Nota
«Nada más que la verdad»: crónicas del juicio a las Juntas Militares de la dictadura
Aquí se reconstruyen algunos de los testimonios de las primeras semanas del juicio, que sirven para comprender el diseño de lo que ocurrió en el país en la época del llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Cada declaración se produjo en medio de un pesado silencio en la sala. Los fiscales o los abogados siempre dirigían sus preguntas al presidente del tribunal utilizando fórmulas del tipo: «para que el testigo diga si…» o «para que el testigo explique…». Estos, a su vez, contestaban mirando al juez. La primera jornada, el 22 de abril, fue acompañada por una movilización de unas 70.000 personas (que evitaron pasar por la zona de Tribunales) convocada por los organismos de derechos humanos. El ambiente político, social y económico incluyó en las primeras semanas del juicio denuncias de Alfonsín sobre supuestas conspiraciones contra la democracia, enlazadas con el llamado a una «economía de guerra» (plan de ajuste acordado con sectores empresarios). Luego se lanzaría el Plan Austral, de estabilización de la economía.
Mientras tanto, por primera vez en su historia el país asistía a un juicio que intentaba remar contra la corriente de impunidad a la que siempre estuvo acostumbrada el poder.
Decretos, chupetes y actos de guerra
Fue el primer testigo del juicio. Italo Luder había sido presidente interino durante el mandato de María Estela Martínez de Perón, en 1975. En aquel momento se firmaron decretos ordenando a las Fuerzas Armadas actuar en todo el país y aniquilar a la subversión. Por eso los defensores de los militares argumentaban que la represión había sido un acto ordenado por un gobierno democrático y legítimo.
Cuando se le preguntó por los alcances del término «aniquilar» que figuraba en los decretos, Luder dijo:
* «Quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley. Es simplemente agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas porque era necesario salvaguardar, no solo el orden constitucional, sino la propia vida de la Nación».
Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf, José Deheza y otros ministros de aquel gobierno justicialista, ratificaron lo que había dicho Luder: la orden de reprimir no significaba reprimir ilegalmente.
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El holandés Theo Van Boven declaró el 23 de abril. Había sido director para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre 1977 y 1982. Explicó que la organización había recibido denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos y que la documentación elaborada por la ONU fue trasladada al gobierno argentino sin que nunca hubiera una respuesta. El doctor Munilla Lacasa (abogado de Galtieri) quiso saber si Van Boven conocía que «las acciones de violencia de las organizaciones subversivas motivaron la represión sobre la que se ha declarado». Van Boven dijo que sí: «Existía violencia y contraviolencia y personas inocentes que sufrían y morían por ese motivo».
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Ese mismo día hubo un testigo muy interesante, por lo que se supo después. El vicealmirante Luis María Mendía volvió sobre el problema del aniquilamiento:
* «El término aniquilar significa destruir, reducir a la nada. El reglamento del Ejército Argentino toma el término aniquilamiento y lo define como el efecto causado al destruir al enemigo mediante acciones militares».
El fiscal Strassera le preguntó si «aniquilar autoriza a obtener información a cualquier precio, torturando y eliminando físicamente al individuo indefenso».
Mendía contestó mirando al juez: «No señor presidente, de ninguna manera autoriza ninguna de esas actitudes».
Mendía fue uno de los oficiales nombrados en 1995 (en el libro El vuelo, de Horacio Verbitsky) por el capitán Adolfo Scilingo. La función de Mendía, como Comandante de Operaciones Navales fue nada menos que la de comunicar a los oficiales con destino en Puerto Belgrano el método que se utilizaría. Así lo narró Scilingo:
* «Mendía dijo en el cine de la base que los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiese eliminar iban a volar, y así como hay personas que tienen problemas, algunos no iban a llegar a destino. Y dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta».
El método consistió en adormecer a los secuestrados con inyecciones de droga, y tirarlos vivos al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, para que sus cuerpos nunca aparecieran. Sin embargo la marea empezó a empujar a cientos de cadáveres hacia las costas argentina y uruguaya. Hay que tener encuenta que sólo en dos vuelos, Scilingo colaboró en tirar al mar a treinta personas. Había un vuelo semanal, los miércoles. Según ese cálculo, entre 1.500 y 2.000 personas fueron eliminadas de ese modo «cristiano y poco violento».
(El método relatado en El Vuelo ya se había dado por probado ante la justicia. En la página 228 del Tomo I de La Sentencia figuran las declaraciones de Miriam Lewin, Ana María Martí, Sara Solarz de Osatinsky y Sivlia Labayrú «quienes son contestes en afirmar que los prisioneros trasladados eran drogados y posteriormente arrojados al mar». Se citan además (página 216) los hallazgos en costas uruguayas y en los balnearios de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas de decenas de cadáveres, y de miembros y cabezas de esos cuerpos que habían sido mutilados. Se probó además que los que pudieron ser reconocidos -como el caso de Floreal Avellaneda- habían sido previamente secuestrados por personal militar.)
Pero las revelaciones de Scilingo fueron posteriores. Durante el juicio, Mendía contó otra cosa. Otro caso fue el del almirante Oscar Montes, canciller durante la dictadura, quien dijo no haber recibido ninguna denuncia internacional sobre el tema de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Strassera propuso procesarlo por falso testimonio. (En el juicio quedaron constancia de 3.401 reclamos diplomáticos provenientes de 50 países sobre la suerte de 1.652 desaparecidos. Además, hubo 4.162 reclamos ante las Naciones Unidas).
Otro miembro de la marina, el contraalmirante Salvio Menéndez, aseguró sin titubear ante los jueces: «En la ESMA no había detenidos».
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Dos sindicalistas declararon el 24 de abril. El telepostal Ramón Baldassini dijo que no recordaba el caso de ningún sindicalista desaparecido durante la dictadura. En esa época él mismo era uno de los interlocutores sindicales admitidos por los militares y tenía fácil acceso a la Casa Rosada.
-Pero hay un caso muy notorio, y yo creo que al testigo le falla la memoria…- protestó Strassera, refiriéndose a la desaparición del dirigente de Luz y Fuerza Oscar Smith.
Baldassini, sin embargo, siguió con la memoria marchita. En la misma línea se presentó el dirigente de los plásticos Jorge Triaca, quien destacó que pese a haber sido secuestrado irregularmente y trasladado a un buque de guerra sin causa alguna en su contra, recibió «un trato ejemplar» por parte de los oficiales de Marina. Triaca perteneció siempre a las líneas más pro empresistas del sindicalismo, hasta que terminó convertido él mismo en un suculento empresario, ministro de Trabajo en los ’90, y luego involucrado en negocios poco claros como presidente de SOMISA.
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Sobre tratos menos ejemplares hablaron Erik Stover, director de la Asociación Americana de Ciencias, y el antropólogo Clyde Snow. Se refirieron a las exhumaciones y reconocimientos de cadáveres y cómo se detectó el caso de una beba desaparecida, Matilde Lanuscou. La casa de la familia Lanuscou (un matrimonio con tres hijos de 6 y 4 años, y Matilde de 6 meses) fue rodeada por fuerzas de seguridad el 6 de septiembre de 1976. Abrieron fuego. En 1984 se pudo empezar a investigar qué les sucedió. Se supo que los cinco cadáveres fueron catalogados como NN y enterrados en cinco cajones. Al ordenarse la exhumación se encontraron los restos de los padres y dos de los hijos. «En el quinto cajón, el que correspondía al niño más pequeño, no se encontraron restos. Pero sí encontraron el traje de un bebé, una manta y un chupete» dijo Snow. La beba se salvó del fusilamiento. Sus hermanitos de 4 y 6 años no. Ella está desaparecida.
