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#NosEstánMatando: otro periodista asesinado en México

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El periodista Javier Valdez Cárdenas fue asesinado el 15 de mayo en Culiacán, Sinaloa. Es el sexto reportero que matan en lo que va del año y su nombre se suma a la trágica lista de más de 100 periodistas masacrados desde que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”. Valdez Cárdenas lo resumió a la perfección en 2011: “Esta es una guerra, sí, pero por el control del narco. Pero nosotros, los ciudadanos, ponemos los muertos”. Esta semana cientos de periodistas salieron a las calles para gritar que este genocidio -que lleva 200 mil muertes y más de 30 mil desaparecidos- no se sepulte en el silencio, y gritan: #NosEstánMatando.

Foto: La Jornada

La imagen está captada desde un drone en el monumento del Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México. Se ve una plaza, un grupo de personas, algunos autos y una frase escrita en el asfalto que no es consigna sino un grito desesperado y urgente:

“En México #NosEstánMatando. No al silencio”.

La organización civil Por el Derecho a Informar realizó esa acción en el marco de una jornada de protesta en la que cientos de periodistas y fotógrafos exigieron justicia por el asesinato del corresponsal de La Jornada y editor del semanario Riodoce, Javier Valdez Cárdenas, el lunes en Culiacán, Sinaloa. Es el sexto reportero asesinado en México en lo que va del año y se suma así a la trágica lista de más de 100 periodistas asesinados entre 2000 y 2017, El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.

  • El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa.
  • El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto.
  • El último 15 de mayo a Valdez lo sacaron de su auto y lo masacraron a tiros.

    “El país más mortífero”

    La subprocuradora de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Procuraduría General de la República (PGR), Irene Herrerías Guerra, reconoció que desde 2000 a 2017 han registrado 114 asesinatos a periodistas en México. El dato que ilustra la impunidad es que sólo hay tres sentencias por esos casos. La subprocuradora precisó algunas cifras desde la creación de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle):

    • Entre 2010 y 2017 se abrieron 368 expedientes por amenazas a periodistas.
    • 159 son por abuso de autoridad.
    • 70 por lesiones.
    • 70 por robo.
    • 55 por privación ilegal de la libertad.
    • 48 por daño en propiedad ajena.

    La organización Article 19 publicó una infografía en la que alertaba de 105 comunicadorxs asesinados: 97 hombres y 8 mujeres. La mayoría se produjo en la presidencia de Felipe Calderón.

    Según las cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, los periodistas asesinadas sumaban 122 tras del crimen de Ricardo Monlui, en Veracruz. Luego ocurrieron cuatro crímenes más, incluido el de Valdez Cárdenas.

    Después del asesinato de Valdez, Reporteros Sin Fronteras (RSF) se expresó a través de un comunicado firmado por el director de la Oficina de América Latina, Emmanuel Colombié: “Una vez más, esta oleada de violencia pone en evidencia el estado de emergencia en que se encuentran los periodistas mexicanos, sobre todo los que cubren temas delicados como el narcotráfico y el crimen organizado, que se han convertido en un blanco de estos grupos criminales. El gobierno mexicano debe actuar de manera proporcional a la gravedad de la situación y reforzar cuanto antes los mecanismos de protección de periodistas”.

    La organización denunció que un centenar de hombres armados atacó el 13 de mayo a siete reporteros de La Jornada, Vice News, Hispano Post, Quadratin, Imagen TV y Bajo Palabra, cerca de la ciudad de Acapetlahuaya, en el estado de Guerrero (el mismo estado en el que desaparecieron a lxs 43 estudiantes el 27 de septiembre de 2014). Según RSF, los periodistas regresaban de la ciudad de San Miguel Totoplán cuando los hombres armados los interceptaron, detuvieron el vehículo, los amenazaron de muerte y les quitaron el material. Luego, los dejaron ir. La asociación enmarca el hecho en el ataque sistemático a los reporteros en México: RSF confirma que en cuatro de los seis periodistas asesinados este año el crimen “estuvo relacionado directamente con su actividad periodística, lo que hace de México el país más mortífero del mundo para la profesión”.

