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«Nada más que la verdad»: crónicas del juicio a las Juntas Militares de la dictadura

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Aquí se reconstruyen algunos de los testimonios de las primeras semanas del juicio, que sirven para comprender el diseño de lo que ocurrió en el país en la época del llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Cada declaración se produjo en medio de un pesado silencio en la sala. Los fiscales o los abogados siempre dirigían sus preguntas al presidente del tribunal utilizando fórmulas del tipo: «para que el testigo diga si…» o «para que el testigo explique…». Estos, a su vez, contestaban mirando al juez. La primera jornada, el 22 de abril, fue acompañada por una movilización de unas 70.000 personas (que evitaron pasar por la zona de Tribunales) convocada por los organismos de derechos humanos. El ambiente político, social y económico incluyó en las primeras semanas del juicio denuncias de Alfonsín sobre supuestas conspiraciones contra la democracia, enlazadas con el llamado a una «economía de guerra» (plan de ajuste acordado con sectores empresarios). Luego se lanzaría el Plan Austral, de estabilización de la economía.
Mientras tanto, por primera vez en su historia el país asistía a un juicio que intentaba remar contra la corriente de impunidad a la que siempre estuvo acostumbrada el poder.
Decretos, chupetes y actos de guerra
Fue el primer testigo del juicio. Italo Luder había sido presidente interino durante el mandato de María Estela Martínez de Perón, en 1975. En aquel momento se firmaron decretos ordenando a las Fuerzas Armadas actuar en todo el país y aniquilar a la subversión. Por eso los defensores de los militares argumentaban que la represión había sido un acto ordenado por un gobierno democrático y legítimo.
Cuando se le preguntó por los alcances del término «aniquilar» que figuraba en los decretos, Luder dijo:
* «Quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley. Es simplemente agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas porque era necesario salvaguardar, no solo el orden constitucional, sino la propia vida de la Nación».
Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf, José Deheza y otros ministros de aquel gobierno justicialista, ratificaron lo que había dicho Luder: la orden de reprimir no significaba reprimir ilegalmente.
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El holandés Theo Van Boven declaró el 23 de abril. Había sido director para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre 1977 y 1982. Explicó que la organización había recibido denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos y que la documentación elaborada por la ONU fue trasladada al gobierno argentino sin que nunca hubiera una respuesta. El doctor Munilla Lacasa (abogado de Galtieri) quiso saber si Van Boven conocía que «las acciones de violencia de las organizaciones subversivas motivaron la represión sobre la que se ha declarado». Van Boven dijo que sí: «Existía violencia y contraviolencia y personas inocentes que sufrían y morían por ese motivo».
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Ese mismo día hubo un testigo muy interesante, por lo que se supo después. El vicealmirante Luis María Mendía volvió sobre el problema del aniquilamiento:
* «El término aniquilar significa destruir, reducir a la nada. El reglamento del Ejército Argentino toma el término aniquilamiento y lo define como el efecto causado al destruir al enemigo mediante acciones militares».
El fiscal Strassera le preguntó si «aniquilar autoriza a obtener información a cualquier precio, torturando y eliminando físicamente al individuo indefenso».
Mendía contestó mirando al juez: «No señor presidente, de ninguna manera autoriza ninguna de esas actitudes».
Mendía fue uno de los oficiales nombrados en 1995 (en el libro El vuelo, de Horacio Verbitsky) por el capitán Adolfo Scilingo. La función de Mendía, como Comandante de Operaciones Navales fue nada menos que la de comunicar a los oficiales con destino en Puerto Belgrano el método que se utilizaría. Así lo narró Scilingo:
* «Mendía dijo en el cine de la base que los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiese eliminar iban a volar, y así como hay personas que tienen problemas, algunos no iban a llegar a destino. Y dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta».
El método consistió en adormecer a los secuestrados con inyecciones de droga, y tirarlos vivos al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, para que sus cuerpos nunca aparecieran. Sin embargo la marea empezó a empujar a cientos de cadáveres hacia las costas argentina y uruguaya. Hay que tener encuenta que sólo en dos vuelos, Scilingo colaboró en tirar al mar a treinta personas. Había un vuelo semanal, los miércoles. Según ese cálculo, entre 1.500 y 2.000 personas fueron eliminadas de ese modo «cristiano y poco violento».
(El método relatado en El Vuelo ya se había dado por probado ante la justicia. En la página 228 del Tomo I de La Sentencia figuran las declaraciones de Miriam Lewin, Ana María Martí, Sara Solarz de Osatinsky y Sivlia Labayrú «quienes son contestes en afirmar que los prisioneros trasladados eran drogados y posteriormente arrojados al mar». Se citan además (página 216) los hallazgos en costas uruguayas y en los balnearios de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas de decenas de cadáveres, y de miembros y cabezas de esos cuerpos que habían sido mutilados. Se probó además que los que pudieron ser reconocidos -como el caso de Floreal Avellaneda- habían sido previamente secuestrados por personal militar.)
Pero las revelaciones de Scilingo fueron posteriores. Durante el juicio, Mendía contó otra cosa. Otro caso fue el del almirante Oscar Montes, canciller durante la dictadura, quien dijo no haber recibido ninguna denuncia internacional sobre el tema de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Strassera propuso procesarlo por falso testimonio. (En el juicio quedaron constancia de 3.401 reclamos diplomáticos provenientes de 50 países sobre la suerte de 1.652 desaparecidos. Además, hubo 4.162 reclamos ante las Naciones Unidas).
Otro miembro de la marina, el contraalmirante Salvio Menéndez, aseguró sin titubear ante los jueces: «En la ESMA no había detenidos».
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Dos sindicalistas declararon el 24 de abril. El telepostal Ramón Baldassini dijo que no recordaba el caso de ningún sindicalista desaparecido durante la dictadura. En esa época él mismo era uno de los interlocutores sindicales admitidos por los militares y tenía fácil acceso a la Casa Rosada.
-Pero hay un caso muy notorio, y yo creo que al testigo le falla la memoria…- protestó Strassera, refiriéndose a la desaparición del dirigente de Luz y Fuerza Oscar Smith.
Baldassini, sin embargo, siguió con la memoria marchita. En la misma línea se presentó el dirigente de los plásticos Jorge Triaca, quien destacó que pese a haber sido secuestrado irregularmente y trasladado a un buque de guerra sin causa alguna en su contra, recibió «un trato ejemplar» por parte de los oficiales de Marina. Triaca perteneció siempre a las líneas más pro empresistas del sindicalismo, hasta que terminó convertido él mismo en un suculento empresario, ministro de Trabajo en los ’90, y luego involucrado en negocios poco claros como presidente de SOMISA.
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Sobre tratos menos ejemplares hablaron Erik Stover, director de la Asociación Americana de Ciencias, y el antropólogo Clyde Snow. Se refirieron a las exhumaciones y reconocimientos de cadáveres y cómo se detectó el caso de una beba desaparecida, Matilde Lanuscou. La casa de la familia Lanuscou (un matrimonio con tres hijos de 6 y 4 años, y Matilde de 6 meses) fue rodeada por fuerzas de seguridad el 6 de septiembre de 1976. Abrieron fuego. En 1984 se pudo empezar a investigar qué les sucedió. Se supo que los cinco cadáveres fueron catalogados como NN y enterrados en cinco cajones. Al ordenarse la exhumación se encontraron los restos de los padres y dos de los hijos. «En el quinto cajón, el que correspondía al niño más pequeño, no se encontraron restos. Pero sí encontraron el traje de un bebé, una manta y un chupete» dijo Snow. La beba se salvó del fusilamiento. Sus hermanitos de 4 y 6 años no. Ella está desaparecida.
Snow fue responsable, además, del único oscurecimiento de la sala de audiencias al mostrar diapositivas de huesos y cráneos exhumados en tumbas NN o en fosas comunes por los equipos de antropología forense.
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El almirante francés Antoine Sanguinetti, quien había visitado la Argentina en 1978 enviado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, declaró el 25 de abril. Tuvo reuniones con el entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy (quien le anunció que se publicaría una lista de 3.472 detenidos) y con el almirante Massera. Sanguinetti contó que Massera le dijo: «Reconozco que hay en el Ejército grupos no controlados de los que se podría decir que son fascistas, si el término no fuese desagradable, y hay una situación que yo desapruebo, y de la cual rehúso toda responsablilidad; le quito a la Marina y a la Fuerza Aérea toda responsabilidad en esta cuestión. El poder, de hecho, está en manos del Ejército de tierra».
