Nota
Para qué sirve el Encuentro Nacional de Mujeres II: la estrategia de Las Juanas
Que las mujeres sean protagonistas sociales y políticas es el horizonte que se fijan Las Juanas cuando encaran cada taller, capacitación, publicación, campaña o debate. “Trabajamos la violencia porque afecta a las mujeres, pero también para que se liberen de eso y tengan un rol protagónico y puedan transformar su realidad”, afirma la coordinadora nacional de esta organización que conversó con lavaca a días del comienzo del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en Paraná. Qué opinan sobre el movimiento feminista en general y los encuentros en particular. Explican por qué la comunicación es una herramienta para concretar cambios y cómo se manejan en el lobby político.
El trayecto
La charla con Las Juanas deja una sensación: detrás de todo el discurso sobre el trabajo que realizan hubo una previa, amplia e intensa discusión, fusión de ideas y elaboración del pensamiento. Las Juanas -en reconocimiento a la heroína latinoamericana Juana Azurduy- son un colectivo de mujeres que trabaja en numerosas provincias y desde que comenzaron, hace casi 10 años, llegaron a más de 600 mil mujeres a través de sus actividades.
Malena Nisman es la coordinadora nacional. Antes de que surgieran Las Juanas, ella, como muchas de sus compañeras, habían pasado por experiencias de militancias sociales, políticas, sindicales, universitarias, pero en su mayoría no provenían ni de movimientos de mujeres ni de grupos feministas. En distintos momentos, en sus espacios, les tocó trabajar con compañeras y a partir de ahí comenzaron a elaborar una idea propia sobre sus derechos.
Ya desde Las Juanas, “empezamos a trabajar articulando con organizaciones de desocupados que emergen con la crisis después de 2001. Empezamos a trabajar fuertemente con Barrios de Pie y fue como complejizándose o heterogeneizándose nuestra construcción en la idea de lo que debíamos o podíamos hacer. Nos dimos un proceso de poder pensar cuáles eran las temáticas más sentidas, cuáles eran las trabas objetivas o subjetivas que a las mujeres nos limitaban o nos condicionaban la participación o nos hacían participar en espacios que tuvieran que ver con lo organizativo u operativo pero no en ámbitos de dirección”.
¿Cuáles fueron las trabas que encontraron?
Uno de los temas limitantes de participación, en este proceso más masivo de incorporación de mujeres a la participación social de finales de los 90′, tenía que ver con cómo sus parejas veían ese nivel de participación que las sacaba del rol doméstico. Hubo una presión sobre las mujeres por parte de su parejas a través de la violencia. Hubo también alguna presión similar respecto de cómo cuidar los hijos que esas parejas tenían o sobre embarazos forzados. Entonces vimos la forma de trabajar la prevención en términos de salud sexual y nos empezó a pasar que veíamos limitado tocar esos temas sino tomábamos en cuenta las inequidades de género, es decir, sino hacíamos foco en el fondo del problema.
¿Y cuál era el fondo?
Nosotras empezamos a ver algo: cuando las mujeres comienzan a ocupar el espacio público les parece que fuera la primera vez. No pueden reconocer que es resultado de un proceso histórico y colectivo y ni hablar de cómo ayuda a esa proceso de invisibilización la historia oficial. Entonces empezamos a pensar en cómo habíamos participado históricamente las mujeres en los procesos políticos de nuestro país, tratando de construir nuestro hilo histórico, no sólo a través de los grandes procesos sociales políticos. Qué rol habíamos jugado las mujeres en estos procesos, para poder rescatar desde dónde nos sentíamos identificadas, herederas de qué banderas éramos, de qué luchas nos podíamos anclar. Porque sino es como que estás huérfana. Siempre una puede ver la Historia desde sus madres y abuelas, pero hace falta hay un ejercicio más complejo para reencontrar lo que implicó la incorporación de las mujeres en la política.
¿Cómo decidieron trabajar ese aspecto?
Tenemos un editorial incipiente que se llama Las Juanas editoras, que hasta ahora editó dos materiales: Se trata de nosotras, sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y La Patria También es Mujer, sobre la participación de mujeres en los distintos procesos históricos. Cuando comenzamos a trabajar ese material, la primera premisa que nos planteamos era que si hoy participamos social y políticamente, en términos masivos, incorporadas a un montón de reivindicaciones de la sociedad en su conjunto, no hay nada que indique que en otros momentos las mujeres no hayan hecho lo mismo. Puede haber sido que en el marco de estos procesos de lucha hayamos ido incorporando derechos que nos permiten hoy naturalizar la participación, pero también es cierto que ante situaciones injustas u opresivas, las personas se han movilizado y nada indica que las mujeres no hayan hecho lo mismo. Eso nos permitió dos cosas: mirar para atrás y ver de qué luchas y de qué banderas éramos continuadoras y que las compañeras no pensaran que sino eran Evita o Juana no eran nada. Romper esa idea, y redescubrir cómo las mujeres participamos en distintos momentos. Eso nos permitió fortalecernos. Entonces te sentís parte de un proceso que te trasciende .
