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Ex Padelai: una fiscal contra 85 familias

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Nuevo capítulo de una vieja historia: la fiscal Celsa Ramírez, con prontuario irregular contra los manteros, tapió la mitad del ex Padelai y encerró a las familias en la otra porción. Lista en mano, la Metropolitana controla el ingreso mientras el gobierno porteño fuerza una negociación con las 85 familias que allí viven.

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A medida que uno se acerca a la esquina de Balcarce y San Juan, San telmo, empiezan a aparecer chalecos amarillos. Son efectivos de la Metropolitana. Cada vez más y más hasta que, a mitad de cuadra, dos parados frente a la puerta de acceso principal al ex Padelai sostienen una planilla: no estás, no podés pasar.
De ahí hacia el final de la cuadra, hasta Humberto Primo, sigue una chapa detrás de otra que funcionan tapiando casi la mitad de este enorme predio que ocupa la manzana entera. “Eso lo pusieron ayer”, cuenta Manuel desde el zaguán de acceso del ex Padelai, cuidándose de no salir, porque no sabe si puede volver a entrar.
Manuel se refiere al procedimiento que la fiscal Celsa Ramírez (Fiscalía Contravencional n° 35 de la Ciudad) llevó adelante ayer lunes 18 a las 7 de la mañana. “Se presentó con un acta contravencional por ruidos molestos”, relata Tito desde el Ministerio Público Fiscal donde aguarda una respuesta sobre cómo sigue la causa. “Con ese pretexto rompieron un candado, se metieron adentro por la parte del patio – sigue- y partieron la vivienda en dos. Las familias quedamos en la otra mitad”.
Replay: según lo que cuentan los vecinos, una fiscal contravencional ordenó a la Policía Metropolitana meterse dentro del predio – no habría orden de desalojo, no puede haberla por este delito- y cercó la mitad del edificio, en la parte donde no viven las familias. Esa porción, que da sobre Humberto Primo, es la que custodian celosamente los chalecos amarillos.
La fiscal delivery
A la fiscal Celsa Ramírez no parecen importarle los formalismos. Es la misma fiscal que lleva adelante una megacausa contra un grupo de manteros de Caballito, a quienes intenta imputar sin éxito de “organización de venta ilegal” desde octubre de 2012. En el marco de esa causa -sí con mucho éxito- ha concretado allanamientos, persecusiones y hasta pinchaduras de teléfono contra los manteros. Semejante despliegue le ha valido retos de jueces contravencionales que no avalaron sus pedidos en todos los casos, aunque en su mayoría la jueza María Fernanda Botana ayudó. “Es una fiscal que activa causas que bajan del Ejecutivo”, señalan fuentes judiciales, poniendo en palabras lo evidente. Otra teoría indica que “agarra causas de impacto y toma medidas fuertes porque está haciendo carrera política”. Ramírez viene trepando desde hace 16 años en el Ministerio Público.
No casualmente la primicia de sus procedimientos la tiene siempre el diario Clarín. “Ayer en el operativo estaba solo Clarín”, dice Daniel, que no conoce la causa de los manteros en la que el Grupo también tiene fuentes privilegiadas. En efecto, la única nota – firmada por Sebastián Clemente- publicada el día de ayer sobre el operativo en el ex Padelai es de ese diario y cuenta con el testimonio de la fiscal Ramírez, que se ha negado reiteradas veces a ser entrevistada por MU. “Actuamos a partir de denuncias por irregularidades- explica la fiscal sobre el desalojo de hecho-. Según los vecinos, se hacían peñas, eventos, se vendían alimentos y también hay robo de electricidad”.
Los argumentos son endebles, judicialmente inválidos, pero en la historia larga del ex Padelai es en vano encontrar explicaciones cerradas. Su historia simboliza como pocas cómo se generan las políticas de exclusión en la Ciudad de Buenos Aires.
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Historia circular
Un intento de síntesis:
-En 1990 el entonces intendente Carlos Grosso firmó un convenio que cede a una serie de familias agrupádos en una Cooperativa el 70% del predio