    Por su parte, Amnistía Internacional señaló: “Ser periodista en México parece más una sentencia a muerte que una profesión. El continuo derramamiento de sangre del cual las autoridades prefieren hacer caso omiso genera un profundo vacío que afecta el ejercicio de la libertad de expresión en el país”.

    El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) envió una carta al Embajador de México en Argentina, Fernando Jorge Castro Trenti, en la que exige su compromiso “con la protección de los colegas que desarrollan su trabajo en su territorio, frente a la creciente y sostenida ola de violencia que tiene a los periodistas como uno de los principales blancos del crimen organizado”. La periodista Cecilia González sumó que el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) reveló que México “es el país más letal después de Siria”. Dice González: “En 2016, en mi país fueron asesinadas 23 mil personas. 63 cada días. Más que en Afganistán y que en Irak”.

    “Te van a matar”

    “Se lo decían los amigos, los familiares, los compañeros del gremio. Cabrón, cuídate. Estos güeyes no tienen madre. Son unos malditos”, recordó a Valdez Cárdenas el diario Riodoce. “Pero él seguía escribiendo críticas y denuncias en su columna, en uno de los diarios de la localidad: apedreando con sus teclas, sus palabras, el ejercicio del poder político, la corrupción, la complicidad entre criminales y servidores públicos, la policía al servicio de la mafia”.

    Y agrega: “Una denuncia había puesto en el ojo del huracán a uno de los legisladores. Él se unió a quienes criticaron su poderío y sus lazos con las cumbres del poder político, económico y criminal. Fueron pocos los detractores y casi ninguna pluma, pero no se quedó callado. En el feis publicó una de esas fierezas, de palabras valientes, y le dijeron güey, bájale. Estos cabrones te traen ganas. Te van a matar. É
    l contestó Ba. No me hacen nada. Me la van a pelar. Pasaron tres horas después de esa publicación en redes sociales cuando lo alcanzaron y le dispararon, de cerca para no fallar”.

    El diario La Jornada también lo recordó desde su editorial: “Es imprecisa la idea de que nuestro compañero se había vuelto un periodista especializado en temas de narcotráfico, delincuencia organizada y corrupción gubernamental. Fue más bien la realidad de su estado la que se deslizó por una pendiente de descomposición generalizada y por la pérdida de control por parte de las autoridades constituidas. Y Javier hablaba de la realidad. Y fue ese proceso de desintegración lo que retrató en sus crónicas, en sus despachos y en sus libros, a sabiendas de que tal fenómeno era una amenaza de muerte para cualquier ciudadano, pero especialmente para los informadores”.

    El diario recuerda a Miroslava Breach Verducea, también corresponsal de La Jornada, también asesinada el 23 de marzo de este año: “El hecho es que la responsabilidad última de las muertes de Javier, de Miroslava y de todos los informadores caídos en el país, cuyo número creció de manera exponencial desde que Felipe Calderón declaró una ´guerra´ disparatada y contraproducente contra la delincuencia organizada, recae en los gobernantes que no han sido capaces de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, que han actuado con indolencia, en el mejor de los casos, ante el agudo deterioro de la seguridad pública, que han alimentado la espiral de violencia al convertir un problema originalmente policial en un asunto de seguridad nacional y que han sido omisas en la procuración e impartición de justicia”.

    “Vivimos en una redacción infilitrada por el narco”

    Valdez Cárdenas también publicó los libros Miss Narco (2009), Los Morros del Narco (2011), Con una granada en la boca: heridas de guerra del narcotráfico en México (2014), Huérfanos del narco (2015). El periódico Proceso recordó que Valdez dijo en octubre a la agencia EFE que el periodismo “valiente” y “digno” que se practica en México “no tiene sociedad alrededor, está solo”. En una entrevista a La Jornada en 2016, con motivo de la presentación de Narcomedios, el reportero asesinado dijo que el libro partía de “esa preocupación de mirarnos de frente”.