¿Cómo abordaron el tema de la trata?
Nos costó definir desde dónde abordarlo porque no hay políticas públicas serias. Lo que hay es artesanal, poco accesible, por decirlo de una forma delicada. Nosotras nunca logramos ni con el Ministerio de Justicia ni con las fuerzas de seguridad garantizar algún esquema para asegurar a las mujeres que quisieran trabajar el tema en sus territorios. Lo único que pudimos abordar, en momentos de sensibilización más activos, en lugares con visibilidad pública, es el tema de los mitos. La cuestión es que si no podés trabajar segura, con respaldo institucional, que te garantice la seguridad de tus compañera, tenés que generarlo desde otro lugar. Entonces los talleres se trabajan en escuelas o hacemos campañas de sensibilización en las terminales de colectivos, en plazas públicas. Vamos varias de nosotras, juntas, y siempre en lugares públicos.
Las Juanas también llevan adelante la cátedra Juana Azurduy, un espacio de formación y capacitación desde la perspectiva de género, sobre el rol de las mujeres en los distintos procesos sociopolíticos del país a fin de rever, revalorar y resignificar el lugar que han ocupado y que ha sido invisibilizado a lo largo de la historia.
Hay muchas organizaciones que vienen trabajando con los temas que ustedes abordan ¿hay algún sello personal de Las Juanas para esas temáticas?
Creo que hay dos cosas. Por un lado, abordamos todos los temas pensando que las mujeres tiene que ser protagonistas sociales y políticas, es decir, que las compañeras tengan imaginario que les permita pensar que pueden ser protagonistas. Trabajamos la violencia porque afecta a las mujeres, pero también para que se liberen del rol de víctima y puedan transformar su realidad. El otro tema es como nosotras concebimos la participación y la construcción de nosotras mismas. ¿Quién es una Juana? Toda la que quiera y que esté de acuerdo, la que pueda replicar, que pueda hacer su aporte en hacer esto más grande. Tenemos una estructura, pero es una construcción netamente participativa. No por eso somos horizontales, pero creemos en un esquema participativo para transformar lo que queremos transformar. No nos piensen como una oenegé tradicional, y no sé, incluso, si se nos puede pensar como una organización social tradicional. Es algo más entreverado, que vamos armando en el camino.
La deuda pendiente
Hace tiempo que las energías de Las Juanas se enfocan en la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. “Este año teníamos una lectura de la composición del Parlamento, que seguramente no se volverá a producir, y necesitábamos meterle a fondo con el tema del aborto. Mos dimos una estrategia de ir construyendo esa idea, ir viendo como hacíamos para levantar temperatura al tema, más allá de ver los otros temas con los que también trabajamos todo el año”.
Una de esas actividades para alcanzar esa meta la realizaron el 28 de septiembre pasado, Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, cuando mil mujeres presentaron en distintos tribunales del país una acción de Hábeas Corpus preventivo y colectivo para exigir que se declare inconstitucional la criminalización del aborto y que la Justicia inste al Congreso a despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo. “Es el tema que le falta a este país desde la reapertura democrática”, resume Nisman. Un total de 500 mil interrupciones voluntarias del embarazo se realizan cada año en nuestro país, según datos de las Naciones Unidas y datos oficiales del Ministerio de Salud de la Nación.
-¿Por qué no se ha logrado avanzar en la despenalización?
No creo que no se haya logrado avanzar. Si evaluás o no el avance porque tengamos o no ley, está bien, no avanzamos. Pero si lo miras en términos de la complejidad del tema, que tiene que ver con una sociedad que construye una idea sobre determinados derechos, una sociedad que viene de estar mayoritariamente en contra, que después de un proceso que tiene que ver con muchas cosas, con la evolución de la sociedad, entonces notás el avance. Es la primera vez que las encuestas dan favorable a la legalización de aborto. La ley de matrimonio igualitario nos puso un nos piso mucho más alto. Lo que pasó con esto es que la sociedad aceptó la realidad: existen parejas homosexuales. Lo que se discutió, entonces, es si las vamos a reconocer legalmente como tales, iguales que las heterosexuales. Entendemos que con el aborto pasa eso: las mujeres nos practicamos abortos, eso existe, hay igual cantidad de abortos que de nacimientos. Lo que tiene que discutir el Congreso es si a esas mujeres, que a riesgo de perder su vida abortan, el Estado las va a proteger o no.
Otro avance importante en ese proceso es que por primera vez desde el 83 los proyectos de ley están puestos en temario de comisión (en la Cámara de Diputados). Antes, nunca habían ese estado. La de cabecera es la de Legislación Penal, luego tiene giro en la comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y en Salud y Acción Social. En algunas conversaciones con nuestra compañera Cecilia Merchan, diputada nacional, compañera, referente de nuestro colectivo, el Presidente de la comisión prometió que se iba a tratar el tema en octubre. Nuestro objetivo es que en la primera quincena se comience a trabajar.
