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Operación Pergamino: la verdad de la mentira

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Vecinos bonaerenses fueron convocados para un «estudio» sobre el impacto de los agroquímicos. Financiado por los ministerios de Agricultura y Ciencia de Nación, los investigadores de la UBA no analizaron los químicos más utilizados por el agro actual, no entregaron los estudios que pueden detectar los plaguicidas y ocultaron sus vínculos con las empresas del sector. Por Darío Aranda para lavaca.dream.press

Una inédita operación en favor de los transgénicos y agroquímicos se realizó entre científicos de la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Agronomía y Farmacia y Bioquímica), funcionarios de Pergamino, el actual ministro de Ciencia de Buenos Aires, Jorge Elustondo, y empresas del agronegocios. Bajo la promesa de estudios científicos en la población, omitieron buscar los químicos denunciados (glifosato, atrazina, 2-4-D), ocultaron conflictos de intereses, negaron resultados a la población afectada y minimizaron la contaminación en base a análisis sesgados: «Son niveles muy bajos de plaguicidas, no representan ningún tipo de riesgo»
Las empresas e instituciones que celebraron la maniobra, bajo el sello de «Agrolimpio», son la Sociedad Rural, la Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid), la Cámara de agroquímicos (Casafe), Consorcio Regional de Experimentación Agrícola (CREA), empresas de aeroaplicación, la Federación de Distribuidores de Insumos y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (Aiamba).
La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente cuestionó el accionar de científicos y funcionarios y cuestionó la investigación: «El estudio resulta totalmente incompleto porque no contempla los productos de mayor uso actual. La comunidad no tuvo acceso a los resultados escritos. Sólo se tuvo acceso a lo que los investigadores comentaron en su visita y a los resultados individuales de sangre. Tampoco hubo un resultado de escrito del análisis de agua», explicó Jorge Dauach, de la Asamblea.

Pergamino

Pampa Húmeda. Las tierras más productivas y preciadas del país. Allí está Pergamino, noroeste bonaerense, a 220 kilómetros de Capital Federal, 105 mil habitantes y 300 mil hectáreas. El 60 por ciento tiene soja. El otro 20 por ciento, maíz transgénico y trigo. Desde 1997 es la “Capital Nacional de la Semilla”. Allí están Monsanto, Palaversich, Produsem, Sursem, Rizobacter, Dreyfus, Agronort (distribuidor oficial de Bayer CropScience,  Dow, BASF y Don Mario) y Gesagro (representante de Syngenta). Las pocas empresas que no están en Pergamino, se radican a 140 kilómetros, en Venado Tuerto.
La Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente nació en 2013. Herejes que denunciaban las consecuencias del modelo agropecuario (desde fumigaciones hasta las consecuencias sociales) en una ciudad donde todo se mueve a ritmo «del campo».
Redactaron un proyecto de ordenanza para limitar las fumigaciones. Solicitaron 500 metros para las aspersiones terrestres y 3000 metros para las aéreas.
Muy rápido salió al cruce «Agrolimpio», un conjunto de instituciones que son parte del negocio: Sociedad Rural, Aapresid, Casafe, CREA, empresas de aeroaplicación y la Federación de distribuidores de insumos. También sumaron su apoyo la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Norte de Buenos Aires (Aiamba), sectores de la Universidad Nacional del Noroeste de la provincia de Buenos Aires (Unnoba), sectores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la abogada, Analía Balbarani. La propuesta de Agrolimpio: 100 metros para los químicos más tóxicos y sin distancia para los «banda verde» (glifosato y atrazina, entre otros).
El intendente, Héctor Cachi Gutiérrez, y 18 concejales (de un total de 20) se inclinaron por la propuesta empresaria pero en un intento de «conciliación» establecieron 100 metros de distancia para todo agroquímico. Agrolimpio pidieron el veto a la ordenanza y distancia cero para el glifosato.

La salud en riesgo

Desde la Asamblea exigieron mayor distancia de protección, cuestionaron el intento de veto y continuaron con campañas de difusión sobre los riesgos de los agroquímicos. En junio de 2014 realizan una charla con la investigadora Delia Aiassa, de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Aiassa, integrante del Grupo de Genética y Mutagénesis Ambiental (GEMA), confirmó el daño genético en poblaciones expuestas a agroquímicos, antesala de distintas enfermedades, entre ellas el cáncer.
El intendente Omar Pacini (asumió en diciembre de 2013 y finalizó el mandato en 2015) retrucó con el anuncio de «un estudio científico» que daría cuenta del estado sanitario en Pergamino. Remarcó la participación de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Farmacia y Bioquímica (ambas de la Universidad de Buenos Aires) y de los ministerios de Agricultura y de Ciencia de la Nación.
“Consideramos que somos un Municipio saludable, pero de cualquier manera tenemos que corroborar a través de estudios científicos que esto así sea. Para nosotros es un gusto que gente como estos profesionales vengan a trabajar a Pergamino”, explicó Leandro Peñaloza, secretario de Salud del Municipio, cuando presentaron el inicio del trabajo.
Estuvo acompañado de la directora de Estadísticas y Epidemiología, Adriana Torriggino; el secretario de Producción, José Apesteguía; el director ejecutivo del Instituto de Ética Legal de la Facultad de Agronomía, Jorge Elustondo; y las investigadoras de la Cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, Edda Villaamil Lepori y María Irigoyen.
Elustondo anunció que contaban específicamente con el apoyo del ministro de ciencia, Lino Barañao, y de las autoridades del Ministerio de Agricultura de Nación.
Villaamil Lepori explicó la metodología de trabajo: “Queremos evaluar qué es lo que pasa y cuál es el impacto de los agroquímicos que se están utilizando, principalmente con lo que tiene que ver con los cultivos transgénicos, tanto en el ambiente como en la salud humana. Es importantísimo tener datos del uso, de cómo se aplica y de los probables niveles de exposición en la población humana. Queremos evaluar los alimentos y algunas cuestiones en sangre y orina».
María Irigoyen señaló que «la estrella es el glifosato, el malo de la película o no, pero nosotros vamos a estudiar a la gente el impacto sobre su salud de todos los componentes, no solamente del glifosato».
Explicaron que tomarían muestras de suelo, agua, y analizarían sangre y orina de la población.

