Nota
“Nada más que la verdad”: crónicas del juicio a las Juntas Militares de la dictadura
Aquí se reconstruyen algunos de los testimonios de las primeras semanas del juicio, que sirven para comprender el diseño de lo que ocurrió en el país en la época del llamado Proceso de Reorganización Nacional.
Cada declaración se produjo en medio de un pesado silencio en la sala. Los fiscales o los abogados siempre dirigían sus preguntas al presidente del tribunal utilizando fórmulas del tipo: “para que el testigo diga si…” o “para que el testigo explique…”. Estos, a su vez, contestaban mirando al juez. La primera jornada, el 22 de abril, fue acompañada por una movilización de unas 70.000 personas (que evitaron pasar por la zona de Tribunales) convocada por los organismos de derechos humanos. El ambiente político, social y económico incluyó en las primeras semanas del juicio denuncias de Alfonsín sobre supuestas conspiraciones contra la democracia, enlazadas con el llamado a una “economía de guerra” (plan de ajuste acordado con sectores empresarios). Luego se lanzaría el Plan Austral, de estabilización de la economía.
Mientras tanto, por primera vez en su historia el país asistía a un juicio que intentaba remar contra la corriente de impunidad a la que siempre estuvo acostumbrada el poder.
Decretos, chupetes y actos de guerra
Fue el primer testigo del juicio. Italo Luder había sido presidente interino durante el mandato de María Estela Martínez de Perón, en 1975. En aquel momento se firmaron decretos ordenando a las Fuerzas Armadas actuar en todo el país y aniquilar a la subversión. Por eso los defensores de los militares argumentaban que la represión había sido un acto ordenado por un gobierno democrático y legítimo.
Cuando se le preguntó por los alcances del término “aniquilar” que figuraba en los decretos, Luder dijo:
* “Quiere decir inutilizar la capacidad de combate de los grupos subversivos, pero de ninguna manera significa aniquilamiento físico ni violación de la estructura legal que en el país permanecía para derivar todo lo que fuera represión dentro de un marco legal. Los decretos de ninguna manera suponen la represión fuera de la ley. Es simplemente agregar al accionar de las policías provinciales la contribución que podían prestar las Fuerzas Armadas porque era necesario salvaguardar, no solo el orden constitucional, sino la propia vida de la Nación”.
Antonio Cafiero, Carlos Ruckauf, José Deheza y otros ministros de aquel gobierno justicialista, ratificaron lo que había dicho Luder: la orden de reprimir no significaba reprimir ilegalmente.
—————————
El holandés Theo Van Boven declaró el 23 de abril. Había sido director para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, entre 1977 y 1982. Explicó que la organización había recibido denuncias sobre las violaciones a los derechos humanos y que la documentación elaborada por la ONU fue trasladada al gobierno argentino sin que nunca hubiera una respuesta. El doctor Munilla Lacasa (abogado de Galtieri) quiso saber si Van Boven conocía que “las acciones de violencia de las organizaciones subversivas motivaron la represión sobre la que se ha declarado”. Van Boven dijo que sí: “Existía violencia y contraviolencia y personas inocentes que sufrían y morían por ese motivo”.
—————————–
Ese mismo día hubo un testigo muy interesante, por lo que se supo después. El vicealmirante Luis María Mendía volvió sobre el problema del aniquilamiento:
* “El término aniquilar significa destruir, reducir a la nada. El reglamento del Ejército Argentino toma el término aniquilamiento y lo define como el efecto causado al destruir al enemigo mediante acciones militares”.
El fiscal Strassera le preguntó si “aniquilar autoriza a obtener información a cualquier precio, torturando y eliminando físicamente al individuo indefenso”.
Mendía contestó mirando al juez: “No señor presidente, de ninguna manera autoriza ninguna de esas actitudes”.
Mendía fue uno de los oficiales nombrados en 1995 (en el libro El vuelo, de Horacio Verbitsky) por el capitán Adolfo Scilingo. La función de Mendía, como Comandante de Operaciones Navales fue nada menos que la de comunicar a los oficiales con destino en Puerto Belgrano el método que se utilizaría. Así lo narró Scilingo:
* “Mendía dijo en el cine de la base que los subversivos que fuesen condenados a muerte o que se decidiese eliminar iban a volar, y así como hay personas que tienen problemas, algunos no iban a llegar a destino. Y dijo que se había consultado con las autoridades eclesiásticas para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta”.
El método consistió en adormecer a los secuestrados con inyecciones de droga, y tirarlos vivos al mar desde aviones de la Armada y la Prefectura, para que sus cuerpos nunca aparecieran. Sin embargo la marea empezó a empujar a cientos de cadáveres hacia las costas argentina y uruguaya. Hay que tener encuenta que sólo en dos vuelos, Scilingo colaboró en tirar al mar a treinta personas. Había un vuelo semanal, los miércoles. Según ese cálculo, entre 1.500 y 2.000 personas fueron eliminadas de ese modo “cristiano y poco violento”.
(El método relatado en El Vuelo ya se había dado por probado ante la justicia. En la página 228 del Tomo I de La Sentencia figuran las declaraciones de Miriam Lewin, Ana María Martí, Sara Solarz de Osatinsky y Sivlia Labayrú “quienes son contestes en afirmar que los prisioneros trasladados eran drogados y posteriormente arrojados al mar”. Se citan además (página 216) los hallazgos en costas uruguayas y en los balnearios de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Las Toninas de decenas de cadáveres, y de miembros y cabezas de esos cuerpos que habían sido mutilados. Se probó además que los que pudieron ser reconocidos -como el caso de Floreal Avellaneda- habían sido previamente secuestrados por personal militar.)
Pero las revelaciones de Scilingo fueron posteriores. Durante el juicio, Mendía contó otra cosa. Otro caso fue el del almirante Oscar Montes, canciller durante la dictadura, quien dijo no haber recibido ninguna denuncia internacional sobre el tema de desapariciones y violaciones a los derechos humanos. Strassera propuso procesarlo por falso testimonio. (En el juicio quedaron constancia de 3.401 reclamos diplomáticos provenientes de 50 países sobre la suerte de 1.652 desaparecidos. Además, hubo 4.162 reclamos ante las Naciones Unidas).
Otro miembro de la marina, el contraalmirante Salvio Menéndez, aseguró sin titubear ante los jueces: “En la ESMA no había detenidos”.
———————————–
Dos sindicalistas declararon el 24 de abril. El telepostal Ramón Baldassini dijo que no recordaba el caso de ningún sindicalista desaparecido durante la dictadura. En esa época él mismo era uno de los interlocutores sindicales admitidos por los militares y tenía fácil acceso a la Casa Rosada.
-Pero hay un caso muy notorio, y yo creo que al testigo le falla la memoria…- protestó Strassera, refiriéndose a la desaparición del dirigente de Luz y Fuerza Oscar Smith.
Baldassini, sin embargo, siguió con la memoria marchita. En la misma línea se presentó el dirigente de los plásticos Jorge Triaca, quien destacó que pese a haber sido secuestrado irregularmente y trasladado a un buque de guerra sin causa alguna en su contra, recibió “un trato ejemplar” por parte de los oficiales de Marina. Triaca perteneció siempre a las líneas más pro empresistas del sindicalismo, hasta que terminó convertido él mismo en un suculento empresario, ministro de Trabajo en los ’90, y luego involucrado en negocios poco claros como presidente de SOMISA.
————————————
Sobre tratos menos ejemplares hablaron Erik Stover, director de la Asociación Americana de Ciencias, y el antropólogo Clyde Snow. Se refirieron a las exhumaciones y reconocimientos de cadáveres y cómo se detectó el caso de una beba desaparecida, Matilde Lanuscou. La casa de la familia Lanuscou (un matrimonio con tres hijos de 6 y 4 años, y Matilde de 6 meses) fue rodeada por fuerzas de seguridad el 6 de septiembre de 1976. Abrieron fuego. En 1984 se pudo empezar a investigar qué les sucedió. Se supo que los cinco cadáveres fueron catalogados como NN y enterrados en cinco cajones. Al ordenarse la exhumación se encontraron los restos de los padres y dos de los hijos. “En el quinto cajón, el que correspondía al niño más pequeño, no se encontraron restos. Pero sí encontraron el traje de un bebé, una manta y un chupete” dijo Snow. La beba se salvó del fusilamiento. Sus hermanitos de 4 y 6 años no. Ella está desaparecida.
Snow fue responsable, además, del único oscurecimiento de la sala de audiencias al mostrar diapositivas de huesos y cráneos exhumados en tumbas NN o en fosas comunes por los equipos de antropología forense.
——————————-
El almirante francés Antoine Sanguinetti, quien había visitado la Argentina en 1978 enviado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, declaró el 25 de abril. Tuvo reuniones con el entonces ministro del Interior Albano Harguindeguy (quien le anunció que se publicaría una lista de 3.472 detenidos) y con el almirante Massera. Sanguinetti contó que Massera le dijo: “Reconozco que hay en el Ejército grupos no controlados de los que se podría decir que son fascistas, si el término no fuese desagradable, y hay una situación que yo desapruebo, y de la cual rehúso toda responsablilidad; le quito a la Marina y a la Fuerza Aérea toda responsabilidad en esta cuestión. El poder, de hecho, está en manos del Ejército de tierra”.
En la audiencia del 26 de abril, el brigadier Augusto Jorge Hughes, integrante de la última junta del Proceso contestó a un par de preguntas del fiscal Strassera, destinadas a aclarar si en una guerra vale todo, como lo sugerían los militares acusados y sus defensores.
-La tortura de un prisionero desarmado, maniatado y con los ojos vendados, ¿es un acto de guerra?
-La tortura de ninguna forma es un acto de guerra.
-La muerte del prisionero capturado e inerme, ¿es un acto de guerra?
-Negativo.
Un cóctel, una misa y sesenta balas
El periodista británico Robert Cox, quien dirigió The Buenos Aires Herald (diario en inglés publicado en la Capital Federal) había estado tan nervioso el viernes 26 que se postergó su testimonio.
El lunes 29, más calmo, explicó ante el tribunal que lo había desconcertado la primera pregunta que se le hizo: si tenía relación de amistad con los procesados. Habló de una reunión de periodistas con Videla, en los comienzos del régimen: “Todos sentíamos que Videla era un amigo (…). Un amigo no solamente mío, sino de todo el pueblo de la Argentina (…) y recuerdo que cuando salimos comenté con otros periodistas que parecía un hombre maravilloso”.
