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Seguridad&Democracia: los medios. Parte II

Publicada

hace 12 años

04/05/2011

¿Cómo formamos nuestras ideas sobre seguridad, crimen, peligro? El Seminario del Acuerdo sobre Seguridad Democrática (ADS) debatió sobre la policía como fuente de desinformación; los medios como arma de criminalidad y “jueces” de la realidad. La precarización y el autoritarismo como ADN del actual periodismo. Críticas al propio documento del Acuerdo y el dilema de la pasividad social.
El seminario que buscó desentrañar de qué modo establecer una “seguridad democrática”, tema en deuda en estos años de democracia, donde avances en temas de derechos humanos no parecen tener correlato en estos laberintos político-policiales, propuso entre sus mesas de expositores la siguiente: “Producción, acceso y uso de la información estadística». (ver Parte I en esta misma página).
La escalera sin escalones
María Pita, integrante del equipo de Antropología Política y Jurídica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA e investigadora del Conicet, explica la trascendencia que poseen los datos: “Las cifras hablan mucho más que de delitos, de cantidades o de tipos. Funcionan como indicadores de la efectividad de una gestión pública en el área de la seguridad. Representan una especie de termómetro para la clase política, e indican el éxito o el fracaso de sus planes y gestiones. También funcionan como termómetro para la policía, porque indican la medida de su trabajo, y según la interpretación, puede hablar de niveles de eficiencia, de celo profesional y rigurosidad en el registro. Una cifra bien o mal leída puede contribuir a la caída de una gestión política o puede ser un elemento de presión corporativo utilizado por la policía o el Poder Judicial”.
En lo que concierne a políticas de seguridad, para generar una mejora desde la base, en primera instancia se necesita producir información veraz para, luego sí, determinar los pasos a seguir. Pero el escalón inicial (información confiable) es deficiente o sospechoso, a partir de lo cual el resto de la escalera puede ser una ilusión óptica. “Muchas veces las instituciones no consideran a la información como un producto específico para ser proveído hacia afuera de la misma, sino sólo para insumo de la propia gestión. Esas prácticas reflejan el doble carácter técnico y político de esas instituciones, que conspira contra la posibilidad de conformar informes confiables, comparables, y que registren la mayor cantidad de situaciones y eventos posibles en torno a la criminalidad y a las formas habituales en que las fuerzas de seguridad intervienen en sus acciones, vinculadas a tareas de prevención y reducción de la criminalidad».
Al hablar de carácter “técnico y político” puede inferirse que lo “político” es lo que hace no confiable la información policial. No es el único problema estadístico, ni una de las Bellas Artes, pero se trata del oficio de dibujar datos.
Que aparezca lo oculto
La expositora presagia una solución al ocultamiento de la información, a través de la creación de un “observatorio” que lea e interprete datos provenientes de diversas fuentes de consulta. Pero hoy en día, el panorama es sombrío: “Los principales problemas de la falta de producción de información se deben a la convivencia de diferentes lógicas agenciales. Además, coexisten en una misma institución diferentes sistemas de gestión y tramitación de datos, con intereses diversos. Su sistema interno no está ni preparado ni disponible para ofrecer información abierta, ni siquiera a otras agencias estatales. La policía tiene una lógica sociológica y otra jurídica para el tratamiento de los números, y entonces lo que produce es parcial. O sea, no le interesa conocer la identidad de las personas, para así realizar una investigación de carácter sociológico, lo utiliza exclusivamente a fines estadísticos”. La falta de publicación de los datos nunca es casual, asegura María Pita: “El dato tiene un alto valor político, muy valioso y temido. Por eso, a su alrededor desarrollan una serie de estrategias institucionales, con la disyuntiva de mostrar o no mostrarlo”.
¿Quién registra la violencia policial?
La incredulidad frente a ciertas estadísticas no es casual, sino causal. Botón de ejemplo: los casos de violencia policial son registrados por policías. María Pita lo grafica: “En el mismísimo manual de instrucción se aclara: ‘Las muertes producidas por miembros de las fuerzas de seguridad en cumplimiento del deber, también deben consignarse como homicidios dolosos aunque no constituyan delito’. Aún hoy, sigue persistiendo la tendencia a resistir el registro de los hechos delictuosos provocados por la policía. Hay una categoría policial que es la de muerte dudosa, cuando el deceso no está enmarcado en un hospital y tampoco hay testigos. O sea, se acude a esa categoría para nombrar a los hechos que resulta conflictivos certificar de otra manera, como los de violencia policial. Como esa categoría no es compilada por el Sistema Nacional de Información Criminal, esos datos sólo quedan dentro de la institución polical, y nunca se publican. Allí, existe una fuga de información».
En términos más claros, puede hablarse de un engaño y estafa a la población. La incredulidad de las personas es un mecanismo de defensa.
Red social
Otra de las disertantes fue la brasileña Ana Paula Mendes de Miranda, catedrática de la Universidad Federal Fluminense y del Instituto de Estudios Comparados en Administración Institucional de Conflictos, quien aseguró que en su país ocurre algo parecido. Mendes se explayó acerca de su experiencia en Río de Janeiro. Con varios interrogantes: “¿Cómo se explica que la Policía Militar sea la controladora de la Policía Federal? ¿Cómo se entiende que quienes deben estar al servicio de la comunidad, retaceen los pocos datos que acumulan? ¿Cómo es posible que sólo queden registrados algunos?”.
Otra pregunta que uno podía hacerse velozmente es: ¿Y cuál es la sorpresa, si cualquier ciudadano común percibe la estafa desde hace décadas?. Pero allí la catedrática brasileña propuso un paso más: “Para que los datos tengan sentido, la sociedad debe participar de ellos y las redes sociales deben ser un elemento de difusión”.
Para que ese segundo paso se lleve a cabo, primero debe construirse una base sólida que fortalezca la confianza general. Ana Paula mencionó algunos aspectos en los que debería profundizarse el cambio:

El Sistema Nacional de Estadísticas no debe estar manejado por la propia Policía Federal.
La producción de estadísticas no debe depender únicamente del organismo destinado a la seguridad. De lo contrario, la dependencia económica puede derivar en la dependencia política.
Las investigaciones a realizarse no deben encerrarse en una base de datos privadas, sino estar al servicio de la población.
Propuso, también, generar un registro de guardias, que esté al acceso público, y que posibilite a la comunidad, mediante un click, hacer una demanda.

Podrido
¿Hay algo más inseguro que una salud no democrática? La escasa y difusa información, conjugadas con la falta de políticas públicas en el sector de la salud, genera estragos en la sociedad: otra enfermedad. Hugo Spinelli, director de la Carrera de Especialización en Gestión en Salud, de la Universidad de Lanús, explicó que el mal se halla en la raíz: «El dato primario, que origina el certificado de defunción y el fondo estadístico de defunción, tiene graves problemas. Los médicos que tienen que llenar los documentos no lo hacen correctamente, colocando «causa violenta» o «causa ignorada», por diferentes motivos: ignorancia de cómo se llena; temor a ser convocados a juicio; o incluso porque el certificado constituye parte de la propia criminalidad». (O sea que se trata de un encubrimiento). Siguió Spinelli: «Eso ocurrió, por ejemplo, en 1987, cuando un certificado de defunción decía NN, por estado de putrefacción. Lo increíble fue que el lugar de hallazgo del cuerpo había sido el Moyano, un hospital público».
¿Qué es modernizar?
En la actualidad suele sobreestimarse la relevancia de la tecnología. En los sistemas de información, sus diversos avances han contribuido al almacenamiento y el procesamiento de los datos, pero no han repercutido en una mejora de fondo. Spinelli lo argumenta: «Los sistemas de información entraron fuertemente en América Latina a partir de los años sesenta. Pero los problemas que se detectaban en ese momento se han perpetuado, porque la tecnología no provoca un cambio en el factor humano, que es el que genera el dato y puede manipularlo de distintas maneras. En el mismo sentido, la realidad demuestra que quienes están al mando de una gestión, en general, muestran reticencia y paranoia cuando de publicar información se trata».
La modernización no sólo tiene que ver con la utilización de tecnologías más avanzadas sino, y sobre todo, con la implementación de nuevas ideas productivas. Argentina, en ese aspecto, está atrasada. Hoy en día el país procesa la información de los casos de muerte, en el sector salud, dos años después de que sucedan. En 2011, recién se conocerán lo hechos de 2009. Así, se pierde lo esencial de saber qué está ocurriendo hoy, para actuar de inmediato sobre el problema, y no con este sistema bienal.
Manos a la obra
La teoría, muy bien desarrollada a lo largo de todo el Seminario, debe llevarse a la práctica para que las palabras se conviertan en hechos tangibles. María Pita reflexiona sobre qué piezas se deben mover: «Necesitamos hacer trabajo de campo y discutir con los agentes que producen información. El Acuerdo de Seguridad Democrática debe ampliar la difusión en la presentación de la información. Además, tenemos que construir indicadores comparables para avanzar en investigaciones cuali y cuantitativas». Spinelli, en el final del su exposición, hizo puente hacia el panel siguiente sobre los medios de comunicación, con una autocrítica: «Los investigadores tenemos una dificultad en cómo difundimos y socializamos lo que producimos, porque a veces no le llegamos a la gente. Entonces, además de articular con los diversos medios para que publiquen nuestros informes, debemos realizar las investigaciones menos extensas y aburridas».
¿Es la extensión y el aburrimiento el problema? ¿Conviene entrar en la lógica simplificada y divertida de los medios? ¿O crear un nuevo estilo de comunicación? Otro panel.
Autoritarismo.com
En la puesta en escena del panel «Medios de comunicación: impacto en la agenda política, percepciones y discursos sobre seguridad», el periodista mexicano Marco Lara Klarh, coordinador en su país del proyecto «Violencia y Medios de Comunicación», comentó que el día anterior, ya en Argentina, había encendido la televisión y observado la cobertura discriminatoria del canal América 24, respecto al supuesto robo, nunca esclarecido, a una ambulancia en la Villa 31 de Retiro. «Todas las escenas que aparecían eran estáticas. Eso demuestra la falta de vocación en acercarse a los hechos y a los actores. Sólo existe una lógica de recrear una sucesión vertiginosa de escenas que parece más enfocada a divertirnos, o a impactar a nuestros instintos que a nuestra razón como ciudadanos», comenzó la exposición.
Con mirar un rato algunos de los medios de comunicación, Lara Klarh desprende este análisis de sus alcances:

Es un problema muy grande que el impacto de los medios repercuta en la percepción de la gente, porque un actor que incide en la percepción, es un actor supuestamente «infalible».
La industria de las noticias tiene un papel fundamental en la construcción de espacios sociales inseguros, del mismo modo que muchas políticas.
Las sociedades atravesadas por un precario desarrollo democrático, son aquellas en las que el sistema de los medios de comunicación se impone por sobre otros mecanismos de acceso de la ciudadanía a la información.
Los periodistas o los medios suelen decir «nosotros sólo mediamos». Pero la mediación no es inocua, por eso son actores cruciales para la construcción de espacios sociales.
Los comunicadores son el principal espacio de legitimación de las políticas autoritarias de seguridad pública. Y son el espacio donde se invisibiliza la ineficiencia constitucional como un problema estructural, lo mismo que el fenómeno que propicia la articulación de agentes del Estado, hechos de corrupción y asociación delictuosa. Esto lleva a una triste realidad en la que se engloba el periodismo: por decir lo que está pasando, deja de decir lo que pasa.
El principal problema de la comunicación, como industria, es que incurre en terrenos de ficción.

Las instituciones que serían las encargadas de que el ciudadano estuviera más seguro, son las encargadas de generarle inseguridad, a través del discurso mediático. Esto sucede ya que nuestra materia prima son las fuentes oficiales, institucionales o informales, y de las cuales extraemos el 90% de la información, mientras la vieja noción de «periodismo de investigación» se ha convertido casi en una desaparecida.
Medios = autoritarismo + precarización
Una hipótesis: la industria mediática, empática con formas autoritarias de las políticas de seguridad pública y Justicia Penal, viola de manera sistemática el derecho de los ciudadanos a estar informados, por estar más enfocada en intimidar que en comunicar. Y las violaciones son múltiples, según Lara Klarh: «Dentro de la esfera de los derechos del debido proceso por la presunción de inocencia, se quebrantan por ejemplo el derecho a juicio y a la imparcialidad. También se vulneran derechos de personalidad, como el derecho a la dignidad, a no recibir tratos crueles y degradantes, a la no discriminación, el derecho a la privacidad y a la propia imagen. Además, violan un derecho muy delicado: a la protección de datos personales. Hay un montón de atropellos desde las instituciones, que luego salen a la luz en el espacio mediático».
Para el mexicano esto no es casual, ya que «si hay una institución autoritaria en Latinoamérica esa es la institución de medios». Agregó: «Uno de los causantes de su verticalidad es la condición de explotación laboral que los enmarcan. Los medios son una combinación entre periodistas precarizados y una cultura autoritaria».
Teoría mediática
Otro de los disertantes fue Gabriel Kessler, Licenciado en Sociología e investigador del Conicet, quien también describió la violencia comunicacional: «Algo que se ve en los medios argentinos, salvo excepciones, es una fuerte estigmatización de los lugares. Se cuidan de resaltar a alguien por ser pobre, pero esta satanización sí se escucha con frecuencia respecto a los lugares señalados, por ejemplo, como áreas peligrosas. Y esa estigmatización a los diversos sitios legitima la aplicación de políticas preventivas y formas de control sobre esos territorios».
Lara Klarh añadió: «Tanto en Argentina como en Brasil, existe la Teoría del Sistema Mediático Penal que plantea que, habitualmente, la industria de los medios noticiosos se vuelve el instrumento de invisibilización de la criminalidad de las elites, sobrevisibilizando la criminalidad y etiquetando cierto tipos de delitos de las clases bajas».
De esta manera, venden terror, miedo, estigmatizan a la pobreza, y demuestran su falta de interés por generar discursos relativos a la seguridad democrática. De paso, queda expuesta qué sociedad prefieren. El camino que eligen, en definitiva, es el que más poder les va a redituar.
El pasivo humano
En ese terreno adverso, Lara Klarh advierte sobre una responsabilidad que debe asumir la sociedad: «Existen mecanismos ciudadanos que hacen contrapeso a los medios, que nuestra comunidad no está teniendo; el ciudadano como audiencia es pasivo y no es un actor preponderante. Pero es lo de menos es que no contemos para los medios: los ciudadanos no contamos ni para nosotros mismos respecto de los medios. No votamos ni siquiera a los políticos en una lógica de derecho a la información o de libertades de información. En las prioridades tenemos vivienda, seguridad, cultura democrática, pero no tenemos interiorizados los temas de la libertad de expresión y el derecho a la información».