Video realizado por La Búsqueda Producciones en articulación con el Espacio Multiplicarte del Colectivo de Mujeres Juana Arzurduy; en ocasión del “Parlamento por el Derecho al Aborto Legal y Seguro” realizado en el Senado de La Nación, en junio de 2010.
Encontrarse
En el Encuentro de Mujeres, ¿se sentará algún tipo de agenda que sirva para el debate sobre aborto en el Congreso?
Nosotras venimos conversando con otras organizaciones porque creemos que el Encuentro debe poder decir esto. Que cada organización que participa, con su perfil, con su mística, tienen que poder decir que la deuda de la democracia es la legalización del aborto.
¿Los encuentros son espacios válidos para construir, debatir?
Nos parece que son un espacio válido donde confluimos un montón de mujeres, con distintas experiencias. Son muy importantes para plantar agenda, permiten visibilizarla. Nos parece que no necesariamente son un espacio que pegue un salto de un año a otro en cantidad o en cómo se complejiza la trama, en cómo va teniendo nuevos ejes, pero por la heterogeneidad de quienes van cuesta plantar una agenda que se sostenga en el tiempo. Entonces entendemos que los encuentros nos permiten visibilizar agenda, encontrarnos con otras, y eso sirve como caja de resonancia, fortalece a las compañeras. Es como que hay dos planos distintos para analizarlos: qué le produce a las mujeres y, el otro, qué produce en términos políticos.
Qué efecto ha tenido el financiamiento y las oenegés en la agenda de las mujeres? Hay una línea a la que denominan institucionalizadas y otra que es la de las autónomas….
Nosotras tenemos por regla no hablar de las otras organizaciones en esos términos. Sí hablamos de las diferencias políticas o de las diferencias en las visiones. Para nosotras no es esencialmente buena la idea de ser autónoma ni es esencialmente malo recibir recursos de organizaciones internacionales. El problema es si vos determinás tu agenda de acuerdo al financiamiento. No tenemos una visión romántica…
Actualmente, ¿queda margen para aceptar financiamiento pero trabajando libremente?
Creo que en algunos casos si, en otros no, depende de cual sea tu objetivo … Creo que hay margen y que es pequeño, que a veces tratan de corrernos de eje, pero hay margen…
¿Cómo caracterizaría al movimiento feminista en Argentina?
Como un grupo muy valioso de compañeras que ha hecho un aporte muy grande para muchas de nosotras, que somos bastante pendejas. Yo tengo 32 años y 15 de militancia. Somos jóvenes pero no nacimos ayer en la vida política. Nos parece importante poder ver que hay otras ideas para sumar, para incorporar.
¿Hay internas dentro del movimiento?
Hay diferencias con las que se conviven. Hay diferencias sobre lecturas de la coyuntura, con las que se pueden convivir, que no son irreconciliables, pero tenemos que poder cabalgar más en una visión unitaria para la consecución de los objetivos.
Más info en:
https://www.lasjuanas.org.ar/
Nota
Hospital Bonaparte: agumentos versus fake news para evitar el cierre de una institución modelo
De un día para otro, el gobierno anunció que cerraría el único hospital de salud mental de AMBA, amparándose en la fake news de la supuesta baja tasa de pacientes. Esta medida sería publicada en el Boletín Oficial el día lunes. Mientras tanto, las y los trabajadores de la institución ubicada en Combate de los Pozos 2133 permanecen adentro del edificio, en estado de alerta y asamblea, convocando a distintas actividades de apoyo hoy y mañana, y se preparan para dar una conferencia el lunes.
En diálogo con lavaca desmienten una por una las mentiras del gobierno, y cuentan lo que implica el eventual cierre: dejar sin trabajo a 612 trabajadores y trabajadoras, y también y sobre todo a la deriva a miles de pacientes por casos de salud mental, adicciones y en situación de calle que son atendidas regularmente en el Hospital o en uno de sus tantos dispositivos. Por qué el Bonaparte es un hospital modelo, y el sentido de pertenencia de quienes allí trabajan como un plus en una lucha que recién comienza.
El Hospital Laura Bonaparte -fundado en 1974- se encuentra hoy en peligro tras la decisión administrativa de parar el ingreso de pacientes a la institución, y el trascendido de que el lunes que viene se publicaría un Decreto anunciando su cierre definitivo. Esto fue comunicado por el ¿ex? director del hospital, Christian Baldino, a las y los 612 trabajadores, y no fue desmentido por el Ministerio de Salud que, al contrario, emitió un comunicado plagado de errores.
