco), en el marco de una jornada de trabajo y posterior asamblea, cuando tomó la palabra en representación de sus compañeros (y frente a las autoridades de INTA, Héctor Espina y Amadeo Nicora) por la situación de contratos temporales, inestabilidad y falta de respuestas. Falleció de un paro cardiaco.
Las autoridades de la institución (incluida la Gerencia de Comunicación, con Máximo Bontempo al frente) invisibilizaron las condiciones laborales y priorizaron la defensa de la institución. «Más vale que no les convenía hablar de precarización. Se sacan el sayo. El comunicado es muy institucional, y no da cuenta de la seguridad del trabajador y de la angustia de Melisa. La precarización mata. El ajuste mata. La política neoliberal mata», afirmó Germán Gonaldi, su esposo.
Ante el accidente en Castelar, Bontempo volvió a defender a la institución vía Twitter. Llamó «sesgado» a este periodista y acusó de «forzar el relato para que la realidad le coincida». También se sumó a la defensa de la institución la jefa de prensa de INTA, Camila Pía Gandía: «Accidentes desgraciados que no ameritan lecturas malintencionadas ni oportunistas».
Bontempo argumentó que le parecía «razonable no comunicar nada hacia afuera hasta conocer el resultado de las pericias» (no aclaró que pueden ser semanas o meses).
Ninguno, ni Bontempo ni Gandía, cumplieron la regla básica del periodismo: hablar con la familia de las víctimas. No contactaron a la familia de Soraire (como tampoco lo habían hecho en el caso de Bogarín) y ambos repitieron la versión oficial. «Uno de los activos más importantes que tiene el INTA es el sentido de pertenencia de sus trabajadores, la ‘camiseta'», difundió el mismo día el gerente de comunicación de INTA, Bontempo, vía Twitter.
Le respondió por la misma vía Germán Gonaldi, compañero de Melisa Bogarín: «Parece que algunos que ‘se ponen la camiseta’ se quieren olvidar o que no se hable, pero yo no me olvido».
Ajuste
La última semana trascendió que el presupuesto 2017, enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, prevé un recorte de 200 millones de pesos al presupuesto del INTA. ATE indicó que es el equivalente a la reducción de 700 puestos de trabajo y se declaró en estado de alerta.
Aún no se expidieron las autoridades de INTA ni los empleados que se definen con «camiseta puesta».

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Nota

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Publicada

hace 1 día

12/05/2026

Pese a que el Congreso Nacional votó la Ley de Financiamiento Universitario 27.795, y rechazó con más de dos tercios de ambas cámaras la intentona de veto presidencial, y a que fallos judiciales ordenan su cumplimiento inmediato, el Gobierno de los Milei & los Caputo no la aplica. Para los organizadores de la movilización calculada en más de 1.500.000 personas en todo el país, esto no solo rompe lo relativo al presupuesto universitario “sino el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”. Todo lo contrario a lo que sucede hoy en la calle, donde la democracia queda expresada en la gente moviéndose en esta 4° marcha durante el período libertario, y de sectores que se plegaron y convocan a seguir resistiendo este tipo de políticas de daño social. Voces desde la calle que explican sin casettes por dónde moverse.

Por Franco Ciancaglini. Fotos: Juan Valeiro/lavaca.org

La Ley de la calle: masiva movilización para que se aplique el financiamiento universitario

Hay muchos jóvenes.

Muchos docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, Córdoba, en Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca y así.

Hay una Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que llega y gente que se va.

Gente que estuvo todo el tiempo.

Hay jubilados y jubiladas que marchan todos los miércoles.

Está el movimiento disca, también siempre presente.

Hay sindicatos, como la UOM o los Aceiteros, y parte de la CGT que brindó su apoyo y movilizó algunas columnas dispersas.

Hay carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes, de todos lados, sobre todo llegados de fuera de la Capital Federal.

Muchas personas que viajaron desde lejos para sumar su cuerpo, su cartel, su grito, su aplauso.

Que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

“Milei cumplí la ley”

Es la cuarta.