Pero pronto Cox quedó conmovido, a comienzos de julio de 1976, por el asesinato de los curas palotinos, en la iglesia de San Patricio (Estomba al 1900, en Belgrano). Conviene detenerse en este caso increíble que en parte sirve para entender cómo funcionaban la vida, el poder y la muerte en la Argentina en aquella época.
Tres sacerdotes y dos seminaristas de la orden católica de los Palotinos fuero acribillados la madrugada del 4 de julio de 1976 en la parroquia de la iglesia de San Patricio, en Belgrano. Sus nombres: Alfredo Leaden (60 años), Pedro Dufau (65), Alfredo Kelly (40), Salvador Barbeito (25, quien además era rector del colegio San Marón, en la calle Paraguay) y José Barletti (25).
Su principal actividad pastoral se desarrollaba en la villa de Bajo Belgrano. Los mataron mientras dormían, con los pijamas puestos. Recibieron en total sesenta balazos.
Los asesinos pintaron las paredes: “curas hijos de puta”, y “por envenenar las mentes vírgenes de nuestros jóvenes”, pero eso se conoció después. El día del crimen el comunicado de la Policía contaba la historia oficial:
* “Elementos subversivos asesinaron cobardemente a los sacerdotes y seminaristas. El vandálico hecho fue cometido en dependencias de la iglesia San Patricio, lo cual demuestra que sus autores, además de no tener Patria, tampoco tienen Dios”.
Una interesante definición, teniendo en cuenta que desde el primer momento corrió la versión, casi la certeza, de que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Cox, en el juicio, contó que fue a la misa celebrada al día siguiente en San Patricio en homenaje a los sacerdotes: “Todos los vecinos decían abiertamente que lo había hecho el SIDE” (los servicios del ejército).
A esa misa concurrieron autoridades militares y unos tres mil fieles que desbordaron la iglesia. La homilía del padre palotino Roberto Favre (publicadas por el diario Clarín) demuestran que en aquel momento no todo era miedo y silencio:
* “No puede haber voces discordantes en la reprobación de estos hechos. Tenemos necesidad de buscar más que nunca la justicia, la verdad y el amor para ponerlas al servicio de la paz”.
* “Hay que rogar a Dios no solo por los muertos, sino también por las innumerables desapariciones que se conocen día a día”.
* “En este momento debemos reclamar a todos aquellos que tienen alguna responsabilidad, que realicen todos los esfuerzos posibles para que se retorne al Estado de Derecho que requiere todo pueblo civilizado”.
Dos días antes del crimen de los palotinos, había explotado una bomba colocada por la guerrilla en el edificio de la Superintendencia de Seguridad Federal, dejando 18 policías muertos y 66 heridos. Al día siguiente, como si se tratase de una respuesta, aparecieron 19 jóvenes en un basural, fusilados y con los cuerpos deformados por la cantidad de balazos recibidos.
Esa misma madrugada del 4 de julio un hombre fue ametrallado contra una de las paredes del Obelisco. Su cuerpo fue retirado por la policía y nunca se supo nada más. Las noticias que de modo fragmentado y oscuro podían publicar los diarios, reflejaron la aparición de un total de 54 personas acribilladas en distintos lugares del país sólo durante esa semana.
El fusilamiento de los palotinos mereció el primer documento del Episcopado Argentino enviado a la junta militar, fechado el 7 de julio de 1976, e incorporado por la fiscalía como prueba en el juicio. Su título: “Incalificable asesinato de una comunidad religiosa”. Allí se decía:
* “Graves hechos de violencia han sacudido últimamente y en forma antes desconocida al país. Todos los días la crónica periodística nos trae la noticia de otras muchas muertes sobre las cuales el tiempo pasa y nunca se sabe cómo ocurrieron, quién o quiénes son los responsables”.
* “¿Qué significa todo ésto, qué fuerzas tan poderosas son las que con toda impunidad y con todo anonimato pueden obrar a su arbitrio en medio de nuestra sociedad? ¿Qué garantía, qué derecho le queda al ciudadano común?”
Preguntas sin respuesta para un mecanismo de poder desconocido hasta entonces: el terrorismo de Estado.
(Mucho después, en 1994, el capitán de la Armada Antonio Pernías, habló de los palotinos ante la Comisión de Ascensos del Senado. Pernías perteneció a los grupos de tareas de la ESMA, y defendía su posible ascenso. En una parte de su testimonio -en el que reconoció que los tormentos eran una de las “herramientas” que utilizaban-, dijo algo que flotó como una insinuación: “El caso de los palotinos ocurrió al corto plazo de un atentado en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. No me consta que haya sido obra de la Policía, pero me consta que la Armada no tuvo nada que ver”. Hasta ahora ha sido imposible saber si mintió).
Volviendo al testimonio de Cox en el juicio, contó dos escenas que describen el laberinto del poder en aquellos años:
Escena 1: Al día siguiente del asesinato hubo un cóctel en la embajada norteamericana, celebrando el bicentenario de la independencia de ese país. Cox fue al cóctel tras asistir a la misa en homenaje a los sacerdotes. En la embajada, intentó transmitirle a Videla lo que se decía en la misa: que el crimen había sido cometido por fuerzas de seguridad. Pero al acercarse al militar se arrepintió, y sólo terminó diciéndole “yo lo recuerdo en mis plegarias”. “No sentí que fuera posible referirme a ésto de manera más directa, sin causar una situación embarazosa. El sabía lo que había pasado, esto era al día siguiente del asesinato, estaba en los diarios, así que creo que entendió perfectamente cuando le dije que lo recordaba en mis plegarias”.
Escena 2: Pocos días después Cox se reunió con Pío Laghi, nuncio apostólico (representante del Papa en el país): “Laghi tenía la misma impresión que yo, es decir que ésto (el crimen de los palotinos) había sido hecho por las fuerzas de seguridad, que no era un incidente aislado sino una más de las piezas de ese rompecabezas que iban cayendo en su lugar. Por supuesto, él sabía mucho más que yo, porque había hablado con todos los curas y con todos los párrocos. Y estaba verdaderamente horrorizado. Puedo recordar muy claramente su rostro. Recuerdo con mucha precisión cuáles fueron sus palabras. Me dijo: ‘yo tuve que darle la hostia al general Suárez Mason’ (jefe del Cuerpo I del Ejército, con sede en la Capital Federal). Y me dijo: ‘puede imaginar lo que siento como cura’. Hizo un gesto que no considero apropiado para repetir aquí, ante este Tribunal. Y dijo: ‘sentí ganas de pegarle con el puño en la cara'”.
Esa misa en la que comulgó Suárez Mason fue justamente la que se hizo en San Patricio, en homenaje a los religiosos asesinados, un rato antes del cóctel en la embajada norteamericana. Mientras tanto, los grupos de tareas de las distintas fuerzas seguían haciendo lo suyo.
Otro dato levemente estremecedor es que los sacerdotes fueron enterrados en el cementerio de Mercedes. Pocos metros más allá de sus discretas tumbas se encuentra el mausoleo de la familia Videla.
Pactos de sangre
En otro tramo de su declaración, Robert Cox reconoció también que había traducido al inglés un libro del almirante Massera titulado “Hacia la democracia”: “Lo hice yo mismo por miedo, y para no involucrar a otros periodistas. Y no cobré nada”. Informó que la traducción se le hizo difícil, porque el libro era casi incomprensible. Más allá de sus buenas relaciones con el poder, con el correr de los meses Cox empezó a entender que “en la Argentina se estaba armando un rompecabezas diabólico”. Su diario formulaba críticas cada vez más amplias al régimen militar y a la situación de los desaparecidos. El y su familia comenzaron a ser amenazados (en particular su hijo, de once años de edad) hasta que decidieron abandonar el país.
Cox reveló que otro periodista, Mariano Grondona le había comentado que existía un pacto de sangre entre los militares: “un oficial que quizás siempre había tenido tareas administrativas era llamado para ejecutar a alguien o quizás para cavar una tumba” dijo Cox que le había dicho Grondona, cuya presencia fue inmediatamente reclamada por los defensores.
————————————–
Mariano Grondona declaró días después (el 6 de mayo) convocado por las defensas para intentar desmentir a Cox. Hay que recordar que Grondona había sido uno de los pocos periodistas televisivos permitidos por los militares, y que aún en época del juicio manifestaba opiniones políticas mucho más autoritarias que las que se le conocieron años más tarde. Por eso las defensas confiaban en obtener de él un testimonio favorable. Sin embargo Grondona dijo que la teoría del pacto de sangre “era una versión bastante corrida por Buenos Aires en esos años”.
Además, habló de otros periodistas:
* “Nuestro gremio sufrió muchas bajas, varias de ellas amigos míos. Puedo mencionar el caso de Rafael Perrota, muy amigo mío. Puedo mencionar el caso de Julián Delgado, Horacio Agulla, todos amigos míos”.
Los defensores acompañaron estas novedades con el más sólido de los silencios.
(El caso de Julián Delgado recobró actualidad en 1995 cuando su esposa, María Ignacia Cercos de Delgado, reveló sus conversaciones con Pio Laghi, tema que se trata en detalle más adelante junto a otro dato que Grondona omitió en su declaración: el relato de su propio secuestro).
———————————-
Otro tiro por la culata resultó ser el director del diario conservador La Prensa, Máximo Gainza, quien recordó que el capitán Corti, de la secretaría de Prensa del régimen militar, les avisó que no se debía publicar ninguna noticia relacionada con operativos de la subversión o de la antisubversión: “Se le pidió la orden por escrito, cosa que hizo llegar al día siguiente. Esa orden se publicó en la página uno del diario para que los lectores supieran cuál era la razón por la cual faltaba la información”.
Gainza reveló que en la redacción de La Prensa se recibían gacetillas de los Montoneros, pero uno de sus periodistas pudo ver que ese material era ensobrado en la SIDE.
También recordó que el hijo del periodista Rafael Perrota pagó 80.000 dólares de rescate por su padre. Creía que lo habían secuestrado delincuentes comunes, pero en realidad Perrota estaba en los centros clandestinos de la policía bonaerense. Nunca apareció. Otras definiciones de Gainza sirvieron para comprender el clima de la época militar, y poco ayudaron a los defensores.