Crítica al Acuerdo
Además de interpelar a la sociedad por su rol pasivo, lo mismo hizo con el propio Acuerdo de Seguridad Democrática, al subrayar un olvido sustancial en materia de información: «El punto número cuatro del documento que se publicó en la antesala del seminario es el único que hace referencia a la información. Y dice: ‘Para avanzar en el abordaje integral y efectivo en el problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público, la producción de esta información es también una responsabilidad indelegable del Estado’. Sin embargo, además de obviar sobre la calidad de información que el Estado está produciendo hacia los ciudadanos, ese informe se debió haber ahondado en el papel social de los medios, para entender de manera circular este fenómeno de visión autoritaria de la seguridad pública».
Estado, corporaciones y adictos
Las empresas que fabrican información, como el orden de las palabras en este inicio de oración lo indica, primero son empresas, y en segundo plano reside la información. O sea, en primera instancia está el negocio, y después… después vemos qué hacemos para que el negocio sea cada vez más redituable. Precisamente esa es la visión monopólica, segregacionista, que gobierna a los medios masivos de comunicación. El periodista mexicano Lara Klarh ahondó en el tema con algunos conceptos:

Mientras nuestros sistemas políticos no sean capaces de diversificar la oferta de medios, esto no va a cambiar. Porque en la medida que no haya competencia, la industria va a seguir privilegiando la rentabilidad sobre su responsabilidad de posibilitar el ejercicio ciudadano del derecho a la información.
Los medios industriales tienen una tendencia monopólica, y si el Estado se repliega o favorece a los corporativos multimediáticos, los enfoques y las agendas se alejan de la base social.
La política pública de comunicación es un factor esencial para democratizar el sistema de medios.
Los medios de comunicación industriales tienen una alta adicción financiera a la generación de información sin costos, provista por las instituciones del Estado.

Así fueron algunas de las intervenciones. Terminó el Seminario. Las palabras están dichas y queda un desafío, o un enigma: ¿ayudarán a cambiar la realidad?
Adictas, las grandes empresas fabricadoras de realidades simplifican en pos de la rentabilidad y su propio poder. El contenido que lleva su envase está en la otra costa del discurso democrático, que plantea una sociedad segura para todos, con una libertad de expresión real, a la que ningún tsunami de intereses la pueda derribar. El Acuerdo de Seguridad Democrática pretende bañarse en esas aguas, y limpiar los prejuicios enquistados. Para eso deberá contribuir a que toda la teoría se ponga en práctica, y así seguir nadando contra la corriente.

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Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo”

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hace 3 horas

28/09/2023

Los feminismos siguen siendo el único movimiento que tiene la capacidad de transversalizar la unidad, amplia, y poner en Avenida de Mayo, de cara a Plaza Congreso, cuadras y cuadras de columnas que van desde el sindicalismo, a los movimientos sociales, a la izquierda, al kirchnerismo.

Aún cuando por Hipólito Yrigoyen ingrese la enorme columna de la intersindical feminista seguida por poco del oficialismo; y por el otro costado, por Avenida de Mayo, ingrese la izquierda; todos los espacios comparten plaza a menos de un mes de elecciones generales que definen quién presidirá el país.

Esa es la noticia: seguimos transversalmente en la calle.

Video: Sebastián Smok.

De la economía popular a la formal

“Creían que el movimiento había desaparecido porque no estaba en la calle, pero estábamos en cada uno de nuestros territorios, ahí también damos la batalla y la lucha”, dice Leonor Cruz, Secretaria de Géneros y Diversidad de la CTA Autónoma, frente a la enorme columna de trabajadoras que son protagonistas de esta marcha. Las tres banderas que encabezan: UTEP, CTA y CTA Autónoma. De la economía popular a la economía formal, todas adentro.