-En ese acuerdo se pacta un doble compromiso: el de la Ciudad a girar fondos para hacer del edificio un lugar social y cultural; y el de las familias a pagar un canon mensual
-Ninguno de los dos se cumplió
-En 2003 el gobierno a cargo de Aníbal Ibarra realiza un violento desalojo del edificio, que aún es recordado por las familias que lograron volver. “No queremos que nos pase lo del 2003”, dice Tito.
-En agosto de 2009, la Legislatura dio trámite en tiempo récord -6 días -a la ley que cedió su uso gratuito y por 30 años al Centro Cultural de España en Buenos Aires (CCEBA)
-Tres años después, sin haber hecho ninguna actividad cultural, en medio de la crisis económica europea el CCEBA se declara incapaz de llevar adelante el proyecto
-Las familias volvieron a tomar lo que, dicen, siempre fue suyo.
Desde entonces la antigua Cooperativa San Telmo volvió a hacerse cargo del ex Padelai, signada por fuertes internas. “Nosotros proponemos entregar la escritura a cambio de las viviendas necesarias para las familias que hoy están acá dentro”, decía en mayo de 2012 su presidente, Carlos Vargas, a lavaca.
Según Tito, la causa se trabó en la justicia “porque no pueden hacer otra causa por usurpación en el mismo domicilio a la misma persona jurídica”. Es decir, se necesitaba otro argumento. “O decisión política”, sugiere. Desde entonces, les prometieron créditos de vivienda, subsidios habitacionales y crearon mesas de diálogo “que no llegaron a nada”.
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Atrapados con salida
El nuevo capítulo lo acaba de escribir Celsa Ramírez, metiéndose de prepo por el patio con un acta contravencional en mano por “ruidos molestos”. Tito interpreta la verdadera razón de este sinsentido: “El cambio de gobierno nos perjudicó. El INAES depende del mismo gobierno que la Ciudad, y la Cooperativa ya no tiene futuro. Somos conscientes de que el proyecto nuestro no se va a hacer, hay una decisión política tomada. Parte de la familia tiene voluntad de cerrar elt ema, por eso estamos acá en la fiscalía. Lo que vamos a hacer es ceder la parte de la propiedad de la Cooperativa y pedir que nos aseguren créditos”, dice. Esa parte representa el 70% del inmueble. El otro 30% que aún le corresponde al Estado es el que en teoría acaba de desalojar la fiscalía.
Actualmente viven en el edificio 85 familias, aunque el Gobierno de la Ciudad reconoce menos y la fiscal le dijo a Clarín que tienen relevadas “40”. “No sé de dónde sacaron ese número”, dice Manuel. Tito: “Ellos hablaron con los jefes de familia pero no relevaron a todos los habitantes. Pero a partir de eso hicieron una lista de quiénes viven acá y quiénes no”.
La Metropolitana se encarga de hacerla cumplir, convertida en patovica de una propiedad en pugna. La salida es gratis, la entrada no: muchos padres eligieron ni mandar a sus chicos a la escuela. Las familias están así atrapadas en la casa donde vivieron, intermitentemente, 20 años, y esperan una solución por parte del gobierno.
La misma solución que esperan hace 20 años.
Cierra Tito: “No sé cuál es la intención de este Presidente. Habló de no sé cuentas propuestas sobre vivienda que iba a tener en 4 años y este tema del Padelai nunca lo resolvió en 8 años como jefe de gobierno. Ahora que es Presidente le decimos de una vez por todas que arme una mesa seria con las familias para llegar a una solucion definitiva. Estamos dispuestos al diálogo pero no vamos a pertimitr que haya un desalojo como en el 2003”.
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Mía: Cuando el arte abraza

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Mía es una obra de teatro que podríamos encuadrar dentro del biodrama o autoficción. Y es mucho más: es grito, es abrazo y, también es un espejo. La actriz y médica psquiatra Mercedes Bertuzzi expone en escena su propia historia: una situación de violencia machista que sufrió por parte de una ex pareja. Este sábado 18 de marzo y en el marco del 8M, esta obra testimonial se presenta en MU Trinchera Boutique a las 21 hs, entradas a la gorra.