* “A comienzo del gobierno, el Proceso contó con el beneplácito de un enorme sector de la población, no sólo política sino civil también. Podría agregar que la actitud del diario de publicar en el año ’78 dos páginas completas, en un espacio de publicidad, donde figuraban alrededor de 2.700 desaparecidos, la repercusión que ese hecho tuvo fue que aproximadamente diez a veinte mil lectores del diario dejaran de leerlo (La Prensa tenía entonces 60.000 lectores) porque no estaban de acuerdo con la prédica del diario, que es lo que la Constitución establece: en un país civilizado se debe juzgar. Y si es necesario, se fusila. Pero no se hace desaparecer a la gente”.
* “No quiero engañarme si digo que me sorprende la cantidad de gente que hoy en día pretende no haber sabido nada de lo que ocurría en esos años. Si no lo sabían es porque no lo querían saber”.
———————————
Poco después se ubicó frente al micrófono la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú. El abogado de Massera, Jaime Prats Cardona, hizo una rara pregunta dirigida a demostrar que en realidad los culpables no eran los militares, sino sus víctimas:
Prats Cardona: -Si la testigo conoce, por circunstancias de relación familiar o personal, que algún inocente haya sido perseguido en la lucha antisubversiva, indicando nombre y apellido.
Ruiz Guiñazú: -Me permito hacer otra vez mención a los niños desaparecidos, para no hablar de tanta gente a la cual también la mandaron con disculpas a su casa después de haberla torturado. Esos 172 chicos que desaparecieron, ¿eran terroristas?
No se escuchó respuesta alguna.
El parto y la vajilla del té
Adriana Calvo de Laborde fue la primera víctima directa que declaró en el juicio. Contó su caso sin estridencias, paso a paso. Era licenciada en Física y trabajaba en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata. El 4 de febrero un grupo armado la detuvo en su casa y la llevaron a un centro de concentración clandestina de detenidos.
No veía, pero oía cómo torturaban a otras personas. Estaba embarazada de seis meses. Recorrió varios centros similares, todos en órbita de la policía bonaerense, cuyo jefe era el coronel Ramón Camps.
En uno de esos traslados, el 15 de abril, le taparon la cabeza con un pulóver, la tiraron al piso del coche y la iban pisando mientras le anunciaban que la iban a matar.
* “Yo estaba por tener familia. Iba acostada en el auto, los ojos vendados y las manos atadas atrás. Ellos me insultaban. Les decía que estaba por nacer mi criatura, que no podía aguantar más, que pararan, que no era mi primer hijo, que yo sabía que estaba por nacer. El que manejaba y el que lo acompañaba se reían, me decían que era lo mismo, que igual me iban a matar, que iban a matar al chico, que qué me importaba. Por fin, yo no sé cómo, alcancé a sacarme la ropa interior para que naciera, realmente no lo recuerdo. Les grité. Ibamos a toda velocidad por la ruta que une La Plata con Buenos Aires. Iba el auto a toda velocidad y yo les grité “ya nace, no puedo más”. Y efectivamente nació, nació mi beba”.
* “Pararon en la banquina. Estábamos exactamente frente a los laboratorios Abbot. Mi beba nació bien, era muy chiquita, quedó colgando del cordón, se cayó del asiento, estaba en el piso. Yo les pedía por favor que me la alcancen, que me la dejaran tener conmigo. No me la alcanzaban. Con un trapo sucio ataron el cordón y seguimos camino. Habían pasado tres minutos. Mi beba lloraba, yo seguía con las manos atrás, seguía con los ojos tapados. No me la querían dar, señor presidente. Ese día hice la promesa de que si mi beba vivía y yo vivía, iba a luchar todo el resto de mis días para que se hiciera justicia”.
———————————
Jacobo Timerman declaró el 3 de mayo. Había sido director del diario La Opinión, que impulsó y aplaudió el golpe del 24 de marzo de 1976 (incluyéndose en el “consenso” del que gozaron los militares en ese momento). Correr de las semanas comenzaron a publicarse noticias sobre muertes, secuestros y hábeas corpus de personas que habían desaparecido. Recordando esa época, Timerman mencionó sus reuniones con el ministro Harguindeguy, y relató que un capitán de apellido Bonino, y luego el almirante Massera, le habían dicho que “no se puede fusilar contra el Papa”, una justificación implícita de las desapariciones. Bonino, dijo Timerman, le confesó que se tiraba gente al mar.
Los hábeas corpus siguieron publicándose, hasta que el 15 de abril de 1977 secuestraron a Timerman de su casa, de donde robaron también diversos objetos. Lo llevaron en auto, fue sometido a un simulacro de fusilamiento y lo derivaron a la jefatura de la policía bonaerense. Luego fue trasladado a otro centro clandestino, “Coti Martínez”. Contó que mientras lo torturaban un médico le auscultaba el corazón y le revisaba las encías, donde le habían aplicado picana eléctrica. Los interrogatorios, dijo, eran dirigidos por el propio jefe policial bonaerense, el coronel Ramón Camps:
* “Las primeras preguntas fueron si yo era judío, si era sionista. Yo reconocí eso, reconocí que era socialista y esa combinación de ser judío, sionista y socialista, probablemente despertó su imaginación totalmente paranoica y nazi de tener el gran juicio ante una persona que confiesa esos crímenes”.
En ese lugar Timerman vio a Ramón Miralles (ministro provincial durante el gobierno peronista) y al periodista Rafael Perrota (el mismo por el que los policías le cobraron 80.000 dólares de rescate al hijo): “Estaba completamente loco, muy golpeado, desvariaba”.
Mientras tanto el rabino de Timerman, Marshall Meyer, se reunía con Videla: “Usted es un hombre religioso, y yo soy un hombre religioso, soy incapaz de hacerle mal a nadie. Timerman está siendo juzgado legalmente, y si es inocente será puesto en libertad”, le dijo Videla a Meyer.
Timerman fue juzgado ante un tribunal de guerra como imputado en el llamado Caso Graiver (se investigaba si el banquero David Graiver, ex socio de Timerman, había manejado dinero de la guerrilla). Luego fue puesto a disposición de la Junta Militar pero la Corte Suprema (durante la propia dictadura) determinó que no había acusación que formularle. Timerman perdió la ciudadanía y fue expulsado del país. Le expropiaron La Opinión, que fue convertido en un diario del régimen.
———————————-
Fue presidente de la Nación de otro gobierno golpista, a comienzos de los ’70, antes del retorno de Juan Domingo Perón a la Argentina. El general Alejandro Agustín Lanusse contó que ya durante el Proceso tuvo una reunión con Massera para hablar sobre el caso de la diplomática Elena Holmberg, quien había sido secuestrada y luego apareció asesinada flotando en el Rio Luján. Aparentemente, Holmberg tenía datos precisos de una reunión que Massera había mantenido en Francia con la cúpula del grupo guerrillero Montoneros y su intención de revelar esa información la llevó a la muerte. Lanusse dijo que Massera había reconocido que el secuestro y ejecución “se había hecho con conocimiento y autorización de la Junta pese a que él (Massera) no estaba muy convencido de su resultado”.
El ex presidente dijo algo más:
* “Qué se puede hacer con un Ejército en el cual los oficiales andan en coches robados, en allanamientos, y las familias de los oficiales toman el té en vajillas robadas en los procedimientos”.
El capitán que no quería mentir
En julio se produjo un testimonio asombroso, con el relato de parte de lo que ocurría dentro de la ESMA, pero contado por un marino (algo similar a lo que ocurrió con Scilingo diez años después).
El capitán de fragata retirado Jorge Búsico fue jefe de la División Estudios de la Escuela de Mecánica de la Armada entre 1976 y comienzos de 1977.
Contó que en antes del golpe, en febrero de 1976, “hubo charlas donde se nos dieron instrucciones acerca de la detención de funcionarios del gobierno”. A Búsico le tocó intervenir el 24 de marzo de 1976 en el apresamiento de Pedro Eladio Vázquez, ministro del gobierno de María Estela Martínez de Perón.
Lo acompañaba el subdirector de la ESMA, Salvio Menéndez (el mismo que había declarado en las primeras jornadas del juicio, sin tituberar, que “en la ESMA no había detenidos”). Vázquez estaba en su departamento de la calle Malabia. Abrió la puerta, y Búsico se presentó ante él (con rango, nombre y apellido) explicándole que lo llevaría detenido. Vázquez pidió unos minutos para preparar una pequeña valija.
* “Cuando Menéndez se dio a conocer, dio un nombre falso, lo que me desconcertó. Y cuando nos retirábamos, me reprendió por haber dado mi verdadero nombre. Así me entere yo de que no había que usarlo”.
Después de ese episodio, Búsico cuestionó el procedimiento ante el jefe de la ESMA, Jacinto Chamorro, lo que produjo que lo alejaran de las actividades de los grupos de tareas. De todos modos, el capitán veía cómo automóviles que no pertenecían a la dotación de la ESMA salían todas las noches del lugar:
* “Cuando volvían traían a encapuchados dentro de los autos. Y nunca vi salir a ninguno”.
El capitán relató también que desde la ESMA se pedía “zona libre” o “área libre”: se avisaba a la policía o al Ejército que algún grupo de tareas iba a operar en determinado lugar, para que no fuera interceptado (como no usaban uniformes, podían ser confundidos con guerrilleros; de paso, si un vecino denunciaba algo, la policía no intervenía hasta que los paramilitares hubieran concretado el secuestro).
En la ESMA Búsico también vio una gran cantidad de muebles “de neto corte civil” dijo con su lenguaje militar, y supo que eran “fruto de la lucha contra la subversión”.
¿De qué se hablaba en la ESMA? Búsico nunca fue llevado a las dependencias donde había desaparecidos, pero pudo contar lo que se decía en la ESMA: “Se hablaba mucho de la máquina (la picana) pero a mi se me hizo increíble que oficiales de la Armada hicieran eso. Había una nueva jerga. Se hablaba de “chupar” (secuestrar), “tabicar” (mantener encapuchado) o “mandar para arriba”, lo que hacía evidente la ejecución de alguien.