En la audiencia del 26 de abril, el brigadier Augusto Jorge Hughes, integrante de la última junta del Proceso contestó a un par de preguntas del fiscal Strassera, destinadas a aclarar si en una guerra vale todo, como lo sugerían los militares acusados y sus defensores.
-La tortura de un prisionero desarmado, maniatado y con los ojos vendados, ¿es un acto de guerra?
-La tortura de ninguna forma es un acto de guerra.
-La muerte del prisionero capturado e inerme, ¿es un acto de guerra?
-Negativo.
Un cóctel, una misa y sesenta balas
El periodista británico Robert Cox, quien dirigió The Buenos Aires Herald (diario en inglés publicado en la Capital Federal) había estado tan nervioso el viernes 26 que se postergó su testimonio.
El lunes 29, más calmo, explicó ante el tribunal que lo había desconcertado la primera pregunta que se le hizo: si tenía relación de amistad con los procesados. Habló de una reunión de periodistas con Videla, en los comienzos del régimen: «Todos sentíamos que Videla era un amigo (…). Un amigo no solamente mío, sino de todo el pueblo de la Argentina (…) y recuerdo que cuando salimos comenté con otros periodistas que parecía un hombre maravilloso».
Pero pronto Cox quedó conmovido, a comienzos de julio de 1976, por el asesinato de los curas palotinos, en la iglesia de San Patricio (Estomba al 1900, en Belgrano). Conviene detenerse en este caso increíble que en parte sirve para entender cómo funcionaban la vida, el poder y la muerte en la Argentina en aquella época.
Tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden católica de los Palotinos fuero acribillados la madrugada del 4 de julio de 1976 en la parroquia de la iglesia de San Patricio, en Belgrano. Sus nombres: Alfredo Leaden (60 años), Pedro Dufau (65), Alfredo Kelly (40), Salvador Barbeito (25, quien además era rector del colegio San Marón, en la calle Paraguay) y José Barletti (25).
Su principal actividad pastoral se desarrollaba en la villa de Bajo Belgrano. Los mataron mientras dormían, con los pijamas puestos. Recibieron en total sesenta balazos.
Los asesinos pintaron las paredes: «curas hijos de puta», y «por envenenar las mentes vírgenes de nuestros jóvenes», pero eso se conoció después. El día del crimen el comunicado de la Policía contaba la historia oficial:
* «Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios».
Una interesante definición, teniendo en cuenta que desde el primer momento corrió la versión, casi la certeza, de que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Cox, en el juicio, contó que fue a la misa celebrada al día siguiente en San Patricio en homenaje a los sacerdotes: «Todos los vecinos decían abiertamente que lo había hecho el SIDE» (los servicios del ejército).
A esa misa concurrieron autoridades militares y unos tres mil fieles que desbordaron la iglesia. La homilía del padre palotino Roberto Favre (publicadas por el diario Clarín) demuestran que en aquel momento no todo era miedo y silencio:
* «No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz».
* «Hay que rogar a Dios no solo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día».
* «En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado».
Dos días antes del crimen de los palotinos, había explotado una bomba colocada por la guerrilla en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando 18 policías muertos y 66 heridos. Al día siguiente, como si se tratase de una respuesta, aparecieron 19 jóvenes en un basural, fusilados y con los cuerpos deformados por la cantidad de balazos recibidos.
Esa misma madrugada del 4 de julio un hombre fue ametrallado contra una de las paredes del Obelisco. Su cuerpo fue retirado por la policía y nunca se supo nada más. Las noticias que de modo fragmentado y oscuro podían publicar los diarios, reflejaron la aparición de un total de 54 personas acribilladas en distintos lugares del país sólo durante esa semana.
El fusilamiento de los palotinos mereció el primer documento del Episcopado Argentino enviado a la junta militar, fechado el 7 de julio de 1976, e incorporado por la fiscalía como prueba en el juicio. Su título: «Incalificable asesinato de una comunidad religiosa». Allí se decía:
* «Graves hechos de violencia han sacudido últimamente y en forma antes desconocida al país. Todos los días la crónica periodística nos trae la noticia de otras muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son los responsables».
* «¿Qué significa todo ésto, qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad? ¿Qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?»
Preguntas sin respuesta para un mecanismo de poder desconocido hasta entonces: el terrorismo de Estado.
(Mucho después, en 1994, el capitán de la Armada Antonio Pernías, habló de los palotinos ante la Comisión de Ascensos del Senado. Pernías perteneció a los grupos de tareas de la ESMA, y defendía su posible ascenso. En una parte de su testimonio -en el que reconoció que los tormentos eran una de las «herramientas» que utilizaban-, dijo algo que flotó como una insinuación: «El caso de los palotinos ocurrió al corto plazo de un atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. No me consta que haya sido obra de la Policía, pero me consta que la Armada no tuvo nada que ver». Hasta ahora ha sido imposible saber si mintió).
Volviendo al testimonio de Cox en el juicio, contó dos escenas que describen el laberinto del poder en aquellos años:
Escena 1: Al día siguiente del asesinato hubo un cóctel en la embajada norteamericana, celebrando el bicentenario de la independencia de ese país. Cox fue al cóctel tras asistir a la misa en homenaje a los sacerdotes. En la embajada, intentó transmitirle a Videla lo que se decía en la misa: que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Pero al acercarse al militar se arrepintió, y sólo terminó diciéndole «yo lo recuerdo en mis plegarias». «No sentí que fuera posible referirme a ésto de manera más directa, sin causar una situación embarazosa. El sabía lo que había pasado, esto era al día siguiente del asesinato, estaba en los diarios, así que creo que entendió perfectamente cuando le dije que lo recordaba en mis plegarias».
Escena 2: Pocos días después Cox se reunió con Pío Laghi, nuncio apostólico (representante del Papa en el país): «Laghi tenía la misma impresión que yo, es decir que ésto (el crimen de los palotinos) había sido hecho por las fuerzas de seguridad, que no era un incidente aislado sino una más de las piezas de ese rompecabezas que iban cayendo en su lugar. Por supuesto, él sabía mucho más que yo, porque había hablado con todos los curas y con todos los párrocos. Y estaba verdaderamente horrorizado. Puedo recordar muy claramente su rostro. Recuerdo con mucha precisión cuáles fueron sus palabras. Me dijo: ‘yo tuve que darle la hostia al general Suárez Mason’ (jefe del Cuerpo I del Ejército, con sede en la Capital Federal). Y me dijo: ‘puede imaginar lo que siento como cura’. Hizo un gesto que no considero apropiado para repetir aquí, ante este Tribunal. Y dijo: ‘sentí ganas de pegarle con el puño en la cara'».
Esa misa en la que comulgó Suárez Mason fue justamente la que se hizo en San Patricio, en homenaje a los religiosos asesinados, un rato antes del cóctel en la embajada norteamericana. Mientras tanto, los grupos de tareas de las distintas fuerzas seguían haciendo lo suyo.
Otro dato levemente estremecedor es que los sacerdotes fueron enterrados en el cementerio de Mercedes. Pocos metros más allá de sus discretas tumbas se encuentra el mausoleo de la familia Videla.
Pactos de sangre
En otro tramo de su declaración, Robert Cox reconoció también que había traducido al inglés un libro del almirante Massera titulado «Hacia la democracia»: «Lo hice yo mismo por miedo, y para no involucrar a otros periodistas. Y no cobré nada». Informó que la traducción se le hizo difícil, porque el libro era casi incomprensible. Más allá de sus buenas relaciones con el poder, con el correr de los meses Cox empezó a entender que «en la Argentina se estaba armando un rompecabezas diabólico». Su diario formulaba críticas cada vez más amplias al régimen militar y a la situación de los desaparecidos. El y su familia comenzaron a ser amenazados (en particular su hijo, de once años de edad) hasta que decidieron abandonar el país.
Cox reveló que otro periodista, Mariano Grondona le había comentado que existía un pacto de sangre entre los militares: «un oficial que quizás siempre había tenido tareas administrativas era llamado para ejecutar a alguien o quizás para cavar una tumba» dijo Cox que le había dicho Grondona, cuya presencia fue inmediatamente reclamada por los defensores.
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Mariano Grondona declaró días después (el 6 de mayo) convocado por las defensas para intentar desmentir a Cox. Hay que recordar que Grondona había sido uno de los pocos periodistas televisivos permitidos por los militares, y que aún en época del juicio manifestaba opiniones políticas mucho más autoritarias que las que se le conocieron años más tarde. Por eso las defensas confiaban en obtener de él un testimonio favorable. Sin embargo Grondona dijo que la teoría del pacto de sangre «era una versión bastante corrida por Buenos Aires en esos años».
Además, habló de otros periodistas:
* «Nuestro gremio sufrió muchas bajas, varias de ellas amigos míos. Puedo mencionar el caso de Rafael Perrota, muy amigo mío. Puedo mencionar el caso de Julián Delgado, Horacio Agulla, todos amigos míos».