“Los primeros años, luego de salir, fueron de mucha confusión, angustia y mucha bronca. Escribir me permitía depositar esas emociones en el texto. El primer objetivo fue descargar. Siempre estuvo el deseo de poder denunciar a través de ese texto que iba escribiendo, pero no estaba segura de si iba a encontrarle la forma. En el proceso empecé a entrenar con Marina Otero, ella hace autoficción, y ahí algo se destrabó, la vi, vi la obra”, cuenta Mercedes. Al terminar de escribir el texto, tomó conciencia de que no era exclusivamente autorreferencial sino que involucraba la historia de muchas otras. Así tomó coraje para llevarla a la escena. “En cada función se me acercan decenas de mujeres emocionadas a abrazarme diciéndome ‘somos muchas’. Todas pasaron por una situación de violencia o acompañaron a otra mujer que la pasó. Siempre termino la función con ganas de gritar cada vez más fuerte el texto de esta obra. Siento que estoy entregando mi historia al colectivo y eso hace que ya no me pese, ya no lucho contra ella. Cada mujer que se identifica con la historia se la apropia un poquito y le va dando más cuerpo al personaje de Mía”.

Con sus herramientas artísticas, Mercedes logró una obra poética, sin golpes bajos, con ironía y momentos muy divertidos.

En una escena, dos niñas juegan a ser actrices, prueban vestuario y declaman en nombre del amor. Las palabras son extraídas de las típicas canciones románticas de cantantes famosos, las que hemos aprendido y cantado a lo largo de los años. “Para quienes fueron víctimas, no es fácil hablar. La violencia nos deja mudas, vacías, solas, no hay palabras que alcancen para explicar. El arte nos habilita un lenguaje a través del cual poder decir lo indecible, nos devuelve la voz, en la forma que cada una elija expresarse. Y para quienes son público, adentrarse a la temática desde una propuesta artística creo que les permite hacerlo sin tantas resistencias. Te permite escuchar con otra disponibilidad. El relato atravesado por la dramaturgia, la música, los cuerpos. Mantiene su fuerza y su crudeza, pero es amortiguado de ternura, poesía, risa. Y eso permite que hablemos de violencia con personas que quizás no se acercarían de otras formas”. 

Cada vez que Mía fue presentada en distintos teatros —Mercedes quiere que la obra circule y abra a la reflexión— los comentarios de personas del publico se multiplican: “Presencié ese mismo diálogo”, “sentí exactamente eso”, “estuve en pareja con un tipo igual”. No solo es reparador para ella sino para muchas. “Romper el silencio es imprescindible. Me sigue sorprendiendo la cantidad de mujeres que se acercan después de la función a abrazarme emocionadas por haber ‘contado su historia’, estuvieron ahí mismo o acompañaron a otra. De todas las edades, todas las clases sociales. Es escalofriante, es triste. Pero es también esperanzador encontrarnos. Ya no nos estamos quedando calladas, estamos denunciando y estamos convencidas de cambiar esa realidad. El haber sido víctima de violencia ya no queda solo como una herida que duele y mejor callar y olvidar. Hoy somos víctimas enojadas, creativas y sobre todo, en red. Compartir Mía me abrió los ojos a eso… Es mi historia, es la de muchas otras y, por suerte, es parte de la historia que estamos modificando”.

MU Trinchera Boutique, Riobamba 143

Sábado 18 de marzo a las 21 hs

Actúan: Mercedes Bertuzzi, Juliana Gotta, Gonzalo Pungitore, María Tibi

Entradas “a la olla”.