Y llegó una confesión: “Yo me siento cómplice de todo eso. Creo que colaboré con mi silencio. No tuve el valor necesario para hacer las denuncias. El clima que se vivía era como para no arriesgar opiniones francas. Allí adentro la vida no tenía ningún valor. Cualquiera fuese la vida que se tratase”.
De la ESMA Búsico fue enviado al portaviones 25 de Mayo como segundo comandante. Siguieron sus cuestionamientos. Su relación con el arma ya era irreparable. Le negaron ascensos, se divorció, lo acusaron de “inestabilidad emocional” y de “derivar responsabilidades”. Terminó pidiendo el pase a retiro.
Le pasaba lo contrario que a muchos de sus camaradas. Siendo inocente, nunca pudo dejar de sentirse culpable.
Los lápices y el teatro
Durante los cuatro meses de audiencias en la sala hubo un solo tuteo, y una sola vez la risa lo invadió todo.
* El tuteo ocurrió cuando María Verónica Lara relató minuciosamente cómo habían sido secuestrados en Córdoba su madre y su padrastro. María Verónica se quedó con sus tres hermanitos menores cuando sus padres desaparecieron. Ella tenía siete años en ese momento. Recordaba cosas de aquella noche. Las armas muy grandes, las botas negras, los pantalones azules, sus padres con los ojos vendados. El día que declaró, María Verónica cumplía 16 años. El juez D’Alessio, tras oir su testimonio, le dijo: “Podés retirarte, tu testimonio ha terminado, muchas gracias”.
* La risa mayor del juicio llegó por otra forma de inocencia. Antonio Ciccone, italiano de acento cerrado, víctima de cierta sordera, fue llamado a declarar por la desaparición de Pablo Fernández Meijide. Había sido portero del edificio de la familia, y presenció el operativo. El caso había sido descripto por Graciela y Enrique Fernández Meijide. La sala estaba hundida en el horror de lo que se había escuchado. El testimonio de Ciccone, como tantos otros, servía para completar el caso presentado por la fiscalía.
Pero al ser llamado, Ciccone entró en la sala y se cuadró ante los jueces, como un soldado. Esto produjo asombro. Le preguntaron si conocía las generales de la ley y don Antonio, que nada oía, seguía firme. Empezaron algunas carcajadas. Le pidieron al secretario de la cámara que le leyera las generales de la ley. Un rato después el juez Torlasco le preguntó: “¿Terminaron?”. López contestó: recién estoy empezando”. Todos estaban tentados. El juez Arslanián salió de la sala antes de estallar en carcajadas. Pero el gran momento ocurrió cuando se le pidió a Ciccone que se acercara más al micrófono, y él respondió poniéndose el micrófono en una oreja. Fue el final de la audiencia. El juez Torlasco no podía emitir palabra. Los fiscales y los defensores, por primera vez, estaban unidos en algo, enjugándose las lágrimas de la risa. El juez Ledesma salvó la situación ordenando un cuarto intermedio. Fue el momento de mayor distensión del juicio, el más estentóreo. Ya no volvería, salvo en la conmoción que provocaría el fin del alegato del fiscal Strassera.
—————————-
Otros casos y testimonios que fueron pasando por la sala de audiencia, seguían destapando la verdad de aquellos años.
-Nélida Sosa de Forti, secuestrada junto a sus cinco hijos de un avión con los motores en marcha. Los llevaron a un centro clandestino conocido como el Pozo de Quilmes. La mujer desapareció. Sus hijos fueron abandonados en Parque Patricios por las fuerzas de seguridad, con las manos atadas a la espalda y los ojos vendados. Tenían 16, 13, 11, 10 y 8 años.
-La noche de los lápices, el secuestro y desaparición de siete estudiantes secundarios que reclamaban el boleto escolar gratuito en La Plata, en julio de 1976. Tenían entre 16 y 18 años. Sólo uno reapareció con vida.
-Mansión Seré, la casa de la Fuerza Aérea en Ituzaingó que se utilizaba como centro de detención y torturas.
-Hablaron las víctimas. Por ejemplo Alberto Maly contó que en la Brigada de Quilmes, además de picana en todo el cuerpo, lo quemaban con cigarrillos, bajo vigilancia de un médico que cada tanto lo revisaba y decía “todavía pueden darle”.
-El docente Alfredo Bravo (luego diputado socialista) relató su secuestro de la escuela para adultos de Rivadavia al 5200, el 8 de septiembre de 1977. Mientras tomaba lista se presentaron dos hombres de civil, lo amenazaron con un arma (también a los alumnos), lo obligaron a quitarse el guardapolvo y se lo llevaron en un Renault 4, donde había otro hombre. Le vendaron los ojos y al rato se detuvieron. Simularon fusilarlo. Discutieron: “Decían que no me podían matar ahí porque no habían traído el combustible ni las gomas necesarias para quemar, porque los subversivos dan mal olor y entonces había que neutralizarlo con esos elementos”.
La subversión de Bravo consistía en ser secretario general de la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y co-presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos: “Era el único integrante de la Asamblea a quienes ellos habían podido agarrar, porque no iban a hacer esto con la doctora Alicia Moreau de Justo, que era una persona de edad y apenas la tocaran se iba a desarmar. Tampoco iban a hacer est acción contra monseñor De Nevares porque era meterse en un problema muy grave con la Iglesia. Lo mismo con los tres presidentes ejecutivos que eran el obispo Gattinoni, que representaba a la Iglesia protestante, y Eduardo Pimentel, que pertenecía al Partido Demócrata Cristiano”. Bravo fue torturado (las preguntas eran referidas a la APDH) y vio a Ramón Camps quien le anunció que sería “legalizado” (pasado a un régimen de prisión oficializada): “Usted va a tener comunicación con sus familiares. Pero si cuenta lo que ha pasado, se suicida en la celda”, le informó.
——————————-
El sacerdote Emilio Grasselli, secretario privado del vicario castrense Adolfo Tortolo, reveló que había recibido unas 2.500 denuncias de desapariciones de personas. Reconoció que había personas detenidas ilegalmente por el Ejército (aunque dijo que él no había entrado a ningún centro clandestino). Entre otros casos, consiguió visas para nueve desaparecidos en la ESMA, que viajaron a Venezuela con pasajes y documentación proporcionada por la Armada. Eran supuestos “quebrados” que la Armada suponía haber “reeducado” para convertirlos en colaboradores de los militares. También consiguió visas y documentos para que los chiquitos Forti pudieran reunirse con su padre en Venezuela.
Ya en 1995 el periodista Horacio Verbitsky reveló que mientras Grasselli realizaba estas gestiones en favor de algunas de las víctimas, mantenía relaciones con la cúpula militar al extremo de venderle a un grupo de tareas de la ESMA la isla “El Silencio”, en el Delta. Allí se instaló un campo de concentración donde se escondió a los secuestrados que permanecían en la ESMA durante 1979, cuando visitó Buenos Aires la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nadie en la Iglesia se pronunció sobre semejante transacción. Como en el caso del nuncio Laghi, Grasselli fue de los religiosos que osciló en el sombrío y silencioso filo de una navaja, entre los militares y algunas de sus víctimas.
Volviendo al testimonio de Grasselli en el juicio, Strassera le preguntó si las denuncias que había recibido podían ser fruto de una campaña organizada por subversivos. El sacerdote contestó:
* “Ustedes están recibiendo testimonios en este recinto de hechos ocurridos ocho años atrás. Lo que ustedes escucharon yo lo escuchaba a las pocas horas, pocos días, y le aseguro que en esto no puede haber ninguna clase de teatro”.
Nota
El gobierno en una foto: los dueños de la Argentina
La foto y las sonrisas podrían ser un emblema de la época. Ocurrieron el 17 de diciembre de 2024 en el hotel Palacio Duhau-Park Hyatt. (Por Sergio Ciancaglini)
De creerse en los trascendidos a la opinión pública, el ministro Luis Caputo, alias Toto, dio cuenta en ese almuerzo de un pollo al horno con puré. Es un plato difundido en estas curiosas tierras, que tal vez Caputo no encontró en fugas anteriores, desparramado en playas cariocas tras “fumarse” 15.000 millones de dólares de reservas “irresponsable e ineficientemente”, según lo denunciaba el entonces panelista televisivo Javier Milei.
En la foto se ve al actual ministro de Economía junto una serie de personas que en cualquier otro ámbito podrían ser confundidas con jubilados salvo por los trajes, las cuentas bancarias y las prótesis: Luis Pagani de Arcor (primer productor mundial de caramelos y otros productos que no aplican como alimentos); Héctor Magneto de Clarín (que definió a la presidencia de la Nación como “cargo menor”, aunque luego lo desmintió sin éxito ante la versión original del maestro Chiche Gelblung); Sebastián Bagó de los laboratorios ídem; Federico Braun de La Anónima (quien reconoció que lo suyo es “remarcar todos los días” como actitud ante la inflación); Alejandro Bulgheroni (de Pan American Energy); Cristiano Rattazzi (reconoció que gracias a las actuales políticas la gente come menos carne, pero él también, mezclando pobreza con tips vegetarianos); Carlos Miguens del grupo ídem; Paolo Rocca de Techint, instalado financieramente en la guarida-ducado de Luxemburgo para no pagar impuestos; y Jaime Campos de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) promotora del encuentro y diversas actividades cobijadas en una metódica penumbra. No estaba el presidente: no hacía falta.
Había otras mesas que reunieron un total de treinta y tres comensales, tres de ellas mujeres. Había un Blaquier, un Roggio, un Pérez Companc, un Roemmers, y hasta un Duhau (no Park Hyatt), entre tantos. No estaba el más rico, Marcos Galperín, un Elon Musk all uso nostro, emigrado al Uruguay para aliviar impuestos, quien de todos modos fue designado en la Mesa Ejecutiva de AEA junto a Magneto, Pagani y Rocca, por ejemplo.
Había allí más riqueza reunida que la que posee en conjunto gran parte de las millones de personas del país que intentan seguir aferradas a una supuesta pirámide social que no derrama hacia abajo dinero y bienestar sino escombros y residuos. Afuera del hotel, cuentan, había gente ansiosa por ver qué pasaba dentro. No por AEA, sino por la posible aparición ante sus fans de Luis Miguel, huésped del lugar e intérprete de canciones que entre estos adultos mayores podrían haber encontrado coro. Por ejemplo, “Dame”.