Snow fue responsable, además, del único oscurecimiento de la sala de audiencias al mostrar diapositivas de huesos y cráneos exhumados en tumbas NN o en fosas comunes por los equipos de antropología forense.
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El almirante francés Antoine Sanguinetti, quien había visitado la Argentina en 1978 enviado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, declaró el 25 de abril. Tuvo reuniones con el entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy (quien le anunció que se publicaría una lista de 3.472 detenidos) y con el almirante Massera. Sanguinetti contó que Massera le dijo: «Reconozco que hay en el Ejército grupos no controlados de los que se podría decir que son fascistas, si el término no fuese desagradable, y hay una situación que yo desapruebo, y de la cual rehúso toda responsablilidad; le quito a la Marina y a la Fuerza Aérea toda responsabilidad en esta cuestión. El poder, de hecho, está en manos del Ejército de tierra».
En la audiencia del 26 de abril, el brigadier Augusto Jorge Hughes, integrante de la última junta del Proceso contestó a un par de preguntas del fiscal Strassera, destinadas a aclarar si en una guerra vale todo, como lo sugerían los militares acusados y sus defensores.
-La tortura de un prisionero desarmado, maniatado y con los ojos vendados, ¿es un acto de guerra?
-La tortura de ninguna forma es un acto de guerra.
-La muerte del prisionero capturado e inerme, ¿es un acto de guerra?
-Negativo.
Un cóctel, una misa y sesenta balas
El periodista británico Robert Cox, quien dirigió The Buenos Aires Herald (diario en inglés publicado en la Capital Federal) había estado tan nervioso el viernes 26 que se postergó su testimonio.
El lunes 29, más calmo, explicó ante el tribunal que lo había desconcertado la primera pregunta que se le hizo: si tenía relación de amistad con los procesados. Habló de una reunión de periodistas con Videla, en los comienzos del régimen: «Todos sentíamos que Videla era un amigo (…). Un amigo no solamente mío, sino de todo el pueblo de la Argentina (…) y recuerdo que cuando salimos comenté con otros periodistas que parecía un hombre maravilloso».
Pero pronto Cox quedó conmovido, a comienzos de julio de 1976, por el asesinato de los curas palotinos, en la iglesia de San Patricio (Estomba al 1900, en Belgrano). Conviene detenerse en este caso increíble que en parte sirve para entender cómo funcionaban la vida, el poder y la muerte en la Argentina en aquella época.
Tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden católica de los Palotinos fuero acribillados la madrugada del 4 de julio de 1976 en la parroquia de la iglesia de San Patricio, en Belgrano. Sus nombres: Alfredo Leaden (60 años), Pedro Dufau (65), Alfredo Kelly (40), Salvador Barbeito (25, quien además era rector del colegio San Marón, en la calle Paraguay) y José Barletti (25).
Su principal actividad pastoral se desarrollaba en la villa de Bajo Belgrano. Los mataron mientras dormían, con los pijamas puestos. Recibieron en total sesenta balazos.
Los asesinos pintaron las paredes: «curas hijos de puta», y «por envenenar las mentes vírgenes de nuestros jóvenes», pero eso se conoció después. El día del crimen el comunicado de la Policía contaba la historia oficial:
* «Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios».
Una interesante definición, teniendo en cuenta que desde el primer momento corrió la versión, casi la certeza, de que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Cox, en el juicio, contó que fue a la misa celebrada al día siguiente en San Patricio en homenaje a los sacerdotes: «Todos los vecinos decían abiertamente que lo había hecho el SIDE» (los servicios del ejército).
A esa misa concurrieron autoridades militares y unos tres mil fieles que desbordaron la iglesia. La homilía del padre palotino Roberto Favre (publicadas por el diario Clarín) demuestran que en aquel momento no todo era miedo y silencio:
* «No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz».
* «Hay que rogar a Dios no solo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día».
* «En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado».
Dos días antes del crimen de los palotinos, había explotado una bomba colocada por la guerrilla en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando 18 policías muertos y 66 heridos. Al día siguiente, como si se tratase de una respuesta, aparecieron 19 jóvenes en un basural, fusilados y con los cuerpos deformados por la cantidad de balazos recibidos.
Esa misma madrugada del 4 de julio un hombre fue ametrallado contra una de las paredes del Obelisco. Su cuerpo fue retirado por la policía y nunca se supo nada más. Las noticias que de modo fragmentado y oscuro podían publicar los diarios, reflejaron la aparición de un total de 54 personas acribilladas en distintos lugares del país sólo durante esa semana.
El fusilamiento de los palotinos mereció el primer documento del Episcopado Argentino enviado a la junta militar, fechado el 7 de julio de 1976, e incorporado por la fiscalía como prueba en el juicio. Su título: «Incalificable asesinato de una comunidad religiosa». Allí se decía:
* «Graves hechos de violencia han sacudido últimamente y en forma antes desconocida al país. Todos los días la crónica periodística nos trae la noticia de otras muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son los responsables».
* «¿Qué significa todo ésto, qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad? ¿Qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?»
Preguntas sin respuesta para un mecanismo de poder desconocido hasta entonces: el terrorismo de Estado.
(Mucho después, en 1994, el capitán de la Armada Antonio Pernías, habló de los palotinos ante la Comisión de Ascensos del Senado. Pernías perteneció a los grupos de tareas de la ESMA, y defendía su posible ascenso. En una parte de su testimonio -en el que reconoció que los tormentos eran una de las «herramientas» que utilizaban-, dijo algo que flotó como una insinuación: «El caso de los palotinos ocurrió al corto plazo de un atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. No me consta que haya sido obra de la Policía, pero me consta que la Armada no tuvo nada que ver». Hasta ahora ha sido imposible saber si mintió).
Volviendo al testimonio de Cox en el juicio, contó dos escenas que describen el laberinto del poder en aquellos años:
Escena 1: Al día siguiente del asesinato hubo un cóctel en la embajada norteamericana, celebrando el bicentenario de la independencia de ese país. Cox fue al cóctel tras asistir a la misa en homenaje a los sacerdotes. En la embajada, intentó transmitirle a Videla lo que se decía en la misa: que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Pero al acercarse al militar se arrepintió, y sólo terminó diciéndole «yo lo recuerdo en mis plegarias». «No sentí que fuera posible referirme a ésto de manera más directa, sin causar una situación embarazosa. El sabía lo que había pasado, esto era al día siguiente del asesinato, estaba en los diarios, así que creo que entendió perfectamente cuando le dije que lo recordaba en mis plegarias».
Escena 2: Pocos días después Cox se reunió con Pío Laghi, nuncio apostólico (representante del Papa en el país): «Laghi tenía la misma impresión que yo, es decir que ésto (el crimen de los palotinos) había sido hecho por las fuerzas de seguridad, que no era un incidente aislado sino una más de las piezas de ese rompecabezas que iban cayendo en su lugar. Por supuesto, él sabía mucho más que yo, porque había hablado con todos los curas y con todos los párrocos. Y estaba verdaderamente horrorizado. Puedo recordar muy claramente su rostro. Recuerdo con mucha precisión cuáles fueron sus palabras. Me dijo: ‘yo tuve que darle la hostia al general Suárez Mason’ (jefe del Cuerpo I del Ejército, con sede en la Capital Federal). Y me dijo: ‘puede imaginar lo que siento como cura’. Hizo un gesto que no considero apropiado para repetir aquí, ante este Tribunal. Y dijo: ‘sentí ganas de pegarle con el puño en la cara'».
Esa misa en la que comulgó Suárez Mason fue justamente la que se hizo en San Patricio, en homenaje a los religiosos asesinados, un rato antes del cóctel en la embajada norteamericana. Mientras tanto, los grupos de tareas de las distintas fuerzas seguían haciendo lo suyo.
