Nota
Ni un despido más
Diversos sindicatos, organizaciones sociales y cooperativas marcharon por Buenos Aires en contra de los despidos, la devaluación, el aumento de tarifas, la apertura de paritarias, la actualización de planes sociales y la judicialización de la protesta social.
Hubo un momento exacto en la Ciudad de Buenos Aires en el que la movilización que hizo confluir a la CTA Autónoma, ATE, sindicatos y organizaciones sociales y cooperativas, alcanzó unas 10 cuadras. Ese momento se dio aproximadamente a las 14 horas cuando la nutrida columna de movimientos sociales y piqueteros llegó a Congreso después de partir desde Liniers a las 7 de la mañana y caminar unos 11 kilómetros bajo la lluvia. El encuentro se produjo después de que los sindicatos marcharan hasta la Casa de la Provincia de Buenos Aires con reclamos puntuales a la gobernación de María Eugenia Vidal.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca
Luego, ambas columnas confluyeron en el marco de un nuevo paro nacional al gobierno de Mauricio Macri en poco más de cuatro meses de gobierno, que marchó en contra de los despidos, la devaluación, el aumento de tarifas, la apertura de paritarias, la actualización de planes sociales y la judicialización de la protesta social, con el detalle de la instalación de una carpa de los jubilados frente al Palacio Legislativo para pedir por el 82 por ciento móvil.
Las columnas se dividieron al llegar a Plaza de Mayo. Los sindicatos montaron un escenario mientras las organizaciones sociales marcharon hasta el Ministerio de Trabajo.
Morir de un descuento
Una de las dirigentes femeninas que habló frente a la casa de la Provincia de Buenos Aires fue Susana Mariño, secretaria adjunta de SOEME (Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación), gremio que circuló mediáticamente en los últimos días por una noticia trágica: Yolanda Mercedes, una de sus afiliadas en Mar del Plata, falleció luego de enterarse que las autoridades ejecutivas y ministeriales del área de educación le había descontado su salario tras una medida de fuerza gremial. “Te la debo, no estoy en el tema”, fue la respuesta del presidente Mauricio Macri cuando la prensa le consultó por el tema.
“Fue una falta de respeto”, sostuvo Mariño a lavaca. “Además, Yolanda estaba con tareas livianas: no se había adherido a la medida, como muchos compañeras y compañeros que estaban internados y no cobraron el sueldo. Los auxiliares somos un sector muy humilde, con familias numerosas, con compañeros en su gran mayoría del Gran Buenos Aires, de la periferia, que no tienen acceso a la vivienda. Nuestros sueldos son de 7300 pesos: con estos aumentos ya no tenemos una canasta de alimentos de pobres, sino de indigentes. Imaginate: Yolanda fue a cobrar y vio en el cajero 40 pesos, se descompuso y falleció. Hay muchas compañeras que también se vieron afectadas en su salud. Tenemos compañeras con cáncer terminal, con licencias de maternidad, con bebés recién nacidos que no tienen para comprar. Eso no se vio ni en las peores ni más tristes épocas de ese país”.
¿Qué respuesta les dio el Ministerio? “Nosotros preguntamos si había sido un error. Dijeron que no: hicieron el cruce de todos los afiliados a SOEME y descontaron íntegro porque, consideraron, fue un exceso en la medida”. Mariño agregó al panorama otro dato: “Han recortado los cupos en comedores y eso también nos afecta, porque son nuestros chicos los que van a comer a nuestras escuelas. Recortaron también el desayuno y la merienda: es vergonzoso, porque un docente en el aula tiene que decir quién come y quién no, y por ahí al que le toca es un chiquito nuestro”.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca
Scioli + Vidal
“Nosotros tenemos dos grandes disputas con el gobierno provincial: una salarial y otra por las condiciones de trabajo”, afirma Fernando Corsiglia, presidente de CICOP (Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires). “Pedimos un 40 por ciento de aumento: el ingresante a planta de 36 horas semanales de trabajo profesional está cobrando 12 mil pesos. Necesitamos una propuesta seria. Por otra parte, las condiciones de trabajo tienen una directa relación con las condiciones de atención de salud de la población: esto es falta de insumos, situación edilicia, episodios de violencia y falta de personal”.
Corsiglia remarca que la “crisis” en el sistema de salud bonaerense viene de hace tiempo. “Remarcamos que Scioli y Vidal son corresponsables. La gestión de Scioli en salud fue tan deficitaria que no adjudicó la importancia que debiera haber tenido, y eso generó la situación que tenemos y las muy malas condiciones que tenemos en los hospitales y centros de salud”.
Pablo Abramovich, secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense: “Nosotros pedimos un aumento salarial del 45 por ciento, porque la propuesta de 16,7 por ciento para el primer semestre que nos dio el gobierno ni siquiera alcanza para cubrir la inflación de los primeros 4 meses del año. Y el nuestro es uno de los salarios más bajos del país. El Estado es la garantía de los derechos de los sectores más postergados y pobres de la población, y son los que masivamente van a Tribunales a querer resolver estas cuestiones”.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca
Los Ceos y las cooperativas
La columna más numerosa de la caravana de movimientos y organizaciones sociales fue de Barrios de Pie (de Movimientos Libres del Sur). “Nosotros sostenemos que hubo un deterioro del cuadro social que heredó este gobierno, donde ya había una situación compleja por el aumento de precios”, evalúa Daniel Menéndez, secretario general.