Las tres primeras Marchas Federales Universitarias fueron las más masivas contra el gobierno de Milei. Esta no fue la excepción.

Desde el escenario calcularon alrededor de un millón y medio de personas movilizadas en todo el país.

Lo incontable es todo lo que sucede alrededor de esta bandera argentina que significa la universidad pública.

Una bandera que cobija a miles de generaciones que se reunieron hoy en la Plaza de una manera conmovedora: relatando, en esta crónica, cómo el acceso a la educación libre, gratuita y de calidad “cambia vidas, motoriza el ascenso social y brinda soberanía a un país”. Así lo sintetizaron en un documento leído por la FUA (Federación Universitaria Argentina” que se tituló: “Cuarta marcha federal universitaria: 203 días sin aplicar la Ley. Por la universidad pública y en defensa de la democracia”.

El planteo central: “El Poder Ejecutivo, en un acto de desprecio institucional sin precedentes, ha decidido alzarse contra los otros dos poderes de la República: ignora la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, sancionada y ratificada por amplias mayorías en el Congreso, y desoye los fallos de la Justicia que ordenan su cumplimiento inmediato. Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario: es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho”.

Algunos datos de contexto:

Los salarios de quienes trabajan en las universidades argentinas bajaron el 34,5% en el mejor de los casos, o más del 40% según otros cálculos. Es como si en los últimos dos años no hubieran cobrado entre 8 y 10 salarios. Los números simbolizan lo presupuestario, pero tal vez no logren mostrar el daño institucional, social, familiar y personal que provoca la política del gobierno.
El actual es uno de los menores porcentajes históricos que el Presupuesto Nacional asigna a las universidades, en las que el 57,6% de los graduados son primera generación de sus familias en llegar a los estudios superiores. Esa posibilidad es una de las cosas que se está quebrando, como lo señalaban los cartones manuscritos en los que se leía: “Sin educación no hay futuro”.
La importancia que el gobierno de Milei le da a la educación se expresa en la aplicación de un nuevo recorte del Presupuesto Nacional de 3 billones de pesos en temas de energía, obras públicas, urbanización y hasta tratamientos contra el cáncer (63.021 millones de pesos que explican que la palabra crueldad tal vez ya no alcance para definir lo que está ocurriendo). Para el tema educativo, el recorte es de 78.768 millones de pesos.
Ese incalificable decreto de ajuste fue firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El lado B de la situación aparece en casos como el $LIBRA o el ANDIS, donde se detectaron sobreprecios en sillas de ruedas, andadores, medicamentos y tecnologías para diversos tipos de tratamiento del orden del 200% en los casos más leves, hasta productos sobrefacturados en un 4.239%. A lo que habría que agregar 3%, Spagnuolo, Esper, Nucleoeléctrica, Adorni, posibles sobresueldos oficiales, entre otras cosas.
Volviendo a lo estrictamente universitario, esta licuación económica va generando, además, un éxodo permanente de docentes que está vaciando una educación de calidad históricamente reconocida a nivel continental y global.

Docentes Uber

Los testimonios desde la calle permiten entender de manera simple la complejidad de lo que está en juego.

Primero, pequeñas escenas concretas. Lucía Darandal, estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, resume “lo más visible”: el salario de los docentes. “Cada vez les está costando más llegar a fin de mes. Muchos están teniendo más de un trabajo para poder sostenerse, muchos tienen familias que mantener. Ahí está el primer deterioro que se va acentuando. Lo mismo pasa con los trabajadores no docentes”.

Las becas: “La beca Progresar quedó congelada en 35.000 pesos y eso prácticamente no alcanza. Hay estudiantes a los que cada vez se les complica más pagar el alquiler, porque recordemos que también hay estudiantes que viajan desde otros lugares de la Argentina”. Y los horarios: “Faltan horarios en el turno noche. Entonces hay menos posibilidades para que el estudiante trabajador pueda cursar”.

Desde Rosario, el médico y director del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas, Damián Verzeñassi, lo traduce en una imagen todavía más brutal: “Más de la mitad de los trabajadores universitarios cobran por debajo de la línea de pobreza” y agrega que hay docentes “que con lo que cobran no pueden pagar siquiera el costo del transporte para llegar a dar clases”.