Mujeres trabajadoras en la calle: “Juntas, llegamos a todo” — La cabeza de la marcha de este 28 S. (Foto: Sol Tunni).

Junto a ellas también marchan familias de víctimas de femicidios: Marta y Guillermo, mamá y papá de Lucía Pérez; y Daniel y Susana, papá y mamá de Cecilia Basaldúa, que salieron desde la sede de MU junto a un grupo de mujeres que les siguen con los pañuelos blancos que bordan dos palabras: Nunca Más.

No con el FMI

Dice Leonor: “La derecha más fascista de nuestro país tiene una agenda muy clara contra el feminismo, quieren ir contra cada uno de los derechos que hemos conquistado con sangre y a fuerza de lucha; pero no lo vamos a permitir. Estamos en la más amplia y diversa unidad de vuelta en la calle porque a la derecha la vamos a enfrentar, pero también vamos a decir: no es con el FMI, porque somos las trabajadoras, las precarizadas, las compañeras del barrio, las que más sufren el ajuste”.

Leonor llegó a Plaza Congreso desde Tucumán, trayendo lo que se ve fuera del centro porteño: “En nuestra Argentina profunda lo que se ve es la pobreza, en todas sus dimensiones, pero el movimiento feminista en la provincia es lo más fuerte que hay, es donde está la unidad y donde nosotras resistimos”.

Sobre la transversalidad habla también Silvia León, referente de ATE Nacional: “Hoy el objetivo tiene que ser que las derechas no avancen en nuestro país. Los 30 mil compañeros desaparecidos y muertos no murieron en vano, y las víctimas de femicidio tampoco”.

Silvia, rodeada de pañuelos verdes, sostiene junto a las familias de víctimas de femicidios, que tienen las fotos de sus hijas colgando en el pecho, los pañuelos blancos. Los feminismos honran el legado que los derechos humanos construyeron en la calle, con los pies. Dice Silvia: “Nosotras peleamos por soberanía, por educación, por salud, y también seguimos el camino de las Madres, las Abuelas, de los 30 mil, pero también de los familiares. Hay un tiempo que se termina, el de la verticalidad, el del verticalismo y del patriarcado, ahora toca construir transversal y federalmente”

Significado de la libertad

Marta y Guillermo, llegaron desde Mar del Plata a las siete de la mañana; junto a Susana y Daniel, se colgaron las fotos de sus hijas en el pecho: Lucía Pérez y Cecilia Basaldúa, dos femicidios territoriales emblemáticos, donde las tramas narco barriales marcaron como alerta una emergencia que traen las periferias.

¿Por qué recorrer la Ruta 2 durante toda la noche para marchar? Contesta Marta Montero, mamá de Lucía: “Para gritar que no vamos a permitir perder nuestros derechos, lo que hemos conquistado en este tiempo de lucha que no es solo el reciente, me voy más lejos: en este tiempo de democracia que es el tiempo en el que podemos salir, podemos luchar, y también decir lo que pensamos. Todo esto está en peligro, no podemos permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos o lo que podemos hacer, que corten nuestros derechos y lo conseguido: por ejemplo un ministerio. Todas las mujeres no tenemos la suerte de que nos acompañen los gremios, las organizaciones; hay muchas mujeres que están solas, pero vos sabés que hay una puerta que podés golpear y que se va a abrir. Ahora corremos el peligro de que todo eso se termine».

Marta Montero y Guillermo Pérez, los padres de Lucía (Foto: Sebastián Smok)

¿Por qué creés que quieren que se termine?

Porque somos muchas, hemos tomado la calle, hemos salido, y nuestra palabra se ha hecho escuchar. Y así hemos logrado cambios: el más importante fue el aborto legal. Es imposible no pensar hoy en día que una mujer no tiene derecho de poder decidir sobre su vida.Yo soy una persona de fe, creo en dios, en la virgen, pero no creo en que alguien pueda decirnos que esto tiene que ser de una sola manera porque creo en la libertad de las personas, y si alguien no quiere tener un hijo es respetable.

Libertad es una palabra hoy disputada, ¿qué significa?

Libertad significa levantarme, salir a la calle y decir lo que pienso sin censura de nadie, poder acompañar a alguien, poder hablar, poder estar. El libertario es otra cosa: son los que nos quieren vender que vamos a estar mejor por cosas que no terminamos ni de entender, es un juego de palabras siniestro que termina en opresión.

Foto: Sol Tunni.

¿Qué tienen que hacer los movimientos feministas?