Los defensores acompañaron estas novedades con el más sólido de los silencios.
(El caso de Julián Delgado recobró actualidad en 1995 cuando su esposa, María Ignacia Cercos de Delgado, reveló sus conversaciones con Pio Laghi, tema que se trata en detalle más adelante junto a otro dato que Grondona omitió en su declaración: el relato de su propio secuestro).
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Otro tiro por la culata resultó ser el director del diario conservador La Prensa, Máximo Gainza, quien recordó que el capitán Corti, de la secretaría de Prensa del régimen militar, les avisó que no se debía publicar ninguna noticia relacionada con operativos de la subversión o de la antisubversión: «Se le pidió la orden por escrito, cosa que hizo llegar al día siguiente. Esa orden se publicó en la página uno del diario para que los lectores supieran cuál era la razón por la cual faltaba la información».
Gainza reveló que en la redacción de La Prensa se recibían gacetillas de los Montoneros, pero uno de sus periodistas pudo ver que ese material era ensobrado en la SIDE.
También recordó que el hijo del periodista Rafael Perrota pagó 80.000 dólares de rescate por su padre. Creía que lo habían secuestrado delincuentes comunes, pero en realidad Perrota estaba en los centros clandestinos de la policía bonaerense. Nunca apareció. Otras definiciones de Gainza sirvieron para comprender el clima de la época militar, y poco ayudaron a los defensores.
* «A comienzo del gobierno, el Proceso contó con el beneplácito de un enorme sector de la población, no sólo política sino civil también. Podría agregar que la actitud del diario de publicar en el año ’78 dos páginas completas, en un espacio de publicidad, donde figuraban alrededor de 2.700 desaparecidos, la repercusión que ese hecho tuvo fue que aproximadamente diez a veinte mil lectores del diario dejaran de leerlo (La Prensa tenía entonces 60.000 lectores) porque no estaban de acuerdo con la prédica del diario, que es lo que la Constitución establece: en un país civilizado se debe juzgar. Y si es necesario, se fusila. Pero no se hace desaparecer a la gente».
* «No quiero engañarme si digo que me sorprende la cantidad de gente que hoy en día pretende no haber sabido nada de lo que ocurría en esos años. Si no lo sabían es porque no lo querían saber».
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Poco después se ubicó frente al micrófono la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. El abogado de Massera, Jaime Prats Cardona, hizo una rara pregunta dirigida a demostrar que en realidad los culpables no eran los militares, sino sus víctimas:
Prats Cardona: -Si la testigo conoce, por circunstancias de relación familiar o personal, que algún inocente haya sido perseguido en la lucha antisubversiva, indicando nombre y apellido.
Ruiz Guiñazú: -Me permito hacer otra vez mención a los niños desaparecidos, para no hablar de tanta gente a la cual también la mandaron con disculpas a su casa después de haberla torturado. Esos 172 chicos que desaparecieron, ¿eran terroristas?
No se escuchó respuesta alguna.
El parto y la vajilla del té
Adriana Calvo de Laborde fue la primera víctima directa que declaró en el juicio. Contó su caso sin estridencias, paso a paso. Era licenciada en Física y trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. El 4 de febrero un grupo armado la detuvo en su casa y la llevaron a un centro de concentración clandestina de detenidos.
No veía, pero oía cómo torturaban a otras personas. Estaba embarazada de seis meses. Recorrió varios centros similares, todos en órbita de la policía bonaerense, cuyo jefe era el coronel Ramón Camps.
En uno de esos traslados, el 15 de abril, le taparon la cabeza con un pulóver, la tiraron al piso del coche y la iban pisando mientras le anunciaban que la iban a matar.
* «Yo estaba por tener familia. Iba acostada en el auto, los ojos vendados y las manos atadas atrás. Ellos me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que no era mi primer hijo, que yo sabía que estaba por nacer. El que manejaba y el que lo acompañaba se reían, me decían que era lo mismo, que igual me iban a matar, que iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente no lo recuerdo. Les grité. Ibamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité «ya nace, no puedo más». Y efectivamente nació, nació mi beba».
* «Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente a los laboratorios Abbot. Mi beba nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo les pedía por favor que me la alcancen, que me la dejaran tener conmigo. No me la alcanzaban. Con un trapo sucio ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado tres minutos. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, seguía con los ojos tapados. No me la querían dar, señor presidente. Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia».
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Jacobo Timerman declaró el 3 de mayo. Había sido director del diario La Opinión, que impulsó y aplaudió el golpe del 24 de marzo de 1976 (incluyéndose en el «consenso» del que gozaron los militares en ese momento). Correr de las semanas comenzaron a publicarse noticias sobre muertes, secuestros y hábeas corpus de personas que habían desaparecido. Recordando esa época, Timerman mencionó sus reuniones con el ministro Harguindeguy, y relató que un capitán de apellido Bonino, y luego el almirante Massera, le habían dicho que «no se puede fusilar contra el Papa», una justificación implícita de las desapariciones. Bonino, dijo Timerman, le confesó que se tiraba gente al mar.
Los hábeas corpus siguieron publicándose, hasta que el 15 de abril de 1977 secuestraron a Timerman de su casa, de donde robaron también diversos objetos. Lo llevaron en auto, fue sometido a un simulacro de fusilamiento y lo derivaron a la jefatura de la policía bonaerense. Luego fue trasladado a otro centro clandestino, «Coti Martínez». Contó que mientras lo torturaban un médico le auscultaba el corazón y le revisaba las encías, donde le habían aplicado picana eléctrica. Los interrogatorios, dijo, eran dirigidos por el propio jefe policial bonaerense, el coronel Ramón Camps:
* «Las primeras preguntas fueron si yo era judío, si era sionista. Yo reconocí eso, reconocí que era socialista y esa combinación de ser judío, sionista y socialista, probablemente despertó su imaginación totalmente paranoica y nazi de tener el gran juicio ante una persona que confiesa esos crímenes».
En ese lugar Timerman vio a Ramón Miralles (ministro provincial durante el gobierno peronista) y al periodista Rafael Perrota (el mismo por el que los policías le cobraron 80.000 dólares de rescate al hijo): «Estaba completamente loco, muy golpeado, desvariaba».
Mientras tanto el rabino de Timerman, Marshall Meyer, se reunía con Videla: «Usted es un hombre religioso, y yo soy un hombre religioso, soy incapaz de hacerle mal a nadie. Timerman está siendo juzgado legalmente, y si es inocente será puesto en libertad», le dijo Videla a Meyer.
Timerman fue juzgado ante un tribunal de guerra como imputado en el llamado Caso Graiver (se investigaba si el banquero David Graiver, ex socio de Timerman, había manejado dinero de la guerrilla). Luego fue puesto a disposición de la Junta Militar pero la Corte Suprema (durante la propia dictadura) determinó que no había acusación que formularle. Timerman perdió la ciudadanía y fue expulsado del país. Le expropiaron La Opinión, que fue convertido en un diario del régimen.
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Fue presidente de la Nación de otro gobierno golpista, a comienzos de los ’70, antes del retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina. El general Alejandro Agustín Lanusse contó que ya durante el Proceso tuvo una reunión con Massera para hablar sobre el caso de la diplomática Elena Holmberg, quien había sido secuestrada y luego apareció asesinada flotando en el Rio Luján. Aparentemente, Holmberg tenía datos precisos de una reunión que Massera había mantenido en Francia con la cúpula del grupo guerrillero Montoneros y su intención de revelar esa información la llevó a la muerte. Lanusse dijo que Massera había reconocido que el secuestro y ejecución «se había hecho con conocimiento y autorización de la Junta pese a que él (Massera) no estaba muy convencido de su resultado».
El ex presidente dijo algo más:
* «Qué se puede hacer con un Ejército en el cual los oficiales andan en coches robados, en allanamientos, y las familias de los oficiales toman el té en vajillas robadas en los procedimientos».
El capitán que no quería mentir
En julio se produjo un testimonio asombroso, con el relato de parte de lo que ocurría dentro de la ESMA, pero contado por un marino (algo similar a lo que ocurrió con Scilingo diez años después).
El capitán de fragata retirado Jorge Búsico fue jefe de la División Estudios de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y comienzos de 1977.
Contó que en antes del golpe, en febrero de 1976, «hubo charlas donde se nos dieron instrucciones acerca de la detención de funcionarios del gobierno». A Búsico le tocó intervenir el 24 de marzo de 1976 en el apresamiento de Pedro Eladio Vázquez, ministro del gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Lo acompañaba el subdirector de la ESMA, Salvio Menéndez (el mismo que había declarado en las primeras jornadas del juicio, sin tituberar, que «en la ESMA no había detenidos»). Vázquez estaba en su departamento de la calle Malabia. Abrió la puerta, y Búsico se presentó ante él (con rango, nombre y apellido) explicándole que lo llevaría detenido. Vázquez pidió unos minutos para preparar una pequeña valija.
