Nota
Guía del juicio a las Juntas Militares de la dictadura
Qué se juzgó
* El tema de enjuiciamiento fueron las violaciones a los derechos humanos durante la etapa 1976-1982 del régimen militar. No fueron tema de este juicio el golpe militar del 24 de marzo de 1976 ni la guerra de Malvinas.
* Nunca en la historia se había juzgado a personas de tan alto rango (incluyendo a tres ex presidentes de la Nación). Para buscar antecedentes hay que remontarse a juicios como el de Nuremberg, donde se juzgó a los jerarcas nazis (aunque hay que tener en cuenta que allí los vencedores de una guerra juzgaban a los vencidos). Otro antecedente es el del «Juicio a los Coroneles» realizado en 1975 en Grecia, por el golpe de Estado que habían perpetrado en 1967.
* Los principales delitos investigados fueron: homicidios, tormentos y privaciones ilegales de la libertad (secuestros) efectuados por los militares.
* Las desapariciones de personas no fueron formalmente juzgadas porque ese delito no existía en la legislación argentina (ni en ninguna otra del mundo).
* En esos casos, las privaciones ilegales de libertad y los homicidios (en los pocos casos en que pudieron ser probados) fueron los delitos por los que se produjo la condena.
* Hay que tener en cuenta que para que legalmente exista un homicidio, tiene que existir el cuerpo de la víctima. El mecanismo de la desaparición de miles de personas inaugurado por los militares funcionó como un ocultamiento del «cuerpo del delito». Eso impidió más condenas por homicidio.
Números y secretos
* Durante el juicio declararon 833 personas: 546 hombres, 287 mujeres. (Hubo 64 testimonios de militares, 15 de periodistas, 14 de sacerdotes, 13 de extranjeros). Se acreditaron 672 periodistas para cubrir las audiencias.
* Los jueces elaboraron la sentencia respondiéndose a sucesivas preguntas de cada caso. Por ejemplo: ¿Está acreditado que tal persona fue secuestrada? ¿Fue vista esa persona en determinado campo de concentración? ¿Se considera probado que sufrió tormentos? El total de preguntas que contesta la sentencia asciende a 22.000.
* Los documentos de la causa llegaron a pesar tres toneladas. Solamente de denuncias internacionales, llegaron 700 kilos de documentos desde las Naciones Unidas.
* Las audiencias duraron, en total, 900 horas y fueron totalmente grabadas para televisión en 147 casetes. El 27 de abril de 1988 una copia de todo ese material fue secretamente llevada por los jueces a Oslo, Noruega, donde se la depositó en una sala blindada a prueba de explosiones atómicas, a la que sólo pueden acceder dos integrantes del parlamento noruego que conocen el código de seguridad. El traslado se hizo para evitar que los cimbronazos políticos internos (ya había habido dos rebeliones carapintadas) pusieran en peligro ese material.
* La fiscalía presentó 670 casos para fundamentar su acusación. Fueron seleccionados de entre las 1.086 causas judiciales iniciadas hasta el momento del juicio, las casi 9.000 denuncias registrados por la CONADEP y las 700 producidas ante la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno radical.
* El filtro para llegar a 670 se fundamentó en la idea de plantear casos con la cantidad suficiente de pruebas y testimonios como para que no quedasen dudas del delito cometido.
Los jueces podían guiarse por sus «libres convicciones» para la sentencia, pero la fiscalía (y luego también los jueces) prefirieron basarse en pruebas más que en convicciones. Hay que tener en cuenta que la metodología militar consistió justamente en borrar las pruebas.
* Otro criterio para filtrar casos fue que el juicio se hubiese extendido mucho más de lo que la lógica política y judicial de aquel momento parecían aconsejar. Por otra parte las sentencias no son acumulativas. La fiscalía planteaba que la condena por cinco o por diez tormentos sería la misma, por lo que no tenía sentido sumar más casos que no consideraban suficientemente probados, aunque existieran indicios de que formaban parte inevitable del mismo mecanismo represivo.
El lugar
El juicio se hizo en la sala de audiencias de la Cámara Federal, con entrada por el hall central del palacio de Tribunales, en Talcahuano al 600, Buenos Aires.
La sala era (y sigue siendo) de 20 por 10 metros. Un ambiente sobrio y elegante, con estrados y paredes en madera oscura, pisos de roble, un vitraux, 23 lámparas y arañas de estilo, esta vez acompañadas por los spots de televisión.
Los seis jueces se ubicaban al frente, en un estrado elevado un par de escalones por sobre el nivel de la sala.
Mirando desde el fondo, a la izquierda se ubicaba el estrado de los fiscales, y a la derecha el de los defensores. En el centro, mirando a los jueces, se sentaba cada testigo, ante un micrófono. Detrás de ese lugar estaban los dos largos bancos de madera que los nueve acusados ocuparon durante el alegato de la fiscalía.