Rosario Kairuz, estudiante de Sociales UBA, cuenta cómo eso impacta directamente en las cursadas: “Las materias de la orientación en investigación prácticamente no cuentan con ningún tipo de horario. Se ofertan un cuatrimestre sí y otro cuatrimestre no”. Y agrega otro ejemplo síntoma del deterioro: “Quienes siguen la orientación de producción no cuentan con materiales ni con equipos para realizar los distintos talleres audiovisuales”.

Nicolás Núñez, docente de Sociales e integrante de AGD, completa la escena desde el otro lado del aula: “El incumplimiento de la ley y los dos años de profunda pérdida del poder adquisitivo de la docencia universitaria nos empujaron a todos a buscar otras formas de sobrevivir: desde las clases particulares hasta manejar Uber o hacer trabajo freelance”. Le pone una cifra al éxodo: “Hay 10.000 docentes que ya decidieron abandonar las clases”.

Plata para la deuda

Más acá de los números, lo que aparece en la calle es que el conflicto universitario dejó de leerse hace rato solamente en términos presupuestarios. Ya no se trata únicamente de números, partidas o balances, sino de una marcha que Gonza Giles, escritor, periodista y divulgador sobre Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y neurodivergencias, planteó,como “una defensa colectiva contra el descarte humano”.

Gonzalo habló en nombre del movimiento de personas discapacitadas: “Nos quieren convencer de que ajustar es gobernar, que destruir derechos es modernizar, que dejar gente afuera es eficiencia. Necesitan que la sociedad mire al otro con sospecha, porque cuando logran que el pobre sospeche del que tiene una discapacidad, que el trabajador sospeche del estudiante y que todos sospechen de todos, el ajuste entra más fácil”. Por eso insiste en que “no es un problema económico, es ideológico. Porque plata hay. Lo que no hay es humanidad. Hay plata para deuda, hay plata para represión, hay plata para departamentos que no pueden utilizar, pero no hay plata para que una persona con discapacidad viva dignamente, no hay plata para universidades, no hay plata para ciencia, no hay plata para salud”.

En la marcha volvió a quedar en evidencia que no solo la universidad es una consigna de unidad, sino que las luchas comienzan a entrelazarse unas y otras: los hospitales, la discapacidad, los jubilados, el trabajo. Por eso tuvo tanto peso simbólico la presencia de sindicatos como la UOM. “No es frecuente que los estudiantes y los laburantes estén juntados”, reconoce Darío Dani Román, metalúrgico, “pero en estos tiempos hace falta estar juntos”. Y agrega: “Estamos presentes en todas las luchas populares en las que haga falta estar para dar vuelta esta situación”. Desde la medicina, Damián Verzeñassi amplía: “Esto que está pasando con la universidad —que es lo mismo que pasa con los hospitales, con las personas con discapacidad y con los jubilados— debería ser un elemento más que suficiente para que todo el arco político no fascista se decida a organizarse, a unirse y a encontrarse”.

En Sociales UBA, Rosario Kairuz cuenta que ya empezaron a discutir cómo sostener esa articulación: “Hay que unir esa lucha con docentes y no docentes. Los reclamos estudiantiles no pueden darse solos”. Nicolás Núñez, de AGD Sociales, insiste en que “esta marcha no puede ser un punto de llegada sino un punto de partida” y plantea recuperar algo de lo que ocurrió en 2024 con las asambleas interclaustros y las tomas de facultades. Para él, que habla desde la academia, “nuestra suerte está atada también a los reclamos de discapacidad y a los reclamos de tantos sectores postergados por este gobierno, con los que tenemos que unirnos, como los jubilados”.