Investigando la investigaciòn

Desde la Asamblea comenzaron a inquietarse a mediados de 2015, cuando los resultados no aparecían. Pidieron información al Municipio y no tuvieron respuesta.
En diciembre de 2015, Pedro Courtial (de la Asamblea) comenzó a buscar por Internet. Ya había pasado un año de la toma de muestras y no tenían ningún resultado (su esposa fue una de las voluntarias  del análisis de sangre y orina). Y llegó la sorpresa: una de las científica referentes del estudio,Villaamil Lepori, había presentado en septiembre parte de los resultados de la investigación en el XIX Congreso Argentino de Toxicología. Pero nunca les había informado los resultados a la comunidad afectada.
El resumen señala que se encontraron con mayor frecuencia los agroquímicos DDT, endosulfán y y metilclorpirifós. En sangre se encontró DDT, heptacloro, aldrin, endosulfán, metilclorpirifós  y cipermetrina. En agua se encontró también DDT, clorpirifós y cipermetrina, entre otros. Todos químicos usados décadas pasadas, persistentes y con numerosa bibliografía que da cuenta de esa presencia en las zonas agrícolas. Por lo cual, dentro del ámbito académico, no es novedad su aparición en estudios.
El trabajo señala que esos fueron los «plaguicidas hallados», pero no señala cuáles fueron los químicos buscados.
Científicos de cuatro universidades públicas (UBA, Río Cuarto, Litoral y La Plata) explicaron a lavaca que es «una obviedad» buscar químicos como el DDT porque la novedad sería no encontrarlo en tierras agrícolas de Argentina. Por contraposición, señalaron que hay que buscar los químicos que se usan en la actualidad.

Reclamo y respuesta

La Asamblea cuestionó de inmediato a las autoridades municipales. Había pasado más de un año de la extracción de sangre y entrega de muestras de orina, y nunca les habían dado los resultados.
A las 48 horas, el Municipio y los científicos dieron a conocer los resultados en el Concejo Deliberante. El diario La Opinión de Pergamino realizó una crónica detallada. Olga Heredia, de la Facultad de Agronomía de la UBA, inició la charla con un agradecimiento a Aapresid (empresarios del agro) por colaborar en la toma de muestras de agua y suelo. Luego precisó que encontraron niveles «bajos» de glifosato en agua en base a «parámetros internacionales de nivel máximo de 700 PPB (microgramos por litro)». La investigadora no aclaró que no hay consenso científico sobre el nivel máximo del herbicida en agua. Mientras Estados Unidos acepta 700 PPB, la Unión Europea sólo permite 0,1 PPB.
Reconoció que hubo casos con niveles altos pero lo atribuyó a «alguna excepción que puede atribuirse a una contaminación puntual. En general son niveles muy bajos, no representan ningún tipo de riesgo». Respecto al agua de red (de consumo humano), afirmó que «se ha encontrado (glifosato) en algunas muestras, pero a niveles bajos».
No aclaró qué niveles son bajos ni en cuántas muestras se detectó la contaminación.
Edda Villaamil Lepori explicó que utilizaron un análisis  llamado «colinesterasas», que implica evaluar las enzimas que se inhiben por los químicos. «Confirmamos la hipótesis de que hay una exposición a insecticidas no relacionados con la actividad agropecuaria y posiblemente al uso doméstico. Son niveles bajos y no significa intoxicación», afirmó.
Resaltó la presencia de DDT y, respecto al agua, sostuvo que existen «niveles bajos de plaguicidas (…) y no se han encontrado niveles elevados de glifosato».
Nunca se entregaron los estudios completos a la población y tampoco explicaron que el análisis de «colinesterasas» es principalmente para intoxicaciones agudas (que se producen en el momento de la manipulación) y no para afectaciones crónicas (prolongadas en el tiempo), para lo cual debieran hacerse pruebas genéticas, como hacen investigadores de las universidades de Río Cuarto y el Litoral, entre otras.
Tampoco se entregaron los estudios de orina, donde es más factible encontrar glifosato y su metabolito AMPA, que es el principal producto de la degradación del glifosato (el herbicida se transforma, principalmente por acción de enzimas bacterianas del suelo, en AMPA).