“La pérdida de puestos de empleo y la devaluación tuvo un impacto directo. A eso se le suman los aumentos de tarifas, de alimentos, que generó una complicación para millones de argentinos y un concreto aumento de pobreza en 100 días del gobierno de Macri. Un cálculo que hacemos es que por cada empleo formal que se pierde, se pierden cuatro empleos informales. Y eso impacta en la pérdida de poder adquisitivo de los más humildes. Por reclamamos establecer un piso de discusión respecto a la situación social y de diagnóstico que hace este gobierno”.
¿Puede decirse que también hay un nuevo piso de discusión para las organizaciones sociales? “Entiendo que eso tiene que ver con una etapa de mayor concentración del ingreso y mayor agresión sobre mínimas conquistas que hubo, y eso genera una necesidad de unidad, de coordinación de prácticamente el conjunto de organizaciones sociales. Expresamos políticas territoriales frente a un gobierno que está conformado por ceo´s. Hay una regresión del ingreso, más allá que en el kirchnerismo hubo una consolidación de un piso de pobreza muy alto, pero lo que estamos viviendo es una profundización de esa estructura de pobreza.”.
A su lado marcha Fredy Mariño, integrante de la Mesa Nacional de la Corriente Clasista y Combativa (CCC), otra de las organizaciones que aportó una nutrida columna a la movilización. “En un país que tiene un marco de 40 por ciento de inflación, Macri dio un 20 por ciento en algunos planes sociales. Es insuficiente para mejorar la situación, particularmente en el conurbano, donde tenemos más de 3000 cooperativistas. Hay otros 600 en Capital y 200 en La Matanza y Almirante Brown donde hacemos red de agua y cloacas y cobramos por producción”.
¿Cuánto percibe de ingreso un cooperativista? “Con el aumento, unos 3150 pesos, cuando la canasta familiar, según los cálculos, no baja de los 15 mil pesos. Exigimos equiparación acorde para vivir dignamente”.
¿Qué lectura tienen de la actual coyuntura donde confluyen movimientos y sindicatos? “Entendemos que es muy necesaria. Nosotros, incluso los beneficiarios de planes sociales, nos seguimos considerando trabajadores Conocemos el grado de complicidad de distintas centrales con distintos gobiernos de turno, pero si por abajo se logra unificar al movimiento obrero, bienvenido. Entendemos que las políticas de ajuste que está aplicando Macri va a hacerlas pasar aplicando la Ley Antiterrorista, el protocolo antipiquetes y la judicialización de la protesta”. ¿Como el caso de Milagro Sala, por ejemplo? “Por ejemplo. Está detenida por ser dirigente social. Después, hay debates, pero el origen de la detención es ese”.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca
Precarización de la vida
Similar lectura tiene Darío Leo, de la conducción del Frente Popular Darío Santillán: “A Milagro Sala la meten presa por indígena y mujer. Representa un trofeo para la derecha más que un caso de corrupción o de ilícito”. ¿Por qué marcha el Frente? “Por trabajo, salud y educación en los territorios donde estamos, donde desarrollamos trabajo sin patrón, herrería y panadería. En ese camino de organizarnos colectivamente, exigimos ciertas medidas que todo gobierno tiene que tener con los sectores populares”.
¿Por ejemplo? “La financiación a las cooperativas o que simplemente el Estado compre nuestros productos, como hacía con guardapolvos, juguetes o los laburos de herrería que hacíamos en municipios. Eso se cortó todo. ¿Por qué pedimos esto? Todas las empresas están subsidiadas: nosotros, no. No podemos competir económicamente. Necesitamos arrancar, que el Estado, al menos, nos compre, para después sí lograr la cooperativización completa”.
Leo también vivió el contexto en carne propia: es uno de los despedidos del SENASA. “Pero también se ve en el barrio: en Ezeiza, por ejemplo, la salud está totalmente desmantelada. La salita no atiende y el hospital, el único que hay, hace tres meses que está cerrado. En ese camino es donde buscamos construir alternativas educativas, culturales y talleres para los jóvenes”. ¿Le sorprende esta confluencia de organizaciones y sindicatos? “El espanto nos une. El pueblo nunca quiere retroceder en su lucha histórica. Ni un paso. Por eso estamos en la calle”.
