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INTA: cuando el ajuste mata

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La muerte de un trabajador del INTA en Castelar reveló una trama de desfinanciamiento y malas condiciones laborales que ocurren desde hace años. Sus compañeros denuncian un intento de ocultamiento y la falta de medidas de seguridad: un mes antes, el sindicato había alertado por posibles accidentes. La sombra del modelo de agronegocios.
   Por Darío Aranda
Una enorme olla donde entran hasta seis vacas. Con enorme presión, agua y químicos a alta temperatura. Y 30 años de uso. Así es el biodigestor con el que trabajaba Diego Soraire, trabajador del INTA Castelar (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El 3 de septiembre el dispositivo falló y su tapa saltó como consecuencia de la presión.
Diego sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo, y falleció luego de una semana de internación. Un mes antes, delegados sindicales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) habían enviado una carta documento a las autoridades de INTA por la falta de financiamiento para el área de seguridad e higiene, y habían alertado sobre posibles accidentes.
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El lunes 5 de septiembre por la noche llegó un mensaje de texto  anónimo. «Pasó algo en INTA Castelar. Dos heridos graves. Lo quieren ocultar, como con Melisa Bogarín». Melisa era una joven trabajadora del ProHuerta-INTA, fallecida en abril pasado.
Recién el miércoles a la mañana el hecho fue confirmado por tres fuentes: dos técnicos de INTA y delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El accidente había ocurrido el sábado 3 de septiembre. Los heridos eran Osvaldo Zabal y Diego Soraire, este último muy grave. El INTA, que tiene una aceitada red de comunicación con los medios, no daba cuenta del hecho.

   Víctima

Diego Soraire tenía 37 años, vivía en Moreno y era padre de cuatro niños. El sábado 3 de septiembre fue a trabajar a INTA Castelar como lo hacía desde 2007. Todas las versiones -de sus compañeros, familiares y sindicales- reconstruyen el mismo hecho: el biodigestor tiene más de 30 años de uso, estaba funcionando con muy alta presión, lo que significaba riesgo de explosión. Soraire intentó aflojar válvulas de manera manual: media decena de trabajadores indican que recibió instrucciones de sus superiores para esa acción. La tapa del biodigestor saltó y Soraire sufrió quemaduras por el mismo líquido a altísima temperatura, en el 80 por ciento del cuerpo.
Aunque en menor medida, también sufrió heridas su colega Osvaldo Zabal.
Soraire falleció el viernes 9 de septiembre.

   Comunicado interno

La Junta Interna de ATE INTA Castelar había emitido un comunicado interno sólo para trabajadores el lunes 5 de septiembre a las 11.30. Era muy breve y no explicaba qué había sucedido, pero sí señalaba una «tragedia laboral». En un cruce de correos internos entre trabajadores se afirmaba que Diego Soraire estaba muy grave.
Ante el pedido de explicaciones (dentro de un grupo Yahoo de trabajadores), un investigador de carrera de INTA Castelar informó: «El digestor es un autoclave gigante (entran los cuerpos de seis bovinos) enterrado hasta diez metros de profundidad. La instalación no tiene monitoreo electrónico que te habilite al próximo paso cuando cumpliste con el anterior. Al menos el que yo conozco no tiene nada de eso. Es solo fierros, tuercas y tornillos».

   Marcha

El martes 13 de septiembre hubo movilización desde INTA Castelar hasta las oficinas porteñas de la institución. Unas 200 personas se concentraron frente al Congreso Nacional y de allí marcharon tres cuadras. «Tenemos una angustia muy grande, ya no tenemos a Diego, y queremos justicia. Que paguen los responsables y que no tapen lo que pasó. Hay responsables y tiene que hacerse cargo», reclamó conmovido Diego Esquivel, trabajador de INTA Castelar, cuñado y compadre de Diego Soraire.
Con un cartel con la foto de Soraire, Esquivel remarcó que la familia apoyaba la marcha (la esposa de Soraire no estaba presente por problemas de salud) e insistió en un temor: «que tapen lo que pasó».