Los fiscales estuvieron permanentemente en su estrado. El de los defensores lo usaba sólo el que quería preguntar o debatir. El resto de los abogados (llegaron a ser 23) ocupaba una gran mesa frente a los jueces, detrás del banco de los acusados.
Detrás de los abogados se ubicaban los invitados especiales, en dos filas de anchos bancos de madera con capacidad para 75 personas. A los costados había dos palcos para periodistas, que llegaron a albergar a unos 150 acreditados en los momentos culminantes del juicio. Allí se instalaron las cámaras del canal oficial ATC que grabaron todo el desarrollo del juicio.
Por televisión sólo se podían reproducir imágenes sin sonido de las audiencias, por expresa disposición de las autoridades judiciales. Tampoco las radios podían transmitir fragmento alguno de las audiencias. Los periodistas no podían entrar con grabadores: sólo se podían hacer entrevistas fuera de la sala. La única excepción a este silencio fue la lectura de la sentencia, que se emitió en directo por todos los canales, el 9 de diciembre de 1985.
Sobre ambos palcos estaban las gradas para el público, con capacidad para unas 100 personas (que para obtener una ubicación debían solicitarla con anticipación).
Toda persona que entrara a la sala debía pasar por un estricto control policial y por el detector de metales. No se podía lucir ninguna clase de distintivo político y estaba prohibido hablar y fumar.
Tiempos
Las audiencias comenzaron el 22 de abril de 1985 hasta el 14 de agosto, de lunes a viernes.
La acusación de la fiscalía comenzó el 11 de septiembre y se extendió durante seis días hábiles, hasta el hasta el 18.
Las defensas expusieron sus alegatos entre el 30 de septiembre y el 21 de octubre.
La sentencia se leyó el 9 de diciembre.
Los acusados
Teniente General Jorge Rafael Videla (presidente de la Nación entre 1976 y 1981)
Almirante Emilio Eduardo Massera
Brigadier Orlando Ramón Agosti
Teniente General Roberto Eduardo Viola (presidente de la Nación en 1981).
Almirante Armando Lambruschini
Brigadier Omar Graffigna
Teniente General Leopoldo Fortunato Galtieri (presidente de la Nación entre 1981 y el fin de la guerra de las Malvinas, en junio de 1982).
Almirante Jorge Isaac Anaya
Brigadier Basilio Lami Dozo
Videla, Massera y Agosti formaron la junta militar que asumió el poder tras el golpe del 24 de marzo de 1976. Uno por cada fuerza armada. La última junta tenida en cuenta para el juicio fue la formada por Galtieri, Anaya y Lami Dozo.
Los jueces
Carlos León Arslanián (presidente del tribunal durante 1985)
Ricardo Gil Lavedra
Guillermo Ledesma
Jorge Valerga Aráoz
Jorge Edwin Torlasco
Andrés D’Alessio
Los jueces rotaron cada semana en la presidencia del tribunal. El que presidía la audiencia era el encargado de hacer las preguntas a los testigos. Después, podían preguntar los fiscales o los abogados. La lectura de la sentencia qued
ó a cargo del presidente anual del tribunal, Arslanián, quien más tarde, en 1992, fue ministro de justicia del gobierno de Carlos Menem.
Los fiscales
Julio César Strassera
Luis Moreno Ocampo (fiscal adjunto)
Los defensores
Videla: Carlos Tavares (defensor de oficio ya que Videla no designó abogado, como forma de rechazo al juicio).
Massera: Jaime Prats Cardona.
Agosti: Bernardo Rodríguez Palma, Ignacio Garona, Héctor Alvarado.
Viola: José María Orgeira, Sergio Andrés Marutián, Carlos Froment.
Lambruschini: Enrique Ramos Mejía, Fernando Goldaracena.
Graffigna: Roberto Calandra, Eduardo Gerome, Eduardo Hernández Agramonte.
Galtieri: Eduardo Munilla Lacasa, Alfredo Bataglia, Enrique Munilla y Juan Carlos Rosales.
Anaya: Miguel Angel Buero, Eduardo Aguirre Obarrio.
Lami Dozo: Miguel Marcópulos.
Nota
MU 212: El fin de un mundo
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El 12 de marzo de 2025, hinchadas de fútbol se autoconvocaron para acompañar la marcha de jubilados y jubiladas. Ese día la violencia desplegada por Patricia Bullrich hirió gravemente a Pablo Grillo, Beatriz Blanco y Jonathan Navarro. Este corto documental de Cooperativa Lavaca vuelve a esa jornada y a una imagen de solidaridad que sigue sobreviviendo.
Nota
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