Antiguamente se mencionaba a este tipo de personas como dueños del país, capitanes de la industria y otros epítetos menos glamorosos. Hoy muchas de esas empresas están trasnacionalizadas y los ex dueños mutaron a CEOS. Había en otras eras emblemas como Franco Macri y Carlos Bulgheroni. Este último, fallecido en 2016 a los 71 años tras convivir desde los 28 con un cáncer de ganglios, es un símbolo: negoció con todas las dictaduras, con gobiernos democráticos, con Occidente, con China y hasta con los talibanes por un gasoducto de Las Mil y una noches, que jamás llegó a construir. Se le conocen pocas frases: “Somos los cortesanos del poder”, y “Los gobiernos pasan, nosotros quedamos” entre las icónicas.
Los comensales del Duhau tomaron lo que Bulgheroni y también el Macri originario enseñaron. Al menos desde los tiempos de la dictadura lograron que los gobiernos les entregaron todo o casi. Muchos se enriquecieron inoxidablemente gracias al Estado, y supieron enriquecer a militares y funcionarios con los porcentajes correspondientes. Pero a estos empresarios nada, nunca, les resultó suficiente: “Será que no me amas” cantaría el huésped del Duhau. Los gobiernos pasan, ellos quedan. Para la población los resultados de tanto poder acumulado por estos señores en las últimas décadas están a la vista.
Según las crónicas más serias (La Nación, por ejemplo, que tenía entre los convidados a Julio Saguier, presidente del directorio del diario), el ministro Caputo “contó que la genialidad fue bajar la tasa de interés”.
En el marco del autopercibido mejor gobierno de la historia, las palabras de ese coloso rock star trasuntan cierto nerviosismo oficial, un trastorno obsesivo compulsivo de alabarse a sí mismo. Pueden parecer reacciones diagnosticadas por un conocido refrán español: “Dime de qué presumes, y te diré de qué careces”. El gobierno presume de un éxito económico inigualable, de un apoyo social inédito, de un crecimiento económico deslumbrante. Lo mismo ocurrió en su momento con otras experiencias como las de Martínez de Hoz, Menem y Macri, por poner una letra.
El autoelogio oficialista deberá confirmarse o no más adelante, de acuerdo a los designios a veces astrológicos de la familia gobernante y su entorno, que evocan también a otra etapa que se autopercibía como exitosa, comandada por José López Rega (a) el Hermano Daniel, promotor de la idea de Argentina Potencia, del Rodrigazo y recordado, además, por la creación de la Alianza Anticomunista Argentina (o Triple A).
Volviendo al Duhau, los invitados dijeron a Caputo a través del señor Campos lo que repitieron de distintas formas a todos los gobiernos anteriores:
“La AEA, conformada por empresarios que lideran empresas muy importantes de nuestro país, quisiera expresarle hoy el compromiso de todos sus miembros de trabajar para que la Argentina deje atrás décadas de estancamiento y se encamine definitivamente en la senda del desarrollo económico y social”.
La pregunta podría ser: ¿quién les pide tanto? ¿O será como tantas veces, un oficialismo producto del viento a favor, para finalmente descartarlo? Por ahora, solo sabemos que terminó una parte del juego que continuará en este 2025. Tiempo para desearnos un feliz año, aunque esta vez –con todo tan dado vuelta– podría ser prudente plantearlo al revés: que todos tengamos un zilef oña.
Nota
Detienen a una integrante de la asamblea de Famatina por desplegar una bandera
La presión social hizo que la liberaran a las tres horas y sin ninguna causa. Su detención ocurrió ante la llegada del gobernador Quintela a un evento pro minero, cuando Jenny Luján, docente integrante de la asamblea de Famatina, intentó desplegar una bandera que decía “El Famatina no se toca”. La política detrás del intento de volver a instalar proyectos en la provincia. La postura de las asambleas. Cómo fue el episodio y cómo se organizan las y los vecinos que defienden el medioambiente y la vida, en medio de RIGI locales, tejes de corrupción y una política partidaria en contra del pueblo: “Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos”. Hoy Jenny denunciará al gobierno por detención ilegal y vulneración del derecho a la libre expresión y protesta.
Por Anabella Arrascaeta
Jenny Luján era docente en Famatina, La Rioja, cuando en 2006 empezó a hablar con sus estudiantes y otras colegas sobre minería. Ese mismo año, ella junto a otras personas, crearon la Asamblea de Famatina que describe su eficacia hoy así: “Fue creciendo de tal manera que hace 18 años no tenemos minería en Famatina, la gente está muy orgullosa, aumentó el turismo en la zona y en el proceso recuperamos nuestras identidades ancestrales”.
Ayer, fue desde donde vive actualmente, Chilecito, hasta la localidad de Villa Castelli, departamento General Lamadrid, para protestar junto a otros asambleistas, vecinos y docentes en el acto que el gobierno difundió como Multisectorial Actores del sector minero en La Rioja, donde nueve empresas mineras proponían informar sobre proyectos en la provincia.
Cuando llegó el gobernador Ricardo Quintela, Jenny intentó desplegar una bandera que decía: “El Famatina no se toca”; pero la policía la rodeó para que no pueda hacerlo. Entonces ella gritó con fuerzas: “La cordillera no se toca, el agua es para los pueblos”. Automáticamente fue detenida, abrazada a su bandera, y llevada por tres horas a la comisaría local. El gobernador le dedicó unas palabras en el acto, cuenta ella: “(Quintela) dijo que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Pero nosotros sabemos que es un desastre”, cuenta hoy Jenny ya desde su casa, en libertad, gracias a la enorme presión que ejerció la asamblea, que sigue protestando.
“Nosotros ya estamos acostumbrados, y siempre que vamos y hacemos este tipo de actividades vamos preparados”, sigue Jenny. “Siempre digo: hay que llevar un calzón por si te detienen. Y sabemos además que cada vez que pasa esto es un efecto bumerán para el gobierno: tiene una repercusión a nivel de la gente que se le vuelve en contra”.
¿Qué fue lo que pasó?
Desde hace tiempo que el gobierno viene profundizando las políticas mineras, sobre todo de extracción de litio. En el último tiempo hubo presión de la Cámara Minera, de las empresas y de los medios que empezaron a fogonear el tema, todo en el contexto en el que Quintela quedó en el aire: se lleva mal con Milei y quedó afuera de la interna PJ. Entonces lo que hace es ver de dónde saca dinero para pagar deudas que tiene la provincia y por eso generaron este encuentro con la excusa de informar a las comunidades de que se trataban los proyectos de las nueve mineras. Se suponía que iba a ser abierto, todo un verso hermoso. El tema es que no fue un encuentro para eso, fue para visibilizar que en La Rioja se están haciendo cosas por la minería. Lo hicieron en un lugar que fue una provocación, un lugar ancestral, ahí se juntaron 500 más o menos entre mineros, funcionarios del gobierno provincial, local, y mucha policía. Nosotros éramos 15 personas, de asambleas, vecinos e integrantes de AMP, la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja. Lo que veíamos es que no había pueblo. Estaba todo ornamentado: pantalla, sillones, mesas, alfombras.
¿Ustedes iban a participar del evento?
No, nosotros no nos acreditamos, obviamente, porque no estamos de acuerdo. Desde que fuimos transitando en la ruta nos pararon varias veces, nos revisaron absolutamente todo, nos trataron con prepotencia. Llegamos al lugar, sacamos fotos, y nos quedamos afuera. Aunque es un centro ancestral, está en el medio del campo, alrededor hay piedras y nativas nada más. El estar afuera daba lo mismo: se veía absolutamente todo. Estábamos muy marcados por la policía, que había mucha, entonces teníamos como estrategia que cuando se baje el gobernador íbamos a despegar una bandera.
¿Y cuando llegó el gobernador qué pasó?
Se bajó el gobernador, se bajó la vice, la policía nos había dicho que no digamos nada, que no gritemos nada. Y cuando intento abrir la bandera me abrazan tres o cuatro policías, y no me lo permiten. Entonces, como la consigna tenía que estar, grito: la cordillera no se toca, el agua es para los pueblos. Eso puso muy furiosos no solo a los policías, sino también a los funcionarios que gritaban “llevenla de acá”.
¿El gobernador qué hizo?
El gobernador entró. Después dijo que no se enteró, que iba a interceder para que me liberen. Me dedicó un mensaje de discurso: dijo que esa “señora grande de edad”, quería decirme que me quede tranquila, que la minería que van a hacer es responsable, que se van a encargar de controlar todo. Cuando sabemos que es un desastre.
¿En ese momento te llevaron a la comisaría?
Me subieron a un patrullero, y no arrancaba. Así que me pasaron a otro. Mientras tanto, los gritos: “llevala rápido”. Llegué a la comisaría y me dijeron que estaba detenida. Me quisieron sacar la bandera, la cartera, dije “no, hasta que no tenga el acta de detención no entrego nada”. Después me dijeron: “no está detenida, está demorada”. El comisario estaba en el circo con el gobernador. Me hicieron el acta de contravención, cuando lo leyeron decía que era por resistencia a la autoridad policial y alteración del orden público; la hacían muy lenta, para tardar. La sanción era pagar una multa o hasta detención 30 días, yo le dije no voy a pagar ninguna multa, esos delitos no los cometí. Mientras, estaban saturados los teléfonos de compañeros y compañeras de todo el país. La gente se empezó a juntar afuera de la comisaría. Había presión. Y decidieron a último momento que dejaban sin efecto la contravención y que me vaya. Les avisé: voy a hacer una denuncia por detención ilegal, por vulneración del derecho a la libre expresión y protesta, y por violencia verbal de la policía. Estuve desde las 10 de la mañana hasta 13.30 de la tarde. Cuando bajé de ese pueblo a la fiscalía, ya eran las tres de la tarde y no había nadie, después vine a Chilecito. Mañana voy a ir a la fiscalía.
En clave de lo que pasó: ¿Cómo lees el panorama político de la provincia gobernada por la oposición nacional pero a su vez impulsando estos proyectos?