Podés reservar en este link:

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Punitivismo y feminismo en el caso de Lucía Pérez: una mirada sobre esa falsa dicotomía

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La abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse analiza por qué es falsa la dicotomía que pretenden instalar sectores que siempre trabajan para categorizar las divisiones del movimiento feminista. Así crean grietas sociales que les permiten alentar congresos, investigaciones y polémicas de las cuales viven.

Por Cristina Montserrat Hendrickse

Una corriente muy minoritaria de los feminismos entiende que reclamar la sanción penal del femicidio es una actitud punitivista.

Llegan a tal conclusión partiendo del concepto de que el castigo refuerza la violencia.

Evidentemente la idea de la que se parte es correcta, pero el error de la conclusión reside en asociar pena a castigo. En no distinguir la finalidad de la pena que impone nuestro Derecho de la triste realidad de castigo que significa la ejecución efectiva de las penas privativas de libertad.

Los feminismos en nuestro país se encuentran justificados jurídicamente en la Convención Contra Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) incorporada a nuestra Constitución en 1994; la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra La Mujer (Convención de Belem do Pará) que es un tratado internacional de jerarquía superior a las leyes; y las leyes nacionales y provinciales que reglamentan a estos tratados.

Nótese que la convención de Belem do Pará obliga a los Estados a “sancionar” la violencia de género, además de prevenirla y erradicarla. El marco jurídico “sancionatorio” por excelencia es el Derecho Penal.

De allí que en nuestro sistema de derecho pretender eludir o abolir la punición de la violencia de género resulta jurídicamente anticonvencional, y por tanto anticonstitucional.

No por ello se deja de valorar el aporte del antipunitivismo feminista en cuanto sostiene que el castigo refuerza la violencia. Pero el problema del antipunitivismo reside en cuestionar al sistema (de origen convencional interamericano) de sanción de la violencia de género, y no al sistema de castigo que en los hechos (y apartándose del Derecho) sucede con la aplicación de la pena.

En efecto, la finalidad esencial de las penas privativas de la libertad es la reforma y la readaptación social de los condenados (art. 5.6. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también incorporada a nuestra Constitución en 1994), sin olvidar el mandato de que “…Las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ellas…” (artículo 18 de la Constitución Nacional). De ambas reglas de jerarquía superior surge que la finalidad jurídica de las penas no es el castigo, como erradamente lo entiende cierta expresión del feminismo antipunitivista, sino la resocialización.

De allí que se impone una diferenciación entre “antipunitivismo” y “abolicionismo” que permita distinguir: si se pretende que la pena no se constituya en castigo sino como resocialización (antipunitivismo); o si se pretende abolir todo tipo de pena (abolicionismo penal).

La primera debería hacer foco en una reforma penitenciaria feminista, que lejos de reforzar el patriarcado lo deconstruya, no aboliendo las penas, sino modificando su ejecución a la finalidad que el impone el Derecho.

La segunda implicaría la abolición de todas las prisiones; y además, el desafío de construir respuestas ante los crímenes o lo que cada sociedad considera crímenes.

Evidentemente el castigo refuerza la violencia. Por lo que el mismo debe ser eliminado del sistema de ejecución penal, pero no el sistema de sanción; salvo que se sostenga el abolicionismo, teoría también respetable, pero que resulta anticonstitucional en nuestro sistema de Derecho, al menos en materia de violencia de género ya que la República Argentina se obligó ante la comunidad interamericana a sancionarla.

Toda decisión que se aparte de ese compromiso violentaría el sistema jurídico argentino y comprometería a nuestra Nación frente a la Comunidad Interamericana exponiéndonos a ser destinatarios de reclamos, cuando no de sentencias condenatorias, ante el sistema interamericano de Derechos Humanos.

En resumen: debatamos sobre las cárceles, no sobre las penas.