No los tenemos que dejar avanzar. A mí no me representa una persona que esté con una agresividad tal que se le nota, en su manera de hablar, de moverse, a mi no me representa esa violencia, pero estamos viviendo en un momento muy difícil que hoy todo es violencia. El enojo hoy está peor que nunca, o tal vez tenga otra visibilidad, antes se tapaba más, hoy lo ves en un medio, en una red social, es más visible, por eso parece que pasa más.

¿Cómo volvemos para volver a ser marea?

Es muy importante creer en nosotras mismas, en el valor que nosotras tenemos, valorar quienes somos. Es muy importante no tener miedo, no tener miedo al ridículo, estar seguras de lo que hacemos, de lo que queremos y si tenemos que salir a defender a una compañera, a una hermana, salir y hacerlo con convicción propia. Lo más libre que una puede hacer es salir. Si no es con cada una de nosotras, hasta acá no se hubiese llegado, sin las mujeres luchando por su propia vida, las más grandes ayudando a las más chicas, y las más chicas, por ellas mismas. Esa es la hermandad, todas nos necesitamos, yo sola no puedo, te necesito a vos, a otra, a la hermana, sola es imposible. Necesitamos la confianza en nosotras mismas, evitar la competencia. Nosotras luchamos por la vida, por eso luchamos por todas. Solas no llegamos a nada, pero juntas llegamos a todo.

Daniel y Susana (padres de Cecilia Basaldúa), Guillermo y Marta. Foto Sebastián Smok.

Foto Sol Tunni.

Foto: Sol Tunni

Foto: Sebastián Smok

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Resultados en la Cumbre Científica de Naciones Unidas: Argentina con agrotóxicos al 100%

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hace 1 día

27/09/2023

El total (100%) de participantes argentinos en una investigación internacional sobre agrotóxicos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”. El problema incluye a personas que viven lejos de las fumigaciones, por lo que se consideró a estos plaguicidas como «omnipresentes». Se encontraron además los venenos en los alimentos, el polvo del hogar, los granos de cultivos, animales, alimentos para animales, suelos y agua.

A través de una conferencia virtual desde Nueva York, durante más de 3 horas, el proyecto SPRINT reveló este miércoles 27 -Día de la Salud Ambiental- los resultados del estudio realizado en Europa y en la provincia de Buenos Aires (como principal exportadora de soja para alimentación animal).

Entre los venenos detectados están obviamente el glifosato (genotóxico y probable cancerígeno) y el clorpirifos (que pese a estar prohibido en Argentina se sigue vendiendo hasta en los supermercados). El informe señala además los “cócteles”, que mezclan químicos para aumentar la potencia de cada veneno, reuniendo hasta 120 plaguicidas.

La dirección del INTA prohibió a la doctora Virgina Aparicio (que integró en la investigación) participar en cualquier instancia actual del proyecto, y hablar con la prensa, siendo que se trata de un tema de salud pública.

Algunos de los datos que, pese al silencio y a la mordaza oficial, se revelaron en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

En alimentos: “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos: “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales: “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales: “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos: “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial: en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

Por Anabel Pomar

Resultado global presentado sobre las concentraciones de glifosato en seres humanos. Argentina lidera esa tabla con absoluta comodidad.

En el día de la celebración del día de la salud ambiental, miércoles 27 de septiembre, en Nueva York, EE. UU., en el marco de la Cumbre Científica de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGA78) por primera vez para grandes audiencias pudieron conocerse parte de los resultados del proyecto europeo SPRINT (siglas en inglés de Transición Sostenible de Protección Vegetal: Un Enfoque de Salud Global 2020/2025).

¿Qué es el SPRINT? Es un proyecto financiado por La Unión Europea (UE) que busca identificar los residuos de los agrotóxicos, en ecosistemas y en humanos, y analizar el peligro de la sinergia (la combinación o mezcla) entre los plaguicidas hallados. Esto último, algo jamás contemplado a la hora de aprobar esos peligrosos venenos en el mercado, ni en el llamado “viejo continente”, ni en nuestro país.

En 2021 los muestreos en el marco de ese proyecto además de realizarse en los 10 países europeos participantes se ampliaron a la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué se incluyó a nuestro país? Por ser el principal exportador de soja para alimentación animal al mercado europeo.

Entre las principales conclusiones del evento de este miércoles en NY, pudieron escucharse las voces de expertas y académicos participantes de ese proyecto. Contaron, basados en rigurosa información, cómo los agrotóxicos usados en la agricultura veneno-dependiente están contaminándolo todo. Cuerpos, comida y ambientes. Una de las palabras que más se repitió en las presentaciones, fue “omnipresente”. Los agrotóxicos están en todos lados: incluso en donde no son utilizados.