    Ese ejercicio propuesto es el fiel reflejo de lo que significa ejercer el periodismo hoy en México.

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    Perú: racismo, criminalización y disciplinamiento como trasfondo de más de 60 muertes

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    Lavaca habló con dirigentes sociales y campesinas, que analizan la represión desatada tras la crisis institucional que dejó al menos 60 muertos, miles de heridos y centenares de detenidos, con imágenes de tanques entrando a la universidad pública incluidas. El rol del Congreso, la figura de Dina Boluarte, la raíz histórica, racista y clasista de la derecha peruana. La ligazón con la agenda extractivista con la desestabilización actual que busca criminalizar y disciplinar a las voces de comunidades y organizaciones sociales que denuncian la situación como «dictadura cívico-militar».  

    Dina Boluarte tiene más muertos en Perú por la violencia institucional, que días de gestión.

    Según la Defensoría del Pueblo de Perú al momento son al menos 56 los muertos por la represión, miles de heridos, y centenares de detenidos. Organizaciones sociales reportan, por su parte, más de 60 muertes. Todo ocurrió en menos de cincuenta días: desde que la vice Dina Boluarte asumió el Ejecutivo el 7 de diciembre de 2022, cuando fue detenido el entonces presidente Pedro Castillo. 

    Mientras tanto las calles siguen siendo un escenario de marchas y repudios contínuos: solamente el martes 24 de enero la Defensoría del Pueblo registró 85 cortes de rutas nacionales, además de movilizaciones y bloqueos en 39 vías provinciales. 

    ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo?

    Melania Canales es dirigenta social de la región de Ayacucho; diez de los muertos pertenecen a esa localidad. Además, es ex presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú. Sintetiza así para lavaca los reclamos sociales de los cuales además fue protagonista: 

    • “Uno de los principales reclamos es que haya un referéndum para la Asamblea constituyente; existe hoy una Constitución de 1993, hecha por el dictador Fujimori, que ha privatizado todo en Perú: luz, agua, carreteras, pistas, empresas mineras. Esa es la Constitución que le da todo el poder al empresariado, es la peor Constitución de América Latina, el empresariado se lleva sus ganancias y no paga nada”.
    • ”Esta Constitución ha permitido que la salud y la educación sean un negocio. Prácticamente nos despoja de nuestros territorios colectivos de los pueblos y mujeres indígenas, y no nos permite la participación del pueblo organizado en espacios de poder de decisión. También nos criminaliza. Por eso exigimos referéndum y buscamos una nueva Constitución”.
    • “Pedimos también la renuncia de la traidora y asesina Dina Boluarte. Y la renuncia de la mesa directiva del Congreso”. 
    • “Y exigimos paz. Una paz con justicia. Eso exigimos en el Perú”. 

    La Universidad atacada

    A la cadena de violencia desde el gobierno se sumó la última semana la brutal represión en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) que incluyó el ingreso de 400 policías junto a fuerzas especiales con tanques que derribaron las puertas, disparos y gases lacrimógenos, y donde más de 205 estudiantes fueron detenidos.

    Natali Durand es docente de antropología en la Universidad. Dos estudiantes de su clase fueron detenidos, y ella describe: “Ha sido un atropello a la autonomía de la Universidad. Los estudiantes habían abierto las puertas para alojar a las personas que estaban llegando de distintas regiones para marchar”. 

    Desde todo el país llegaban delegaciones a lo que se denominó la Nueva Marcha de los Cuatro Suyos, y la Universidad funcionaba como alojamiento y espacio de encuentro y logística. Pero cuando entró la policía, explica Natali “quedaban pocos manifestantes, eran más los alumnos que se encontraban dentro de la Universidad, algunos en la toma, otros en la residencia universitaria, eso es muy preocupante porque entraron a la residencia universitaria”. Desde entonces parte de los docentes y estudiantes piden la destitución de la actual rectora Jeri Ramón. 