Quintela hace 2 años aprobó una ley declarando al litio “mineral estratégico”, y lo que dice es que él quiere explotar la minería dando un valor agregado a la provincia y que haya derrame para el pueblo. No adhirió al RIGI, pero tiene su propio RIGI. Él usó la lucha del Famatina para llegar al poder, para acumular partidariamente, como muchos: no es el único, lo hicieron de todos los partidos. Pero dentro de lo que hay de la provincia, es lo mejor, mirá lo que te digo: así de terrible es esto. Del otro lado está Beder Herrera, ex gobernador de la provincia que impulsó la minería desde 2006 en adelante, por eso nacimos nosotros como Asamblea; Martin Menem, que ya sabemos; Angel Maza, que es ex gobernador de la provincia y es uno de los asesores creadores de las leyes mineras que se impulsaron en la época que fue presidente Carlos Menem, cuando él estaba como Secretario de Minería. Ni hablar del radicalismo, que está totalmente mileinisado, derechosos, apoyan fuertemente las políticas de Milei. Y bueno, el PRO. Todo es terrible, no estamos teniendo dirigentes en la provincia que den otro horizonte. Hay un partido que viene tomando fuerza, trabajando con las organizaciones, pero es muy difícil en estas provincias donde el peronismo y el feudalismo tiene raíces profundas. Entonces es Quintela, que es terriblemente demagogo, llega a mucha gente y da soluciones que son muy pequeñas pero que resuelven cosas en lo cotidiano, mientras tanto la corrupción viene generando nuevos ricos políticos de manera bochornosa. Es obsceno. Tenemos funcionarios del gobierno que ya son dueños de pedazos enteros de la provincia.
Y en ese contexto, las Asambleas, ¿cómo están?
Las asambleas son muy respetadas y muy creíbles, porque vienen teniendo coherencia desde hace 18 años. A pesar de que hubo algunos referentes asamblearios que disputaron el poder partidariamente y lo hicieron desde el PRO y de La Libertad Avanza, lo que fue terrible para la asamblea, un terremoto… Pero no les fue bien. Y sabemos que el pueblo no se aparta de la lucha, está dispuesto a seguir defendiendo el territorio, y eso es muy bueno. La mayoría cree en las asambleas, apoya y siente que son un nudo coordinador de acciones y de formación: todos saben de qué se trata, y todos han recobrado el orgullo de ser de su lugar, y por eso lo defienden. Y sobre todo hemos perdido el miedo, lo que es muy importante en este contexto en el que hay mucha presión y miedo de perder el trabajo, donde todos estamos poniendo energía para ver cómo sobrevivimos cada día. Sin embargo hay espacios para seguir juntándonos, haciendo actividades, y sosteniéndonos solidariamente: tenemos por ejemplo ferias de todo tipo para ayudar a quienes la están pasando muy mal. Y seguimos tejiendo con organizaciones, porque creemos que lo único que nos va a hacer salir de este gobierno es unirnos por abajo, tejiendo la trama: estudiantes, jubilados, trabajadores, amas de casa, agricultores, defensores de la vida. Estamos no solo resistiendo sino pensando qué queremos construir y cómo lo vamos a lograr. No es fácil, pero lo bueno es que seguimos y acá estamos y estaremos.
Nota
Tres audiencias ante la CIDH: mujeres, derechos humanos y economía popular
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió tres audiencias temáticas a las organizaciones de la sociedad civil de Argentina para escuchar el impacto de las medidas regresivas que adoptó el Estado en políticas sociales, económicas y culturales. El gobierno de Javier Milei debió responder en Washington, sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), ante las autoridades internacionales respecto a la vigencia de los derechos humanos en nuestro país. Hubo en total tres audiencias:
- Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular;
- Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género;
- Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos.
En el caso de violencia contra las mujeres y niñas, la presidenta de la CIDH Roberta Clarke planteó que se trata de “delitos de lesa humanidad”. La actitud del gobierno argentino, y los detalles de cada una de las audiencias.
Por Lucrecia Raimondi
Las audiencias ante la CIDH que se llevaron a cabo el jueves 14 noviembre reunieron a organizaciones sociales y de derechos humanos en la sede de la Ex Esma, desde donde se realizó la conexión. Fueron solicitadas por entidades de derechos humanos, políticas, sindicales, feministas, sociales, académicas y religiosas.
Durante el 191º Período de Sesiones, en un hecho inédito, la CIDH otorgó a la Argentina el tratamiento de tres temas:
- El “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular”;
- la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género”;
- el “Impacto de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en los derechos humanos”.
En 10 meses de gestión, el gobierno de Milei debió presentarse cuatro veces a la CIDH para dar respuesta ante los reclamos de la sociedad civil por la violación a los derechos humanos. La primera fue en julio de este año sobre la “Situación de la protesta social y el derecho a la libertad de expresión” a partir de la represión durante el tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional.
Los representantes del Estado argentino sostuvieron la postura ultraliberal del presidente Javier Milei en todos los ámbitos internacionales de derechos humanos. Ante la CIDH, las intervenciones del gobierno y de la sociedad civil mostraron un país con una profunda división. En la exposición de los funcionarios oficiales quedó explícita su postura en “concordancia con los principales lineamientos del gobierno” en relación a la “racionalización de la gestión de los recursos disponibles”, según ellos como consecuencia de “la herencia institucional, económica y social recibida por la actual administración”.
En las tres audiencias el ex juez Alberto Baños, a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, argumentó que “los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes y la reducción de personal ineficiente, tienen que ver con la búsqueda de saneamiento que permita un renacimiento de la economía”. Las intervenciones de Baños se vieron plagados de un tono entre irónico y agresivo hacia las políticas de derechos humanos, con la habitual retórica oficialista que justifica la regresión en materia social amparándose en la crisis económica.
Por su parte, las organizaciones de la sociedad civil presentaron informes detallados del impacto negativo de las políticas de ajuste y desregulación del Estado en tres áreas donde Argentina es un ejemplo para el mundo:
- la colaboración comunitaria contra la pobreza en los barrios vulnerables,
- la lucha social por la erradicación de la violencia de género,
- las políticas de memoria, verdad y justicia por la no repetición del terrorismo de Estado.
La sociedad civil peticionó a la CIDH una visita a la Argentina para monitorear la situación con el fin de impulsar al Estado a cumplir con sus obligaciones y respetar los estándares internacionales de derechos humanos.
Milei pretende diferenciarse de la Agenda 2030, consensuada en la ONU como el “Pacto del Futuro”, que reúne esfuerzos para garantizar derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. “Aunque bienintencionado en sus metas, es un programa de gobierno supranacional de corte socialista, que pretende resolver los problemas de la modernidad con soluciones que atentan contra la soberanía de los Estados-nación y violentan el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad de las personas”, disertó el presidente de Argentina en septiembre ante la 79º Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Al cierre de su discurso advirtió que “la Argentina no acompañará ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, del comercio, ni la violación de los derechos naturales de los individuos, no importa quién la promueva ni cuánto consenso tenga esa institución”. En esa línea fue la intervención de Baños, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La economía popular y el avance narco
La primera audiencia sobre el “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular” fue solicitada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Mujeres en Empleo Informal Globalizando y Organizando (WIEGO).
La principal denuncia de este sector fue la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios, el desmantelamiento de los programas de empleo social, la persecución y la estigmatización de las organizaciones sociales. Natalia Zarza, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos e integrante de la UTEP describió la dramática situación de los barrios populares ante la falta de alimentos: “No llegamos a fin de mes, no tenemos a la noche un plato de comida todos los días. Los espacios que brindan los alimentos a los pibes se hacen de manera amorosa y con compromiso, son una herramienta fundamental de contención. Pero cuando el Estado se retira avanza el narcotráfico que le destruye el proyecto de vida a nuestros pibes. Estoy acá con mucha bronca, vengo para que me escuchen. No somos fantasmas, somos los que sostenemos los comedores comunitarios dándole de comer a los chicos y los ancianos de todos los barrios de la Argentina”.
Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP, explicó las consecuencias de la política de ajuste: “En nuestro país hay 10 millones de indigentes, hay más de 20 millones de compatriotas que están en la pobreza que no pueden comer todos los días, que saltean comida. El gobierno congeló el salario social complementario, implica que el Potenciar Trabajo, que percibían trabajadores y las trabajadoras de la economía popular producto de una tarea socio productiva, cayera en peores condiciones sociales de las que estaban en términos de pobreza. El gobierno tomó una decisión de avanzar en un proceso de ajuste, no solo en la política de economía popular, sino en muchas políticas. Nosotros hacemos mucho hincapié en que cuando se destruye la comunidad avanza el narcotráfico, se rompen las redes de contención social y de contención comunitaria”.
Además Gramajo detalló: “Lo que hemos planteado hasta acá es producto de las decisiones que ha tomado el gobierno. Los trabajadores de la economía popular y trabajadores formales van perdiendo su trabajo y su poder adquisitivo, los jubilados y jubiladas caen en la pobreza, millones de niños y niñas van todos los días a dormirse sin comer, más de 10.000 empresas han cerrado, privatizó las empresas del Estado. El gobierno decidió desfinanciar la educación y la salud pública” y concluyó que para la sociedad civil peticionante “esto representa un plan de miseria planificado, un plan de exterminio social y una gran crisis humanitaria que necesita el acompañamiento de los diferentes organismos internacionales. Porque el avance en el narcotráfico que se ve en el territorio argentino y también la gran tasa de suicidios que ha aumentado violentamente, son producto del deterioro económico y social que está viviendo nuestro pueblo”.
En respuesta a los planteos de las organizaciones, Baños acusó a Gramajo de tener un “discurso político”, habló de infiltrados en las manifestaciones, de comedores fantasmas y tildó a la militancia social de coercitiva. Además sostuvo que “las políticas de intermediación y asistencialismo clientelar llevaron al país años de pobreza estructural” y agregó que “durante épocas de pobreza estructural y asistencialismo clientelar, tampoco se presentó ningún pedido de audiencia pública”, cosa que en la Ex Esma fue interpretada como una chicana.
Ante la pregunta del comisionado Caballero sobre si era una proyección o un dato concreto que la pobreza disminuyera a la par de la baja de la inflación, Baños agitó el discurso libertario: “No es que en el segundo semestre del 2024 la pobreza bajó sino que en este segundo semestre estamos viendo que la pobreza empieza a bajar a partir de una sostenida baja en los índices de inflación”.