* «Cuando Menéndez se dio a conocer, dio un nombre falso, lo que me desconcertó. Y cuando nos retirábamos, me reprendió por haber dado mi verdadero nombre. Así me entere yo de que no había que usarlo».
Después de ese episodio, Búsico cuestionó el procedimiento ante el jefe de la ESMA, Jacinto Chamorro, lo que produjo que lo alejaran de las actividades de los grupos de tareas. De todos modos, el capitán veía cómo automóviles que no pertenecían a la dotación de la ESMA salían todas las noches del lugar:
* «Cuando volvían traían a encapuchados dentro de los autos. Y nunca vi salir a ninguno».
El capitán relató también que desde la ESMA se pedía «zona libre» o «área libre»: se avisaba a la policía o al Ejército que algún grupo de tareas iba a operar en determinado lugar, para que no fuera interceptado (como no usaban uniformes, podían ser confundidos con guerrilleros; de paso, si un vecino denunciaba algo, la policía no intervenía hasta que los paramilitares hubieran concretado el secuestro).
En la ESMA Búsico también vio una gran cantidad de muebles «de neto corte civil» dijo con su lenguaje militar, y supo que eran «fruto de la lucha contra la subversión».
¿De qué se hablaba en la ESMA? Búsico nunca fue llevado a las dependencias donde había desaparecidos, pero pudo contar lo que se decía en la ESMA: «Se hablaba mucho de la máquina (la picana) pero a mi se me hizo increíble que oficiales de la Armada hicieran eso. Había una nueva jerga. Se hablaba de «chupar» (secuestrar), «tabicar» (mantener encapuchado) o «mandar para arriba», lo que hacía evidente la ejecución de alguien.
Y llegó una confesión: «Yo me siento cómplice de todo eso. Creo que colaboré con mi silencio. No tuve el valor necesario para hacer las denuncias. El clima que se vivía era como para no arriesgar opiniones francas. Allí adentro la vida no tenía ningún valor. Cualquiera fuese la vida que se tratase».
De la ESMA Búsico fue enviado al portaviones 25 de Mayo como segundo comandante. Siguieron sus cuestionamientos. Su relación con el arma ya era irreparable. Le negaron ascensos, se divorció, lo acusaron de «inestabilidad emocional» y de «derivar responsabilidades». Terminó pidiendo el pase a retiro.
Le pasaba lo contrario que a muchos de sus camaradas. Siendo inocente, nunca pudo dejar de sentirse culpable.
Los lápices y el teatro
Durante los cuatro meses de audiencias en la sala hubo un solo tuteo, y una sola vez la risa lo invadió todo.
* El tuteo ocurrió cuando María Verónica Lara relató minuciosamente cómo habían sido secuestrados en Córdoba su madre y su padrastro. María Verónica se quedó con sus tres hermanitos menores cuando sus padres desaparecieron. Ella tenía siete años en ese momento. Recordaba cosas de aquella noche. Las armas muy grandes, las botas negras, los pantalones azules, sus padres con los ojos vendados. El día que declaró, María Verónica cumplía 16 años. El juez D’Alessio, tras oir su testimonio, le dijo: «Podés retirarte, tu testimonio ha terminado, muchas gracias».
* La risa mayor del juicio llegó por otra forma de inocencia. Antonio Ciccone, italiano de acento cerrado, víctima de cierta sordera, fue llamado a declarar por la desaparición de Pablo Fernández Meijide. Había sido portero del edificio de la familia, y presenció el operativo. El caso había sido descripto por Graciela y Enrique Fernández Meijide. La sala estaba hundida en el horror de lo que se había escuchado. El testimonio de Ciccone, como tantos otros, servía para completar el caso presentado por la fiscalía.
Pero al ser llamado, Ciccone entró en la sala y se cuadró ante los jueces, como un soldado. Esto produjo asombro. Le preguntaron si conocía las generales de la ley y don Antonio, que nada oía, seguía firme. Empezaron algunas carcajadas. Le pidieron al secretario de la cámara que le leyera las generales de la ley. Un rato después el juez Torlasco le preguntó: «¿Terminaron?». López contestó: recién estoy empezando». Todos estaban tentados. El juez Arslanián salió de la sala antes de estallar en carcajadas. Pero el gran momento ocurrió cuando se le pidió a Ciccone que se acercara más al micrófono, y él respondió poniéndose el micrófono en una oreja. Fue el final de la audiencia. El juez Torlasco no podía emitir palabra. Los fiscales y los defensores, por primera vez, estaban unidos en algo, enjugándose las lágrimas de la risa. El juez Ledesma salvó la situación ordenando un cuarto intermedio. Fue el momento de mayor distensión del juicio, el más estentóreo. Ya no volvería, salvo en la conmoción que provocaría el fin del alegato del fiscal Strassera.
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Otros casos y testimonios que fueron pasando por la sala de audiencia, seguían destapando la verdad de aquellos años.
-Nélida Sosa de Forti, secuestrada junto a sus cinco hijos de un avión con los motores en marcha. Los llevaron a un centro clandestino conocido como el Pozo de Quilmes. La mujer desapareció. Sus hijos fueron abandonados en Parque Patricios por las fuerzas de seguridad, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. Tenían 16, 13, 11, 10 y 8 años.
-La noche de los lápices, el secuestro y desaparición de siete estudiantes secundarios que reclamaban el boleto escolar gratuito en La Plata, en julio de 1976. Tenían entre 16 y 18 años. Sólo uno reapareció con vida.
-Mansión Seré, la casa de la Fuerza Aérea en Ituzaingó que se utilizaba como centro de detención y torturas.
-Hablaron las víctimas. Por ejemplo Alberto Maly contó que en la Brigada de Quilmes, además de picana en todo el cuerpo, lo quemaban con cigarrillos, bajo vigilancia de un médico que cada tanto lo revisaba y decía «todavía pueden darle».
-El docente Alfredo Bravo (luego diputado socialista) relató su secuestro de la escuela para adultos de Rivadavia al 5200, el 8 de septiembre de 1977. Mientras tomaba lista se presentaron dos hombres de civil, lo amenazaron con un arma (también a los alumnos), lo obligaron a quitarse el guardapolvo y se lo llevaron en un Renault 4, donde había otro hombre. Le vendaron los ojos y al rato se detuvieron. Simularon fusilarlo. Discutieron: «Decían que no me podían matar ahí porque no habían traído el combustible ni las gomas necesarias para quemar, porque los subversivos dan mal olor y entonces había que neutralizarlo con esos elementos».
La subversión de Bravo consistía en ser secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: «Era el único integrante de la Asamblea a quienes ellos habían podido agarrar, porque no iban a hacer esto con la doctora Alicia Moreau de Justo, que era una persona de edad y apenas la tocaran se iba a desarmar. Tampoco iban a hacer est acción contra monseñor De Nevares porque era meterse en un problema muy grave con la Iglesia. Lo mismo con los tres presidentes ejecutivos que eran el obispo Gattinoni, que representaba a la Iglesia protestante, y Eduardo Pimentel, que pertenecía al Partido Demócrata Cristiano». Bravo fue torturado (las preguntas eran referidas a la APDH) y vio a Ramón Camps quien le anunció que sería «legalizado» (pasado a un régimen de prisión oficializada): «Usted va a tener comunicación con sus familiares. Pero si cuenta lo que ha pasado, se suicida en la celda», le informó.
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El sacerdote Emilio Grasselli, secretario privado del vicario castrense Adolfo Tortolo, reveló que había recibido unas 2.500 denuncias de desapariciones de personas. Reconoció que había personas detenidas ilegalmente por el Ejército (aunque dijo que él no había entrado a ningún centro clandestino). Entre otros casos, consiguió visas para nueve desaparecidos en la ESMA, que viajaron a Venezuela con pasajes y documentación proporcionada por la Armada. Eran supuestos «quebrados» que la Armada suponía haber «reeducado» para convertirlos en colaboradores de los militares. También consiguió visas y documentos para que los chiquitos Forti pudieran reunirse con su padre en Venezuela.
Ya en 1995 el periodista Horacio Verbitsky reveló que mientras Grasselli realizaba estas gestiones en favor de algunas de las víctimas, mantenía relaciones con la cúpula militar al extremo de venderle a un grupo de tareas de la ESMA la isla «El Silencio», en el Delta. Allí se instaló un campo de concentración donde se escondió a los secuestrados que permanecían en la ESMA durante 1979, cuando visitó Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie en la Iglesia se pronunció sobre semejante transacción. Como en el caso del nuncio Laghi, Grasselli fue de los religiosos que osciló en el sombrío y silencioso filo de una navaja, entre los militares y algunas de sus víctimas.
Volviendo al testimonio de Grasselli en el juicio, Strassera le preguntó si las denuncias que había recibido podían ser fruto de una campaña organizada por subversivos. El sacerdote contestó:
* «Ustedes están recibiendo testimonios en este recinto de hechos ocurridos ocho años atrás. Lo que ustedes escucharon yo lo escuchaba a las pocas horas, pocos días, y le aseguro que en esto no puede haber ninguna clase de teatro».