En la cabeza de la columna hay una militante trans, Maite Amaya, de la Federación de Organizaciones de Base (FOB-regional Córdoba). “Nos manifestamos en este marco de alianzas muy amplia contra el hambre y la precarización de la vida. Todo repercute sobre nuestros cuerpos y bolsillos. Los sectores más marginados somos el postre de estas políticas estructurales del gobierno macrista que, con el pretexto de los ´ñoquis´, apuntan a la reducción del Estado generando una desocupación cada vez mayor. Yo soy desocupada, en la década ganada y también ahora. Nuestras compañeras transgénero siguen en estado de prostitución y/o trabajo sexual, según el debate que hay para caracterizarlo, pero no estamos pudiendo salir de la calle, lo cual nos expone a un plus de violencia mayor al que significa no tener para armar una olla ni comer”.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca
Lecciones
Sobre Rivadavia espera para marchar Ricardo Peidro, secretario general de la Asociación Agentes de Propaganda Médica (APM). ¿Cuál es el contexto que se avecina, con los rumores sobre unificación de las tres CGT y las dos CTA? “Creemos en la unidad de acción: hicimos cinco paros generales en el gobierno anterior. No creemos que la unidad tenga que ser por ley, como dicen, que tenga que haber una sola CGT. La decisión tiene que ser de los propios trabajadores. Si esa unidad de acción lleva a una unidad de otro tipo, bienvenido sea. Creo que hoy, por ejemplo, la CTA bajo ningún punto de vista se va a unificar orgánicamente con la CGT. Somos dos modelos sindicales distintos: nacimos como CTA para diferenciarnos y hoy siguen las mismas condiciones. Esto no quita que vayamos en juntos en un petitorio conjunto para frenar el ajuste”.
¿Qué lecciones pueden sacarse de los últimos años de cara a una eventual unidad de acción? “Nosotros nos reafirmamos en nuestra idea de autonomía, que no es neutralidad, pero sí es llevar las posiciones de la clase trabajadora a los gobiernos, y no a la inversa. Hay que crear las condiciones para poder avanzar en esa dirección, y la manera es tener autonomía de los gobierno, de los patrones y de los partidos políticos, sin renegar de ellos, sino reafirmándonos como clase”.

Foto: Nacho Yuchark/lavaca
Ajuste ampliado
Por las calles también camina Hugo Cachorro Godoy, secretario general de ATE-Nacional. “Hasta ahora hemos logrado frenar los despidos en el Estado nacional. Ahora queremos que se reincorporen a todos los injustamente despedidos y que se abra inmediatamente la paritaria nacional para discutir salarios y el pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados, que es la situación más grave que padecemos los trabajadores del Estado”.
Godoy menciona la provincia de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego: “El ajuste que aplica Macri es repetido y ampliado mecánicamente por los gobiernos provinciales, aun con distintas identidades partidarias, aunque esto cueste la vida: 3 muertes se produjeron producto del ajuste. Una es Melisa, una trabajadora del ProHuerta de Chaco. Otra es Yolanda, auxilar docente en Mar del Plata. Y el otro es Esteban un trabajador de 41 años de la Biblioteca Nacional. Estas muertes marcan el dramático lado humano que implica este ajuste”.
Julio Fuentes, secretario adjunto: “Macri asume una política clara de neoliberalismo conservador. Hizo dos cosas: durante todo este tiempo nos sacó a los pobres y se los dios a los ricos. Esto es lo que estamos enfrentando, esta forma de distribución injusta, retrógrada, que no lleva más que al conflicto social. Y se está expresando todos los días. Ningún gobierno en tan poco tiempo ha tenido tantos paros y movilizaciones. Es un signo de que deben revisar inmediatamente su práctica política, porque acá hay un gobierno que está dispuesto a dar pelea”.
Godoy: “La capacidad de unirnos después de haber sufrido tantos años de un trabajo sistemático para producir la fragmentación de los distintos sectores del movimiento popular, va a ser un proceso difícil. Pero la unidad la encaramos aquí, en la calle, luchando democráticamente y construyendo no por desesperación sino a conciencia de un proceso de que nos permita no solo quebrar el ajuste sino crear una perspectiva mejor para el futuro, sin que nos lleve a una nueva frustración. No queremos un Estado clientelar, organizaciones del pueblo que se terminan subordinando a quien gobierna. Son la libertad, la democracia sindical y la autonomía las tres condiciones fundamentales para que las organizaciones de los trabajadores aportemos al fortalecimiento de la democracia. Esa unidad es la que importa y la que vale”.
Nota
El escenario y la vida: el universo Cárdenas
Dos obras teatrales de un mismo autor nos invitan conectar con su universo personal: Martín Flores Cárdenas, dramaturgo y director, no se define como actor pero actúa, o como prefiere decirlo “está en escena”. El duelo por la muerte de su abuelo, la propuesta para montar una obra en Brasil y lxs amigxs como tesoro y sostén son algunos de los temas que aborda en No hay banda; mientras que en La fuerza de la gravedad el desafío fue escribir una obra y dedicársela a una amiga actriz, que se convierte en la protagonista. Cómo llevar la vida al escenario —o el escenario a la vida— para que la experiencia traspase la propia piel.
Fotos: Nora Lezano
“No creo que sea teatro documental. Tampoco una conferencia performática. En realidad, no es nada”, afirma el dramaturgo y director Martín Flores Cárdenas. Se refiere a su obra No hay banda, primera entrega del ciclo Obras Truncas, que está actualmente en cartelera junto a La fuerza de la gravedad, otra de sus producciones. Ambas transcurren en Casa Teatro Estudio, tres palabras que definen lo que sucede en Guardia Vieja 4257. Martín vive en la parte de arriba, pero aclara que la sala teatral es como si fuera una extensión de su casa: “Como lo son las obras, también, forman parte de uno: extensiones o sucursales de uno”.