Entre los cuadros con centenares de nombres de moléculas químicas usadas en la agricultura, destacan algunos de los agrotóxicos más fumigados en nuestro país. El herbicida glifosato, y su metabolito AMPA, en los primeros puestos. Y para los muestreos en Argentina, en cantidades hasta tres veces superiores en algunas matrices. También el clorpirifos, recientemente prohibido en el país pero que se puede seguir comprando en cualquier góndola de supermercado en el sector de insecticidas.

Resultados de plaguicidas en las muestras en orina.

El momento de la presentación es importante ya que este próximo 13 de octubre la Unión Europea deberá votar si decide re-autorizar el uso del glifosato. Desde la coordinación del SPRINT aseguraron que a la brevedad la información –que ya fue presentada en la euro-cámara– será publicada y distribuida al público general para lograr mayor difusión. También aseguraron que esperan que tales resultados impidan que se concrete la renovación del peligroso herbicida.

Omnipresentes

Ver la presentación de esos estudios que respaldan una afirmación que muestra la magnitud del daño, estremece. Hasta las personas que consumen o producen alimentos sin usar agrotóxicos tienen sus cuerpos contaminados. Y aquellas que consumen alimentos libres de agrotóxicos, también. El cuadro completo muestra que la exposición ambiental llega a todas las personas, no solo a quienes producen con venenos o viven en zonas rurales. Y por todas las rutas de exposición.

Los resultados de los venenos en materia fecal.

En los hogares

Como ejemplo se puede mencionar lo que se encontró al medir el polvo de hogares, presentado por Daniel M. Figueiredo, de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Los resultados indican que los agrotóxicos llegan a impactar en los organismos más por los ambientes que por la dieta misma: también son una ruta de exposición directa. El más detectado es el glifosato y su metabolito AMPA, en un cóctel de sustancias químicas peligrosas en un rango de entre 25 y 120 plaguicidas.

Otra constante: los cócteles de agroquímicos. No hay una sola sustancia sino decenas o cientos, mezcladas para aumentar la potencia del veneno. En el caso presentado impactaban tanto a los vecinos de producciones convencionales cómo orgánicas.

A su turno, Hans Mol de la Universidad de Wageningen de Países Bajos, en la presentación de lo hallado en muestras de fluidos humanos –en los que el glifosato vuelve a estar entre lo más detectado. Los resultados señalan que hay presencia del herbicida genotóxico y probable cancerígeno en orina en el 86,1% de los argentinos muestreados y en el 35,2% de los europeos, mientras al analizar las heces humanas se detecta ese plaguicida en el 70,5% de las personas residentes en Europa y en el 100% de los bonaerenses.

Para el caso del clorpirifos, el 3,7% de europeos tiene en sus heces ese tóxico, mientras que para la Argentina el número asciende a 37,7%. Nuevamente salimos campeones, esta vez de otro podio tóxico.

La mordaza

En la conferencia virtual –toda en inglés– que duró tres horas y a la que asistió lavaca y aproximadamente un centenar de personas conectadas desde distintas partes del mundo, no estuvo la investigadora a cargo del proyecto en Argentina, la doctora Virginia Aparicio.

Lavaca consultó a la investigadora del INTA el porqué de su ausencia que para la decena de personas conectadas desde Argentina no pasó desapercibida. Aparicio no tiene autorizado por orden directa de la dirección de ese organismo estatal participar de ninguna instancia del SPRINT, ni hablar con la prensa.

Lavaca se comunicó con el INTA (socio número 16 identificado como CSS11-Buenos Aires dentro del proyecto SPRINT) pero nuevamente, como sucede desde hace meses, no hubo respuesta oficial.

El organismo público impidió que hasta el día de hoy los resultados de lo muestreado en nuestro país se difunda. En julio de este año, pese a esa censura oficial, la vaca pudo conocer los resultados de ese muestreo en territorio y población bonaerense y publicarlo.

Del muestreo en Argentina participaron 73 personas. De las 73, 1/3 consumidoras, 1/3 habitantes de pueblos pequeños y “vecinos de productores”. Y 1/3 productores agropecuarios de los cuales la mitad usa plaguicidas y la otra mitad trabaja agroecológicamente. También se incluyó un monitoreo en 14 establecimientos rurales. Se tomaron pruebas en ambiente, alimentos, grano y muestras biológicas en animales.

“El total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal” es una de las revelaciones de la investigación.

En los ambientes en los que esas personas se mueven a diario, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 7 a 53 plaguicidas en las pulseras” de detección.