Otro dato levemente estremecedor es que los sacerdotes fueron enterrados en el cementerio de Mercedes. Pocos metros más allá de sus discretas tumbas se encuentra el mausoleo de la familia Videla.
Pactos de sangre
En otro tramo de su declaración, Robert Cox reconoció también que había traducido al inglés un libro del almirante Massera titulado «Hacia la democracia»: «Lo hice yo mismo por miedo, y para no involucrar a otros periodistas. Y no cobré nada». Informó que la traducción se le hizo difícil, porque el libro era casi incomprensible. Más allá de sus buenas relaciones con el poder, con el correr de los meses Cox empezó a entender que «en la Argentina se estaba armando un rompecabezas diabólico». Su diario formulaba críticas cada vez más amplias al régimen militar y a la situación de los desaparecidos. El y su familia comenzaron a ser amenazados (en particular su hijo, de once años de edad) hasta que decidieron abandonar el país.
Cox reveló que otro periodista, Mariano Grondona le había comentado que existía un pacto de sangre entre los militares: «un oficial que quizás siempre había tenido tareas administrativas era llamado para ejecutar a alguien o quizás para cavar una tumba» dijo Cox que le había dicho Grondona, cuya presencia fue inmediatamente reclamada por los defensores.
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Mariano Grondona declaró días después (el 6 de mayo) convocado por las defensas para intentar desmentir a Cox. Hay que recordar que Grondona había sido uno de los pocos periodistas televisivos permitidos por los militares, y que aún en época del juicio manifestaba opiniones políticas mucho más autoritarias que las que se le conocieron años más tarde. Por eso las defensas confiaban en obtener de él un testimonio favorable. Sin embargo Grondona dijo que la teoría del pacto de sangre «era una versión bastante corrida por Buenos Aires en esos años».
Además, habló de otros periodistas:
* «Nuestro gremio sufrió muchas bajas, varias de ellas amigos míos. Puedo mencionar el caso de Rafael Perrota, muy amigo mío. Puedo mencionar el caso de Julián Delgado, Horacio Agulla, todos amigos míos».
Los defensores acompañaron estas novedades con el más sólido de los silencios.
(El caso de Julián Delgado recobró actualidad en 1995 cuando su esposa, María Ignacia Cercos de Delgado, reveló sus conversaciones con Pio Laghi, tema que se trata en detalle más adelante junto a otro dato que Grondona omitió en su declaración: el relato de su propio secuestro).
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Otro tiro por la culata resultó ser el director del diario conservador La Prensa, Máximo Gainza, quien recordó que el capitán Corti, de la secretaría de Prensa del régimen militar, les avisó que no se debía publicar ninguna noticia relacionada con operativos de la subversión o de la antisubversión: «Se le pidió la orden por escrito, cosa que hizo llegar al día siguiente. Esa orden se publicó en la página uno del diario para que los lectores supieran cuál era la razón por la cual faltaba la información».
Gainza reveló que en la redacción de La Prensa se recibían gacetillas de los Montoneros, pero uno de sus periodistas pudo ver que ese material era ensobrado en la SIDE.
También recordó que el hijo del periodista Rafael Perrota pagó 80.000 dólares de rescate por su padre. Creía que lo habían secuestrado delincuentes comunes, pero en realidad Perrota estaba en los centros clandestinos de la policía bonaerense. Nunca apareció. Otras definiciones de Gainza sirvieron para comprender el clima de la época militar, y poco ayudaron a los defensores.
* «A comienzo del gobierno, el Proceso contó con el beneplácito de un enorme sector de la población, no sólo política sino civil también. Podría agregar que la actitud del diario de publicar en el año ’78 dos páginas completas, en un espacio de publicidad, donde figuraban alrededor de 2.700 desaparecidos, la repercusión que ese hecho tuvo fue que aproximadamente diez a veinte mil lectores del diario dejaran de leerlo (La Prensa tenía entonces 60.000 lectores) porque no estaban de acuerdo con la prédica del diario, que es lo que la Constitución establece: en un país civilizado se debe juzgar. Y si es necesario, se fusila. Pero no se hace desaparecer a la gente».
* «No quiero engañarme si digo que me sorprende la cantidad de gente que hoy en día pretende no haber sabido nada de lo que ocurría en esos años. Si no lo sabían es porque no lo querían saber».
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Poco después se ubicó frente al micrófono la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. El abogado de Massera, Jaime Prats Cardona, hizo una rara pregunta dirigida a demostrar que en realidad los culpables no eran los militares, sino sus víctimas:
Prats Cardona: -Si la testigo conoce, por circunstancias de relación familiar o personal, que algún inocente haya sido perseguido en la lucha antisubversiva, indicando nombre y apellido.
Ruiz Guiñazú: -Me permito hacer otra vez mención a los niños desaparecidos, para no hablar de tanta gente a la cual también la mandaron con disculpas a su casa después de haberla torturado. Esos 172 chicos que desaparecieron, ¿eran terroristas?
No se escuchó respuesta alguna.
El parto y la vajilla del té
Adriana Calvo de Laborde fue la primera víctima directa que declaró en el juicio. Contó su caso sin estridencias, paso a paso. Era licenciada en Física y trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. El 4 de febrero un grupo armado la detuvo en su casa y la llevaron a un centro de concentración clandestina de detenidos.
No veía, pero oía cómo torturaban a otras personas. Estaba embarazada de seis meses. Recorrió varios centros similares, todos en órbita de la policía bonaerense, cuyo jefe era el coronel Ramón Camps.
En uno de esos traslados, el 15 de abril, le taparon la cabeza con un pulóver, la tiraron al piso del coche y la iban pisando mientras le anunciaban que la iban a matar.
* «Yo estaba por tener familia. Iba acostada en el auto, los ojos vendados y las manos atadas atrás. Ellos me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que no era mi primer hijo, que yo sabía que estaba por nacer. El que manejaba y el que lo acompañaba se reían, me decían que era lo mismo, que igual me iban a matar, que iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente no lo recuerdo. Les grité. Ibamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité «ya nace, no puedo más». Y efectivamente nació, nació mi beba».
* «Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente a los laboratorios Abbot. Mi beba nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo les pedía por favor que me la alcancen, que me la dejaran tener conmigo. No me la alcanzaban. Con un trapo sucio ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado tres minutos. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, seguía con los ojos tapados. No me la querían dar, señor presidente. Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia».
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Jacobo Timerman declaró el 3 de mayo. Había sido director del diario La Opinión, que impulsó y aplaudió el golpe del 24 de marzo de 1976 (incluyéndose en el «consenso» del que gozaron los militares en ese momento). Correr de las semanas comenzaron a publicarse noticias sobre muertes, secuestros y hábeas corpus de personas que habían desaparecido. Recordando esa época, Timerman mencionó sus reuniones con el ministro Harguindeguy, y relató que un capitán de apellido Bonino, y luego el almirante Massera, le habían dicho que «no se puede fusilar contra el Papa», una justificación implícita de las desapariciones. Bonino, dijo Timerman, le confesó que se tiraba gente al mar.
Los hábeas corpus siguieron publicándose, hasta que el 15 de abril de 1977 secuestraron a Timerman de su casa, de donde robaron también diversos objetos. Lo llevaron en auto, fue sometido a un simulacro de fusilamiento y lo derivaron a la jefatura de la policía bonaerense. Luego fue trasladado a otro centro clandestino, «Coti Martínez». Contó que mientras lo torturaban un médico le auscultaba el corazón y le revisaba las encías, donde le habían aplicado picana eléctrica. Los interrogatorios, dijo, eran dirigidos por el propio jefe policial bonaerense, el coronel Ramón Camps:
* «Las primeras preguntas fueron si yo era judío, si era sionista. Yo reconocí eso, reconocí que era socialista y esa combinación de ser judío, sionista y socialista, probablemente despertó su imaginación totalmente paranoica y nazi de tener el gran juicio ante una persona que confiesa esos crímenes».