Desde 2019 y junto al escenógrafo brasileño Ruslan Alastair Silva coordina esta sala artística del barrio de Almagro. “Es un espacio —cuenta Martín— que da la posibilidad de experimentar, sobre todo, nuevas formas de producción. Y eso, a veces con suerte, genera cosas reveladoras en el lenguaje escénico. Reveladoras para nosotros. Lo que más nos interesa es ir por caminos alternativos a los que ofrece la lógica de ´el mercado´. O al menos, tratar de producir sin que esas lógicas contaminen lo que hacemos. Es una sala re chiquita que permite crear sin presión de fechas ni, no sé… de objetivos económicos”.
No hay banda y La fuerza de la gravedad podrían encuadrarse en las clasificaciones de teatro documental o de “conferencia performática”. También como un biodrama, docuficción o teatro autobiográfico. Vamos a hacerle caso a Martín y dejaremos de lado las etiquetas que definen el género de una obra teatral. Sí vamos a decir que ambas abren una puerta —en sentido literal y simbólico— y nos permite instalarnos allí con agrado. Son invitaciones a navegar por un rato en el universo personal de quien las sintió, las escribió y puso el cuerpo en escena para contarnos parte de su vida. Y esa parte incluye la muerte de un ser querido: su abuelo.

Banda sonora
Imposible no identificarse con este duelo y sus reflexiones, incluso las más bizarras en un contexto de pérdida reciente, porque también hemos tenido esos pensamientos absurdos que dispara el dolor. Martín utiliza recursos eficientes para su narrativa, nos distrae, nos distiende, y nos vuelve a traer a una zona donde la piel se eriza y el corazón cruje. “No hay banda apareció como posibilidad de desobturar la escritura. Por más que quisiera escribir otras cosas, siempre aparecía aquella obra trunca como un tapón. Un duelo mal hecho que esta nueva obra me ayudó a atravesar. Como me parecía imposible ensayar solo, busqué un dispositivo que me contuviera. Me junté con amigos a armar los videos, a grabar los audios. Y, texto en mano, empecé a leer la obra a amigas, amigos. A mostrar lo que había pensado. Algo de esa combinación entre lo ultrapremeditado o realizado y la fragilidad del estar ahí y lo improvisado se volvió lo que es hoy la obra”.
La muerte de su abuelo y una llamada para proponerle montar una obra en Brasil. Ambas circunstacias sucedieron casi al mismo tiempo. El fin de una vida, el comienzo de un proyecto. “Me interesaba problematizar el concepto de existencia. Suena re pretencioso, ya sé. Un clásico. Pero bueno… Traté de ser honesto cuando la escribía y pensaba y trato de ser honesto ahora respondiendo esta entrevista. La existencia de una obra primero ¿Qué hace que una obra exista? ¿Dónde o cómo existe lo que imaginamos? ¿En qué momento una obra empieza a ser y cuando muere o termina? Y desde ahí poder dialogar con la relación entre existencia y materia. La existencia de aquellos que murieron y cuya falta generó una obra. Y la materialidad del cuerpo en general y del autor en particular que, bueno, en este caso soy yo. Que no soy actor pero estoy en escena. Me gusta decirlo así: estar en escena. Porque de alguna manera plantea o propone algo ¿Qué es estar en escena? ¿No es actuar acaso? Pensar el cuerpo en escena. Autor que escribe e interpreta. No hay límites o bueno… Esa es otra pregunta. Son muchas: no hay un sólo tema o eje, como verás”.
En los próximos meses No hay banda se va a presentar en Madrid, en el Festival Iberoamericano de Cádiz y en Alicante, España. “Tanto No hay banda como La Fuerza de la gravedad se hacen cuando se puede. El público tiene que estar atento a las fechas que aparecen en Alternativa Teatral. Porque como tenemos estos viajes pueden estar una semana sí y a la siguiente no y así”. Martín asegura que ambas obras tuvieron procesos muy diferentes y comparten dos elementos en común: el lugar desde donde fueron creadas y que no se puede determinar una fecha de estreno ya que comenzó a mostrarlas y se fue sumando público.


El otro como un territorio a descubrir
La fuerza de la gravedad es una pieza teatral cuya materia prima es la ternura. Un abrazo que nos incluye a quienes estamos sentadxs frente a la actriz Laura López Moyano y su pila de hojas A4 de las que irá descubriendo hilos de vivencias con la amistad como protagonista. Martín: “Apareció primero como una idea. Yo hacía mucho tiempo quería hacer una obra para mis amigos. Y tenía la idea de este dispositivo en la cabeza. Pero recién cuando se me ocurrió que Laura podía ser la amiga que pondría el cuerpo me puse a escribir. Es una obra dedicada a mis amigxs pero sobre todo a ella. Las ideas son ideas… Están ahí. Gracias a ella, a que existe y es mi amiga, existe esta obra”. La amistad como territorio a descubrir, como un vínculo necesario y elegido. “Quería hablar del vínculo con la otredad. No me gusta cómo suena esa palabra pero creo que es la que le hace más justicia. No hablar sólo de la amistad. En todo caso, usar ese vínculo misterioso para mí, para hablar de otros vínculos. La relación con la naturaleza, el planeta o el espacio. Poder pensar al otrx como un territorio desconocido. Y que mi relación con ese cuerpo me constituye”.