Foto: Luciano Dico

Foto: Luciano Dico


José Luis Perea, delegado gremial de INTA Castelar, afirmó que Soraire es «una víctima del ajuste» y explicó que el INTA lleva «tres años de desfinanciamiento». Reclamó que se investigue «toda la cadena de responsabilidades» y apuntó a las causas de fondo: «Lo que le pasó a Diego le puede pasar otros trabajadores del Estado porque hay un enorme deterioro de equipos que llevan décadas, con tecnologías del siglo pasado. Un digestor nuevo no permite ese tipo de accidentes. Por eso apuntamos a la falta de inversión y falta de prevención».
Recordó que diez años atrás falleció otro trabajador, Horacio Huerta, mientras operaba un equipo similar.
Los trabajadores también alertaron que la causa judicial recayó en la Fiscalía N°1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso. «Es el mismo fiscal que en la tragedia de Once responsabilizó al motorman y no a la desinversión de la empresa ni a la complicidad de los funcionarios», explicó Perea y advirtió que no aceptarán que los trabajadores sean el chivo expiatorio de esta muerte.
El gremio y los compañeros de Soraire exigen una comisión independiente, y con participación de los trabajadores, que investigue lo sucedido. «Las autoridades no dieron explicación oficial, recién comunicaron el hecho cuando Diego falleció y hay muchas preguntas que el INTA no quiere contestar», asegura Perea. El presidente Macri visitó INTA Castelar en julio, «pero no estuvo en los laboratorios con equipamiento antiguo ni en los edificios deteriorados».

   Un mes antes

El 2 de agosto, un mes antes del accidente, la Junta Interna de ATE INTA envió una carta documento al director nacional de la institución, Héctor Espina. El comunicado del gremio explicaba: «Ante la falta de presupuesto para la Cymat (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), situación que deja desprotegidos a todos los trabajadores de INTA ante cualquier eventualidad o accidente, hemos reclamado por carta documento al director nacional de INTA la ejecución inmediata del presupuesto necesario para garantizar las condiciones de trabajo con la seguridad e higiene que corresponde», señala el comunicado firmado por «Junta Interna ATE INTA».
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En la carta documento se puede leer: «Intimamos a usted (Héctor Espina) a gestionar de inmediato, 48 horas, la asignación presupuestaria 2016, de 60 millones de pesos conforme a la planificación y necesidades planteadas reiteradamente». Firmada por el delegado gremial José Luis Perea, la carta documento precisa: «Denunciamos la puesta en marcha de un sistema perverso de asignación de recursos que generó la ejecución de solo un millón de pesos, que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo estipuladas en las normativas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Haciendo responsable a usted por tal incumplimiento».
El director nacional de INTA, Héctor Espina, respondió el 5 de agosto. «Rechazo formalmente en todos sus términos su carta documento por falsa, arbitraria y sin fundamento ni legitimidad alguna. Asimismo niego de manera total que la Institución no esté garantizando las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo». El director del INTA señaló que el pedido de 60 millones de pesos «no encuentra respaldo presupuestario según la planificación y necesidades planteadas en materia de higiene y seguridad». Aclaró que el presupuesto del área es de 2,5 millones de pesos para 2016.
Los delegados gremiales de ATE le respondieron el 16 de agosto. Insistieron en la falta de presupuesto para seguridad laboral, recordaron que los 2,5 millones anuales representan un 56 por ciento menos que en 2015 y precisaron que en el tercer trimestre se asignó sólo 1,2 millones para todas las dependencias de INTA. «Alcanza para entregar sólo 10.000 pesos para cada unidad de INTA, menos de 100 pesos por cada trabajador para destinar a seguridad e higiene. Esas cifras son elocuentes», advirtió el sindicato, tres semanas antes del accidente de INTA Castelar.
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   Camiseta puesta I

