La muerte de un trabajador del INTA en Castelar reveló una trama de desfinanciamiento y malas condiciones laborales que ocurren desde hace años. Sus compañeros denuncian un intento de ocultamiento y la falta de medidas de seguridad: un mes antes, el sindicato había alertado por posibles accidentes. La sombra del modelo de agronegocios.
   Por Darío Aranda
Una enorme olla donde entran hasta seis vacas. Con enorme presión, agua y químicos a alta temperatura. Y 30 años de uso. Así es el biodigestor con el que trabajaba Diego Soraire, trabajador del INTA Castelar (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria). El 3 de septiembre el dispositivo falló y su tapa saltó como consecuencia de la presión.
Diego sufrió quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo, y falleció luego de una semana de internación. Un mes antes, delegados sindicales de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) habían enviado una carta documento a las autoridades de INTA por la falta de financiamiento para el área de seguridad e higiene, y habían alertado sobre posibles accidentes.

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El lunes 5 de septiembre por la noche llegó un mensaje de texto  anónimo. «Pasó algo en INTA Castelar. Dos heridos graves. Lo quieren ocultar, como con Melisa Bogarín». Melisa era una joven trabajadora del ProHuerta-INTA, fallecida en abril pasado.
Recién el miércoles a la mañana el hecho fue confirmado por tres fuentes: dos técnicos de INTA y delegados sindicales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). El accidente había ocurrido el sábado 3 de septiembre. Los heridos eran Osvaldo Zabal y Diego Soraire, este último muy grave. El INTA, que tiene una aceitada red de comunicación con los medios, no daba cuenta del hecho.

   Víctima

Diego Soraire tenía 37 años, vivía en Moreno y era padre de cuatro niños. El sábado 3 de septiembre fue a trabajar a INTA Castelar como lo hacía desde 2007. Todas las versiones -de sus compañeros, familiares y sindicales- reconstruyen el mismo hecho: el biodigestor tiene más de 30 años de uso, estaba funcionando con muy alta presión, lo que significaba riesgo de explosión. Soraire intentó aflojar válvulas de manera manual: media decena de trabajadores indican que recibió instrucciones de sus superiores para esa acción. La tapa del biodigestor saltó y Soraire sufrió quemaduras por el mismo líquido a altísima temperatura, en el 80 por ciento del cuerpo.
Aunque en menor medida, también sufrió heridas su colega Osvaldo Zabal.
Soraire falleció el viernes 9 de septiembre.

   Comunicado interno

La Junta Interna de ATE INTA Castelar había emitido un comunicado interno sólo para trabajadores el lunes 5 de septiembre a las 11.30. Era muy breve y no explicaba qué había sucedido, pero sí señalaba una «tragedia laboral». En un cruce de correos internos entre trabajadores se afirmaba que Diego Soraire estaba muy grave.
Ante el pedido de explicaciones (dentro de un grupo Yahoo de trabajadores), un investigador de carrera de INTA Castelar informó: «El digestor es un autoclave gigante (entran los cuerpos de seis bovinos) enterrado hasta diez metros de profundidad. La instalación no tiene monitoreo electrónico que te habilite al próximo paso cuando cumpliste con el anterior. Al menos el que yo conozco no tiene nada de eso. Es solo fierros, tuercas y tornillos».

   Marcha

El martes 13 de septiembre hubo movilización desde INTA Castelar hasta las oficinas porteñas de la institución. Unas 200 personas se concentraron frente al Congreso Nacional y de allí marcharon tres cuadras. «Tenemos una angustia muy grande, ya no tenemos a Diego, y queremos justicia. Que paguen los responsables y que no tapen lo que pasó. Hay responsables y tiene que hacerse cargo», reclamó conmovido Diego Esquivel, trabajador de INTA Castelar, cuñado y compadre de Diego Soraire.
Con un cartel con la foto de Soraire, Esquivel remarcó que la familia apoyaba la marcha (la esposa de Soraire no estaba presente por problemas de salud) e insistió en un temor: «que tapen lo que pasó».