En ese lugar Timerman vio a Ramón Miralles (ministro provincial durante el gobierno peronista) y al periodista Rafael Perrota (el mismo por el que los policías le cobraron 80.000 dólares de rescate al hijo): «Estaba completamente loco, muy golpeado, desvariaba».
Mientras tanto el rabino de Timerman, Marshall Meyer, se reunía con Videla: «Usted es un hombre religioso, y yo soy un hombre religioso, soy incapaz de hacerle mal a nadie. Timerman está siendo juzgado legalmente, y si es inocente será puesto en libertad», le dijo Videla a Meyer.
Timerman fue juzgado ante un tribunal de guerra como imputado en el llamado Caso Graiver (se investigaba si el banquero David Graiver, ex socio de Timerman, había manejado dinero de la guerrilla). Luego fue puesto a disposición de la Junta Militar pero la Corte Suprema (durante la propia dictadura) determinó que no había acusación que formularle. Timerman perdió la ciudadanía y fue expulsado del país. Le expropiaron La Opinión, que fue convertido en un diario del régimen.
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Fue presidente de la Nación de otro gobierno golpista, a comienzos de los ’70, antes del retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina. El general Alejandro Agustín Lanusse contó que ya durante el Proceso tuvo una reunión con Massera para hablar sobre el caso de la diplomática Elena Holmberg, quien había sido secuestrada y luego apareció asesinada flotando en el Rio Luján. Aparentemente, Holmberg tenía datos precisos de una reunión que Massera había mantenido en Francia con la cúpula del grupo guerrillero Montoneros y su intención de revelar esa información la llevó a la muerte. Lanusse dijo que Massera había reconocido que el secuestro y ejecución «se había hecho con conocimiento y autorización de la Junta pese a que él (Massera) no estaba muy convencido de su resultado».
El ex presidente dijo algo más:
* «Qué se puede hacer con un Ejército en el cual los oficiales andan en coches robados, en allanamientos, y las familias de los oficiales toman el té en vajillas robadas en los procedimientos».
El capitán que no quería mentir
En julio se produjo un testimonio asombroso, con el relato de parte de lo que ocurría dentro de la ESMA, pero contado por un marino (algo similar a lo que ocurrió con Scilingo diez años después).
El capitán de fragata retirado Jorge Búsico fue jefe de la División Estudios de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y comienzos de 1977.
Contó que en antes del golpe, en febrero de 1976, «hubo charlas donde se nos dieron instrucciones acerca de la detención de funcionarios del gobierno». A Búsico le tocó intervenir el 24 de marzo de 1976 en el apresamiento de Pedro Eladio Vázquez, ministro del gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Lo acompañaba el subdirector de la ESMA, Salvio Menéndez (el mismo que había declarado en las primeras jornadas del juicio, sin tituberar, que «en la ESMA no había detenidos»). Vázquez estaba en su departamento de la calle Malabia. Abrió la puerta, y Búsico se presentó ante él (con rango, nombre y apellido) explicándole que lo llevaría detenido. Vázquez pidió unos minutos para preparar una pequeña valija.
* «Cuando Menéndez se dio a conocer, dio un nombre falso, lo que me desconcertó. Y cuando nos retirábamos, me reprendió por haber dado mi verdadero nombre. Así me entere yo de que no había que usarlo».
Después de ese episodio, Búsico cuestionó el procedimiento ante el jefe de la ESMA, Jacinto Chamorro, lo que produjo que lo alejaran de las actividades de los grupos de tareas. De todos modos, el capitán veía cómo automóviles que no pertenecían a la dotación de la ESMA salían todas las noches del lugar:
* «Cuando volvían traían a encapuchados dentro de los autos. Y nunca vi salir a ninguno».
El capitán relató también que desde la ESMA se pedía «zona libre» o «área libre»: se avisaba a la policía o al Ejército que algún grupo de tareas iba a operar en determinado lugar, para que no fuera interceptado (como no usaban uniformes, podían ser confundidos con guerrilleros; de paso, si un vecino denunciaba algo, la policía no intervenía hasta que los paramilitares hubieran concretado el secuestro).
En la ESMA Búsico también vio una gran cantidad de muebles «de neto corte civil» dijo con su lenguaje militar, y supo que eran «fruto de la lucha contra la subversión».
¿De qué se hablaba en la ESMA? Búsico nunca fue llevado a las dependencias donde había desaparecidos, pero pudo contar lo que se decía en la ESMA: «Se hablaba mucho de la máquina (la picana) pero a mi se me hizo increíble que oficiales de la Armada hicieran eso. Había una nueva jerga. Se hablaba de «chupar» (secuestrar), «tabicar» (mantener encapuchado) o «mandar para arriba», lo que hacía evidente la ejecución de alguien.
Y llegó una confesión: «Yo me siento cómplice de todo eso. Creo que colaboré con mi silencio. No tuve el valor necesario para hacer las denuncias. El clima que se vivía era como para no arriesgar opiniones francas. Allí adentro la vida no tenía ningún valor. Cualquiera fuese la vida que se tratase».
De la ESMA Búsico fue enviado al portaviones 25 de Mayo como segundo comandante. Siguieron sus cuestionamientos. Su relación con el arma ya era irreparable. Le negaron ascensos, se divorció, lo acusaron de «inestabilidad emocional» y de «derivar responsabilidades». Terminó pidiendo el pase a retiro.
Le pasaba lo contrario que a muchos de sus camaradas. Siendo inocente, nunca pudo dejar de sentirse culpable.
Los lápices y el teatro
Durante los cuatro meses de audiencias en la sala hubo un solo tuteo, y una sola vez la risa lo invadió todo.
* El tuteo ocurrió cuando María Verónica Lara relató minuciosamente cómo habían sido secuestrados en Córdoba su madre y su padrastro. María Verónica se quedó con sus tres hermanitos menores cuando sus padres desaparecieron. Ella tenía siete años en ese momento. Recordaba cosas de aquella noche. Las armas muy grandes, las botas negras, los pantalones azules, sus padres con los ojos vendados. El día que declaró, María Verónica cumplía 16 años. El juez D’Alessio, tras oir su testimonio, le dijo: «Podés retirarte, tu testimonio ha terminado, muchas gracias».
* La risa mayor del juicio llegó por otra forma de inocencia. Antonio Ciccone, italiano de acento cerrado, víctima de cierta sordera, fue llamado a declarar por la desaparición de Pablo Fernández Meijide. Había sido portero del edificio de la familia, y presenció el operativo. El caso había sido descripto por Graciela y Enrique Fernández Meijide. La sala estaba hundida en el horror de lo que se había escuchado. El testimonio de Ciccone, como tantos otros, servía para completar el caso presentado por la fiscalía.
Pero al ser llamado, Ciccone entró en la sala y se cuadró ante los jueces, como un soldado. Esto produjo asombro. Le preguntaron si conocía las generales de la ley y don Antonio, que nada oía, seguía firme. Empezaron algunas carcajadas. Le pidieron al secretario de la cámara que le leyera las generales de la ley. Un rato después el juez Torlasco le preguntó: «¿Terminaron?». López contestó: recién estoy empezando». Todos estaban tentados. El juez Arslanián salió de la sala antes de estallar en carcajadas. Pero el gran momento ocurrió cuando se le pidió a Ciccone que se acercara más al micrófono, y él respondió poniéndose el micrófono en una oreja. Fue el final de la audiencia. El juez Torlasco no podía emitir palabra. Los fiscales y los defensores, por primera vez, estaban unidos en algo, enjugándose las lágrimas de la risa. El juez Ledesma salvó la situación ordenando un cuarto intermedio. Fue el momento de mayor distensión del juicio, el más estentóreo. Ya no volvería, salvo en la conmoción que provocaría el fin del alegato del fiscal Strassera.