El contagio

Pero… ¿cómo? La respuesta más repetida en la calle vuelve a ser la movilización. “Hay que seguir viniendo a las marchas, hay que seguir visibilizando y exigiendo”, plantea Gonza, y agrega que tanto el Poder Judicial como el Legislativo “tienen que ponerle un límite a este gobierno”. Darío Dani Román de la UOM, coincide: “La única arma que tenemos nosotros es salir a la calle, manifestarnos y sostener la pelea hasta el final”. Milagros y Facundo, estudiantes, lo resumen todavía más simple: “Seguir marchando, seguir protestando, para que se den cuenta de lo que quiere la gente”. Damián Verzeñassi suma otra dimensión: “La marcha de hoy tiene que decirles claramente que no les vamos a dejar pasar ninguna más”. Pero además propone “avanzar en una estrategia jurídica muy fuerte por incumplimiento de las funciones de los funcionarios públicos, desde el presidente para abajo, contra todos los responsables de no cumplir con una ley aprobada por el Congreso de la Nación”.

La última imagen que brota en la calle no es solo la de la crueldad, sino la de una brutalidad planificada. Gonza Giles lo explica claramente: “Necesitan universidades vacías porque el pensamiento crítico molesta. Necesitan personas aisladas porque los derechos organizan. Necesitan trabajadores cansados y estudiantes endeudados porque así envían un mensaje”.

Lo mismo dicen Vladimir y Adriana, de 19 años, pero ya orgullosos técnicos químicos. Mientras hablan levantan dos carteles que llaman la atención de todos:

“Cuando la educación sea privada, seremos privados de todo” y
“No se puede adoctrinar un cerebro lleno de conocimiento”.

Las letras están prolijamente dibujadas, en colores, y recortadas con paciencia y dedicación. “Estuvimos haciéndolos desde ayer, buscando frases, viendo todo lo que dice la gente, juntando opiniones. Y quedaron estas”, cuentan ellos, que hablan sosteniéndose la mano uno al otro.

Ella es de Moreno, él de José C. Paz. Egresaron de una secundaria técnica pública. Ella ahora estudia Ingeniería Aeronáutica en la UTN de Haedo. Él piensa anotarse en Agronomía. A ellos, además de todo, la universidad pública les dio el amor. Y desde ahí hablan:

“Vamos a ayudar a un comedor cerca de Cuartel V, en un barrio muy pobre. Hay familias a las que se les complica hasta estudiar. Regalamos hojas, útiles, lo que se pueda. Yo era de un barrio también muy humilde y mi primo no pudo estudiar, tuvo que dejar para ir a trabajar. Hacemos lo que podemos. Muchas veces no alcanza. Pero aunque sea una persona más que pueda estudiar, ya es una victoria”.

Él da vuelta el cartel y muestra la frase del otro lado: “Estamos acá también por vos, que pensás distinto”. Adriana dice: “Mucho se habla de que el odio se contagia, que vivimos una época de odio, que las redes muestran eso. Pero también el amor y la solidaridad contagian”.

Y sonríe.

Con esa sonrisa que contagia, y ese cartel colorido, revela que ella fue la responsable de que viniese su novio: “Esta es la primera vez que viene a una marcha. Yo ya había venido a la marcha antifascista. Así que bueno, ya traje a alguien más”.

Y la próxima, uno más.
Sí, sí. Ya hay dos amigos que querían venir y no pudieron por otros temas, pero tenían ganas.

Vladimir: ¿y qué te pareció tu primera marcha?
Nervioso al principio, la verdad. Pero estuvo muy bueno.

¿Por qué nervioso?
No sé, siempre las veía desde afuera y parecía otra cosa. Pero estuvo re bien la experiencia.

Ahora sonríen ambos.
Y saludan antes de desconcentrar por Diagonal Norte rumbo a tomarse dos micros y un tren para volver a su casa.

Sobre esa avenida céntrica, donde se recorta el Obelisco, pasarán

junto a un joven con una remera de 2 Minutos y un cartel que dice: “Estéticamente superiores”, con la cara deforme del Presidente. Una ironía sellada con la firma de la Escuela Superior de Bellas Artes Antonio Berni.
Cerca de Luna, de siete años, de la mano de Gloria, su mamá, chocha porque está caminando por la calle y no por la vereda.
De una joven que tiene un cartel que da ganas de llorar: “Mi sabiduría viene de esta tierra”.
De un ruidoso grupo de la Escuela Secundaria de la Universidad de San Martín que trajo varios hits. El mejor:

“Con las lágrimas de Adorni
vamos a hacer una cascada
para que se metan todos
los pibes de la barriada”.