Los responsables

El principal referente en la firma del convenio fue Eduardo Pagano, que figura como «investigador responsable». Es uno de los referentes del agronegocios de la UBA, ex vicedecano de la Facultad de Agronomía y desde su cátedra en la universidad trabaja junto a la semillera Don Mario. Integra la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), espacio responsable de la aprobación de los transgénicos en el país, en base a estudios de las propias empresas y con expedientes confidenciales.
También sobresale Jorge Román Elustondo, uno de los impulsores del estudio. Ingeniero agrónomo, oriundo de Pergamino y era -al momento de la investigación- director del Instituto de Ética y Calidad Agroindustrial de la Facultad de Agronomía de la UBA. Una serie de muestras fueron tomadas en cercanías de su campo, donde impulsa el barrio cerrado «Chacras de Pergamino», de 76 hectáreas.
Los resultados positivos, «niveles bajos de plaguicidas», son otro argumento favorable al momento de vender los lotes.
Elustondo es un férreo impulsor del modelo de agronegocios. El 10 de diciembre asumió en el gobierno de María Eugenia Vidal como ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, desde donde articula con con su par de Agroindustria, Leonardo Sarquís (ex gerente de Monsanto).
En julio pasado, Vidal dividió el Ministerio. Nombró al intendente de San Miguel, Joaquín De La Torre en Producción y Elustondo quedó a cargo del Ministerio de Ciencia.
agroquimicos pergamino

Habla una de las responsables: “No pudimos hacerlo por problemas de equipamiento”

Edda Villaamil Lepori es doctora en toxicología y titular de la cátedra de Toxicología y Química Legal de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. En 2009 formó parte del cuestionado «informe sobre glifosato», una maniobra de Lino Barañao para mantener el uso de glifosato. El trabajo fue denunciado por utilizar bibliografía sesgada, equiparar estudios de Monsanto (la principal empresa involucrada) con trabajos de científicos independientes y por la total ausencia del principio precautorio, exigencia legal de que, ante incertidumbre, prevenir consecuencias en la salud y el ambiente.
Villaamil Lepori fue una de las firmantes de ese cuestionado trabajo. También tiene relación con el Instituto Internacional de Ciencias de la Vida (ILSI), que cuenta entre sus socios directos a las multinacionales de agroquímicos y transgénicos Bayer, Dow Agro Sciences, Syngenta y Monsanto. Villaamil Lepori es integranta de la Subcomisión de Fitosanitarios de ILSI.
«¿Conflictos de intereses? ¿Por qué? En ILSI yo tengo libertad para decir lo que pienso», respondió ante la pregunta de tener relaciones con empresas químicas y realizar estudios que podrían inculparlas.
En diálogo con lavaca reiteró los resultados de los estudios, aceptó que (en las muestras de sangre) no buscaron glifosato, atrazina ni 2-4-D (los químicos más utilizados en la actualidad) y reconoció que no hicieron los análisis en orina. Lo atribuyó a un «impedimento técnico». La investigadora señaló que este trabajo es una continuidad del realizado en 2009 sobre glifosato (impulsado por Lino Barañao) y que, en este caso, también fue impulsado por el Ministerio de Ciencia.
Los análisis que no se pudieron hacer son estudios importantes al momento de estimar el impacto de químicos en humanos.
Sí, pero no pudimos hacerlos por problemas de equipamiento.
¿Por qué no se contrató a otro laboratorio?
No estaba en el proyecto.
¿Buscaron en agua atrazina, 2-4-D, químicos muy usados en el agro actual?
No.
 ¿Buscaron glifosato, atrazina y 2-4-D en sangre?
No.
¿Por qué?
Porque no estaba en el diseño el proyecto buscar atrazina y 2-4-D y no contamos con todos los equipos para glifosato.
Pero ustedes anunciaron que buscarían glifosato en sangre y orina
Sí, pero ya le dije que tuvimos dificultades con los equipos.
Investigadores me han afirmado que uno de los métodos más precisos para humanos es hacer pruebas genéticas de poblaciones. Usted sabe que a mayor daño genético, mayor probabilidad de ciertas enfermedades, como el cáncer.
Trabajar con población humana que está expuesta a muchísimas cosas que son potenciales genotóxicos y sacar conclusiones respecto a plaguicidas… me parece poco serio. En mi opinión es muy difícil encontrar daño genético y hacer responsable al glifosato. Quienes hacen asado y están expuestos al humo del asadito, también están expuestos a genotóxicos que producen daño genético…

Ciencia y mito

La Asociación de Productores de Siembra Directa (Aapresid) es la organización de empresarios y productores del agronegocios de mayor lobby político. De estrecha relación con las grandes compañías semilleras y de agroquímicos. Todos los años realiza su congreso anual, la tribuna desde donde los defensores del modelo marcan sus líneas de trabajo y acciones. El congreso 2016 comienza el próximo miércoles y una de las figuras más anunciadas es Villaamil Lepori. Su disertación fue publicitada como «los mitos del glifosato».
Para la difusión de la charla adelantó que «han determinado un grado muy bajo de presencia de glifosato» en poblaciones rurales y urbanas remarca: «Creemos que estamos en condiciones de desmitificar al glifosato y a sus efectos; ya que no hay evidencia científica de enfermedades cancerígenas ni otro tipo de patologías, después de todas las investigaciones realizadas”.
El trabajo de Villaamil Lepori no fue publicado por ninguna revista científica, tradicional forma de validación entre pares y requisito indispensable que los defensores del agronegocios suelen exigir a las investigaciones que cuestionan al modelo transgénico.