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Otros casos y testimonios que fueron pasando por la sala de audiencia, seguían destapando la verdad de aquellos años.
-Nélida Sosa de Forti, secuestrada junto a sus cinco hijos de un avión con los motores en marcha. Los llevaron a un centro clandestino conocido como el Pozo de Quilmes. La mujer desapareció. Sus hijos fueron abandonados en Parque Patricios por las fuerzas de seguridad, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. Tenían 16, 13, 11, 10 y 8 años.
-La noche de los lápices, el secuestro y desaparición de siete estudiantes secundarios que reclamaban el boleto escolar gratuito en La Plata, en julio de 1976. Tenían entre 16 y 18 años. Sólo uno reapareció con vida.
-Mansión Seré, la casa de la Fuerza Aérea en Ituzaingó que se utilizaba como centro de detención y torturas.
-Hablaron las víctimas. Por ejemplo Alberto Maly contó que en la Brigada de Quilmes, además de picana en todo el cuerpo, lo quemaban con cigarrillos, bajo vigilancia de un médico que cada tanto lo revisaba y decía «todavía pueden darle».
-El docente Alfredo Bravo (luego diputado socialista) relató su secuestro de la escuela para adultos de Rivadavia al 5200, el 8 de septiembre de 1977. Mientras tomaba lista se presentaron dos hombres de civil, lo amenazaron con un arma (también a los alumnos), lo obligaron a quitarse el guardapolvo y se lo llevaron en un Renault 4, donde había otro hombre. Le vendaron los ojos y al rato se detuvieron. Simularon fusilarlo. Discutieron: «Decían que no me podían matar ahí porque no habían traído el combustible ni las gomas necesarias para quemar, porque los subversivos dan mal olor y entonces había que neutralizarlo con esos elementos».
La subversión de Bravo consistía en ser secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: «Era el único integrante de la Asamblea a quienes ellos habían podido agarrar, porque no iban a hacer esto con la doctora Alicia Moreau de Justo, que era una persona de edad y apenas la tocaran se iba a desarmar. Tampoco iban a hacer est acción contra monseñor De Nevares porque era meterse en un problema muy grave con la Iglesia. Lo mismo con los tres presidentes ejecutivos que eran el obispo Gattinoni, que representaba a la Iglesia protestante, y Eduardo Pimentel, que pertenecía al Partido Demócrata Cristiano». Bravo fue torturado (las preguntas eran referidas a la APDH) y vio a Ramón Camps quien le anunció que sería «legalizado» (pasado a un régimen de prisión oficializada): «Usted va a tener comunicación con sus familiares. Pero si cuenta lo que ha pasado, se suicida en la celda», le informó.
——————————-
El sacerdote Emilio Grasselli, secretario privado del vicario castrense Adolfo Tortolo, reveló que había recibido unas 2.500 denuncias de desapariciones de personas. Reconoció que había personas detenidas ilegalmente por el Ejército (aunque dijo que él no había entrado a ningún centro clandestino). Entre otros casos, consiguió visas para nueve desaparecidos en la ESMA, que viajaron a Venezuela con pasajes y documentación proporcionada por la Armada. Eran supuestos «quebrados» que la Armada suponía haber «reeducado» para convertirlos en colaboradores de los militares. También consiguió visas y documentos para que los chiquitos Forti pudieran reunirse con su padre en Venezuela.
Ya en 1995 el periodista Horacio Verbitsky reveló que mientras Grasselli realizaba estas gestiones en favor de algunas de las víctimas, mantenía relaciones con la cúpula militar al extremo de venderle a un grupo de tareas de la ESMA la isla «El Silencio», en el Delta. Allí se instaló un campo de concentración donde se escondió a los secuestrados que permanecían en la ESMA durante 1979, cuando visitó Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie en la Iglesia se pronunció sobre semejante transacción. Como en el caso del nuncio Laghi, Grasselli fue de los religiosos que osciló en el sombrío y silencioso filo de una navaja, entre los militares y algunas de sus víctimas.
Volviendo al testimonio de Grasselli en el juicio, Strassera le preguntó si las denuncias que había recibido podían ser fruto de una campaña organizada por subversivos. El sacerdote contestó:
* «Ustedes están recibiendo testimonios en este recinto de hechos ocurridos ocho años atrás. Lo que ustedes escucharon yo lo escuchaba a las pocas horas, pocos días, y le aseguro que en esto no puede haber ninguna clase de teatro».
#NiUnaMás
3J: El Nunca Más del Ni Una Menos, con una asamblea histórica de Familiares Víctimas de Femicidios en Plaza de Mayo

Desde Jujuy, Santiago del Estero, Córdoba. De Mar del Plata, San Miguel del Monte, Monte Hermoso. Desde Tigre, Moreno, San Vicente. Desde todas partes del país, decenas de familiares de mujeres y personas trans asesinadas y desaparecidas se autoconvocaron en Plaza de Mayo para compartir el panorama de los distintos casos, con estas palabras como denominador común: narco, policía, fiscalía. También se escucharon ideas para combatirlo, entre la calle, el abrazo y la memoria, rescatando todo el arsenal de la lucha por los derechos humanos en Argentina. Por eso, el día del Ni Una Menos, junto a la Pirámide de Mayo se gritaron dos palabras que lo dicen todo: Nunca Más. Compartimos a continuación todas las voces que se escucharon en este 3J.
De todo lo que se dijo y escuchó en la asamblea, las familias armarán un documento para presentar ante las autoridades que deben llevar adelante las políticas para prevenir, erradicar y sancionar la violencia machista. Entre otras propuestas, se pidió una reparación para familiares y que el Procurador General de la Nación los reciba para trabajar en el entrenamiento de los fiscales en la búsqueda de pruebas.
Acompañaron la movida decenas de organizaciones sociales, sindicales y políticas (debajo, la lista completa), Periodistas Argentinas, la actriz Thelma Fardin y otras integrantes de Actrices Argentinas; y las funcionarias Ayelén Mazzina, Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación Argentina, y Flavia Delmas, subsecretaria de Políticas contra las violencias por razones de género del Ministerio de Mujeres de la Provincia de Buenos Aires.
Estuvo ausente, entre otrxs, Tehuel de la Torre, joven trans desaparecido, pero de la asamblea participó su madre.
El cierre del acto fue con arte. Primero, una batucada de mujeres copó el centro de la escena con las familias alrededor. Luego, vestidas de rojo, otro grupo de mujeres realizó una acción en la que cantaron y levantaron en alto fotos de víctimas de femicidios. Con la Casa Rosada de fondo, una cuerda de tambores cerró la jornada rodeada de emoción y aplausos.


Las voces de las familias
Familiares de Florencia Pennacchi, desaparecida
Tras 18 años, no tenemos noticias. Flor fue víctima en 2005 de desaparición forzada, con la complicidad de organismos oscuros. Pero además de casos como el de Florencia, quiero hablar de otras víctimas. La mamá de Florencia acaba de fallecer. Y a muchas madres, padres, hermanos, abuelos, tíos, sobrinos, amigos, el dolor punzante de la ausencia cambia la vida para siempre. Para que la impunidad suceda es necesaria una cadena de complicidad gubernamentales judiciales y policiales. Seguimos y estamos acá, porque somos la voz de aquellas silenciadas.