La gente desconcentra y va cantando “eaea” y también:

“Si el presupuesto no está
qué quilombo que se va a armar”.

La sensación es, como decía Gonza, que este es un punto de largada y no de llegada.

Que la cosa sigue.

En la calle, pero también en los barrios, en los comedores, y en las aulas.

Sigue cada miércoles en el Congreso.

Y todas las veces que hagan falta.

Porque hay muchos jóvenes.

Docentes, directivos, no docentes.

Egresados, profesionales.

Muchas personas en todo el país.

En Mar del Plata, en Córdoba, Ushuaia, en Rosario, en Bahía Blanca.

Hubo otra Plaza de Mayo repleta.

Hay gente que, aun cuando todo terminó, sigue llegando.

Hay más carteles conmovedores.

Hay muchos jóvenes que, a pesar del frío y la cascada de malas noticias, no se resignan y demuestran, hasta con alegría, que la única que queda hoy es la calle.

Y no callarse.

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hace 7 días

07/05/2026

Desde hace dos semanas la comunidad educativa autoconvocada está en las calles de toda la provincia exigiendo una suba salarial (el sueldo básico está apenas por encima de los 300 mil) y no “migajas”. Las mesas paritarias, las subas insignificantes y las palabras del ministro de Educación que colmaron la paciencia. El pan y el té que simula una cena, la falta de escucha de los sindicatos a las bases y un aviso: “Seguiremos en las calles hasta que el salario digno sea una realidad”.

Por Francisco Pandolfi. Fotos de Aníbal Aguaisol

–El sueldo no alcanza ni para comer.

Dora Palacios es profesora de Historia, preceptora y referente escolar en Trelew.

También es una de las –y los– miles de docentes chubutenses autoconvocados desde hace dos semanas en las calles de toda la provincia por un reclamo salarial que aún no tiene la respuesta esperada.

Un maestro de jornada simple, un preceptor, un profesor con 20 horas cátedras semanales tiene un sueldo básico de 304 mil pesos, que con los adicionales llega a 700 mil (con los aumentos prometidos en las últimas horas rondarán los 800). “Los alquileres en la Patagonia son altísimos, arriba de los 600 mil, y a eso hay que sumarle unos impuestos carísimos”, le cuenta a lavaca.

Enumera con la cadencia de quien tiene una carga enorme en la voz: luz, gas, agua, comida, vestimenta. De lo general va a lo particular: “Muchos docentes cuentan en las asambleas que no tienen un plato de comida en la mesa, que la cena es un pedazo de pan y un té, que les han cortado los servicios, que no tienen teléfono, que ya no pueden pagar el alquiler”. Y de lo particular a lo propio: “Otros estamos bicicleteando con la tarjeta, cobramos, pagamos, cobramos, pagamos, nos estamos endeudando permanentemente porque el sueldo no alcanza para comer”.

Crece el reclamo docente en Chubut: “El sueldo no alcanza ni para comer”

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Salir a la calle

El salario docente de Chubut es el peor de la Patagonia y uno de los más bajos del país, junto a Buenos Aires, Mendoza, Entre Ríos, Misiones, La Rioja y Catamarca.

La primera manifestación surgió como surgen las cosas en Chubut, de forma exprés y cuando no se aguanta más. “Desde diciembre pasado la conducción de ATECh –la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, el sindicato más grande– se arrogó el triunfo de la paritaria permanente, que para las y los trabajadores no significó ningún logro. Se reunieron varias veces con el gobierno pero no nos ofrecieron nada”.

