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Noticias Qom: cautela y reconstrucción de ranchos

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Desde La Primavera, Formosa, el qom Colman Sanagachi contó a lavaca que el proyecto de predio universitario en los terrenos reclamados por los indígenas se detuvo, pero la policía sigue resguardándolo (de los qom). La Gendarmería será la encargada de cuidar a los qom (de la policía). En Buenos Aires Félix Díaz está más que cauteloso. Lo echaron del INADI y hasta le dieron de baja el celular, mientras Interior agenda reuniones con funcionarios del gobierno que reprimió a la comunidad. ¿Podrán reconstruir sus casas quemadas?
Casas qom quemadas en Formosa
A 1340 kilómetros de Buenos Aires, en la Colonia La Primavera, Qom Navogoh, en idioma propio, Colman Sanagachi dice: «Íbamos a cortar la ruta, pero supimos que Félix fue recibido, y nos detuvimos. Ahora esperamos».
La idea de espera es parte de la genética qom, pueblo que hace poco pudo nombrarse a sí mismo, ya que desde los españoles era conocido como «toba», palabra que significaba «frente ancha» y era una especie de burla. Los medios formoseños y los funcionarios ni siquiera reconocen que sea una colonia aborigen. La llaman «barrio». Colman es de pocas palabras, muchas ideas.
Sobre el predio universitario de 600 hectáreas que generó el reclamo: «Parece que se paró. Pero la policía sigue apostada ahí, para que no entremos. Quiere decir que el gobierno no quiere entregarnos la tierra».

  • Sobre cómo vivieron en La Primavera los casi cinco meses de acampe qom, con Félix Díaz en la 9 de Julio: «Algunos tenían mucho miedo. Viene la Brigada de Inteligencia, entra a la colonia, no se sabe qué traman. Nosotros seguimos con lo nuestro. Estuvimos en la ruta donde mataron al hermano Roberto López, hubo gente de la CTA, otros de Jujuy». (Cuando estuvimos en La Primavera, vimos a Colman llorar ante la tumba de López. No hay funcionario que entienda el dolor de esa muerte).
  • Sobre las 16 casas de madera quemadas a los qom por las llamadas «fuerzas del orden» con nafta y sopletes: «Están igual, quemadas. Se está levantando el monte. Ojalá los hermanos se puedan instalar su casita allí. Una vez que venga el hermano Félix, si todo se soluciona, los hermanos que tenían casa la van a levantar de vuelta».
  • Sobre la situación en la colonia Qom Navogoh: «Según nos enteramos, la Gendarmería va a estar en la colonia, no la policía. La policía ha hecho lo que no debía al desalojar a nuestros hermanos. La policía no quiere hablar. Entraron a la colonia, agarraron chicos diciendo que molestaban, les pegaron. uno se desmayó. Un hermano fue a pedir certificado de domicilio y le dijeron que no puede entrar en la comisaría porque nosotros cortamos la ruta. Eso es discriminación».