Marisa, mamá de Luna Ortiz
Hoy es un día para transformar el dolor en lucha. Esto nos da fuerza de familiares, emociona lo que estamos transitando, esta nuestra lucha después de este gran dolor. Y duele después por cómo somos violentados por este sistema judicial. Luna era una piba de barrio que luchaba por cada pibe, y no pudo llegar a la marcha por el ni una menos. Hoy sigo el legado de mi hija, porque la lucha empieza en los barrios.
Facundo, papá de Luna Ortiz
Es un día muy doloroso porque mientras se marchaba un 3 de junio de 2017 Luna fue captada por Isaias Villarreal. Hoy está en libertad, porque la justicia no reconoció el femicidio, y fue condenado por abandono de persona. Celebramos esta asamblea, para que se escuchen nuestros reclamos de leyes que no se cumplen, como la de patrocinio gratuito. Somos familias de laburadores. Luchamos contra cómplices gigantes como la justicia, la policía. La Ley Brisa, muy a cuenta gota, se cumple. Este lunes 12/6 en tribunales de San Isidro, invitamos a todos al juicio contra Villarreal para que sea condenado por femicidio.



Papá de Natalia Melmann, asesinada y torturada y violada en Miramar el 4 de febrero de 2001
La sentencia (Ricardo Panadero, condenado a perpetua este 17 de mayo, fue el cuarto policía condenado por su femicidio) fue lograda por la lucha y acompañamiento de un montón de personas. Porque la lucha no se abandona, se gana, como aprendimos de las Madres de Plaza de Mayo. Se puede. Es posible.
Thelma Fardin, actriz
Gracias por recibirme en este espacio. La lucha de Marta (Montero, mamá de Lucía Pérez) para mí es muy inspiradora. La primera vez que salí a la calle fue por lo de Lucía. Su lucha me inspira porque tras recibir el caso adverso por una justicia falsa nos dicen “mentirosas”, cuando la mentirosa es ella, la justicia. Te piden pruebas materiales en caso de abuso, como en muchísimos casos, como el de Lucía, como si el cuerpo flagelado no alcanza.En mi caso, tenemos mi testimonio, pero tampoco alcanza. Si no tengo pruebas materiales no alcanza. Organizades es la única salida.


Carlos Aliaga, Jujuy, hermano de Rosita, asesinada en 2015
Pasaron ocho años y el caso sigue impune. No hay ningún detenido. La investigación empezará de nuevo. Hay una luz de esperanza, queremos creer en la Justicia. Pero hasta hoy, hay un asesino suelto en las calles de Libertador, Jujuy. Hay mucha impunidad en Jujuy, muchos casos de femicidio.
Mónica, mamá de Iara Rueda
Mi hija fue asesinada en pandemia, en 2020, engañada. Sale a la ruta engañada para entregar un trabajo práctico. No volvió. No demoramos nada en salir a la ruta ni bien llegamos a casa y vimos que no estaba Iara. No demoramos nada en hacer la denuncia. Si tiene noviecito, te preguntan, si uno le hizo algo, te dicen en la comisaría… Difunda por las redes sociales, te dicen. Los minutos que pasaban cada vez eran peores. Nunca cerraron los perímetros cerca de mi casa. No había una patrulla ni un policía en el barrio esa noche. Pasaron seis días cuando me llaman y me dicen “todo lo que pidió lo va a tener mañana”. Era domingo por la noche, mi hija desapareció un miércoles. ¿Por qué mañana? Porque recién lo aprobaron al otro día, a diez cuadras de casa, en un descampado, apareció el cuerpo: estaba violada y semienterrada. El Estado estuvo ausente con mi hija. En Jujuy estaba el protocolo que debían salir a buscarla de manera inmediata. Estaba cajoneado ese protocolo. Ocho funcionarios terminaron imputados. Pero los premiaron como jueces o jubilados o llevados a otros lugares. Mi hija es un caso bisagra en la provincia porque los organismos por fin se pusieron a trabajar. Porque las familias nos unimos a marchar y así los juicios empezaron a salir. Encontré una frase en el libro de mi hija: “Eres más valiente de lo que crees, más fuerte de lo que parece y eres más inteligente de lo que piensas. Si seguís creyendo tus sueños se harán realidad”. Mi hija tuvo justicia pero nosotras estamos condenadas porque a nosotras nos toca llorar toda la vida.




Majo Herrera, mamá de Camila Cinalli
Nos seguimos preguntando dónde está Camila, desaparecida en 2015. El intendente de Monte lo único que hizo fue llevarme a Tucumán porque tenían una supuesta prueba. Fue mentira. Se venían las elecciones y no querían que se sepa qué pasó con ella. Tardaron cinco días en tomar la denuncia. Me decían que estaban con un noviecito. Mentira, te la roban como un perrito. Todos los días es la lucha. Y es poco el acompañamiento. No queremos más desapariciones ni femicidios.
Mamá de Agustina Fredes, Blanca Osan
A Agustina la asesinó el novio el 25 de abril de 2017. Le dieron 15 años. Quiero que lo condenen por la muerte de mi hija y mi nieto, porque ella estaba embarazada. No murió, como dicen, por el embarazo ectópico: fue violada con fierros de cromo, ahí le dañaron los órganos y mataron a su hijo. Mi hija no murió porque quiso: Matías Acevedo, militar de Mar del Plata, es el responsable.
Alfredo, papá de Carla Soggiu
Mi hija fue violada el 26 de diciembre de 2018 por la pareja. En enero de 2019 desaparece y aparece ahogada en el Riachuelo. Acciona el botón antipánico muchas veces. Tuvieron tiempo para ubicarla con botón que tiene GPS y da la ubicación exacta. Cuatro días después la encuentra personal de limpieza del riachuelo. Hay complicidad policial y judicial. Es mentira lo de la justicia independiente. Es mentira lo de la grieta. Defienden la impunidad de seres oscuros. Pero no vamos a abandonar la lucha. Nunca, mientras respiremos. Y van a tener que pagar los responsables por la muerte de mi hija.
Mamá de Analía Aros
Qué difícil. Qué difícil. Soy Ana Soto. Mi hija fue asesinada el 21 de marzo de 2017 por su pareja. Tuve justicia, es un alivio nada más porque nosotros seguimos el duelo. Su familia. Sus hijas. Hasta el día que nos vayamos de este mundo. Mi única terapia es acompañar a todas las madres que pasan el mismo dolor.




Susana, mamá de Cecilia Gisela Basaldúa
Estamos en representación de nuestros hijos que debieran estar acá. Cecilia tenía 36 años. En 2015 viaja a México para participar del Panamericano de hockey sobre hielo. Siguió viajando por América Latina. En 2019 regresó a Argentina. Me decía mamá, “América está sangrando por la pobreza que hay”. En marzo, iniciando la pandemia viaja a Capilla del Monte para escribir su libro. Llega a Capilla y no tenía lugar para quedarse. El 4-4-2020 es el último día que se comunica. A los días un hombre que la había alojado nos dice que tuvo un brote psicótico. Entramos en pánico, conseguimos permiso y viajamos. El 24 de abril llegamos a la tarde y nos dijeron que habían encontrado un cuerpo. Estaba muerta. La habían estrangulado, violado y asesinado. La policía no la buscó. Ahí comenzó nuestro martirio de buscar, de investigar. Que sigue. Estamos esperando que trabajen de verdad. Ahora hay nuevo fiscal pero desde noviembre hasta hoy, no hicieron nada.