    El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) condenó la represión y expresó que “la entrada de la policía a la sede universitaria es una violación flagrante de la autonomía”. Además rechazó la “decisión del gobierno de recurrir a la violencia para enfrentar la crisis en el país”. Y remató: “La actitud del gobierno del Perú se coloca al margen del respeto a los Derechos Humanos”.

    La traición de Dina

    ¿Dónde se encuentra la semilla del actual conflicto?

    Responde Natalí Durand: “Para entender la semilla de esto podríamos irnos hasta 200 años atrás, pero creo que ahorita lo más grave ha sido la descomposición política que tuvimos desde 2016 cuando el partido de la señora Keiko Fujimori (hija del ex dictador) ganó la mayoría absoluta en el Congreso. Desde 2016 lo que se generó fue un desbalance de poder a favor del Ejecutivo”.

    Sin embargo (o tal vez por eso mismo) el profesor y político Pedro Castillo, con el partido Perú Libre, ganó las elecciones en segunda vuelta a la misma Fujimori, y gobernó desde el 28 de julio de 2021 hasta la declaración de su “permanente incapacidad moral” por parte del Congerso, el 7 de diciembre de 2022. Castillo fue docente de escuela primaria, presidente del Comité de Lucha del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) y encabezó la huelga docente de 2017.

    El 7 de diciembre de 2022 Castillo fue detenido y destituido luego de 16 meses de gobierno. Horas antes había anunciado el cierre temporal del Congreso, pero ante esto sus propios ministros comenzaron a renunciar y a calificar la situación como un autogolpe. Con las fuerzas armadas y la policía en contra, el Congreso trató, una vez más, la moción de vacancia contra el entonces presidente bajo la acusación de “incapacidad moral”. Castillo fue detenido y destituido; juró entonces quien era su vicepresidenta, Dina Boluarte quien, entre otras cosas, tenía en el propio Congreso denuncias por presunta infracción constitucional que fueron rápidamente archivadas. 

    Dice Natalí Durand: “Si bien es legítima sucesora, se había dicho que iba a renunciar y pedir elecciones. A su asunción la gente la asume como una traición. A su vez, en la derecha no la ven como parte: en el momento en que no le sirva más la van a soltar. Ahora ella les sirve porque el presidente del Congreso no puede ejercer funciones de presidente, tiene que llamar a elecciones en un periodo de 3 a 9 meses como máximo. Ella no quiere renunciar porque sabe que, si renuncia, la van a dejar sola y le espera un proceso judicial fuertísimo”. 

    La actual presidenta no tiene bancada propia en el Congreso ni un partido que la apoye.

    La pregunta entonces es quién tiene el poder hoy en Perú.

    La voz desde las calles

    Melania Canale, dirigenta social de la región de Ayacucho, remarca que la situación actual puso luz sobre el “racismo y el clasismo en nuestro país”. Sigue: “Perú ha sido el centro del colonialismo: cuando se creó la república peruana hace 200 años se hizo con los descendientes de los españoles, los ‘mistis’ y los criollos, y los pueblos indígenas y afro estuvimos ausentes. Entonces lo que vino fue una dominación de una clase media alta privilegiada. Hay una desigualdad grande, que se ha agudizado, los derechos se convirtieron en negocios, como la educación, la salud, y la participación política”. 

    Melania define a Pedro Castillo como el primer “marrón” (por el color de su piel) que llegó a la presidencia. Y define: “Hemos sentido que al marrón no lo aguantaban”. A la actual presidenta la llama “la usurpadora”. Dice: “En estos momentos, aunque ella ganó junto a Castillo, representa a la derecha. El Congreso ha sido un obstáculo que a Pedro Castillo no lo dejó gobernar, siempre estaba ahí promoviendo su vacancia. Dina tenía una denuncia, pero la archivaron en el Congreso. Realmente esto se veía venir. Acá, la derecha política del Perú es una derecha arrastrada, que siempre se entrega por completo a la oligarquía” 

    ¿Tiene relación el problema con las agendas extractivistas? 