 “No se puede encontrar lo que no se busca”

El viernes 29 de julio la Asamblea por la Protección de la Vida, la Salud y el Ambiente de Pergamino dio una conferencia de prensa y emitió un duro cuestionamiento al estudio realizado por los investigadores de Agronomía y Farmacia y Bioquímica de la UBA, y financiado por los ministerios de Agricultura y de Ciencia. «No se analizaron otros agroquímicos (además de glifosato) utilizados en la actualidad en la agricultura, como tampoco se analizaron ninguno de los utilizados para la optimización y eficacia del glifosato en el tratamiento de plagas (de uso y práctica habitual en la agricultura en éste tipo de tratamiento). Por lo que el estudio hace un análisis minimísimo en relación a lo que es el uso de agroquímicos y su incidencia en suelo y agua», denuncia.
Ante la falta de entrega del trabajo, la Asamblea reconstruyó los resultados vía distintas fuentes. Y precisó los resultados parciales:

  • El glifosato fue el único principio activo analizado por los investigadores (a nivel ambiental). Se encontró en agua superficial, napas y agua de consumo humano. En humanos no lo buscaron en sangre y no se realizaron los estudios en orina.
  • Estudios en suelo. Se encontró glifosato y AMPA, tanto en suelos dedicados a la agricultura como no agrícolas.

«El principio activo (glifosato) se encuentra durante todo el año tanto en las muestras de suelo como en las de agua. Esto marca una presencia continua, habitual y crónica lo que merece especial atención en rangos de incidencia y exposición», alertaron.
Recordaron que el discurso empresario y oficial era que «el glifosato se degrada fácilmente», «no persiste en el ambiente» o «no existe deriva». En base los resultados, la Asamblea afirma: «Hay una sobrecarga ambiental en relación al principio activo buscado y analizado. Son falaces las afirmaciones respecto a su degradación. Nos negamos a que continúe una práctica productiva que nos condena a un mayor nivel de contaminación».
También destacaron que «otro dato alarmante es la presencia de glifosato en agua de bebida. Esta circunstancia no ha sido informada a la población que consume habitualmente el agua de red que provee la Municipalidad de Pergamino, por ninguna autoridad pública competente, sin que los ciudadanos hayamos tenido la posibilidad de decidir respecto a la calidad del suministro de un elemento esencial para la vida y que constituye un derecho humano básico».
Cuestionaron el sesgo no casual que tuvo el estudio. «En relación al análisis de agrotóxicos en sangre consideramos que el estudio resulta incompleto, porque sólo midieron algunos insecticidas (organoclorados, ciertos organofosforados, ciertos piretroides en plasma). La mayoría no está en uso actualmente. A su vez, no se efectuaron mediciones en relación a los herbicidas y otros agrotóxicos más usados en la actualidad (atrazina, 2-4-D, dicamba, entre otros). A los fines de medir plaguicidas en humanos el estudio resulta totalmente incompleto porque no contempla los productos de mayor uso actual».
No se puede encontrar lo que no se busca. El estudio en Pergamino no buscó los químicos más utilizados en el agro actual.
«Este estudio no es representativo para evaluar el impacto actual en humanos en nuestra región. Tampoco se sabe ‘a ciencia cierta’ cuáles son los valores máximos tolerables de exposición porque no están establecidos, razón por la cual todo lo que se pueda estimar al respecto queda en el rango de simple conjetura», resaltó la Asamblea de vecinos.

Promesas no cumplidas

Los ciudadanos de Pergamino entregaron muestras de orina para el análisis de químicos. La Asamblea afirmó: «Los análisis nunca fueron presentados. Consideramos que el acceso al resultado de los mismos es muy significativo porque constituye la vía más idónea (tal como lo demuestran estudios realizados en nuestro país) para poder detectar la presencia de glifosato en el cuerpo humano».
No fue la única promesa no cumplida. «En relación a los alimentos que consume la comunidad, no se realizaron análisis para detectar presencia de agroquímicos, a pesar de que esto fue anunciado en la presentación del proyecto, tanto por funcionarios como por científicos», cuestionó la Asamblea de Pergamino.
También explicitaron los conflictos de intereses de Pagano y Villamil Lepori, por sus relaciones con empresas del sector. Y cuestionaron a la toxicóloga: «Consideramos que las expectativas declaradas por la doctora Villaamil Lepori al afirmar ‘queremos evaluar qué es lo que pasa y cuál es el impacto  de los agroquímicos que se están utilizando, principalmente con lo que tiene que ver con los cultivos transgénicos tanto en el ambiente como en la salud humana’, no han sido contempladas en su totalidad en el estudio, al resultar un análisis incompleto justamente en las cuestiones más críticas».
Los asambleístas cuestionaron que nunca les fue entregado el pre-informe científico. Sólo obtuvieron algunos resultados en la presentación municipal de 2015 y el resto fue vía escritos académicos y por internet. Solicitaron conocer el convenio entre la Municipalidad, las facultades de la UBA y el Ministerio de Agroindustria y Ciencia.