Alfredo, papá de Cecilia Basaldúa
Pasó hace tres años. Vamos a seguir luchando. Queremos que Cecilia descanse en paz. No voy a largar nunca esta lucha. Es lo que tenemos que hacer todos. La policía en Argentina es muy violenta y no está educada. Lo primero que hacen es pegar. Los policías en Capilla del Monte son todos violentos, apañados por el Poder Judicial. La causa de Cecilia fue armada totalmente por la policía. Paula Klem es la fiscal de ahí, comprada por el narcotráfico. Hay un montón de causas armadas. Esas lacras tienen que pagar. Esperemos que esta vez investiguen y dejen de lado la corrupción. Ella me decía «papá, ¿de qué tengo que tener cuidado? Yo quiero ser libre».
Jhonny, papá de Claudia Patricia Tupa Latorre, fallecida el 10 de febrero de este año, mamá soltera de dos hijas
Murió en un local bailable por culpa de regenteadores de ese local. Pido justicia. Hoy la causa está en la fiscalía 62 de Ciudad de Buenos Aires: estamos esperando el examen toxicológico. Hubo envenenamiento. Los responsables son los del local y policías porque el local no estaba habilitado hace tres años. Hay complicidad.
Erika, amiga de Claudia Tuppa
Claudia era una compañera de Polo Obrero, fue asesinada este año, fue encontrada muerta en Joaquín Gonzalez y Rivadavia. no se sabe que hacía en ese lugar. El fiscal Ariel Tapur no hizo nada para investigar el caso. La inoperancia del fiscal nos impide tener justicia.. Ha dejado dos niñas en orfandad. Las amigas, rotas, sin una guía, porque ella era delegada. Hoy es otro día donde se recuerdan estos femicidios tenemos que sumar el de Claudia también.
Familiares de Sofía Fernández
Era una mujer trans que falleció en la comisaría 5° de Pilar. El 8 de abril la detuvieron en una situación confusa. El 10 de abril estaba muerta. En la boca tenía una bombacha y goma espuma. No sabemos más nada. Nos informan que Sofía se suicidó, lo que es totalmente mentira. En un mercado mercantilizado, la justicia quiere llenarse de plata. Debe haber un cambio total para terminar con estas injusticias. Los gobiernos permiten que esto suceda.




Abuela de Chiara Ramírez
Los padres de Chiara no tienen la fuerza para acompañar este camino porque tienen que criar 3 nietas. Mi nieta salió a un cumpleaños, ella no conocía a la mayoría de la gente. Salió a festejar y ante una pelea en el coche se empezaron a enfrentar los chicos y le pegaron un tiro en la cabeza. Salimos a la calle, cortamos rutas, quemamos gomas en la comisaría. La gente nos gritaba “vagos, vayan a trabajar dejen de pedir planes”. No: quiero justicia. Aprendan a defenderse, y no se dejen pegar.
Aixa Greco, hermana de Catherine Greco, asesinada el 8 de julio de 2022 en Cruz del Eje
La encontraron tirada en el piso con signos de ahorcamiento, quebraduras. El asesino está preso sólo porque tenía antecedentes de violencia de género. Borraron toda clase de pruebas en la casa , después empezaron a decir que se había matado. Salió que tenía golpes por todo el cuerpo: tenía raspaduras en la rodilla y signos en las muñecas como que había sido atada. Ahora nos están diciendo que el asesino puede quedar en libertad.
Marta Montero, mamá de Lucía Pérez
Queremos la reparación a las familias, reparación del Estado a cada una de las familias a las que nos matan a una hija. Cada una sabe lo que es levantarnos con los dolores en el alma, pero tenemos que comer. O como a mi marido, que tras treinta años lo echaron del trabajo porque faltaba por la causa. Mi propuesta es esta: queremos reparación, si quieren llamarle jubilación o como quieran; necesitamos una obra social, porque quienes mataron a nuestras hijas tienen todos los derechos: casa comida, médicos, seguro. Nosotros luchamos por las nuestras, lucharemos para que esa reparación exista. Otro pedido: una audiencia con el Procurador General de la Nación. Necesitamos fiscales acordes a la situación que les toque llevar. Si no están capacitados, deben recibir capacitación constante y supervisada. En una causa, si no se toman pruebas se hacen mal las investigaciones, y quienes pierden son las familias. Les agradezco por habernos acompañado, por ayudarnos y a las familias por todo el sacrificio que hacemos todo el tiempo. Todo el tiempo. Costeamos pasajes de familias, hospedajes para juicios… Debe haber Estado presente en tiempo y forma. No elegimos estar en este lugar. Pero estamos acá, desgraciadamente.




Las organizaciones que acompañaron
Sobre el final el micrófono se abrió y las siguientes organizaciones compartieron unas palabras:
· MTR 12 de abril
· Pan y rosas
· Las rojas
· AGD-UBA
· Crculo de amigas feministas
· ATE-CTA Autónoma
· MST
· PSTU
· Movimiento Teresa Rodriguez
· Marabunta
· Isadora – izquierda socialista
· MTL rebelde
· Romina del Plá, plenario de trabajadoras PO.
· Opinión socialista
Nota
El Nunca Más a la violencia patriarcal: foro en Plaza de Mayo

“Este 3J volvemos a salir a las calles” comienza diciendo el comunicado de las Familias de Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones, que convocan este sábado 3 de junio a su primer foro nacional.
Será desde las 12 hasta las 18 horas en Plaza de Mayo. Son más de treinta las familias que promueven la actividad y que compartirán sus experiencias, dolores y lucha durante la jornada. Llegarán desde distintos puntos del país: Mar del Plata, Santiago del Estero, Córdoba, Jujuy y distintos municipios de la Provincia de Buenos Aires.
La jornada incluirá dos mesas de intercambio, una marcha y una gran asamblea para elaborar a cielo abierto un petitorio que se presentará a las autoridades responsables de prevenir y responder con políticas concretas la violencia femicida. El documento se construirá así colectivamente.
El contexto: durante 2023, según el registro del Observatorio Lucía Pérez, se produjeron 139 femicidios y travesticidios que dejaron 76 infancias huérfanas. Y hubo además hasta ahora 133 tentativas de femicidios.
Se hicieron también 140 marchas para exigir verdad y justicia. Sin embargo, se sigue soportando un accionar judicial que alienta la impunidad de estos crímenes atroces. Un ejemplo: el reciente femicidio de la periodista correntina Griselda Blanco, que corre serios riesgos de quedar impune por el desempeño de la fiscalía.
Las actividades, familias convocantes y el documento completo de la convocatoria.
Programación de actividades
12hs: Mesa: Poder Judicial y construcción de la impunidad: las víctimas juzgan al sistema. Qué exigimos.
13hs – 16hs: Inicio de asamblea.
Coordina: Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones.
13.30hs: Marcha de las familias víctimas de femicidios, transfemicidios y desapariciones con organizaciones sociales desde el Av. de Mayo y 9 de Julio hasta Plaza de Mayo para abrazar a las familias. La asamblea recibe a la columna y sigue el debate.
16hs: Mesa: La red territorial que da batalla a la violencia patriarcal. Exposición de las organizaciones políticas y sociales que acompañan a las familias.