Gabriel Hagman, psiquiatra con 11 años en la institución, cuenta el estado de situación actual: “Estamos sin novedades desde ayer al mediodía hasta ahora. Estimo que va a ser así de acá al lunes, al menos que haya un problema con la permanencia que estamos sosteniendo en el Hospital. No nos vamos a mover hasta el lunes y hasta que sepamos algo más”, dice mientras preparan una convocatoria a las puertas del edificio, Combate de los Pozos 2133, con diferentes actividades de apoyo:
La última novedad data de ayer: “Lo de ayer es una indicación de cierre de las internaciones: no ingresa ningún paciente más por indicación del Ministerio de Salud, y en consecuencia de eso se cierran los ingresos de pacientes. Eso implica que ni la guardia ni la demanda espontánea cumplan funciones. En esa misma comunicación, pero de manera verbal, no por vía oficial, nos dijeron que se cerrará el hospital”.
La comunicación del cierre de las internaciones llegó primero vía el director Baldino, y luego formalmente mediante el sistema de tramitación digital del Estado, el famoso GDE, sin previo aviso: otro acto de inhumanidad. Luego llegó el trascendido del cierre definitivo: “Eso empezó a cobrar más dimensión en la medida en que todos los medios que dieron cobertura consultaron a fuentes de Ministerio y empezaron a decir que iban a derivar pacientes – cuenta Gabriel–, que el Ministerio se iba a hacer cargo de la cobertura y alguna otra explicación de por qué hacen lo que hacen”.
¿Qué explicaciones dieron? Fake news. Para intentar justificar la decisión de avanzar con el cierre, en el comunicado el Ministerio aduce una “baja tasa” de internaciones –supuestamente, 19– cuando en verdad el Bonaparte se encuentra a tope de internaciones con 37 internados en tratamiento de alta complejidad.
Los números de la verdad: “Respecto a los números, el comunicado de Ministerio es una doble falacia. Una respecto al presupuesto asignado, y otra sobre los pacientes atendidos. Es una tasa rara, no se entiende a qué refiere: las estadísticas son abiertas y son continuamente revisadas por el Ministerio. Los números reales los tienen. Por Ley de Transparencia se sabe cuál es el presupuesto aprobado por este mismo Ministerio”, analiza sobre la jugada. Los supuestos 17 millones destinados al Hospital no serían tales.
¿Cuáles son los verdaderos números? Gabriel: “El número de pacientes en el cálculo que estamos manejando es de 25 mil consultas por año. Esto incluye a los 37 pacientes internados actualmente y una asistencia a la guardia que puede llegar a 7 estaciones diarias, ingresos que pueden llegar hasta 3.000 consultas al mes y 140 personas que retiran medicamentos por día. Y la asistencia en consultorios externos es enorme: hay alrededor de 30 profesionales y de agenda completa hay 300 pacientes diarios. Los números son infinitamente mayores a hablar de 19 personas”.
Hacé clic acá para seguir las redes que crearon las y los trabajadores para difundir el plan de lucha.
El desmantelamiento como política
La única política del Ministerio de Salud es el desmantelamiento. Al nulo manejo del brote histórico de dengue (así como su inacción ante el brote que viene) y por las denuncias a los recortes de medicamentos para pacientes oncológicos, ahora se suma esta decisión que deja a la deriva a los pacientes más vulnerables: aquellos con padecimientos de salud mental.
El Ministro de Salud, Mario Lugones, lleva apenas una semana en su puesto, tras la salida de Mario Russo (quien se fue aduciendo “razones personales”, aunque se supo que su eyección tuvo que ver con internas con Santiago Caputo, además de las inacciones expuestas arriba). Lugones debutó con la idea de cerrar el Bonaparte y también con la de pedirle la renuncia al Consejo de Administración del Hospital Garrahan, cuyos trabajadores se encuentran también en pie de lucha.
El Bonaparte ya venía siendo objeto de distintos tipos de recorte, al igual que otras instituciones de salud y del Estado en general. Entre otras cosas, las contrataciones pasaron a renovarse de manera anual a trimestralmente, lo cual provocó que hubiese la misma cantidad de renuncias que de cesanteos. En la última tanda de renovación se dieron de baja 32 contratos, es decir: el gobierno despidió a 32 personas.
Con menos profesionales en este nuevo trimestre, las paritarias del sector cerraron al 1% en el último mes: las más bajas de la historia. Así y todo, se mantenían las tareas y los puestos de trabajo, y por eso la decisión intempestiva de cerrarlo igualmente sorprende. Aunque la única política del Ministerio de Salud sea el desmantelamiento.