Al cierre de su intervención sobre este tema, Baños describió para quién gobierna el presidente: “La gestión encabezada por el presidente Milei es para mejorar la calidad de vida de los argentinos de todas las clases socioeconómicas, apuntar a lograr una vida en libertad y hacer de la propiedad de cada uno un fin en sí mismo”.
La voz de los marginados
Roberta Clarke, presidenta de la CIDH, se dirigió a los funcionarios en relación a las respuestas insuficientes del Estado y la evidente falta de diálogo ante los reclamos de los trabajadores de la economía popular: “Quiero invitarles a las dependencias del Estado a que básicamente reconozcan los derechos humanos y políticos en el marco de los derechos humanos. ¿Entienden esta lucha de poder que existe entre las instituciones y las personas? Por ejemplo, eso tiene que ver con la distribución de recursos. Cuando hay desigualdades muchos quedan afuera en sus necesidades, no son cumplidas. Esta es la historia que vive nuestra región, de arriba hacia abajo. Entonces, el marco de los derechos humanos dicta que los Estados tienen que proteger los derechos y los defensores de los derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil tienen el papel de monitorear lo que están haciendo los Estados para cumplir con los derechos humanos. La Comisión también tiene que ser la voz de los marginalizados”.
Además, se refirió a la denuncia por la estigmatización y las campañas de desprestigio al sector de la economía popular que sostiene los comedores en los barrios: “La sociedad civil y los defensores de derechos humanos no deben recibir ningún tipo de represalia. Deben en forma sustantiva ser esa voz, no solamente una voz desde afuera, sino una voz que puede sentarse a la mesa de negociaciones para que se vean sus perspectivas, para que se vea el monitoreo que han realizado en cuanto a las políticas. Los defensores de derechos humanos están trabajando con mucho valor en contra de los poderes que tiene el Estado y por supuesto esto lo vemos en toda nuestra región. Así que quiero honrar la integridad del trabajo que están haciendo ustedes y sus intenciones”.
“La violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”
En la segunda audiencia sobre la “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género” participaron como peticionantes Amnistía Internacional, el CELS, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables. Los principales ejes de denuncia fueron el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y su posterior cartera disminuida en Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, la reducción drástica de los Centros de Acceso a la Justicia, el desfinanciamiento de la línea telefónica 144, del Programa Acompañar y el Programa Acercar que brindaba asistencia integral a las víctimas de violencia de género.
Destacaron la falta de políticas de prevención del abuso sexual en la infancia, las barreras para el acceso al aborto legal, el cierre del Plan ENIA de prevención de embarazos no deseados en la adolescencia, más el desmantelamiento de programas que promovían la equidad de género en empresas y de ayuda económica para personas trans. La audiencia comenzó con un claro mensaje de Clarke: “Dediqué casi toda mi vida profesional a este tema y no se ha visto una disminución en las estadísticas. Tal vez no contemos con cifras exactas por subregistro, pero la violencia contra mujeres y niñas es un crimen de lesa humanidad”.
Natalia Gerardi, directora ejecutiva de ELA, puso en contexto a la CIDH: “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBT. Desmanteló políticas públicas exitosas, desprestigió sin evidencias las instituciones encargadas de garantizarlas, recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW)”. Gerardi explicó que el desmantelamiento sistemático de estas políticas “se enmarca en un acelerado proceso de des responsabilización, el Estado Nacional abandona a las mujeres renunciando a su rol de rectoría en materia de política pública y garante de un piso mínimo de derechos en todo el país” y enfatizó en que “son medidas regresivas tomadas en manifiesto incumplimiento de los principios de progresividad y no regresividad en derechos humanos”.
Juliana Miranda, del Centro de Estudios Legales y Sociales, cuestionó ante la CIDH la actitud internacional del Estado argentino: “Nuestro país fue el único que se negó a firmar la Declaración sobre Igualdad de Género y Empoderamiento de las Mujeres del G20. Hoy mismo, hace unas horas, en la Asamblea General de Naciones Unidas, Argentina fue el único estado de 184 países que votó en contra de una resolución que llama a intensificar esfuerzos contra la violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital. Estas acciones regresivas del Estado, en términos de protección del colectivo de mujeres y personas LGBT, es contraria a los estándares fijados por la normativa internacional y los antecedentes del sistema interamericano e incluso los compromisos que asumió en la emblemática solución amistosa por el intento de feminicidio y actuación estereotipada y discriminatoria en perjuicio de Ivana Rosales”.
En ese sentido, Miranda analizó lo discordante de esta posición en relación a los derechos adquiridos con que cuentan las niñas, mujeres y disidencias en Argentina: “Este giro en la política exterior alejó al país de sus alianzas en América Latina y de los foros multilaterales regionalistas en los que promovió el avance de la protección de este colectivo, con la excusa de considerar los derechos humanos como ineficaces e ideológicamente dirigidos. Argentina se está alejando de su rol de liderazgo histórico en la promoción de derechos de las mujeres, iniciativas contra la violencia de género y la promoción y protección de derechos sexuales y reproductivos”.
La respuesta de Baños fue la misma: la crisis económica y la ineficacia del Estado. “Los recortes de las partidas presupuestarias y el cierre de organismos ineficientes. La reducción de personal ineficiente tiene que ver con la búsqueda de saneamiento que permitan un renacimiento de la economía. Por la reestructuración total, los programas del ministerio fueron asumidos por la entonces Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, donde se evaluaron oportunamente las estructuras organizativas. El análisis realizado puso en evidencia la superposición de tareas y duplicación de funciones con el consecuente exceso de personal, incluyendo coordinaciones y programas con objetivos similares. Se detectaron inconsistencias en materia patrimonial, incluyendo el incumplimiento de la aplicación de la normativa vigente en relación al seguimiento, supervisión y rendición de cuentas. Atento a eso, fue necesario llevar adelante un realineamiento de las acciones y programas provenientes de la ex subsecretaria”, justificó Baños.
Además, el Secretario de Derechos Humanos desacreditó y desconoció la especificidad de las políticas llevadas adelante hasta el momento, diseñadas y articuladas con actores sociales especializados en materia de género: “No existe, como pretenden las organizaciones peticionantes, un retroceso o proceso de desarme, desmantelamiento y el remanido y machacante uso de la violación al principio de progresividad y no regresividad porque son inexistentes las políticas orientadas a proteger, acompañar y asistir a la persona que se encuentra en situación de vulnerabilidad”.
Proyectos de vida y niñas violadas
Ante la falta de reconocimiento del Estado de Argentina a las políticas iniciadas contra la violencia de género y por la igualdad de las mujeres, el comisionado José Luis Caballero Ochoa apuntó: “Lo que no se nombra no existe. Esta es una convicción que me parece muy importante en el terreno del derecho de los derechos humanos. Si decían ustedes que la violencia no tiene género, si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe cuando hay discriminación estructural de años sobre grupos o colectivos tradicionalmente invisibilizados como las mujeres y el colectivo LGBTI, en violencia de género o en políticas de cuidado. Si no se protege, no existe. Este es un principio básico del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho discriminatorio, de la igualdad. En ese sentido, debemos tener visiones muy claras desde la Comisión Interamericana”.
Amplió su llamado de atención dirigiéndose al Estado argentino luego de escuchar su postura: “El principio de progresividad es un principio que forma los derechos humanos. Los derechos humanos son universales, progresivos, interdependientes, indivisibles, inalienables. La prohibición de regresividad es un piso mínimo que tenemos en el patrimonio de la evolución del derecho internacional de los derechos humanos”.
En línea con su colega, la presidenta de la CIDH reforzó: “Me siento dando un sermón. A pesar de la ideología de igualdad de género, los actores estatales tienen que responder. Gran parte de la arquitectura del Estado comparte la cultura prevaleciente en donde se normaliza e invisibiliza esa violencia específica contra las mujeres. Entonces les pido como funcionarios del gobierno tener la conversación sobre por qué se tiene que nombrar, nombrar específicamente es importante porque tiene importancia simbólica”.
El secretario de Derechos Humanos cuestionó a las peticionantes respecto al acceso al aborto legal con una postura antiderechos: “La Convención Americana de Derechos Humanos protege la vida en general desde la concepción. La República Argentina es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño que su preámbulo establece que la vida se debe proteger tanto antes como después del nacimiento. Seguramente los solicitantes están al tanto de que la Plataforma de Beijing y la del Cairo, no incluyen el aborto entre los derechos sexuales y reproductivos”.
Sobre el desmantelamiento del Plan ENIA, Baños sostuvo: “No es razonable exigir que se lleve adelante una política pública en donde les fallamos a las niñas y adolescentes”.
En respuesta, Clarke interpeló al Estado en relación a la violencia contra niñas, niños y adolescentes: “¿Dónde está la voluntad de proteger a los niños? ¿Cuál es el enfoque del Estado para darles a los niños y adolescentes lo necesario para protegerse? Los adultos tienen la responsabilidad de protegerse, pero se les pueden dar herramientas a los niños a través de la escuela, la educación sexual tiene relación. Doctor Baños, usted en la sesión anterior habló de darles autonomía a los niños para el proyecto de vida. Una niña de diez años que ha sido violada y quedó embarazada, ¿Cómo es su proyecto de vida en realidad? Pregunto para hacerme una idea de cuál es el enfoque de protección de los niños en tales situaciones”.
En su momento de réplica, Gerardi aseveró que “no hay una sola manera de garantizar la implementación de políticas públicas, pero sí hay una sola manera de garantizar su existencia y es con financiamiento en el presupuesto nacional. ¿De qué manera piensan que pueden implementar una política pública de atención y de distribución de recursos económicos para atención de violencia doméstica con cero presupuesto para el 2025? Al mismo tiempo, este presupuesto contiene una enorme cantidad de partidas dedicadas a exenciones tributarias y regímenes especiales como el régimen de minería”. También, contrapuso el cuestionamiento de Baños respecto al aumento de las denuncias a la Oficina de Violencia Doméstica: “Claro que aumentó a lo largo de los años la cantidad de consultas recibidas, porque aumentó el conocimiento y la percepción social de las mujeres, en particular de que hay algo que está mal en las formas de violencia que vivimos y que hay lugares donde podemos recurrir. Eso habla bien de la existencia de una política de conocimiento y difusión de derechos y de conocimiento y existencia de los lugares a los que se puede recurrir para conocer si aumenta o disminuye la incidencia de la violencia en el país”.
