Nuevo capítulo de una vieja historia: la fiscal Celsa Ramírez, con prontuario irregular contra los manteros, tapió la mitad del ex Padelai y encerró a las familias en la otra porción. Lista en mano, la Metropolitana controla el ingreso mientras el gobierno porteño fuerza una negociación con las 85 familias que allí viven.


A medida que uno se acerca a la esquina de Balcarce y San Juan, San telmo, empiezan a aparecer chalecos amarillos. Son efectivos de la Metropolitana. Cada vez más y más hasta que, a mitad de cuadra, dos parados frente a la puerta de acceso principal al ex Padelai sostienen una planilla: no estás, no podés pasar.
De ahí hacia el final de la cuadra, hasta Humberto Primo, sigue una chapa detrás de otra que funcionan tapiando casi la mitad de este enorme predio que ocupa la manzana entera. “Eso lo pusieron ayer”, cuenta Manuel desde el zaguán de acceso del ex Padelai, cuidándose de no salir, porque no sabe si puede volver a entrar.
Manuel se refiere al procedimiento que la fiscal Celsa Ramírez (Fiscalía Contravencional n° 35 de la Ciudad) llevó adelante ayer lunes 18 a las 7 de la mañana. “Se presentó con un acta contravencional por ruidos molestos”, relata Tito desde el Ministerio Público Fiscal donde aguarda una respuesta sobre cómo sigue la causa. “Con ese pretexto rompieron un candado, se metieron adentro por la parte del patio – sigue- y partieron la vivienda en dos. Las familias quedamos en la otra mitad”.
Replay: según lo que cuentan los vecinos, una fiscal contravencional ordenó a la Policía Metropolitana meterse dentro del predio – no habría orden de desalojo, no puede haberla por este delito- y cercó la mitad del edificio, en la parte donde no viven las familias. Esa porción, que da sobre Humberto Primo, es la que custodian celosamente los chalecos amarillos.
La fiscal delivery
A la fiscal Celsa Ramírez no parecen importarle los formalismos. Es la misma fiscal que lleva adelante una megacausa contra un grupo de manteros de Caballito, a quienes intenta imputar sin éxito de “organización de venta ilegal” desde octubre de 2012. En el marco de esa causa -sí con mucho éxito- ha concretado allanamientos, persecusiones y hasta pinchaduras de teléfono contra los manteros. Semejante despliegue le ha valido retos de jueces contravencionales que no avalaron sus pedidos en todos los casos, aunque en su mayoría la jueza María Fernanda Botana ayudó. “Es una fiscal que activa causas que bajan del Ejecutivo”, señalan fuentes judiciales, poniendo en palabras lo evidente. Otra teoría indica que “agarra causas de impacto y toma medidas fuertes porque está haciendo carrera política”. Ramírez viene trepando desde hace 16 años en el Ministerio Público.
No casualmente la primicia de sus procedimientos la tiene siempre el diario Clarín. “Ayer en el operativo estaba solo Clarín”, dice Daniel, que no conoce la causa de los manteros en la que el Grupo también tiene fuentes privilegiadas. En efecto, la única nota – firmada por Sebastián Clemente- publicada el día de ayer sobre el operativo en el ex Padelai es de ese diario y cuenta con el testimonio de la fiscal Ramírez, que se ha negado reiteradas veces a ser entrevistada por MU. “Actuamos a partir de denuncias por irregularidades- explica la fiscal sobre el desalojo de hecho-. Según los vecinos, se hacían peñas, eventos, se vendían alimentos y también hay robo de electricidad”.
Los argumentos son endebles, judicialmente inválidos, pero en la historia larga del ex Padelai es en vano encontrar explicaciones cerradas. Su historia simboliza como pocas cómo se generan las políticas de exclusión en la Ciudad de Buenos Aires.

Historia circular
Un intento de síntesis:
-En 1990 el entonces intendente Carlos Grosso firmó un convenio que cede a una serie de familias agrupádos en una Cooperativa el 70% del predio
-En ese acuerdo se pacta un doble compromiso: el de la Ciudad a girar fondos para hacer del edificio un lugar social y cultural; y el de las familias a pagar un canon mensual
-Ninguno de los dos se cumplió
-En 2003 el gobierno a cargo de Aníbal Ibarra realiza un violento desalojo del edificio, que aún es recordado por las familias que lograron volver. “No queremos que nos pase lo del 2003”, dice Tito.
-En agosto de 2009, la Legislatura dio trámite en tiempo récord -6 días -a la ley que cedió su uso gratuito y por 30 años al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA)
-Tres años después, sin haber hecho ninguna actividad cultural, en medio de la crisis económica europea el CCEBA se declara incapaz de llevar adelante el proyecto
-Las familias volvieron a tomar lo que, dicen, siempre fue suyo.
Desde entonces la antigua Cooperativa San Telmo volvió a hacerse cargo del ex Padelai, signada por fuertes internas. “Nosotros proponemos entregar la escritura a cambio de las viviendas necesarias para las familias que hoy están acá dentro”, decía en mayo de 2012 su presidente, Carlos Vargas, a lavaca.
Según Tito, la causa se trabó en la justicia “porque no pueden hacer otra causa por usurpación en el mismo domicilio a la misma persona jurídica”. Es decir, se necesitaba otro argumento. “O decisión política”, sugiere. Desde entonces, les prometieron créditos de vivienda, subsidios habitacionales y crearon mesas de diálogo “que no llegaron a nada”.

Atrapados con salida
El nuevo capítulo lo acaba de escribir Celsa Ramírez, metiéndose de prepo por el patio con un acta contravencional en mano por “ruidos molestos”. Tito interpreta la verdadera razón de este sinsentido: “El cambio de gobierno nos perjudicó. El INAES depende del mismo gobierno que la Ciudad, y la Cooperativa ya no tiene futuro. Somos conscientes de que el proyecto nuestro no se va a hacer, hay una decisión política tomada. Parte de la familia tiene voluntad de cerrar elt ema, por eso estamos acá en la fiscalía. Lo que vamos a hacer es ceder la parte de la propiedad de la Cooperativa y pedir que nos aseguren créditos”, dice. Esa parte representa el 70% del inmueble. El otro 30% que aún le corresponde al Estado es el que en teoría acaba de desalojar la fiscalía.
Actualmente viven en el edificio 85 familias, aunque el Gobierno de la Ciudad reconoce menos y la fiscal le dijo a Clarín que tienen relevadas “40”. “No sé de dónde sacaron ese número”, dice Manuel. Tito: “Ellos hablaron con los jefes de familia pero no relevaron a todos los habitantes. Pero a partir de eso hicieron una lista de quiénes viven acá y quiénes no”.
La Metropolitana se encarga de hacerla cumplir, convertida en patovica de una propiedad en pugna. La salida es gratis, la entrada no: muchos padres eligieron ni mandar a sus chicos a la escuela. Las familias están así atrapadas en la casa donde vivieron, intermitentemente, 20 años, y esperan una solución por parte del gobierno.
La misma solución que esperan hace 20 años.
Cierra Tito: “No sé cuál es la intención de este Presidente. Habló de no sé cuentas propuestas sobre vivienda que iba a tener en 4 años y este tema del Padelai nunca lo resolvió en 8 años como jefe de gobierno. Ahora que es Presidente le decimos de una vez por todas que arme una mesa seria con las familias para llegar a una solucion definitiva. Estamos dispuestos al diálogo pero no vamos a pertimitr que haya un desalojo como en el 2003”.