Otra alarma se encendió dos semanas atrás, cuando el vocero presidencial Manuel Adorni anunció el traspaso de hospitales nacionales a las jurisdicciones locales. Al único Hospital que nombró fue al Bonaparte. Hortencia Cáceres, jefa de guardia, ex jefatura de consultorios externos, desde el 2016 en el Hospital, cuenta:“Dentro de los organismos descentralizados somos el más chico, pensamos que nos iban a traspasar a la Ciudad. No había ningún tipo de confirmación ni tampoco desde el Gobierno de la Ciudad sabían nada. Entonces lo que nosotros creemos es que la intención del cierre va en línea del desguace que se está haciendo desde el Estado y el Ministerio de Salud sea solo un rector y esté por fuera del presupuesto los descentralizados. El Bonaparte es el que menos presupuesto tiene, y empezar por acá es uno de los puntos más débiles: se está metiendo con la salud mental”.
Cómo trabaja el Bonaparte
Cuenta Hortencia sobre lo que está en juego: “Nosotros tenemos muchísima población que está en situación de calle y nosotros le brindamos la atención, es un grueso muy importante en nuestra población. Pero últimamente también estamos recibiendo también personas que no están pudiendo pagar la prepaga: a esas personas también las estamos absorbiendo nosotros”.
El cierre del Bonaparte no contempla un plan B: no es una reestructuración ni se plantearon instancias intermedias. “Es dejar a la deriva no solo a los 620 trabajadores que somos hoy en día sino también a los miles de pacientes que hacen tratamientos”, remata Hortencia.
Gabriel Hagman relata desde adentro: “Hay que entender que es muy difícil para la población a la que nosotros apuntamos acceder al sistema de salud. La problemáticas de salud mental es una problemática de lazos; son personas que están solas, con niveles altos de vulnerabilidad. Una gran parte son personas con consumo problemático. Lo que se ha construido en todo este tiempo es un hospital abierto, que rompe esas trabas de acceso, y acompaña: hay muchísimas personas y familias para las que el cierre significaría un impacto muy grande”.
El Bonaparte es un hospital modelo en el abordaje de la salud mental. Su universo implica el seguimiento de tratamientos de internación y ambulatorios, de consultorios externos, de hospital de día; los 365 días del año una guardia de lunes de 8 a 20 que atiende con demanda espontánea; y de 20 a 9 una guardia interdisciplinaria que sostiene la posibilidad que cualquier persona que llegue sea atendida o sea derivada.
Además: tiene equipos territoriales que hacen operativos; tiene una casa en el barrio Zavaleta con asistencia a familias; y hasta hace 3 meses también tenía una presencia diaria en Isla Maciel, cerrada tras la decisión de la gestión actual de eliminar el dispositivo y trasladar a los profesionales al Hospital. Esa población difícilmente viaje hoy de la Isla a la sede central.
¿Qué hay detrás de esta jugada perversa? Gabriel lo piensa en relación a otros momentos históricos con decisiones parecidas e intenta avizorar, en medio del shock, qué tipo de modelo insalubre se está planteando desde el gobierno nacional: “Hay un antecedente trunco respecto a la instauración de la cobertura universal de salud que fue muy resistida y que tiene que ver con pensar distinto cómo se financia la salud. Quieren correr al Estado como el prestador, el que genera equilibrio y equidad de que la salud sea pública, igualitaria y de calidad. Seguramente viene más por ahí: por el lado de las tercerizaciones y las privatizaciones encubiertas”.
La fortaleza de la lucha
Hortencia relata que las y los trabajadores se encuentran en “vigilia permanente”, haciendo actividades culturales en la puerta del Hospital, con permanencia adentro en turnos rotativos (el Bonaparte sigue atendiendo) hasta el día lunes en el que, en teoría, saldría el decreto. Ese día se convoca a una conferencia de prensa a las 11 horas en la puerta del edificio.
Hoy la calle de Combate de los Pozos sigue llena. De médicos, psiquiatras, psicólogos, licenciadas en educación, residentes, ex residentes, ex trabajadores de Hospital que sienten que el Bonaparte, por ser un hospital modelo, es un lugar de pertenencia. Eso, dice Hortencia, es una fortaleza en este proceso de lucha que parece recién comenzar: “Es un hospital modelo a nivel de cómo se aplica la Ley Nacional de Salud Mental. Por eso para nosotros es un orgullo enorme el Bonaparte y vamos a demostrar eso: lo mejor que tenemos es seguir organizados para evitar el cierre”.
Gabriel coincide: “Es difícil, es shockeante. Nos cuesta mucho asimilarlo y pensar cómo se puede seguir. Hay algo muy notorio que es el altísimo compromiso de los laburantes del Hospital con el proyecto de salud que representa. Eso se nota mucho y ha posibilitado sostener en instancias muy difíciles que el hospital siga existiendo. Tenemos muy claro por qué estamos acá y qué estamos haciendo. Está claro que se trata para todas y todos de nuestro trabajo, pero a la vez es el hecho de que uno tenga la convicción de que mucho de cada uno está puesto en ese trabajo. Tiene que ver con lo que uno cree, con el tipo de práctica, de garantizar el derecho, que hace que no sólo están tocando un hospital: nos están tocando a todos y a todas. Y eso me parece que es un poco lo que se reflejó ayer y hoy: no tardamos ni un minuto en generar una convocatoria que a la media hora teníamos miles de personas en la puerta de Hospital, con compañeros de otros hospitales, de otros sectores. Hay apoyo. La salud mental es algo importante, serio; nos damos cuenta que se están metiendo con algo muy sensible. El involucramiento personal que cada uno tiene con esto que hacemos es una fuerza que va a hacer que el costo que tengan que pagar será mucho más alto del que imaginaban”.