Mariana Conte es compañera de Soraire. Presente en la marcha en pedido de justicia, le cuesta hablar de él. Lo recuerda como un compañero muy querido por todos, deportista (practicaba karate, fue técnico del equipo de fútbol femenino de INTA Castelar), «muy laburador», siempre dispuesto para el trabajo, incluso feriados y fines de semana. «Es espantoso lo que sucedió, estamos consternados, no podemos reaccionar», confiesa, pero al mismo tiempo hace esfuerzo por exigir justicia. Puntualiza que el digestor «es muy viejo», con todo un procedimiento manual (nada automatizado, que quizá hubiera evitado accidentes). «Duele ver el intento de silenciar lo que pasó, durante toda la semana las autoridades no dijeron nada y por lo bajo hay jefes que culpan a Diego y no dicen nada de las condiciones de trabajo. Eso es injusto», se indigna Conte. Y también teme que el fiscal Basso vaya en el mismo sentido: culpe a la víctima.
Conte fue una de las pocas que se animó a manifestarse: en INTA Castelar trabajan 1500 personas, sólo 130 fueron a la asamblea por la muerte de Diego y unos 60 se movilizaron en reclamo de justicia. «Hay un verticalismo muy fuerte y también corporativismo. Es lamentable que, ante la muerte, haya trabajadores con la camiseta tan puesta de la institución… tienen la camiseta demasiado puesta…».
En la manifestación en la puerta de INTA había unas 200 personas. Se veían carteles de Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y Secretaría de Agricultura Familiar, pero ninguna de otras sede de INTA. Incluso era escasa la presencia de trabajadores de la sede de INTA Chile (por el nombre de la calle donde está, a pocas cuadras de donde fue la marcha). Se los podía contar con los dedos de la mano.

Foto: Luciano Dico

Foto: Luciano Dico

   Versión oficial

Recién seis días después del accidente, cuando Soraire falleció, el INTA emitió un comunicado. Precisó que se trató de un biodigestor del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) del INTA Castelar, lamentó la muerte y manifestó las condolencias a la familia. Explicaron que denunciaron el hecho en el Juzgado de Morón y señalaron que «en junio se había presentado un informe de validación sobre el digestor, en el cual se consignó que estaba apto para su operación».

   Ocultamiento y ajuste

Martes 12 de septiembre: marcha ante la sede central de INTA. Con llovizna y viento, las 200 personas reclaman por Soraire. Se exhiben carteles: «El ajuste de Macri causa muerte de trabajadores», «Diego Soraire y Melisa Bogarín presentes», «Héctor Espina, director nacional de INTA, integrante de Batallón 601, responsable», «Basta de ajuste en agricultura familiar», «Ninguna muerte más, mayor presupuesto».
Orestes Galeano es director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente en el trabajo de ATE apuntó a la antigüedad del biodigestor y la «falta de mantenimiento preventivo». Precisó que la anterior gestión no actualizó maquinarias y la nueva recortó presupuesto (incluido de seguridad e higiene). «Sobre malas decisiones estratégicas se suma el ajuste, es un combo que le cuesta la vida a trabajadores», denunció. Y agregó un nombre poco mencionado, Amadeo Nicora, presidente del INTA y aliado del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
«No tengo dudas que intentaron ocultar el hecho. Porque tienen en su cabeza una carta documento, un mes antes, que anunciaba que podía pasar una tragedia. Entonces quieren ocultar sus responsabilidades. Si los funcionarios, en distintos niveles, toman decisiones que cuestan vidas, tienen que hacerse cargo y ser juzgados», exigió y precisó que los funcionarios responsables están en la cúpula del INTA y en el Ministerio de Agroindustria (a cargo de Ricardo Buryaile).
También recordó la muerte de Melisa Bogarín en Chaco. «Nos quieren hacer creer que la precarización y el miedo a perder el trabajo no tiene relación con las enfermedades y padecimientos de los trabajadores. Siempre las patronales desligan responsabilidades y culpan a los laburantes», cuestionó.
El laboratorio donde trabajaba Diego Soraire estaba realizando pruebas para la multinacional Biogénesis Bagó. Recordó que desde el menemismo se generalizó la práctica de que ámbitos estatales (desde institutos de investigación hasta universidades) trabajen para grupos económicos. «Es una lógica que se mantuvo inalterable todos estos años y muy común en lugares como INTA, INTI, Senasa y Conicet. Se promueve la investigación para grupos económicos y no para los intereses de la sociedad», lamentó el delegado de ATE.
Silvia León, secretaria de organización de ATE y también presente en la marcha, afirmó que la muerte de Diego Soraire se debió a «la impericia de los gobiernos, en este caso a autoridades de INTA». Y no tiene dudas de que el macrismo apunta a una reforma del Estado en continuidad con los ’90, con despidos de trabajadores, achicamiento de planteles (con jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios) y privatización de sectores redituables. También cuestionó el accionar de las autoridades de INTA: «Intentaron ocultar el hecho porque saben que la muerte de Diego era evitable y lo quisieron tapar porque hay responsabilidades de funcionarios. Por eso estamos en la calle, para señalar a los responsables del ajuste y de la muerte de trabajadores».
Estela Ramazoti, de INTA Castelar, comparó: «Un lavarropas hogareño tiene una traba de seguridad para que no se abra. Imaginate la antigüedad de los digestores con los que trabajamos, con líquidos hasta 300 grados, que se cargan de presión y provocan lo que le pasó a Diego. La falta de financiamiento en tecnología, seguridad e higiene expone a los trabajadores. Diego es una muestra injusta de eso». Afirmó que el presupuesto de INTA viene en caída desde hace años y «se distribuye la miseria».