Estela de Carlotto: “Vengo a pedir su ayuda”
Estela Carlotto (Abuelas) junto a Taty Almeida (Madres Línea Fundadora) y, a su derecha, Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S.
El auditorio de la Casa por la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio por la Memoria Ex ESMA, estuvo repleto de movimientos sociales, organizaciones religiosas, sindicatos, universidades, equipos de investigación, organizaciones feministas, clubes y redes de comunicación comunitaria que acompañaron a los organismos de derechos humanos.
En conexión por videoconferencia expusieron sus opiniones Estela de Carlotto por Abuelas, Taty Almeida por Madres y Carlos Pisoni por H.I.J.O.S. De forma presencial en Washington, participó una comitiva de los organismos integrada por Paula Litvachky, directora ejecutiva del CELS; la nieta restituida Claudia Poblete, Carolina Vilella, integrante del equipo jurídico Abuelas de Plaza de Mayo; Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, y el escritor Martín Kohan.
“Vinimos por primera vez a pedir su ayuda cuando en nuestro país nos cerraban todas las puertas y negaban las graves violaciones a los derechos humanos que estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras y todos los organismos fue siempre fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Ya con 94 años, vengo a pedir una vez más su ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos y el Proceso histórico de Memoria, Verdad y Justicia. Todavía buscamos a 300 hombres y mujeres que hoy son padres y madres, por lo que también nos encontramos buscando a nuestros bisnietos”, expresó Estela de Carlotto como peticionante.
Durante la audiencia los organismos de derechos humanos expusieron el retroceso en las políticas públicas de memoria restaurativa. Explicaron cómo desde diciembre de 2023 el Poder Ejecutivo concretó sus promesas de campaña en la destrucción simbólica y material de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, de Reparación y No Repetición. A través del desfinanciamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y de las recompensas para la búsqueda de prófugos de delitos de lesa humanidad, el cierre de líneas de trabajo en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) para la búsqueda de los nietos apropiados y del Equipo de Relevamiento y Análisis documental del Ministerio de Defensa orientado a la apertura de los archivos. En paralelo avanzó con despidos masivos de trabajadores, vaciamiento de instituciones y la puesta en venta de sitios de memoria.
El secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa del Ministerio de Defensa, Juan Battaleme, volvió a justificar el ajuste por “la necesidad de optimizar recursos” frente a la crisis económica. A los trabajadores de los organismos de derechos humanos los acusó de que “actuaban como vengadores”, al Ente Público Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (ex ESMA) y sus representantes los definió como un “ente opaco e inorgánico que funcionaban sin un superior jerárquico que imponga los criterios de actuación” y que “la arbitrariedad en esta dependencia era moneda corriente”. Battaleme expresó la posición del Gobierno en relación a la apertura de los archivos de integrantes de las fuerzas armadas para identificar su participación en el terrorismo de Estado: “No podemos permitir bajo ninguna circunstancia indagaciones generales o excursiones de pesca. Quiero recordar que toda la información de los legajos personales de militares se encuentran clasificados como secreto militar”.
En el cierre de su exposición, Battaleme quiso dejar un mensaje: “La lucha por la justicia es para nosotros un compromiso con todos los argentinos, no debe ni puede transformarse en un terreno de venganza o abuso de poder. Avancemos juntos en la búsqueda de un futuro donde la justicia sea para todos y la memoria completa una base sólida de libertad”, aclaró el funcionario con sentimientos de “profundo deber y convicción”. Por su parte, Alberto Baños, reafirmó esta posición del gobierno de Milei: “El problema aquí es que se consideran dueños del relato. Hablan de negacionismo y que se abandona la política de memoria. Pero la memoria es para todas las víctimas. Sin excusas ni banderas. Por las señoras que hoy participaron en el video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido y siguen viviendo. Pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan perdido sus vidas y hayan sido víctimas. Pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Hablan de negacionismo pero en realidad pretenden dirigir las políticas públicas en materia de derechos humanos de las que el Estado hace honra y no cede ante las presiones ideológicas”.
La indignación en el auditorio de Abuelas pesaba en el aire. Estela y Taty negaban con la cabeza, se agarraban la mano, resoplaban por el desagrado de escuchar a los funcionarios argentinos hablar de esa manera ante un organismo internacional de derechos humanos. Los participantes aguantaron las ganas de chiflar y putear. Cuando terminó la audiencia, pudieron descargar: “¡30 mil detenidos desaparecidos presentes, ahora y siempre!”, gritaron entre abrazos y dedos en V en alto, con la convicción de no bajar jamás los brazos.
El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Arif Bulkan, transmitió por videollamada la opinión de la ONU respecto a la Argentina: “La Oficina que represento comparte las preocupaciones de diversos actores sobre el cambio de narrativa de políticas y de institucionalidad en torno al proceso de memoria, verdad y justicia desde la recuperación de la democracia argentina”. Bulkan reconoció el esfuerzo del Estado y de la sociedad “por enfrentarse al legado de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura cívico militar”. Destacó el trabajo de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, puso en valor los museos y sitios de memoria, en particular la Ex ESMA como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Arif Bulkan fue categórico en remarcar que la situación económica no puede ser motivo de regresiones en materia de derechos humanos: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia para los procesos de justicia transicional y reconciliación, como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar para la garantía de los derechos a la verdad, justicia y reparación y garantías de no repetición”.
Además, expresó que en el Alto Comisionado de la ONU “preocupa la retórica de algunas autoridades que parecerían banalizar o relativizar los crímenes de la dictadura y cuestionar el proceso de juzgamiento de los responsables, lo que tiene un impacto real victimizante en las víctimas de la dictadura y además afecta al derecho a la memoria ante la sociedad en su conjunto. La Oficina quisiera alertar a la Comisión que todos estos cambios podrían contribuir a debilitar el proceso de justicia transicional que fue y es tan importante para nuestra región y al mundo”.
Taty Almeida valoró la postura de los organismos internacionales: “Las mentiras que hemos escuchado por parte del Gobierno es lamentable, pero fue muy buena la postura de la ONU y de la CIDH. Los invitamos a que nuevamente vengan para que comprueben personalmente que todo lo que se ha denunciado es la verdad”. Por su parte, Miguel “Tano” Santucho, hijo de desaparecidos y parte del directorio de Abuelas, también expresó a lavaca sentir vergüenza de los funcionarios argentinos: “Una vez más hablaron de revanchismo y de organismos militantes, que lo somos, de una justicia y una verdad histórica que estamos reconstruyendo. Los que niegan toda la información son justamente el Estado Nacional y en particular las Fuerzas Armadas. Ellos saben perfectamente dónde están los 300 hombres y mujeres que estamos buscando. Desde que perpetraron los crímenes de lesa humanidad nunca permitieron acceder ni dieron ninguna información. Y ahora, en una tribuna tan importante como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos injurian de esta manera”.
Uno de los comisionados habló de la reconciliación en relación a la justicia transicional, un tema sensible en la lucha por el esclarecimiento de los crímenes de la última dictadura, que fue utilizado para instalar la teoría de los dos demonios y evitar el juzgamiento de los responsables. “Desde los 90 que vengo escuchando la palabra reconciliación -siguió Santucho- y yo siempre dije que la reconciliación es posible en la medida que se pueda hacer justicia, que se puedan hablar, que se puedan aclarar los casos que pasaron, que se puedan recuperar los nietos. Pero no hay ningún tipo de colaboración de parte de los perpetradores del terrorismo de Estado, que no hay ninguna persona que haya abierto los archivos o la información. Es muy difícil plantear una reconciliación porque todavía nos falta mucho por reconstruir y mucha justicia por obtener. Mi postura particular es que cuando tengamos justicia y encontremos los 300 nietos, nos sentaremos a hablar de reconciliación”.
Nieta 139: bienvenida a la verdad
La actualidad en una foto: la sillicolonización del mundo
Abrazo al hospital Laura Bonaparte: la locura del modelo
El Estado responsable: femicidios y fuerzas de seguridad
Derechos humanos hoy: lo que está en juego
El show de Bullrich que no fue, la reivindicación mapuche que sigue
Amenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”
De México a MU Trinchera Boutique: Festival de Cine de Barrio
El mundo en una foto: el Papa y la kufiya
El gobierno en una foto: los dueños de la Argentina
Conmovedora acción contra los femicidios en el estadio de Argentinos Juniors
Orgullo travesti-trans: Carla Morales lee a Marlene Wayar
Las fuerzas del cuerpo
Residencia (A)narcocapitalismo y cuerpos sociales: puesta en escena
Se estrenó Nube: el debut artístico de Luana
Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1
Hack&Pop, capítulo estreno: una serie documental de lavaca
No podrán – Susy Shock
El cuarto de Lucía
Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 3
Parlamento de Artistas: una sesión política y experimental desde el disparate artístico
El clima del cambio
San Cayetano desde abajo
No binarismo: autogestión de la identidad
“¡Encallamos!”: navegando por el Paraná, el día de su bajante histórica
Campaña Nacional Somos Lucía: margaritas a los chanchos
100 días Sin Tehuel: ¿Dónde está?
#NiUnaMás: el grito de familiares en el norte del conurbano
La forma del fuego
El cuarto de Lucía, el cuarto de todas
LibrosHace 4 semanasGeneración Cromañón: el libro completo a 20 años de la masacre
NotaHace 3 semanasEl gobierno en una foto: los dueños de la Argentina
Pueblos originariosHace 2 semanasEl show de Bullrich que no fue, la reivindicación mapuche que sigue
Derechos HumanosHace 4 semanasAbuelas: fue encontrado el nieto 138 en medio del reclamo contra el desmantelamiento de la Secretaría de Derechos Humanos
ActualidadHace 2 semanasAmenaza de desalojo de la comunidad mapuche de Los Alerces: “Somos un estorbo para sus planes”
ActualidadHace 2 díasLa actualidad en una foto: la sillicolonización del mundo
ActualidadHace 3 semanasFemicidios hoy, Cromañón ayer: el Estado es responsable
Derechos HumanosHace 1 semanaDerechos humanos hoy: lo que está en juego