Nota
Volvió Julian Assange: “Me declaré culpable de haber hecho periodismo”
El fundador de Wikileaks dio hoy su primer discurso público desde que fue liberado tras 14 años de encierro. “Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, comenzó disculpándose ante la audiencia. Acompañado de su esposa y abogada, trazó un detallado racconto de lo que representa su caso hoy, haciendo eje en los peligros de la persecución al periodismo y los límites a la libertad de prensa; señaló a la justicia, a la inteligencia y a los poderes “transnacionales” como parte del esquema de amedrentamiento, a favor del ocultamiento de la verdad: “Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”, sintetizó. Resumimos aquí sus palabras incómodas, que volvieron a ver y echar luz.
Por Bernardina Rosini
Estrasburgo, Francia. En el Consejo de Europa y bajo la mirada atenta de los parlamentarios de 46 estados de la organización de derechos humanos de Europa, habló Julian Assange. Es el primer discurso público que realiza desde su liberación el pasado mes de junio, tras 14 años de encierro —primero en la embajada de Ecuador en Londres, y luego en la prisión de Belmarsh, en el Reino Unido—, enfrentándose a la extradición a Suecia y a Estados Unidos.
El escenario elegido por Assange para su regreso a la vida pública no pudo ser más simbólico. El fundador de WikiLeaks es una figura emblema de la libertad de expresión, y lo expresado esta mañana no fue tanto una declaración personal como una advertencia sobre los peligros que enfrentan el periodismo y las democracias hoy.
Sentado junto a Stella, su esposa, madre de sus hijos y su representante legal, Assange expuso con voz pausada pero firme. Esta aparición fue una excepción dentro de su esquema de recuperación: “La experiencia del aislamiento durante años en una celda pequeña es difícil de transmitir. Te quita el sentido de identidad”, dijo Assange. “Tampoco puedo hablar todavía de las muertes por ahorcamiento, asesinato y negligencia médica de mis compañeros de prisión. Puede que mis palabras fallen o mi presentación carezca de brillo, el aislamiento me ha pasado factura, estoy tratando de aliviarlo y expresarme en este entorno es un desafío”, se disculpó ante la audiencia.
Periodismo en el banquillo
Julian Assange no brindó más detalles que aquella mención sobre su encierro. Su mensaje, claro y directo, apuntó más bien al papel del periodismo en las democracias contemporáneas y al ataque sistemático que éste sufrió en las últimas décadas.
“Finalmente elegí la libertad por sobre una justicia irrealizable”, afirmó Assange al explicar por qué aceptó el acuerdo que lo liberó: “Quiero ser totalmente claro: no soy libre porque haya funcionado el sistema. Soy libre porque me declaré culpable de haber hecho periodismo” y detalló: “Me declaré culpable de buscar información de una fuente. Me declaré culpable de obtener información de una fuente y me declaré culpable de informar al público cuál era esa información. No me he declarado culpable de nada más”.
En sus palabras Assange no solo reflejó su lucha personal, sino que también expuso una verdad más amplia: el sistema judicial, que debiera proteger la verdad y la libertad de prensa, se convirtió en un instrumento para silenciar o inmovilizar oponentes. ¿Nos suena?
“Después de años de encierro y enfrentar una pena de 175 años de prisión sin ninguna solución efectiva, no podré buscar justicia por lo que me hicieron debido a que el gobierno de los Estados Unidos insistió por escrito en su acuerdo de culpabilidad en que no puedo presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o incluso en virtud de la Ley de Libertad de Información”.
La intervención de Assange resaltó las fallas fundamentales del sistema legal internacional, que fue utilizado como arma en su contra. “La persecución transnacional es una amenaza real”, subrayó. Los poderosos, según él, han aprovechado los vacíos y contradicciones en las normativas internacionales para perseguir y reprimir a quienes exponen sus crímenes: “Molestamos a uno de los poderes constitutivos de los EE.UU.: el sector de la inteligencia, quienes tuvieron el suficiente poder para forzar una reinterpretación de la Constitución americana. Mi ingenuidad fue creer en la ley; después de todo, las leyes son solo trozos de papel y pueden reinterpretarse por conveniencia política”.