Sin espoilear diremos que el final de esta obra es un momento infinitamente disfrutable, de regresión al universo infantil, ese paraíso que puede no estar perdido si se lo sabe buscar. ¿Cómo se elabora en la escena lo personal y lo ficcional? ¿Te sentís cómodo trabajando con esos elementos? “No sé si es cómodo. Justamente por eso es divertido, supongo. O útil para hacer algo. Lo pienso en relación a mí pero también a Laura. Para ella no fue fácil ni cómodo. Pero lo quiso hacer, lo encontró o encontramos necesario. Forma parte del trabajo. Cómodo no era y justamente por eso nos dieron ganas de encararlo. Esa decisión nos permite meternos en lugares nuevos, propios o bueno… singulares, me gusta decir. Claro que hay otras de formas de hacerlo. No sé: nosotros elegimos esta”.
En ambas obras lxs amigxs están presentes, colaboran, aconsejan, observan, actúan. ¿Qué significan en tu vida tus amigxs?
Difícil responder esta pregunta. Todo lo que pienso suena mal. Me gusta la idea del amigo como algo que también es uno. Una parte de mí. Soy mis amigos, también. ¡No! Soy con mis amigos. Sin ellos no soy. Eso. Pero también con los otros. Los desconocidos. Estamos todos comprometidos. Los gravísimos problemas ambientales, sociales, económicos que sufrimos deberían hacernos tomar consciencia. Te lo digo a vos y me lo digo a mí que como ciudadano o terrícola no soy ejemplo de nada, la verdad. Pero bueno. Tenerlo presente, pensarlo me ayuda a hacer algo… Por el otro, otra. Hacer un poco más. Algo que nos vuelva menos mierda. Como amigos, como habitantes de este mundo.
Casa Teatro Estudio
Guardia Vieja 4257, CABA
No hay banda
Lunes, 20.30 hs, hasta el 9/10/23
La fuerza de la gravedad
Sábados, 18 y 20.30 hs, hasta el 7/10/23
@tatofc
@moyanolaura
@casateatroestudio
Nota
Radiografía de un Estado autoritario: Jujuy y los derechos humanos bajo la lupa
Limitación en el acceso a la justicia. Modificación de la estructura jurídica. Represiones y cacerías que violan derechos humanos, y estándares internacionales. Persecución a la protesta. Impunidad de las fuerzas policiales. Violación a los derechos indígenas. Compartimos aquí un resumen del informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos en visita a cinco localidades. Un diagnóstico de un Estado local anti democrático y autoritario: “El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto”. La descripción de las violencias, y el llamado al juzgamiento de la cúpula del gobierno por la comisión de graves delitos. Mientras, el Malón sigue en Buenos Aires, con sus integrantes encadenados al Congreso de la Nación a la espera de respuestas.
El domingo se cumplirán 100 días de aquel viernes 16 de junio en que el Tercer Malón de la Paz se constituyó como tal y partió desde Abra Pampa hacia la capitalina San Salvador para impedir que se vote la reforma constitucional, que no había sido consultada con las comunidades originarias, ni con el resto de la población jujeña.
Anteayer, integrantes del Malón que se encuentra en Buenos Aires desde el 1 de agosto, se encadenaron al Congreso de la Nación e iniciaron una huelga de hambre para exigir que los reciban y, sobre todo, que desde el Poder Legislativo se dé una respuesta al reclamo de la intervención federal de la provincia, “por haber impuesto una nueva constitución y para que cese la represión”.
En este sentido, en las últimas horas se conoció el informe final sobre la violación a los derechos humanos en Jujuy, que llevó a cabo la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos, integrada por un conjunto de organismos de Derechos Humanos como el SerPaJ, la CORREPI, la Convención Americana sobre Derechos; además de organizaciones sociales y sindicales. La comisión estuvo presente en las localidades de Abrapampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico, desde el 16 al 26 de junio de 2023, para “hablar directamente con las víctimas; escuchar los reclamos que dieron lugar a la protesta y ser testigos presenciales de situaciones concretas de violación a los derechos humanos por parte del gobierno jujeño y a protocolos nacionales e internacionales en el accionar de las fuerzas policiales”.
CONTEXTO
En el documento recientemente presentado a la sociedad, se busca contextualizar el presente, yendo hacia unos años atrás: “Eduardo Alfredo Fellner, se desempeñó como gobernador de Jujuy, entre 1998-2007 y 2011-2015. Durante su última gestión se desarrollaron importantes protestas sociales. En diciembre del 2014, como respuesta política a las protestas en curso, la legislatura de Jujuy sanciona la ley 5806, conocida popularmente como Código Contravencional. El Código Contravencional comenzó a regir durante el gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales como gobernador, en enero del 2016”. Esa legislación reconoce como contravenciones formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular. Afirman: “Desde su aprobación, fue utilizada como instrumento para labrar actas contra quienes se organizan y protestan. Desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social, lo que se puede verificar en los siguientes hechos”. Enumeran:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales.
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios.