   Silencios

Richard Alcaraz, 26 años, obrero de la construcción falleció el 9 de septiembre en una obra en Villa Crespo, cuando una medianera cayó sobre él. David Ramallo, de 35 años, trabajador de la línea de colectivos 60 murió también el 9 de septiembre aplastado luego de fallar un elevador de vehículos. En ambos casos, los sindicatos denunciaron la falta de medidas de seguridad y la negligencia patronal. Incluso en la línea 60 hubo una semana de paro. Nada similar ocurrió en INTA.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue (y es), un brazo técnico del agronegocios en Argentina. Claro que con fisuras, con espacios y trabajadores que apuestan a otro modelo, pero la política macro está marcada desde arriba y nunca se cuestiona institucionalmente al modelo transgénico y, mucho menos, a las corporaciones de semillas y agrotóxicos. Todo lo contrario: el INTA cuenta con convenios de colaboración con semilleras (desde Monsanto a las empresas «nacionales») y acuerdos con instituciones de lobby transgénico como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa).
Cuando arrecia alguna crítica, o quieren mostrar su rostro social, las autoridades del INTA flamean la bandera del ProHuerta (o de los IPAF, Instituto Para la Agricultura Familiar). Así difunden su lado minoritario y no transgénico.
Los trabajadores del INTA tienen un sentido de pertenencia difícil de encontrar en otro ámbito estatal. Es común verlos con la vestimenta institucional (aún fuera de horario laboral), camisas, gorros, chalecos, camperas. Sobrevuela una mística de «familia», explican los que están a gusto. Del otro lado, por lo bajo, asoman críticas: «Son una secta, corporativos».
También juega la interna sindical. UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) siempre se caracterizó por ser el sindicato que rápido acuerdo con la patronal. En línea similar está Apinta (Asociación del Personal del INTA). Por otro lado se ubica ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), con múltiples tendencias, desde la izquierda troskista hasta el kirchnerismo y los independientes.
Ni la muerte de un trabajador unió a las distintas vertientes sindicales. Sólo un sector de ATE (sede Castelar) emitió comunicado sobre lo sucedido y apuntó a las responsabilidades patronales.
El silencio también abarcó a los periodistas agropecuarios. En Argentina funciona desde hace medio siglo el Circulo de Periodistas Agrarios (CAPA). Suele dar cuenta de todas las noticias de ministerios, empresas de agronegocios y, claro, INTA, pero no publicaron la noticia del accidente en el biodigestor ni de las denuncias a las autoridades.