Colman agrega una frase antológica: «La policía tiene antecedentes».
Félix sin buenos aires
En la ruta 86 de Formosa ocurrió un corte de cuatro meses reprimido el 23 de noviembre de 2010 por la policía e integrantes de la familia Celía, en lo que fue una mezcla de provocación y emboscada, con resultado de decenas de heridos, 27 presos, muerte de Roberto López, varios qom con los que no pudieron, y un suboficial también muerto, Heber López.
En la colonia viven 850 familias. Unas 5.000 personas en 2.500 hectáreas que reclaman que se les devuelvan otras 2.600 que les corresponden por historia, y por ley. Parte de ese territorio es el que en una negociación más turbia que clara entre el gobierno provincial y la familia Celía, quieren destinar a un predio de la Universidad de Formosa.
En el acampe qom Félix Díaz está más que cauteloso tras su encuentro con el ministro del Interior Florencio Randazzo y la «Mesa» de diálogo que se reunirá quincenalmente (como si los qom pudiesen ir y volver en aviones privados a estos encuentros) para solucionar la situación, o para darle largas al asunto.
«No estoy entusiasmado. No estoy convencido. Veo todo esto con mucha preocupación
No es la primera vez que nos pasa esto. Se buscan argumentos para justificar la no respuesta a lo que pedimos. El lunes tendremos una reunión con un ministro de Formosa (Jorge González) que es de los que nunca nos quisieron escuchar».
Presentes, ausentes y celulares
Félix no volverá a Formosa por ahora. «Es que no tengo recursos. Si voy y no puedo volver, van a decir que estoy faltando a reuniones programadas». Por lo tanto tampoco se entusiasma con la posibilidad de reconstruir las casas quemadas. «No puedo pensar en eso, la gravedad de lo que pasa está latente. No tenemos apoyo judicial ni institucional. Estamos solos. tenemos que cuidarnos».
Cuando llegó a Buenos Aires, en noviembre pasado, hubo una enorme conferencia de prensa en el Hotel Savoy. Buena parte de los dirigentes políticos y sociales que estuvieron ese día, se esfumaron. «Pero nos acompañó siempre una antropóloga, Lorena Cardin. Y además han estado Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, el Cels, Aldo Echegoyen, la Defensoría del Pueblo, la APDH, Pablo Pimentel, no quiero olvidarme de nadie».
Félix confirma que fue echado del INADI (donde Claudio Morgado lo había nombrado de un modo que le permitía solventar a Félix el tiempo dedicado a intentar hacerse oir). «Fue a fines del año pasado que me echaron, y ahora hasta me dieron de baja el celular. Es supuestamente un instituto contra la discriminación» dice. «Claudio Morgado me apoya, pero no tiene poder, está luchando para seguir en el INADI, pero no sé».
La señora María Rachid, quien asumió a fines del año pasado la vicepresidencia del INADI reconoció públicamente la baja de Díaz, en el marco de una «reestructuración de personal».
Félix ya no está en huelga de hambre, y continúa el acampe por ahora. «Estas cosas nos pasaron toda la vida. Hay que saber ganar y saber perder. Es como en el deporte. El problema es cuando no hay justicia. Si el árbitro hace trampa, siempre perdés aunque hagas las cosas bien. Nosotros queremos es aportar a construir un país que no mate a los indígenas, que no los siga desalojando, que permita mejores condiciones de vida. Y que no se apliquen las leyes contra nosotros, sino también las leyes que nos ampararan para garantizar nuestra existencia. Son leyes nacionales e internacionales. Existen, pero no se aplican».
La provincia
¿Por qué tanta demora de parte del gobierno en recibirlos? Félix: «No puedo pensarlo. No puedo entenderlo». Una pista. Formosa es gobernada por el señor Gildo Insfrán, quien aplicó a rajatabla el modelo sojero, como en tantos otros lugares. El resultado del modelo es que Formosa es una de las provincias más pobres del país (compite con Catamarca y su minería), 60 % de la población bajo la línea de la pobreza, muertes por hambre, analfabetismo, abandono, 200.000 electores de los cuales 50.000 reciben planes limosna, 60.000 son empleados públicos limosna, y todo bajo la bendición del gobierno nacional, como ocurrió con todo poder anterior (Insfrán fue alfonsinista y cafierista como vice, y como gobernador fue menemista, duhaldista, rodríguezsaadista, kirchnerista y cristinista: o sea, un sujeto de conducta). En 2011 hay elecciones. El lunes próximo Félix Díaz se encontrará a las 18 con representantes de ese gobierno provincial que le asegura al nacional un triunfo, en la sede del Ministerio del Interior.

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Por qué Laje no puede volver a la TV

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A un mes de que Periodistas Argentinas presentara el “Informe América” ante cinco organismos del Estado, la colectiva volvió a pronunciarse públicamente con un nuevo comunicado. “Consideramos necesario y prioritario esperar los resultados de este proceso antes de que el denunciado Antonio Laje regrese a la pantalla. Hemos logrado que se articule un equipo de trabajo que está elaborando una propuesta integral y unificada y que tres organismos inicien formalmente la investigación de los hechos denunciados”, dice el texto. La colectiva, integrada por más de 200 periodistas de todo el país, dijo también que “en este contexto, ignorar esta realidad representaría no respetar los canales de diálogo y búsqueda de soluciones que hemos abierto en los organismos específicos y oficiales que deben intervenir en estos temas para determinar responsabilidades y derechos en forma equilibrada y lo más justa posible”.

El Informe América, que recoge más de 20 denuncias de trabajadoras y trabajadores de la comunicación y que prestaron sus servicios en América TV, fue presentado en la Dirección de Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo. La oficina, a cargo de Patricia Sáenz, citó a la empresa, que asistió a la reunión representada por el jefe del Departamento de Legales y dos personas de Recursos Humanos. Los presentes recibieron copia del informe y se les otorgó un plazo de 10 días para responderlo, al mismo tiempo que se labró un acta en la que se comprometieron a no tomar represalias contra las y los trabajadores de ese canal. El plazo vence el próximo lunes.

También fue presentado ante el Inadi que evaluó y dio trámite a la denuncia. El organismo público, a cargo de Victoria Donda emitió un comunicado el 25 de enero: “Las descripciones de los casos son alarmantes y de comprobarse representan graves denuncias sobre el maltrato laboral tipificado por ley”. Además de lo que dijo públicamente convocó a que el Poder Ejecutivo reglamente de forma urgente la Ley de Equidad. El procedimiento iniciado incluyó una reunión de mediación y de fracasar, un dictamen que –si corresponde- inicia una denuncia judicial.