Punta de lanza

«Buenas prácticas agrícolas», es el término impulsado por Aapresid y Casafe (cámara empresa de agroquímicos donde están Monsanto, Syngenta, Bayer y todas las grandes empresas de químicos) que justifica el uso masivo de plaguicidas y culpa al «mal uso» de las consecuencias sanitarias y ambientales del modelo. De esta manera, el relato argumental señala que con «buenas prácticas agrícolas (BPA)», no habrá efectos no deseados con las fumigaciones.
Las BPA son cuestionadas por las organizaciones sociales y pueblos fumigados. Lo equiparan a Barrick Gold y su promesa de «minería sustentable», o cuando Chevron-YPF y su eslogan de «fracking seguro». Asambleas y pueblos fumigados asegurar que el problema es el modelo químico que se aplica en el agro, no las «buenas (o malas) prácticas».
Sin embargo, los funcionarios de distintos signos políticas hicieron propio el discurso empresario. El 5 de julio pasado, la gacetilla de prensa del Ministerio de Agroindustria de Buenos Aires tituló: «Buenas prácticas agrícolas. El ministro Sarquís firmó convenio para el correcto uso de fitosanitarios». Se trata de un acuerdo para promover el «uso racional» de las fumigaciones en tres municipios: Tandil, Trenque Lauquen y Pergamino.
La iniciativa fue impulsada por la Cámara Empresaria de Distribuidores de Agroquímicos, Semillas y Afines (Cedasaba) y la intención es replicar la experiencia en otros municipios. Menciona la existencia de «áreas de amortiguamiento» para proteger a la población, pero no precisan qué distancias.
«Queremos que antes de fin de año exista una nueva ley de agroquímicos en la provincia de Buenos Aires. Este es un avance importantísimo», señaló Sarquís, actual ministro de Agroindustria y ex gerente de Monsanto.
Al día siguiente, el 6 de julio, el Senado bonaerense dio media sanción a una ley de agroquímicos que permite fumigar con glifosato, atrazina y 2-4-D (entre otros químicos) a sólo diez metros de distancia de las viviendas. Ninguna provincia se había animado a tanto.

Más info:

La nota publicada en MU que da cuenta del reclamo que originó este estudio:
Corazón sojero: El caso de un embarazo perdido por culpa de las fumigaciones impulsó la creación de una asamblea en pleno cluster sojero, donde residen 800 empresas vinculadas al agronegocio.

Corazón sojero


casas.viviendas. Ninguna provincia se había animado a tanto.

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Bloqueo a Vaca Muerta de comunidades mapuche y pobladores de Añelo que buscan dos cosas: derechos y agua

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Esta semana hubo cinco cortes a los principales yacimientos de fracking, organizados por el pueblo mapuche de Vaca Muerta en reclamo de relevamientos territoriales ya acordados que permitirían además el reconocimiento de 14 comunidades. El bloqueo se agregó a los cortes de ruta de pobladores de Añelo (localidad central en el área de explotación) que reclamaban por la ausencia de agua. Jorge Nawel, de la Confederación Mapuche de Neuquén dice a lavaca: “Estamos contra la fractura hidráulica porque sabemos lo que genera, como lo saben los países la prohibieron como Francia, Inglaterra, varios estados de los Estados Unidos, que sin embargo mandan sus empresas para que hagan el fracking aquí”. Los efectos reales de la “inversión extranjera” y el negocio de las empresas que solo son rentables si tienen subsidios estatales.

Esta semana las comunidades mapuche de la zona de Vaca Muerta bloquearon los cinco principales yacimientos de fractura hidráulica. A ese conflicto se sumaron los cortes de rutas protagonizados por vecinas y vecinos de la ciudad de Añelo, desesperados por la ausencia de agua, entre otras cosas.

Jorge Nawel, logko (autoridad política) de la Confederación Mapuche de Neuquén planteó a lavaca el panorma y derribó los mitos publicitarios sobre los supuestos beneficios del fracking.

“La situación empieza por tres grandes temas pendientes. Por un lado la obligación de Consulta Libre e Informada a los pueblos originarios, tema refrendado por Argentina en los tratados internacionales. Estamos todavía discutiendo un articulado que es el que le dará forma al proceso de consulta sobre cualquier actividad que se haga en territorio indígena”.  

“Por otra parte la necesidad de las personerías jurídicas de las comunidades, que no tienen ese reconocimiento por parte del Estado. Es una deuda que el Estado no termina de resolver”.

“Y el tercer tema es el relevamiento de las tierras, porque si no tenemos delimitados los territorios, ¿a quién van a reconocer?”.

¿Un pueblo originario es un club?

Sostiene Nawel que el tema de la consulta está cerca de poder resolverse tras cuatro meses de negociaciones para el establecimiento de un protocolo de 15 puntos ante cada proyecto que pretenda realizarse en territorio indígena. “Posiblemente la semana próxima podamos dar buenas noticias”.

Le da especial importancia, también, a la cuestión del registro “porque saca a las comunidades de la órbita de una simple asociación y les da el estatus que corresponde, con una personería que es carácter público, no privado. Eso significa que una comunidad no tiene control del Estado ni es tratada como como si fuese un club o una asociación, sino que se trata de un pueblo. No es parte de la órbita privada sino de la pública”.