La vida cotidiana asediada

En las consideraciones preliminares de esos estudios personales que trascendieron se consigna: “Las mezclas de residuos de plaguicidas están presentes en los cuerpos humanos. Las personas se exponen a los plaguicidas en su vida cotidiana (datos de pulseras). La mayoría de los residuos son peligrosos para el ecosistema y los humanos”.

En alimentos, “el total de participantes argentinos presentó un rango de 6 a 22 plaguicidas en la muestra de alimentos”.

En el polvo del hogar, en “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 43 a 86 plaguicidas en polvo del hogar”.

Granos de cultivos, en “el total de muestras analizadas en Argentina presentó un rango de 0 a 8 plaguicidas en grano”.

En animales, en “el total de animales analizados en Argentina presentó un rango de 1 a 12 plaguicidas en orina, un rango de 0 a 16 plaguicidas en materia fecal”. (Los de sangre continúan pendientes).

En alimento para animales, en “un rango de 5 a 25 plaguicidas en alimento animal”.

En suelos, “el total de muestras analizados en Argentina presentó un rango de 0 a 12 plaguicidas en suelo”.

Agua superficial (en la zona de trabajo de SPRINT) en “el total de muestras analizadas presentó un rango de 10 a 28 plaguicidas en agua superficial”.

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Nota

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia»

Publicada

hace 3 días

25/09/2023

Un funcionario judicial de Tucumán fue condenado por abuso sexual: 4 años, obligación de reparación económica, capacitación y placas en Tribunales. El hecho no es aislado: el Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro que incluye 420 funcionarios (integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las cúpulas de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católica) denunciados por violencia de género. Los argumentos e implicancias de un fallo ejemplar.

Jorge Edmundo Mistretta, exjefe de despacho de la Secretaría Electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, jubilado desde 2019, fue condenado a cuatro años por abuso sexual contra dos de sus empleadas. Los abusos ocurrieron en 2013 y 2015: incluye tocarle los pechos a una de ellas y querer besarla, comentarios sexuales groseros, e intento de tocar a otra de las denunciantes.

En el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, compuesto por la jueza María Noel Costa, y los jueces Carlos Enrique Jiménez Montilla y Enrique Lilljedhal, se ordenó:

La inmediata detención, aunque cumplirá prisión domiciliaria por su estado de salud.
Una indemnización de $4.4 millones de pesos y 3.6 millones de pesos para cada una de las víctimas.
La realización de un programa de capacitación sobre perspectiva de género y en política de prevención, sanción y eliminación de la violencia contra la mujer.
Se solicitó a Recursos Humanos de la Corte Suprema de Justicia Nacional que “se arbitren los mecanismos administrativos necesarios por una medida restaurativa que contemple la incorporación a una de las oficinas judiciales de esa jurisdicción -de la Cámara o del Tribunal Oral -, debiendo garantizar la ‘no revictimización’ de una de las víctimas”.
Además se recomendó que se coloquen placas en tribunales donde sucedieron los hechos que digan: “Un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia. No a la violencia ni al acoso”.

Los fundamentos se conocerán el próximo 29 de septiembre.

El “caso” no es aislado. El Observatorio Lucía Pérez lleva adelante un registro de denuncias por violencia de género contra integrantes del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad y de la Iglesia Católicas.

El registro incluye ya 420 funcionarios denunciados, entre intendentes, diputados, fiscales, sargento, jueces, asesores, concejales, cabos, decano, sacerdotes y un largo etcétera. De todos los denunciados 99 son del Poder Judicial, al igual que Jorge Edmundo Mistretta; 139 del Poder Ejecutivo; 62 del Poder Legislativo; 67 de la Iglesia Católica; y 53 de las cúpulas de las fuerzas de seguridad.

El padrón de funcionarios denunciados se puede ver acá

Tucumán: condenan a un funcionario judicial y en el fallo recomiendan colgar placas en Tribunales que digan «un ambiente violento de trabajo afecta el servicio de justicia» — El Poder Judicial es el segundo del Estado con más denuncias. Datos de Observatorio Lucía Pérez.

El Estado argentino se comprometió en 2020 a llevar un registro público de funcionarios judiciales denunciados por violencia de género como parte de un acuerdo amistoso alcanzado en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hasta el momento lo hizo de forma incompleta y escasa, por ello comenzó a realizarlo, de manera autogestiva, el Observatorio Lucía Pérez que sumó además otros poderes para completarlo y con esa información reflexionar acerca de qué relación hay entre la ausencia de políticas públicas de contención y prevención y estas prácticas impunes.

Lo que se ve: la consigna “El Estado es responsable” se hace carne en la sistematización de esta información. No lo es solamente por omisión, o ineficaz: es un Estado violento.

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