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Todo se quema, nada se transforma

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Todas las provincias argentinas sufrieron incendios masivos en 2022, y el 95% de ellos son provocados por acciones humanas, según un reciente informe de Amnistía Internacional. El costo de recuperar ese desastre oscila entre 1.100 y 3.700 millones de dólares anuales. Adjudica los incendios al avance de negocios inmobiliarios, agrícolas y/o ganaderos, que buscan favorecerse a partir de una destrucción territorial.

Los daños y las consecuencias a largo plazo son incalculables, mientras el Congreso sigue en deuda y no trata la Ley de Humedales. Vecinos e integrantes de organizaciones de San Pedro, Rosario y Ramallo dan voz y cuerpo a lo que los números de Amnistía denuncian. El informe completo.

Por Anabella Arrascaeta y Francisco Pandolfi

Amnistía Internacional presentó un informe en el que reporta la gravedad de los incendios forestales en Argentina. El dato es alarmante: durante el 2022 todas las provincias del país estuvieron en llamas.  

El trabajo toma información del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, organismo dependiente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nación. Los datos son oficiales y arrojan un total de 561.164,89 hectáreas quemadas. Pero la propia organización da cuenta de la dificultad de obtener la radiografía completa de la situación y ofrece, en contraste con estas cifras, la información proporcionada por el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuario (INTA), que contabilizó tan solo en Corrientes más de 1 millón de hectáreas devastadas por incendios. 

La provincia de Corrientes permite pensar todo el sistema de muerte y depredación que generan las llamas. Algunos datos: 

  • De acuerdo a la Dirección Nacional de Bosques, dentro de las miles de hectáreas afectadas en los incendios de la provincia, un 10% pertenece a una superficie de bosques quemados que son considerados de muy alto valor de conservación.
  • El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible reporta que en la provincia se documentaron desplazamientos de animales, entre ellos, mono carayá, yacarés y carpinchos.
  • En respuesta a un pedido de acceso a la información pública hecho por Amnistía Internacional Argentina, la Dirección Nacional de Planificación y Ordenamiento Ambiental del Territorio del ministerio informó que se sufrió una pérdida de cientos de miles de hectáreas de áreas protegidas en la provincia de Corrientes en el año 2022. El informe detalla que “las áreas naturales protegidas son relevantes por distintas razones: para la protección de suelos, cuencas hidrográficas, recursos y materias primas, para el control de plagas y enfermedades, para la investigación científica, proporcionar valores espirituales, emocionales y culturales, entre otras razones”. 
  • Entre las áreas más afectadas del país se encuentra la zona de humedales de Corrientes. En 2022 y solamente en dicha provincia se registró que más de 330 mil hectáreas en zonas de humedales fueron afectadas por los incendios.  

En este contexto el informe da cuenta de que la “restauración de áreas quemadas es lenta y requiere de recursos efectivos que permitan la recomposición de los ecosistemas y biodiversidad”. El costo es imposible de determinar. Dice el informe: “Se estima que la recuperación tras los incendios podría costarle a Argentina entre USD 1.100 y 3.700 millones por año”. 

A ese contexto se suma que en medio de la crisis económica, “los brigadistas y bomberos voluntarios han reclamado mayores recursos y apoyo para financiar los gastos a la par de mejores condiciones laborales, obra social y remuneración”. 

Pero hay consecuencias de largo impacto no pueden medirse en números ni plata, por ejemplo el impacto en el ecosistema, “la pérdida de ciertos árboles o vegetación puede tardar décadas en regenerarse, por lo que su recuperación no puede acelerarse ni resolverse rápidamente. Mientras que otro tipo de vegetación es incapaz de rebrotar luego de un incendio”, dice el informe. Agrega: “A su vez, la pérdida de flora a causa de los incendios afecta directamente a la fauna ya que ésta depende de ella para su alimentación o refugio. Esto no solo provoca la muerte de animales sino también su desplazamiento”.  

Otro caso: no había informes de incendios en Tierra del Fuego, pero en noviembre de 2020 se reportaron 9.000 hectáreas consumidas por el fuego (equivalentes a 9.000 manzanas de cualquier ciudad) en el área protegida de bosques nativos de Tolhuin.