José Luis Perea, delegado gremial de INTA Castelar, afirmó que Soraire es «una víctima del ajuste» y explicó que el INTA lleva «tres años de desfinanciamiento». Reclamó que se investigue «toda la cadena de responsabilidades» y apuntó a las causas de fondo: «Lo que le pasó a Diego le puede pasar otros trabajadores del Estado porque hay un enorme deterioro de equipos que llevan décadas, con tecnologías del siglo pasado. Un digestor nuevo no permite ese tipo de accidentes. Por eso apuntamos a la falta de inversión y falta de prevención».
Recordó que diez años atrás falleció otro trabajador, Horacio Huerta, mientras operaba un equipo similar.
Los trabajadores también alertaron que la causa judicial recayó en la Fiscalía N°1 de Morón, a cargo de Sebastián Basso. «Es el mismo fiscal que en la tragedia de Once responsabilizó al motorman y no a la desinversión de la empresa ni a la complicidad de los funcionarios», explicó Perea y advirtió que no aceptarán que los trabajadores sean el chivo expiatorio de esta muerte.
El gremio y los compañeros de Soraire exigen una comisión independiente, y con participación de los trabajadores, que investigue lo sucedido. «Las autoridades no dieron explicación oficial, recién comunicaron el hecho cuando Diego falleció y hay muchas preguntas que el INTA no quiere contestar», asegura Perea. El presidente Macri visitó INTA Castelar en julio, «pero no estuvo en los laboratorios con equipamiento antiguo ni en los edificios deteriorados».

   Un mes antes

El 2 de agosto, un mes antes del accidente, la Junta Interna de ATE INTA envió una carta documento al director nacional de la institución, Héctor Espina. El comunicado del gremio explicaba: «Ante la falta de presupuesto para la Cymat (Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo), situación que deja desprotegidos a todos los trabajadores de INTA ante cualquier eventualidad o accidente, hemos reclamado por carta documento al director nacional de INTA la ejecución inmediata del presupuesto necesario para garantizar las condiciones de trabajo con la seguridad e higiene que corresponde», señala el comunicado firmado por «Junta Interna ATE INTA».

En la carta documento se puede leer: «Intimamos a usted (Héctor Espina) a gestionar de inmediato, 48 horas, la asignación presupuestaria 2016, de 60 millones de pesos conforme a la planificación y necesidades planteadas reiteradamente». Firmada por el delegado gremial José Luis Perea, la carta documento precisa: «Denunciamos la puesta en marcha de un sistema perverso de asignación de recursos que generó la ejecución de solo un millón de pesos, que no garantiza las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo estipuladas en las normativas de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Haciendo responsable a usted por tal incumplimiento».
El director nacional de INTA, Héctor Espina, respondió el 5 de agosto. «Rechazo formalmente en todos sus términos su carta documento por falsa, arbitraria y sin fundamento ni legitimidad alguna. Asimismo niego de manera total que la Institución no esté garantizando las condiciones mínimas de seguridad, higiene y medio ambiente de trabajo». El director del INTA señaló que el pedido de 60 millones de pesos «no encuentra respaldo presupuestario según la planificación y necesidades planteadas en materia de higiene y seguridad». Aclaró que el presupuesto del área es de 2,5 millones de pesos para 2016.
Los delegados gremiales de ATE le respondieron el 16 de agosto. Insistieron en la falta de presupuesto para seguridad laboral, recordaron que los 2,5 millones anuales representan un 56 por ciento menos que en 2015 y precisaron que en el tercer trimestre se asignó sólo 1,2 millones para todas las dependencias de INTA. «Alcanza para entregar sólo 10.000 pesos para cada unidad de INTA, menos de 100 pesos por cada trabajador para destinar a seguridad e higiene. Esas cifras son elocuentes», advirtió el sindicato, tres semanas antes del accidente de INTA Castelar.

   Camiseta puesta I

Mariana Conte es compañera de Soraire. Presente en la marcha en pedido de justicia, le cuesta hablar de él. Lo recuerda como un compañero muy querido por todos, deportista (practicaba karate, fue técnico del equipo de fútbol femenino de INTA Castelar), «muy laburador», siempre dispuesto para el trabajo, incluso feriados y fines de semana. «Es espantoso lo que sucedió, estamos consternados, no podemos reaccionar», confiesa, pero al mismo tiempo hace esfuerzo por exigir justicia. Puntualiza que el digestor «es muy viejo», con todo un procedimiento manual (nada automatizado, que quizá hubiera evitado accidentes). «Duele ver el intento de silenciar lo que pasó, durante toda la semana las autoridades no dijeron nada y por lo bajo hay jefes que culpan a Diego y no dicen nada de las condiciones de trabajo. Eso es injusto», se indigna Conte. Y también teme que el fiscal Basso vaya en el mismo sentido: culpe a la víctima.
Conte fue una de las pocas que se animó a manifestarse: en INTA Castelar trabajan 1500 personas, sólo 130 fueron a la asamblea por la muerte de Diego y unos 60 se movilizaron en reclamo de justicia. «Hay un verticalismo muy fuerte y también corporativismo. Es lamentable que, ante la muerte, haya trabajadores con la camiseta tan puesta de la institución… tienen la camiseta demasiado puesta…».
En la manifestación en la puerta de INTA había unas 200 personas. Se veían carteles de Senasa (Servicio de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) y Secretaría de Agricultura Familiar, pero ninguna de otras sede de INTA. Incluso era escasa la presencia de trabajadores de la sede de INTA Chile (por el nombre de la calle donde está, a pocas cuadras de donde fue la marcha). Se los podía contar con los dedos de la mano.