“La criminalización de las actividades periodísticas es una amenaza para el periodismo de investigación en todas partes”, alertó Assange, llamando la atención sobre el peligro que representa este tipo de persecución para la democracia y esperando que su testimonio sirva para visibilizar las debilidades del sistema de garantías existente. Además de señalar los desafíos por delante, Assange compartió su análisis sobre el periodismo y las noticias desde que está en libertad: “La verdad parece ahora menos discernible y lamento todo el terreno que se ha perdido durante ese período de tiempo. Cómo se ha socavado, atacado, debilitado y disminuido la expresión de la verdad. Veo más impunidad, más secretismo, más represalias por decir la verdad y más autocensura”.
La persecución transnacional y el impacto en la libertad de expresión
Julian Assange es más que una figura en el ojo del huracán. Su caso sienta precedentes peligrosos para la libertad de expresión y para la justicia a nivel global. En su discurso ante el Consejo de Europa, Assange denunció la persecución feroz que ha enfrentado, no solo como individuo, sino como un periodista que expuso verdades incómodas. “Ningún individuo tiene la menor esperanza de defenderse de los vastos recursos que puede desplegar un Estado agresor”, afirmó con dureza, señalando cómo su lucha contra el aparato judicial estadounidense revela la fragilidad de las garantías jurídicas cuando un poder decide imponer su voluntad extraterritorialmente.
Assange también reflexionó sobre la naturaleza del periodismo y el rol de quienes buscan la verdad: “Entiendo el debate que hay a la hora de diferenciar a un activista de un periodista. Para mí, la clave es ser siempre preciso. Todos los periodistas deben ser activistas de la verdad”. Este comentario enfatiza la importancia de no solo informar, sino también de actuar con responsabilidad, profesionalismo y precisión en un mundo donde la información se ha convertido en un campo de batalla.
Lo que comenzó como una acusación de espionaje se transformó en una guerra jurídica que desafía los límites del derecho internacional. Assange dejó en claro que la criminalización del periodismo de investigación, especialmente cuando involucra a potencias mundiales, es una amenaza latente. A través de su caso, se desvelaron las inconsistencias y abusos de los sistemas legales, los cuales se tornan herramientas para reprimir voces disidentes en nombre de la seguridad nacional.
La situación que Assange tiene resonancias directas con los procesos de lawfare que afectaron a figuras políticas América Latina, y la violencia creciente contra periodistas críticos del gobierno de nuestro país. El uso de herramientas legales como mecanismo de persecución política y judicial para silenciar voces críticas interpela nuestra actualidad. En su intervención, Assange también subrayó la necesidad de una respuesta colectiva: “Es vital estar juntos para hacer frente a las amenazas a la libertad de prensa”, en un llamado a la unidad frente a la creciente represión a nivel global.
La advertencia de Assange no debiera diluirse: los derechos de quienes exponen la verdad están bajo ataque, y las democracias que no los protegen se arriesgan a morderse la cola. La criminalización del periodismo no solo pone en peligro la libertad de expresión, sino que erosiona los pilares de sociedades abiertas e informadas.
Lo que está en juego es el futuro del periodismo y su capacidad para desafiar el poder: eso es lo que, una vez más, nos dejó claro Assange hoy.
Gracias.
Nota
Crónica de una causa armada: condenaron por “usurpación” a 7 integrantes de una comunidad mapuche
Después de agradecer a la Gendarmería, “que nos facilitó las instalaciones” (ya que las audiencias se realizaron dentro de un Escuadrón de esa fuerza), la Justicia Federal condenó a 7 mujeres de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por una supuesta “usurpación” de hectáreas pertenecientes al Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad plantea que se trató de una recuperación que incluso fue homologada por el propio juez Hugo Greca que ahora firmó la condena (y agradeció a Gendarmería). La síntesis de la ausencia de justicia según una de las abogadas: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”. Pese a la condena, la prisión de las mujeres queda en suspenso. Lo que molesta en el sur, la postura de las condenadas y una causa armada que tiene en el medio otro crimen impune: el de Rafael Nahuel. La voz de una de las acusadas tras la sentencia: “Nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo”.
Por Francisco Pandolfi
Unos segundos antes del veredicto, se obsequiaron algunos agradecimientos, verbales y sin pudor.
“Primero a Gendarmería Nacional, que nos facilitó estas instalaciones. También al Comandante Principal García, jefe del escuadrón, y al Comandante Mayor Morales. Nos dieron comodidad, café, agua, nos mantuvieron bien”.
Ahora sí, después de las palabras de juez Hugo Greca (titular del Juzgado Federal de Coronel Roca), las condiciones parecían dadas para la lectura de una sentencia sobre un juicio exprés, que sólo tuvo tres audiencias. Exprés XXL. Exprés al cuadrado. Un juicio oral que arrancó el jueves pasado.
Que continuó el viernes y que finalizó hoy, con los últimos testimonios, los alegatos y con un fallo que se pronunció en un ámbito inapropiado: el escuadrón 34 de Gendarmería, en la ciudad rionegrina de Bariloche. Un salón que estuvo revestido para la ocasión: rodeado de un desmedido despliegue de efectivos de seguridad.