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fue el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
FUERA DE CONTEXTO
En relación al despliegue represivo del Estado provincial, “la misión pudo constatar que impera entre los mandos y la tropa una lógica bélica impropia de las fuerzas de seguridad de un Estado que se pretende democrático, inclusivo y respetuoso de los Derechos Humanos”. Reafirman: “No fue difícil corroborarlo. Si el objetivo inmediato de la guerra es la eliminación del oponente, la manera en que actúan las fuerzas represivas en Jujuy remite inmediatamente a ese concepto. Se impone reiterar el carácter probadamente pacífico de las movilizaciones populares, que a lo sumo cuentan con poderío defensivo como toda ‘arma’. Esto en evidente diferencia a lo que ocurre desde las líneas de las fuerzas de seguridad”. Sintetizan lo que ocurre:
a) El incumplimiento de los estándares internacionales para el uso de armas letales y no letales, durante las movilizaciones y detenciones.
b) Atentados contra la vida y la integridad física.
Profundizan: “En territorio la misión pudo constatar claramente dos formas de atentar contra el bien jurídico más importante que posee cualquier ordenamiento legal: la vida. En primer lugar, la utilización de armas no letales (término relativo, lo correcto sería pensar en armas de menor lesividad) disparadas a distancias mortales. La Misión identificó que durante las protestas se empleó uso de perdigones (de goma) y bombas lacrimógenas a la cabeza y tórax, a corta distancia, incumpliendo con los estándares internacionales en materia de uso de armas. Se acudió al empleo de la fuerza y armas de fuego no letales en contextos de pacificidad, donde las movilizaciones transcurrían normalmente su curso sin ningún tipo de disturbios, como primer recurso a la hora de intentar disuadir disturbios, es decir, no se priorizó la elección de medios no violentos. También se verificó que se utilizaron motos y caballos para imponer verdaderas cacerías humanas, corriendo y acorralando a los manifestantes, para luego golpearlos, pisarlos y finalmente detenerlos”. Sentencian: “Es decir que la implementación de medidas extraordinarias fue utilizada como plafón para violar los derechos humanos y las libertades civiles. Se ha perforado el piso mínimo indispensable de derechos fundamentales al atentar contra la vida y la integridad física de población civil indefensa”-
La inhumanidad recolectada, continúa: “Reiterados testimonios referían a la imposibilidad de asistir a centros de salud o de atención médica por temor a ser detenidos o imputados por participar de las movilizaciones. La misión constató la presencia de 28 agentes policiales en hospitales, luego de las represiones, lo que tuvo como consecuencia que las personas heridas no se acercaran a solicitar un servicio de salud, pasando días sin ser atendidos agravando su salud. Mayor gravedad reviste la decisión del gobierno jujeño de impedir la atención de heridos por parte de las ambulancias presentes donde se desarrollaron las represiones. Tanto en Purmamarca como en San Salvador, los servicios de ambulancias tenían la indicación de no atender heridos”. Agregan: “Constatamos heridos que sufrieron mala praxis, que no han sido registrados y que se ha negado información a los familiares cuando se acercaban a preguntar por ellos”.
Desde la Misión de Solidaridad Internacional y de Derechos Humanos concluyen que “atento a los testimonios y las pruebas recolectadas, esta forma de represión no se encontró dirigida hacia aquellos actos que causaban daño intolerable a terceros, sino al propio acto de la protesta social o la adopción de un plan de vida solidario que implica la participación en acciones de protesta. La declaración de una testigo que narra cómo desde la legislatura salen personas de civil encapuchadas que prenden fuego autos y luego regresan a refugiarse junto a las fuerzas policiales, es un ejemplo de lo manifestado. Esto también puede constatarse en todas las intervenciones represivas de las fuerzas policiales, donde sin mediación previa se iniciaron acciones represivas sobre los manifestantes, con prácticas generalizadas para provocar lesiones sobre los mismos”. Complementan: “Otro hecho que reviste extrema gravedad es la presencia de personal policial de civil infiltrado en las manifestaciones. La sistematicidad en la utilización de este recurso, quedó irrefutablemente confirmada a través de diversos testimonios e incluso fotos y videos, donde se puede identificar a personal del servicio penitenciario. La intervención de estos grupos en las protestas se caracteriza por la ausencia de identificación, es decir, visten de civil, y se infiltran generando disturbios e incitando a contextos violentos durante las manifestaciones. Estas acciones generan motivo suficiente para la utilización arbitraria de la fuerza. Una vez iniciada la represión, los grupos cambian de tareas, pasando a funcionar como refuerzos para las fuerzas policiales en las calles”.