   Versión oficial

Recién seis días después del accidente, cuando Soraire falleció, el INTA emitió un comunicado. Precisó que se trató de un biodigestor del Centro Nacional de Investigaciones Agropecuarias (CNIA) del INTA Castelar, lamentó la muerte y manifestó las condolencias a la familia. Explicaron que denunciaron el hecho en el Juzgado de Morón y señalaron que «en junio se había presentado un informe de validación sobre el digestor, en el cual se consignó que estaba apto para su operación».

   Ocultamiento y ajuste

Martes 12 de septiembre: marcha ante la sede central de INTA. Con llovizna y viento, las 200 personas reclaman por Soraire. Se exhiben carteles: «El ajuste de Macri causa muerte de trabajadores», «Diego Soraire y Melisa Bogarín presentes», «Héctor Espina, director nacional de INTA, integrante de Batallón 601, responsable», «Basta de ajuste en agricultura familiar», «Ninguna muerte más, mayor presupuesto».
Orestes Galeano es director nacional del Departamento de Condiciones y Medio Ambiente en el trabajo de ATE apuntó a la antigüedad del biodigestor y la «falta de mantenimiento preventivo». Precisó que la anterior gestión no actualizó maquinarias y la nueva recortó presupuesto (incluido de seguridad e higiene). «Sobre malas decisiones estratégicas se suma el ajuste, es un combo que le cuesta la vida a trabajadores», denunció. Y agregó un nombre poco mencionado, Amadeo Nicora, presidente del INTA y aliado del ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile.
«No tengo dudas que intentaron ocultar el hecho. Porque tienen en su cabeza una carta documento, un mes antes, que anunciaba que podía pasar una tragedia. Entonces quieren ocultar sus responsabilidades. Si los funcionarios, en distintos niveles, toman decisiones que cuestan vidas, tienen que hacerse cargo y ser juzgados», exigió y precisó que los funcionarios responsables están en la cúpula del INTA y en el Ministerio de Agroindustria (a cargo de Ricardo Buryaile).
También recordó la muerte de Melisa Bogarín en Chaco. «Nos quieren hacer creer que la precarización y el miedo a perder el trabajo no tiene relación con las enfermedades y padecimientos de los trabajadores. Siempre las patronales desligan responsabilidades y culpan a los laburantes», cuestionó.
El laboratorio donde trabajaba Diego Soraire estaba realizando pruebas para la multinacional Biogénesis Bagó. Recordó que desde el menemismo se generalizó la práctica de que ámbitos estatales (desde institutos de investigación hasta universidades) trabajen para grupos económicos. «Es una lógica que se mantuvo inalterable todos estos años y muy común en lugares como INTA, INTI, Senasa y Conicet. Se promueve la investigación para grupos económicos y no para los intereses de la sociedad», lamentó el delegado de ATE.
Silvia León, secretaria de organización de ATE y también presente en la marcha, afirmó que la muerte de Diego Soraire se debió a «la impericia de los gobiernos, en este caso a autoridades de INTA». Y no tiene dudas de que el macrismo apunta a una reforma del Estado en continuidad con los ’90, con despidos de trabajadores, achicamiento de planteles (con jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios) y privatización de sectores redituables. También cuestionó el accionar de las autoridades de INTA: «Intentaron ocultar el hecho porque saben que la muerte de Diego era evitable y lo quisieron tapar porque hay responsabilidades de funcionarios. Por eso estamos en la calle, para señalar a los responsables del ajuste y de la muerte de trabajadores».
Estela Ramazoti, de INTA Castelar, comparó: «Un lavarropas hogareño tiene una traba de seguridad para que no se abra. Imaginate la antigüedad de los digestores con los que trabajamos, con líquidos hasta 300 grados, que se cargan de presión y provocan lo que le pasó a Diego. La falta de financiamiento en tecnología, seguridad e higiene expone a los trabajadores. Diego es una muestra injusta de eso». Afirmó que el presupuesto de INTA viene en caída desde hace años y «se distribuye la miseria».