Cristina Montserrat Hendrickse

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Pergamino: sentencia contra los agrotóxicos y triunfo de la comunidad frente a un intendente

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la distancia de 1.095 metros dentro de las cuales están prohibidas las fumigaciones terrestres con agrotóxicos, y de 3.000 metros para las aéreas. De ese modo denegó el recurso de amparo presentado por el intendente pro agronegocio de Pergamino, Javier Martínez. La denuncia original había sido presentada por Sabrina Ortiz (en la foto principal), vecina de Pergamino, que en su reclamo contra el envenenamiento cotidiano que sufrían ella, su familia y sus vecinos, y sin encontrar quien la defendiera legalmente, terminó recibiéndose de abogada para encarar sus propias causas. La sentencia de primera instancia había sido dictada por el juez del juzgado penal 2 de San Nicolás Carlos Villafuerte Ruzo.

Frente a la ratificación de la Corte dijo a Sabrina Ortiz a lavaca, entre otras cosas:

  • “Se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa”.
  • “Celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Publicamos además la nota completa realizada en la revista MU.

Por Francisco Pandolfi

Madres fumigadas: Silvana, Erika, Paola, Juana, Natalia. Fotos: Nacho Yuchark.

Un fallo de la Corte Suprema de Justicia ratificó la distancia de 1.095 metros de prohibición de fumigaciones terrestres y de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas, denegando el recurso de amparo que había presentado nada menos que el intendente de Pergamino, Javier Martínez, pretendiendo fumigar en todas partes, pese a las denuncias sobre los efectos de los agrotóxicos en la comunidad, el suelo, el aire y el agua.

El fallo en primera instancia, apelado por Martínez, había sido del Juez Carlos Villafuerte Ruzo, titular del Juzgado Penal Número 2 de San Nicolás, en septiembre de 2019, como medida protectoria paliativa urgente frente a las masivas fumigaciones.

Paola, su nieto con sobrepeso, su nieta con déficit de crecimiento, parte de los efectos en la salud de las fumigaciones masivas para cultivos transgénicos. Fotos: Nacho Yuchark.

Quien realizó la denuncia original ante la justicia federal fue la activista ambiental y abogada Sabrina Ortiz, también víctima de los agrotóxicos. Ante este fallo de la Corte Suprema de la Nación, explica a lavaca: “Esperábamos la resolución desde hace bastante tiempo, con muchas expectativas, pese que los últimos fallos que ha tenido la Corte en materia ambiental no han sido para nada alentadores. Sin embargo, para nosotros era casi seguro que iba a fallar a favor. Se me vinieron un montón de situaciones a la cabeza, sobre todo por cómo comenzó esta causa, por la salud de mis hijos, por las afectaciones que tuvieron, con las afectaciones que tuve en mi cuerpo; se me vinieron a la mente un montón de recuerdos de personas que la pasaron muy mal, personas que ya no están incluso, que fueron víctimas de este modelo y que perdieron la vida por esta causa. Fueron recuerdos muy tristes, muy angustiantes, dolorosos, del vivir cotidiano, de hecho todavía están en controles mis hijos y hay un montón de gente que la sigue sufriendo”.

Pedro y Guido, dos de los agricultores que descubrieron que se puede producir de modo sano en las zonas en las que se prohíben los agroquímicos. Fotos Nacho Yuchark

Relata también con asombro: “Me da mucho dolor, que sea el propio municipio el que intenta ir en contra de la salud de las personas. Me da mucha impotencia que el intendente Javier Martínez sea quien quiere que nos fumiguen en la cabeza. Al mismo tiempo, celebro por duplicado porque cada batalla que damos tenemos oponentes muy fuertes, corporaciones, intereses políticos, corrupción, sectores del agronegocio. Entonces, en parte estoy feliz porque aunque sabemos que la solución sería que sea agrotóxicos cero para todo el mundo, no sólo para esta región, podemos decir que es un pasito más que estamos dando hacia el buen vivir”.

Aquí, el viaje, la investigación y la nota completa sobre la situación en Pergamino publicada en la revista MU: La capital del veneno.


https://lavaca.org/mu163/mu-en-pergamino-la-capital-del-veneno/

Salud humana y de la naturaleza: lo que está en juego en Pergamino, como caso testigo de tantos lugares del país.
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LA NUEVA MU. Lo que está en juego

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