   Camiseta puesta II

El abril pasado falleció la joven trabajadora precarizada de ProHuerta-INTA Melisa Bogarín. Fue en Las Breñas (Chaco), en el marco de una jornada de trabajo y posterior asamblea, cuando tomó la palabra en representación de sus compañeros (y frente a las autoridades de INTA, Héctor Espina y Amadeo Nicora) por la situación de contratos temporales, inestabilidad y falta de respuestas. Falleció de un paro cardiaco.
Las autoridades de la institución (incluida la Gerencia de Comunicación, con Máximo Bontempo al frente) invisibilizaron las condiciones laborales y priorizaron la defensa de la institución. «Más vale que no les convenía hablar de precarización. Se sacan el sayo. El comunicado es muy institucional, y no da cuenta de la seguridad del trabajador y de la angustia de Melisa. La precarización mata. El ajuste mata. La política neoliberal mata», afirmó Germán Gonaldi, su esposo.
Ante el accidente en Castelar, Bontempo volvió a defender a la institución vía Twitter. Llamó «sesgado» a este periodista y acusó de «forzar el relato para que la realidad le coincida». También se sumó a la defensa de la institución la jefa de prensa de INTA, Camila Pía Gandía: «Accidentes desgraciados que no ameritan lecturas malintencionadas ni oportunistas».
Bontempo argumentó que le parecía «razonable no comunicar nada hacia afuera hasta conocer el resultado de las pericias» (no aclaró que pueden ser semanas o meses).
Ninguno, ni Bontempo ni Gandía, cumplieron la regla básica del periodismo: hablar con la familia de las víctimas. No contactaron a la familia de Soraire (como tampoco lo habían hecho en el caso de Bogarín) y ambos repitieron la versión oficial. «Uno de los activos más importantes que tiene el INTA es el sentido de pertenencia de sus trabajadores, la ‘camiseta'», difundió el mismo día el gerente de comunicación de INTA, Bontempo, vía Twitter.
Le respondió por la misma vía Germán Gonaldi, compañero de Melisa Bogarín: «Parece que algunos que ‘se ponen la camiseta’ se quieren olvidar o que no se hable, pero yo no me olvido».
   Ajuste
La última semana trascendió que el presupuesto 2017, enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, prevé un recorte de 200 millones de pesos al presupuesto del INTA. ATE indicó que es el equivalente a la reducción de 700 puestos de trabajo y se declaró en estado de alerta.
Aún no se expidieron las autoridades de INTA ni los empleados que se definen con «camiseta puesta».

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Histórico: el martes comenzará el nuevo juicio por el crimen de Lucía Pérez

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El próximo martes 7 de febrero comienza el nuevo juicio por el femicidio de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata en octubre de 2016. Tenía 16 años. Fue el caso que impulsó el primer Paro de Mujeres del país y que motivó un juicio escandaloso en 2018 cuyo fallo fue anulado por la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, que ordenó que el proceso se realice nuevamente. Uno de los argumentos de la anulación: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

En aquel juicio se condenó a los acusados por “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”, y no por el crimen. Casación ratificó esa condena, pero ordenó que ahora se realice nuevamente el juicio por femicidio. Detalles sobre la jornada preparatoria del juicio.  

Esta nueva e histórica realización de un juicio por femicidio comenzará a las 9 de la mañana del martes 7 de febrero en el Tribunal en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, en Almirante Brown 2046. Los jueces a cargo del nuevo Tribunal son Roberto Falcone, Gustavo Fissore y Alexis Semaz. El fiscal del caso es Leonardo Arévalo. 

Los acusados son Matías Farías (28 años) y Juan Pablo Offidani (47 años), quienes el 8 de octubre de 2016 llevaron a Lucía a la sala de salud de Playa Serena: llegó muerta. Farías será defendido por la abogada oficial María Laura Solari; Offidani, por el abogado particular César Sivo. Se estima que las audiencias se extenderán hasta el 1º de marzo.

Imagen de los tres acusados durante el juicio de 2018, que ahora se realizará nuevamente. Maciel (de anteojos) falleció luego de ser absuelto. Offidani y Farías fueron condenados a 8 años por narcotraficar droga cerca de las escuelas, pero no por el femicidio.

¿Por qué un nuevo juicio?

Farías y Offidani fueron apresados el 9 de octubre de 2016, un día después del femicidio. El tercer detenido fue Alejandro Maciel, 61 años, acusado de encubrimiento agravado por ayudar al lavado del cuerpo muerto.

En 2018 fueron juzgados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Mar del Plata.  Farías y Offidani fueron condenados a ocho años de prisión y a pagar una multa de 135 mil pesos por el delito de “tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravado por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo”. Desde entonces están detenidos. El tercer acusado, Maciel, fue sobreseído, y murió tiempo después de cáncer.  

Pero ninguno de los tres fue condenado por el femicidio. Como si Lucía y su muerte no hubieran existido.

Aquel juicio que tuvo un desarrollo vergonzoso, con jueces que parecían más empeñados en cuestionar a la niña asesinada que en juzgar a los autores del crimen. A eso se agregó el tono machista, misógino, indiferente hacia la víctima y la familia, y totalmente consistente con una mirada que históricamente ha relegado a las víctimas de femicidios y de actos de violencia contra las mujeres.