    Está muy ligado. Hace poco una funcionaria de Estados Unidos ha dicho que en Sudamérica están el agua dulce, los minerales, el litio. Aquí están paralizadas varias mineras por los reclamos de las comunidades. Hay también contaminación de los ríos, de la tierra, mucha gente con metales pesados en la sangre, y además estos empresarios no dejan nada…

    ¿A qué atribuís la actual represión? 

    Es una caza de brujas. En Ayacucho hay 8 detenidos dirigentes y dirigentas de organizaciones, los han llevado hasta Lima, acusados de terroristas. No somos asesinos, no somos terroristas. Están buscando descabezar a las organizaciones, meter miedo, criminalizar y perseguirnos, inventando fantasmas. No hay libertad en este país: por eso decimos que estamos viviendo una dictadura cívico militar. 

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    Las cosas que hay que hacer para trabajar – Capítulo 1

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    La nueva serie documental de lavaca: El mundo de la autogestión en Argentina a través de ocho capítulos sobre experiencias recientes de diferentes cooperativas que lograron recuperar empresas vaciadas o quebradas por las patronales. Dirigida por Patricio Escobar, autor de La crisis causó 2 nuevas muertes.

    Dos mil personas que integran empresas recuperadas de toda la Argentina se reúnen en un acto histórico en la Aceitera La Matanza. ¿Qué buscan? Impulsar el proyecto de Ley de Recuperación de Unidades Productivas que facilite que cooperativas de trabajo pongan en marcha empresas quebradas o vaciadas por las patronales. El movimiento lleva 20 años sin ley, pero ha recuperado no sólo trabajo sino también dignidad y vida, con 400 fábricas en el país que dan trabajo en total a más de 14 mil obreras y obreros. Su lema: Ocupar, resistir y producir.

    Las cosas que hay que hacer para trabajar Dirección: Patricio Escobar.
    Producción integral de Cooperativa de Trabajo Lavaca: Claudia Acuña, Sergio Ciancaglini, Anabella Arrascaeta, Lina Etchesuri, Sebastian Smok, María del Carmen Varela, Franco Ciancagini, Lucas Pedulla.
    Fotografía: Lina Etchesuri y Sebastian Smok. Cámara: Patricio Escobar, Guillermo Guevara, Sebastian Smok.
    Música: Guido Donato y Tomás Lobov.
    Edición: Damián Finvarb.

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    Cuatro años de in-justicia por el femicidio de Carla Soggiu       

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    En la Plaza de la Memoria de Pompeya, junto a vecinos, vecinas, otras familias víctimas de femicidios y organismos de derechos humanos del barrio, se recordó este domingo a Carla Soggiu frente al mural que hizo el barrio, a cuatro años del femicidio. Estuvo presente Alfredo Soggiu (foto) el padre de Carla. Sin culpables por el crimen, y sin siquiera un fiscal que lleve adelante la causa, la familia se transformó en querellante e impulsa que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía protegerla. El ex marido de Carla fue acusado por violación, pero el crimen sigue impune. La idea sobre quién cuida a lxs vecinxs.  

    El acto en la Plaza de la Memoria de Pompeya (fotos: Ailín Soria)

    “A pesar de que pasaron cuatro años cada día siento más injusta su partida, que le hayan quitado la vida. Tanto su pareja, como el gobierno de la Ciudad, como la justicia, todos la mataron un poco a mi hija”. 

    Alfredo, papá de Carla Soggiu, está parado en la Plaza de la Memoria del barrio porteño de Pompeya, a cuadras de donde su hija murió. Desde ahí habla. Frente a él vecinos y vecinas que escuchan; a su lado, familiares de otras víctimas de femicidios; y en su espalda, el mural desde donde su hija mira al barrio junto a letras negras que dicen: verdad y justicia. 