¿Y por qué el bloqueo? “Principalmente por el tercer tema, el del relevamiento territorial. Se formó un equipo técnico, jurídico y catastral hace más de un año para concretarlo, pero notamos animosidad oficial contra las comunidades de Vaca Muerta porque somos las que protestamos y nos movilizamos. Ese mismo equipo existe como respuesta a una de las acciones directas que hicimos en 2021. El equipo lo forman Nación y Provincia, pero nunca funcionó como corresponde y en más de un año no hubo relevamiento de una sola de nuestras 14 comunidades en esa zona. Por eso decidimos bloquear Vaca Muerta”.

Llamar la atención vs embarrar la cancha   

El bloqueo se concretó el lunes pasado, 28 de noviembre. “Cerramos el acceso a los cinco yacimientos más importantes en los que trabajan empresas como Techint, YPF, Shell, Tecpetrol y Pluspetrol, entre otras. Eso significa ingresar a las 5 de la mañana antes del turno que empieza a las 6. Se arman colas de 200 camiones y máquinas de la industria, o más, que no dejamos que circulen”.

El fondo del tema, según Nawel: “Es la única manera de llamar la atención de un gobierno al que la protesta social no le va ni le viene, y te lo digo porque hay protestas y reclamos todos los días, y una total indiferencia oficial frene a eso”.

“Lo único que hace que te presten atención es cuando le tocas la matriz económica que es la explotación de Vaca Muerta. Somos conscientes de eso y cada vez que queremos ponernos en una posición firme tenemos que bloquear la producción”.

La acción mapuche logró llamar la atención: “Convocaron a un diálogo y se planteó crear un equipo especial que resuelva la cuestión del relevamiento territorial. Hay que ver si el gobierno cumple su palabra. Lo que estamos reclamando es que se cumplan las leyes”.

Funcionarios y medios, sin embargo, plantean que el trasfondo del reclamo mapuche es la búsqueda de un beneficio económico. Responde Jorge Nawel: “Es el argumento cuando el Estado quiere confundir las cosas. Plantea un trasfondo económico, peero vos ves las demandas que hacemos, ninguna tiene carácter económico sino de derechos. Carácter político y de respeto a los derechos”.

“La Consulta es algo que está normado desde 2001. Que se reconozca a las comunidades es algo que está escrito en las constituciones de Nación y Provincia. El relevamiento de tierras está ordenado por la Ley 21.160. O sea que estamos reiterando viejas demandas que jamás se responden. Una forma de ensuciar y embarrar la cancha es darle a lo que reclamamos un carácter económico, cuando en realidad les estamos diciendo que cumplan las leyes: cumplan con lo que ustedes mismos aprobaron”.

Progresismo y felicidad extractiva

El debate sobre el modelo extractivo del cual el fracking es apenas una muestra, incluye de modo cada vez más entusiasta a sectores que se autoperciben progresistas que pregonan avanzar con un tipo de modelo que lleva más de 500 años no excesivamente exitosos en el continente.

Reconoce Jorge: “Vaca Muerta es sin duda una salvación económica, pero ¿de quién? Para nosotros, para la sociedad, es una fuente de saqueo de recursos naturales, de empobrecimiento social y de contaminación de todo tipo”.

“Sin embargo es cierto que es una salvación económica para las corporaciones, que pueden derivar a sus casas centrales millonadas de dólares de manera permanente. Argentina lo único que hace es darles prebendas, subsidios, beneficios impositivos, para que el señor inversor no se vaya y siga explotando la meseta y la tierra mapuche”.

Nawel advierte: “Todo ese contagio de felicidad y bienaventuranza para nosotros es una absoluta farsa. El fracking solo les da ganancias a las empresas. La propia industria del fracking ha planteado en distintos informes que la actividad no es rentable sin la cantidad de subsidios y prebendas que le da el Estado. Lo más grave para nosotros –y debería serlo para la sociedad– todo se hace a costa del ambiente, la salud y la seguridad de la población”.

La descripción: “El fracking genera un enorme impacto ambiental por las toneladas de basura que genera, por el tema de los sismos (debidos a las excavaciones), por los millones de litros de agua que consume en una zona árida como la nuestra. La industria no se ocupa no responde porque si tuviera que hacerse cargo de los costos ambientales y sociales, ya no sería rentable. Por eso es una farsa”.

Lo prohibido y la deuda

El rechazo mapuche, según Nawel: “Rechazamos el fracking desde el primer día porque sabemos las consecuencias que genera. Es el mismo conocimiento que tienen los países del primer mundo que por eso lo prohíben, como Francia, Gran Bretaña, varios estados de los Estados Unidos, y Colombia también se sumó a una moratoria”. La moratoria es el modo de dejar en suspenso cualquier aprobación a la actividad, un modo elegante de prohibición. De todos modos en Europa se sumaron Alemania, Bulgaria, Italia, Suiza y República Checa.  

“El fracking solo es rentable si los Estados subordinados, empobrecidos, entregados, renunciando a su soberanía permiten que esas multinacionales ingresen”.