La gota que rebalsó el vaso –o una cristalería completa– fue la reunión del 29 de abril en la que el gobierno provincial –al mando de Ignacio Torres y cuyo ministro de Educación es José Luis Punta– ofreció un incremento del 1,3%. Dora estaba en la vereda, esperando junto a cientos de docentes: “Quienes estábamos afuera solicitamos la renuncia de las conducciones sindicales por aceptar un aumento insignificante, tuvieron que huir del lugar. A partir de ahí salimos a la calle todos los días con diferentes acciones”.

Marcha de antorchas, festivales, ruidazos, ollas populares, feria de emprendedores, asambleas y movilizaciones masivas que tienen en vilo a la provincia y al gobierno. “El 23 de abril realizamos un hito histórico: un faltazo masivo sin que los gremios llamaran al paro”. El 29, en la reunión de conciliación obligatoria dictada por la secretaría de Trabajo, la concentración masiva fue reprimida con gases lacrimógenos por la Policía. ¿La respuesta popular? Otra movilización. Y carteles, muchos carteles:

Docentes con sueldos indecentes.
Al que miente le crece la nariz (con la imagen –retocada– del gobernador Torres)
Basta de mentiras, amenazas y presión.
Se busca por precarizar al docente (con la cara del ministro Punta).
Salud mental es llegar a fin de mes.
Ratas.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Migajas

Las protestas no sólo suceden en la capital, sino en toda la provincia: Trelew, Puerto Madryn, en la meseta, en Chacay Oeste, Gan Gan, Las Plumas, Paso de Indios. Otro mojón que colmó la paciencia fueron las palabras del ministro Punta: “Buscamos que ningún docente cobre menos de 800 mil, de una manera solidaria, casi”, dijo balbuceando una frase que la comunidad educativa lo tomó como una burla.

–No vamos a aceptar migajas. Mientras a los docentes nos ofrecieron un 1,3%, le aumentaron a su planta política un 200%. No hay dudas: plata hay, pero no quieren ponerla donde corresponde” –dice Dora, que hace 48 años nació en La Pampa y desde hace 45 fue adoptada por Chubut.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Ante la masividad del reclamo, este miércoles 6 de mayo hubo una nueva reunión paritaria donde el gobierno ofreció un 3,4% –valor del Índice de Precio al Consumidor (IPC) del mes pasado, más un 4%: o sea, una suba del 7,4%. En junio, un punto más y en julio otro punto más.

–No satisface nuestra demanda para nada, es un aumento en el bolsillo de entre 60 y 70 mil pesos que terminaríamos de cobrar en agosto. Es una tomada de pelo. Siento mucha bronca contra los sindicatos que nos dejaron sin respaldo y sin escucha; mucha bronca contra un gobierno que nos dice violentos, cuando violencia es tener un sueldo básico de 300 mil pesos.

Los sindicatos cuestionados que se sientan en la mesa paritaria son ATECh, SITRAED –sindicato paralelo alineado al gobierno–, UDA –Unión Docentes Argentinos–, SADOP –docentes privados– y AMET –magisterio de enseñanza técnica–.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

Tres escuelas, tres turnos, muchas deudas

-Queremos estar en las aulas con nuestros estudiantes, pero no con sueldos de hambre.

Reafirma Dora, que estudió en la Universidad Nacional de la Patagonia y desde hace 17 años es profesora de Historia del nivel secundario, además de preceptora. Trabaja en tres escuelas y en los tres turnos, mañana, tarde y noche. Dice que volvería a elegir esta profesión, pese al salario que no alcanza y otros condicionantes: falta de insumos, condiciones dignas para trabajar, escuelas sin calefacción donde llueve adentro. Otro ejemplo que lo dice todo: “Usamos manuales de la provincia de Buenos Aires, no tenemos un diseño de currícula propia”.

¿Cómo sigue el curso de esta historia?

Organizados de manera autoconvocada, decidiendo en asamblea. No vamos a bajar los brazos hasta lograr un aumento del 100% del básico como mínimo y un sueldo de bolsillo de un millón y medio. Desde hace quince días exigimos paro por tiempo indeterminado y acá seguiremos: hasta que el salario digno sea una realidad.

Fotos de Aníbal Aguaisol /lavaca.org

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Nota

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Publicada

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