    Ni botón ni GPS

    El 15 de enero de 2019, cuatro años atrás, Carla Soggiu pidió ayuda 5 veces apretando el botón antipánico que tenía después de haber denunciado a su pareja. Pese a que el sistema contaba con ubicación GPS, la empresa no pudo ubicarla. Carla estuvo desaparecida hasta que un barrendero encontró su cuerpo en el riachuelo. Según la autopsia, murió por “asfixia mecánica por sumersión”. 

    Ella tenía un botón antipánico porque días antes, el 26 de diciembre de 2018, su ex pareja, Sergio Nicolás Fuentes, la secuestró, violó y golpeó brutalmente, con su hija menor como testigo. Carla tenía hidrocefalia, los golpes destrozaron la válvula. Cuando logró huir lo denunció ante la la Oficina de Violencia Doméstica, y le dieron el botón antipánico que días después no la protegió.  

    Con el Poder Judicial en contra

    Sergio Nicolás Fuentes fue condenado por la violación a seis años de prisión, pero la causa por el femicidio fue archivada, cuando la familia se enteró ya había pasado un año.

    Pidieron entonces que la justicia porteña investigue por qué no funcionó el botón antipánico: el fiscal de primera instancia archivó el pedido.

    Apelaron, el fiscal de Cámara también lo archivó.

    Fue cuando alegaron que la Ley de Víctimas autoriza que se abra la investigación sin asistencia de un fiscal, y así lograron que se los acepte como querellantes.

    En ese punto están ahora, sin fiscal el impulso de la causa depende de la familia. El objetivo es que se investigue la responsabilidad de Diego Santilli, por entonces Ministro de Seguridad porteño, por la falla en el sistema del botón antipánico que debía proteger a Carla.  

    Dice Alfredo, papá de Carla: “Después de tanto tiempo de lucha, con el acompañamiento de un montón de gente incondicional, recién logramos meter una causa contra uno de los asesinos de mi hija. Más que nunca necesitamos el acompañamiento de todos, que nos ayuden a caminar. Por mis nietos, por mi señora, también por mí. Lo necesito, que me acompañen”. 

    A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial que intenta garantizar impunidad en lugar de justicia. Susana explica: “Las familias sentimos mucha impotencia, esto no tiene que pasar más. Tenemos que luchar y acompañarnos porque es lo que nos hace fuertes”. Susana se detiene para nombrar a Roxana, mamá de Carla Soggiu que no está presente, se quedó cuidando a sus dos nietos, hijes de Carla, que hoy tienen 6 y 8 años. Sigue: “Nuestras hijas no pueden volver a la vida pero queremos que descansen en paz, y lo van a hacer cuando haya justicia”. 

    Daniel (en el centro), y Susana, rodean a Alfredo, el padre de Carla Soggiu. (Fotos: Ailín Soria).

    Vecinos cuidándose

    Vecinos y vecinas del barrio forman un semicírculo para escuchar. Entre ellos están presentes los integrantes del Instituto de la Memoria de Pompeya, responsables de cuidar y crear la Plaza de la Memoria donde ocurre este ritual de abrazo hacia la familia. Además del de Carla hay murales dedicados a Ezequiel Demonty (el joven asesinado por la Policía en el Riachuelo), por la Noche de los Lápices, por Hebe de Bonafini, entre otros.

    “La lucha se sostiene con amor, con alegría y con memoria”, dice Alberto, integrante del espacio, y cuenta que fue en 2006 cuando se propusieron visibilizar a les desaparecides del barrio, crearon la plaza, y empezaron a marchar juntos.

    Pronto se dieron cuenta de cómo aparece la violencia institucional y estatal hoy, dice: “A veces reflota en estas formas: femicidios, travesticidios, desaparición de jóvenes en situación de calle. Los únicos que nos cuidamos somos los vecinos a los vecinos”. 

    Luego, la foto de Carla se levanta alto y se grita presente, con su sonrisa y su mirada desde la pared.

    Fotos: Ailín Soria.
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