¿Y cómo ven a los funcionarios? “Lo que pasa es que esto es un cúmulo de errores de políticos cortoplacistas que al subir solo pensaron en terminar su mandato y ganar reelecciones en lo posible, y para eso capturaron el recurso era el petróleo y lo dilapidaron. Neuquén es una provincia petrodependiente desde hace décadas”.  

“Los políticos piensan siempre en el corto plazo, nunca pensar en la sociedad, en el futuro, en las nuevas generaciones. Pero es increíbe: ya en 1956 la constitución de Neuquén decía que toda la renta petrolera que se obtuviera no debía ser utilizada en gastos comunes, que es lo que hoy se hace para sostener el aparato del Estado y el empleo púbico. La renta debía reinvertirse en la búsqueda de energías alternativas para romper la dependencia del petróleo, que ya en ese momento se veía que era una industria con impacto ambiental y no sustentable. Esa inversión de renta en la búsqueda de energías alternativas nunca se hizo. Nunca”.

Jorge relaciona el tema con el de la deuda externa: “El país, por sus políticos, queda preso de una deuda escandalosa que exige acumular dólares para pagarla. Pero la última beneficiada de todo esto va a ser la población Y los primeros benericiados van a ser los dueños de la deuda externa y las empresas que obtienen ganancias vergonzosas que giran al exterior, a sus casas centrales. Las migajas quedan para la población y sobre todo queda un impacto que va a convertir a a estas tierras en un cementerio si todo sigue así”.

¿Agua o petróleo?

La tremenda propaganda alrededor de Vaca Muerta, sus inversiones, sus ganancias, podría inducir a pensar que la provincia, o al menos las localidades cercanas a la explotación, están pasando épocas de bonanza (sea lo que sea que tal cosa signifique).

Nawel informa: “Cuando hicimos el bloqueo se sumó el propio pueblo de Añelo que hace días no tiene una gota de agua en la canilla. Es más. Nosotros levanamos el bloqueo cuando empezamos a obtener respuesta, pero ellos siguieron hasta el miércoles. Y solo reclamaban agua, ¿te das cuenta? Están planteando obras que permiten llevar agua desde el río Neuquén para las empresas, y el pueblo supuestamente beneficiado no tiene ni agua. Esa es la realidad. Neuquén es una provincia endeudada con la banca internacional y el Estado nacional, y nos venden todos los días titulares hablando de un ritmo acelerado de Vaca Muerta o de aumento de la producción”.

La contracara: “Lo que se ve en la práctica es que lo que aumentó es la pobreza, el endeudamiento de la provincia, y Añelo, que era la Dubai argentina, no tiene ni agua”.

La situación: “Hacen tanta propaganda y hay una crisis tan grande, que todos los los días llegan familias a Neuquén con la expectativa de conseguir un trabajo digno en esta supuesta gran gallina de los huevos de oro. Como no lo logran, porque la industria es muy selectiva, se van incrementando las periferias urbanas con familias empobrecidas. Si esa es la salvación del país, estamos en problemas”.

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16va Marcha de la Gorra: “Ocupar las calles: Libres o nada”

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Ayer, martes 29 de noviembre se llevó a cabo la 16va edición de la Marcha de la Gorra en la ciudad de Córdoba. La reconocida marcha contra el gatillo fácil y la violencia institucional sucede a dos semanas de conocerse públicamente -en el marco del juicio por la muerte del adolescente Blas Correa- los mensajes intercambiados por Whatsapp entre el ex Ministro de Seguridad Alfonso Mosquera y el ex comisario Gonzalo Cumplido en el que manifestaban su preocupación por las repercusiones que provocaría la muerte de “un rubito” “de clase media”. Conversación mantenida a primera mañana de los 6 disparos de la noche de agosto del 2020.

Por Bernardina Rosini

desde Córdoba

Tal vez resuene fuerte fuera de la provincia, pero en la calle no causó ningún escozor.

Soledad Aciar, la madre de Blas, ausente en la marcha, hace unos días refirió sobre los policías locales «disparan sus armas como si estuvieran jugando en la Play”.

No se mencionó el indignante intercambio entre los ex funcionarios en la tarde de ayer, pero sí se mencionaron las 9 horas que estuvo encadenada la mamá de Rodrigo Sánchez en las rejas de Tribunales. Ella, Gabriela Sanso, tomó el micrófono y fue dura contra la justicia y los uniformados azules. “7 años sin que avance la causa, sin respuestas, sin que me digan nada», dijo. «No puede ser que nos tengamos que encadenar para ser escuchados. Mataron a mi hijo por la espalda, 17 años. Ellos sueltos mientras que a mi hijo no le dieron oportunidad. No dan oportunidad de vivir, fusilan”. Sólo tras haberse encadenado, la Fiscalía General la recibió y se comprometió con la resolución de la causa.

Se suceden madres en el micrófono que relatan y enumeran, una vez más, todas las atrocidades del mecanismo de impunidad: disparos por la espalda, fiscalías inertes, investigaciones nunca iniciadas, encubrimientos, argumentos y declaraciones tan burdas, tan contradictorias, tan absurdas. Dolor y nudos de bronca.