Fotos: Pablo Sigismondi.

Quién prende el fuego

El informe de Amnistía Internacional da cuenta de que según el Servicio Nacional de Manejo del Fuego “las acciones humanas son responsables del 95% de los incendios”. 

Explica: “La negligencia, los fogones mal apagados y la quema intencional de pastizales, son algunas de las prácticas más riesgosas que inician los grandes incendios en el país. Con frecuencia los incendios intencionales están asociados a las prácticas de quema de pastizales para el avance de proyectos inmobiliarios y/o la agro-ganadería. Las principales causas de la pérdida de bosques nativos están asociadas a los cambios de uso de suelo que se realizan para desarrollar actividades agrícolas y ganaderas, así como los incendios. Por otro lado, la proliferación de los incendios forestales también se explica por el cambio climático: altas temperaturas, intensas sequías, bajos niveles hídricos”. 

Dato que aporta el informe: El Servicio Metrológico Nacional de octubre de 2022 reportó que más de 160 millones de hectáreas fueron afectadas por la sequía en el país. Otro: las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y San Luis atraviesan una situación de sequía extrema sin precedentes. “Estas condiciones climáticas, combinadas con altas temperaturas y falta de lluvia, aumentan el riesgo de incendios. Asimismo, a medida que la temperatura global aumenta, eventos como éste serán cada vez más extremos y frecuentes”

Enrique Sierra, vecino de San Pedro, naturalista, activista ambiental, pone cuerpo y territorio a lo que los números y el informe exponen. Cuando atiende el teléfono a lavaca el termómetro registra en su casa 34 grados, y “llegamos a picos de 40 grados la semana pasada. En un año estamos cocinados”. 

¿Por qué?

Por las altas temperaturas, por la falta de lluvia, el Río Paraná está bajo. Desde principio de año llovieron solamente 8 milímetros. Y en agosto, septiembre, noviembre y diciembre del 2022 llovió por mes un promedio de 5 milímetros.

Si le tuvieras que hablar a una persona que no está metida en el tema, que escucha lejano lo del cambio climático pero ve que está padeciendo el calor y que hay incendios permanentes en distintos lugares del país, ¿cómo le explicarías lo que pasa?

Se lo explicaría simple: ¿cuántos cortes de luz tuvo en el año? La luz que tenemos, la mayor parte, viene de centrales hidroeléctricas que no están produciendo energía porque hay sequía en ríos y lagos. ¿Hace 20 años atrás usaba tanto protector solar? ¿Lo alertaban por los golpes de calor? ¿Se le corta el agua en la casa? Porque las autoridades dicen que en las napas casi no hay agua. Esa sería la manera de explicarle a la sociedad en general qué es el cambio climático. Pienso que se entiende más fácil así. Las altas temperaturas nos llevan a más costos. 

¿Por ejemplo?

Si tenés aire acondicionado o ventilador vas a gastar más energía eléctrica, si es que tenés energía eléctrica. Otro ejemplo: si tenés algún tipo de enfermedad, con el humo de los incendios te afectan por las partículas del aire, el dióxido de azufre, el monóxido de carbono, que son gases de efecto invernadero. Acá en San Pedro se está quemando la isla y la solución es que manden 19 brigadistas. No podés mandar esa cantidad a un lugar que tiene más de 1000 hectáreas quemándose. La gente todavía no asocia. Y lo que no asocia la gente tampoco lo asocian los representantes políticos. No se entiende la relación entre los temas ambientales con la vida cotidiana; si yo tengo calor en la vereda es porque no tengo árboles, por eso tengo tres grados más de temperatura. Si llegan a venir lluvias demasiado copiosas, yo no sé qué va a pasar con las ciudades cuando se inunden porque no nos preparamos para el cambio de clima. Hoy tenemos sequía, pero tal vez después de mayo tengamos inundaciones. Ante esa incertidumbre nosotros todavía no nos preparamos como sociedad, como país, para prevenir este tipo de cosas, pese a que muchos venimos advirtiendo del tema. 

Amnistía Internacional acaba de sacar un informe sobre los incendios, la pérdida de biodiversidad y áreas protegidas, de humedales, entre otros temas. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las causas de los incendios sistemáticos en el país?

Pienso que en Argentina no ordenamos el territorio; el ordenamientos territorial se refiere a los usos que le damos al suelo, los usos pueden ser industriales, urbanos, agropecuarios, y de conservación como pueden llegar a ser las áreas de humedales, pero como no tenemos un orden de ordenamiento social, cada uno hace lo que quiere. Entonces, que no haya ordenamiento del territorio produce un caos. Todo esto se va agravando porque se van sumando pequeños caos de distintos lugares, provincias, municipios y esto se está haciendo demasiado grande, incontrolable, como los incendios. El clima está cambiando y todavía no reaccionamos, ni prevenimos. No hay lluvias, no se recargan las napas, escasea el agua en la ciudad. La sociedad todavía no relaciona que la falta de lluvias le puede afectar el consumo de agua. El río está bajo desde hace 3 años, los humedales no tienen agua, se queman. Sin que los que queman tengan conciencia que están convirtiendo su futuro en cenizas. 

Fotos: Pablo Sigismondi

La deuda del Congreso: la Ley de Humedales

En Argentina aproximadamente un 21% del territorio está compuesto por humedales, aunque no se sabe con exactitud cuántos hay, su extensión ni su estado de conservación y destrucción. 

Los incendios presentan un riesgo enorme a estos ecosistemas generando pérdidas ambientales que podrían ser irrecuperables. Los humedales ayudan a mitigar los efectos que provocan las sequías, previniendo los focos de fuego, son barreras naturales que ayudan a prevenir el avance de las llamas. Además los beneficios de los humedales son múltiples y su contribución al bienestar humano es invaluable.

El proyecto de ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Humedales busca garantizar su conservación, protección y su uso sustentable. El proyecto lleva una década dormido en el Congreso de la Nación. Desde 2013 las sucesivas pérdidas de estado parlamentario son una constante, abonadas con la indiferencia de la clase política. 

En noviembre 2022 la Ley de Humedales tuvo dictamen en el plenario de las tres comisiones a las que el proyecto había sido girado, pero el dictamen de mayoría pertenece al interbloque Juntos por el Cambio con 53 firmas. El dictamen de minoría (un poco más cercano a lo que apoyan desde hace años las organizaciones científicas, sociales, ambientales y las comunidades afectadas) fue el del Frente de Todos, consiguió solamente 47 firmas dado que varios diputados y diputadas oficialistas no firmaron. 

El proyecto sigue sin ser tratado en el recinto y no fue incluido en las sesiones extraordinarias que acaban de iniciar. 

El informe de Amnistía Internacional exige: “El Congreso de la Nación debe dar urgente tratamiento al proyecto de Ley de Humedales y avanzar con acciones concretas que amplíen la protección de estos ecosistemas tan importantes para el mantenimiento y desarrollo de la vida en la Tierra”. 

Rodolfo Martínez, vecino de la ciudad de Rosario e integrante de la Multisectorial por la Ley de Humedales, explica a lavaca que el proyecto de ley fue “deliberadamente no incluido en las sesiones extraordinarias; no fue incluido ni por pedido de Alberto Fernández ni por pedido de legisladores”.

Sobre los dos dictámentes que se lograron aclara: “el de minoría del oficialismo es bastante más superador que el de mayoría, pero vemos que no hubo intenciones de que tenga debate. Vuelvo al punto: tiene que estar en el Congreso, se tiene que votar, a favor o en contra, de cara a la sociedad. Estamos de cara a un año electoral y todavía no sabemos qué piensan hacer los legisladores. Claramente la omisión de esto es una forma de ceder ante los intereses concentrados que están frenando esta ley”.

¿Quien tiene la responsabilidad de que no se esté tratando?