   Silencios

Richard Alcaraz, 26 años, obrero de la construcción falleció el 9 de septiembre en una obra en Villa Crespo, cuando una medianera cayó sobre él. David Ramallo, de 35 años, trabajador de la línea de colectivos 60 murió también el 9 de septiembre aplastado luego de fallar un elevador de vehículos. En ambos casos, los sindicatos denunciaron la falta de medidas de seguridad y la negligencia patronal. Incluso en la línea 60 hubo una semana de paro. Nada similar ocurrió en INTA.
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria fue (y es), un brazo técnico del agronegocios en Argentina. Claro que con fisuras, con espacios y trabajadores que apuestan a otro modelo, pero la política macro está marcada desde arriba y nunca se cuestiona institucionalmente al modelo transgénico y, mucho menos, a las corporaciones de semillas y agrotóxicos. Todo lo contrario: el INTA cuenta con convenios de colaboración con semilleras (desde Monsanto a las empresas «nacionales») y acuerdos con instituciones de lobby transgénico como Aapresid (Asociación de Productores de Siembra Directa).
Cuando arrecia alguna crítica, o quieren mostrar su rostro social, las autoridades del INTA flamean la bandera del ProHuerta (o de los IPAF, Instituto Para la Agricultura Familiar). Así difunden su lado minoritario y no transgénico.
Los trabajadores del INTA tienen un sentido de pertenencia difícil de encontrar en otro ámbito estatal. Es común verlos con la vestimenta institucional (aún fuera de horario laboral), camisas, gorros, chalecos, camperas. Sobrevuela una mística de «familia», explican los que están a gusto. Del otro lado, por lo bajo, asoman críticas: «Son una secta, corporativos».
También juega la interna sindical. UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) siempre se caracterizó por ser el sindicato que rápido acuerdo con la patronal. En línea similar está Apinta (Asociación del Personal del INTA). Por otro lado se ubica ATE (Asociación de Trabajadores del Estado), con múltiples tendencias, desde la izquierda troskista hasta el kirchnerismo y los independientes.
Ni la muerte de un trabajador unió a las distintas vertientes sindicales. Sólo un sector de ATE (sede Castelar) emitió comunicado sobre lo sucedido y apuntó a las responsabilidades patronales.
El silencio también abarcó a los periodistas agropecuarios. En Argentina funciona desde hace medio siglo el Circulo de Periodistas Agrarios (CAPA). Suele dar cuenta de todas las noticias de ministerios, empresas de agronegocios y, claro, INTA, pero no publicaron la noticia del accidente en el biodigestor ni de las denuncias a las autoridades.

   Camiseta puesta II

El abril pasado falleció la joven trabajadora precarizada de ProHuerta-INTA Melisa Bogarín. Fue en Las Breñas (Chaco), en el marco de una jornada de trabajo y posterior asamblea, cuando tomó la palabra en representación de sus compañeros (y frente a las autoridades de INTA, Héctor Espina y Amadeo Nicora) por la situación de contratos temporales, inestabilidad y falta de respuestas. Falleció de un paro cardiaco.
Las autoridades de la institución (incluida la Gerencia de Comunicación, con Máximo Bontempo al frente) invisibilizaron las condiciones laborales y priorizaron la defensa de la institución. «Más vale que no les convenía hablar de precarización. Se sacan el sayo. El comunicado es muy institucional, y no da cuenta de la seguridad del trabajador y de la angustia de Melisa. La precarización mata. El ajuste mata. La política neoliberal mata», afirmó Germán Gonaldi, su esposo.
Ante el accidente en Castelar, Bontempo volvió a defender a la institución vía Twitter. Llamó «sesgado» a este periodista y acusó de «forzar el relato para que la realidad le coincida». También se sumó a la defensa de la institución la jefa de prensa de INTA, Camila Pía Gandía: «Accidentes desgraciados que no ameritan lecturas malintencionadas ni oportunistas».
Bontempo argumentó que le parecía «razonable no comunicar nada hacia afuera hasta conocer el resultado de las pericias» (no aclaró que pueden ser semanas o meses).
Ninguno, ni Bontempo ni Gandía, cumplieron la regla básica del periodismo: hablar con la familia de las víctimas. No contactaron a la familia de Soraire (como tampoco lo habían hecho en el caso de Bogarín) y ambos repitieron la versión oficial. «Uno de los activos más importantes que tiene el INTA es el sentido de pertenencia de sus trabajadores, la ‘camiseta'», difundió el mismo día el gerente de comunicación de INTA, Bontempo, vía Twitter.
Le respondió por la misma vía Germán Gonaldi, compañero de Melisa Bogarín: «Parece que algunos que ‘se ponen la camiseta’ se quieren olvidar o que no se hable, pero yo no me olvido».
   Ajuste
La última semana trascendió que el presupuesto 2017, enviado por el Gobierno al Congreso Nacional, prevé un recorte de 200 millones de pesos al presupuesto del INTA. ATE indicó que es el equivalente a la reducción de 700 puestos de trabajo y se declaró en estado de alerta.
Aún no se expidieron las autoridades de INTA ni los empleados que se definen con «camiseta puesta».