Unxs pibes con la cabeza cubierta escalan por el frente de un edificio y hacen la primera intervención de la marcha: pincel en mano y pegamento, dejan el rostro y nombres de algunos los muertos Franco Amaya, Sergio Cuello, Juan Alarcón, Pichón Escobay. Podrían cubrir todo el frente. Sólo en los últimos dos años se contabilizan 10 casos fatales en manos de la Policía de Córdoba. Con esta preocupación la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Córdoba (APDH Córdoba) solicitó al Gobernador Juan Schiaretti una audiencia con “carácter de urgente” en el mes de agosto. Entrando en diciembre, con el expediente dormido, el gobernador no se da por notificado.

Difícil eludir la sucesión de los casos, y la crisis de la institución policial. En los primeros seis meses de 2022 un total de 218 uniformados fueron apartados de sus trabajos debido a que quedaron bajo la lupa del Tribunal de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba. El 88,2% corresponden específicamente a efectivos de la Policía de la Provincia, y según el Tribunal en la gran mayoría de los casos, los desplazamientos de personal fueron por sumarios motivados por denuncias de violencia de género, seguidos de mal desempeño y violencia institucional.

Casos que han logrado relevancia y aparecer en las agendas de los medios nacionales: Blas Correa es uno, el femicidio de Cecilia Basaldúa es otro. Este último  tiene policías señalados por la familia, confesiones logradas mediante aprietes, encubrimiento y un juicio forzado contra un joven inocente. Pero aún sin dar con el autor material.

Difícil desentenderse también de la fuerza y el sentido que moviliza la Marcha de la Gorra en Córdoba. No atender a los fuegos, la danza y la ceremonia a metros de la Legislatura, rodeada de vallas y un puñado de policías. Las familias prenden velas dispuestas en la calle formando una figura hecha de bidones de agua, flores de santa rita, naranjas y manzanas. 

 “Libertad para ocupar las calles y habitar y circular por nuestros montes”. Se escucha en los parlantes, ampliando los límites del transitar urbano pero también señalando que las políticas violentas, extractivistas, excluyentes son comunes. Acá y un poco más allá. Que son múltiples los derechos arrebatados. “Que no nos quiten crecer en las calles, ni las noches en la plaza ni las tardes de río”. El final de la marcha es un abrazo, la canción que la cantante Sara Hebe escribió inspirada en la marcha, sintetiza el deseo:

“No encuentro mejor manera de aguantar este embretao

Que imaginarme suelto, vivo y enamorao”.

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#NiUnaMás

Hoy es el día para luchar contra las violencias, y mañana también

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Este informe del Observatorio Lucía Pérez dimensiona la cartografía de la violencia patriarcal, con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla. Los pies en la calle contra las violencias. Y lo que hay que cuidar: la vida. 

300 femicidios y travesticidios: uno cada 26 horas
339 marchas para exigir justicia: una por día
211 infancias huérfanas: no hay forma de dimensionar lo que esto significa.
En los padrones públicos y de libre acceso de nuestro Observatorio podés encontrar toda la información que hay detrás de estos números. Está actualizada diariamente e incluye hasta la fuente de donde surgen los datos, que permanentemente chequeamos y renovamos caso por caso. En total, el padrón de femicidios y travesticidios ya suma 4.177.
También llevamos padrones públicos de tentativas de femicidios, desaparecidas, violaciones, denuncias registradas por provincia y funcionarios denunciados por violencia de género.
Día a día y desde hace más de una década bordamos así esta cartografía de la violencia patriarcal con la esperanza de encontrar una forma de prevenirla y erradicarla.
Periódicamente junto a las familias víctimas de estas violencia analizamos lo que esta información representa hasta descubrir algunas claves. Por ejemplo, aprendimos a diferenciar los femicidios y travesticidios generados por las violencias parentales de aquellos generados por la impunidad territorial, donde el dominio narco genera las condiciones necesarias para arrasar con la vida de mujeres y trans. El ejemplo más cruel es Rosario, que este año ya suma 50 mujeres asesinadas por una violencia territorial que cuenta con la necesaria complicidad de policías y servicios penitenciarios, es decir el Estado. Obtener justicia en estas condiciones es algo negado de por sí y precisamente por ello, lo que alienta la continuidad de estos crímenes.
La forma de construir justicia, entonces, sigue siendo la que nos legaron Madres y Abuelas: con los pies en la calle. Los datos son claros: este año hubo una marcha por día gritando “Ni una más”.
Lo que representan estas movilizaciones que sacuden las periferias en todo el país no es fácil percibirlo desde la centralidad porteña, capturada por la parálisis y el vaciamiento que los kioscos de género ejercen sobre el movimiento para contenerlo y disciplinarlo. Advertimos entonces: cuidado con “los cuidados”. Con esa etiqueta se vienen ahora los recursos, los discursos y los programas que pretenden catalizar las energías sociales hacia tareas de reparación de lo que precisamente el sistema enferma y rompe.
Nosotras no vamos a cuidar este sistema.
Nosotras no vamos a sanarlo, ni a alimentarlo ni a criarlo.
Nosotras vamos a sacudirlo hasta que caiga.
Y lo vamos a hacer bailando, gritando y conspirando el 25 de noviembre, día internacional de lucha contra la violencia patriarcal, y también al día siguiente, y al siguiente, y más.
Nosotras nos organizamos y reunimos para cuidar lo que hoy está en riesgo: la vida.

Los padrones públicos y de libre acceso se pueden ver en www.observatorioluciaperez.org

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