Por esa sentencia la familia de Lucía exigió dos cosas, que se lograron:

  1. El fallo por el juicio de 2018 se apeló y en agosto del 2020 la Sala IV de la Cámara de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió anularlo. Confirmó la condena por la venta de drogas, pero ordenó que se haga este nuevo juicio por el femicidio.  
  • Además, en marzo se concretará un juicio político (jury) a los jueces del Tribunal: Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso por “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta”. El tercer juez,Aldo Carnevale, quedará impune porque consiguió la jubilación anticipada del gobierno de María Eugenia Vidal para evitar el enjuiciamiento. El jury será llevado adelante por el parlamento bonaerense

Al anular el fallo del juicio de 2018 la Cámara de Casación bonaerense instaló un precedente histórico para que el Poder Judicial deje de ser parte del sistema que consagra la impunidad y la estigmatización de las mujeres.

Los jueces del fallo anulado. Aldo Carnevale (que logró a tiempo su jubilación por parte del gobierno de María Eugenia Vidal), Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso. La Cámara de Casación anuló el fallo estigmatizante y vergonzoso que firmaron sobre el caso de Lucía Pérez, y en marzo Viñas y Gómez Urso serán sometidos a juicio político.

¿A quién se juzga?

Uno de los fundamentos de esa anulación plantea: “No olvidemos que en esta instancia no se está juzgando a la víctima (como pareciera estar ocurriendo) sino a los eventuales victimarios”.

Además el Tribunal señala que el Estado se comprometió a prevenir y erradicar la violencia machista, y que “estas normas imponen a quienes tienen la tarea a su cargo, tener en consideración el contexto en el que ocurren los hechos, realizar un análisis de los mismos, determinar el encuadre jurídico apropiado, y valorar la prueba con perspectiva de género”.

En ese sentido pareció inexplicable que el Tribunal de Mar del Plata que juzgó en primera instancia el femicidio se haya enfocado en “indagar en la personalidad, actitudes y comportamientos anteriores de la víctima, su forma de relacionarse con los hombres, su vida social, su carácter, y en distinguir la conducta de los imputados, y a partir de allí, considerar si Lucía había consentido el acceso carnal”.

Describe la Cámara de Casación a ese foco estigmatizante puesto sobre la víctima como “un despropósito”.

Marta Montero y Guillermo Pérez: los padres de Lucía.

La audiencia preparatoria

Durante la mañana de este jueves se desarrolló la audiencia preparatoria del juicio. Los padres de Lucía (Marta Montero y Guillermo Pérez) pidieron que el proceso sea transmitido por Youtube. Además solicitaron que el Tribunal no esté vallado, dado que el pedido de justicia será acompañado desde la calle por organizaciones sociales, sindicales y otras familias de víctimas de femicidios. Desde la Ciudad de Buenos Aires y La Plata está previsto que salgan grupos para acompañar el inicio de un proceso histórico.

Las defensas de los acusados se mostraron contrarias a ambos pedidos, que los jueces deberán resolver. Por su parte, los imputados pidieron no estar presentes en la sala.  

En este nuevo proceso no hay una nueva instrucción, por lo que no hay nuevas pruebas ni nuevos testigos (que serán alrededor de 50). La primera jornada, el martes 7 de febrero, se iniciará con la declaración de la familia de Lucía. Durante la primera semana que será corta (el viernes 10 no habrá audiencia) se espera que declaren alrededor de 20 personas. Lo que está en juego es la posibilidad de ver en la práctica si finalmente habrá justicia.

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Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 2

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La nueva serie documental de lavaca: el mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Con dirección de Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes. Ya disponibles los capítulos 1 y 2

Capítulo 2

Aceitera La Matanza fue la primera fábrica recuperada visitada por un presidente argentino durante su mandato. Alberto Fernández reconoció que siempre vio a las cooperativas como parte de la “economía informal” sin comprender que involucra otros modos de producción: “Ahora soy yo uno de los que tiene que convencer al resto de la Argentina de que la economía popular existe, y que hay que darle las herramientas para que siga creciendo”, dijo ante 2.000 trabajadoras y trabajadores. Sin embargo, durante la pandemia, la asistencia del Estado no fue la misma que para las empresas privadas. ¿Qué dice sobre esto? ¿Y qué le responden quienes trabajan?

Capítulo 1

Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir

Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
Edición: Damián Finvarb.

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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