La responsabilidad de esto no la tienen los lobbies, como a veces intentan decirnos los legisladores. La responsabilidad la tiene cada nombre y apellido, diputado y diputada de todas las provincias que no se sitúan con lo que pasó en la calle, con tanto humo, tanta tragedia, no solo de animales, sino también la salud humana. No se quiere ponerle regulación, es más cómodo que sucedan los grises. 

¿Cómo está la situación en Rosario?

Hace dos fines de semana lamentablemente tuvimos fuego acá en la Isla de los Mástiles, al norte de Rosario, jurisdicción de la provincia de Santa Fe. Se tardó tres días en apagar el fuego y cuando estuvo todo el operativo se demostró que existen fuerzas, existen recursos, vinieron los brigadistas, fue la provincia la que se puso a mover las cosas a raíz del pedido también de las organizaciones. Pudieron apagar el fuego pero estamos hablando de que se repite una lógica, un patrón de fuego que es millonario. Es decir, vamos, apagamos el fuego con operativos que son carísimos y que llegan tarde porque el fuego ya quemó, por supuesto saludamos los esfuerzos pero me parece que hay que hay que invertir la lógica y lo que se tiene que garantizar es una tutela, un guardianazgo del territorio que al día de hoy no existe. En Entre Ríos por ejemplo es deliberadamente funcional que eso no exista. Santa Fe está accionando en estos territorios próximos que son más visibles por la ciudadanía, no así en los humedales del Norte donde están haciendo obras y que claramente van a afectar los territorios, pero por lo menos ante la prensa y ante la vergüenza algo están haciendo.

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Lo que el informe recomienda

El informe de Amnistia Internacional cierra con una serie de recomendaciones hacia el Estado. Son estas:

  • Generar condiciones políticas, legales, administrativas, económicas y financieras que permitan una gestión ambiental transversal a todas las políticas públicas, con un enfoque especial en acciones que se destinen a combatir los efectos de la crisis climática. 
  • Mejorar las estrategias de prevención de incendios forestales, reducción del riesgo y preparación de recursos, que debe estar acompañada de un sistema de monitoreo que garantice impactos efectivos en la reducción de los incendios. 
  • Garantizar el financiamiento y las condiciones necesarias para que todas las instituciones que dan respuesta a los incendios tengan los recursos materiales y humanos para responder con celeridad y de manera adecuada ante los focos de incendio forestales.
  • Asegurar una distribución de recursos eficiente y equitativa para que los distintos niveles del gobierno desarrollen los esfuerzos necesarios para informar los incendios, de manera periódica, así como informar el consecuente impacto socioambiental de los incendios forestales. 
  • Garantizar la restauración, rehabilitación y reforestación de las áreas afectadas y/o restauración de ecosistemas en beneficio de los territorios y población perjudicados; considerando la infraestructura natural, el cambio climático y el planeamiento que permita territorios más seguros y resilientes en el futuro. 
  • Garantizar investigaciones urgentes y eficaces para la identificación y sanción de los responsables de los incendios forestales y su debida condena. 
  • Avanzar con el tratamiento y aprobación urgente del proyecto de Ley de Humedales, priorizando aquel que ofrezca las mayores garantías posibles para la protección de los territorios.

Evangelina Romano, integrante de la Red Nacional de Docentes por los Humedales, y vecina de Ramallo, conversa con lavaca y aporta sus propias recomendaciones. Habla claro y dice así: “Despedimos al 2022 sin una Ley de Humedales y como era de esperar en llamas y tapados de humo. Y como pasó siempre, nadie accionó. Siempre esperamos a que el humo nos entre por la ventana. Una locura. Pedimos una Ley de Humedales que nos dé herramientas para terminar con el sufrimiento de las personas asmáticas, de los bichos, de los isleños, de los pescadores y de la vida misma. Todo sigue igual que hace 2 años, con gobernantes nacionales y provinciales inoperantes que se desbocan por zoom y no hacen cumplir las leyes; no es tiempo de debatir, de hablar, ya es tarde. Lo mismo sucede con municipios acéfalos que solo mandan cartas y se sientan a ver qué pasa desde la otra orilla. Armen un plan de contingencia, conversen con los propietarios y únanse para mitigar semejante devastación, poniendo recursos. Si no accionan, si no despiertan, esto no va a tener solución». 

Fotos: Pablo Sigismondi.
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Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga: memoria contra la impunidad por un desaparecido en democracia

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A 14 años de la desaparición de Luciano Arruga (que tenía 16 años en aquel momento), la causa que investiga su muerte está congelada y los ocho policías implicados figuran apenas como testigos. En diálogo con lavaca la madre de Luciano recuerda algunas otras cosas: lo que no cierra alrededor del cuerpo que estuvo desaparecido 5 años y 8 meses, tras haberse negado a ser reclutado por la propia policía para robar. Las imágenes de la vida de adolescentes en territorios dominados por la trampa y la violencia de las instituciones. Las dudas sobre la teoría de que fue atropellado. La investigación a la propia familia, que tuvo los teléfonos pinchados. Las amenazas, la quema del auto a Vanesa, la hermana de Luciano. El hostigamiento a los amigos del joven que debieron mudarse del barrio. El silencio político, la complicidad judicial, y los límites de la defensa. El recuerdo de Luciano, su fanatismo por River, su generosidad para compartir comida con sus amigos: “Él me enseñó a ser mejor persona” dice Mónica. Este domingo desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde el adolescente fue torturado; Indart y San Martín, Lomas del Mirador), familiares y amigos organizan la tradicional jornada en recuerdo del joven de 16 años desaparecido por la Bonaerense: “Seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida”. Por Francisco Pandolfi.

Mónica Alegre el próximo 21 de agosto cumplirá 60 años. Siempre cumple, Mónica Alegre, que vive en la casa de su mamá, a quien cuida todos los días en la villa 12 de Octubre de Lomas del Mirador. El martes 31 de enero se cumplirá otro aniversario sin su hijo: 14 años de aquel 2009 cuando Luciano Arruga fue desaparecido por la Policía Bonaerense. Lo parió un 29 de febrero de 1992. Su Negrito tenía 16 años y estaba por festejar los 17. No lo dejaron.

Para Mónica la vida fue complicada mucho antes de la desaparición de Luciano. Junto a su familia, vivieron en la calle, en casillas, en un hotel. El papá de Luciano los abandonó cuando él tenía 5 años. Y Moni ahí, presente, estando, sosteniendo, pese a todo.  

Lo recuerda a “su morocho” bien flacucho, cartoneando para ayudar a su familia. Como ya habían conocido la nieve –cuando el 9 de julio de 2007 cayó sorpresivamente en Buenos Aires–, le quedaba el sueño de ver el mar y las montañas. No lo dejaron.

El rechazo a “trabajar” para la policía

A Luciano le gustaba mucho el fútbol y era tan pero tan fanático de River, que aseguraba que si tenía un hijo varón lo llamaría Enzo Ramón, por Enzo Francescoli y Ramón Díaz. Nunca le alcanzó la plata para ir al Monumental. Tenía intacto el deseo de llegar a ese día. Tampoco lo dejaron.

En 2007, aquel año donde sus ojos vislumbraron la nieve porteña, la Policía Bonaerense le ofreció salir a robar para ellos. Se lo contó a su madre, que se quedó tranquila con la negativa de su hijo. Pero ante el “no”, vendría el hostigamiento policial, las amenazas. Y ya no lo dejarían en paz.

El 28 de septiembre de 2008 lo detuvieron de manera irregular y fue llevado al destacamento de Lomas del Mirador, inhabilitado para alojar personas y prohibido para menores. Fue amenazado y golpeado. Allí fue a rescatarlo Moni, que escuchaba sus gritos para que le dejaran de pegar. Por esas torturas el ex policía bonaerense Julio Torales, fue condenado en mayo de 2015 a diez años de prisión.

Cuatro meses después, el 31 de enero de 2009, Luciano fue desaparecido. Fernando Espinoza era el intendente de La Matanza; Daniel Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Cristina Kirchner, la presidenta de la Nación. El silencio de las cúpulas fue ensordecedor.