17hs. Acción artística
18hs: Cierre con llamada de tambores
Familias que convocan
Norma, mamá de Tehuel de La Torre | Marta y Guillermo, padres de Lucia Pérez | Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa | Marisa y Facundo, padres de Luna Ortiz | Alfredo y Roxana, padres de Carla Soggiu | Laura y Gustavo padres, hermanos y sobrinos de Natalia Melmann | Rodrigo, tío de Marina TripodI | Ezequiel, tio de Katerine Moscoso | Mónica y Juan, padres de lara Sabrina Rueda | Blanca, mamá de Agustina Fredes | Sonia, hermana de Joanna Córdoba I Susana, mamá de Julieta Gonzalez | María, mamá de Camila Cinalli | Noemi, mamá de Lia Martinez | Adriana, mamá de Pilar Riesco | Mariela, mamá de Paola Tacacho | Leticia, mamá de Georgina Grispi | Gabriel, hermano de Gisela Lopez | Matilde, mamá de Camila Peñalba | Analia, mamá de Camila Flores | Fabiana, mamá de Julieta Delpino | Lorena, hermana y tía de Susana, Bárbara, Micaela y Marisol | Marta, mamá de Johana Ramallo | Silvana, mamá de Agustina Fernández | Mónica, mamá de Julieta Ortega | Lisette, hija de Nancy y hermana de Micaela Fernández | Víctor, hermano de Micaela Catán | Graciela, tía de Vivi Altamirano | Alejandro, hermano de Sofi Fernández | Adriana, hija de Paula | Patricia, mamá de Micaela Rascovsky | Oscar, papá de Bárbara Zabala | Susana, mamá de Julieta González | Lorena, hermana de Laura Rivero y tía de Thiago | Mónica, mamá de Alejandra Álvarez.
Comunicado completo de la Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios Transfemicidios y Desapariciones
Este 3J volvemos a salir a las calles, esta vez convocando a una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 y hasta las 18. Las Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones nos proponemos elaborar así, escuchando, reflexionando y elaborando con todas las organizaciones sociales y personas, un petitorio que entregaremos luego a las autoridades responsables de implementar las políticas necesarias para frenar la impunidad y lograr Femicidios Nunca Más.
Soportamos un gran dolor al perder a nuestros seres queridos, pero la carga es todavía más grande porque tenemos que investigar nosotros, presentar pruebas, golpear puertas, exponernos ante violentos y mafiosos porque sea cual sea la fiscalía de turno, nada hacen. En desapariciones y femicidios relacionados con las distintas mafias de los territorios, la impunidad es todavía peor. Sabemos perfectamente que son cómplices y beneficiarios de los negocios ilegales. Es repetitivo en cada una de estas causas la falta de acceso a la justicia, la impunidad y el accionar del Poder Judicial. No sólo no investigan, sino que además intentan ensuciar la memoria de nuestras hijas, responsabilizando a ellas y a sus familias de haberse buscado su destino.
En este tipo de causas las familias tenemos que sacar de nuestros bolsillos y movernos para conseguir, por ejemplo, peritos de parte, ya que los peritos del Poder Judicial fallan a favor de los femicidas y abusadores garantizando la impunidad. Los costos elevados de las tasas al llegar a instancia de Corte Suprema también nos imposibilita acceder a la justicia. Somos familias trabajadoras, de barrios humildes, que tenemos salarios por debajo de la canasta familiar, por lo que dejamos de comer cuando tenemos que solventar todos estos costos ¿Sabe la población que para acceder a un juicio en la Corte Suprema hay que pagar trescientos mil pesos?
Las leyes, como la Ley de Víctimas o la Ley Micaela, son solo cuadros de decoración en las oficinas de las instituciones gubernamentales. Incluso en los distintos ministerios y secretarías de mujeres, que no dan salida alguna a los reclamos que elevamos. Cada vez que trabajan en un expediente, no tienen en cuenta que allí no hay solo papeles, que hay una vida que arrebataron de la peor manera, violentamente, pasando por las peores vejaciones y que detrás estamos las familias que sólo queremos verdad y justicia.
Ponemos en alerta a todas las familias de este país porque la violencia contra mujeres, trans y niñas no va a frenar mientras siga existiendo este régimen de impunidad. Si te matan o desapareces y no pasa nada, nadie va preso, a nadie investigan, nadie te busca. Y si salimos a reclamar, el Poder Judicial vuelve a violentarnos, una y otra vez. La violencia contra nuestras víctimas nunca frena. Esa es la máquina que alienta los femicidios.
No existe ninguna otra forma de conseguir justicia por nuestras víctimas sino es luchando.
Saludamos al gran movimiento de mujeres que nos ha dado el único respaldo que hemos tenido. Las familias nos hemos puesto de pie y no vamos a aceptar más impunidad. Convocamos a que demos esta lucha en unidad, con toda la fuerza.
Este sábado 3 de junio, realizaremos una asamblea y foro a cielo abierto en Plaza de Mayo, desde las 12 hs. El micrófono estará abierto para todas las familias, víctimas, activistas y organizaciones que deseen tomar la palabra.
Ni una menos. Ni una más. Basta de violencia. Basta de femicidios.
Basta de impunidad.
Asamblea Nacional de Familias Víctimas de Femicidios, Transfemicidios y Desapariciones
Nota
Alerta: pretenden dejar impune el femicidio de la periodista Griselda Blanco en Corrientes

La fiscal María José Barrera Sahagun dejó abierta la puerta por la que ingresó la defensa del único imputado para solicitar un juicio abreviado y así quedar libre a pesar de haber confesado un crimen atroz cuyas imágenes conoce todo Curuzú Cuatiá ya que fueron filtradas las fotos de la escena del crimen. El caso no fue caratulado como femicidio ni la fiscal consideró que fuese un delito con un componente de violencia de género. Ahora es César Sotelo, fiscal general de Corrientes, quien tiene en su poder la impunidad o la justicia.
En otro escandaloso giro judicial, la fiscal María José Barrero Sahagún, quien debe investigar el crimen de la periodista correntina Griselda Blanco, dio curso al pedido de la defensa de un juicio abreviado, considerando que el delito que se le imputa a Darío Holzweissigl –único detenido en esta causa– contempla una pena de ocho años de prisión. Berrero Sahagún solicitó al fiscal general César Sotelo que resuelva el pedido de audiencia para formalizarlo.

El pedido de juicio abreviado fue posible dado que la fiscal calificó de homicidio simple ese crimen, ya que no dio por acreditado el vínculo entre la víctima y el homicida, aunque en todas las declaraciones públicas aseguró que habría entre ambos una relación que calificó como “tóxica”. Tampoco tuvo en cuenta las evidencias de violencia que presentaba el cuerpo de la víctima –fue ahorcada con tres vueltas de hilo celeste en su cuello, le clavaron dos veces un cuchillo tramontina en su herramienta de trabajo: su garganta– y no consideró esa saña como agravante. La acusación de la fiscal quedó entonces debilitada como un homicidio simple, lo que abrió el camino para que la defensa realizara este pedido. Al no ser tampoco calificado por la fiscal como un delito con componente de violencia de género, la pena no es de cumplimiento efectivo, por lo cual el imputado puede quedar libre en menos de dos años.
Así la persona que acepta haber cometido ese crimen atroz –cuyas imágenes se filtraron a la prensa y se hicieron virales– estará pronto en las calles de Curuzú Cuatiá: ese es el motivo que desespera a los hijos de la periodista, que fueron expuestos por la fiscal, ya que informó a los medios que fueron ellos quienes aportaron la pista que concluyó con su detención, lo cual tampoco se ajusta a la investigación que realizó la Policía Federal, que analizó cámaras de seguridad y contenidos de celulares, además de las muestras que cotejaron con el ADN del imputado.
El abrupto cierre que quiere darle la justicia correntina a este caso, a menos de diez días de cometido el crimen, deja sin indagar las otras líneas de investigación que deberían profundizarse: las denuncias de amenazas y presiones que realizó Griselda por su tarea periodística y, en particular, las que mencionan la connivencia policial con los boliches bailables por el no pago de adicionales de los agentes que debían cumplir tareas de seguridad en esos locales. El imputado era dueño de uno.
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