La Defensoría del Público fue otro de los organismos en recibir la denuncia. Algunas de las denunciantes fueron recibidas por Miriam Lewin, a cargo de la Defensoría, quien respaldó y argumentó jurídicamente el pedido de derecho a réplica de Periodistas Argentinas que el canal negó. Además propuso formalmente realizar una reunión entre las partes.

“Consideramos que respetar los tiempos de estas instancias de diálogo es fundamental para lograr una solución”, termina el comunicado de Periodistas Argentinas.

El informe

“En palabras de las víctimas, no pedimos mucho: solo queremos hacer periodismo sin llorar”, dice el informe que presentó Periodistas Argentinas. “Varios directores de cámara pidieron no trabajar más en ese horario porque no aguantaron el maltrato que se vivía», apuntan. «Por la disposición del control, se sientan pegados a la productora ejecutiva. Escuchaban los maltratos constantes hacia los panelistas, los productores, los movileros. Además hablaban mal de quienes estaban al aire, por ejemplo, si estaba un movilero hablando, la productora le hacía comentario por la cucaracha a Laje del estilo ‘qué se puso esta gorda ridícula y cosas así’. Laje se reía cómplice. Se generaba un clima de terror. Además cuando algo no le gustaba o no era de su línea editorial o política se ponía a gritar en el piso, se levantaba del aire y abandonaba el estudio. Todo esto pasaba mientras alguien hablaba en vivo en la otra punta del estudio, por ejemplo. Los directores tenían que hacer malabares para que no se note al aire y los columnistas debían seguir a pesar del escándalo que sucedía en el estudio”.

Otro de los testimonios es aun más fuerte: “Durante un año, mientras trabajaba en el horario de Laje, tuve dolores de cabeza todos los días por el stress, el maltrato y la presión. Un día, mientras estaba armando el programa, se me nubló la vista y no podía ver la computadora. Me asusté y me encerré en el baño. Estuve ahí como una hora hasta que se me pasó. Consulté con varios especialistas hasta que me dieron el diagnóstico. Pude cambiar el horario para no estar más en ese equipo y no sufrí más los dolores de cabeza ni los problemas de vista. Cuando pedí el cambio de horario no dije que era por un problema médico: si decías eso lo tomaban como un síntoma de debilidad”.

En el informe también se señala que el 2 de julio de 2021 el Estado argentino completó el trámite de suscripción -que demoró varios años- del Convenio 190 de la OIT que establece: “La expresión «violencia y acoso» en el mundo del trabajo designa un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”. Obliga al Estado a implementar una serie de medidas y controles para garantizar un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su reglamentación.

El 8 de julio de este mismo año el Parlamento aprobó la Ley de Equidad en Medios que obliga a los medios públicos a implementar un protocolo contra violencias en el ámbito laboral y establece un incentivo a los medios privados para estimular que garanticen un ambiente laboral libre de violencias. El Poder Ejecutivo todavía adeuda su implementación. «Exigimos también la prórroga del decreto que suspende el despido de trabajadoras y trabajadores. Exigimos que estas normas esenciales para poner fin a esta trama de maltratos estén vigentes y activas en forma urgente y prioritaria”, dicen desde la colectiva.

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Memoria, verdad y un nuevo reclamo de justicia a 3 años sin Carla Soggiu

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A 3 años del femicidio de Carla Soggiu su familia realizó un ritual junto a un mural con la cara de la mujer asesinada por su ex pareja, que no fue juzgada por el crimen por decisión del fiscal César Troncoso. Recordaron así y ahí, en Nueva Pompeya, los alertas que Carla le hizo a un Estado que no la protegió de la violencia machista ni la encontró cuando se encontraba desaparecida. La causa por el femicidio fue investigada recientemente por MU: lo que el expediente oculta y tergiversa, y lo que devela sobre la falta de funcionamiento del sistema de botón antipánico. Una historia que demuestra paso a paso cómo lo judicial puede encubrir la responsabilidad estatal y archivar procesos, convalidando la impunidad.

En uno de los límites de esta ciudad infinita está el mural que recuerda a Carla Soggiu sonriendo. “Madre, hija y vecina del barrio Nueva Pompeya” proclama con delicadas letras esta pared pintada que hoy da lugar a una ceremonia de dolor y memoria. “A esta hora empezó el infierno” dirá Roxana, la mamá, en este sábado de calor asfixiante. Señala entonces la esquina para marcar el lugar donde Carla activó por primera vez el botón antipánico que el Poder Judicial le entregó para protegerla. No funcionaba.