La causa da cuenta de que esa noche los móviles policiales tuvieron “un funcionamiento irregular”, con circulación por fuera del recorrido asignado, falta de registros y estadío “durante varias horas en un descampado conocido como Monte Dorrego”.

Además, los libros de guardia del destacamento fueron adulterados. El 5 de febrero, su hermana Vanesa Orieta presentó un Habeas Corpus, pero fue rechazado por el Juzgado de Garantías N°5, a cargo del Juez Gustavo Blanco y la fiscal Roxana Castelli, meses después reemplazada por Celia Cejas.

La aparición

Finalmente el 17 de octubre de 2014 –5 años  y 8 meses después– se encontró el cuerpo de Lucianor enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita. Se descubrió que había fallecido el 1º de febrero de 2009, supuestamente atropellado por un auto al intentar cruzar la General Paz, desesperado, escapando (según declararon testigos), en circunstancias que aún siguen siendo investigadas. Y que había sido llevado al Hospital Santojanni, justamente donde su familia había ido dos veces a preguntar si estaba allí, y se lo negaron. Supuestamente se buscaba a un joven desaparecido, mientras un NN era enterrado por las mismas autoridades sin investigar quién era ni dar noticia alguna a la sociedad.

La causa que debe investigar su desaparición y muerte continúa en etapa de instrucción y el juicio político pedido por sus familiares a las fiscales Castelli y Cejas y al juez Banco, está estancado.

A 14 años, se sabe de la amnesia de los distintos gobiernos que se sucedieron, como de la complicidad policial-judicial. A 14 años, se sigue sin saber qué le pasó a Luciano esa noche. A 14 años, Mónica Raquel Alegre, la mamá de Luciano Nahuel Arruga, su orgullo, su “Negrito que se negó a robar para la Policía”, habla, llora, lo recuerda sonriendo.

–¿Cómo te llevás con esta fecha?

–Intento no pensar tanto, pero no se trata del 31 de enero, de una fecha particular: así son todos y cada uno de los días de mi vida. Pasaron 14 años, duele, va a doler siempre, toda mi vida. Es mentira que el tiempo cura todo. Hace muchos años una vez te dije, “el ser humano es un animal de costumbre” y es así. Una se acostumbra a vivir con el dolor, y es horrible; también con la desidia, la angustia, la tristeza, a no haber tenido justicia. Hasta a eso una se acostumbra hasta que se acaba la nafta, hasta que la pacha dice basta; no creo en Dios, aunque debe ser que exista, pero para nosotros no tuvo tiempo. Ahora, al estar cuidando a mi mamá, no estoy yendo a actividades de otros familiares, lo que me significaba sentirme viva. Al no estar en esos espacios como antes, siento que me ahogo, pero son procesos. Lo único que me queda es vivir con el recuerdo, con las anécdotas.

–¿Hay algunos de esos recuerdos o anécdotas que te sirven para sobrellevar mejor el día a día?

–Sí, sobre todo sus sonrisas, el recordarlo riendo. Agradezco lo mucho que me enseñó, lo que aprendí de él a ser mejor persona, más solidaria con mis pares, a no juzgar; del dolor también se aprende.

–Una de las primeras veces que hablamos en 2009 contabas que pese a vivir re contra justos, si tenías cuatro papas, a veces él se llevaba dos para sus amigos, porque no tenían nada para comer.

–Era así, si tenía media docena de huevos, y me faltaban dos o tres, ya sabía qué había pasado. Lo mismo con las papas, porque los pibes no tenían para comer, pero la verdad es que nosotros tampoco, entonces a veces me enojaba con él. “Pero yo salgo con el carro, mamá, y si no, pido; los pibes no tienen nada”. Y después me decía: “Aprendé mamá, ¿cuándo vas a aprender?”. Y mamá aprendió, aprendió de la peor manera, tuvo un gran costo, pero aprendí: hoy soy más humana. Ese pibe era mi Negrito, que jugaba descalzo a la pelota por un sanguche de milanesa y una coca; un pibe de barrio, un pibe villero, un pibe cartonero. Y sabés que ahora que pienso en esto, por primera vez caigo en que hace 14 años que no amaso pan casero, ¡14 años! Antes los hacía siempre, porque a él le gustaba mucho, y también se llevaba para sus amigos que no tenían nada.

Moni deja por un momento unos parches que está cosiendo para la actividad de este domingo y llora de la impotencia. Se le reestablece un poco la voz y el pan casero se asocia a las mentiras que sembraron alrededor de la causa: “Pasaron 14 años sin justicia, de disfrazar la realidad, de que dijeran que había muerto en un accidente de tránsito. ¿Quién tiene las herramientas para desaparecer un cuerpo? Se necesita de todo el aparato del Estado, judicial, policial y político para desaparecer a una persona durante 5 años y 8 meses. No se puede tapar el sol con un dedo. Entonces, con el paso del tiempo cierra todo: tres hábeas corpus nos rechazaron antes que aceptaran el último, unos meses antes de encontrar el cuerpo. Se ve que no estaba aceitado el ocultamiento total y algo podía quedar al azar. Ya para cuando apareció el cuerpo, habían borraron todo. En el medio, pasaron muchas cosas en el caso, como la Policía espiándonos a los familiares porque investigaban un secuestro extorsivo; el hostigamiento a uno de los pibes de Familiares y Amigos que amenazaron que iba a terminar como el Negro y se tuvo que ir a vivir al sur; el quemar el auto de Vanesa; el querer incendiarme mi casa; las amenazas al resto de mis hijos… Hay pibes acá en el barrio que tuvieron que irse a Paraguay por miedo. Se fueron porque la Policía los re cagó a palos y los amenazó. Así, con esta impunidad, ya pasaron 14 años y la causa sigue en etapa de instrucción; es una burla, los ocho policías implicados ¡siguen como testigos! Me pregunto: ¿podrán dormir tranquilos? ¿vivirán en paz?”.

–¿Cómo explicas que luego de tantos años todavía se esté en la etapa de instrucción, o sea, de investigación penal?

–Yo me pregunto lo mismo, ¿cómo se explica? Como la causa no prescribe, porque si hay algo que luchamos con uñas siguiente es para caratularla como desaparición forzada, la van a mantener en ese estado. Juegan con el desgaste, con el cansancio, con los recuerdos y también con tu economía, porque si vos no tenés un buen abogado… Mi abogado es del CELS y el CELS vos sabés hasta dónde patea; se va a desgarrar las vestiduras por el caso hasta que tocás al Estado, ahí da un pasito atrás. Entonces se dan pequeños pasos, la causa sigue moviéndose, pero no avanza. Todo seguirá así hasta que quizá algún día tenga un buen abogado y empiece de vuelta.

–¿Qué creés que debe aprender de Luciano la sociedad, para ser un poco mejor?

–Ese corazón inmenso que tenía el Negro; a ser un poco más humano, a valorar la vida, a aprender. Ojalá, sí, ojalá que la sociedad aprenda a no ser tan egoísta. El Negro era así; no le gustaba tanto estudiar, pero tenía un corazón de oro. Vos fijate, se llevaba pan casero para dárselo a sus amigos; al día siguiente quizá no iba a tener nada para comer, pero priorizaba a los demás.

–¿Por qué es importante la actividad de esta tarde?

–Desde las 15, en el Espacio Luciano Arruga (ex destacamento donde fue torturado Luciano; Indart y San Martín, Lomas del Mirador) seguiremos recordando que nosotros jamás vamos a bajar los brazos; que vamos a seguir pidiendo justicia todos los días de nuestra vida. Es importante para tener la memoria del Negro viva y presente, para saber nosotros mismos que no estamos derrotados; para que sepan que no estamos derrotados y que seguimos luchando.

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Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

  • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
  • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
  • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
  • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

La Universidad atacada

A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

La traición de Dina

¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

La voz desde las calles

Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

¿A qué atribuís la actual represión? 

Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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