LA (IN)JUSTICIA Y LOS TRES PODERES ALINEADOS
El informe considera que la represión y la criminalización de la protesta son las dos formas violentas en las que las autoridades provinciales se encuentran reaccionando de forma sistemática ante aquellos que participan en las manifestaciones. “Entendemos por criminalización a la utilización del sistema penal contra la protesta social, como parte de una estrategia política que utilizan los tres poderes de Jujuy para presentar ante la sociedad la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes o pertenecientes a facciones políticas que atentan contra el sistema democrático, con el fin de inmovilizar y amedrentar a aquellos que se organizan y se manifiestan”. Vuelven a enumerar:
1–detenciones arbitrarias sin comunicación de las mismas a los familiares o sin paradero durante más de 10 horas;
2–rechazo a recibir denuncias por parte del Ministerio de la acusación;
3–ausencia de defensores oficiales o coerción a los detenidos por parte de los mismos para que firmen acusaciones y hechos en el Penal de Alto Comedero;
4–incriminación a los manifestantes de delitos de sedición, tentativa de homicidio, resistencia a la autoridad, etc, por el solo hecho de estar presentes y con imposición de multas millonarias;
5–allanamientos sin órdenes judiciales;
6–habeas corpus que devienen en abstractos por no ser contestados en tiempo y forma;
7–violación a procedimientos judiciales,
La investigación deja a la vista que la imputación de cargos a manifestantes y dirigentes políticos “constituye una clara expresión de violencia política”. Ponen un ejemplo concreto: “Las y los defensores de los derechos humanos, incluyendo a las y los abogados defensores que prestan asistencia jurídica a otros defensores o a las víctimas de violaciones de derechos humanos, reciben continuamente amenazas, y se ven imposibilitados muchas veces del acceso a las comisarías donde se encuentran detenidos sus defendidos”. Y entonces manifiestan: “El Estado Argentino resulta responsable de la represión y criminalización de la protesta, atento al uso de la fuerza de manera ilegal, en forma innecesaria y desproporcionada, mediante ataques generalizados y sistemáticos hacia la población civil. Estas prácticas violentas del Estado no sólo violan los derechos humanos fundamentales de quienes participan en las protestas, sino que también son contrarias a los principios democráticos que deben guiar la convivencia social en un Estado de derecho. La institucionalización de la represión y la criminalización de la protesta social es la manera que ha desarrollado el Gobierno jujeño, en connivencia con los poderes Legislativo y Judicial, de castigar las manifestaciones sociales y políticas por reclamos gremiales y contra la reforma de la Constitución”.
CONCLUSIONES FINALES
Este documento no es la primera expresión del horror vivido y que se perpetúa en Jujuy. La mismísima Comisión Interamericana de Derechos Humanos allá por el 20 de junio había llamado al Estado “a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza”, y a llevar a cabo un proceso de “diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en que se respete los derechos sindicales y de los pueblos originarios”.
El diálogo, sin embargo, no fue tal. El Informe Final de la Misión denuncia los ataques, las agresiones y las vulneraciones constatadas:
–Uso irregular de armamentos “no letales o de letalidad reducida” en contra de los
cuerpos de las personas manifestantes para dispersar protestas.
–Disparos horizontales de largo alcance en lugares residenciales y en contra el cuerpo de
los de manifestantes
–Lanzamiento de gases lacrimógenos al interior de viviendas.
–Detenciones ilegales, arbitrarias e infundadas de personas por la mera participación en
las protestas
–Tormentos y malos tratos, crueles, inhumanos y degradantes sobre personas detenidas
en el marco de las protestas y movilizaciones.
–Incumplimiento de la obligación de publicidad de los procedimientos policiales
–Uso irregular de facultades procesales para la detención y traslado arbitrario de
personas.
–Montaje de causas penales y posterior persecución judicial contra los/as participantes de
las protestas.
La Misión Internacional de Solidaridad y Derechos Humanos afirma que “el Estado argentino es responsable por la grave violación de derechos humanos de la población civil en el marco de la actuación represiva desplegada desde el 7 de junio del 2023 por las autoridades de la provincia de Jujuy en el territorio Jujeño. Gran parte de las vulneraciones, por su carácter sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil, tipifican delitos de lesa humanidad, previstos y sancionados por el derecho internacional de los DDHH en los tratados, convenciones y estatutos reseñados precedentemente, los cuales el Estado argentino ha suscrito y ratificado”.
Y concluye:
–El Estado de Derecho y el orden democrático en Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales.
–Al pueblo jujeño le asiste el derecho (constitucional y convencional) de protesta, de petición ante las autoridades y de ocupar el espacio público para ello. Así lo intentó ejercer, de forma pacífica. El ejercicio de la soberanía popular es inalienable y es un elemento constitutivo del Estado de Derecho y condición de la convivencia democrática.
–La existencia de un marco normativo que declare y/o reconozca los derechos ciudadanos implica inexorablemente las obligaciones del Estado de garantizar su pleno y efectivo goce. Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil.
–Las autoridades utilizaron de manera abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH.
–El despliegue represivo del Estado ha significado la comisión de graves delitos tanto por acción u omisión de sus órganos ejecutivos y judiciales. No sólo no previno, sino que además propició graves violaciones a los derechos humanos y no inició las investigaciones correspondientes, ni mucho menos sancionó a sus responsables.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares.
–Las autoridades deben ser investigadas ya que impidieron, limitaron y condicionaron deliberada y violentamente la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta.
–Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad.