Aquel 15 de enero de hace ya tres años Carla pidió ayuda cinco veces y cada vez el patrullero policial llegó a la casa de la familia Soggiu preguntando dónde estaba. Comprendieron así, cruelmente, que Carla estaba en peligro y que nadie podía ayudarla. Cuatro días después un trabajador de limpieza encontró su cuerpo en el Riachuelo, que en ese límite es apenas unas cuadras.

Días antes Carla había sido torturada y violada por su pareja, con su hija de 2 años como testigo. Cuando logró escapar presentó una denuncia: fue la que originó la entrega del botón, una medida de protección que en esta ciudad portan tres mil mujeres al año.

La pareja de Carla fue condenada por esos delitos, pero la causa por su femicidio fue archivada: el fiscal César Troncoso consideró que no había delito alguno que investigar. Haber sido golpeada y violada días antes, soportar golpes en la válvula que calmaba su hidrocefalia, pedir ayuda a través de un dispositivo inútil, entre otras tantas de violencias, no son considerados por el fiscal como indicios de una trama que une ambas causas. La familia de Carla se enteró del archivo hace apenas unos días y de casualidad y ahí está ahora, parada frente al mural, clamando ayuda porque contra tanta injustica “solos no podemos”.

A su lado están Susana y Daniel, padres de Cecilia Basaldúa, víctima también de un femicidio y de un Poder Judicial cómplice de la impunidad. Está su tía y su primo y una vecina con su hijita y en ese abrazo la familia de Carla encuentra la fuerza para recordar sin lágrimas lo que necesitan: justicia. La exigen por sus nietos que todavía no accedieron a la pensión a la que tienen derecho según la Ley Brisa. Tras reclamos y trámites solo tuvieron una Asignación Universal por Hijo. Un abogado les cobró 40 mil pesos para renovarla, pero el trámite no lo completó y quedó nulo. De eso también se enteraron hace apenas unos días y de casualidad, cuando acudieron a la Defensoría General a pedir ayuda y se encontraron allí con la abogada que asistió a Carla en su primera denuncia. Ella los ayudó a solicitar la renovación del subsidio, pero en esta tarde de infierno Roxana cuenta que ya pasaron los 10 días previstos y la asistente social que debía visitarlos para darles la aprobación nunca llegó, así que tendrán que seguir esperando a ese Godot que es la justicia en Argentina. Mientras, el sustento sigue dependiendo de la espalda de Alfredo, que hace años trabaja en la misma empresa cumpliendo tareas de carga y descarga. Lo ayudan dándole horas extras: más peso.

En esta tarde de dolor y memoria hay flores y globos violetas, el color preferido de Carla, que su madre suelta para que rueden por las calles silenciosas del barrio de Nueva Pompeya. Docenas de globos mecidos por la brisa ardiente que anticipa una tormenta. Ahí quedan, en ese límite y a la espera.

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Lo que falta: 16va Carta al Presidente de Familiares Sobrevivientes de femicidios

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A plena luz del sol y en un centro desolado, las familias que componen el grupo Familiares Sobrevivientes de Femicidios se reunieron en Plaza de Mayo para dejar por vez número 16 una carta al Presidente Alberto Fernández, pidiendo que los reciba, exigiendo justicia por sus hijas y acercando medidas concretas para que eso suceda.

En la jornada de hoy estuvieron presentes Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, asesinada en Capilla del Monte, Córdoba; Marta y Guillermo, padre y madre de Lucía Pérez, asesinada en Mar del Plata; y Analía Romero, mamá de Camila Flores, asesinada en Santa Fe.

En todos los casos estas familias debieron trasladarse hasta Plaza de Mayo; recorrido que significa a la vez que las causas que se tramitan por las muertes de sus hijas distan muchos kilómetros de la Casa Rosada; distancia que garantiza la impunidad, ya que facilita las trabas judiciales y las tramas territoriales; y complica el acceso a la justicia como un derecho para familias que no cuentan con recursos para viajar ni para sostener abogados ni peritos.

Así lo denuncia la mamá de Camila Reyes:

Así reclama Guillermo Pérez, papá de Lucía, que Alberto Fernández los reciba:

Estas son las fotos de algunas de las jóvenes asesinadas por la violencia machista, cuyas causas siguen impunes:

Estas son las cartas que entregan las familias al Presidente cada segundo miércoles del mes:

Esta es el informe que junto a las cartas las familias entregaron en la Rosada, un diagnóstico y una muestra de lo que falta para lograr un Nunca Más de la violencia patriarcal, de la que el Estado es parte:

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