La causa (armada)
Este lunes se juzgó a siete integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, por la usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en septiembre de 2017. Una rectificación a la palabra “usurpación” la hace la comunidad, porque plantea el quid de la cuestión: no lo llaman usurpación, sino recuperación. “Nos acusan de usurpar nuestro territorio”. Y explican: “Fue parte de una reivindicación ancestral con el objetivo principal de estar en el territorio donde está nuestro Rewe (sitio sagrado de conexión con otras energías) en donde la Machi (guía espiritual y sanadora del pueblo mapuche), se levantó hace siete años en la lof Lafken Winkul Mapu”.
En ese proceso de recuperación, el 25 de noviembre de 2017 fue asesinado uno de los integrantes de la comunidad: Rafael Nahuel recibió un disparo por la espalda, del grupo Albatros de la Prefectura Naval. Por ese crimen fueron condenados cinco prefectos a 4 y 5 años de prisión.
Antes de comenzar el juicio, desde la defensa que llevó adelante la Gremial de Abogados y Abogadas, habían anticipado: “La sentencia ya está redactada y firmada, de antemano. Vamos seguramente a una condena porque todo esto forma parte de una ofensiva instrumentada hacia el pueblo mapuche”. La presunción tenía un basamento evidente: la causa judicial la reactivó el actual gobierno nacional al erradicar un pacto preexistente que reconocía al Rewe como sitio sagrado. El juez Hugo Greca –el mismo que hoy dictó el veredicto– había homologado el acuerdo conciliatorio firmado en junio de 2023 entre Horacio Pietragalla, secretario de Derechos Humanos de la Nación en ese entonces, y Alejandro Marmoni, expresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
El fallo
En los alegatos, desde la Gremial exigieron la absolución, apoyándose en los tratados internacionales y las leyes nacionales que amparan los derechos mapuche. Y expresaron que el juez tenía “la oportunidad de aportar al proceso histórico”, así como abonar a “una solución dialogada y pacífica. Si hay condena, el conflicto territorial y de cosmovisión va a seguir”.
Sin embargo, luego de los agradecimientos a Gendarmería se escuchó “la condena de dos años de prisión cuya ejecución se dejará en suspenso” a Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Yéssica Fernanda Bonnefoi, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña, por considerarlos coautores penalmente responsables del delito de usurpación.
La farsa actual
Gustavo Franquet es uno de los abogados defensores. Desde Bariloche le dice a lavaca: “Esta condena compromete internacionalmente al Estado, por violar todo tipo de tratados y convenciones nacionales e internacionales, inclusive la Constitución Nacional. Que los condenen por usurpación es negar su realidad de pueblo originario, es negar su propia existencia, es negar sus derechos particulares. Con esta resolución se ponen del lado colonialista, así que por supuesto que vamos a apelar, y si es necesario iremos hasta la Corte Suprema”.
Una de sus compañeras, Laura Taffetani, agrega sobre la resolución del juez Hugo Greca: “El juicio fue una farsa y forma parte de esta nueva versión de la Campaña del Desierto que venimos denunciando hace años. En las audiencias quedó claro el desequilibrio que hubo entre la querella de Parques Nacionales y la Fiscalía en comparación a nosotros. Todo lo que pidieron ellos fue todo lo que el juez condenó, excepto el tema del Rewe. El fiscal había pedido que los miembros de la comunidad no pudieran ir al lugar sagrado, y eso el juez no lo aceptó”.
En relación a lo que muestra la condena: “Tenemos una Justicia armada a medida del poder, que no tiene que ver con los gobiernos sino con los grandes intereses turísticos y de la megaminería”.
Después de la sentencia, en la puerta del cuartel de Gendarmería se improvisó una ronda donde hablaron las mujeres mapuche, en medio de un viento bien patagónico –de esos que no entienden de primaveras: “Aunque nos hayan condenado en suspenso, esta lucha no se termina acá, hay que seguir por el Rewe, por todos nosotros y por nuestros pichis (pequeños)”, dice María Nahuel. La Machi Betiana Colhuan Nahuel –que era una de las acusadas pero en la primera audiencia fue absuelta porque era menor en 2017–, continúa, con énfasis: “Esta lucha viene de nuestros ancestros y la continuaremos. No nos vamos a rendir, seguiremos firmes hasta que dejemos esta tierra. Otras comunidades se levantarán y vamos a resistir desde los distintos territorios”.
Romina Rosas fue la última en tomar la voz y en dar su propia sentencia: “No tenemos que bajar los brazos pese a que el winka (blanco invasor) nos quiere cortar la vida y viene por todo. Acá estamos y acá estaremos nosotras, mujeres y niños, porque eso es lo que más les molesta: que sigamos resistiendo, con nuestra verdad y con nuestras palabras”.
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