Y así finalizan el Informe Final de 75 páginas, que compartimos debajo en su totalidad: “Nos encontramos con un Estado Provincial que modifica su superestructura jurídica y política en clara coalición con el marco establecido por la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscriptos por el Estado Nación. Y no solo eso. El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. El gobierno de Cambia Jujuy, con Gerardo Morales a la cabeza, ha iniciado un proceso de balcanización objetivo. Con sus acciones está fragmentado el Estado Nación, con una supremacía étnica que coloca a las comunidades originarias en un estado de sumisión absoluta o lo que es peor, como objetos decorativos para turistas interesados en ver un indígena en vivo y en directo. Sentado arriba de las importantes reservas de litio, se erige como un intermediario nativo al servicio del capital extranjero interesado en los recursos naturales de la región. Para lograrlo, organiza el Estado de acuerdo a intereses foráneos; prepara las fuerzas represivas para custodiar esos negocios y ubica familiares y amigos para controlar cada milímetro de la sociedad jujeña. Estas afirmaciones podrían ser tomadas como subjetivas por aquellos que no quieran ver lo que está a la vista de todos: la gente de a pie está atemorizada frente a un gobierno que avasalla todos y cada uno de los derechos que nuestro pueblo, con sus históricas luchas, con sus resistencias a dictaduras, y con 30.000 desaparecidos, supo conquistar. Hay fotos, videos, notas periodísticas, decretos, acciones de gobierno, que se suceden unas a otras siguiendo una única lógica: la entrega de recursos naturales con la vida de los que habitan esas tierras”.

Nota
Femicidio de Iara Rueda: confirman las condenas a perpetua
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la sentencia que condenó a prisión perpetua a Mauricio Esteban Abad y Raúl Arnaldo Cachizumba por el femicidio de Iara Rueda. Además hay un tercer implicado: Tomás Fernández, que fue declarado como autor y que por ser menor de edad al momento de los hechos su pena debe ser resuelta por una jueza de menores. La familia aún espera otra resolución judicial que busca condenar a los policías que no investigaron el femicidio.
Por Natalia Aramayo
desde San Salvador de Jujuy
El Tribunal de Revisión de Jujuy confirmó la pena de prisión perpetua por el femicidio de Iara Rueda que había sido dictada el 12 de mayo de 2023 por el Tribunal en lo Criminal Nº 3.
Así quedó confirmado lo que en el pasado mayo habían establecido las juezas María Margarita Nallar y Ana Carolina Pérez Rojas, y el juez Mario Ramón Puig del Tribunal Oral en lo Criminal N°3: dos condenas a perpetuas y una declaración de responsabilidad penal con remisión al juzgado de menores para que se le establezca pena.
El Tribunal de Revisión, compuesto por las juezas Gisela Rita Macina, presidenta de trámite, y Claudia Cecilia Sadir y el juez Cristian Torres Magallanes, redactó el fallo con estas palabras: «El Tribunal rechaza los recursos de apelación interpuesto por la defensa y confirma la sentencia a Raúl Cachizumba y Mauricio Abad como autores materiales y responsables del delito de “homicidio doblemente agravado por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”; como así también, la declaración de responsabilidad del menor al momento del hecho Tomas Fernández, del delito de “Homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y de una mujer cuando el hecho sea perpetrado por un hombre y mediare violencia de género”, en carácter de autor».
En la calle se repitió la misma postal que se vio durante todo el juicio: la Multisectorial de Mujeres y Disidencias de Jujuy -compuesta por una multiplicidad de organizaciones, y otras familias- acompañó a la familia de Iara durante el proceso. Por eso Mónica, mamá de Iara Rueda, expresó al salir del Tribunal: «Quiero darles las gracias a todas ustedes, que nunca me dejan bajar los brazos, a ustedes y a las otras familias. Estas dos audiencias fue como revivir el asesinato de Iara de nuevo, pasamos el fin de semana teniendo confianza que se iba a hacer justicia, pero al mismo tiempo con angustia».
Sobre la confirmación de la condena Mónica dijo: «Se hizo justicia, quedó firme la condena y ahora a no bajar los brazos, falta la condena para Tomas Fernández, esperamos que la jueza de menores le de la máxima».


La historia de Iara Rueda
Iara Rueda tenía 16 años cuando el miércoles 23 de septiembre de 2020 salió de su casa para llevarle un trabajo práctico a un compañero de la escuela. Fue la última vez que su familia la vio con vida. Después de las 5 de la tarde no hay imágenes de ella: según las versiones oficiales las cámaras de seguridad no funcionaban por apagones de luz.
Cuando esa tarde Mónica llegó a su casa y no vio la bicicleta de su hija supo que algo le había pasado. Fue a la comisaría: no le tomaron la denuncia. La policía evadió todos los protocolos de búsqueda.
Ante la inacción policial, los y las vecinas del barrio se autoconvocaron para ayudar a la familia Rueda a buscar a Iara, y lo hicieron en intensos rastrillajes, de noche, sin luz.
En distintos puntos de la provincia se replicaron los cortes de ruta (algunos fueron reprimidos) que exigían que la busquen.
El cuerpo fue encontrado días después, el 28 de septiembre. Estaba atada de pies y manos. En ese lugar su familia construyó un altar.
El otro juicio
Además del juicio por el femicidio, la familia de Iara impulsó desde el primer momento la denuncia contra los funcionarios policiales que no aplicaron los protocolos de búsqueda tal como la legislación lo establece.
Mauro Cortez, Fabio Cruz, Hernán Vargas, Pablo López, Walter Ramos, Emanuel Valdiviezo, Daniel Ramírez y Laura Tapia, miembros de la policía y brigada de investigaciones de Palpalá, estaban imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras la denuncia de la familia de Iara. Hasta que a principios de este mes el juez Rodolfo Nino Fernández, del Juzgado Especializado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública, dictó el sobreseimiento. La familia de Iara Rueda presentó recientemente un recurso de apelación del que se espera resolución.
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